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#Fallos Edesur: Reconectaron el servicio en un edificio sin medir la posibilidad de fuga, lo que derivó en la electrocución y posterior fallecimiento de una persona

Partes: D. H. R. y otros c/ Edesur S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 14-sep-2020

Cita: MJ-JU-M-128379-AR | MJJ128379 | MJJ128379

Responsabilidad del prestatario del servicio de energía eléctrica que reconectó el servicio en un edificio, sin medir la posibilidad de fuga y que derivó en la electrocución y posterior fallecimiento de una persona. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Si no obstante las notorias deficiencias de la instalación, se reconectó el servicio sin haber medido siquiera la posibilidad de fuga, la responsabilidad de la prestataria por el fallecimiento de una persona que se electrocutó resulta inequívoca.

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2.-La responsabilidad por la brutal descarga eléctrica que produjo la muerte de la esposa del actor fue causada por la deficiente conexión del medidor, ya que si con anterioridad al referido cambio no se habían producido inconvenientes con la instalación eléctrica, la explicación plausible del desenlace se encuentra en el cambio de posición de los cables, que encontró en la obsoleta y dañada instalación de las unidades y en la falta de disyuntor un campo propicio para desarrollar su potencialidad destructora.

3.-Aun cuando las cañerías comunes se ubiquen dentro de las paredes de una de las unidades privativas, el responsable de su mantenimiento y reparación es siempre el Consorcio, de manera que el copropietario sólo responderá en la medida en que hubiese impedido la reparación.

4.-Si ambas instalaciones -eléctrica y sanitaria- se encontraban empotradas, no hay dudas que la deficiencia que provocó la descarga eléctrica que produjo la muerte de la esposa del actor se hallaba bajo la órbita del consorcio y no de los propietarios de las respectivas unidades funcionales.

5.-Con relación a los servicios públicos domiciliarios, el derecho a la salud tiene una vinculación directa con aquellos que son potencialmente peligrosos, tales como la provisión de gas y energía eléctrica, lo que obligará a los prestadores a adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a preservar la salud, la vida y la integridad de los usuarios, según lo dispuesto por los arts. 5 y 6 de la Ley 24.240.

6.-El daño extrapatrimonial causado a los hijos por el fallecimiento de su madre electrocutada debe ser reconocido, ya que es indudable que se han visto privados de crecer con su afecto, cuidados y consejos a una edad muy temprana y decisiva para su formación.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala «M» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. María Isabel Benavente y Gabriela A. Iturbide, a fin de pronunciarse en los autos «D., H.R. y otros c/ Edesur SA y otro s/ daños y perjuicios», expediente n° 87.218/2007, la Dra. Benavente dijo:

I.- El 15 de julio de 2005, mientras I. C. -por entonces propietaria de la UF n°4 del edificio ubicado en Camarones xxxx/7- intentaba bañarse sufrió una descarga eléctrica que le causó la muerte. Su ex pareja, en representación de los hijos menores de ambos -S. D., M. E. y B. E. D.- promovió demanda contra «Empresa Distribuidora Sur S.A.» y Ariel Santiago Benvin, este último, en su carácter de propietario de la unidad funcional n°1, ubicada en planta baja del mismo inmueble. Opuso excepción de falta de legitimación pasiva y solicitó la citación como terceros obligados de los vendedores del inmueble -Felisa Filguenstein, Sara Chapov, Marcela Chapov y E. Chapov- planteo que fue admitido por la Sala a fs. 236/237.

Producidas las pruebas que se designaron en la audiencia preliminar a fs. 349, el colega de grado dictó sentencia a fs.851/866. Desestimó la demanda contra el propietario del inmueble y declaró de tratamiento abstracto las excepciones articuladas por el emplazado como así también por los terceros, e impuso las costas en el orden causado. Condenó, en cambio, a Edesur S.A. al pago de las sumas fijadas, con más sus intereses y las costas del juicio.

El pronunciamiento fue recurrido por todos los intervinientes. La actora en procura de que se extienda la condena contra el titular registral de la UF n°1 de Camarones xxxx/7. La tercera citada se agravió -a su vez- por el curso de las costas. Finalmente, Edesur S.A.cuestionó la atribución de responsabilidad y, en subsidio, apeló las partidas y los montos asignados por el a quo.

II.- Por razones de método, corresponde expedirse, en primer término, sobre las quejas tanto de Edesur S.A. como de los actores, vinculadas con la atribución de responsabilidad que los segundos procuran extender contra Benvin, titular de dominio de la unidad ubicada en planta baja del inmueble.

Edesur S.A. sostiene que la sentencia es arbitraria en tanto considera que la responsabilidad por el infortunio debe ser atribuida en forma concurrente, por un lado, al consorcio de propietarios -que no fue demandado- y, por otro, a su parte, cuando -en rigor- la prueba producida en la causa penal revela en forma categórica que las fallas de la instalación eléctrica y de plomería que causaron el infortunio, se encontraban en el sector privativo de las unidades funcionales que menciona, cuyas deficiencias ostensibles surgen demostradas con las pruebas producidas en sede penal.

Critica también el razonamiento del a quo en cuanto infiere que tanto la red eléctrica como la sanitaria son de propiedad común, no obstante que el reglamento nada dice sobre el punto. A su modo de ver, éstas son privativas de cada unidad funcional; de allí que el fluido eléctrico que circula por dichas instalaciones es también de cada copropietario. Señala que, tal como quedó acreditado en sede penal, los cables de los departamentos involucrados en el siniestro carecían de protección diferencial en sus tableros eléctricos (disyuntores), los que son indispensables para proteger contra descargas a tierra en cualquier punto de la instalación. La única protección contra sobrecargas -añade- se encontraba en la planta baja, en el tablero general.En consecuencia, entiende que la causa del siniestro obedeció al mal estado de las instalaciones particulares, como así también a la precariedad de la cañería de desagote del baño de la UF n° 4, de propiedad de la víctima, que transmitió humedad y afectó el cableado eléctrico.

