#Fallos Delito tributario: Prescribe la acción penal por reparación del perjuicio respecto de la apropiación indebida de tributos, pues el ordenamiento procesal no establece restricción alguna para delitos fiscales

Partes: M. M. S.A. y otro s/ inf. ley 24.769

Tribunal: Tribunal Oral en lo Penal Económico

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 7-jul-2020

Cita: MJ-JU-M-127071-AR | MJJ127071 | MJJ127071

La prescripción de la acción penal por reparación integral del perjuicio opera respecto de delitos tributarios y aún cuando no esté reglamentada en el ordenamiento procesal.

Sumario:

1.-Es procedente declarar extinguida la acción penal por reparación integral del perjuicio y sobreseer totalmente a los imputados por el delito previsto en el art. 7 de la Ley Penal Tributaria 27.430 -apropiación indebida de tributos en relación a los aportes con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social y al de Obras Sociales-, por estar acreditada la cancelación de la obligación tributaria, pues dicha causal es aplicable s loa delitos tributarios y la circunstancia de que el Código Procesal Penal de la Nación no haya reglamentado la extinción por dicha causal que prevé el art. 59, inc. 6 , del CPen. según versión de la Ley 27.147 , no priva a la norma de su naturaleza operativa.

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2.-El art. 59, inc. 6, del CPen. no establece restricción alguna en cuanto a su aplicación por lo cual no media impedimento para que, de corresponder, también se extienda a los delitos fiscales.

3.-Una reparación integral del perjuicio en materia de delitos fiscales, para que proceda la extinción de la acción penal de acuerdo al art. 59, inc. 6, del CPen. abarca como mínimo la satisfacción incondicional de las obligaciones tributarias lesionadas, la renuncia posterior a toda acción y derecho y el pago de costas y gastos causídicos.

4.-El art. 59, inc. 6, del CPen. establece el derecho del imputado a extinguir la respectiva acción penal por conciliación o reparación integral y, como derecho reconocido legalmente, es directamente operativo.

5.-El art. 59, inc. 6, del CPen. consagra el derecho de todo imputado a extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio y, por vía de principio, toda norma que reconoce un derecho es directamente operativa, por lo cual la causal de reparación integral del perjuicio resulta aplicable aún cuando el Código Procesal Penal de la Nación no la haya reglamentado.

6.-La reparación integral del perjuicio aludida por el art. 59, inc. 6, del CPen. en relación a la víctima o a su familia o a terceros debe entenderse elementalmente compuesta por la reposición de las cosas al estado anterior al delito cuando fuera posible (vgr.: restitución de la cosa en un supuesto de hurto), a la indemnización de los dañosy perjuicios causados por el delito y al pago de las costas procesales, todo ello, sin perjuicio de otros estándares que pudieran surgir de leyes especiales relativas a cada delito en particular.

7.-Por vía de principio, es inaplicable la reparación integral del perjuicio como causal extintiva de la acción penal respecto a aquellos delitos por los cuales existe compromiso internacional de prevenir, investigar y juzgar (vgr.: tráfico ilícito de estupefacientes, genocidio, torturas o tratos inhumanos, lavado de activos, violencia de género, corrupción en la administración pública, conductas que afecten los derechos de los niños, actos de terrorismo) y tampoco abarcaría aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, vistas las restricciones en ese sentido respecto a otras causales de extinción o suspensión de la acción penal en el propio CPen. (vgr. prescripción y suspensión de juicio a prueba).

8.-En lo relativo a la oportunidad de la interposición de la reparación integral del perjuicio como causal de extinción de la acción penal, se habrá de consagrar la interpretación más amplia, de manera de tutelar en forma efectiva el derecho de que se trata, máxime ante la ausencia de toda regulación al efecto, por lo cual el único requisito en ese sentido, que va de suyo, es la vigencia de la respectiva acción penal.

9.-La deducción de la reparación integral del perjuicio como causal de extinción de la acción penal debe estimarse oportuna si la causa principal se encuentra en la etapa de juicio cumpliéndose con las medidas de instrucción suplementarias -art. 357 , CPPN.-.

