#Fallos Noticias falsas: Un periodista publicó una noticia calumniosa y difamatoria sobre su persona mostrándolo como un violento con su novia, suministrando datos que lo hacían fácilmente identificable, y ahora deberá indemnizarlo

Partes: T. P. S. c/ F. E. G. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 10-ago-2020

Cita: MJ-JU-M-127319-AR | MJJ127319 | MJJ127319

Procede la reparación de los daños y perjuicios derivados de la publicación de una noticia que habrían mostrado al reclamante como un violento con su novia pues el demandado efectuó afirmaciones de evidente potencialidad calumniosa o difamatoria sin justificación, por las que debe responder. Cuadro de rubros inemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que desestimó la demanda por daños y perjuicios ocasionados por la publicación de una noticia pues no se han cumplido con uno de los requisitos de la doctrina Campillay, esto es, la reserva sobre la identidad de las personas involucradas, pues si bien los dichos del periodista no mencionan el nombre y apellido del aquí demandante, en la nota se suministran datos, tales como el nombre suyo, el nombre y apellido de la novia herida, la localidad del incidente y la fotografía del edificio donde ambos vivían, con su numeración; que lo hacían fácilmente identificable; máxime siendo que la documentación acompañada por el propio periodista a esta causa da cuenta de la amplia difusión que tuvo la noticia en diversos medios que contemporáneamente, en general con resguardo de la doctrina citada, daban el nombre y apellido del tan aludido novio.

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2.-Se juzga que en el caso no se han seguido ninguna de las pautas que determinan que el obrar del medio de comunicación no sea antijurídico pues la doctrina Campillay exime de responsabilidad cuando se atribuye sinceramente la noticia a una fuente, dado que aquélla dejaría de ser propia al transparentarse el origen de la información y permite al público relacionarla con la específica causa que la ha generado, de manera tal que los eventuales reclamos podrán ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los que sólo fueron sus canales de difusión, y nada de ello realizó el demandado ya que, a diferencia de las noticias de otros medios que él mismo acompañó, no atribuyó el contenido de sus contundentes dichos ni a la madre ni al tío de la lesionada ni a una fuente policial ni judicial, sino que los afirmó por sí mismo.

3.-La verdadera finalidad de la regla jurisprudencial del uso del modo potencial estriba en otorgar la protección a quien se ha referido sólo a lo que puede ser (o no), descartando toda aseveración, o sea la acción de afirmar y dar por cierta alguna cosa, pero la pauta aludida no consiste solamente en la utilización de un determinado modo verbal sino en el examen del sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo porque si así no fuera bastaría con el mecánico empleo del casi mágico ‘sería’ para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aun la peor, sin tener que responder por ello.

4.-No resulta aplicable la doctrina de la real malicia pues cuando se trata, como en el caso, de un ciudadano común (en ningún momento se aduce que fuera un funcionario público), basta con la acreditación de la simple culpa, aun cuando se considere que el tema sobre el que versaba la nota era de interés público o general; por lo tanto, examinado el caso desde esta última óptica no cabe sino concluir que el demandado efectuó afirmaciones de evidente potencialidad calumniosa o difamatoria sin justificación, por las que debe responder.

5.-En esta cuestión que atañe a la publicación de noticias que cuenta con la garantía de la libertad de expresión, por una parte, y al ejercicio del derecho al honor, por la otra, ha de cuidarse de no alterar el contenido esencial de tales derechos en juego, procurando armonizarlos a la luz de su respectiva finalidad.

6.-Si bien la libertad de expresión ha recibido de la Constitución Nacional una protección especial, no supone que se la haya configurado como un derecho absoluto o que no existan determinadas circunstancias bajo las cuales quienes difunden información deban responder civilmente por los daños causados, pues si no es dudoso que debe evitarse la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y de sus funciones esenciales, no puede considerarse tal la exigencia de que su desenvolvimiento resulte veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, impidiendo la propagación de imputaciones falsas que puedan dañarla injustificadamente; proceder que sólo traduce un distorsionado enfoque del ejercicio de la importante función que compete a los medios de comunicación social en la sociedad contemporánea.

7.-Son consecuencia de un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas, aún admitida la imposibilidad práctica de verificar la exactitud de la información difundida, pues se trata de una de las maneras en que ha podido ser articulado un razonable equilibrio entre la fuerte tutela constitucional que recibe la libertad de expresión y la protección de otros derechos individuales que reconocen también fuente constitucional.

8.-No procede el requerimiento del daño punitivo toda vez que no es viable ya que la norma que prevé tal imposición es el art. 52 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (modificada por la ley 26.361), que no prevé su aplicación a situaciones como las que han dado origen a este pleito.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de agosto de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «T., P. S. c/ F. E. G. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 207/215, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CARLOS ALBERTO CARRANZA CASARES – GASTÓN MATÍAS

POLO OLIVERA CARLOS – ALFREDO BELLUCCI.-

A la cuestión planteada el Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.La sentencia

P. S. T. demandó por daños y perjuicios a E. G. F. y a C5N, por considerar que en abril de 2012 el primero había vertido afirmaciones injuriantes en un programa emitido por el mencionado canal televisivo. Posteriormente amplió su reclamo contra T. S.A., pero lo desistió a fs. 128; y a fs. 155 también desistió de la demanda contra C.

La sentencia de fs. 207/215 desestimó, con costas, la pretensión, con fundamento en que en la difusión de la noticia en ningún momento se mencionó la identidad del reclamante; que no se probó que el periodista hubiera conocido la falsedad de la información y la hubiera propalado temerariamente; y que, en todo caso, los dichos que lo habrían mostrado como un violento con su novia que carecían de sustento, se habían desvanecido en atención a que se insertaban en una acción de mayor gravedad como la imputación de la tentativa de homicidio.

II. El recurso

El vencido apeló el fallo y presentó su memorial a fs. 240/241, cuyo traslado fue contestado a fs.243/246.

Aduce que era obvio que la noticia se refería a él; que la doctrina de la real malicia no es aplicable al caso porque no es una persona pública; y que la jueza se alejó del objeto de la demanda al hacer referencia a la relación que mantenía con su novia calificándola como violenta.

III. La ley aplicable

Aclaro, ante todo, que en razón de la fecha en la que tuvieron lugar los hechos fundamento del reclamo, no corresponde la aplicación retroactiva de la normativa de fondo del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (cf. art. 7 del citado, similar al art. 3 del Código Civil), sin que se advierta, ni menos aún se haya demostrado, que la aplicación de las nuevas disposiciones pudiesen conducir a un resultado diverso al arribado.

IV. La responsabilidad

a. El derecho a la libertad de expresión Como he expresado en CIV/15186/2008/CA1, del 22 de mayo de 2015 y es por demás sabido, el derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber:ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Sobre la primera dimensión, la individual, explica el Tribunal que la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

En relación con la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, afirma que es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

La citada Corte considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención.La libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada.

Nuestro máximo tribunal federal también ha puesto de relieve que la libertad de expresión e información tiene un lugar preeminente en nuestro sistema republicano; y ha dicho desde antiguo que entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal.

Esta libertad de expresión esgrimida por el demandado como periodista, confronta con el derecho al honor que sustenta el reclamo del demandante.

b. El derecho al honor

El derecho al honor también cuenta con un importante soporte constitucional. El art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre expresa que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar, y el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos manifiesta que toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad, y el art. 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

En el sistema civil, el derecho al honor se regula, particularmente en materia de daños, en los arts. 1089 y 1090; en lo que atañe al matrimonio en el art. 202 inc. 4°; en el contrato de donación en el art. 1858, inc. 2° y en derecho sucesorio en los arts. 3747, inc.1° y 3843, inc. 2° (ver, asimismo, arts. 52, 1740 y 1771 del Código Civil y Comercial de la Nación).

El honor constituye la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma.

