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#Fallos La herencia no se toca: Nulidad por simulación de la compraventa de una fracción de campo celebrada entre yerno y suegro poco después de que la actora comunicara su intención de ser reconocida como hija del causante

Partes: S. S. L./ Sucesores de T. J. M. y otro/a s/ simulación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín

Fecha: 1-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-129653-AR | MJJ129653 | MJJ129653

Nulidad por simulación de la operación inmobiliaria celebrada entre yerno y suegro poco tiempo después de que la actora comunicara su intención de ser reconocida como hija del causante y en la antesala del inicio del proceso de filiación.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que declaró la nulidad por simulación de la compraventa de una fracción de campo, celebrada poco tiempo después de que la actora comunicara su intención de ser reconocida como hija del causante y en la antesala del inicio del proceso de filiación, máxime cuando la operación se realizó entre parientes -suegro y yerno-, no se demostró la capacidad económica del comprador y tampoco se invocó una razón de peso para la venta del inmueble.

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2.-Estando ya concretada la venta, llama la atención que no se hubiera instrumentado directamente la escritura traslativa de dominio sino que, en su lugar, se otorgara un mandato para escriturar, y que finalmente la mandataria extendiera dicha escritura luego de la comunicación fehaciente de la voluntad de la accionante de reclamar su filiación paterna.

3.-La prueba de la simulación que pueden aportar los terceros no tiene la limitación que el contradocumento impone a las partes, teniendo a su favor todos los medios probatorios posibles, porque se encuentran en desventaja con respecto a las partes, de allí que se les permita ofrecer el dicho de testigos, y cualquier elemento presuncional que pueda llevar a la convicción del juzgador estar en presencia de un acto ficticio.

4.-La relación de parentesco entre las partes del acto constituye un importante hecho indiciario de la simulación, pues la gravedad de las consecuencias que acarrea la simulación ilícita, que impide a los simuladores obtener la declaración de nulidad del acto, si con ella obtienen algún beneficio, exige una gran confianza recíproca entre los partícipes del mismo.

5.-Debe desestimarse la excepción de prescripción opuesta, pues no habiendo contado la actora con legitimación para accionar por simulación hasta el momento en que adquirió firmeza la sentencia que la emplazó en el estado de hija del causante, y por lo tanto, le confirió derechos hereditarios sobre el patrimonio dejado por el mismo; emerge, como forzosa consecuencia, que hasta entonces no comenzó a correr el plazo de prescripción de la acción.

Fallo:

En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA y J. JOSE GUARDIOLA, en causa nº 883-2012 caratulada: «S. S. L. / SUCESORES DE T. J. M. Y OTRO/A S/SIMULACION», a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: CASTRO DURÁN, VOLTA Y GUARDIOLA.

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:

I- A fs. 472/488vta. el Juez titular del Juzgado de primera instancia n° 1, Dr. Fernando H. Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que, previa desestimación de la excepción de prescripción opuesta por los sucesores de J. M. T. y por los sucesores de M. A. M., receptó la acción iniciada en contra de los mismos, por S. B. B. T., y continuada por su heredero S. L. S., declarando la nulidad, por simulación, de la compraventa de una fracción de campo celebrada entre M. A. M. y R. E. M., actuando esta última en representación de J. M. T. Asimismo, condenó a los demandados a la restitución de los frutos, difiriendo la determinación de su importe, para el procedimiento de ejecución de sentencia, importe al que deberán computársele intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, salvo en los períodos en que tenga vigencia y sea superior, que será aplicable la tasa que dicha entidad disponga para los fondos captados a través del sistema Home Banking, en su modalidad tradicional, desde la fecha de la notificación del traslado de la demanda.Finalmente, impuso las costas a la parte demandada.

II- Contra este pronunciamiento, O. M. T., M. J. M., L. M. M. y G. M. M., interpusieron apelación a fs. 498; recurso que, concedido libremente, motivó la elevación del expediente a esta Cámara.