III.- En la causa penal (N° 42.029/05), que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, Secretaría n° 114 se produjo copiosa prueba que permite reconstruir el modo en que sucedieron los hechos.

El 15 de julio de 2015, personal de la Comisaría 43ª, fue desplazado por la División Comando Radioeléctrico hacia el edificio de la calle Camarones xxxx/7. Al llegar, encontraron dos ambulancias del SAME. Subieron por la escalera y en la puerta del baño observaron a una mujer boca arriba que estaba siendo asistida por dos médicas. También se hallaban en el sitio tres menores de edad, hijos de la víctima. Uno de los niños -M.- refirió que mientras se bañaba, su madre empezó a gritar e ingresó para ayudarla. Vio que su mano derecha tomaba la ducha manual y, al querer socorrerla, sufrió una descarga eléctrica. Luego se acreditó que I. C. había fallecido por un paro cardiorrespiratorio traumático, causado por electrocución, conclusión que fue corroborada por la autopsia (ver fs. 76 y s. de la causa penal).

Por otra parte, se acreditó que Benvin, adquirió el departamento ubicado en planta baja (UF n°1) del inmueble de la calle Camarones, el 1° de julio de 2005, esto es, pocos días antes de producirse el accidente. Al concurrir a la unidad, advirtió que no tenía luz y faltaba el medidor.

Se dirigió entonces a la inmobiliaria que intermedió en la venta, cuyo titular prometió hablar con la anterior propietaria. Unos días más tarde, comprobó que el problema estaba solucionado.Observó que en el interior de la pared de su casa, la mampostería se encontraba rota y, además, se había colocado una caja nueva en el exterior. Según la factura de Edesur, la instalación del nuevo medidor se había realizado en su ausencia, el día 6 de ese mes.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción n° 42, se realizaron diversas medidas para investigar lo ocurrido. En primer lugar, personal de la División Siniestros de Bomberos y el Ingeniero Guillermo Larroque, se hicieron presentes en el lugar y realizaron las pericias de rigor. Como resultado de la inspección se refirió que la falla polarizaba la tubería de agua fría y caliente como así también las paredes. La deficiencia no provenía de la instalación propia del departamento de la víctima, sino de la unidad inmediata inferior (UF n° 1). Se procedió entonces a desenergizar los departamentos nro. 2 y 3 de la finca y el departamento del primer piso, comprobándose que las tuberías y paredes de este último permanecían polarizadas. Se recomendó el corte del suministro de toda la finca por personal de EDESUR, hasta tanto un electricista matriculado restableciera las condiciones de seguridad de toda la instalación (fs. 1/3 de la causa penal). Ese mismo día, declaró Ricardo De Cillis -empleado de EDESURse acercó al domicilio a efectos de colaborar con los peritajes. Comprobó que las instalaciones correspondientes a dicha empresa se encontraban energizadas, en completo orden y funcionamiento, hasta el primer seccionamiento correspondiente a los clientes. Procedió a energizar de a una las cuatro unidades del edificio y así detectó la presencia de tensión dentro de la planta alta cuando se accionó el interruptor que proporciona suministro eléctrico a la unidad de la planta baja (frente). Al medir la tensión en el departamento de la víctima ésta osciló entre los 205 y 140 Volts. Luego, interrumpió totalmente el suministro eléctrico en las cuatro unidades.Observó, entonces, que la instalación era antigua, los cables eran de goma y tela tanto en las instalaciones particulares como en la salida de los tableros y pasillos. No verificó irregularidades en la unidad de la planta superior, sino que, cuando se dio energía al departamento de Benvin, se comprobó tensión en la unidad n°4 (ver fs. 10/11 de la causa criminal).

Con posterioridad, en la causa penal el Ing. Larroque presentó un informe detallado de la peritación que había realizado (fs. 58/68). Allí señaló que al alimentar el departamento de planta inferior pudo comprobarse que tanto la grifería del baño como la de la cocina, al igual que la estufa ubicada en el hall de entrada, se polarizaron respecto de la tierra, situación que documentó con las fotografías adjuntas (nros. 4 a 8). Corroboró asimismo, que la instalación de dicha unidad estaba realizada con conductores cuyo material aislante era de goma y tela, muy antiguos, higroscópicos, actualmente de uso antirreglamentario.

Ninguno de los departamentos poseía disyuntor y la única protección contra sobrecargas y cortocircuitos era un interruptor termomagnético bipolar ubicado en el cuadro de alimentación del pasillo de entrada de planta baja (tablero general).

En el momento de la inspección, ninguno de los departamentos involucrados contaba con protección diferencial en sus tableros eléctricos internos.

Al removerse la base de mármol del tablero de la unidad n°1, quedaron expuestos los cables de tela y goma. Al separar esos conductores se midieron las aislaciones de cada ramal y se comprobó que el que alimentaba la iluminación de la cocina era el que tenía continuidad a tierra. En el techo de ese ambiente se pudieron ver manchas de humedad que provenían del departamento del piso superior (UF n° 4).

