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#Fallos IGJ: Se denegó la autorización para funcionar como asociación civil a un grupo de ‘tiradores de largo alcance’, ya que se trata de una actividad ‘ajena al interés general y al bien común’

Partes: Asociación Civil Unión Range de Argentina S.A. s/

Tribunal: Inspección General de Justicia

Fecha: 13-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129480-AR | MJJ129480 | MJJ129480

Se rechaza la autorización para funcionar de una asociación civil cuyos propósitos estatutarios no se revelan como relacionados con la satisfacción de derechos básicos de la persona humana que exhiban, claramente, fines no lucrativos, útiles y aun desinteresados, sino que se evidencian como meros intereses individuales de sus integrantes.

Sumario:

1.-Los propósitos descriptos en el estatuto de la entidad se presentan como una notoria extralimitación en el marco de una persona jurídica con aspiración a ser autorizada para funcionar como asociación civil, dado que, de un lado, se propicia la promoción y patrocinio de una actividad no beneficiosa para el colectivo comunitario, por ajena al interés general y al bien común; y, de otro lado, se pretende alcanzar la categoría de Usuario Comercial en los términos definidos por la ANMAC, lo que posibilitaría la adquisición, por ejemplo por vía de importación y tránsito por zona primaria aduanera argentina, de sofisticadas armas, elementos tecnológicos accesorios y municiones de largo alcance, para la sola utilización y/o beneficio de los miembros de la entidad, cuestión claramente crematística y de limitadísimo alcance subjetivo, que tampoco aparece amparada en los requerimientos propios del interés general y del bien común y se emparenta más con un infundado privilegio, hasta potencialmente lesionante del principio ius fundamental de la igualdad -art. 16 , CN.-, que a la postre derivaría en ventajas económicas y/o en lucro – al menos indirecto -, para los sujetos asociados, lo cual es una causal concreta de denegatoria autorizativa por parte de este Organismo de control estatal -conf. inc. 3), art. 374, ‘Normas de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA’-.

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2.-En lo relativo al bien común, la jurisprudencia de nuestros tribunales – a lo largo de los años – ha entendido que el bien común deberá interpretarse como conveniente al pueblo, que habrá de trasladarse en forma directa o indirecta a la comunidad donde las asociaciones civiles cumplan su objeto y que no será interpretado como la suma de los bienes individuales de cada uno de los integrantes de la comunidad, sino en un plano más elevado, como el bien de la comunidad en su conjunto.

3.-Debe rechazarse la autorización de la asociación civil requirente de su autorización para funcionar cuando, examinada la formulación de su estatuto, se advierte que la misma no se compadece con la promoción y expansión del bien común que entidades como la requirente de autorización deben satisfacer, como contribución al medio social en el cual deben desenvolver su actividad.

4.-No se advierten razones de interés general que justifiquen favorecer actividades que, para ser autorizadas, el Estado debe jerarquizar como de su propio interés, en cuanto gestor principal del bien común.

5.-El art. 2° de la res. General IGJ N° 7/2015 (‘Normas de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA’) declara entre los objetivos de la misma el de fomentar la asociatividad de las personas humanas para perseguir fines de bien común, sea mediante asociaciones civiles y/o fundaciones (art. citado, su inc. 2), estableciendo el art. 371 de dicha resolución, concretas pautas genéricas de apreciación en orden a resolver sobre el otorgamiento de autorización para funcionar como personas jurídicas a las asociaciones civiles y a las fundaciones, prescribiendo que la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA apreciará razones de oportunidad, mérito y conveniencia que se funden en el interés público de que las entidades satisfagan finalidades de bien común y cuidará que los estatutos de ellas se conformen a la ley y a las disposiciones de las Normas del Organismo, aseguren su organización y funcionamiento y no contraríen normas y principios de orden público.

6.-El art. 373 de las ‘Normas de la Inspección General de Justicia (res. General IGJ Nº 7/2015), contempla, a su vez, en cuanto a la consideración del interés general en las asociaciones civiles, que el mismo se interpretará dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales conforme lo establecido en el art. 168 del CCivCom.; y que en la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser efectuada. Estas aludidas valoraciones sociales imperantes son, mayormente, las nominadas jurídicamente como ‘buenas costumbres’.