III- Por medio del escrito electrónico de fecha 21/5/2020, los apelantes presentaron la expresión de agravios, impugnando inicialmente la desestimación de la excepción de prescripción; seguidamente, la valoración de los elementos probatorios efectuada por el sentenciante de origen, en virtud de la cual, concluyó en la existencia de la simulación; y finalmente, la condena a la restitución de los frutos.

IV- Corrido traslado de la mencionada expresión de agravios, se recibió, por medio del escrito electrónico de fecha 19/6/2020, la contestación formulada por S. L. S., quien, con el patrocinio letrado de la Dra. María Cristina Fascioli, solicitó la desestimación de la apelación de los demandados; luego de lo cual, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

V- En tal labor, paso al tratamiento de los distintos agravios.

A) Comienzo por el tratamiento del agravio dirigido contra la desestimación de la excepción de prescripción. a] A tal efecto, estimo útil recordar: i. Que el sentenciante de primera instancia desestimó la excepción de prescripción opuesta por los demandados.

Para fundar tal desestimación, inicialmente expuso que en este caso resulta aplicable el plazo bienal previsto por el artículo 4030 del Código Civil.

Seguidamente, remarcó que, como surge de la causa «B., S. c/ T. J. M. s/ Filiación», el 12/3/2010 la actora fue emplazada como hija de J.T.; en tanto que en este proceso, la demanda fue interpuesta en fecha 7/3/2012.

Concluyó, tomando dichas fechas, en que al momento de la interposición de la demanda, la acción de simulación no estaba prescripta; porque la actora la ejerció una vez que adquirió legitimación al efecto, por medio de la sentencia de filiación.

Finalmente, agregó que si bien es cierto que la actora pudo haber iniciado antes la acción de simulación, también lo es que la prescripción no empezó a correr hasta el nacimiento de dicha acción. ii. Que los apelantes, patrocinados por la Dra. Bibiana Isabel Ferrero, impugnaron tal decisión.

Expusieron que el inicio del plazo de la prescripción de la acción ejercida en autos, no debe computarse a partir de la sentencia de filiación, sino desde el 25/4/2008, fecha en que la actora, en el juicio de filiación, tildó de simulado el acto jurídico impugnado.

Continuaron diciendo que el plazo de prescripción previsto en el artículo 4030 del Código Civil, que es aplicable a la acción ejercida por los terceros, comienza a correr desde que el interesado hubiese sostenido que el acto era simulado.

Afirmaron que no caben dudas de que la actora, desde el 25/4/2008, tenía conocimiento del carácter ficticio que le atribuyó en autos, a la compraventa impugnada.

Adujeron que, en su defecto, el plazo bienal de prescripción comenzó a correr desde la muerte del causante, ocurrida el día 18 de Junio de 2006.

Sostuvieron que la accionante, como hija extramatrimonial del causante, tenía derechos que, aunque litigiosos, la habilitaban para accionar paralelamente por filiación y simulación, ya que tenía un interés eventual en la declaración de nulidad de la compraventa, porque la misma entrañaba un peligro para esos derechos.

Agregaron que, de acuerdo a la doctrina legal emanada de la Suprema Corte de Justicia, la acción de simulación se acuerda a cualquier persona que tenga interés en su declaración, ya sea por laafectación de un derecho actual o eventual.

Finalizaron manifestando que la sentencia apelada no es una derivación razonada del derecho vigente, dado que el sentenciante dijo lo que la ley no dice, haciendo una interpretación arbitraria de las normas aplicables. b] A fin de resolver este agravio, cabe señalar preliminarmente que bien ha estado el sentenciante de origen en aplicar al presente caso, las normas del Código Civil derogado; puesto que, según la parte demandada, la totalidad del plazo requerido para la extinción de la acción, habría transcurrido durante la vigencia de dicho cuerpo legal (art. 2537 CCyC).

Sentado ello, estimo conveniente recordar que cuentan con legitimación para ejercer la acción de simulación, todos los terceros que tengan un derecho amenazado a causa del acto simulado.

En este caso, el derecho que la accionante indica como afectado por la compraventa impugnada, es el derecho a heredar en la sucesión de su padre.

Para gozar de ese derecho hereditario, necesariamente tenía que estar emplazada en el estado de hija (art. 3565 CC).

