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#Fallos Documento falso: Un conductor fue procesado por presentar, en un control vehicular, la cédula de identificación del automotor que se encontraba a nombre de un tercero

Partes: R. R. A. s/ falsificación de documento -propiedad automotor

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

Fecha: 9-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-129497-AR | MJJ129497 | MJJ129497

Procesamiento por el delito de uso de documento falso del conductor que en un control vehicular presentó la cédula de identificación del automotor que se encontraba a nombre de un tercero.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el procesamiento del encartado por la comisión del delito previsto y reprimido por el art. 296 en función del art. 292 segundo párr. del CPen., pues desde el punto de vista objetivo aquél usó un documento falso, en tanto la cédula utilizada o exhibida era apócrifa, no siendo correcto afirmar que su uso no fuera ‘voluntario’, en tanto la prevención en el marco de un operativo público de control solicitó la documentación que habitualmente se requiere para circular, resultando que el incuso presentó la cédula de identificación del automotor que se encontraba a nombre de un tercero; es decir el conductor no era el titular registral ni el autorizado para conducir el rodado.

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Fallo:

Corrientes, nueve de diciembre de dos mil veinte.

Y Visto: Visto: las actuaciones «R., R. A. S/Falsificación de Documento -Propiedad Automotor», Expte. FCT N° 6782/2016/CA1 del registro de este Tribunal, provenientes del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad.

Considerando:

Que ingresan estas actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 247/252 por la Defensa Oficial de R. A. R., contra la resolución de fs. 215/219 por medio de la cual el magistrado de anterior grado dictó auto de procesamiento en contra del nombrado por la comisión del delito previsto y reprimido por el art. 296 en función del art. 292 segundo párrafo del Código Penal y ordenó embargar sus bienes hasta cubrir la suma de diez mil pesos ($ 10.000).

Para así decidir, el juez a quo tuvo en cuenta que el nombrado, en fecha 07 de diciembre de 2016, aproximadamente a la 01:50 minutos arribó a un control de Gendarmería Nacional -Sección Seguridad Vial «Villa Olivari» llevado a cabo en la R. N. N° 12 km 1232, un vehículo marca Ford, modelo F100, dominio «WOR 199», conducido por una persona, a quien se le solicitó la documentación, resultando ser el Sr. R. A. R. presentando la cédula de identificación del automotor a nombre de Armando Ariel Recalde Portillo, y atento que el titular registral no coincidía con el conductor del rodado, se solicitó al Sistema de Antecedentes de Gendarmería Nacional informe sobre el dominio de dicho vehículo, surgiendo que pesaba sobre el bien prohibición para circular y denuncia por robo, además la correcta cedula de identificación del automotor era N° 041039059 mientras que la presentada a la prevención correspondía al N° 43175105 difiriendo también la numeración del motor y chasis.

Contra lo decidido, se alza la defensa pública deduciendo apelación (fs.247/252.), considera que el magistrado se ha apartado del criterio fijado en otra causa que cita, por lo que alega que la resolución en cuestión viola el principio de igualdad ante la Ley.

Entiende que se transgrede la regla de la sana crítica racional toda vez que a su asistido se le atribuye el delito de uso de documento falso cuando en realidad tal comportamiento nunca se verificó. Afirma que la exhibición de la cédula de identificación del automotor no fue producto de la voluntad consiente y deliberada por su asistido (de prestar algo falso como verdadero), por lo tanto no se encuentra configurado el tipo penal en análisis.

Que el procesamiento fue apresurado por no haberse cumplimentado tareas de investigación importantes para el descubrimiento de la verdad real.

Entiende que el tipo penal no se condice con el hecho investigado y provisoriamente determinado, subsumiéndolo en el uso de documento público falso, cuando no hubo tal conducta por ausencia de dolo. Sostiene que la autoría (ejecución de la conducta típica) es actuar de manera voluntaria y dolosa, sabiendo que el documento es falso y que no existe ningún elemento probatorio para sostener que el documento fue presentado por su asistido sabiendo o conociendo de su falsedad, no pudiendo afirmarse que cometió un acto encuadrable en el delito previsto y reprimido por los arts. 296 y 292 del Código Penal.

Por último, manifiesta que el procesamiento no respeta los principios constitucionales de lesividad, culpabilidad y proporcionalidad de la lesión (arts. 18; 19 y 75 inc. 22 de la C.N.).

En cuanto a la tipicidad, el daño abstracto a la fe pública debe considerarse atípico; por lo que solicita se modifique la decisión debiendo declararse la atipicidad de la conducta por ausencia de perjuicio e imposibilidad de perjuicio (aspecto objetivo) y ausencia de dolo (aspecto subjetivo) y dictar el sobreseimiento en función de los arts. 334, 335 y 336 inc.3 del CPPN.

Con respecto al monto del embargo sostiene que no existe ninguna fundamentación para determinarlo y que se trata de una arbitrariedad el monto ($ 10.000), ya que solo resulta necesario para garantizar las costas del proceso (art. 533 del CPPN) lo cual no puede superar la suma de pesos un mil quinientos ($1500). Finalmente, hizo reservas de casación y del caso federal.

A fs. 268 el Fiscal Federal Subrogante sostuvo que no adhiere al recurso interpuesto.

A fs. 270/273 se agrega el memorial sustitutivo de la Defensa oficial de la audiencia oral, donde se ratifican los agravios oportunamente expuestos.

Admitida formalmente la vía impugnativa el recurso ha sido interpuesto tempestivamente, con indicación de los motivos de agravio y la resolución es objetivamente impugnable por vía de apelación (arts. 401 y 311, CPPN), corresponde analizar su procedencia.

En tal sentido, este Tribunal, en definitiva, debe decidir si existen elementos de convicción suficientes para estimar, prima facie, que el imputado R. A. R., en las circunstancias de mención, hizo uso de una cédula de identificación del automotor falsa.

Desde el punto de vista objetivo, el imputado usó un documento falso, en tanto la cédula utilizada o exhibida era apócrifa. No es correcto afirmar que su uso no fuera «voluntario», en tanto la prevención en el marco de un operativo público de control solicitó la documentación que habitualmente se requiere para circular, resultando que el Sr. R. presentó la cédula de identificación del automotor que se encontraba a nombre de un tercero; es decir el conductor no era el titular registral ni el autorizado para conducir el rodado, además se verifico que el vehículo fue objeto de robo y la C.I.A.que se correspondía con el dominio difería con la presentada en la numeración, además de presentar el rodado anomalías en el número de motor y chasis.

Asimismo en su declaración indagatoria el imputado dice haber adquirido el automóvil de una persona que dijo llamarse Miguel Ángel Ramírez, expresando como fueron las circunstancias bajo las cuales obtuvo el vehículo».Ahí le comenté que yo tenía un auto y en cuanto me tomaba ese y cuánta plata me faltaba y miré su camioneta vi que está en condiciones para el trabajo que yo quería tanto en estética como en mecánica, él no tenía ahí los papeles. De ahí fuimos al domicilio de él que era detrás del California por un pasillo para el estacionamiento de la chacra 3233 Bº Cristo Rey que era planta baja. Entramos a la casa y el me muestras los papeles de la camioneta. Me muestra la cedula verde Recalde Portillo, el título a nombre de Recalde Portillo, un informe de dominio, la autorización de manejo hacha por Recalde Portillo a favor de Miguel Ángel Ramírez, ahí mismo hacemos el boleto de compra venta por $ 80.000, yo le entrego mi auto con los papeles y el me da la camioneta con los papeles y me dice que se va a contactar con el titular para que firme el 08.» (fs. 136/137 y vta.).

En este sentido se destaca que prácticamente toda la documentación obrante en autos se encuentra a nombre de terceros, así el título del automotor y la cédula respectiva se encuentran a nombre de Recale Portillo Armando Ariel (fs. 132) y la autorización para conducir se encuentra otorgada por el nombrado en primer término a favor de Miguel Ángel Ramírez con firmas certificadas por escribano público (fs. 133/134), resultando este ultimo quien figura como vendedor en el boleto de compra venta (entre partes) a favor del encartado (fs. 135).

Sin embargo, el Sr.Armando Daniel Recalde Portillo en su declaración testimonial si bien admite que tuvo una camioneta F100, modelo 1972, color roja; manifiesta que la vendió a Selva Alberto Ramón lo que acredita acompañando copias de los correos electrónicos con los datos de la compra venta y el seguro de transporte; mas no a Miguel Ángel Ramírez, quien figura en la autorización de manejo y de quien el imputado dice haberla adquirido. Además expresa que realizo denuncia de venta ante el Registro respectivo y que no conoce al escribano Fernández Sosa quien habría certificado las firmas en la autorización para conducir otorgada a favor de Ramírez, como tampoco reconoce como suya la firma inserta en dicha copia del instrumento; y agrega que en el título, la tarjeta verde y la autorización de manejo con firma certificada, figura el nombre «Armando Ariel» cuando su nombre es «Armando Daniel» (testimonial de fs. 178 y vta.).

De lo expuesto, y en relación al dolo cuestionado por la defensa, se desprenden suficientes indicios que permiten provisoriamente afirmar el conocimiento por parte del nombrado del carácter adulterado del título y la cédula del automotor como así también el posible origen ilícito del vehículo; ya que R.no se habría conducido diligentemente como cualquier adquirente de buena fe que con saber común indaga sobre el titular registral así en el Registro de la Propiedad Automotor, realiza la verificación técnica y posterior transferencia; diligencias estas que podrían haberlo alertado acerca de que el vehículo era robado, la CIA y el título apócrifos y en consecuencia de su adulteración sobre datos esenciales identificatorios.

Por otra parte y en respuesta al agravio relativo a que el procesamiento a criterio de la defensa fue apresurado, reparase en las diligencias pericias, informes, documental agregada y testimoniales producidas en autos que dan cuenta de una fructífera actividad probatoria que analizada por el juez mediante la sana critica consideró con el grado de convicción exigido en esta etapa la posibilidad de la comisión del hecho como así también de la participación del imputado (arts. 306 y 308 del CPPN).

Tampoco puede ser aceptada la afirmación relativa a que el daño a la fe pública ha sido abstracto y no se buscó perjudicar, porque la utilización falsa de la documentación sumada a otras anomalías que presentaba el motor del vehículo y la dubitación de las chapas patentes (ver estudios forenses pericia metalográficade fs.73/87) han sido aptas para permitir que un automotor, cuya documentación y motor presentaban irregularidades, y pesa una denuncia por robo, circulara libremente hasta que se pudo advertir esas circunstancias, dañando de este mod o la fe pública, es decir la confianza que el ciudadano deposita en ciertos instrumentos o constancias emanadas de la autoridad pública. Con potencialidad lesiva a otros bienes jurídicos, como la propiedad o la seguridad pública.

A mayor abundamiento, se advierte que la exigencia típica, está integrada por la posibilidad de perjuicio más no por aquel efectivo (confr. Creus, Carlos, Carlos; Buompadre J.Eduardo, Falsificación de documentos en general, Astrea, 4º edic., 2004, página 203) existiendo a criterio de los suscriptos tal posibilidad, en la afectación del bien jurídico tutelado (fe pública), puesto que la cédula en cuestión evidencia una potencialidad engañosa.

En punto al agravio basado en la supuesta desproporcionalidad o exorbitancia del monto del embargo decretado al dictarse el procesamiento, cabe expresar que dicha cuantía no se muestra irrazonable si se tiene presente que la medida precautoria prevista en el art. 518 del CPPN, se adopta a los fines de garantizar el pago de las costas del proceso y la multa.

Por ello, en tanto los magistrados no estamos obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, deberá rechazarse el recurso y confirmarse la resolución recurrida en todo lo que fuera materia de agravio.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1) Confirmar la resolución recurrida en lo que fuera materia de apelación.

2) Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Acordada 05/19 de ese Tribunal), cúmplase con la carga en el sistema Lex100 y remítase al juzgado de origen a sus efectos, sirviendo la presente como atenta nota de envío.

RAMON LUIS GONZALEZ

JUEZ DE CAMARA

MIRTA GLADIS SOTELO

JUEZ DE CAMARA

SELVA ANGELICA SPESSOT

JUEZ DE CAMARA

CYNTHIA ESTHER ORTIZ GARCIA

SECRETARIO DE CAMARA

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