10.-La presunción de operatividad es visible cada vez que diversas normas prevén márgenes de limitación o restricción por vía de otra ley, porque claramente se entiende que si la ley puede limitar un derecho reconocido, tal derecho limitable es, en cuanto derecho, y en el espacio exento de limitación autorizada, un derecho que deriva directamente de la misma norma a través de una norma operativa en la que viene declarado.

Fallo:

Buenos Aires, 7 de julio de 2020.

VISTO: Para resolver el planteo formulado por la Defensa a fs. 1 en el presente «Incidente de Falta de Acción -art.

59 inc. 6 del CP-» correspondiente a la causa CPE 1540/2018/TO2/3 caratulada «M. M. S.A y otro s/ inf. ley 24.769» del registro de este Tribunal Oral n° 2, en relación al imputado Gustavo Alberto RODRIGUEZ VAZQUEZ (argentino, nacido el 28 de julio de 1961 en esta ciudad, titular del DNI nro. 14.610.221, con domicilio real en la calle Saturnino Segurola 64, localidad de Boulogne Sur Mer, Partido de San Isidro, PBA) y la firma M. M. S.A (CUIT nro. 30- 50695438-6 con domicilio fiscal en la calle Maipú xxx piso 4to de esta ciudad); Y CONSIDERANDO

1. Que, a fs. 1 y vta obra la presentación del Dr. Luciano PAULS en representación de sus asistidos Gustavo Alberto RODRIGUEZ VAZQUEZ y la firma M. M. S.A, solicitando la extinción de la acción penal en los términos del art. 59 inc. 6º del CP (ley 27.147) cuyos fundamentos se tienen aquí presentes.

2. Que, contestando la vista conferida el Fiscal General de Juicio, Dr. Gabriel PEREZ BARBERÁ, manifestó que la reforma introducida al art. 59 del CP por la ley 27.147 resultaba operativa y que en las presentes actuaciones se encontraba debidamente acreditado la cancelación de la obligación tributaria mediante el informe oportunamente remitido por la AFIP. En razón de ello, consideró que correspondía el dictado de sobreseimiento respecto a los imputados de autos.

3. Que, el art. 59 inc. 6 del CP. versión de la ley n° 27.147 dispone que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. De hecho, no obstante la incorporación al régimen procesal de los arts. 30 y ssgtes del Código Procesal Penal Federal, los mismos no contemplan la reglamentación del citado art. 59 inc. 6° del CP.En ese sentido, en el nuevo texto procesal sólo se halla regulada como causal de disponibilidad de la acción penal la conciliación (art. 34), no así la reparación integral del perjuicio. En el orden nacional, se ha sancionado la ley n° 27.482 que modifica la ley n° 27.063 que aprueba un nuevo Código Procesal Penal, el mismo recién entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente (art. 3). A la fecha, tal implementación no se ha llevado a cabo. De todas maneras, debe señalarse que en el citado código procesal sólo se halla regulada como causal de disponibilidad de la acción penal la conciliación (art. 34), no así la reparación integral del perjuicio.

4. La pregunta que cabe formular es si, en tales condiciones, la norma citada del art. 59 inc. 6 del CP. es aplicable, al no haberse reglamentado dicha causal en las leyes procesales.

Según se entiende, la respuesta a tal cuestión debe estar dada partiendo de la operatividad o programaticidad de tal norma. Como es sabido, una norma es directamente operativa cuando no necesita reglamentación alguna mientras que una norma es programática cuando sí necesita de otras normas para su operatividad. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN o la Corte), una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (Fallos 320:2948).