La sentencia que hizo lugar a la pretensión de reclamación de filiación extramatrimonial, se erigió en el título de estado de hija del causante (art. 254 CC); motivo por el cual, sólo a partir de que la misma adquirió firmeza, la accionante pudo ser considerada heredera, con sus derechos de tal, amenazados. Antes de ese momento, sólo tenía una expectativa que no contaba con el respaldo de la acción de simulación.

Por lo tanto, no habiendo contado la actora con legitimación para accionar por simulación hasta el momento en que adquirió firmeza la sentencia que la emplazó en el estado de hija del causante, y por lo tanto, le confirió derechos hereditarios sobre el patrimonio dejado por el mismo; emerge, como forzosa consecuencia, que hasta entonces no comenzó a correr el plazo de prescripción de la acción. Sabido es que la prescripción liberatoria empieza a correr desde el momento en que el acreedor tiene expedita su acción (art.3949 CC).

Partiendo de esta plataforma, concluyo en que en este caso no se operó la prescripción de la acción de simulación.

Llego a esta conclusión, considerando que la sentencia emitida el 12/3/2010 que emplazó a la accionante en el estado de hija de J. M. T., adquirió firmeza el 29/3/2010 (ver cédulas de fs. 119/120 y 121/122); en tanto que la demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 7/3/2012 (ver cargo de Receptoría general de expedientes de fs. 23vta.); razón por la cual, resulta indudable que para esta última fecha no habían transcurrido los dos años que el artículo 4030 del Código Civil establecía para la prescripción de la acción de simulación.

Por ello, la desestimación del agravio en tratamiento se impone (arts. 2537 CCyC; 254, 3565, 3949 y 4030 CC).

B) Paso ahora al tratamiento del agravio dirigido contra la valoración de la prueba que desembocó en la declaración de nulidad por simulación, de la compraventa impugnada. a] A tal efecto, estimo útil recordar: i. Que el sentenciante de primera instancia concluyó en que la compraventa impugnada fue simulada.

Arribó a tal conclusión, haciendo hincapié en que dicha compraventa fue celebrada el 13/1/2006, poco tiempo después de que la actora comunicara, mediante acta notarial, su intención de ser reconocida como hija de J. M. T., y en la antesala del inicio del proceso de filiación, promovido el 11/9/2006.

Siguió diciendo que estas fechas demuestran la «causa simulandi», constituida por la voluntad del mencionado T.de desprenderse del bien de mayor valor económico de su patrimonio, para transferírselo al marido de su hija.

Agregó que la relación familiar entre los contratantes, suele ser un indicio importante para descubrir la simulación ilícita.

Expuso que la falta de seriedad del acto, también resulta de la ausencia de recursos económicos del adquirente y de la inexistencia de pagos realizados mediante transferencias bancarias; careciendo de eficacia probatoria las manifestaciones efectuadas en la escritura, porque resultan unilaterales.

Resaltó que el precio de la compraventa se pactó en la suma de U$S 300.000; en tanto que de la pericia de tasación resulta que el valor del campo en cuestión era de U$S 430.000, en diciembre de 2004, y de U$S 490.000, en enero de 2006.

Señaló que T. falleció apenas seis meses después de la venta cuestionada; a lo que añadió finalmente que la demandada no aportó elementos probatorios suficientes para formar convicció n acerca de la licitud del acto sospechado. ii. Que los apelantes impugnaron tal decisión, basando su crítica recursiva en los siguientes argumentos:

* los pagos no se acreditaron mediante transferencia bancaria, porque no era necesario, ya que su realización consta en la escritura de compraventa que, como tal, está investida de suficiente valor probatorio legal; * el poder especial para vender contenido en la escritura pública de fecha 31/12/2004, fue otorgado por J. M. T.a su esposa, un año antes de la comunicación, por acta notarial, de la intención de la actora ser reconocida como hija de aquel; fecha en que el poderdante tenía plena libertad de vender sus bienes a quien quisiera; * el sentenciante, para anular el acto, erróneamente tuvo en cuenta la fecha de la escritura traslativa de dominio, 13/1/2006, sin advertir que el poder antecedente de la misma, fue otorgado con anterioridad a ella; * el sentenciante soslayó la relevancia probatoria de dicho poder especial otorgado, con efecto «post mortem», para vender el inmueble en cuestión al comprador indicado, por el precio fijado y en las condiciones de pago señaladas; * resulta errónea la conclusión extraída por el sentenciante acerca de que la «causa simulandi» quedó demostrada con la notificación fehaciente de la intención de la actora de ser reconocida como hija de T. y el posterior inicio del proceso de filiación; porque la operación impugnada estaba hecha con anterioridad, según consta en el poder especial conferido el 30/12/2004; * no está prohibida la venta de los bienes al yerno; por lo que el juez no puede decir lo que la ley no dice, ni tomar dicha relación de parentesco como indicio de la irrealidad de la compraventa; * tampoco constituye indicio alguno que T. haya vendido el bien de mayor valor; porque no existe obstáculo legal alguno para realizar esa venta; * dicha venta se concretó con las respectivas entregas de dinero en presencia del escribano actuante, no habiéndose realizado las entregas posteriores, porque, al fallecer primero T.y luego M., la hija del primero y esposa del segundo, se convirtió en acreedora y deudora simultáneamente; * el sentenciante no tuvo en cuenta el hecho notorio de que los argentinos tienen su dinero en paraísos fiscales, en cajas de seguridad, en títulos o en su casa; dato que visibiliza el error interpretativo acerca del pago del precio; pago que no era necesario efectuar mediante transferencia bancaria; ya que el comprador lo hizo con dinero en efectivo que disponía fuera del circuito financiero; * el sentenciante tampoco tuvo en cuenta que el comprador no era un «seco» (textual en la expresión de agravios), pese a que en la demanda, la actora reconoció que el mismo era propietario, por herencia, de aproximadamente cuarenta hectáreas de campo y arrendaba a su hermana, otras cuarenta hectáreas; * tampoco el sentenciante tuvo en cuenta que el certificado pedido por el escribano actuante, es anterior al acta notarial del 15/12/2005, según resulta de la plancha registral que data del 25/11/2005; * el sentenciante priorizó el valor de los informes de fs. 440/442, no obstante la mayor relevancia que tiene la pericia hecha por el tasador designado en autos; * la diferencia existente entre el precio pactado y el tasado, se justifica sobradamente, si se tiene en cuenta la relación familiar existente entre comprador y vendedor, que aventa un interés de lucro por parte de este último. b] A fin de resolver este agravio, comienzo por señalar que en el presente caso resulta aplicable el Código Civil actualmente derogado, porque el mismo regía en la fecha de la celebración de la compraventa en revisión, la que debe ser evaluada de acuerdo a la legislación por entonces vigente (art. 7 CCyC).

Sentado ello, considero útil mencionar que la simulación se presenta como vicio de los actos jurídicos, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para emitir conscientemente una declaración de voluntad ficticia, con un propósito de engaño (art.955 CC).

En este caso, de los términos de la demanda surge claramente que la accionante sostiene que el acto jurídico impugnado entraña una simulación absoluta e ilícita, por tratarse de una compraventa ficticia, que le causa perjuicio, porque la despoja de sus derechos hereditarios sobre el inmueble enajenado (arts. 956 y 957 CC).

En claro este punto, corresponde mencionar que la accionante, aunque reviste la calidad de heredera del vendedor, debe ser considerada como una tercera ajena al acto impugnado, ya que ella alega haber sido perjudicada por el mismo (conf. Guillermo Alberto Borda, «Tratado de Derecho Civil. Parte General», Tomo II, pág. 367; y Julio C. Rivera, «Instituciones de Derecho Civil», T.II, pág. 867).

Categorizada la accionante como tercera, queda exenta de las limitaciones establecidas para las partes del negocio impugnado, tanto en lo relativo a la imposibilidad de beneficiarse con la anulación del mismo, como en lo concerniente a la presentación del contradocumento (arts. 959 y 960 CC).