Al examinar todos los elementos peritados, el Ing.Larroque concluyó que la pérdida de la electricidad que habría ocasionado el accidente se encontraría en el ramal conductor que corre por el techo de la cocina del departamento de planta baja al frente y «que conforma el piso del baño del departamento del primer piso» (punto 2.4, fs. 66). Asimismo -reiteró- que las instalaciones eléctricas realizadas con cables de tela y goma, son fundamentalmente afectadas por la humedad y, en el caso concreto, carecían de protección diferencial, que es indispensable para proteger contra descargas a tierra en cualquier punto. Al año siguiente, al ser citado a declarar como testigo en la causa penal, Larroque manifestó que el departamento de la planta baja-frente, tenía una pérdida eléctrica que polarizaba los tubos o caños de agua del departamento inmediato superior. Por efecto de dicha polarización, al tocar el grifo del baño, la víctima recibió la descarga eléctrica que determinó su fallecimiento.

Hasta aquí queda claro que el trágico accidente se produjo por la obsoleta instalación eléctrica de la unidad N°1, de propiedad de Benvin, cuyos cables de tela y goma y sin aislación, entraron en contacto con la humedad provocada por la cañería de agua que alimentaba el baño de la unidad del piso superior. También surge inequívocamente que ninguna de las unidades involucradas tenía protección diferencial. Podría decirse, entonces, que la causalidad material del siniestro radica en una falla ubicada en el sector privativo de ambos departamentos pues a la antigüedad de la red interna se sumó la humedad que emanaba de la cañería de agua del primer piso, factor este último que también fue decisivo para provocar la polarización y la consiguiente descarga que puso fin a la vida de C.Sin embargo, cerrar ahí el examen de la responsabilidad importaría un razonamiento sesgado y por cierto muy elemental, porque el problema se complementa con otros factores que son decisivos para resolver el caso, como se verá más adelante al examinar los agravios de Edesur.

IV.- Según se desprende del Reglamento de Copropiedad y Administración agregado a fs. 783/789, los dos departamentos involucrados forman parte del consorcio que se creó por iniciativa de los herederos del titular de dominio originario, quien adquirió la finca en el año 1948. Está formado por cuatro unidades funcionales. Es verdad que entre la nómina de los bienes comunes no se incluyó a la instalación eléctrica ni a la red sanitaria (artículo tercero). Por eso, es razonable que el a quo hubiere indagado si, a pesar de la omisión reglamentaria, dichas instalaciones son de propiedad exclusiva de los copropietarios o bien de propiedad común, pues de la respuesta dependía -nada menos- que la procedencia de la demanda contra Benvin.

Al respecto, con voto preopinante de la Dra. Iturbide, esta Sala sostuvo recientemente que aun cuando el artículo 2° de la ley 13.512 no contemplaba la distinción entre bienes necesariamente comunes y los que no lo son pero están afectados al uso común, como lo hace en cambio actualmente el Código Civil y Comercial en el artículo 2041 y siguientes, dichas normas no hacen más que recoger la distinción cuyo reconocimiento ya era unánime en nuestra doctrina y jurisprudencia, a pesar de las discrepancias que aún se mantienen en relación a cuáles son los bienes que se encuentran comprendidos dentro de cada concepto.Los primeros, también llamados «indispensables», no pueden perder su calidad de comunes puesto que hacen a la esencia del sistema de propiedad horizontal, tales como los cimientos, muros maestros, etc.; mientras que los segundos, también conocidos como «convenientes», pueden ser incluidos en el reglamento de propiedad originario, o con posterioridad, como de propiedad exclusiva (esta Sala, in re «Consorcio de Propietarios Avenida Congreso 1628 c/ Wanschelbaum s/ ds. y ps,» expte nº 22.784/2013 , del 14-9-2020).

En el primer supuesto cabe ubicar a todas las instalaciones que recorren internamente e interconectan a las redes sanitarias e instalaciones eléctricas, hasta su ingreso en la unidad funcional (art. 2041 inc. f), criterio éste que había sido sostenido en forma constante por la doctrina (conf. Elena I. Highton, «Derechos reales» volumen 4, «Propiedad horizontal y prehorizontalidad», 2da edición renovada y ampliada, ed. Hammurabi, pag. 105, año 2000; Gabas, Alberto Aníbal, «Manual teórico-práctico de propiedad horizontal», Hammurabi, p.81 y concs.; Gurfinkel de Wendy, Lilian N., «Cuestiones dudosas en torno al instituto de la propiedad horizontal», LL 2016-B, 1242). Así, bien se ha dicho que el consorcio debe hacerse cargo de los arreglos que aquéllas exijan pues, por un lado, se presume que todo es común, con excepción de lo que el Reglamento de Copropiedad regule como privativo. De allí, a menos que se acredite la responsabilidad del consorcista o de un tercero, no queda otra alternativa que atribuírsela al consorcio, ya que se trata de un sistema solidario donde unos cubren a otros, y luego pueden ser cubiertos al sufrir desperfectos (conf. CNCiv., Sala H, voto del Dr. Kiper en «Castaño, Bernardo Luis c. Cons. de Prop. Edif. Suárez s/ daños y perjuicios», del 15-3-2015, LL 2015-C, p.461). También se ha sostenido que cuando se trata de un edificio dividido en propiedad horizontal debe distinguirse entre las cosas comunes, de las cuales es guardián el consorcio y las cosas privativas, de las cuales es guardián el dueño de la respectiva unidad, para concluir que en materia de humedades y filtraciones originadas en superficies y lugares comunes del edificio, la responsabilidad incumbe al consorcio (CCMendoza, Sala 1, Expte. 55.593 «Martínez, Gerardo c. Pallares, Alejandro y otro s/ daños y perjuicios», RSD-32-8 S. 26/02/2008; en el mismo sentido CNCiv., sala H, «Echagüe, María G. y otros c. Consorcio de Propietarios Marcelo T. de Alvear 2420 y otro» , S. 13/03/2007; CNCiv., sala F, «Bozzano, Nelly E. A. y otro c. Consorcio de Propietarios de Estados Unidos 3502», S. 25/09/2008; CNCiv., sala E, «Del Castillo, Rubén C. c. Consorcio de Prop. Avda. Corrientes 4290/4300», S. 05/03/2008). No enerva este criterio la circunstancia de que las cañerías comunes se ubiquen dentro de las paredes de una de las unidades privativas, pues el responsable de su mantenimiento y reparación es siempre el Consorcio, de manera que el copropietario sólo responderá en la medida en que hubiese impedido la reparación («Propiedad horizontal»; Dir. Kiper, Claudio, p. 196).

