#Fallos Capacidad jurídica: Reevaluación interdisciplinaria, una vez finalizada la pandemia, de la restricción a la capacidad dispuesta a quien padece un cuadro compatible con trastorno psicótico

Partes: H. F. s/ determinación de la capacidad jurídica

Tribunal: Juzgado de Familia de San Isidro

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 16-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-129926-AR | MJJ129926 | MJJ129926

Restricción de la capacidad de una persona -art. 32 del CCivCom primera parte- al habérsele diagnosticado un cuadro compatible con trastorno psicótico, disponiendo la reevaluación interdisciplinaria cuando se supere la situación actual de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de determinación de la capacidad jurídica de manera provisoria y excepcional y, en consecuencia, declarar que el causante se encuentra comprendido dentro de las previsiones del art. 32 primera parte del CC., art. 618 y cctes. del CPCC., estableciendo que el justiciable debe contar con continencia de terceras personas responsables y cumplir controles médicos psiquiátricos de rutina, actos para los cuales deberá ser asistido por su sistema de apoyo, al habérsele diagnosticado un cuadro compatible con trastorno psicótico asociado a antecedentes de consumo de sustancias exotóxicas, disponiendo además una reevaluación interdisciplinaria del justiciable cuando se supere la situación actual de emergencia sanitaria nacional como consecuencia de la pandemia.

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2.-Ante la presencia de elementos suficientes y dictámenes de profesionales de la salud mental como también de otras disciplinas, resulta viable evaluar la decisión respecto a la capacidad del causante y los ajustes razonables que, en su caso, se habrán de implementar para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos; sin embargo, una vez superadas las circunstancias actuales que impiden la efectivización de la entrevista presencial complementaria, se procederá a una inmediata reevaluación del causante.

3.-Si bien los expertos han sostenido en su pericia que las conclusiones no pueden ser consideradas asertivas en virtud de dificultades resultantes de la entrevista virtual, este inconveniente no pudo ser sorteado en virtud de la negativa de acceder a la celebración de una audiencia presencial complementaria de la virtual ya desarrollada, resultante de la dispensa de tareas presenciales a mayores de sesenta años que así lo decidan; esta circunstancia coloca al causante en una situación de indefinición, por cuestiones que lo exceden y que hacen exclusivamente a la intervención del órgano jurisdiccional, privándolo del acceso a la justicia y reconocimiento de sus derechos.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

San Isidro, 16 de Diciembre de 2020

AUTOS Y VISTOS:

Las presentes actuaciones caratuladas «H. F. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA» (Expte. Nº SI-3831-2020), venidas a dictar sentencia a los efectos de resolver sobre el pedido de declaración de incapacidad del Sr. F. H.-

CONSIDERANDO:

1)En nuestro país, el reconocimiento y protección del derecho a la salud surgen de diversas disposiciones de la Constitución Nacional, en particular de los arts. 41, 42, 75 incs. 19 y 23. De igual manera, las Constituciones provinciales también contienen normas tendientes a garantizar el derecho a la salud de la población. A su vez, la salud como valor y derecho humano fundamental, encuentra reconocimiento y protección en numerosos instrumentos comunitarios e internacionales, que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado por el art. 75 ap. 22 de la Constitución Nacional, entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Debida consideración merecen además, distintos pronunciamientos orgánicos internacionales.

En tal sentido, encontramos los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG/119, de la OEA del 17 de diciembre de 1991), cuyo Principio 8 establece que todo paciente tendrá derecho a recibir la atención sanitaria y social que corresponda a sus necesidades de salud y será atendido y tratado con arreglo a las mismas normas aplicables a los demás enfermos.

Por su parte, encontramos también el Compromiso de Panamá con las personas con discapacidad en el continente americano, Resolución aprobada por la OEA en la sexta sesión plenaria del 5 de junio de 1996.La misma en sus considerandos declara su compromiso de intensificar los esfuerzos a favor de las personas con discapacidad, manifestando su más firme y decidido compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y la necesidad de que se mejoren los servicios y se ofrezcan mayores oportunidades para las personas con discapacidad en el continente americano.

El art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, reconoce que toda persona tiene derecho a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que deben procurarse la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales -Protocolo de San Salvador- en su artículo décimo octavo, determina que toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad.