Con respecto al contradocumento, dado que el mismo está destinado a quedar en secreto entre las partes del acto simulado, los terceros generalmente no pueden valerse de él para ofrecer una prueba directa de la simulación; motivo por el cual, cuando ellos accionan, no se les exige el acompañamiento de este instrumento, admitiéndose con amplitud la prueba de presunciones.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia tiene resuelto que «.la prueba de la simulación que pueden aportar los terceros, no tiene la limitación que el contradocumento impone a las partes, teniendo a su favor todos los medios probatorios posibles, porque se encuentran en desventaja con respecto a las partes, de allí que se les permita ofrecer el dicho de testigos, y cualquier elemento presuncional que pueda llevar a la convicción del juzgador estar en presencia de un acto ficticio.» (sent. del 23/4/2003, recaída en Ac. 83.100 «Rivadulla, Lelia y ot. c/ Píccolo, Aquiles y ot.s/ Simulación y revocatoria en subsidio»).

A la luz de estas pautas, paso a evaluar las constancias de autos.

En primer lugar, cabe resaltar que no está discutido que la compraventa en cuestión, fue celebrada entre J. M. T. y M. A. M.; quienes estaban unidos por una cercana relación de parentesco, ya que eran suegro y yerno, respectivamente.

Es unánimemente admitido que la relación de parentesco entre las partes del acto, constituye un importante hecho indiciario de la simulación, pues la gravedad de las consecuencias que acarrea la simulación ilícita, que impide a los simuladores obtener la declaración de nulidad del acto, si con ella obtienen algún beneficio, exige una gran confianza recíproca entre los partícipes del mismo (art. 959 CC).

En segundo lugar, no puede soslayarse que la compraventa en revisión fue instrumentada 13/1/2006 (ver escritura pública n° 3 de fs. 372/376), veintinueve días después de que la accionante solicitara fehacientemente que J. M. T. accediera voluntariamente a la realización de la prueba de ADN, a fin de evitar el reclamo judicial de filiación (ver fs. 225/228, acta notarial de fecha 15/12/2005).

Es cierto que el 31/12/2004 el vendedor le otorgó un mandato a su esposa, para que la misma venda, en su representación, a M. A. M., la fracción de campo en cuestión, por un precio de U$S 300.000 (ver escritura pública n° 285 de fs. 370/371).

Para valorar la relevancia de este mandato, resultan trascendentes las declaraciones testimoniales vertidas en la causa de filiación unida por cuerda.

En dicha causa, Alberto Oscar Cremona, cuando se le preguntó si conocía al padre de la actora, respondió tajantemente «.el padre, a no dudar, era T.» (ver fs. 34, resp. a la 6ta preg., el entrecomillado encierra copia textual).

Elda Bercelli dijo que conoció a la madre de la accionante, que se llamaba Alicia, a lo que agregó que «.vivió todo el noviazgo y la oposición del padre de T.para que «Quito» T. se case con Alicia.Quito se fue con su familia a Arribeños, al campo que se le dio al padre, la declarante lo sabe porque ella siguió la misma suerte, ya que a su padre también le asignaron un campo en Arribeños.Cuando la dicente y su familia se fueron a Arribeños, cuando su padre venía de visita a Wheelwright, Quito le pedía que visitara a los Biassotti, a Alicia y a su hija, y cuando su papá regresaba a Arribeños, le contaba a Quito como era S. y cuanto se parecía a él, que tenía como él, el meñique torcido.» (ver fs. 34/vta., resps. a las pregs. 5ta y 10ma, el entrecomillado encierra copia textual).

Con estos testimonios, queda en claro que en Whellwrigt era de público conocimiento que el padre de la accionante era J. T. y que, obviamente, él también lo sabía (art. 384 y 456 CPCC).

En virtud de esta circunstancia, es posible que hubiera llegado a conocimiento de T., la decisión de la accionante de reclamar su filiación paterna, aún antes de que la misma le hiciera conocer en forma fehaciente tal decisión.