De lo expuesto se deduce que no es verdad, como sostienen tanto Edesur como la parte actora en sus respectivas quejas, que el a quo hubiera asignado arbitrariamente la propiedad de las instalaciones al consorcio, con la única finalidad de evitar una sentencia de condena contra el propietario de la unidad funcional n°1.El razonamiento seguido por el juzgador se ajusta a los lineamientos reseñados anteriormente.

En tales condiciones, si ambas instalaciones -eléctrica y sanitaria- se encontraban empotradas -extremo que fue esclarecido a partir de la prueba, como se verá seguidamente- no abrigo dudas que la deficiencia que provocó la descarga eléctrica se hallaba bajo la órbita del consorcio -que no fue demandado- y no de los propietarios de las respectivas unidades funcionales.

En efecto, tanto en la causa penal como en la que se examina, declaró como testigo Eduardo Julio Ballester Sordo. Manifestó que si bien desde abajo sólo se veía que la pintura estaba deteriorada con humedades viejas -no había goteo de agua- al desmontar el cielorraso de yeso verificó que efectivamente había humedad (fs. 477/479). Vale decir, la causa de la humedad salió a la luz una vez que se desarmó el cielorraso y se advirtieron las deficiencias estructurales producidas por la vetustez tanto de la red sanitaria como de la instalación eléctrica. Allí surgió de manera inequívoca que los cables de electricidad entraron en contacto con la humedad producida por los caños de la primera. Esta misma persona, al ser citada a declarar en estos autos, explicó que los caños de luz correspondientes a la UF n°1 al igual que los de desagote sanitario del baño de la unidad funcional n°4, se encontraban en el techo de la cocina del demandado y estaban separados por una distancia de 20 cm. La cañería sanitaria -que era de hierro- estaba dañada.Pudo ver que el caño de agua con humedad correspondía a la ducha, al lavatorio y al desagote del inodoro del baño del piso superior, que estaba ubicado por debajo de la losa (ver video 286 de esta causa).

En ese contexto, coincido con la valoración efectuada por el primer juzgador en cuanto a que el infortunio se produjo no sólo por el deficiente estado de la instalación eléctrica, sino que ésta desató su potencialidad destructora al entrar en contacto con la humedad de los caños de desagote oxidados que provenían del primer piso. Estos se encontraban ubicados debajo de la losa -es decir, empotrados- y atravesaban la cocina de la unidad funcional n°1. Como estaban cubiertos por el cielorraso, la falencia no podía observarse a simple vista, en toda su dimensión.

De lo expuesto se deduce que la sentencia, en tanto libera de responsabilidad a Ariel Benvin, se encuentra debidamente justificada.

V.- Para concluir en la responsabilidad de EDESUR el colega de grado examinó la Resolución ENRE 207/95 que se encontraba vigente al momento de producirse el siniestro. Establecía la aplicación de la reglamentación prevista por la Asociación Electrotécnica Argentina, de cumplimiento obligatorio para inmuebles nuevos y no para aquellos anteriores a su vigencia. Según dicho reglamento, las instalaciones eléctricas debían ser objeto de una inspección inicial previa y otra periódica. En el caso de las unidades de vivienda afectadas a propiedad horizontal, preveía el plazo máximo de cinco años a ese efecto. Sin embargo, en esa directiva no estaba indicado quién debía llevarla a cabo. Tampoco el ENRE colocó dicha tarea a cargo de las concesionarias del servicio eléctrico (ver informe de fs.432 de la causa penal). De todos modos, sobre la base de las pruebas colectadas en la causa, el a quo concluyó que Edesur es responsable del siniestro.

Es verdad que, como se sostiene en las quejas, el límite entre la red pública y la del cliente se encuentra en la conexión domiciliaria. La responsabilidad de la empresa se verifica en aquellos casos en que la falla obedece al funcionamiento de alguna de sus instalaciones y no por las deficiencias provocadas en el interior de los inmuebles. En esta última hipótesis se ha dicho que la interrupción del nexo causal es total (ver CNCiv. Sala F, «Herrera, Abelardo c/Edenor S.A., del 03/11/2009, publicado en AR/JUR/47085/2009; ídem, Sala H, «Benítez, Eloísa y otro c/ Edenor S.A.», del 17/02/2010, publicado en AR/JUR/45099/2010). Así, con otra composición, esta Sala ha so stenido que sería absurdo pretender que siempre responda la empresa distribuidora de la energía cuando el habitante de cualquier vivienda sufre una descarga eléctrica motivada en el deficiente estado del cableado o de la instalación interna (CNCiv., esta Sala, «Hermosa, Gerónimo y otro c/ Edefor SA s/ daños y perjuicios», expte. N° 105.294/01, del 18-5-2015; ídem, sala G, H.A., I. c. Edesur S.A, 13/06/2008). Si en cambio, el hecho ocurre dentro de una vivienda familiar, quienes utilizan la electricidad son sus dueños o guardianes, por lo que para responsabilizar a la empresa, son ellos quienes deben acreditar que se debió a una deficiencia en el suministro de la energía eléctrica (conf. STJ Misiones, 15/05/2006, «Sartori, Omar y otra c. Coop. de electricidad y otros servicios públicos de Leandro N.Alem», LL, Litoral 2006 (noviembre), 1274).