Cabe resaltar que La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas el 13.12.06 (ley 26.378), reafirma la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad ejerzan plenamente y sin discriminación los derechos humanos y libertades fundamentales (arts. 1, 4), tomando en consideración que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Consagra como principio fundamental el de la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. El art. 12 establece que los estados asegurarán que todas las medidas sobre capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas (inc. 4º), así como el derecho a controlar sus propios asuntos económicos y velar para no verse privado de sus bienes de manera arbitraria (inc. 5º) (conf. causa 109.019 del 7.9.10 r.i.285/10 de la Sala II). Dichas medidas deberán ser proporcionadas y adaptadas a las circunstancias de la persona, aplicarse en el plazo más corto posible y sujetarse a exámenes periódicos (art. 12 inc.4°). (negrita y subrayado me pertenecen).

De allí que se considere que el padecimiento mental no resulta un estado inmodificable; partiendo del principio de la presunción de la capacidad de todas las personas. Dicho dispositivo, también establece expresamente que se reconoce a la salud mental como a un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social. Lo cual exige tener muy especialmente en cuenta los antecedentes y circunstancias de cada caso.

Es dable destacar que el examen pericial adquiere una función de vital importancia en este tipo de procesos donde se encuentran en juego derechos personalísimos de raigambre constitucional, en tanto aportan elementos que permiten al juzgador acercarse a la verdad material (Resolución 3196/11 de la S.C.B.A.), pero también debe destacarse que resulta trascendente también -como se dijera en el párrafo precedente- la consideración de los antecedentes con los que se pueda contar y las especiales circunstancias que hagan al caso en particular, y al momento histórico en el que el mismo se pueda haber planteado.

De las consideraciones vertidas resulta con claridad que en este tipo de procesos, el causante debe recibir por parte del Estado una atención especial, y los tiempos que demande el tramite de la causa deben ser acordes a la situación del individuo, toda vez que de lo que se resuelva en los estrados, estará condicionado el acceso a la salud del interesado -a traves de una cobertura médica consecuencia directa de lo que se resuelva- y la posibilidad de aquel de contar con una asistencia previsional que le represente su sustento.

Ello torna necesario, imprescindible, que el proceso se desarrolle con celeridad, como así también que los condicionamientos formales para el avance de la causa, se compatibilicen conla situación de excepcionalidad que se vive en virtud de la pandemia que nos afecta.

2) En el caso que nos ocupa, atento la situación de pandemia de público conocimiento, la evaluación interdisciplinaria del causante se llevó a cabo mediante una comunicación virtual utilizando el sistema Microsoft Teams. Del mismo modo, se realizó la entrevista prevista por el art. 35 del Cod. Civil y Comercial.

El resultado de la entrevista fue un dictamen pericial, del que resulta se ha alcanzado conclusiones que dan cuenta del diagnóstico del causante, que coinciden con lo alegado en el escrito de inicio como así también con los informes médicos acompañados a la causa.

Si bien es cierto que los expertos han sostenido en su pericia que las conclusiones no pueden ser consideradas asertivas en virtud de dificultades resultantes de la entrevista virtual, también lo es que este inconveniente no pudo ser sorteado en virtud de la negativa de acceder a la celebración de una audiencia presencial complementaria de la virtual ya desarrollada, que resulta de la providencia de fecha 22 de octubre, resultante de la dispensa de tareas presenciales a mayores de 60 años que así lo decidan.

Esta circunstancia coloca al causante en una situación de indefinición, por cuestiones que lo exceden y que hacen exclusivamente a la intervención del Órgano Jurisdiccional, privándolo del acceso a la justicia y reconocimiento de sus derechos, en contradicción con las pautas claramente desarrolladas en el punto I de este pronunciamiento

Sin perjuicio de reflexionar acerca de lo que significa formar parte de un Poder del Estado, cuya función esencial es la de prestar servicio a los justiciables, compromiso éste que debería necesariamente prevalecer sobre intereses personales, y con mucha mayor razón en épocas como las que transitamos, en las que la solidaridad y responsabilidad social son los pilares del sostenimiento del bienestar general, entiendo que existen en la causa elementos que permiten complementar la pericia existente en la causa, de modo tal de poder llegar al dictado de un pronunciamiento conforme a derecho.

Como señalara, eldictamen interdisciplinario se encuentra presente, y sus conclusiones dan cuenta del estado del Sr. H. La dificultad alegada en el mismo para que se puedan considerar asertivas sus conclusiones, se considerara compensada con la documentación incorporada al expediente, expedida por los médicos que atienden al causante, que dan cuenta de que la conclusión científica brindada es la correcta.

