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#Fallos Salarios de los jueces: El Poder Ejecutivo de la PBA deberá recomponer los salarios de los Magistrados y Funcionarios provinciales, a lo largo de cinco años como máximo, a partir del ejercicio presupuestario 2022

Partes: Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de Amparo

Tribunal: Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora

Sala/Juzgado: 1

Fecha: 27-ene-2021

Cita: MJ-JU-M-130212-AR | MJJ130212 | MJJ130212

Se admite la pretensión de la actora y se ordena al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a que realice la recomposición salarial de los Magistrados y Funcionarios de la provincia, fijándose como parámetro razonable de comparación las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con un tope del 80% de dichos salarios federales, la que será efectuada a lo largo de cinco años como máximo, a partir del ejercicio presupuestario 2022.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora, ordenando al Poder Ejecutivo provincial que proceda a realizar la recomposición salarial de los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a cuyos efectos deberá incluir las partidas necesarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022, que conforme establece el art. 103, inc. 2º, párr. tercero de la Constitución Provincial debe enviar a la Legislatura Provincial a más tardar el 31 de agosto del corriente año; fijándose como parámetro razonable de comparación las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con un tope del ochenta por ciento (80%) de dichos salarios federales, la que será efectuada a lo largo de cinco años como máximo, a partir del ejercicio presupuestario 2022, a razón de un diez por ciento (10%) de recomposición real anual hasta alcanzar el objetivo señalado para cada una de las categorías, y considerando que dicho porcentaje deberá ser ajustado, aumentado o reducido, en el año en el que se concrete la recomposición que ordeno realizar.

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2.-Al establecer un tope del ochenta por ciento (80%) de las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para efectuar la recomposición, se aplican las ideas que ha dejado la teoría del esfuerzo compartido (proveniente de las leyes de emergencia en la República Argentina) pues lo que se persigue es la recomposición de las remuneraciones, con equidad y razonabilidad, y no la igualación salarial.

3.-La decisión que se adopta no implica, de modo alguno, fijar las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la PBA, ni desplazar las funciones del Poder Legislativo provincial que le otorga el art. 103 inc. 2º de la Constitución provincial, sino establecer un esquema de recomposición salarial al haber el Estado Provincial incumplido con la obligación asumida en el acta acuerdo de mayo de 2016; por ende, no se afecta de ningún modo la división de poderes.

4.-Si bien este pleito tiene como uno de sus ejes una cuestión salarial, es evidente que se vincula con la toma de decisiones en el direccionamiento del gasto público, que es el modo de hacer efectivos los derechos constitucionalmente tutelados; en efecto, siendo que la actividad financiera, como la que realiza el Estado para obtener ingresos que puedan sufragar los gastos que cumplan con el bien común ordenando en la norma fundamental, es algo necesario y elemental para hacer efectivo los derechos de incidencia colectiva, los que obligatoriamente se tienen que plasmar en la ley de presupuesto.

5.-Toda vez que el derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la CN., y en forma expresa en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, importa la posibilidad de ocurrir ante un tribunal judicial, a fin de obtener la tutela oportuna y eficaz de un derecho de raigambre constitucional, la acción impetrada en autos se presenta como medio eficaz para la protección de valores y derechos de raigambre constitucional como los que han sido argüidos por los accionantes, especialmente cuando queda claro del derrotore del expediente que existen cuestiones de hecho y de derecho que son comunes y homogéneas a todo el colectivo.

6.-El acta suscripta, en el que las partes se comprometieron a trabajar conjuntamente con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, admite formalmente la necesidad de recomponer los salarios de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA, a partir de la existencia de inequidades y pérdida de competitividad; es decir que, hay un reconocimiento de una problemática general de los ahora accionantes, que no fue resuelta por el mecanismo previsto en el acta citada.

7.-Nadie puede poner en duda que la recomposición salarial y la mejora de la situación funcional general del Poder Judicial deviene necesariamente en un incremento del gasto público del Estado Provincial, con las implicancias que ello tienen en materia financiera y presupuestaria, debiendo no solo ser una decisión del Poder Ejecutivo, sino pasar el tamiz del Poder Legislativo local, quien detenta la potestad final de sancionar la ley de presupuesto.

8.-Es indiscutible la autonomía provincial para fijar las remuneraciones de sus empleados y funcionarios, y en ese sentido, en principio, no cabe la interferencia de los jueces, salvo cuando se vean afectados derechos y garantías constitucionalmente tutelados, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, en la antes causa ‘Asociación Benghalensis’.

9.-Queda absolutamente claro que la cercanía territorial, el compartir la misma provincia, tener asiento en idénticos municipios, e inclusive, asumir el poder judicial provincial funciones que eran de exclusiva competencia federal, y en definitiva, desarrollar las mismas tareas (prestación del servicio público de justicia), determinan que las remuneraciones, infraestructura y organización de ambas jurisdicciones, sean de comparación ineludible.

10.-Resulta fundado el reproche que se le imputa al Estado Provincial, pudiéndose aseverar que incurrió en una indebida conducta omisiva, consistente precisamente en no dar acabado cumplimiento con la obligación asumida en mayo de 2016, a partir del reconocimiento de un estado de situación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA que requería revisión y reformulación.