En definitiva, para que responda la emplazada debe probarse que el siniestro obedeció a problemas técnicos vinculados con su órbita de control, pues la energía eléctrica por sí sola, si bien es condición sin la cual no se habría producido el daño, no tendrá la aptitud suficiente para imputarle el resultado nocivo; lo cual es así por la falta de una relación de causalidad adecuada (conf. Prevot, Juan Manuel, «Electricidad, riesgo, eximentes y responsabilidad», nota a fallo, LLLitoral 2006 (noviembre), 1274; y en La Ley Online).

En la especie, el a quo atribuyó a Edesur el incumplimiento de la directiva que contiene el art. 4 del «Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los Servicios Prestados por las Empresas Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A. Según esa disposición, «la distribuidora tendrá la obligación de instruir a su personal vinculado con la atención, conservación, lectura, cambio, etc. de medidores, equipos de medición, conexiones y otros, sobre su responsabilidad inexcusable de informar las anormalidades que presenten las instalaciones comprendidas entre la toma y el primer seccionamiento (tablero)» (inc.d). Dicha obligación -que no fue cuestionada por la concesionaria en las quejas- está directamente relacionada con el art. 16 de la ley 24.065 que obliga a los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto.

Veamos. No se encuentra discutida la intervención de Edesur en la colocación del medidor pocos días antes del siniestro, el 6 de julio de 2005. Uno de los copropietarios de las unidades funcionales que declaró como testigo en sede penal -Gabrielli- manifestó que ese día, en horas de la tarde, personal de Edesur tocó el timbre de su unidad explicándole que cortarían la luz para realizar una reparación en la calle.Vio entonces que esas personas rompieron la fachada del edificio y la vereda para cambiar la caja primaria que contiene NH o tapones blindados, ubicada en el frente del inmueble. A eso de las 20hs., golpearon la puerta y solicitaron acceder al pasillo a fin de dividir las fases que se encontraban unidas en la caja del pasillo del edificio. Adelante del testigo, los dependientes dividieron los cables que subieron a los medidores, que hasta ese entonces se hallaban unidos. Luego, cerraron la caja interior y exterior y arrojaron tierra sobre la vereda rota. Dos días después regresaron y arreglaron las baldosas.

Según Gabrielli, con anterioridad a la reparación que presenció, personal de Edesur había ingresado y colocó el medidor correspondiente a la unidad n° 1 que se encontraba deshabitada (fs. 141/142).

La declaración de Eduardo Julio Ballester Sordo, tanto en sede penal (fs. 477/479 de la instrucción), como en esta causa (ver audiencia videofilmada en sobre reservado), es ciertamente ilustrativa para resolver el problema causal. El declarante fue convocado por Benvin para reparar la instalación eléctrica de su domicilio, poco tiempo después de producido el siniestro. Retiró el cableado antiguo, que no presentaba signos de deterioro a la vista. Colocó dos disyuntores, cambió el cableado y los tomacorrientes. En la cocina observó signos notorios de humedad en los tramos dentro de los caños. En el departamento no había artefactos, sino portalámparas provisorios, como en toda casa que recién se habita. Observó que el tramo entre el tablero y la cocina tenía los cables pegados, a tal punto que no los pudo sacar y se vio obligado a realizar una nueva cañería. En el pasillo común instaló también una nueva, porque la existente se hallaba inutilizada por el mismo motivo. En la audiencia penal, se le exhibió el plano que obra a fs. 152 de esos obrados y ubicó el pasillo común fuera del inmueble de Benvin.Al ser interrogado sobre si el tablero exterior que se muestra en el dibujo es aquel al que accedió EDESUR respondió afI.tivamente. También se le preguntó cuál era el estado de los cables a los que realizó la conexión la demandada y manifestó que eran cables viejos, sin polaridad, que son peligrosos porque se corre el riesgo de conectar fases cambiadas y provocar un accidente. Esos cables son de Edesur y sólo la prestataria puede modificarlos. Incluso el testigo que fue convocado a realizar la reparación de la instalación eléctrica luego del accidente, no la cambió.

Al ser citado en esta sede, dijo que los dos tramos del sistema eléctrico tenían problemas, es decir, tanto el seccional como el circuito interno de la casa. Ambos tenían óxido y se encontraban visiblemente en mal estado. Explicó también que el medidor tiene cuatro cables, uno vivo y uno neutro a la entrada y otro par igual -vivo y neutro- a la salida. No estaban diferenciados sino que eran del mismo color. También lo eran los que ingresaban a la propiedad. Esos cables no fueron cambiados al momento de reinstalarse el nuevo medidor, sino que la conexión se realizó con los ya existentes. Es evidente -dijoque alguno de ellos tenía fuga de electricidad, extremo que bien pudo haber sido advertido de haberse utilizado un simple tester. Añadió que si la fuga hubiera ocurrido en un cable neutro, no habría habido mayores inconvenientes, pero si los cables pegados y oxidados eran los vivos, la descarga que podían producir era idónea para matar a una persona.