En efecto, obra en la causa una Epicrisis emitida por Ineba en mayo de 2011 que ya definía el diagnostico de H como de «esquizofrenia», dando cuenta también del consumo de sustancias; un certificado medico expedido en febrero de 2020 que da cuenta de su situación de internación en Clínica Santa Rosa por descompensación psicótica, y un certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Pcia de Bs.As. que da cuenta de un diagnostico de Trastorno afectivo bipolar, no especificado.

El art. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación sienta los principios que deben regir en los procesos de familia. El acceso a la Justicia tiene raigambre constitucional y la protección especial de las personas vulnerables surge de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Personas con discapacidad (art. 15 Const. Pcial y 18, 28, 33 CN).

La tutela judicial efectiva abarca todo el itinerario desde el acceso a la justicia hasta la conclusión del proceso, y tiene por objeto garantizar el acceso de las personas a una decisión justa, fundada y por sobretodo oportuna (Cód. Civ. y Com. de la Nación y normas complementarias, Bueres, T. 2, Ed. Hammurabi, Año 2016, p. 915).

El proceso no es un fin sino un medio, pero es el medio insuperable de la justicia misma (Estudios de Derecho Procesal Civil, Couture, 4ª ed, T: 1, Año 20 03, p.136) y la celeridad procesal es un principio inherente a la tutela judicial efectiva de todos los derechos, y crucial cuando se trata de personas -como en el caso que nos ocupa- que resultan vulnerables y por ello requieren de mayor protección resolviendo las cuestiones a ellas vinculadas en plazos razonables y de forma expeditiva

Deberán en consecuencia los operadores judiciales -juez interviniente, asesor de incapaces y curador designado- arbitrar en forma expeditiva todas aquellas cuestiones que requieran para dar cumplimiento a los pasos procesales necesarios para lograr una sentencia judicial que establezca -en caso de así corresponder- las actividades que puede o no realizar (conf. CamApelacion San Isidro REg. 94 de abril de 2020).-

De modo tal, que con dichos elementos se procederá al dictado de la sentencia pertinente. Sin perjuicio de dejar asentado, que una vez superadas las circunstancias actuales que impiden -por los motivo señalados- la efectivización de la entrevista presencial complementaria, se procederá a una inmediata reevaluación del causante.

Por ello, ante la presencia de elementos suficientes y dictámenes de profesionales de la salud mental como también de otras disciplinas, resulta viable evaluar la decisión respecto a la capacidad del causante y los ajustes razonables que, en su caso, se habrán de implementar para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos (doctr. arts. 28 y 18 CN; arts. 12 inc. 4° y 26 ap. 1º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apartado 19 del informe sobre Argentina, emitido el 27 de septiembre de 2012 por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, arts. 31, 36, 37 y concordantes del CCyC y arts. 623 y 625 del CPCC).

3) Ahora bien, con fecha 2 de Marzo de 2020 se presentaron J. A. H. y M. S. Sc. (padre y madre del causante), legitimados en virtud de lo normado por los arts. 33 del Código de fondo y art. 618 del CPCCBA, y solicitaron la declaración de incapacidad de F.H., a cuyo fin acompañaron prueba documental, la cual se encuentra adunada a la presentación de inicio. (conf. Art. 332 del CPCCBA). Entre ella obra copia digitalizada de libreta de matrimonio que da cuenta del nacimiento del justiciable el día 9 de Agosto de 1981.-

Que, habiéndose conferido vista a la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, de conformidad con lo normado por el art. 103 inc. a) del Código Civil, art. 23, Ley 12.061 y art. 620 del CPCCBA, la Sra. Asesora a cargo de la Asesoría de Incapaces interviniente se presentó en autos.

Que, acreditado que fue sumariamente, con fecha 17 de Septiembre de 2020, los recaudos exigidos por el art. 622 del CPCCBA, se nombró curadora provisional del causante a la Sra. Defensora oficial, de conformidad con lo prescripto por el Principio 1.6 y 18 de la Resolución de la ONU 46/119 para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, quien se presentó con fecha 21 de Septiembre de 2020.-

Que, asimismo y conforme fuera mencionado ut supra, se encomendó la realización de un informe interdisciplinario a los peritos integrantes del Equipo Técnico del Juzgado, en los términos y con los alcances de lo normado por el art. 31 inc. c) y art. 37 in fine del C.C., art. 625 del CPCCBA y lo establecido en el Principio 4 de la Resolución de la ONU antes mencionada, llevado a cabo con fecha 9 de Octubre de 2020, hallándose debidamente notificado a las partes, de acuerdo con lo establecido por el art. 626 del Código de forma.