7.-Por su parte, el art. 374 de la res. General IGJ nº 7/2015 prevé, en su inc. 3º, como causal de denegación de la autorización para funcionar, que el objeto social enunciado no satisfaga el interés general o el bien común o que la entidad persiga directa o indirectamente finalidades lucrativas o tienda a reportar ventajas económicas para el fundado, los asociados o los integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización.

8.-En las ‘Normas’ de la Inspección General de Justicia, la exigencia del cumplimiento de finalidades de bien común en territorio argentino se halla igualmente presupuesta con claridad, como condición, con respecto a entidades del exterior, para otorgar a las mismas autorización de apertura y funcionamiento de representaciones o establecimientos permanentes, estableciéndose expresamente, asimismo, la aplicabilidad de los antes reseñados arts. 371, 373 y 374, inc. 3 (arts. 377, último párr. , y 378 , ‘Normas’), y otras disposiciones de la reglamentación citada, reconocen calidad de sujetos del Derecho, bajo la categoría de simples asociaciones, a las asociaciones vecinales y a las agrupaciones políticas de los clubes (art. 376 ).

9.-En el estado constitucional y convencional de derecho que rige en la República Argentina, no es preciso acudir a dogmática religiosa alguna – ni siquiera cuando la religión eventualmente apoyada por una entidad fuera profesada o tuviera la adhesión de la mayoría de la comunidad – para sostener que el bien común es el bien estatal, sobre el cual debe proyectarse el objeto de una asociación civil, pues por esa forma jurídica y su objeto debe ser autorizada a funcionar, razones éstas por las cuales dicho objeto debe presentar por sí mismo una incidencia directa sobre el bien común.

10.-No resulta procedente otorgar la autorización para funcionar de la asociación civil requirente, cuando los propósitos estatutarios de la requirente no se revelan como relacionados con la satisfacción de derechos básicos de la persona humana reconocidos en la Constitución Nacional que exhiban, claramente, fines no lucrativos, útiles y aun desinteresados, sino que se evidencian como meros intereses individuales de los integrantes de la entidad, los cuales no resulta imprescindible que el Estado jerarquice como propios e inherentes a su misión de proveer al bien común -que es de raigambre constitucional como lo evidencian las prescripciones sobre progreso y prosperidad (art. 75, inc. 19 , de la CN. y su Preámbulo)- a través de una específica autorización para funcionar, siendo que el derecho de asociación de los constituyentes de la entidad no se halla comprometido, toda vez que puede ser adecuadamente realizado a través de una figura como la de la ‘simple asociación’, cuya creación y funcionamiento se hallan exentos de la autorización y el control estatal y sólo tienen como límite la licitud del objeto asociativo (art. 187 y ss. del CCivCom.).

11.-Los propósitos asociativos de una entidad que solicita la autorización estatal no contraríen frontalmente al bien común o al interés general, es sólo condición necesaria de licitud primaria de su objeto, pero no resulta suficiente para la autorización, pues, en el supuesto sobre el que se discurre, dichos propósitos no aparecen satisfaciendo la condición positiva de la promoción del bien común que es de interés público y que resulta de inexcusable exigencia desde que la autorización para funcionar tiene su fundamento en que las finalidades de las entidades deben guardar coincidencia con finalidades jerarquizadas por el Estado como propias, advirtiéndose, en el presente caso, que actividades basadas en el uso de armas de fuego de alta precisión a largo alcance no se corresponden con las finalidades estatales relacionadas con dicho uso, que sólo son las de la defensa común y la consolidación de la paz interior y la seguridad pública, de acuerdo con las prescripciones constitucionales vigentes.

12.-En orden a las valoraciones sociales a ser consideradas en la ponderación del interés general que también debe satisfacerse, no se advierte que esas valoraciones mantengan vivas, de modo generalizado en la comunidad, tradiciones favorables a prácticas sociales con armas de fuego – en el caso, hasta de extrema sofisticación tecnológica y peligrosidad a gran distancia -, sino que éstas, aun compartidas ocasionalmente por algunos pocos, son de orden estrictamente privado y no reflejan inclinaciones que se trasladen o deban trasladarse positivamente – o mediante acciones positivas como ser la autorización para funcionar como asociación civil – al entendido como bien común de la sociedad considerada en su conjunto, también denominado interés público o bienestar general.