Por otra parte, cabe resaltar que T. otorgó, por medio de escritura pública, un poder especial a su esposa, para que ésta oportunamente firme, en su representación y en favor de M. A. M., la escritura traslativa de dominio de la fracción de campo en cuestión.

En la escritura por la que confiere ese mandato, T.dejó expresa constancia de que ese mismo inmueble ya había sido vendido al indicado comprador.

Entonces, estando ya concretada la venta, llama la atención que no se hubiera instrumentado directamente la escritura traslativa de dominio; sino que, en su lugar, se otorgara un mandato para escriturar, y que finalmente la mandataria extendiera dicha escritura, luego de la comunicación fehaciente de la voluntad de la accionante de reclamar su filiación paterna.

No parece convincente el diferimiento de la escrituración para el momento en que estuvieran concretados los dos primeros pagos parciales del precio (ver cláusula 2 de la escritura n° 285), dado que esos dos primeros pagos sumaban un import e de U$S 50.000, y estaba convenido, siempre según los dichos del mandante, que el pago del saldo de precio de U$S 250.000, iba a ser garantizado con una hipoteca sobre el inmueble (ver cláusula 3 de la escritura n° 285).

En tercer lugar, tengo por revelada la causa de la simulación, constituida por la voluntad de T. de excluir de su patrimonio el campo enajenado, a fin de privar a la accionante de sus derechos hereditarios sobre el mismo.

Vale recordar al respecto, que la llamada «causa simulandi» es un elemento revelador de significativa importancia, dado que le da una justificación a la simulación (conf. Julio César Rivera, obra y tomo previamente citados, págs. 867/869).

Contrastando con la diligente actividad probatoria de la actora, aparece la pasividad de la parte demandada.

En primer lugar, no puede soslayarse que la parte demandada ni siquiera invocó la necesidad o, al menos, la conveniencia que impulsó a T. a enajenar, a un menor precio que el que tenía por entonces (ver pericia de tasación de fs. 431/vta), un bien de gran importancia patrimonial, que constituía su principal fuente de ingresos.

De las constancias de la causa, no surge ningún motivo que pudo haber llevado a T.a vender la fracción de campo; como, por ejemplo, que necesitaba el dinero para adquirir otro bien, viajar, disfrutar los años que le restaran por vivir, etc.

La falta de explicación de la causa móvil del acto, es también un indicio de la simulación del mismo (conf. Julio César Rivera, obra y tomo previamente citados, pág. 873).

En segundo lugar, cabe resaltar que la parte demandada no probó que los pagos de $ 45.000 (equivalentes a U$S 14.851) fueron hechos mediante sendas transferencias bancarias de fechas 3 y 13 de enero de 2006, tal como manifestaron el vendedor y el comprador ante el escribano interviniente en la escritura traslativa de dominio, cuya intervención confiere autenticidad a la manifestación de aquellos de que los pagos se hicieron por tal vía, mas no de que las transferencia bancarias hayan sido realmente realizadas (art. 993 CC).

Del mismo modo, la intervención del escribano autorizante confiere autenticidad al hecho de que en el acto formalizado en la escritura, el comprador entregó al vendedor la suma $ 61.503 en dinero efectivo.

Pero dicha autenticidad se refiere solamente al hecho de la entrega del dinero, sin alcanzar a la circunstancia de que esa entrega haya sido realmente la ejecución del pago del precio; motivo por el cual, no puede descartarse que la entrega de dinero ante el escribano, haya sido un aspecto más de la simulación de la compraventa (art. 993 CC).

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que la parte demandada tampoco probó la capacidad económica de M. para adquirir el inmueble en cuestión.Ninguna prueba produjo acerca de la actividad productiva del mismo, ni de los ingresos que con ella obtenía.

Al respecto, resulta útil recordar que, si bien la carga probatoria de la simulación recae sobre quien la alega, la parte demandada no puede limitarse a la simple negativa de los hechos invocados por la contraria; sino que, debe ofrecer y producir los medios necesarios para demostrar la sinceridad del negocio cuestionado, por virtualidad del principio de las cargas dinámicas de la prueba, que tiene especial relevancia en la materia (conf. Guillermo Alberto Borda, obra y tomo citados previamente, pág. 367; y Julio C. Rivera, obra y tomo citados previamente, pág. 868).