5. En el caso, el referido art. 59 inc. 6 del CP remite en su propia letra para su supuesta operatividad a leyes procesales que aún no entraron en vigencia o no fueron sancionadas. La circunstancia de que el artículo de referencia remita a una reglamentación aún no sancionada no priva al mismo de su naturaleza operativa, tal como lo mencionara el Sr. Fiscal de Juicio en la presentación aludida. El art. 59 inc.6 del CP consagra el derecho de todo imputado a extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio. Por vía de principio, como lo hiciera la CSJN en el caso de Fallos 239:459, toda norma que reconoce un derecho es directamente operativa y, de acuerdo a lo dicho, el citado art. 59 inc. 6 del CP consagra el derecho del imputado a extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio. En el citado caso «Angel Siri», el Alto Tribunal sostuvo que bastaba la comprobación del reconocimiento de una garantía constitucional para que la misma fuera restablecida por los jueces en su integridad, sin que pudiera alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamentare; las garantías individuales, continuó diciendo, existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales sólo eran requeridas para limitar precisamente su alcance restrictivo, con cita del allanamiento del art. 18. En otro ejemplo que el propio texto constitucional ofrece, su art. 14 enuncia que todos los habitantes gozan de los derechos «conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio» y no por ello tales derechos dejan de ser directamente operativos.

6. El viejo criterio de la Corte fue a su vez confirmado en el caso de Fallos 315:1492 relativo a la operatividad o programaticidad de los derechos que consagran los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En tal antecedente, también el Alto Tribunal se preguntó si el derecho de respuesta o rectificación establecido en el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica resultaba directamente operativo en nuestro derecho interno o si, por el contrario, era menester su complementación legislativa (considerando 15).Con cita de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José, la CSJN recordó que ante la consulta hecha a dicho tribunal acerca de si cuando el art.14.1 del citado pacto disponía que el derecho de rectificación o respuesta se ejercerá «en las condiciones que establezca la ley», quería decir que dicho derecho sólo era exigible una vez que se emitiera una ley formal que estableciera las condiciones en que el mismo podía ser concretamente ejercido, se contestó rechazando este argumento. En ese sentido, se afirmó que allí se consagraba un derecho de rectificación o respuesta en favor de toda persona, ya que «el sistema mismo de la Convención está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo» (considerando 21). Así entonces, el Tribunal internacional llegó a la opinión unánime respecto a que el art. 14.1 citado reconocía un derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible y que la frase «en las condiciones que establece la ley» se refería a cuestiones tales como si los afectados tenían derecho a responder en espacio igual o mayor, cuándo debía publicarse la respuesta una vez recibida, en qué lapso podía ejercerse el derecho, qué terminología era admisible, etc. Enfatizó la CIDH que el hecho de que los Estados partes pudieran fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impedía la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos habían contraído. Concluyó la CSJN que las palabras «en las condiciones que establezca la ley» se referían a los diversos sistemas jurídicos internos, integrados también por las sentencias de sus órganos jurisdiccionales, pues tanto la tarea judicial como legislativa perseguían el fin común de las soluciones valiosas (considerando 22). Así, en conceptos aplicables al caso que nos ocupa, consideró que entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del pacto debían considerarse comprendidas las sentencias judiciales pues, en ese sentido, podía el tribunal determinar las características con que ese derecho, ya concedido por el tratado, debía ejercerse en el caso concreto (mismo considerando).

7.Con un razonamiento similar, el siempre recordado maestro Bidart Campos, al analizar las normas del Pacto de San José de Costa Rica y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos, sostenía que aún cuando una norma usara la fórmula «toda persona tiene derecho a» pero intercalara las expresiones «conforme la ley» o «en las condiciones que establezca la ley» ello no le quitaba su carácter de operativa. Aunque la ley tuviera margen de pormenorización para fijar en ese sentido condiciones razonables y aún cuando la norma reglamentaria no se dictara, la operatividad subsistía y, en todo caso, serían los tribunales judiciales los que debían adoptar esas otras medidas para dar aplicación a las normas operativas. El art. 2 del Pacto de San José de Costa Rica establece en ese sentido que si el ejercicio de los derechos reconocidos no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar tales disposiciones a fin de hacer efectivos tales derechos y libertades (una disposición similar se halla en el art. 2 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Entre las medidas de «otro carácter» aludidas, se encuentran naturalmente las sentencias judiciales como expresión de la voluntad del Estado a través de uno de sus órganos. Por lo demás, la presunción de operatividad es visible cada vez que diversas normas prevén márgenes de limitación o restricción por vía de otra ley, porque claramente se entiende que si la ley puede limitar un derecho reconocido, tal derecho limitable es, en cuanto derecho, y en el espacio exento de limitación autorizada, un derecho que deriva directamente de la misma norma a través de una norma operativa en la que viene declarado. En otras palabras, consagrado constitucional o legalmente un derecho, por vía de principio no impide su operatividad su falta de reglamentación, la cual, en el caso concreto, deberá responder a la creación jurisprudencial que se estime aplicable.Como se ha dicho, el art.