Este derecho presenta, por una parte, una faz subjetiva, relacionada con el derecho a la tutela de la autoestima del individuo. Se trata de un derecho que protege el respeto del sujeto en relación consigo mismo. Por la otra, el llamado honor objetivo, conocido como buen nombre, fama o reputación, se relaciona con la valoración que los demás tienen del sujeto.

c. Articulación de derechos

¿Cómo compaginar los planteos formulados sobre la base de la libertad de expresión, por un lado, y el derecho al honor, por el otro? La Corte Suprema ha expresado que es principio esencial en materia de hermenéutica legal, dar pleno efecto a la intención del legislador, tendiendo a armonizar la ley de que se trate con el orden jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, a fin de evitar su invalidez.En otros términos, la interpretación de las normas debe armonizar con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.

Los derechos civiles, políticos y sociales que la Constitución consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí y con los que corresponde reconocer a la comunidad.

Asimismo, ha sostenido que sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla y, a su vez, que los derechos fundamentales y las garantías institucionales tienen un contenido esencial y mínimo que debe ser respetado por todos los habitantes.

Vale decir que en esta cuestión que atañe a la publicación de noticias que cuenta con la garantía de la libertad de expresión, por una parte, y al ejercicio del derecho al honor, por la otra, ha de cuidarse de no alterar el contenido esencial de tales derechos en juego, procurando armonizarlos a la luz de su respectiva finalidad.

d. La libertad de expresión y el honor En las sociedades contemporáneas el carácter masivo de los medios de comunicación potencia, sin dudas, la trascendencia de la libertad de expresión y el rol que cumple para el ejercicio del autogobierno colectivo, pero también implica mucha mayor aptitud para causar daños, especialmente al honor y a la intimidad de terceros.En un estado democrático y constitucional comprometido con respetar el bienestar individual de sus ciudadanos, la importancia de la l ibertad de expresión hace necesario que se reconozca el máximo de libertad expresiva a todos, siempre que ello -dada su aptitud dañosa- sea compatible con la protección a los derechos que pueden ser afectados por su ejercicio.

El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles. Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión en sentido amplio tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.

La Corte Suprema ha recordado en Fallos: 340:1346, que ha desarrollado doctrinas fuertemente tutelares del ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en materias de interés público. Tanto la doctrina «Campillay» (adoptada en Fallos: 308:789 y desarrollada en numerosos precedentes posteriores) como la doctrina de la «real malicia» (adoptada por la Corte a partir de Fallos: 310:508 y reafirmada en diversos precedentes) constituyen estándares que brindan una protección intensa a la libertad de expresión y que resguardan un espacio amplio para el desarrollo de un debate público robusto.

De igual modo, en el citado precedente ha destacado que la reiterada afirmación de que la libertad de expresión ha recibido de la Constitución Nacional una protección especial, no supone que se la haya configurado como un derecho absoluto o que no existan determinadas circunstancias bajo las cuales quienes difunden información deban responder civilmente por los daños causados.Es que, como ha dicho la Corte, «si no es dudoso que debe evitarse la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y de sus funciones esenciales, no puede considerarse tal la exigencia de que su desenvolvimiento resulte veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, impidiendo la propalación de imputaciones falsas que puedan dañarla injustificadamente; proceder que sólo traduce un distorsionado enfoque del ejercicio de la importante función que compete a los medios de comunicación social en la sociedad contemporánea».

La doctrina «Campillay» establece, en palabras de la Corte Suprema, que quien da una información no es responsable por los daños que ello pudiera causar, pero solo si concurren determinadas condiciones. A los efectos de fomentar la difusión de información necesaria para la configuración de una sociedad democrática, la doctrina «Campillay» protege a quien atribuye -de modo sincero y sustancialmente fiel- la información a una fuente identificable, utiliza un discurso meramente conjetural que evita formas asertivas o deja en reserva la identidad de las personas a quienes involucra la información difundida, evitando suministrar datos que permitan conducir a su fácil identificación.