13.-Apreciar el bien común, es apreciar aquello que la sociedad en su conjunto considera digno de protección; y se pretende que las entidades realicen una actividad altruista, o al menos que esa actividad colabore de manera inmediata o mediata con el bienestar general.

14.-La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA no puede circunscribirse a un test de comprobación del ‘objeto lícito formal’ de la asociación civil requirente, sino que cuenta con atribuciones – propias del Derecho Constitucional y Administrativo – que trascienden el ejercicio de facultades regladas e involucran apreciaciones de oportunidad, mérito y conveniencia, para las que dispone de márgenes de suficiente discrecionalidad en orden a ponderar también, además de la promoción del bien común expandido hacia la comunidad, un contexto social predominantemente marcado por una valoración negativa del uso de armas de fuego por parte de personas no afectadas a funciones de protección de defensa común y resguardo de la paz interior y la seguridad pública.

15.-Siendo que la garantía constitucional de asociación es susceptible de realizarse mediante la conformación de una ‘simple asociación’ – en su caso con base en las estipulaciones de la presente debidamente adecuadas al régimen legal de dichas entidades y explícita declaración de voluntad en tal sentido de los aquí constituyentes, nada de lo cual estará sujeto al contralor de este Organismo -, no se halla en juego en la especie un derecho subjetivo ligado a una autorización estatal que, al no configurar actividad estatal reglada, cuenta con márgenes amplios de discrecionalidad, los cuales no se hallan irrazonablemente excedidos con la eventual denegatoria que se decida en la medida en que la desestimación de lo requerido no colisiona con la actual escala de valores de la comunidad que nos concierne.

16.-La escala de valores comunitaria se vincula estrechamente con la noción de buenas costumbres, las que también hacen las veces de valla o límite a la autonomía de la voluntad.

17.-Siendo el asociativismo y su acto constitutivo una manifestación puntual de la genérica libertad de contratación o convención, no puede soslayarse que su contenido debe enmarcarse no sólo dentro de los límites impuestos por la Ley en sentido formal y material – como se ha considerado suficiente más arriba -, sino que también ha de estar delimitado por los contornos propios del orden público, la moral y las buenas costumbres -arg. arts. 12 , 958 y 1004 del CCivCom.-, no estando dentro de estas últimas – buenas costumbres – los enunciados por la entidad requirente como propósitos asociativos en su acuerdo de voluntades originario. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

BUENOS AIRES, Noviembre 13 de 2020.

VISTO: El Expediente N° 1956131, trámite 9156276, del registro de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, correspondiente a la ASOCIACIÓN CIVIL UNION LONG RANGE DE ARGENTINA; y

CONSIDERANDO:

1. Que la entidad de mención solicita la autorización para funcionar contemplada en los arts. 142, 169 y 174 del Código Civil y Comercial de la Nación, acompañando a fs. 1/8 la escritura pública N° 41, del 12 de agosto de 2020, pasada al folio 161, del Registro Notarial N° 741 de esta Ciudad, y sus complementarias N° 60, del 23 de septiembre del mismo año, y N° 67, del 9 de octubre (fs. 27/32 y 41), ambas del mismo Registro Notarial, a los fines de salvar observaciones cursadas en el trámite a fs. 25/26 y 40. Solicita, asimismo, a fs. 20, ser exceptuada del cumplimiento de la Resolución General IGJ N° 34/2020.

