#Doctrina Las nuevas consecuencias de falsear datos ante el SECLO. Resolución 344/20 y Disposición 290/20

Autor: De Urquiza, Luis D. J.

Fecha: 17-nov-2020

Cita: MJ-DOC-15662-AR | MJD15662

Doctrina:

Por Luis D. J. de Urquiza (*)

El día 20 de abril de 2020, el Ministerio de Trabajo de la Nación publicó la Resolución 344/2020 (1) sobre audiencias virtuales en el SECLO. Con posterioridad, el 11 de mayo de 2020, identificada como DI-2020-290-APN-DNSCOYPCP#MT (2), la Dirección Nacional del SECLO (3) publicó la Disposición 290/2020 para establecer el procedimiento concreto de audiencias virtuales o a distancia.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

Estas normas fueron dictadas en el marco del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) que impedía en ese momento (a la fecha sigue vigente dicho impedimento) acudir presencialmente a las audiencias al domicilio del conciliador designado, como se hacía hasta entonces.

De la Resolución 344 y de la Disposición 290 mencionadas, derivan consecuencias muy serias para el profesional, las partes, y los conciliadores, respecto al castigo por falsear los datos enviados al SECLO al momento de presentar un acuerdo para su homologación. Considero de máxima importancia entonces difundir con estas líneas la nueva situación legal, con el ánimo de evitarle a los colegas, clientes, y conciliadores, serios dolores de cabeza.

Debido a lo novedoso de la legislación, vale la pena transcribir el texto sobre el que reflexionaremos. Así pues, el artículo primero de la Disposición 290 antes referida, establece:

ARTÍCULO 1°.- Las audiencias pendientes en los procedimientos inconclusos y los nuevos a iniciarse en relación al Procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria así como las audiencias de ratificación pendientes de trámites ya iniciados o a iniciarse respecto de acuerdos espontáneos, se celebrarán a través de plataformas virtuales en uso y autorizadas por esta Cartera de Estado y/o cualquier medio electrónico que asegure el cumplimiento de la finalidad perseguida garantizando el debido proceso, en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL RESOL-2020-344-APN-MT.Las partes deberán manifestar las herramientas tecnológicas de que disponen.

Esta norma tiene evidentes concordancias con la Constitución Nacional en su artículo 18 , con la ley 24635 así como su decreto reglamentario 1169/96 , el decreto 1759/72, arts. 109 y 110 (sobre el que me extenderé más adelante), y la Resolución 344/2020, art. 1 , que también analizaremos.

Como primera idea, diremos que este artículo inicia estableciendo que las audiencias pendientes y los nuevos procedimientos deben efectuarse «…a través de las plataformas virtuales en uso y autorizadas por esta cartera de Estado…», con lo que la inmediata pregunta que se genera en el profesional es «¿dónde están esas plataformas que usa el SECLO y de dónde surge la autorización?». Sin embargo, esa pregunta no necesita ser contestada, porque luego el texto amplía infinitamente las posibilidades, al agregar «…y/o cualquier medio electrónico que asegure la finalidad perseguida garantizando el debido proceso.»

Este último agregado es muy importante, porque tiene dos componentes que abren el campo para la discusión, por un lado, y la creatividad, por el otro: a) «…que asegure la finalidad perseguida» y b) «…garantizando el debido proceso».

En el derecho del trabajo muchas veces nos encontramos con trabajadores que no cuentan con dinero alguno para adquirir tecnología ampliamente difundida como celulares, acceso a wifi, etc. La posibilidad que establece esta norma de abrir la puerta a sugerir las soluciones que la creatividad ofrezca, mientras se respeten las finalidades del procedimiento y la garantía de debido proceso, me parece muy importante y debe ser tenida muy en cuenta tanto por profesionales como, por sobre todo, por conciliadores, quienes deben evitar caer en formalismos y rigideces que la propia norma está dejando de lado en el primer artículo, en su primera línea.

Por su parte, la resolución 344/20, en su artículo 1, indica al respecto que:«Para la celebración de audiencias y actuaciones administrativas en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que sean necesarias para la continuidad y sustanciación de los distintos trámites en curso y/o que se inicien en lo sucesivo, se utilizarán las plataformas virtuales en uso y autorizadas por esta Cartera de Estado y/o cualquier medio electrónico que asegure el cumplimiento de la finalidad perseguida garantizando el debido proceso. Toda documental incorporada en las plataformas y otros medios electrónicos habilitados, tendrá el carácter de declaración jurada de validez y vigencia efectuada por las partes y sus letrados asistentes, dando respaldo sustancial ante los nuevos procedimientos administrativos».