Estas condiciones, según ha entendido el máximo tribunal federal, son consecuencia de un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas, aún admitida la imposibilidad

práctica de verificar la exactitud de la información difundida. Se trata de una de las maneras en que ha podido ser articulado un razonable equilibrio entre la fuerte tutela constitucional que recibe la libertad de expresión y la protección de otros derechos individuales que reconocen también fuente constitucional.

e. El examen del caso a la luz de la doctrina Campillay

Además de poder verla en la plataforma digital YouTube, en esta causa se ha acompañado la transcripción hecha por escribano público (fs. 37/39), no redargüida de falsa (art.993 del Código Civil y 296 del Código Civil y Comercial de la Nación), de la noticia cuestionada brindada por el demandado: «Otra vez la violencia de género, otra vez, un caso ocurrió el Domingo en Lomas de Zamora, una mujer que es tirada primero golpeada brutalmente con un fierro en la cabeza y después a la mujer el novio la tira por la ventana de un cuarto piso. Vea informe» Y a continuación aparece en pantalla un periodista que dice «C. F., 29 años, continúa internada en Terapia Intensiva con fuertes golpes en la cabeza y pronóstico reservado en esta clínica privada de Temperley tras ser arrojada de un cuarto piso por su novio según ella aseguró apenas vio a la policía». A continuación aparece otra pantalla con imágenes de la clínica y el título DISCUTIA CON SU NOVIO Y LA ARROJO DEL BALCON.

En la nota se registra una persona (que sería el tío de la lesionada) que dice «El muchacho S. es.era pareja de ella y bueno me dijo que habían estado discutiendo y demás, este.de hecho hay una denuncia radicada en la .en la Comisaría de acá de Remedios de Escalada sobre el tema», también aparecen imágenes del balcón y del edifico donde vivían los involucrados en el hecho.

Después el periodista aquí demandado entrevista a un médico psiquiatra para hablar del tema. El especialista, entre otras cosas, dice «Arrojar a una mujer de del cuarto piso es es un acto salvaje, no?». Y el entrevistador agrega, «No, obviamente, primero le pega con un fierro en la cabeza y después la tira del cuarto piso para para matarla, se salvó de milagro!».

En su escrito de contestación de fs.139/148 el demandado, después de las negativas de rigor, lejos de desconocer la nota, expresó que «lo informado por quien suscribe tiene sustento en la misma prueba arrimada por el propio actor» y aludió en su apoyo a las constancias de la causa penal iniciada a raíz de las lesiones sufridas por la mujer nombrada, entre las que destacó la declaración de personal policial que había asentado que la damnificada había dicho al médico que la había asistido que había sido empujada por su novio; las menciones de la madre de esta última en cuanto a que existían acciones de violencia hacia su hija por parte del aquí demandante; la denuncia por amenazas en contra de la progenitora acompañada al proceso penal y la negativa del juzgado para sobreseerlo del delito de tentativa de homicidio.

Agregó que existían «elementos para justificar las manifestaciones vertidas por quien suscribe» y que «la situación procesal del actor en la fecha en la cual quien suscribe intervino en el medio de comunicación impiden manifestar que puedo haber conocimiento alguno de falsedad de información.».

De lo expuesto se advierte que la defensa del demandado se fundó en la justificación de sus dichos por estar respaldados, sobre todo, por la causa penal.

Es cierto que como consecuencia del suceso ocurrido el 1 de abril de 2012, dos días después se convalidó la aprehensión del aquí demandado (fs. 61) y que el 2 de mayo se dictó su prisión preventiva (fs. 159/166), pero se hizo lugar a su apelación y el 6 de junio de 2012 la cámara interviniente decretó su libertad por falta de mérito (fs. 205/206). El 7 de agosto de 2013 el juez no hizo lugar al sobreseimiento solicitado por el fiscal y, finalmente, el 19 de noviembre de 2013 se lo sobreseyó totalmente y sin costas (fs.514/519).

De igual modo, se desprende del proceso criminal que un agente policial asentó que un médico le había dicho que la lesionada había manifestado que el novio la había arrojado al vacío (fs. 8) y otro sostuvo que había dicho lo mismo (fs. 25); que la madre afirmó que su hija estando internada le había expresado que él la había empujado y la había ayudado a caer (fs. 83/84), y otro tanto dijo el tío (fs. 85); que en la evaluación psicológica de fs. 383/386, donde la nombrada relató que el novio la había iniciado en el consumo de drogas, se consideró que entre ellos se había instaurado una modalidad vincular con componentes sádicos y masoquistas.