En conclusión, tengo por probado un cúmulo de hechos que, por su precisión, gravedad y concordancia, se erigen en indicios no desvirtuados, cuya valoración conjunta en el marco conformado por las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al acto en revisión; permite tener por probada, por vía presuncional, la simulación alegada por la accionante (art. 163 inc. 5º CPCC).

Como forzoso corolario de todo lo expuesto, se impone la desestimación del agravio en tratamiento (arts. 7 CCyC; 955, 956, 957, 959, 960 y 993 CC).

C) Finalmente, me ocuparé del agravio dirigido contra la condena a la restitución de los frutos. a] A tal efecto, estimo útil recordar: i. Que el sentenciante de primera instancia sostuvo que, en virtud de los efectos de la pretensión, corresponde acceder a la solicitud de los frutos, desde el día de la notificación de la demanda de simulación, y por el porcentaje correspondiente al carácter ganancial del bien.

Finalmente, difirió la determinación del importe adeudado para la etapa de la ejecución de sentencia. ii.Que los apelantes impugnaron la condena a la restitución de los frutos desde la fecha de la notificación de la demanda de simulación, exponiendo que detentan la posesión del predio rural de buena fe, ejercitando su derecho de propiedad en forma compatible con la naturaleza del mismo, como así también de los frutos industriales que produce su explotación.

Asimismo, se agraviaron porque en la sentencia no se determinó su derecho a debitar de las liquidaciones, los gastos que demandó la explotación del campo, como tampoco la obligación de la actora, de reembolsar los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes. b] A fin de resolver este agravio, encuentro útil remarcar que el poseedor de mala fe debe restituir los frutos percibidos y los que, por su culpa, deje de percibir (arts. 2438 CC y 1935 CCyC, aplicable a partir del 1/8/2015).

No pudiendo dudarse de la mala fe de los sucesores de las partes del acto simulado, a partir de la notificación de la demanda de simulación (art. 2361 CC y 1935 CCyC), resulta evidente que los mismos deben desde entonces los frutos a la accionante, en la proporción que a ésta le corresponda sobre el inmueble objeto de la compraventa anulada.

Por otra parte, el reembolso de los gastos explotación y cargas fiscales, deberá ser tratado en la ejecución de sentencia, etapa para la que el sentenciante de origen difirió, sin agravio alguno, la determinación del importe de los frutos adeudados.

Peor lo expuesto precedentemente, este agravio tampoco puede prosperar (arts. 2361, 2438 CC y 1935 CCyC).

VI- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo, rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada (arts. 7, 1935, 2537 CCyC; 254, 955, 956, 957, 959, 960, 993, 2362, 2438, 3565, 3949 y 4030 CC); con costas de alzada a la apelante (art. 68 CPCC).

ASI LO VOTO.-

Los Señores Jueces Dres. Volta Y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr.Castro Durán, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:

I)- Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 498, y consiguientemente, confirmar la sentencia de fs. 472/488vta (arts. 7, 1935, 2537 CCyC; 254, 955, 956, 957, 959, 960, 993, 2362, 2438, 3565, 3949 y 4030 CC) II)- Las costas de Alzada se impone a la parte demandada (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).

ASI LO VOTO.-

Los Señores Jueces Dres. Volta Y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:

I)- Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 498, y consiguientemente, confirmar la sentencia de fs. 472/488vta (arts. 7, 1935, 2537 CCyC; 254, 955, 956, 957, 959, 960, 993, 2362, 2438, 3565, 3949 y 4030 CC) II)- Las costas de Alzada se impone a la parte demandada (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de origen.-

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 01/12/2020 10:29:18 – Ricardo Manuel Castro Duran – JUEZ Funcionario Firmante: 01/12/2020 10:35:41 – J. Jose Guardiola – JUEZ Funcionario Firmante: 01/12/2020 10:37:51 – Gaston Mario Volta – JUEZ Funcionario Firmante: 01/12/2020 10:40:46 – Pablo Martin Demaria – AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – JUNIN

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