Que, de acuerdo a los términos del artículo «segundo» de su estatuto, los propósitos de la entidad son:a) Agrupar a los tiradores interesados en la disciplina Long Range del tiro deportivo, en todas sus formas y modalidades; b) Desarrollar y promover eventos vinculados a la disciplina; c) Establecer alianzas con los clubes y asociaciones de tiro deportivo a fin de hacer crecer la disciplina; d) Establecer convenios institucionales con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, en materia de apoyo a la actividad deportiva de la asociación civil; e) Garantizar las prácticas sostenibles en distintos polígonos del país; f) Organizar y promover las competencias deportivas de esta disciplina; g) Promover el uso de las tecnologías aplicadas a esta disciplina; h) Promover la creación de un fideicomiso de apoyo a tiradores nacionales para la participación en torneos del exterior; i) Promover la disciplina de Long Range en todas sus formas y modalidades; j) Promover y patrocinar las acciones formativas y divulgativas; k) Actuar como Usuario Comercial (ANMAC) para la adquisición y venta de materiales e insumos para el desarrollo de la actividad entre sus asociados, en ningún caso con fines de lucro.Que, sin perjuicio de lo que será materia de consideración seguidamente, lo enunciado en los apartados i), j) y k) precedentes, como parte de los propósitos descriptos en el estatuto de la entidad, se presentan como una notoria extralimitación en el marco de una persona jurídica con aspiración a ser autorizada para funcionar como asociación civil, dado que, de un lado, se propicia la promoción y patrocinio de una actividad no beneficiosa para el colectivo comunitario, por ajena al interés general y al bien común; y, de otro lado, se pretende alcanzar la categoría de Usuario Comercial en los términos definidos por la ANMAC, lo que posibilitaría la adquisición, por ejemplo por vía de importación y tránsito por zona primaria aduanera argentina, de sofisticadas armas, elementos tecnológicos accesorios y municiones de largo alcance, para la sola utilización y/o beneficio de los miembros de la entidad, cuestión claramente crematística y de limitadísimo alcance subjetivo, que tampoco aparece amparada en los requerimientos propios del interés general y del bien común y se emparenta más con un infundado privilegio, hasta potencialmente lesionante del principio iusfundamental de la igualdad -artículo 16, Constitución Nacional-, que a la postre derivaría en ventajas económicas y/o en lucro – al menos indirecto -, para los sujetos asociados, lo cual es una causal concreta de denegatoria autorizativa por parte de este Organismo de control estatal -conf.inciso 3), artículo 374, «Normas de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA»-.

Que, en lo relativo al bien común, «la jurisprudencia de nuestros tribunales – a lo largo de los años – ha entendido que el bien común deberá interpretarse como conveniente al pueblo, que habrá de trasladarse en forma directa o indirecta a la comunidad donde las asociaciones civiles cumplan su objeto y que no será interpretado como la suma de los bienes individuales de cada uno de los integrantes de la comunidad, sino en un plano más elevado, como el bien de la comunidad en su conjunto» (BORGHI, Rodolfo y LUINI, Sabrina, CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Análisis doctrinal y jurisprudencial, BUERES, Alberto J., Director y COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, Coordinador, Tº 1 A, pág. 701, Hammurabi, Bs. As., 1ª edición).

2. Que, examinada la formulación transcripta, se advierte que la misma no se compadece con la promoción y expansión del bien común que entidades como la requirente de autorización deben satisfacer, como contribución al medio social en el cual deben desenvolver su actividad.

Que tampoco se advierten razones de interés general que justifiquen favorecer actividades que, para ser autorizadas, el Estado debe jerarquizar como de su propio interés, en cuanto gestor principal del bien común.

Que, el artículo 2° de la Resolución General IGJ N° 7/2015 («Normas de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA») declara entre los objetivos de la misma el de fomentar la asociatividad de las personas humanas para perseguir fines de bien común, sea mediante asociaciones civiles y/o fundaciones (artículo citado, su inciso 2).

Que, el artículo 371, de la misma normativa, establece pautas genéricas de apreciación en orden a resolver sobre el otorgamiento de autorización para funcionar como personas jurídicas a las asociaciones civiles y a las fundaciones, estableciendo que la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA apreciará razones de oportunidad, mérito y conveniencia que se funden en el interés público de que las entidades satisfagan finalidades de bien común y cuidará que los estatutos de ellas se conformen a la ley y a las disposiciones de las Normas del Organismo, aseguren su organización y funcionamiento y no contraríen normas y principios de orden público.

Que el artículo 373 de las citadas «Normas», contempla, a su vez, en cuanto a la consideración del interés general en las asociaciones civiles, que el mismo se interpretará dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales conforme lo establecido en el artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación; y que en la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser efectuada. Estas aludidas valoraciones sociales imperantes son, mayormente, las nominadas jurídicamente como «buenas costumbres».

Que, por su parte, el artículo 374 del citado ordenamiento prevé, en su inciso 3, como causal de denegación de la autorización para funcionar, que el objeto social enunciado no satisfaga el interés general o el bien común o que la entidad persiga directa o indirectamente finalidades lucrativas o tienda a reportar ventajas económicas para el fundado, los asociados o los integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización.

