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#Fallos Medidas cautelares: Se mantiene la inhibición general de bienes de un sindicato, debido a que es la única garantía para los derechos del ejecutante, ya que previamente se habría levantado el embargo en una cuenta bancaria

Partes: Cancelo Marcelo Fabián c/ Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores s/ ejecutivo s/ incidente art. 250

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 30-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-130662-AR | MJJ130662 | MJJ130662

La inhibición general de bienes del ejecutado debe ser mantenida al ser la única garantía del ejecutante para garantizar sus derechos.

Sumario:

1.-Es procedente confirmar la resolución que dispuso mantener la inhibición general de bienes del sindicato demandado porque en el caso el embargo decretado sobre una cuenta bancaria fue levantado oportunamente, motivo por el cual la medida de que aquí se trata se ha convertido en la única garantía del ejecutante para garantizar sus derechos y, asimismo, el sindicato refirió la presunta afectación que le irrogaba la medida de inhibición pero no hizo uso de la facultad del art. 203 del CPCCN. para sustituirla por otra garantía que cumpla la misma finalidad.

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Fallo:

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020.-

Y VISTOS:

1.) Apeló la parte demandada la decisión del 03.11.2020 que dispuso mantener la inhibición general de bienes decretada oportunamente en autos.- Los fundamentos del recurso fueron contestados por la parte actora.-

2.) El sindicato demandado expuso, en su memorial, que en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 26 se habría realizado un peritaje caligráfico donde la experta determinó desemejanzas entre las firmas en los cinco pagarés atribuidas al Sr. Gerónimo Venegas, dejándose constancia de que las firmas cuestionadas importarían una imitación de las firmas auténticas del ex Secretario General de la organización sindical accionada en autos.- Señaló la recurrente que la medida de marras le generaría un perjuicio ante la imposibilidad de vender y/o gravar genéricamente cualquier cosa mueble o inmueble registrable. Señaló que su parte no ha podido adquirir vehículos que hacen al desenvolvimiento de sus funciones (para circular en caminos rurales de difícil tránsito), ni enajenar aquellos que por sus particularidades serían de imperiosa necesidad (vgr., modelo, estado actual). Se quejó además porque se había dispuesto una inhibición general de bienes cuando ya se había trabado un embargo sobre una cuenta corriente que posee en el Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) pues, no puede ignorarse que la esa medida resulta ser subsidiaria del embargo.-

2.) Antecedentes del caso.-

i) Liminarmente, señálase que la parte actora promovió esta ejecución contra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores -UATRE- por el cobro de un pagaré impago por u$s 5.000.000. Asimismo, destácase que se decretaron medidas cautelares de embargo e inhibición general de bienes.

ii) El sindicato recurrente solicitó, en su oportunidad, el levantamiento del embargo dando ello lugar a que la magistrada de grado el 02.12.19, contemplando que en el acto inaugural, juntamente con esa cautelar ordenó, también, la inhibición general de bienes de la demandada para garantizar el cobro del crédito reclamado, a fin del debido resguardo del reclamo de los eventuales daños y perjuicios que pudiera causársele a la UATRE y en consecuencia a sus afiliados -en caso de demostrarse posteriormente que el ejecutante abusó y/o se excedió en el derecho (conf. arg. art. 199 y 208 CPCC)- y dispuso que la parte actora en el plazo de cinco (5) días de notificada prestara caución real equivalente al 30% de las sumas por las cuales fue ordenado el embargo, es decir, u$s 1.800.000, ello bajo apercibimiento de ordenar el levantamiento del embargo. Tal decisión fue recurrida por la actora, en su momento.-

iii) Esta Sala, con fecha 27.12.2019, sostuvo, por un lado, que el hecho de que la parte actora se encontrara tramitando un beneficio de litigar sin gastos no la eximía de prestar caución real por cuanto el beneficio provisional del art. 83 CPCC no abarcaba la contracautela, la que podría ser dejada sin efecto, si luego fuera otorgada la franquicia y, por otra parte, verificó la circunstancia expuesta en la sentencia de grado en el sentido de que el aquí recurrente promovió una serie de demandas por cuantiosas sumas de dinero, extremo que revelaba una situación económica financiera disímil a la referida en el memorial de la actora.En función de todo ello, se confirmó la resolución de grado.-

iv) Obsérvese que el 21.2.2020, ante las excepciones opuestas por la demandada se ordenó la recepción de la causa a prueba a los efectos de producir una prueba pericial caligráfica.- Luego, en función de lo dispuesto por la sentencia -confirmada por esta Sala el 27.12.19- y toda vez que la parte actora no prestó la caución real ordenada se hizo efectivo el apercibimiento fijado oportunamente, y, en concordancia con todo ello, se procedió a levantar el embargo trabado en autos sobre la cuenta de la demandada abierta en el Banco de la Nación Argentina.-

v) Finalmente, no puede obviarse la existencia de la causa penal CCC 68016/2019 «Imputado C. M. F. s. estafa y falsificación de documentos» -en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26- y, que tampoco se ha resuelto aún el planteo de prejudicialidad formulado por la parte demandada en los términos del art. 1775 CCCN tendiente a suspender la pericia caligráfica ordenada en estos obrados.-