59 inc. 6 del CP. establece el derecho del imputado a extinguir la respectiva acción penal por conciliación o reparación integral y, como derecho reconocido legalmente, es directamente operativo.

8. Que, precisada ya la operatividad de tal norma aún con ausencia de reglamentación, la cuestión siguiente se relaciona con las medidas tendientes a otorgarle plena efectividad. En ese sentido, tal implementación estará dada a partir de normas comunes que, en el régimen en el que está inserta (CP) o en otros similares o superiores en jerarquía, puedan ser aplicables por vía analógica sin desvirtuar su propia naturaleza.

9. Los términos «conciliación» o «reparación integral del perjuicio» son extraños a toda la normativa penal pues aluden más a instituciones procesales civiles (vgr.: art. 36 inc. 2° del CPCyCN). Con todo, como lo destaca Marcelo Riquert («La extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio (art. 59 inc. 6° del Cod. Penal», El Derecho Penal, octubre de 2016, p. 15, n° 101.), existen en el Código Penal figuras que se acercan a los conceptos más amplios de tales términos. Así, la reparación al estado anterior a la comisión del delito e indemnización de los daños y perjuicios causados por el mismo (arts. 11 inc. 1°, 29, 30 y 76 bis 3er. párrafo). En la propia CN, en otro supuesto de perjuicio por lesión de un derecho, la justa indemnización aparece prevista para casos de expropiación (art. 17). En el ámbito convencional, el Pacto de San José de Costa Rica alude también al concepto de indemnización en los casos de error judicial (art. 10) y de expropiación (art. 21 apartado 2). En especial, merece destacarse el art.63 del citado Pacto en cuanto establece la garantía al lesionado en el goce de su derecho como asimismo la reparación de las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los derechos respectivos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

10. En consecuencia de ello, la reparación integral del perjuicio aludida por el art. 59 inc. 6 del CP. en relación a la víctima o a su familia o a terceros debe entenderse elementalmente compuesta por la reposición de las cosas al estado anterior al delito en los casos en que fuera posible (vgr.: restitución de la cosa en un supuesto de hurto), a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito y al pago de las costas procesales. Ello, sin perjuicio de otros estándares que pudieran surgir de leyes especiales relativas a cada delito en particular.

11. Por vía de principio, no resulta aplicable la reparación integral del perjuicio como causal extintiva de la acción penal respecto a aquellos delitos por los cuales existe compromiso internacional de prevenir, investigar y juzgar (vgr.: tráfico ilícito de estupefacientes, genocidio, torturas o tratos inhumanos, lavado de activos, violencia de género, corrupción en la administración pública, conductas que afecten los derechos de los niños, actos de terrorismo). Tampoco abarcaría aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, vistas las restricciones en ese sentido respecto a otras causales de extinción o suspensión de la acción penal en el propio CP (vgr. prescripción y suspensión de juicio a prueba).

12. En lo relativo a la oportunidad de la interposición de tal causal de extinción de la acción penal, se habrá de consagrar la interpretación más amplia, de manera de tutelar en forma efectiva el derecho de que se trata, máxime ante la ausencia de toda regulación al efecto.El único requisito en ese sentido, que va de suyo, es la vigencia de la respectiva acción penal. En ese sentido, hallándose la causa principal en la etapa de juicio cumpliéndose con las medidas de instrucción suplementarias -art. 357 del CPP-, la deducción de la excepción debe estimarse oportuna.