3.Que, en las «Normas» de este Organismo, la exigencia del cumplimiento de finalidades de bien común en territorio argentino se halla igualmente presupuesta con claridad, como condición, con respecto a entidades del exterior, para otorgar a las mismas autorización de apertura y funcionamiento de representaciones o establecimientos permanentes, estableciéndose expresamente, asimismo, la aplicabilidad de los antes reseñados artículos 371, 373 y 374, inciso 3 (artículos 377, último párrafo, y 378, «Normas»).

Que, otras disposiciones de la reglamentación citada, reconocen calidad de sujetos del Derecho, bajo la categoría de simples asociaciones, a las asociaciones vecinales y a las agrupaciones políticas de los clubes (artículo 376).

Que, en el ESTADO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE DERECHO que rige en la REPÚBLICA ARGENTINA, no es preciso acudir a dogmática religiosa alguna – ni siquiera cuando la religión eventualmente apoyada por una entidad fuera profesada o tuviera la adhesión de la mayoría de la comunidad – para sostener que el bien común es el bien estatal, sobre el cual debe proyectarse el objeto de una asociación civil, pues por esa forma jurídica y su objeto debe ser autorizada a funcionar, razones éstas por las cuales dicho objeto debe presentar por sí mismo una incidencia directa sobre el bien común.

4.Que, en el caso particular que se aborda, los propósitos estatutarios de la requirente no se revelan como relacionados con la satisfacción de derechos básicos de la persona humana reconocidos en la Constitución Nacional que exhiban, claramente, fines no lucrativos, útiles y aun desinteresados, sino que se evidencian como meros intereses individuales de los integrantes de la entidad, los cuales no resulta imprescindible que el Estado jerarquice como propios e inherentes a su misión de proveer al bien común -que es de raigambre constitucional como lo evidencian las prescripciones sobre progreso y prosperidad (artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional y su Preámbulo)- a través de una específica autorización para funcionar, siendo que el derecho de asociación de los constituyentes de la entidad no se halla comprometido, toda vez que puede ser adecuadamente realizado a través de una figura como la de la «simple asociación», cuya creación y funcionamiento se hallan exentos de la autorización y el control estatal y sólo tienen como límite la licitud del objeto asociativo (artículo 187 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación).

Que los propósitos asociativos de una entidad que solicita la autorización estatal no contraríen frontalmente al bien común o al interés general, es sólo condición necesaria de licitud primaria de su objeto, pero no resulta suficiente para la autorización, pues, en el supuesto sobre el que se discurre, dichos propósitos no aparecen satisfaciendo la condición positiva de la promoción del bien común que es de interés público y que resulta de inexcusable exigencia desde que la autorización para funcionar tiene su fundamento en que las finalidades de las entidades deben guardar coincidencia con finalidades jerarquizadas por el Estado como propias, advirtiéndose, en el presente caso, que actividades basadas en el uso de armas de fuego de alta precisión a largo alcance no se corresponden con las finalidades estatales relacionadas con dicho uso, que sólo son las de ladefensa común y la consolidación de la paz interior y la seguridad pública, de acuerdo con las prescripciones constitucionales vigentes.

5. Que, en orden a las valoraciones sociales a ser consideradas en la ponderación del interés general que también debe satisfacerse, no se advierte que esas valoraciones mantengan vivas, de modo generalizado en la comunidad, tradiciones favorables a prácticas sociales con armas de fuego – en el caso, hasta de extrema sofisticación tecnológica y peligrosidad a gran distancia -, sino que éstas, aun compartidas ocasionalmente por algunos pocos, son de orden estrictamente privado y no reflejan inclinaciones que se trasladen o deban trasladarse positivamente – o mediante acciones positivas como ser la autorización para funcionar como asociación civil – al entendido como bien común de la sociedad considerada en su conjunto, también denominado interés público o bienestar general (conf. BIELSA, Rafael, «Principios de Derecho Administrativo», 3ª. ed., Buenos Aires, Depalma, 1963, págs. 830-831). Es que el bienestar general ponderado en la Constitución Nacional tiene como correlato jurídico el interés público, el cual es no sólo la suma de una mayoría de intereses individuales coincidentes, personales, directos, actuales o eventuales, sino también el resultado de un interés emergente de la existencia de la vida en comunidad, en el cual la mayoría de los individuos reconocen, también, un interés propio y directo (conf. ESCOLA, Héctor Jorge, El interés público: como fundamento del Derecho Administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989, pág.31).

