#Fallos Preexistencia agravada: Responsabilidad de la empleadora por el agravamiento del padecimiento preexistente de columna del trabajador derivado de las tareas repetitivas de esfuerzo que realizaba

Partes: Rivas Ramón Antonio c/ Est. Las Marías S.A. y/o persona física o jurídica que resulte responsable s/ laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 14-ago-2020

Cita: MJ-JU-M-127310-AR | MJJ127310 | MJJ127310

Responsabilidad de la empleadora por el agravamiento del padecimiento preexistente de columna del trabajador a raíz de las tareas repetitivas de esfuerzo que realizaba.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que resolvió que no había mediado correlación entre el hecho sufrido (agudo dolor en la zona lumbar al levantar una fibra de yerba mate) y la pretensión de lesión incapacitante referida como secuela de origen culpable, pues si bien la lumbalgia constatada no correspondió a un evento traumático sino a un proceso crónico, pudo verse afectada por el movimiento repetitivo con pesos que realizaba el trabajador durante la jornada laboral, lo cual agravó la dolencia.

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2.-Cabe distinguir ‘enfermedad’ e ‘incapacidad laboral’, ya que mientras la primera está dada por una alteración más o menos grave de la salud, la segunda refiere a una situación que impide a la persona, en forma transitoria o definitiva, la realización de una actividad profesional; así, de la detección de una enfermedad en el examen preocupacional no se sigue, sin más, que el trabajador se hallara incapacitado pues la preexistencia se limita a la patología y no basta para concluir la existencia de una incapacidad si esta no fue certificada médicamente en la misma.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los catorce días del mes de agosto de dos mil veinte, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº TXP 2839/11, caratulado: «RIVAS RAMON ANTONIO C/ EST. LAS MARIAS S.A. Y/O PERSONA FISICA O JURIDICA QUE RESULTE RESPONSABLE S/ LABORAL». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Santo Tomé de esta provincia (fs. 619/628) que no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, en su mérito, confirmó el rechazo de su reclamo indemnizatorio ejercido por vía del derecho común, derivado del evento dañoso y sus secuelas incapacitantes denunciadas en la demanda; esa parte interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs.636/ 641 y vta.).

II.- Satisfechos los recaudos de admisibilidad disciplinados en el art. 102 de la ley 3.540, no estando obligado el recurrente a satisfacer el depósito regulado en el art. 104 por representar a la parte obrera, corresponde considerar sustancialmente su impugnación extraordinaria.

III.- Para así decidir, en lo que aquí interesa, el «a -quo» compartió el razonamiento y resultado arribado por el primer juez quién había rechazado la demanda atendiendo la preexistencia de la enfermedad.Resolvió que no medió correlación entre el hecho sufrido (agudo dolor en la zona lumbar al levantar una fibra de yerba mate acaecido el día 01/12/2008) y la pretensión de lesión incapacitante referida como secuela de origen culpable, habiendo sido determinante en ese sentido la prueba pericial médica forense (fs. 462/466 y 480) que compartió el informe expedido por la Comisión Médica N°003, ambas referidas en el pronunciamiento del primer juez, galenos que examinaron al actor y culminaron por resolver que la dolencia padecida era de origen inculpable, constatada además en el examen preocupacional. Igualmente aclaró que a pesar del hecho de que existiera la posibilidad de que la lumbalgia pudiera haberse visto afectada por la actividad laboral (ver fundamentos de f. 615 vta. basados en la prueba pericial producida en el proceso), no quitó a la misma su carácter de preexistente (medió evaluación de las primeras clasificaciones de aptitud, de fechas 03/05/2007 y 15/05/2007, fs. 54 y 55). Por lo cual quedó claro que no existió una correlación entre el hecho sufrido y la pretensión de lesión incapacitante que refirió el actor como secuela de origen culpable.

IV.- El recurrente entendió que el decisorio en crisis se mostró arbitrario e ilegal al no aplicar lo regulado en el art. 9 de la L.C.T., desconociendo el principio protectorio. Destacó que el caso fue decidido de modo dogmático y de manera absurda, desconociéndose que la dolencia fue agravada por el trabajo. Formuló sus consideraciones a propósito de ello y lo tachó de arbitrario. Asimismo, razonó que si la empresa conocía que el trabajador padecía de columna bífida, no entendió por qué se le otorgó la labor de manipular bolsas de 30 kg de peso.Continuó explayándose acerca del desconocimiento de parte de la judicatura de grado del principio protectorio, lo regulado en cuanto al beneficio de la duda, dejando asentada su postura al respecto y su disconformidad con la instrumental (designada como una hojita) evaluada por la Cámara y la falta de estudios complementarios que debieron realizar a su mandante.

V.- En principio, no cabe prescindir del hecho que lo que se reclama tiene su fundamento en la reparación integral dispuesta por el derecho común, desde agosto de 2015, el CCivCom. Más, habiendo ocurrido el evento dañoso relatado en la demanda el día 05 de diciembre de 2008, el caso quedó regido por el Código de Vélez. Luego, si bien la apreciación de elementos de hecho y prueba constituye, como principio, facultad propia de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión a través del recurso de inaplicabilidad de ley examinado, ello no es óbice para que el Tribunal conozca en los casos cuyas particularidades hagan excepción al mismo, como ocurre en el presente, cuando la decisión impugnada no se ajustó al principio que exige que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN, Fallos: 321:2131, entre otros).