11.-La garantía de la intangibilidad de las remuneraciones, como parte del sistema republicano de gobierno, tal como ha sostenido la CSJN, está comprendida entre las condiciones de la administración de justicia exigibles a las provincias a los fines contemplados en el art. 5° de la Ley Fundamental; claro está, dicha garantía no resulta afectada cuando hay ingresos diferentes en los distintos estados provinciales, ello es así siempre que las normas locales preserven la sustancia del principio, de manera que no resulte frustrado, en ese caso la exigencia del art. 5° de la CN. resulta suficientemente cumplida, lo que no se verifica en el presente litigio, donde claramente el deterioro de las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA, así como la situación en general del sistema, se ha deteriorado sistemática y severamente, lo que es reconocido por el propio Poder Ejecutivo (a través de sus Ministerios).

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Lomas de Zamora, 27 de enero de 2021

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver el presente amparo nro. AM-07-00- 000006-18/00, caratulado «Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires C/ Provincia de Buenos Aires, S/ Acción de Amparo».

HECHOS:

I- Que a fojas 1/58 se presenta el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, representado por su presidente Dr. Rodrigo Hernán Cataldo, también por derecho propio, representando también al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata; junto al resto de los presidentes, y también por derecho propio, de los distintos colegios de magistrados y funcionarios de la totalidad de los departamentos judiciales de esta provincia. Todos, con el patrocinio letrado del Dr. Alfredo Gozaini, promoviendo acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires, con el fin de que se dicten aquellos actos y resoluciones que sean necesarios para conseguir la reparación especial que preserve el principio de intangibilidad e igualdad de las remuneraciones de jueces, magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

Piedra basal del pedido de la actora resulta la nota de fecha 18/05/2016, suscripta por los entonces Ministros de Justicia y de Trabajo de la PBA, Dr. Carlos Mahiques y Marcelo E. Villegas, respectivamente, de la que entienden se desprende el consecuente incumplimiento por parte del estado provincial ante la obligación formalmente asumida de revisar y ajustar el esquema salarial de los demandantes.

Es de destacar que en la nota de mención, -y más allá de la propuesta salarial desarrollada en los puntos 1° y 2°-, en el punto 3° se enuncia claramente que: «(.) Asimismo, -y como lo hemos compartido en nuestras sucesivas reuniones- es nuestro interés invitarlos a la conformación de una mesa de trabajo a fin de construir los acuerdos Marco de gestión con un horizonte de treinta y seis meses.La mencionada iniciativa tiene por objeto considerar en profundidad aspectos relacionados a la compensación de Magistrados y funcionarios, y su estructura; ello de cara a un análisis detallado de contexto y competitividad y equidad de las mismas tanto dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, como así también en comparación con otras Jurisdicciones y explorar caminos posibles de mayor equidad y competitividad, en línea con los recursos de la Provincia y su orden de prioridades.».

II- Que a fs. 59/61 y con fecha 17/05/18 el titular de esta Judicatura, tuvo al peticionante por presentado, parte y constituido el domicilio procesal (arts. 40, 42, 47 y 135 del C.P.C.C.). Hace lugar a la medida cautelar solicitada, ordena una conformación de una mesa de negociación salarial y se excusa de seguir entendiendo en la presente.

III- Que a fs, 78 y con fecha febrero de 2019, el suscripto aceptó formalmente la designación de Conjuez.

IV- Que a fs. 196 y con fecha 9/04/19, se dispuso audiencia para el 29/04/2019 a las 11:00 horas, en los términos del artículo 11 inciso 1) de la ley 13.928 y sus modif. , con la intención de que las partes pudieran, si bien el marco del proceso, concretar la mesa de diálogo y trabajo a la que se obligaran el 18/5/2016.

V- Que a fs. 219 obra el acta de fecha 29/4/19, en la que se plasmó que el día y hora señalada precedentemente, se constituyeron en la Sala de Presidencia de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, el Suscripto, la parte actora -letrado representante del colectivo y representantes de los colegios departamentales- y el actuario.Asimismo, se dejó constancia de la ausencia injustificada -toda vez que se hallaban debidamente notificados- de los representantes de la Fiscalía de Estado, Ministerios de Justicia, Trabajo y Hacienda y Finanzas (Economía).

Seguidamente, los representantes del Colectivo que forman parte de la presente acción, dejaron constancia que ratifican la personería oportunamente acreditada y confieren al Dr. Gozaini, poderes de representación suficiente para actuar en el presente proceso en su nombre individual y en representación de cada Colegio o Asociación. Solicitando, asimismo, la aplicación de sanciones ante la ausencia injustificada de los representantes del Estado Provincial que debían comparecer, y que se resuelva la medida cautelar requerida oportunamente y se corra traslado de la demanda.

VI- Que a fs. 228/229 y con fecha 24/05/2019 el suscripto resolvió, en lo esencial, declarar admisible la acción interpuesta por la actora, de conformidad con lo normado por el artículo 1 de la ley 13.928 y modif., corriendo traslado de la demanda por el término de 10 días hábiles, conforme la naturaleza de la cuestión tratada (artículo 10 de la ley 13.928 y sus modif, para finalmente ordenar la conformación de la mesa de negociación salarial, estableciendo que debían realizarse reuniones de trabajo, como mínimo, el cuarto miércoles de cada me,s a las 10 hs., comenzando en el mes de junio y hasta el 23 de octubre de 2019 inclusive, debiendo informar al Juzgado dentro de las 48 hs. de llevado a cabo los detalles de cada encuentro (participantes, temas tratados, propuestas efectuadas, etc.).