13. En la hipótesis en particular, conforme el requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 1876/72, se imputó a Gustavo Alberto RODRIGUEZ VAZQUEZ, en carácter personal, y a la firma M. M. S.A – representada por RODRIGUEZ VAZQUEZ en calidad de presidente- el delito previsto en el art. 7 de la ley penal tributaria nro. 27.430, en calidad de autor (art. 45 del CP). Ello, en virtud de la presunta apropiación indebida de tributos en relación a los aportes con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social y al de Obras Sociales por los períodos junio 2018 y julio 2018 por las sumas de $ 7.526.078,06 y $ 5.341.709,74 respectivamente.

14. Si bien la causal de extinción por reparación integral del perjuicio resulta clara en su aplicación a conductas cuyos bienes jurídicos sean vgr, el patrimonio, la cuestión debe poseer una respuesta adicional cuando se trate de bienes jurídicos que afectan, en forma individual o conjunta, al Estado en general.

En el caso, no se trata de delitos patrimoniales stricto sensu sino de un delito, como la evasión fiscal, que posee un bien jurídico diferente: la hacienda pública.

15. Otro aspecto que cabe decidir es si existe en la propia ley penal tributaria algún impedimento para la aplicación del art. 59 inc. 6° del CP y, de superarse ello, si puede determinarse en esa clase de delitos un perjuicio tal que merezca su reparación en los términos de la citada norma.En primer término, debe señalarse que una reiterada objeción a la procedencia de la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio respecto a delitos fiscales, está dada precisamente en que el régimen penal tributario posee su propia causal de salida anticipada del proceso (art. 16 de la ley n° 24.769 vigente en su oportunidad o el art. 16 1er. párrafo del art. 279 del nuevo régimen penal tributario) y que por ello mismo su especialidad priva sobre la generalidad del citado art. 59 inc. 6° del CP. (art. 4 íd.). Para lo que se considera un adecuado tratamiento de la cuestión, es dable tener presente dos aspectos. El primero, relacionado con que el art. 59 inc. 6° del CP no establece restricción alguna en cuanto a su aplicación por lo cual no media impedimento para que, de corresponder, también se extienda a los delitos fiscales (tampoco lo hace el Anteproyecto de Código Penal de 2018 en su art. 59 inc. 7).

El Tribunal, por lo demás, no se encuentra habilitado para crear pretorianamente un supuesto de restricción al margen de la ley. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso «Kruslin c. Francia» del 24/04/90 sostuvo que la jurisprudencia que legitima limitaciones a los derechos fundamentales no expresamente previstos en la ley infringe lo dispuesto por el art. 8.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos («no habrá injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de (un) derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley.»).

Ello, en tanto no se trata de los delitos a los que ya se aludiera en el párrafo 12 de esta decisión. El segundo aspecto se vincula con el citado argumento de que, al tener la ley especial un régimen propio de extinción de la acción penal, el mismo priva sobre el general del art. 59 inc. 6° del CP (art. 4 íd.).

16. Cuando el citado art.4 del CP alude a que sus disposiciones se aplicarán a los delitos de las leyes especiales en cuanto éstas no dispongan lo contrario, se está refiriendo expresamente a normas que se opongan a su régimen general. Por ejemplo, las disposiciones vinculadas con la pena de la tentativa en el delito de contrabando (art. 872 del CA) privan sobre las normas generales de los arts. 44 y sgtes. del CP. El mismo CA posee normas especiales respecto a la pena accesoria de decomiso (arts.

876-1 incs. «a» y «b») que también privan sobre el régimen general del art. 23 del CP. En otro ejemplo, las disposiciones sobre el lapso de la prescripción penal en la ley n° 20.680 de abastecimiento (art.

22) privan sobre el régimen general de los arts. 62 y sgtes. del CP.