Que, antes bien que esto último – reconocimiento o valoración de un interés generalizado y propio de nuestra comunidad en el marco de la potencial realización de las finalidades asociativas singulares descriptas -, con este piso de marcha, tales valoraciones tienden a ser negativas en virtud de una tendencia sostenida a la generalización de percibir al uso liberalizado de armas de fuego como un factor de crecimiento de índices de inseguridad pública, lo cual es una instalación en el medio social que no se advierte disminuida por valorización y aceptación diferenciadas del uso de las armas cuando tienen finalidades deportivas o son sofisticadas, máxime cuando su potencial de letalidad es enorme, como en la especie. Es que apreciar el bien común, es apreciar aquello que la sociedad en su conjunto considera digno de protección; y se pretende que las entidades realicen una actividad altruista, o al menos que esa actividad colabore de manera inmediata o mediata con el bienestar general (cfr. CROVI, Luis D., Régimen legal de las asociaciones civiles, ed. Lexis Nexis, 2006, pág. 52).

6.Que esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA no puede entonces circunscribirse a un test de comprobación del «objeto lícito formal» de la asociación civil requirente, sino que cuenta con atribuciones – propias del Derecho Constitucional y Administrativo – que trascienden el ejercicio de facultades regladas e involucran apreciaciones de oportunidad, mérito y conveniencia, para las que dispone de márgenes de suficiente discrecionalidad en orden a ponderar también, además de la promoción del bien común expandido hacia la comunidad, un contexto social predominantemente marcado por una valoración negativa del uso de armas de fuego por parte de personas no afectadas a funciones de protección de defensa común y resguardo de la paz interior y la seguridad pública, según precedentemente fue puntualizado.

Que, en consecuencia, y siendo que la garantía constitucional de asociación es susceptible de realizarse mediante la conformación de una «simple asociación» – en su caso con base en las estipulaciones de la presente debidamente adecuadas al régimen legal de dichas entidades y explícita declaración de voluntad en tal sentido de los aquí constituyentes, nada de lo cual estará sujeto al contralor de este Organismo -, no se halla en juego en la especie un derecho subjetivo ligado a una autorización estatal que, al no configurar actividad estatal reglada, cuenta con márgenes amplios de discrecionalidad, los cuales no se hallan irrazonablemente excedidos con la eventual denegatoria que se decida en la medida en que, por lo expresado en los considerandos que anteceden, la desestimación de lo requerido en el Expediente de mención no colisiona con la actual escala de valores de la comunidad que nos concierne.

Que, ítem más, la mentada escala de valores comunitaria se vincula estrechamente con la noción de buenas costumbres, las que también hacen las veces de valla o límite a la autonomía de la voluntad (conf.CUIÑAS RODRÍGUEZ, Manuel, El objeto, la prestación y el contrato en el nuevo Código Civil y Comercial argentino, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Nº 278, Año 2016, págs. 637 a 652, nota 29 y texto anotado, Abeledo Perrot, Bs. As., 2016). Es que siendo el asociativismo y su acto constitutivo una manifestación puntual de la genérica libertad de contratación o convención, no puede soslayarse que su contenido debe enmarcarse no sólo dentro de los límites impuestos por la ley en sentido formal y material – como se ha considerado suficiente más arriba -, sino que también ha de estar delimitado por los contornos propios del orden público, la moral y las buenas costumbres -arg. arts. 12, 958 y 1004 del Código Civil y Comercial de la Nación-, no estando dentro de estas últimas – buenas costumbres – los enunciados por la entidad requirente como propósitos asociativos en su acuerdo de voluntades originario.

Que, en mérito a las consideraciones efectuadas, corresponde denegar la solicitud de autorización para funcionar efectuada por la ASOCIACION CIVIL UNION LONG RANGE DE ARGENTINA, resultando inoficioso, habida cuenta del sentido en que se decide, pronunciarse sobre su pedido de fs. 20 de ser exceptuada del cumplimiento de la Resolución General IGJ N° 34/2020.

POR ELLO, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas en los considerandos que anteceden y lo establecido por los artículos 3°, 10, y 21 inciso b), de la ley 22.315,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1°: Denegar el otorgamiento de la autorización para funcionar solicitada por la ASOCIACION CIVIL UNION LONG RANGE DE ARGENTINA.

Artículo 2°: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

RESOLUCION PARTICULAR N° 444/2020.

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