También es verdad que el aludido peritaje psicológico explicó que la mencionada presentaba una elevada estima de sí, un marcado egocentrismo, labilidad afectiva, dificultad para establecer una distancia adecuada en las relaciones interpersonales, tendencia a transgredir los límites que la separan de los otros y escasa tolerancia a la frustración, y concluyó que tenía una estructura del aparato psíquico dentro del orden de la neurosis, organizado bajo la modalidad de la histeria, con dependencia a sustancias tóxicas y la presencia de mecanismos compensatorios para mantener el control de la afectividad; que en ninguna de las dos declaraciones testimoniales que ella prestó como única testigo presencial, donde narró la mala relación que ella tenía con su propia madre, incriminó en modo alguno al novio (fs. 244/245 y fs. 285/287) y que el médico ante quien supuestamente ella habría manifestado que el demandante la había tirado por el balcón negó haber recibido tal declaración y recordó que «la chica estaba confusa» y «que si la paciente le decía algo no lo hubiese tomado de forma tajante porque es muy frecuente que estén confusos sobre los hechos pasados» (fs.475).

Sin intentar una inapropiada recreación de un expediente penal resuelto con el sobreseimiento, reseño algunos de sus elementos relevantes porque es con fundamento en ellos que el demandado ha resistido la pretensión.

Ahora bien, aun cuando las constancias iniciales de la tan aludida causa podrían haber dado pie a la formulación de hipótesis como la que generó la prisión preventiva dictada en primera instancia y revocada en cámara, lo cierto es que el periodista en manera alguna la citó como su fuente cuando afirmó, en dos oportunidades, que el novio primero le pegó con un fierro en la cabeza y después la tiró por la ventana de un cuarto piso.

El primero de los recaudos de la doctrina Campillay exime de responsabilidad cuando se atribuye sinceramente la noticia a una fuente, dado que aquélla dejaría de ser propia al transparentarse el origen de la información y permite al público relacionarla con la específica causa que la ha generado, de manera tal que los even tuales reclamos podrán ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los que sólo fueron sus canales de difusión.

Nada de ello realizó el demandado ya que, a diferencia de las noticias de otros medios que él mismo acompañó (fs.

132/137), no atribuyó el contenido de sus contundentes dichos ni a la madre ni al tío de la lesionada ni a una fuente policial ni judicial, sino que los afirmó por sí mismo.

Además, a todo evento, recuerdo que al citar la fuente, la trascripción ha de ser «fiel», «sustancialmente idéntica», y en el caso, no existe ninguna manifestación o hipótesis en el proceso criminal atinente al citado golpe en la cabeza con un fierro.Este

constituye un aporte subjetivo del periodista que compromete su responsabilidad por el carácter difamatorio de esa información.

Aun cuando no formó parte de lo argumentado al contestar demanda, de todos modos, observo que tampoco se han cumplido con otro de los requisitos de la citada doctrina, esto es, la reserva sobre la identidad de las personas involucradas. En efecto, si bien los dichos del periodista no mencionan el nombre y apellido del aquí demandante, en la nota se suministran datos, tales como el nombre suyo, el nombre y apellido de la novia herida (fs. 37vta.), la localidad del incidente y la fotografía del edificio donde ambos vivían, con su numeración (fs. 24 y 27); que lo hacían fácilmente identificable. Y hago notar que la segunda vez que asevera que el novio le pegó con un fierro en la cabeza y después la tiró del cuarto piso para matarla, ya se habían transmitido los mencionados datos que permitían la individualización.

Además, la documentación acompañada por el propio periodista a esta causa da cuenta de la amplia difusión que tuvo la noticia en diversos medios que contemporáneamente, en general con resguardo de la doctrina Campillay, daban el nombre y apellido del tan aludido novio (fs. 132/137).

Con respecto a la utilización del modo potencial, por fin, cabe señalar que la verdadera finalidad de esa regla jurisprudencial estriba en otorgar la protección a quien se ha referido sólo a lo que puede ser (o no), descartando toda aseveración, o sea la acción de afirmar y dar por cierta alguna cosa.La pauta aludida no consiste solamente en la utilización de un determinado modo verbal -el potencial- sino en el examen del sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo porque si así no fuera bastaría con el mecánico empleo del casi mágico «sería . » para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aun la peor, sin tener que responder por ello.

No hay duda que el modo en que se expresó el demandado estuvo lejos de ser meramente conjetural. Sus afirmaciones fueron rotundas, precisas y terminantes.

De todo lo dicho se sigue que en el caso no se han seguido ninguna de las pautas que determinan que el obrar del medio de comunicación no sea antijurídico.

f. La aplicación de la doctrina de la real malicia

La doctrina de la real malicia, inspirada en los precedentes norteamericanos elaborados a partir del caso «New York Times v. Sullivan» (376 US 254), postula que cuando se trata del perjuicio ocasionado por la difusión de noticias inexactas, los funcionarios públicos -o las personalidades públicas o particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos- que pretendan una reparación pecuniaria deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia, mientras que cuando se trata de un particular basta la negligencia precipitada o la simple culpa.

La razón de la distinción radica en que las personas privadas son más vulnerables que los funcionarios públicos puesto que éstos tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y porque los particulares necesitan una amplia tutela contra los ataques a su reputación, mientras que los funcionarios públicos se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias.

La sentencia consideró aplicable esta doctrina al caso, pero no puedo acompañar tal conclusión.Más allá de que el demandado no la invocó al contestar demanda, estimo que no concurre uno de los requisitos que la habilitan.

La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que cuando se trata, como en el caso, de un ciudadano común (en ningún momento se aduce que fuera un funcionario público), basta con la acreditación de la simple culpa, aun cuando se considere que el tema sobre el que versaba la nota era de interés público o general.

Examinado el caso desde esta última óptica no puedo sino concluir que el demandado efectuó afirmaciones de evidente potencialidad calumniosa o difamatoria sin justificación, por las que debe responder.

V. Los daños

a. Daño moral Respecto del daño extrapatrimonial provocado por la difusión de los dichos ofensivos y previsto en los arts. 522 y 1078 del Código Civil (ver arts. 52 y 1737 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación), cabe apuntar que la turbación de un derecho personalísimo es por sí sola desencadenante de un daño moral a menos que se demuestre lo contrario. El daño surge del hecho mismo de la acción antijurídica; sin perjuicio de que su cuantificación diferirá según se haya producido prueba que acredite su entidad más allá de la básica que cabe suponer.

De conformidad con la interpretación de la Corte Suprema cabe recordar el carácter resarcitorio del daño moral, que busca, en definitiva, contribuir a compensar la conmoción íntima que el padecimiento genera mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga.

Para estimar pecuniariamente tal reparación falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas.Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño.

Este tribunal ha recordado que la determinación de este daño no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (cf. arts. 163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y cc. del Código Procesal; arts. 1078, 1083 y cc. del Código Civil; ver arts. 1737 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación).

Por no ser susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida.

Para fijar el quantum del daño moral, como pautas generales debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.

Bajo tales premisas, valoro las condiciones personales y sociales del damnificado, la difusión de los dichos difamatorios en el ámbito que era identificado, como así también que no ha producido prueba al respecto y que debe distinguirse el daño producido por las afirmaciones ofensivas del daño generado por la detención por orden judicial y por el sometimiento a un proceso penal (sólo resarcible cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario); por todo lo cual propongo fijar a valores al tiempo de este pronunciamiento $ 100.000.

b.Daño punitivo

En el capítulo V del escrito de inicio el actor, bajo el título Daño punitivo, transcribe un párrafo de un autor y otro de una sentencia (fs. 50vta./51). Extrañamente no dice más nada y no pide nada al respecto. Solo al indicarle el secretario del juzgado que debía precisar la cuantía reclamada por daño moral y por daños punitivos (fs. 53) aclaró cuál era la finalidad de imponer al demandado una multa civil (fs. 54).

Estimo que un requerimiento de tal naturaleza no es viable ya que la norma que prevé tal imposición (no citada por el reclamante) es el art. 52bis de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (modificada por la ley 26.361), que no prevé su aplicación a situaciones como las que han dado origen a este pleito.

Se trata de una disposición destinada a regir las relaciones entre consumidores y proveedores, ajena al ámbito de la responsabilidad extracontractual de las injurias cometidas por la prensa con vulneración del derecho al honor.