VI.- En efecto, y a pesar de haber el «a quo» reparado en el Dictamen de la Comisión Médica 003 (fs. 18/23) y la Pericia Forense producida en este proceso (fs. 462/466), a la vez, en la preexistencia de una lumbalgia leve sufrida por el trabajador y constatada en los informes efectuados en la clasificación de aptitud de fechas 03/05/2007 (f.54) y 15/05/2007 (f .55) como describir que según los informes de aquellos profesionales el origen de las lesiones resultó degenerativo y no correspondieron a un evento traumático, sino a un proceso crónico que no se debió exclusivamente a la tarea realizada y que el hecho de que existiera la posibilidad de que la lumbalgia pudiera verse visto afectada por la actividad laboral no le quitó su carácter de preexistente y por eso rechazó la demanda; sin embargo, como bien destacó el quejoso, no menos cierto resultó que a la hora de evaluar secuelas del accidente, la lumbalgia constatada (si bien no correspondió a un evento traumático sino a un proceso crónico), pudo verse afectada por el movimiento repetitivo con pesos que realizaba el trabajador durante la jornada laboral (pericia oficial, f. 463 vta.) lo cual agravó la dolencia (ver f. 465). Tan fue así que si bien en fecha 12/11/2009 al actor no se le diagnosticó un grado de incapacidad (f. 23); sin embargo, cuando intervino el médico forense y lo examinó advirtiendo que presentaba lumbalgia, le diagnosticó un 6,4% de incapacidad, dictaminando que pudo verse afectado por el trabajo realizado. Ese agravamiento o minusvalía que presentó a la hora de realización de la pericia médica forense debió imputarse a la empleadora demandada, a pesar de que la patología era preexistente, pues fue determinante el informe médico forense en cuanto a que su agravamiento resultó atribuible a la labor desplegada para la demandada, elemento probatorio idóneo que demostró de modo concluyente su relación causal con la actividad y la incapacidad sobreviniente.

VII.- Además, esencialmente, cabe distinguir «enfermedad» e «incapacidad laboral». Mientras la primera está dada por una alteración más o menos grave de la salud, la segunda refiere a una situación que impide a la persona, en forma transitoria o definitiva, la realización de una actividad profesional.De la detección de una enfermedad en el examen preocupacional no se sigue, sin más, que el trabajador se hallara incapacitado pues la preexistencia se limita a la patología y no basta para concluir la existencia de una incapacidad si esta no fue certificada médicamente en la misma (CSJN, del voto del Dr. Horacio Rosatti, causa Báez, Jorge c/ Darlene SAIC y otro s/ accidente-acción civil; 9 de abril de 2019), habiendo agregado dicho magistrado que debe diferenciarse: «el diagnóstico inicial preocupacional .y lo informado por los peritos médicos en la causa, resultando manifiesto el deterioro sufrido por el reclamante en el lapso de 5 años, determinante de una incapacidad. El actor atribuyó el empeoramiento al factor laboral.» En definitiva, no se aseveró nunca en este proceso ni surgió de la prueba incorporada que el grado de incapacidad del trabajador estuviera ya constatado al iniciarse la relación. Solamente se probó la dolencia preexistente, agravada por la labor desplegada.

VIII.- En tales condiciones, corresponde revocar los fallos recurridos ante su evidente arbitrariedad y reenviar la causa al primer juez para que, sobre la base del grado de incapacidad constatado del 6,4% y demás elementos de juicio que el proceso dispone a su alcance, proceda a evaluar los daños y dicte sentencia. Con costas a la demandada vencida. De compartir mis pares este voto corresponderá hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, revocar ambas sentencias de grado y reenviar los autos a primera instancia a sus efectos, con costas a la demandada vencida. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Emerson Enrique Dos Santos, en calidad de Monotributista frente al IVA y como vencedor, los de Laura B. Fitzsimons de Navajas, vencida, como Responsable Inscripta, en el 30% de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822), adicionando a la proporción de la segunda abogada el porcentaje que deba tributar frente al IVA atento su condición de Responsable Inscripta. Es mi voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:Comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. Considero sin embargo oportuno me explaye acerca de mi reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. En anteriores precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, «[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los emitidos.» Manifesté también que no coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración, estimando necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial. Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los Sres. Magistrados en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido el tercer magistrado.A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo destino final. En este sentido, entiendo que la fundamentación de los pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el control de los actos de los magistrados e impugnarlos. Y es que la sociedad democrática mayormente participativa pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica. De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y adhesiones automáticas citadas por los integrantes del Cuerpo, vulnerándose así la garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han conducido a pronunciarse de determinada manera. Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los principios de igualdad y equidad constitucional. Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a la falta de mayorías o mayorías «aparentes» acarrean un grave perjuicio tanto para los justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del desconocimiento de los estándares de legitimación. Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzgamiento, de este modo, a la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada Camarista, se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 99

1°) Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, revocar ambas sentencias de grado y reenviar los autos a primera instancia a sus efectos, con costas a la demandada vencida. 2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Emerson Enrique Dos Santos, en calidad de Monotributista frente al IVA y como vencedor, los de Laura B. Fitzsimons de Navajas, vencida, como Responsable Inscripta, en el (%) de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822), adicionando a la proporción de la segunda abogada el porcentaje que deba tributar frente al IVA atento su condición de Responsable Inscripta. 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ

Presidente Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO

Secretaria Jurisdiccional N° 2 Superior Tribunal de Justicia Corrientes

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