VII- Que a fs. 259/279 y con fecha 14/06/2019, la Fiscalía de Estado contestó la demanda, en donde tras noventa y ocho (98) negativas, cuyo eje central surge de las 1) y 8), en las que, respectivamente, desmiente que:»La Provincia de Buenos Aires deba dictar actos y/o resoluciones para conseguir reparación especial alguna que preserve el invocado principio de intangibilidad e igual remuneración de los jueces, magistrados y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires» y, «Que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires cuente con la legitimación y la representación de las Asociaciones de Magistrados, Funcionarios presentadas suficientes, para promover el presente amparo».

Asimismo, sostiene que no se ha demostrado la arbitrariedad o ilegalidad manifestadas por la actora, y tampoco la ineficacia del uso de otros medios ordinarios, teniendo condición subsidiarias la del amparo; y menos aún, el daño irreparable, actual, grave y cierto que viabilice esta acción excepcional. solicitando en consecuencia, su rechazo con costas.

VIII- Que a fs. 303 y, obra el acta en la cual consta que el 26/06/19 se constituyeron en la Sala del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el Suscripto, la parte actora y representantes de la Fiscalía de Estado, Ministerios de Hacienda y Finanzas (Economía), Justicia y Trabajo, y funcionarios de ésta Judicatura. Iniciada la audiencia y luego de efectuar el suscripto una breve introducción sobre el motivo de la presente, cede la palabra a la parte actora, quienes ratifican la petición planteada en la acción que motivo la formación del presente amparo, requiriendo además la urgente concertación de una mesa de dialogo entre las partes. Cedida la palabra a la demandada, inicialmente insiste con el planteo de competencia territorial que se formulara oportunamente, cuya resolución se encontraba pendiente. Luego de varios intercambios de ideas, las partes convocadas expresaron su voluntad de continuar con las labores destinadas a concretar una solución al conflicto objeto del presente amparo. Concluido el cuarto intermedio solicitado por la demandada y reanudada la sesión, los representantes del Estado provincial expresan su voluntad para continuar el dialogo en pos de un acuerdo.Finalmente, las partes acuerdan el compromiso de comparecer a la primera reunión de trabajo conjunto fijada en el marco de la cautelar dispuesta en el presente, para el día 24/07/2019 a las 10:00 horas.

Lamentablemente, el objetivo perseguido con la medida cautelar dictada en autos, que pretendía lograr la composición del diferendo entre las partes mediante un acuerdo de voluntades, no pudo ser alcanzado, lo que motiva el dictado de esta sentencia.

IX- Que a fs. 308/309 se provee la prueba ofrecida, tanto documental, informativa y Pericial, cuyo detalle y valoración se efectúa más adelante.

Que con fecha 21 de enero de 2021, el perito contador oportunamente designado en autos, CPN Juan José Cossio, realiza la presentación del informe técnico requerido, con lo cual es concluida la etapa probatoria, pasando los autos a dictar sentencia el día 22 de enero de 2021.

Y CONSIDERANDO:

Que habiéndose efectuado el resumen del derrotero procesal del expediente, corresponde me aboque a lo que a mi entender resultan las cuestiones estructurales de la presente acción de amparo.

A) LEGITIMACIÓN ACTIVA:

En lo que respecta a la personería, nótese que:

– Conforme la presentación efectuada a fojas 1/58, y tal como se señalara al inicio de esta resolución, se presenta el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial PBA, representado por su presidente Dr. Rodrigo Hernán Cataldo, quien además lo hacer por derecho propio en su carácter de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, representando también al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata; junto al resto de los Presidentes de los distintos colegios de magistrados y funcionarios de la totalidad de los departamentos judiciales de esta provincia, quienes también se presentan por derecho propio. Todos, con el patrocinio letrado del Dr.Gozaini, lo que se encuentra debidamente rubricado y certificado, a lo que debe aunarse, los diversos estatutos de representación de cada uno de las entidades presentadas, agregados en respectivos anexos.

– Asimismo, a fs. 219 obra el acta de fecha 29/4/19, en la que se plasma la ratificación de la personería acreditada, -ante el suscripto y secretario actuante-, confiriendo poderes de representación suficiente para actuar en el presente proceso en su nombre individual y en representación de cada Coleg io o Asociación.

– A lo expuesto, debe aunarse lo oportunamente señalado por el suscripto a fs. 330, con fecha 24/09/2019, donde ante idéntica presentación de la demandada, con toda la documentación antes enunciada se dan por abastecidos los requisitos procesales de representación requeridos para tales fines (cfr. artículos 4 y 7 de la ley 13.928 y sus modif.) – Finalmente, en lo que respecta a esta cuestión procesal, a fojas 349 y con fecha 23/10/2019, la demandada, representada en la oportunidad por Sandra Lareschi, Laura Carol, María Eugenia González (representantes de la Fiscalía de Estado), Juan Luis Sanguinetti y María Eugenia Recio (representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas – Economía-), Mónica Liliana Souza (representantes del Ministerio de Trabajo) y Milagros Martínez Bourimborde (representante del Ministerio de Justicia), suscriben el acta donde de puño y letra reconocen la calidad de parte y letrado – a la actora y representante respectivamente-, todo lo cual, a criterio del suscripto, finaliza la discusión al respecto, deviniendo sobreabundante cualquier nuevo análisis sobre el punto.

En lo que relacionado a la procedencia, o no, del amparo colectivo, debe destacarse que con meridiana claridad y total contundencia se ha dicho que: «(.) El amparo es el recurso previsto constitucionalmente para la tramitación de los procesos colectivos (art. 43, CN), lo que manifiesta la voluntad del constituyente de procurar un procedimiento rápido a estas cuestiones».

En tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el afamado precedente «Asociación Benghalensis» sostuvo que:»Resulta oportuno mencionar, que el amparo es el procedimiento judicial más simple y breve para tutelar real y verdaderamente los derechos consagrados en la Carta Magna. En tal sentido, esta Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que «tiene por objeto una efectiva protección de derechos» (las negritas han sido agregadas).

En este mismo sentido, el maestro Augusto Morello ha explicado que: el transito del proceso individual al colectivo es por demás asombroso y brinda, ávido de estudios y comprensión, el arsenal de técnicas y soluciones que la gente aguarda del moderno derecho procesal para asegurar los bienes colectivos y lograr, al mismo tiempo, la tutela especial que proteja y defienda los singulares derechos afectados. La defensa de la sociedad, de los intereses y derechos -vitales- caracterizados como difusos, colectivos e individuales homogéneos, impone otro modo de pensar y actuar el derecho instrumental facilitador de la protección útil de los mismos».

Es claro que estos procesos colectivos, en términos generales, se presentan como potentes herramientas de tratamiento jurisdiccional de conflictos. Como tales, muchas veces brindarán soluciones que trascenderán la mera aplicación de la ley a un supuesto de hecho e implicarán decisiones de fuerte incidencia en la configuración de la vida política, social y económica del país y en su constante transformación, haciendo más nítido y tangible el papel político que juegan los tribunales».

Y, si bien este pleito tiene como uno de sus ejes una cuestión salarial, es evidente que se vincula con la toma de decisiones en el direccionamiento del gasto público, que es el modo de hacer efectivos los derechos constitucionalmente tutelados, de lo que da cuenta el Profesor Espeche:»(.) La actividad financiera, como la que realiza el Estado para obtener ingresos que puedan sufragar los gastos que cumplan con el bien común ordenando en la norma fundamental, es algo necesario y elemental para hacer efectivo los derechos de incidencia colectiva, los que obligatoriamente se tienen que plasmar en la ley de presupuesto».

Si bien por todos conocido, creo oportuno recordar que la CSJN en la causa «Halabi» , creó la acción de clase para proteger derechos homogéneos, por medio de la cual permite que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos (o habitantes) que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar un juicio cada uno de ellos, pues si así se exigiese resultaría afectado el acceso a la justicia.

En base a las consideraciones precedentes, toda vez que el derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y en forma expresa en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, importa la posibilidad de ocurrir ante un tribunal judicial, a fin de obtener la tutela oportuna y eficaz de un derecho de raigambre constitucional, la acción impetrada en autos se presenta como medio eficaz para la protección de valores y derechos de raigambre constitucional como los que han sido argüidos por los accionantes, especialmente cuando queda claro del derrotore del expediente que existen cuestiones de hecho y de derecho que son comunes y homogéneas a todo el colectivo.

B) PRUEBA:

A continuación se desarrollarán, analizarán y valorarán las diferentes medidas de prueba producidas en el presente y en las que basaré mi decisión respecto de la cuestión traída a estudio.

1. Documental:la prueba documental que se encuentra agregada al expediente en anexo y cuya autenticidad no ha sido controvertida es la siguiente:

1) Convenio suscripto entre el Estado Provincial – representado en la oportunidad por Funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Economía) y Ministerio de Justicia-, y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

2) Estudio sobre la fiscalidad del Poder Judicial Bonaerense en una perspectiva comparada, realizado por la Universidad General Sarmiento.

3) Estudio de representatividad realizado por la Comisión de Secretarios del Colegio de Magistrados.

4) Estudio elaborado por la S.C.B.A. sobre comparativo de Salarios.

5) Estatutos de representación de cada uno de las entidades presentadas.

2. Informativa: de los oficios circularizados, conforme lo requerido por las partes, se han recibido las siguientes contestaciones con relevante información:

1) Respuesta de la Federación Argentina de la Magistratura, en la que hace saber el último análisis comparativo de salarios realizado por la comisión respecto de las cuatro provincias con mayores ingresos para los cargos de Juez de Cámara con veinte (20) años de antigüedad, Juez de Primera Instancia con veinticinco (25) años de antigüedad y Secretarios con diez (10) años de antigüedad, informando asimismo la remuneración total que perciban.

2) Respuesta del área liquidación de sueldos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se plasma los haberes que por su desempeño perciben en mano los cargos de Juez de Cámara con veinte (20) años de antigüedad, Juez de Primera Instancia con veinticinco (25) años de antigüedad y Secretarios con diez (10) años de antigüedad.

3) Respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la que informa el sueldo efectivo percibido por un Magistrado de primera instancia con quince (15) años de antigüedad, un magistrado de segunda instancia con quince (15) años de antigüedad y un secretario de primera instancia con quince (15) años de antigüedad.

4) Respuesta de la Universidad GeneralSarmiento, expidiéndose afirmativamente sobre la autenticidad del estudio sobre fiscalidad del poder judicial de la PBA en una perspectiva comparada.

5) Respuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Economía) de la PBA, en la que informa el monto total anual que ha pagado la mencionada a los Magistrados, Jueces y Secretarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en el años 2018 y los que estima pagará en el 2019, detallando que porcentaje del total del presupuesto anual representa dicho total, por cada año.

6) Respuesta del Ministerio de Hacienda de la Nación, en la que informa el monto total anual que ha pagado el Estado Nacional a los Magistrados, Jueces y Secretarios del Poder Judicial de la Nación en el año 2018 y los que estima pagará en el 2019, detallando que porcentaje del total del presupuesto anual representa dicho total, por cada año.