Consecuentemente propicio no fijar intereses punitivos en el caso.

VI. Intereses

Surge de los fundamentos del fallo de este tribunal en pleno en «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios», que existen, al menos, dos modalidades para indemnizar: a valores al tiempo del hecho o al de la sentencia. Las cuales se corresponden, a su vez, con distintos tipos de tasa de interés, según contengan o no un componente que contemple la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (ver respuesta al cuarto interrogante del plenario).

Ha expresado esta sala en L. 170.074, del 21/6/95, con voto preopinante del Dr. Bellucci, y hemos sostenido con la Dra. Areán en nuestro voto en el citado fallo plenario «Samudio»; y recientemente en el expte. 9605/16, del 3/6/19, con voto preopinante del Dr.Polo Olivera, que cuando el monto de la sentencia se determina, como en el caso, valores al tiempo de su dictado, corresponde aplicar una tasa pura desde la fecha del hecho hasta la del pronunciamiento, de manera tal que en este período no se produzca una superposición con el compon ente de la tasa activa, que contempla la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

De allí que postulo fijar intereses a una tasa del 8% desde el hecho, hasta esta sentencia y desde entonces hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina La decisión que postulo no se contrapone con la que surge de aplicar la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 768), que si bien no contempla en su letra la facultad judicial de fijar intereses, ha de ser integrada con los arts. 767, 771, 1740 y 1748 (cf. art. 2 del mismo cuerpo legal) y con el deber de los jueces de resolver -con razonable fundamento- los asuntos que les sean sometidos a su jurisdicción (art. 3 del nuevo código de fondo y art. 163, inc. 6, del Código Procesal), conforme con la idea de contar con «mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso».

VII. Conclusión En mérito de lo expuesto, después de examinar los argumentos y pruebas conducentes, propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada para condenar a E. G. F. a abonar a P. S. T., en el plazo de diez días, la suma de $ 100.000, más intereses calculados conforme lo expresado en el apartado VI, sin admitir la fijación de intereses punitorios, con costas de ambas instancias al sustancialmente vencido en razón del principio objetivo de la derrota (art 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Gastón M. Polo Olivera y Carlos A.Bellucci votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carlos A. Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2020.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUEVE:

I.- Revocar la sentencia apelada para condenar a E. G. F. a abonar a P. S. T, en el plazo de diez días, la suma de $ 100.000, más intereses calculados conforme lo expresado en el apartado VI del voto preopinante, sin admitir la fijación de intereses punitorios, con costas de ambas instancias al sustancialmente vencido

II.- Al referirse a los trabajos profesionales el supremo tribunal federal ha decidido con fundamento constitucional, que el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza más allá de la época en que se practique la regulación (criterio mantenido en los autos «Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Pcia. de s/ acción declarativa» , del 4/9/2018). En consecuencia, conforme lo establece el art. 279 del Código Procesal, corresponde adecuar los honorarios regulados en la sentencia de primera instancia al nuevo monto del proceso.

En atención a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, resultado obtenido y lo que disponen los arts. 6, 7, 9, 11, 14, 19 y conc. de la ley 21.839 y de la ley 24.432, se fijan los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. F. J. Z., por tres etapas, en la suma de pesos .($.); los de los letrados patrocinantes del demandado, Dres. R. R. y M. J. C., por tres etapas en la suma de pesos. ($.) y los del letrado apoderado de T., Dr. D. P. D., por una etapa, en la suma de pesos .($ .).

Por los trabajos de segunda instancia se regulan los honorarios del Dr. Z. en la suma de pesos.($.) -que equivalen a .UMA al presente-, y los de los Dres. R. y C. en la suma de pesos.($.) -que equivalen a .UMA al presente- conforme arts. 30, 51 y ctes. de la ley 27.423 en virtud de la fecha en que se realizaron las labores.

III.- Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898).

IV.- Se deja constancia que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal. Regístrese, notifíquese a las partes en el domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de la Nación y devuélvanse.

Firmado: CARLOS A. CARRANZA CASARES

GASTON M. POLO OLIVERA

CARLOS A. BELLUCCI

Jueces de Cámara.

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