Otra ley especial, el régimen penal bancario posee sus propias normas sobre la aplicación de la ley más benigna y sobre la reincidencia (art. 20) que también privan sobre el régimen general de los arts. 2 y 50 y sgtes. del CP. Lo que se quiere demostrar con tales supuestos es que las referidas leyes especiales en forma expresa han fijado criterios claramente opuestos a las normas generales del CP. La CSJN también ha sido clara al sostener que el régimen especial de una determinada ley priva sobre las normas generales del CP (vgr. en el caso «S.A.Bodegas y Viñedos Vincal I.C.F.A.C y M», decisión del 21/09/76, en el cual se consideró que privaba la normativa especial de la ley n° 14.878 sobre el CP; Fallos 295:869; ver también el caso » Recurso de hecho Distribuidora Huilén Sociedad de Responsabilidad Limitada s/ apelación de multa» fallado por el Alto Tribunal el 13/06/00 en el cual se resolvió aplicar el lapso especial de prescripción de la acción penal de la ley n° 16.473 por sobre el régimen general del CP). En el caso de la ley n° 24.769 aplicable al caso (también una ley especial) no existe un criterio concreto que impida la aplicación del régimen general del CP (recuérdese vgr. que la ley n° 23.771, también tributaria y especial, establecía un régimen de exención y excarcelación distinto al régimen general del CPP; es decir, se oponía al mismo con sus propias normas). La ley n° 24.769 posee un régimen de extinción de la acción penal por pago (art. 16) pero no establece ninguna diferencia respecto a otros supuestos de extinción previstos en el CP (art. 59 en los casos de muerte, amnistía o prescripción).

17. La ratificación de tal criterio está dado por un antecedente similar que fuera resuelto por la CSJN. Como se recordará, el art. 14 de la ley n° 23.771 (al igual que la ley n° 24.769) establecía un supuesto de extinción de la acción penal por pago del perjuicio evadido. Cuando se planteó la aplicación de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del CP) a los delitos de tal ley, se sostuvo que al disponer el art. 10 de la ley n° 24.316 origen del citado instituto que sus disposiciones no alter aban los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771 tal suspensión no era de aplicación a los delitos fiscales (vgr.los casos de la CFCP fallados en las causas «Piaskowski Rosa Regina», sala III, reg. 691/98; «Pardo García Héctor», sala II, reg. 2135/98, «Aliberti», sala II, c. 11.286 del 22/03/10 y «Arana Sergio Daniel», sala I, reg. 12.158/08). La cuestión resultó controvertida hasta que la CSJN resolvió en el caso «Nanut» del 07/10/08 (N. 272, XLIII) que también respecto a los delitos de la ley n° 24.769 era aplicable la doctrina de Fallos 331:858, es decir la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis del CP (el Alto Tribunal reiteró tal doctrina en el caso «Cangiasso» del 16/12/14, 1253/2013 -49-C-). Como se observa, también se trataba de la aplicación de una suspensión y extinción de la acción penal regulada en el CP a los delitos de las leyes penales tributarias no obstante su régimen especial de extinción por pago. El legislador, en su posterior modificación del art. 76 bis del CP por la ley n° 27.435 estableció expresamente que tal instituto no era de aplicación a los delitos de la ley n° 24.769, poniendo fin así a la doctrina anterior y opuesta de la CSJN. En otras palabras, fue necesaria una modificación expresa para hacer inaplicable a los delitos tributarios el régimen general del CP respecto a la suspensión del juicio a prueba. En el caso, no existe esa norma especial que vede la aplicación del art. 59 inc. 6° del CP a tales supuestos y, como se dijera, el Tribunal no puede pretorianamente crear una restricción al margen de la ley.

18. Consecuente con ello, si el máximo Tribunal de Justicia consideró en su momento que las extinciones de la acción penal consagradas en el art. 76 bis del CP eran también aplicables a los supuestos de evasión fiscal a pesar de su régimen especial al respecto, no resulta discutible con ese mismo argumento que la reparación integral del perjuicio establecido por el art.59 inc. 6° del CP no sea aplicable a los citados delitos fiscales. Incluso, con anterioridad a la doctrina «Nanut» podía argumentarse con mayores razones que el régimen general del CP en materia de suspensión de juicio a prueba no resultaba aplicable a los delitos fiscales en tanto el art. 10 de la ley n° 24.316 disponía la no alteración de su régimen especial de extinción de la acción penal. Ese argumento hoy no puede oponerse pues no existe una norma similar.

Declarada la operatividad del art. 59 inc. 6° del CP, únicamente podría sostenerse que no resulta aplicable a los supuestos de delitos tributarios de existir, como en el caso del art. 76 bis in fine del CP, una norma expresa que lo prohíba. En la medida que esa norma hoy no existe, no media impedimento para que el régimen del art.