Pues bien. Miguel Angel Koszczej -que se desempeña como jefe del departamento técnico de la zona Río de la Plata de Edesur- señaló que las personas que conectan el servicio eléctrico tienen que hacer necesariamente cursos de capacitación y son habilitados para la tarea. Agregó que al momento de colocar el medidor, el instalador debe tomar ciertas medidas de seguridad, entre ellas, desenergizar la toma primaria y cortar el seccionamiento primario.»Una vez asegurada la ausencia de tensión procede a conectar el medidor correspondiente respetando la secuencia de fases si se tratara de un medidor trifásico y conectando previamente el neutro.concluido el trabajo habilita o energiza la toma primaria. Con el medidor energizado, verifica la ausencia de dispersión eléctrica en las instalaciones. Si existiese alguna falla se advierte si es en la parte de la empresa o del cliente. En ese caso debe dejar interrumpido el servicio y notificar» (ver fs. 572). El procedimiento descripto es la conducta prudente que se espera de una empresa prestataria del suministro eléctrico, cuyos deberes para evitar daños deben ser cumplidos con mayor estrictez por la naturaleza particularmente peligrosa del fluido. De allí, ante la mera sospecha de anomalías en la red eléctrica cuenta con facultades de no habilitar el servicio hasta que se solucionen los problemas, de manera de evitar consecuencias que se pueden después lamentar (CSJN., Fallos 248:27/9).

AfI. Yzquierdo Tolsada que «el problema de si existe o no relación de causalidad entre la conducta humana y el resultado dañoso no es un problema jurídico. El legislador no es ni puede ser quien decida algo que, como las relaciones entre los efectos y sus causas, sucede siempre extramuros de cualquier apreciación de tipo jurídico. A lo más que puede llegar la intervención del jurista es a seleccionar de entre las diferentes concausas aquella o aquellas que, desde el punto de vista jurídico, debe interesar para fundamentar el juicio de responsabilidad, y a determinar cuántas de las consecuencias que causalmente se encuentran unidas a la acción del hombre pueden ser puestas a su cargo a través de la obligación de resarcimiento. Pero esto ya es un problema de oportunidad legislativa o de justicia; en todo caso, de atribución o imputación objetiva, y como tal, un problema al que el concepto de causa es totalmente ajeno» (conf. Yzquierdo Tolsada, Mariano, «Sistema de Responsabilidad Civil contractual y extracontractual», ed. Dikinson, Madrid, 2001, p.193 ss.). De modo que para este autor, los operadores jurídicos no son productores sino consumidores de las leyes causales (conf. Yzquierdo Tolsada, op.y loc.cit.). Como se advierte, la relación causal es un vínculo externo que se establece entre el daño (o el peligro de daño) y un hecho que lo ha generado, en razón del cual ese perjuicio (o la amenaza de que ocurra) se imputa fácticamente al suceso que es su fuente, con prescindencia de toda valoración sobre injusticia o reprochabilidad (conf. Bustamante Alsina, «Teoría general de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 267; Goldenberg, Isidoro, «La relación de causalidad en la responsabilidad civil», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, pp. 15 y 42/43; Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., «Tratado de la responsabilidad civil», cit. T. I, p. 580). En tales condiciones, desde el punto de vista físico, para investigar cuál es la causa de un determinado resultado habrá que examinar si, suprimido uno de los factores concurrentes, el daño no se habría producido. Vale decir, corresponde despejar primero el panorama de causalidad material por la vía de descartar con diciones, para investigar luego su causa jurídica.

En el contexto explicado, a partir del examen de la prueba, aparece inequívoca la causalidad material entre la conexión del medidor, llevada a cabo pocos días antes de la tragedia -el 6 de julio de 2005- y el siniestro. En efecto, Ballester Sordo puso de manifiesto que los cables que salían del medidor eran viejos, del mismo color y sin polaridad, y destacó que el nuevo medidor fue colocado sin evaluar el estado de la instalación referida. La caja correspondiente a la unidad funcional n°1 -que estaba a sólo diez centímetros de aquél- tenía cables de tela y goma, todos pegados.Explicó que es usual que la persona que instala el medidor, al darse cuenta que los cables no tienen polaridad, baje la llave de esa caja para evitar que se produzcan chispazos en la mano de quien efectúa la conexión.

Indudablemente, las personas que fueron a realizar la conexión realizaron un análisis superficial de la situación y no dieron cumplimiento con las directivas de seguridad a las que se refirió Koszczej.

Di Francisco -técnico que declaró como imputado en sede penal- explicó que si la instalación hubiera estado en mal estado o no hubiera existido polaridad, la hubiese reparado de ser posible o hubiera dado aviso a la empresa (ver fs. 516/517). Pero lo cierto es que el panorama que advirtió días más tarde Ballester Sordo, indica que -cuanto menos- que aquél hizo caso omiso al estado calamitoso de la instalación pues, de otro modo, debió abstenerse de conectar el servicio y dar aviso a la empresa.

Un enfoque ex post del problema me convence, entonces, que la responsabilidad por la brutal descarga fue causada por la deficiente conexión del medidor. Si con anterioridad al referido cambio no se habían producido inconvenientes con la instalación eléctrica -véase declaración de Mónica Vilma Fernández, inquilina de la propiedad, a fs. 490 de la causa 45029/2005- la explicación plausible del desenlace se encuentra en el cambio de posición de los cables, que encontró en la obsoleta y dañada instalación de las unidades y en la falta de disyuntor un campo propicio -condición- para desarrollar su potencialidad destructora.

VI.- No es dudoso que en el caso resulta de aplicación la ley 24.240 y sus modificatorias, que es directamente reglamentaria del art. 42 CN, que reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a la protección de la salud y la seguridad y el trato digno. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema, en los fallos «Mosca» ( CSJN, «Mosca, Hugo A. c.Provincia de Buenos Aires y otros», del 6-3-2007, Fallos, 330:563) en el contexto de espectáculos deportivos y el fallo «Ledesma», en materia de transporte (Fallos: 331:819).