3. Pericial: El informe en el que el experto o Contador Público, Juan José Cossio se expidió sobre los siguientes puntos de pericia:a) Escala actual de Magistrados, Jueces y Secretarios de todas las instancias; b) Escala salarial de los mismos en forma comparativa en los últimos diez años; c) Escala salarial actual de Magistrados, Jueces y Secretarios de todas las instancias del poder judicial de la Nación y de la justicia federal; d) Realice comparativo de diferencias porcentuales.

Vale la pena adelantar que el Perito efectuó un pulcro y minucioso análisis de las distintas cuestiones involucradas, para luego expedirse en forma clara y precisa en su dictamen sobre los aspectos que fueran sometidos a su conocimiento profesional, del cual se advierten las notorias diferencias salariales existentes entre los distintos fueros jurisdiccionales, pudiendo vislumbrarse con claridad el lugar que ocupan los accionantes en su comparación con el resto de las provincias argentinas y con el Poder Judicial de la Nación.

A modo ilustrativo, transcribo seguidamente algunos de los gráficos que pueden ser compulsados en el informe pericial, que dan cuenta de las diferencias salariales antes mencionadas, las que constituyen las circunstancias fácticas que motivan el inicio de este proceso judicial.

Escala salarial de los mismos en forma comparativa en los últimos 10 años:

Los incrementos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires:

Los incrementos del Poder Judicial de la Nación de 2011 a 2019, ambos inclusive:

 

Comparativo de diferencias porcentuales:

C) FUNDAMENTOS DEL DECISORIO:

De las constancias obrantes en el expediente, en especial el escrito de inicio y la apelación efectuada por la Fiscalía de Estado (ver fs. 70/77) contra la reso lución del 17/05/2018, surge con claridad que oportunamente se acordó entre los accionantes y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de sus Ministerios de Justicia y Trabajo, la conformación de una mesa de diálogo para estudiar «.en profundidad aspectos relacionados a la compensación de Magistrados y funcionarios, y su estructura,ello de cara a un análisis de contexto y competitividad y equidad de las mismas tanto dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, como así también en comparación con otras jurisdicciones y explorar caminos posibles de mayor equidad y competitividad.», tal como surge del acta suscripta el 17 de mayo de 2016 y cuyo contenido no se encuentra controvertido.

Si bien no es ese convenio realizado entre las partes lo que exclusivamente motivará mi decisión, claramente constituye el elemento principal para resolver.

Por otro lado, pese a las audiencias convocadas y la medida cautelar dictada en autos, que pretendieron resolver amistosamente este conflicto, que se cumpliera con lo acordado ese 17/5/2016, en el sentido de analizar y buscar alternativas para recomponer los salarios de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA, dicho objetivo fracasó.

No puedo dejar de señalar que, para dictar la medida cautelar solicitada, fue considerada la inasistencia injustificada y sin aviso a la audiencia convocada para el día 29 de abril pasado de los representantes de la Fiscalía de Estado (quienes verbalmente habían confirmado su comparecencia) y de los Ministros del Gabinete provincial convocados especialmente a la misma Dictada la medida cautelar, es decir, cuando se los cito bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de inasistencia, la demandada compareció con funcionarios de la Fiscalía, diversos Ministerios y hasta se apersonó en entonces Viceministro de Hacienda y Finanzas (Economía). Sin perjuicio de ello, no se logró llegar a buen puerto, no pudo prosperar la mesa de diálogo entablada por la medida dictada, no se arribó siquiera a delinear temas a tratar, pautas de trabajo o fechas. No puedo dejar de señalar en este punto, que los accionantes nunca debieron dejar de concurrir a las reuniones tal como efectivamente aconteció y cuya constancia obra en el expediente.Pero, dicha ausencia, conforme lo manifestado por los accionantes, se presentaría como una reacción frente a la imposibilidad o desinterés demostrado por los diferentes representantes del Estado Provincial de avanzar en la conformación de una mesa de diálogo real y efectiva, tal como surge de la presentación de fs. 325 y 326, donde la Fiscalía de Estado expone que no solo no puede conciliar un juicio sin orden del Ejecutivo Provincial, sino que, además, opone la regla de Fin de Mandato contenida en el art. 15 bis de la ley 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus modificaciones. Claro está, esta regla es opuesta cuando corría el segundo semestre de 2019, siendo que el acta acuerdo es de mayo de 2016, quedando claro que hubo de tiempo de sobra para trabajar en los aspectos comprometidos sin llegar a los últimos dos trimestres del mandato de la ex Gobernadora Vidal.

En este punto debe destacarse que resulta evidente que es la accionada, quien por su carácter, tiene la obligación de actuar con buena fe, venía incumpliendo con la palabra empeñada, dicho en términos jurídicos, con el compromiso asumido en el acta del 17 de mayo de 2016, y me refiero, concretamente, a trabajar conjuntamente con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires a estudiar pormenorizadamente los aspectos en ese documento detallados.

Los Ministerios de Trabajo y Justicia de la PBA, a partir del reconocimiento de la problemática salarial de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial PBA, se obligaron a conformar una mesa de trabajo y análisis para dar respuesta a dicha situación, obviamente con la finalidad de encontrar soluciones que permitieran resolverla. Nunca cumplieron, rompiendo de ese modo con el principio de buena fe, que es perfectamente trasladable desde el derecho civil al ámbito del derecho administrativo, pues como se ha sostenido:»Existen ciertos valores y principios generales de la ciencia del derecho, conceptos de lógica jurídica, etc., que están en el derecho privado y también en el derecho administrativo; no se trata de que el segundo los haya tomado del primero, sino de que éste fue uno de los primeros en utilizarlos. Así, la responsabilidad, el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios o principio de no contradicción, la necesaria motivación de los actos, la desviación de poder y el abuso del derecho, la interdicción de la mala praxis, el principio de la seguridad jurídica y de la confianza debida, la lesión, la equidad, el principio de prudencia, etc.».

El incumplimiento del Estado Provincial fue el que motivó la presente acción judicial, y pese a los esfuerzos realizados por esta judicatura para resolver el conflicto con el acuerdo entre las partes, me veo en la obligación de dictar sentencia.El acta acuerdo fechada el 17 de mayo de 2016 indica que la misma es el resultado de las reuniones que los Ministros mantuvieron con el Colegio de Magistrados y Funcionarios, en la que se comprometen a la conformación de una mesa de trabajo a fin de construir acuerdos marco de gestión relacionados con la compensación de Magistrados y Funcionarios, y su estructura para llevar a cabo en un plazo de treinta y seis (36) meses un análisis detallado de contexto, competitividad y equidad tanto dentro del Poder Judicial de esta provincia como también en comparación con otras jurisdicciones.

Pero no solo ello, sino que el compromiso asumido no solo se relaciona con mejorar la situación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, sino que reconoce la necesidad de «explorar caminos posibles de mayor equidad y competitividad.».

Es decir, el acta suscripta como consecuencia de varias reuniones previas efectuadas entre las partes, admite formalmente la necesidad de recomponer los salarios de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA, a partir de la existencia de inequidades y pérdida de competitividad; es decir, hay un reconocimiento de una problemática general de los ahora accionantes, que no fue resuelta por el mecanismo previsto (la mesa de diálogo).

Pese a que se reconoce el estado de situación y se admite la necesidad de su recomposición, el accionar posterior a la firma del mencionado acuerdo es el incumplimiento del Estado Provincial, al no conformar la mesa de trabajo, considerada el instrumento idóneo para entre todas las partes involucradas encontrar mecanismos para mejorar la situación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial PBA.

Nadie puede poner en duda que la recomposición salarial y la mejora de la situación funcional general del Poder Judicial deviene necesariamente en un incremento del gasto público del Estado Provincial, con las implicancias que ello tienen en materia financiera y presupuestaria, debiendo no solo ser una decisión del Poder Ejecutivo, sino pasar el tamiz del Poder Legislativo local, quien detenta la potestad final de sancionar la ley de presupuesto.1 Ello es tan indiscutible como la autonomía provincial para fijar las remuneraciones de sus empleados y funcionarios, y en ese sentido, en principio, no cabe la interferencia de los jueces, salvo cuando se vean afectados derechos y garantías constitucionalmente tutelados, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, en la antes citada causa «Asociación Benghalensis».

En este punto, debe destacarse que como surge de la prueba documental, informativa y pericial producida en autos, existe una notoria y clara diferencia entre los Jueces Federales y Provinciales, quienes son parangonables pues conviven en un mismo territorio, aunque con diferentes competencias, percibiendo los primeros una remuneración de casi el doble de los segundos, lo cual genera y conlleva distorsiones que indefectiblemente repercuten en el sistema de justicia, pues por la misma tarea, la diferencia salarial es abismal. Sin dudas, esto es lo que el acta acuerdo de 2016 entiende que es una situación que requiere «explorar caminos posibles de mayor equidad y competitividad.», seguramente no solo desde el punto de vista de la recomposición salarial, aunque sí siendo ese aspecto una parte esencial del debate que debía darse, y que el Estado Provincial se ha negado a llevar adelante.

Quiero hacer hincapié en porqué entiendo que es razonable y necesaria la comparación de los sueldos de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional con los de la PBA, atento que ello justificará la decisión que tomo. No solo jueces y funcionarios de ambas jurisdicciones conviven territorialmente, a escasos metros los edificios de unos y otros en muchos casos, sino que, además, competencias que eran exclusivamente federales han pasado a ser compartidas con los jueces de la provincia, siendo un claro ejemplo de ello lo acontecido con la ley 26.052, que modificara la ley 23.737 sobre estupefacientes, admitiendo su artículo 34 que en ciertos casos (menor escala) sean los juzgados criminales provinciales (y de la CABA) los competentes para su aplicación.Mediante a ley 13.392 la PBA adhiere a la norma antes mencionada y asume la competencia en materia de esos delitos. Es decir, queda absolutamente claro que la cercanía territorial, el compartir la misma provincia, tener asiento en idénticos municipios, e inclusive, asumir el poder judicial provincial funciones que eran de exclusiva competencia federal, y en definitiva, desarrollar las mismas tareas (prestación del servicio público de justicia), determinan que las remuneraciones, infraestructura y organización de ambas jurisdicciones, sean de comparación ineludible. En tales condiciones, resulta fundado el reproche que se le imputa al Estad o Provincial, pudiéndose aseverar que incurrió en una indebida conducta omisiva, consistente precisamente en no dar acabado cumplimiento con la obligación asumida en mayo de 2016, a partir del reconocimiento de un estado de situación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA que requería revisión y reformulación.

En este momento debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado: «si bien la noción de contrato es única, común al derecho público y al derecho privado, pues en ambos casos configura un acuerdo de voluntades generador de situaciones jurídicas subjetivas, el ‘régimen jurídico’ de estos dos tipos es diferente. Así existen diferencias de fondo que determinan que tengan un régimen especial y sus efectos no sean los mismos que los de los contratos civiles. Cuando el Estado, en ejercicio de funciones públicas que le competen y con el propósito de satisfacer necesidades del mismo carácter, celebra un acuerdo de voluntades, sus consecuencias serán regidas por el derecho público».

Como bien señala Pablo Perrino: «La falta contractual también exterioriza un comportamiento anómalo y que infringe el ordenamiento jurídico, pero que, a diferencia de la falta de servicio, tiene lugar por la inejecución por parte de la Administración contratante de un deber impuesto por una obligación preexistente, que se traduce en la insatisfacción de la prestación debida al contratista.La responsabilidad contractual por falta es, entonces, la consecuencia natural y lógica del quebrantamiento de los principios Lex contractus y de la fuerza obligatoria del contrato, expresamente receptados en la codificación civil (art. 1197) y plenamente imperantes en la contratación pública. De tal modo, falta contractual es sinónimo de incumplimiento del contrato, lo cual puede suscitarse ya sea por la inejecución total o absoluta de la prestación comprometida, como por su cumplimiento defectuoso (parcial, inexacto o tardío) al no ajustarse por completo al programa o proyecto de prestación comprometido». El destacado me pertenece.

Finalmente, es necesario resaltar una vez más, que nos encontramos en esta instancia por el incumplimiento del Estado Provincial respecto de las obligaciones asumidas con los Magistrados y Funcionarios de la PBA. Reflejo de ello, tal vez, es la circunstancia de no haberse impulsado el proyecto de ley en el que se reclama un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera para Justicia de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por la S.C.J.P.B.A., dando ello lugar, a las notas del alto Tribunal de fecha 11/11/20, 24/11/20 y 16/12/20, respectivamente, en las que se solicita al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo contemple en la ley de Presupuesto para la Administración General de la Provincia correspondiente al ejercicio 2021, los recursos adicionales necesarios para hacer frente a los incrementos de los haberes del personal del Poder Judicial, conforme una política salarial establecida por la S.C.J.P.B.A., orientada a reconocer y jerarquizar las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y agentes.

No puedo dejar de traer a colación para fundar mi decisión, el criterio expresado por los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en el precedente de la CSJN «Chiara Díaz» en relación con la existencia de un ostensible deterioro de aquellas retribuciones de los Magistrados y Funcionarios de la PBA que se originó varios años atrás y perduraba inclusive a la fecha de la sentencia, conforme lo cual sostuvieron todos los juecesprovinciales deben percibir retribuciones que observen una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes jurisdicciones a efectos de no violar el art. 5° de la Constitución Nacional y tampoco incurrir en una desigualdad discriminatoria que atentara contra la garantía del art. 16 de la misma Constitución.

Considero que la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones, como parte del sistema republicano de gobierno, tal como ha sostenido la CSJN «.está comprendida entre las condiciones de la administración de justicia exigibles a las provincias a los fines contemplados en el art. 5°de la Ley Fundamental».

Claro está, dicha garantía no resulta afectada cuando hay ingresos diferentes en los distintos estados provinciales, aunque como ha sostenido la Corte Nacional, ello es así siempre que las normas locales preserven la sustancia del principio, de manera que no resulte frustrado, en ese caso la exigencia del art. 5° de la Constitución Nacional resulta suficientemente cumplida,3 lo que no se verifica en el presente litigio, donde claramente el deterioro de las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la PBA, así como la situación en general del sistema, se ha deteriorado sistemática y severamente, lo que es reconocido por el propio Poder Ejecutivo (a través de sus Ministerios).

D) EL DECISORIO:

En virtud de lo hasta aquí expuesto y desarrollado, entiendo que corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora, ordenando al Poder Ejecutivo provincial que, conforme las pautas que se detallan seguidamente, proceda a realizar la recomposición salarial de los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a cuyos efectos deberá incluir las partidas necesarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022, que conforme establece el art.103, inciso 2º, párrafo tercero de la Constitución Provincial debe enviar a la Legislatura Provincial a más tardar el 31 de agosto del corriente año.

Para efectuar la mencionada recomposición se fija como parámetro razonable de comparación las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con un tope del ochenta por ciento (80%) de dichos salarios federales, la que será efectuada a lo largo de cinco (5) años como máximo, a partir del ejercicio presupuestario 2022, a razón de un diez por ciento (10%) de recomposición real anual hasta alcanzar el objetivo señalado para cada una de las categorías,1 y considerando que dicho porcentaje deberá ser ajustado, aumentado2 o reducido, en el año en el que se concrete la recomposición que ordeno realizar. Es claro que el año en el cual se efectivizará la equiparación no puede ser fijado de antemano por esta judicatura, pues dependerá no solo de la variable vinculada con los ajustes salariales en relación con la inflación, sino de la diferencia salarial existente por cada categoría expuesta en el primer cuadro transcripto en el apartado B.3 de esta resolución (que replica parte del informe pericial).