Se agrega entonces en la resolución 344 a lo dispuesto por la disposición 290 que «toda documental incorporada…tendrá el carácter de declaración jurada de validez y vigencia efectuada por las partes y sus letrados asistentes».

Señalo al lector que tenga en cuenta que la resolución 344 es anterior en un mes a la Disposición 290. Por lo tanto, la Disposición 290 está redactada de tal manera porque da por supuesto el texto de la Resolución 344. La interpretación armónica e integradora entre ambas normas es supuesta entonces por el legislador, y así debe efectuarla el operador jurídico al momento de aplicar las normas.

Se impone estudiar entonces qué alcances tiene que la documental tenga carácter de declaración jurada.

Señalo que en otros regímenes legales, las consecuencias de mentir en una declaración jurada están indicados en ese mismo régimen. Ello ocurre por ejemplo en las declaraciones juradas en el marco de la ley de ética pública, o las declaraciones juradas presentadas antes la AFIP.

Sin embargo, ni la resolución 344 ni la disposición 290 indican nada sobre qué consecuencias tendrá mentir en la declaración jurada que se instaura.

Más adelante, en la misma disposición 290 que estamos comentando, se menciona, para el supuesto de las firmas, la aplicación del art.109 del decreto 1759/72 -decreto que reglamenta la ley 19549 de procedimiento administrativo-, pero no se dice nada nuevamente de las consecuencias de falsear la declaración jurada, las que están previstas en el art. 110 del decreto 1759/72 mencionado.

El art. 109 del decreto 1759/72 establece lo siguiente: «ARTÍCULO 109.- Declaración Jurada. «A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:

«a) el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio».

«Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla».

«b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho».

El texto relevante para nosotros será el inciso b), donde se mencionan «datos identificatorios o cualquier otro dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o derecho».

Tiene sentido aplicar este régimen legal, porque el SECLO es una Dirección Nacional, inserta en el organigrama de la Administración Pública, del Poder Ejecutivo Nacional.

Por lo expuesto, el procedimiento administrativo «genérico» será de aplicación supletoria y complementaria en el procedimiento específico y propio del SECLO establecido en la Disposición 290.Asimismo, debemos tomar en consideración que el acto de homologar un acuerdo es un acto administrativo, que también está regulado por el procedimiento administrativo general. De igual modo, tanto el trabajador como el empleador se verán inmersos en el procedimiento administrativo general al momento de intentar interponer recursos de reposición o apelación administrativos sobre la homologación de un acuerdo o su rechazo, según corresponda.

Explicado lo anterior, avancemos entonces con las consecuencias de mentir en el proceso administrativo: la sanción por falsear esos datos se encuentra descrita en el art. 110 del mismo decreto.

«ARTÍCULO 110.- Declaraciones Juradas falsas o inexactas.

«La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración jurada o la no presentación ante la Administración de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá generar una sanción, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas de aplicación».

Como vemos, el texto legal no es muy específico en sí, dado que dice «podrá generar una sanción.», «.responsabilidades penales, civiles o administrativas.», «podrá determinar.».

Mucho más concreto es el texto específico de la Disposición 290, y en ello radica su novedad.Podemos comenzar entonces señalando que los documentos mencionados en el artículo 2 de la Disposición 290 son documentos electrónicos, y que están reconocidos tanto en el artículo 6 de la Ley 25.506 de firma digital, como en los artículos 286 y 287 del Código Civil y Comercial, como finalmente en el artículo 77 del Código Penal. Podemos leer en este último: El término «documento», que comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Los términos «firma» y «suscripción» comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos «instrumento privado» y «certificado» comprenden el documento digital firmado digitalmente.

Coincidentes en un todo, los artículos 286 y 287 del Código Civil y Comercial nos dirán:

«ARTICULO 286.- Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos».

«ARTICULO 287.- Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados».

Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.

Finalmente, pongo a disposición el texto mencionado del artículo 6 de la ley 25.506 de firma digital: «ARTICULO 6º — Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura».

De la simple lectura de este plexo normativo transcrito, queda claro que la documentación presentada ante el SECLO, por el conciliador y la contraparte mediante plataformas virtuales, email, o redes sociales, está alcanzada plenamente por las definiciones penales y civiles de documento electrónico o digital.

Una vez establecido lo anterior, el título XII del Código Penal, que tutela la «Fe Pública» se nos aparece con toda su fuerza, específicamente en el Capítulo III de dicho título, denominado «falsificación de documentos en general». Porque lo que adjuntamos en el SECLO, es un documento, y si mentimos en dichos documentos, los estamos falsificando.