Es sabido que con relación a los servicios públicos domiciliarios -como es el caso de la provisión de energía eléctrica- el derecho a la salud tiene una vinculación directa con aquellos que son potencialmente peligrosos, tales como la provisión de gas y energía eléctrica, lo que obligará a los prestadores a adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a preservar la salud, la vida y la integridad de los usuarios (arts. 5 y 6 de la ley 24.240).

Específicamente, el artículo 6 de la LDC, establece: «Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.». Vale decir, los usuarios tienen derecho a que el servicio se preste en condiciones seguras y, correlativamente, los prestadores tienen el deber de hacerlo de forma tal de no afectar a las personas o los bienes de aquéllos. Un daño provocado al usuario por causa del servicio, genera la obligación de reparar por parte del prestador. Si la Constitución Nacional le impone el deber mencionado al prestador es porque pretende que a éste le cabe una responsabilidad mayor. Efectivamente, no debe olvidarse que es el prestador quien reviste la calidad de experto sobre el servicio que presta, es él quien hace de la provisión del servicio su profesión o modo de vida; consecuentemente es adecuado que se le exija el dominio técnico más absoluto sobre el servicio, de sus potencialidades dañosas y cómo prevenirlas (conf. Gamarra, Jorge, «Tratado de Derecho Civil Uruguayo», t. XIX «Responsabilidad Civil Extracontractual Vol. 10. Segunda Edición, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, ps. 71 a 72; Deambrossi, Jorge R.»El artículo 42 de la Constitución Nacional y los usuarios de los servicios público», La Ley Online; Lorenzetti, Ricardo L., «Consumidores», Ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 571; Moeremans, Daniel E., «Comentario al art. 25, ley 24240», en Picasso, Sebastián y Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), «Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada», t. I, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 319; Bersten, Horacio, «La protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios», en Picasso, Sebastián y Vázquez Ferreyra, Roberto A.

(dirs.), cit., t. III, p. 709).

En tales condiciones, si no obstante las notorias deficiencias de la instalación, se reconectó el servicio sin haber medido siquiera la posibilidad de fuga -hipótesis que era altamente probable por el mal estado del cableadosabiendo o debiendo saber el riesgo que podría traer aparejado, la responsabilidad de la prestataria resulta inequívoca (art. 40 LDC).

Por lo expuesto, propondré al Acuerdo, confI.r la sentencia en cuanto establece atribuir responsabilidad a Edesur S.A.

VII.- Analizaré seguidamente las quejas vinculadas a la procedencia y cuantía de las partidas indemnizatorias. a) Valor vida.

Es verdad que la vida humana no tiene por sí valor económico, sino que éste depende de las aptitudes para generar bienes, siempre con relación al derecho del pretendiente que se ve conculcado por el acto ilícito del que resulta la muerte de otro. No se trata entonces de indemnizar, como daño patrimonial, lo que el fallecido hubiera ganado en el resto probable de vida útil (doctrina conocida como «los lucros del muerto», adoptada por Freitas, art. 3643 inc. 2° del «Esboco», de la que se apartó Vélez), sino el daño que, en el caso, importa la privación de esa vida (conf. Sala G L. 169480, del 22 de marzo de 1995, «Trueba, Ignacio Ángel c/ Casagrande»; «Giménez Alejandro Eduardo y otro c/ Ferrocarriles» del 23 de mayo de 1995, del voto del Dr. Roberto E.Greco).

Como se advierte, desde el punto de vista conceptual, este renglón importa -en rigor- la indemnización de la chance, esto es, la pérdida de la posibilidad de contar en el futuro con la colaboración económica que probablemente hubiera suministrado el muerto (conf. Iribarne, H.P., «Daños a la persona», págs.293 ss.; Orgaz, «La acción resarcitoria en casos de homicidio» en Estudios de Derecho Civil, pág. 74; Aguiar, Henoch, «Hechos y actos jurídicos», t° IV, pág. 566 ss.; conf. Sala G, mi voto en «Rivero, Víctor A c/ Asociación Mutual Unión Ferroviaria y otros s/ daños y perjuicios» del 29/12/2017 y sus citas).

Al momento de su fallecimiento, I. C. tenía 46 años.

Hacía seis meses que vivía con sus tres hijos en el departamento de la calle Camarones. Se dedicaba a realizar tareas de costura y vendía toallas que ella misma pintaba (ver declaración de la testigo De Creo, CD sobre reservado, video 18). Y si bien no están probados sus ingresos, es posible realizar una estimación en función del nivel de vida de la familia que surge del beneficio para litigar sin desembolso de gastos.

Para fijar la cuantía, no debe soslayarse que la presunción de daño que establecían los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil alcanza sólo a los hijos menores. Por tanto, es preciso asegurarles, en la medida de lo razonable, una indemnización que sustituya los alimentos que la madre les podría haber provisto hasta que alcancen la mayoría de edad.Por supuesto que ese sólo fundamento no es suficiente ni tampoco lo es un simple voluntarismo subjetivo, sino que habrá que valorar los recursos con que hipotéticamente la fallecida podría haber hecho frente a las erogaciones que exigía su crianza y educación.

No pasa inadvertido que por el excesivo lapso que transcurrió desde el accidente hasta que se dicta este pronunciamiento, los beneficiarios han superado largamente el período en que estaban amparados por la presunción anteriormente referida, de modo que el resarcimiento en este caso tiende a enjugar la oportunidad de haber podido gozar de un mejor nivel de vida mientras fueron menores.