Intentando arrojar absoluta claridad a lo que se decide, me valdré del siguiente ejemplo: considerando un escenario sin inflación, en el que una de las escalas salariales tuviera un 100% de diferencia entre los sueldos de colectivo con el de los Magistrados y Funcionarios de la Nación, siendo que los primeros ganan $100 mensuales, y los segundos $200, aquellos de $100 deberían llegar a $160 (80% de $200) la progresión durante los primeros cuatro años sería la siguiente, aplicando el 10% de recomposición salarial hasta llegar al tope del ochenta por ciento (80%) fijado: 2022, de 100 a 110; 2023 de 110 a 121; 2024 de 121 a 133,1; 2025 de 133,1 a 146,41.Si se aplicara nuevamente el mismo porcentaje en el 2026, de $146,41 se elevaría el salario a $161,05, es decir, se habría excedido el tope que estipulo, lo que demuestra que en el quinto año debe aplicarse un porcentaje inferior al diez por ciento para lograr la ordenada recomposición.

Pero, siendo que las diferencias salariales llegan hasta un ciento trece por ciento (113%), en esos casos deberá aplicarse un porcentaje de recomposición mayor al diez por ciento (10%) en el 2026.

Por su parte, considerando que en ciertas escalas salariales la diferencia es del setenta y dos por ciento (remito nuevamente al cuadro de diferencias por categorías aportado por el Perito contador), también a modo de ejemplo, para llegar de $100 mensuales al ochenta por ciento (80%) de $172 ($137,6), a razón de un diez por ciento de recomposición por cada año a partir de 2022, la misma se logrará en el 2025, año en el cual deberá aplicarse un porcentaje inferior al 10% para alcanzar el objetivo fijado.

Habiendo quedado claro con los ejemplos expuestos el mecanismo que se ordena seguir para hacer efectivo lo que se resuelve, debe señalarse que el porcentaje anual que se fija para efectuar la recomposición deberá ser adicionado al incremento salarial que se acuerde con el Estado Provincial para los Magistrados y Funcionarios de la PBA.

Se exhorta a que el Estado Provincial considere, a los efectos de los incrementos salariales del colectivo, los aumentos de las remuneraciones que se otorgan a los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para evitar, de ese modo, volver a generar diferencias salariales de tanta magnitud como las expuestas en el informe del Perito Contador.

Al establecer un tope del ochenta por ciento (80%) de las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para efectuar la recomposición, se aplican las ideas que ha dejado la teoría del esfuerzo compartido (proveniente de las leyes de emergencia en la República Argentina) pues lo que se persigue es la recomposición de las remuneraciones, con equidad yrazonabilidad, y no la igualación salarial.

Debe destacarse que la decisión que se adopta no implica, de modo alguno, fijar las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la PBA, ni desplazar las funciones del Poder Legislativo provincial que le otorga el art. 103 inciso 2º de la Constitución provincial,1 sino establecer un esquema de recomposición salarial al haber el Estado Provincial incumplido con la obligación asumida en el acta acuerdo de mayo de 2016. Por ende, no se afecta de ningún modo la división de poderes.

Siendo claras las normas constitucionales y legales vigentes, lo que se decide persigue simplemente proteger los derechos de los accionantes que se advierten vulnerados considerando, a su vez, que si bien la Provincia de Buenos Aires es la que más que riqueza genera en nuestro país atraviesa un proceso económico sumamente complejo, por lo que la recomposición deberá ser realizada paulatinamente a lo largo de cinco años, contados a partir del ejercicio presupuestario que se inicia el 1 de enero de 2022, es decir, casi once meses después de dictada esta sentencia.

Lo que se decide, por otro lado, no impide de ningún modo que las partes puedan concretar la mesa de negociación, análisis y debate que quedara trunca pese al compromiso asumido por el Estado Provincial en mayo de 2016, sino que, por el contrario es una alternativa que válidamente podrán llevar adelante y, en su caso, arribar a un acuerdo antes del 31 de agosto de 2021, el que deberá ser comunicado a esta judicatura formal e inmediatamente.

FALLO:

Por todo ello, citas constitucionales, legales y de conformidad con los antecedentes del caso, resuelvo:

I- Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, ordenando en consecuencia al Poder Ejecutivo provincial para que, conforme las pautas que se detallan en el apartado D) de los Considerandos de esta resolución, proceda a realizar la recomposición salarial de los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a cuyos efectos deberá incluir las partidas necesarias en el Proyecto de Ley de Presupuestopara el año 2022.

II- Condenar a la vencida en costas, de conformidad con lo normado en el artículo 19 de la Ley 13.928 y sus modif.

III- Conforme la normativa arancelaria vigente, el valor actual del jus establecido por Ac. 3972/20 y s.s. de la S.C.B.A, la notoria trascendencia de la cuestión, su complejidad, las etapas cumplidas, el tiempo empleado y el resultado obtenido, (arts. 15 y 16 de la ley 14.967), he de proceder a regular los honorarios del profesional interviniente en autos Dr. Osvaldo Gozaini en la suma de (.) Jus, con más su porcentual de ley, y lo que por IVA corresponda en caso de revestir el profesional el carácter de responsable inscripto frente a dicho tributo (art. 21 de la ley 6716, arts. 20 bis de la ley 13.928 modificada por la ley 15.016).

IV- Toda vez que la Provincia de Buenos Aires ha sido vencida en costas, no corresponde regular honorarios profesionales a ninguno de los funcionarios intervinientes en el presente. Ello así, en absoluta concordancia con lo normado por el artículo de 18 de la ley orgánica de la Fiscalía de Estado (DLE 7543/69).

Regístrese y notifíquese. Fdo. Juan Manuel Álvarez Echagüe Conjuez. Ante mi: Mariano G. Amati, Secretario.

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