3.) La solución del caso.- 3.1. El sindicato recurrente ha invocado la existencia de la causa penal CCC 68016/2019 «Imputado C. M. F. s. estafa y falsificación de documentos» -en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26- para sustentar su queja contra el fallo de grado, sosteniendo que, en el peritaje allí producido se determinó que las firmas cuestionadas no corresponderían al Sr.Gerónimo Benegas respecto, entre otros, al pagaré aquí en ejecución.

Sin embargo, no puede obviarse que la parte actora, en el responde del memorial, señaló que planteó la nulidad de esa pericia -alegando que se habrían utilizado, según dijo, como indubitables firmas que no serían de pertenencia de Gerónimo Benegas-, encontrándose tal planteo a decisión del magistrado instructor.

Afirmó que solicitó, también, al juzgado penal un examen pericial grafopatológico teniendo a la vista la historia clínica del nombrado, utilizándose rúbricas indubitables de las que existan testigos oculares sobre su autoría en situaciones contemporáneas a la época del libramiento del pagaré.- Pues bien, no existiendo al presente una sentencia judicial -firme- en aquel proceso penal que establezca la falsedad, o no, de la firma del pagaré ninguna relevancia, en principio, al menos por ahora, puede atribuirse a esa causa en este proceso ejecutivo. En esa línea, el peritaje realizado en sede penal -cuya nulificación ha sido deducido por la aquí actora y se encuentra hoy por hoy pendiente de resolucióntampoco puede ser tenido como indicio, en el contexto procesal descripto, para abordar el mantenimiento, o no, de la inhibición general de bienes decretada en el sub examine.- 3.2. El sindicato refirió, también, que la inhibición general de bienes la ha afectado no sólo en la disponibilidad de sus bienes sino en la posibilidad de gravarlos, viéndose privado, según dijo, de adquirir vehículos necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones y así poder circular en caminos rurales, de difícil tránsito.

Dicho esto, la inhibición general de bienes es una medida precautoria de excepción, que obsta a la venta o gravamen de los bienes registrables de la afectada por la medida, mientras previamente no se satisfaga el crédito que le dio base.Por lo tanto sólo afecta la libre disposición o gravamen, impidiéndole a la cautelada realizar actos que impliquen un menoscabo de su patrimonio pero, más allá de los reparos de la recurrente, ésta no se encuentra imposibilitada de adquirir bienes como refirió en sus agravios ya que no hay valladar legal para que los adquiera. Esto es así ,ya que en términos generales la inhibición general de bienes tiene por finalidad no hacer ilusorios los eventuales derechos cuya realización se pretende.

Desde tal sesgo, sin perjuicio de que el sindicato demandado refirió la presunta afectación que le irrogaba la medida de inhibición lo cierto es que no hizo uso, en este expediente, por ejemplo, de la facultad del art. 203 del CPCC para sustituirla por otra garantía que cumpla la misma finalidad.

Tampoco puede olvidarse que el embargo decretado -sobre una cuenta bancaria del sindicato- juntamente con esta inhibición fue levantado oportunamente, motivo por el cual la medida de que aquí se trata se ha convertido (sin perjuicio de la sentencia que recaiga en definitiva) en la única garantía del ejecutante para garantizar sus derechos.- Finalmente, se aprecia atendible la postura de la actora en el sentido de que su contraparte puede enajenar y/o gravar bienes registrables ello en el caso de configurarse una situación de necesidad, razón por la cual podría solicitar a la a quo – previo traslado al ejecutante- el levantamiento de la medida al sólo efecto de enajenar y/o gravar algún bien.-

A esta altura del relato no existe, en principio, elemento suficiente alguno que enerve, por ahora, la inhibición general de bienes aquí decretada por lo que el fallo de grado no admite reproche alguno.- 4.) Por los fundamentos precedentes, esta Sala RESUELVE: a) Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución en lo que fue materia de agravio;

b.) Distribuir en el orden causado las costas de la presente incidencia, en atención a las particularidades del caso (CPCC: 68 primer párr. y 69).

Notifíquese la presente resolución a las partes. Oportunamente devuélvanse virtualmente las actuaciones a la instancia anterior. El doctor Héctor O. Chomer no interviene en la presente resolución por hallarse en uso de licencia (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).- A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.865, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará mediante la pertinente notificación al CIJ.

MARÍA ELSA UZAL

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

MARÍA VERÓNICA BALBI

SECRETARÍA DE CÁMARA

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