Pues bien, los arts. 31 inc. c) y art. 37 in fine del C.C.imponen indispensablemente para la declaración de demencia que la enfermedad sea previamente establecida por el dictamen de facultativos, pericia que se constituye de tal modo en prueba necesaria, pues sólo en caso de establecerse como resultado de ésta la enfermedad mental podrá el juez disponer la interdicción del presunto incapaz.-

En tal orden de ideas, de las pruebas obrantes en autos y consideraciones profesionales de los peritos actuantes, se desprende que «CONCLUSIONES. a)Diagnóstico Presuntivo y Pronóstico: H. F. impresiona presentar un cuadro compatible con Trastorno Psicótico asociado a antecedentes de Consumo de sustancias exotóxicas. Pronóstico: Reservado. Dado sus antecedentes clínicos pueden existir avances en la evolución del cuadro clínico, pero también retrocesos del mismo. b) Época en que la situación se manifestó: Desde los 20 años de edad según relato familiar. c)Recursos Personales, familiares, y sociales: cuenta con continencia familiar personal y social. d) Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible: Debe contar con continencia de terceras personas responsables, y cumplir controles médicos psiquiátricos de rutina. .».-

Que al momento de realizar la pericia interdisciplinaria mencionada ut supra mediante los medios tecnológicos posibles, se dio cumplimiento a lo normado por el art. 35 del Cód. Civ., toda vez que las particularidades del caso así lo aconsejaban.-

Que en virtud de lo expuesto, oído el Ministerio Público Fiscal (con fecha 12 de Noviembre de 2020), en el marco de la referida doctrina, y de conformidad con lo prescripto en los art. 31 cctes. del CCiv.; arts. 163, 827 inc. n), 618 y cctes. del CPCCBA; art. 75 inc. 22 CN; art. 36 de la Const. Prov. Buenos Aires y los Principios 1.7 y 23 de la Resolución ONU 46/119;

RESUELVO:

I.- Hacer lugar a la acción promovida por J. A. H. y M. S. S. de manera provisoria y excepcional y, en consecuencia, declarar que el Sr. F.H., DNI ., se encuentra comprendido dentro de las previsiones del art.32 primera parte del Código Civil, art. 618 y cctes. del C.P.C.C. Estableciendo que el justiciable debe contar con continencia de terceras personas responsables, y cumplir controles médicos psiquiátricos de rutina, disponiendo que para tales actos deberá ser asistido por su sistema de apoyo.

II.- Designar como sistema de apoyo del causante a M. S. S. DNI Nº quien previa aceptación del cargo por ante el Actuario se le discernirá le mismo por acta judicial (conf. Art. 468 y cctes. del CCiv); debiendo ejercer dicha función conforme a las disposiciones legales que fundan la presente, así como observar lo dispuesto respecto del régimen de representación y asistencia. –

III) Autorizar al sistema de apoyo del justiciable, en caso de corresponder, a percibir los haberes del causante en concepto de beneficio provisional, con cargo de oportuna rendición de cuentas documentadas semestral ante este Juzgado. –

IV) Disponer la revisión de la presente y una reevaluación interdisciplinaria del justiciable, a llevarse a cabo en forma inmediata a que haya sido superada la actual situación de riesgo existente como consecuencia de la pandemia, como así también hayan cesado las normativas de D.I.S.P.O vigentes, dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional. (Art. 40 del C. Civil)

V) Decrétase la inhibición general de bienes del causante sine die, a cuyo fin, ofíciese [art. 31 inc. a) y b) y art. 34 del C.C. y art. 623 del CPCCBA].

VI) Imponiendo las costas por su orden. De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 9, 15, 16, 21, 28, y ccs. de la ley 14.967, decreto ley 522/2017, regùlanse los honorarios de los letrados intervinientes, teniendo en cuenta las etapas cumplidas, mérito de la tarea desarrollada, complejidad o novedad de la cuestión, resultado obtenido, posición económica y social de las partes, el tiempo empleado en la resolución del litigio, por su actuación profesional en torno al presente trámite, de la siguiente manera: Dra. D M M (CUIT Nº 27-) en el equivalente a JUS , con más el l0 % de ley.

VII) Regístrese. Notifíquese.-

VIII) Comuníquese la sentencia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.-

DR. GUSTAVO HALBIDE

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