En función de estas variables, cabe tener en cuenta que los actores tenían distintas edades al morir su madre -S. 17 años, M. 15 y B. 11- y, por tanto, las expectativas de asistencia que no fueron cubiertas por la fatal desaparición de aquélla, varían en función del tiempo que a cada uno de los hijos le restaba para alcanzar la mayoría de edad que, en ese entonces, se lograba a los 21 años. Por tanto, pienso que la suma fijada debe ser adecuada al caso particular de cada uno de los hijos. En consecuencia, con criterio de prudencia y en los términos del art. 165 CPCCN, postulo incrementar la indemnización por este renglón a la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) para S. D.; PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para M. E. y de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) para B. E. D. b)Incapacidad psíquica En este acápite, el colega de grado circunscribió la cuantía de la reparación al costo del tratamiento psicoterapéutico solicitado en la demanda. Sólo se agravió Edesur SA, cuestionando la procedencia de este acápite, por entender que luego de transcurridos catorce años de la muerte de la madre, carece de toda efectividad. Olvida, sin embargo, que el retardo en llevar a cabo un tratamiento como el recomendado por la Lic.Masini, fue aconsejado hace poco más de tres años, de modo que el beneficio terapéutico para superar el tr auma vivido en la niñez o en la adolescencia -como es el caso de los dos hijos mayores- ha sido pericialmente comprobado y no encuentro motivos para descalificar la opinión de la experta (art. 477 CPCCN). Por lo demás, es inaudible que el responsable cuestione la admisibilidad de este acápite con fundamento en el tiempo transcurrido, cuando es claro que la demora en enjugar el menoscabo no fue causada por los pretensores, quienes en fecha cercana al pronunciamiento apelado, no habían logrado superar el mal causado por la muerte de su progenitora. c)Daño moral El daño extrapatrimonial causado a los hijos por el fallecimiento del padre, debe ser reconocido. Es indudable que se han visto privados de crecer con su afecto, cuidados y consejos a una edad muy temprana y decisiva para su formación. La muerte ha dejado, sin duda, huellas imborrables en su espíritu que deben ser compensadas. El paliativo económico, siempre imperfecto, nunca será suficiente para enjugar la pérdida, pero tal vez servirá de consuelo para atravesar este amargo trance (mi voto CNCiv., Sala G, «Rivero c/ Asociación Ferroviaria», cit.). Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (CApel.Civil y Com. de Azul, Sala II, «P., C. y otros c. A., A. R. s/ daños y perjuicios», del 13-3-2012, RCyS 2012-V, p.181).

Por tanto, si se repara en que los actores no contarán con el afecto y contención de su madre para atravesar las distintas etapas de la vida, que no tendrán su consejo ni palabra correctora, que los ayude a madurar y a elaborar las distintas contingencias que tengan que atravesar, es claro que se configura un daño moral que merece ser resarcido. Más allá de las dificultades que presenta su cuantificación, si se tiene en cuenta que la cuantía de este perjuicio ha sido justipreciada a valores del hecho, postulo mantener la suma admitida en el pronunciamiento recurrido (art. 165 CPCCN).

VIII.- Costas

Sara Chapov cuestionó que el pago de las costas causadas por su intervención hubiera sido impuesto por su orden y solicita que se disponga que deben ser cargadas al codemandado Benvin, que solicitó su intervención No comparto los fundamentos de la expresión de agravios de fs. 889/890. La causa que produjo la electrocución de I. C. quedó despejada con la prueba producida en este expediente y en la causa penal. Los actores demandaron a Benvin en su carácter de propietario, por considerar que las deficiencias de la instalación eléctrica habían provocado el siniestro. El accionado, a su vez, citó a los vendedores porque, de ser condenado por esas deficiencias, pretendía ejercer la acción de regreso contra aquellos que, pocos días antes del infortunio, le habían transmitido el dominio sobre la cosa. Por cierto, el resultado del juicio tornó innecesario el tratamiento de los alcances de la citación y, por ende, de las defensas articuladas por los emplazados. De modo que por las particularidades de la cuestión debatida, hizo bien el a quo en imponer las costas en el orden causado.

IX.- En síntesis. Postulo confirmar la sentencia en lo principal que decide y modificarla sólo en cuanto establece la cuantía del valor vida que se fija en PESOS CIEN MIL ($100.000) para S. D. D.; PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para M. E. D.y de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) para B. E. D.

De compartirse, las costas de Alzada deberán ser impuestas a la demandada, que resulta sustancialmente vencida por cuanto no encuentro motivos para apartarme del criterio objetivo de la derrota que en la materia establece el art. 68 del CPCCN. Ello, con excepción de las causadas por la apelación de Sara Chapov que propicio distribuir en el orden causado (art. 68, segunda parte, del CPCCN).

La Dra. Gabriela A. Iturbide adhiere por análogas consideraciones al voto precedente. Se deja constancia que la Vocalía nº37 se encuentra vacante. Con lo que terminó el acto, fI.ndo las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo.: María Isabel Benavente y Gabriela A. Iturbide. Ante mí, Adrián Pablo Ricordi (Secretario interino). Conste.

ADRIAN PABLO RICORDI

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve:

1) Confirmar la sentencia de fs.851/866 en lo principal que decide.

2) Modificar la elevando el acápite «valor vida» en PESOS CIEN MIL ($100.000) para S. D. D.; PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para M. E. D. y de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) para B. E. D.

3) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN), con excepción de las causadas por la apelación de Sara Chapov, que se imponen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del art. 68 CPCCN).

4) Regulados que sean los honorarios de primera instancia, se hará lo propio con los de Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se deja constancia que la vocalía nº 37 se encuentra vacante.

MARIA ISABEL BENAVENTE

GABRIELA A. ITURBIDE

ADRIAN PABLO RICORDI

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