59 inc. 6° del CP sea aplicable a los delitos de la ley n° 24.769 y sus modificatorias.

19. Otro argumento refuerza tal conclusión. Es sabido que el ordenamiento jurídico posee una unidad y coherencia en el tratamiento de cuestiones similares. Ello se relaciona con otra causal de extinción de la acción penal ajena a la ley especial, también aplicable en forma expresa a los delitos fiscales. En ese sentido, recuérdese que el propio legislador trató la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el sistema de regularización excepcional de obligaciones tributarias, incluso en trámite judicial (arts. 52 y sgtes. de la ley n° 27.260 o el vigente régimen de la ley n° 27.541). En ese sentido, el legislador consideró que la regularización de la deuda del caso extinguía la acción penal sin establecer otras excepciones que aquellas enumeradas en los arts. 82 y 83 de la ley n° 27.260 o 16 del actual régimen.En otras palabras, el legislador no consideró relevante a dichos efectos el régimen particular de la ley especial que también establecía extinción de la acción penal por pago. La excepcionalidad de tal legislación no altera el razonamiento pues lo que se quiere enfatizar es que el régimen especial no fue obstáculo para establecer otra causal de extinción de la acción penal (si bien la periódica reiteración de tales regímenes le quita el carácter de excepcionalidad). En consecuencia de ello, la cuestión planteada debe ser interpretada en armonía con el resto del ordenamiento específico, dentro de un marco global de aquellas disposiciones que de alguna manera tiendan a consagrar la posibilidad de extinguir la respectiva acción penal por pago. Por ello mismo, resulta permitido concluir que una reparación integral del perjuicio en materia de delitos fiscales abarca como mínimo la satisfacción incondicional de las obligaciones tributarias lesionadas, la renuncia posterior a toda acción y derecho y el pago de costas y gastos causídicos. Obsérvese así que también el art. 16 del nuevo régimen penal tributario establece la extinción de la acción penal de los casos previstos en los arts. 1, 2, 3, 5 y 6 «si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios». Debe señalarse que tanto en el delito de contrabando como en el delito de evasión fiscal los bienes jurídicos tutelados tienen por centro al Estado considerado de manera general (también en el caso del art. 174 inc. 5° del CP es la Administración Pública el sujeto pasivo).

20. En el caso concreto, la AFIP informó con fecha 10 de marzo del corriente año que las obligaciones se encontraban canceladas en relación a los aportes retenidos al personal con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social y al de Obras Sociales correspondientes a los períodos junio y julio de año 2018 -fs.19 del presente incidente-. Tales hechos conforman la base fáctica del requerimiento de elevación a juicio ya referido.

21. Por lo demás, los interesados han manifestado su voluntad de desistir y renunciar a toda acción y derecho al respecto, haciéndose también cargo de las respectivas costas causídicas. En consecuencia de ello, en el caso se ha reparado en forma integral el perjuicio económico derivado de los hechos por los cuales mediara requerimiento de elevación a juicio. Por todo ello, cabe tener por extinguida la respectiva acción penal y proceder en su consecuencia.

Por lo expuesto, oídas las partes, arts. 59 inc. 6° del CP y 336-1 y 530 del CPP, el Tribunal, RESUELVE:

DECLARAR extinguida la acción penal emergente de los hechos por los cuales mediara requerimiento de elevación a juicio respecto a los imputados Gustavo Alberto RODRIGUEZ VAZQUEZ cuyas demás condiciones personales obran en autos y la firma ¨M. M. S.A¨ por reparación integral del perjuicio y, en su consecuencia, SOBRESEER TOTALMENTE en la causa y a su respecto. Sin costas.

Regístrese y notifíquese.

Nota: se deja constancia que el Magistrado Dr. Luis Gustavo LOSADA emitió su voto en forma digital por los medios electrónicos disponibles de lo que doy fe. Secretaría, 7 de julio de 2020.

DOLORES DURAO

SECRETARIO DE JUZGADO

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