Especialmente aplicable en la práctica profesional será a mi entender el artículo 293 del Código Penal, así que preste mucha atención el lector a su texto: «ARTICULO 293.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio».

Atención colegas: la práctica usual de falsear la fecha de ingreso, categoría o salario del trabajador, se acabó. Porque la constatación posterior de la falsedad en sede administrativa o judicial, acarreará la denuncia penal, sumado a ello, las sanciones administrativas previstas en el art. 110 del decreto 1759/72, y responsabilidad civil por los daños y perjuicios.

Esta práctica de mentir que señalo no es de todos los abogados, por supuesto, ni mucho menos. Pero es algo que me vengo encontrando una y otra vez en la práctica diaria, y que a veces hasta se naturaliza como «…las cosas son así». No es patrimonio de un sector ni de un «bando». Hay algunos abogados parte actora que lo hacen para engrosar su reclamo indebidamente.Otros, por la parte demandada, lo hacen para lograr que el SECLO homologue un acuerdo cuando los números «no dan». Y todo, frente a la vista silenciosa de algunos conciliadores que a veces permiten que esto ocurra.

Todo esto se acabó, porque la contraparte afectada por el accionar fraudulento de una parte, letrado o conciliador, podrá ahora con toda facilidad adunar a sus eventuales reclamos monetarios, la denuncia penal por falsedad documental prevista en el artículo 293 del Código Penal y las sanciones previstas en el artículo 110 del decreto 1759/72.

El lector tal vez pensará que esta posibilidad siempre estuvo presente, y es real, técnicamente, siempre fue así.

Sin embargo, ni en la ley 24637, ni en su decreto reglamentario 1196/69 , se considera declaración jurada a la documentación aportada por las partes, ni se cita como lo hace el art. 4 de la Disposición 290/2020 al art. 109 del decreto 1759/72.

Hoy en día tanto la Disposición 290/2020 como la resolución 344/2020 sí lo hacen, y por lo tanto proyectan esa nueva «luz» sobre la documentación aportada, luz que antes no estaba «encendida».

Una palabra de advertencia más: el art. 298 del Código Penal dice: «ARTICULO 298. – Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena».

Así, los conciliadores podrían verse envueltos en denuncias penales por cuestiones en las que no tengan nada que ver, porque ¿qué sabe el conciliador de la verdad de la relación laboral?. Esto se divide en dos partes, hablando de la práctica diaria.

Por un lado, existe el conciliador que recibe un acuerdo, verifica que a su entender el acuerdo no será homologado por el SECLO, y entonces «sugiere» el cambio de algunos datos en el acuerdo para que el SECLO homologue.Tomemos consciencia que eso no solo está mal, sino que es, como espero quede claro después de lo explicado y transcrito, un delito de falsedad de documento que lo puede llevar a la condena de prisión, y a la de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena de prisión.

Por otro lado, existe también el caso del conciliador que casi no se involucra, que deja a las partes hacer y deshacer, con el límite por supuesto de que los datos y los números «den» para una homologación. Pensemos entonces en este último tipo de conciliador, ajeno a las negociaciones y decisiones de las partes, quien luego se puede ver envuelto, como dije, en denuncias penales cruzadas.

Estos peligros no solo afectan a conciliadores. Imaginemos un empresario que delega la negociación en su letrado, acepta el monto a pagar, y firma lo que su letrado le dice. Es un supuesto común. Ese empresario puede encontrarse denunciado penalmente como instigador, cómplice, autor de los delitos mencionados más arriba.

Es por ello importante tomar noción de lo que significa en la práctica que el artículo 1 de la Resolución 344/20 considere declaración jurada a la documentación y datos incorporados por las partes como parte de un acuerdo, porque tanto el formulario de inicio, el acuerdo, como el acta de cierre, son declaraciones juradas documentales a las que se les aplican las previsiones de los artículos 293 y 298 del Código Penal. En definitiva, por todo ello, sugiero a las partes y conciliadores extremar las medidas de prolijidad, verificación de datos y del consentimiento, y límites prácticos a fijar en las negociaciones, para evitar los riesgos mencionados.

———-

(1) Identificada como RESOL-2020-344-APN-MT y publicada el 20 de abril de 2020, se puede consultar en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228171/20200423

(2) Puede consultarse online en el Boletín Oficial en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229145/20200512

(3) DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y PERSONAL DE CASAS PARTICULARES

(*) Abogado, Magister en Derecho del Trabajo UNTREF, Magíster en Derecho Empresario Universidad Austral, Docente Universitario UCALP y USAL. Autor y publicista.

A %d blogueros les gusta esto: