#Fallos Caso Vicentín: Ante la situación sanitaria, se reinterpreta el art. 32 de la Ley 24.522 para el proceso concursal, admitiendo la presentación de pedidos de verificación de créditos mediante soportes de diversa índole

Partes: Vicentin S.A.I.C s/ concurso preventivo

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-may-2020

Cita: MJ-JU-M-127174-AR | MJJ127174 | MJJ127174

En atención a las actuales circunstancias sanitarias, el art. 32 de la Ley 24.522 debe interpretarse en el sentido de admitir verificaciones de créditos en soportes de diversa índole.

Sumario:

1.-Considerando que la preparación, presentación y recepción de los pedidos de verificación de créditos bajo la modalidad tradicional (presencial en soporte papel en las oficinas habilitadas por la sindicatura para ello), entraña en las actuales circunstancias sanitarias, un riesgo la salud de los individuos involucrados en el proceso concursal que es necesario evitar, corresponde reinterpretar el art. 32 de la Ley 24.522 en el sentido de que admite la presentación de pedidos de verificación de créditos mediante soportes de diversa índole (papel, cuerpo de correo electrónico, escritura soportada en un archivo digital PDF, JPG, TIFF, etc.) (art. 286 , CCivCom.).

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2.-Toda vez que en cuanto a sus efectos jurídicos se equipara a una demanda judicial, la verificación de créditos no es stricto sensu un escrito judicial dado que no se presenta ni incorpora al expediente concursal propiamente dicho, motivo por el cual los órganos sindicales no pueden rechazan pedidos de verificación por incumplimiento de pautas formales argumentando la falta de soporte papel, en tanto se observen las reglas procesales y sustanciales de la Ley concursal, contenidas principalmente en el art. 32 de la Ley 24.522, todo ello sin perjuicio de que, a los fines de una mejor gestión judicial y orden del proceso, el juez concursal pudiera disponer recaudos mínimos, formatos seguros u otras medidas similares en el marco de sus facultades (art. 273 , Ley 24.522).

3.-Siendo que en el contexto de la actual pandemia, se mantuvieron reuniones virtuales por medio de las diversas plataformas de comunicación disponibles, tanto entre los integrantes de la sindicatura plural, como con el Juzgado Concursal, con el afán de ofrecer además, un proceso de verificación de créditos bajo la modalidad no presencial y que estarían dadas las condiciones para implementar esta herramienta alternativa, no exclusiva ni excluyente de la verificación tradicional presencial, es procedente establecer un proceso de verificación de créditos no presencial (VNP) que deberá permitir a los acreedores concretar sus presentaciones verificatorias, sin necesidad de constituirse físicamente en las sedes designadas por la sindicatura, ingresando en cambio en un portal o vínculo de acceso, habilitado especialmente a tales fines por la Sindicatura Concursal, mediante el uso de las tecnologías digitales disponibles.

4.-La situación de aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por dec. del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 y demás normas provinciales y municipales ubica al tribunal en un contexto en el cual debe asumir la responsabilidad de generar alternativas que preserven la legitimidad del concurso preventivo, como una herramienta válida para la continuidad operativa de la empresa en crisis, el resguardo de los acreedores y la conservación de las fuentes de trabajo.

5.-Siendo que actividades comerciales e industriales desarrolladas por la sociedad concursada, se encuentran expresamente excluidas desde un principio, de las restricciones establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional a la circulación de personas en el territorio nacional al haber sido consideradas como actividades o servicios esenciales, aún en el marco de la emergencia declarada (dec. 297/2020, art. 6, incs. 12, 13 y 15 ), implica que la posición sectorial de aquella conlleva la necesidad de continuar con su actividad, aún en tiempos de la pandemia por coronavirus, debiendo el proceso concursal contemplar esta particularísima circunstancia.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

RECONQUISTA (Santa Fe),.de Mayo de 2020.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados «VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO» – Expte. N° 21-25023953-7, de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de esta ciudad de Reconquista (Santa Fe);

RESULTA: Que, luego de la constitución del órgano sindical y comienzo del período de verificación dispuesto en este concurso preventivo, sobrevino la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, establecido por el Poder Ejecutivo Nacional como medida para preservar la salud pública en toda la República Argentina, en el contexto de la crisis sanitaria mundial por Coronavirus-COVID 19 (Dto. PEN 297 del 20/3/2020).

Que, el gobierno de Santa Fe, hizo lo propio adhiriendo a la norma del PEN y adoptando similares resoluciones para todo el territorio provincial y la administración pública, en todas sus órbitas; Asimismo, la legislatura provincial, declaró el Estado de Necesidad Pública (Dtos.270 y 304 del 20 y 31 de marzo de 2020; Ley N° 13938 del 20/3/2020).

Que, en consonancia con lo antedicho y atendiendo a la necesidad de

preservar la salud de los operadores del sistema judicial, de los justiciables y de toda la comunidad, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dispuso la suspensión de los términos procesales, celebración de audiencias, la adopción de medidas para el resguardo inmediato de quienes se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad y la implementación de un cronograma de emergencia para todo el servicio de justicia en la provincia de Santa Fe (Circulares N° 31 y 32 del 17 y 18/3/2020 respectivamente).

Que, hasta el presente, a causa de la situación imperante y conforme a las limitaciones impuestas por la legislación prohibitiva, no resulta aventurado presumir que los acreedores de la sociedad concursada deban enfrentar importantes dificultades al momento de preparar sus pedidos de verificación de créditos y reunir la documental respaldatoria correspondiente, a los efectos de presentar tempestivamente sus pedidos, en forma presencial.

Que, en fecha 5/5/2020 el Gobernador de Santa Fe, decretó la flexibilización del ASPO, comprendiendo determinadas actividades productivas y manteniendo el resto de las limitaciones a la circulación y el distanciamiento social; En dicho decreto, excluyó expresamente a los conglomerados urbanos del Gran Santa Fe y Rosario.

Que, en fecha 11/5/2020 mediante el decreto 393/2020, adhirió a la prórroga de la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional hasta el 24/5/2020, a la vez que estableció excepciones al ASPO para algunos sectores industriales (Art. 2), actividades comerciales y profesionales liberales, en los horarios y con los recaudos de seguridad que deberán establecer las autoridades municipales (art.3); Ahora si, incluyendo a los conglomerados urbanos anteriormente excluidos (Rosario y Santa Fe).

Que, el pasado 5/5/2020 el Intendente Municipal de la ciudad de Reconquista (en el marco de sus facultades), decretó la flexibilización del ASPO

para determinadas actividades, conforme al cronograma de días y horarios allí establecido; Esta norma, incluyó a los profesionales liberales, comprensivo de la atención al público en los estudios contables situados en la ciudad (Dto. 88/2020, art. 1, inciso o).

Que, a la luz de los hechos es dable esperar en los diferentes distritos, correspondientes a los domicilios habilitados por la Sindicatura para presentar verificaciones presenciales, sucesivas flexibilizaciones al ASPO;

No obstante ello, ante la insuficiencia de las herramientas tradicionales disponibles, debemos intentar dar respuesta efectiva a una situación de emergencia, generada por circunstancias imprevisibles e inexorables.

Que, el término fijado en la resolución de apertura concursal para que los acreedores formulen sus pedidos de verificación de créditos, vence el próximo 9/6/2020, debiendo disponerse por lo tanto, las medidas jurisdiccionales que permitan restaurar el desarrollo del proceso concursal y dotarlo de certeza, evitando las incertidumbres que conspiran contra la seguridad jurídica;

Y CONSIDERANDO: Que, la situación previamente reseñada nos ubica en un contexto en el cual debemos asumir la responsabilidad de generar alternativas que preserven la legitimidad del concurso preventivo, como una herramienta válida para la continuidad operativa de la empresa en crisis, el resguardo de los acreedores y la conservación de las fuentes de trabajo.

I) CRISIS SANITARIA, ECONOMÍA Y CONCURSO PREVENTIVO: Que, la prevención del daño es un valor jurídico presente a lo largo de toda la legislación falimentaria, como uno de sus elementos constitutivos; Por lo tanto, en el derecho concursal siempre ha campeado la idea de evitar o prevenir el daño

injusto en curso, de inminente producción, o detenerlo cuando ya hubiera comenzado;

Esta misma función preventiva, asignada primordialmente al derecho de daños, fue consagrada en el art.1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, siendo necesario aquí ponderar aquella figura en toda su dimensión, en un adecuado diálogo de fuentes de base constitucional y convencional (Arts. 1 y 2 del CCyC).

Que, de no actuar preventivamente ante el escenario que nos toca transitar en este proceso en particular, estaríamos incumpliendo con la debida diligencia en la prestación del servicio de justicia de cuya materialización depende, no solamente el futuro de la empresa en crisis y sus acreedores, sino también sus proveedores, el sistema productivo en general y la realidad económica de una importante región y de todo el país;

Además de cientos y miles de familias de trabajadores quienes necesitan contar con un horizonte de certeza y de estabilidad laboral y social.

Que, las actividades comerciales e industriales desarrolladas por la sociedad concursada, se encuentran expresamente excluidas desde un principio, de las restricciones establecidas por el PEN a la circulación de personas en el territorio nacional; Ello así dado que se las considera como actividades o servicios esenciales, aún en el marco de la emergencia declarada (Dto. 297/2020, art.6, incisos 12, 13 y 15).

Que, por lo tanto, lejos de la realidad de una innumerable cantidad de empresas y comercios en todo el país y el mundo, los cuales han retraído su actividad a consecuencia de la falta de circulación de personas y bienes, la posición sectorial de la concursada, conlleva la necesidad de continuar con su actividad, aún en tiempos de la pandemia por coronavirus, debiendo este proceso concursal contemplar esta particularísima circunstancia.

Que, la preparación, presentación y recepción de los pedidos de verificación bajo la modalidad tradicional (presencial en soporte papel en las oficinas habilitadas por el órgano sindical para ello), entraña en las actuales circunstancias sanitarias, un riesgo la salud de los individuos involucrados en este proceso concursal que es necesario evitar.

Que, en el tiempo que resta para la conclusión del proceso verificatorio establecido originalmente (menos de 30 días), los Síndicos deberían recibir, revisar y entregar recibos a un total aproximado de 2700 acreedores;

Este dato revelador, nos sitúa en la lógica de restaurar el actual escenario de crisis y habilitar otros medios eficaces que, sin contrariar la legislación sanitaria prohibitiva vigente, permitan la razonable continuidad del proceso concursal.

Que, tanto en la faz estrictamente judicial, como en los innumerables procesos administrativos que entraña la verificación de créditos y las ulteriores observaciones que pudieran surgir en el marco del art. 34 LCQ, como asimismo la elaboración de los informes individuales de la sindicatura, resulta necesario establecer como premisa fundamental, la preservación de la salud individual y colectiva, en este escenario de gran conmoción e incertidumbre.

Que, la actual legislación sanitaria (aun cuando se vaya flexibilizando), resulta impeditiva de la circulación humana en los niveles que sería necesario para un adecuado desarrollo de la etapa verificatoria restante, razón por la cual debemos alentar otras alternativas, en este proceso concursal.

II) LOS SISTEMAS JURISDICCIONALES Y LAS TICs:Que, resulta posible avizorar propuestas concretas y superadoras, mediante una razonable y efectiva implementación de las tecnologías de información y comunicación, con diverso grado de profundidad y modulación, conforme al punto de partida en el cual nos encontramos actualmente en este proceso concursal.

Que, la recomposición del actual escenario crítico, es una voluntad manifiesta e irreversible de los más importantes protagonistas de los sistemas estatales de administración de justicia; Ello se refleja en algunas decisiones adoptadas las Cortes Provinciales y Nacional que han venido implementando TICs, en la convicción de que no es posible privar a la sociedad del rol asignado a justicia en cuyas manos está la responsabilidad de garantizar la paz social y la seguridad jurídica.

En tal sentido por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una reciente acordada, destacó la necesidad de realizar «.Los mayores esfuerzos para adoptar las acciones que tiendan a lograr el máximo aislamiento social. En ese sentido y bajo dicha premisa, recientemente, y con el fin de lograr una menor afluencia a los tribunales, se dispuso que las presentaciones que se realicen en las causas sean completamente en formato digital, con firma electrónica, eximiendo la exigencia de su presentación en soporte material -punto dispositivo 11 de la acordada 4/2020.», por lo que luego de enfatizar la necesaria adaptación del sistema judicial a las necesidades y funcionalidades propuestas dispuso, entre otras medidas:a) Aprobar el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial de la Nación; b) Establecer que, en los casos en que se aplique la firma electrónica o digital, no será necesario la utilización del soporte papel; c) Disponer que, cuando no fuera posible la celebración de acuerdos en forma presencial, éstos podrán realizarse por medios virtuales o remotos; y d) Aprobar el «PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DEMANDAS, INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DIRECTOS Y RECURSOS DE QUEJA ANTE CAMARA».

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, aprobó un reglamento para la puesta en funcionamiento, en forma gradual y progresivo, del expediente digital, señalando las pautas para su implementación en diversas etapas temporales y encomendando al Instituto de Estudios Judiciales y Secretaría de Tecnologías Informáticas, la organización de capacitaciones para los operadores jurídicos, consagrando la puesta en funcionamiento de los expedientes judiciales en formato digital (art. 11 del Anexo 1 reglamentario).

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, mediante un Acuerdo Especial resolvió poner operativo al Poder Judicial bajo la modalidad de tribunal a puertas cerradas, con personal mínimo, estableciendo como lineamientos funcionales y objetivos, desde el 13.04.20 y hasta el 26.04.20 (sujeto a prorrogabilidad), el libramiento de órdenes de pago electrónicas, la disponibilidad de todo el personal de trabajo, en forma presencial o virtual, realización de teletrabajo para los funcionarios, presentaciones judiciales electrónicas en mesas de entradas virtuales, la utilización de la aplicación Wathsapp para la validación de datos e informes, entre otras medidas similares.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha venido desarrollando desde hace muchos años a esta parte la tecnología aplicada a los procesos judiciales:La primera reglamentación acerca de firma electrónica y digital fue la N° 65 del 11/10/2006, avanzando desde entonces hasta la fecha en numerosos aspectos tendientes a la implementación del expediente íntegramente digital.

Recientemente, en el contexto de la crisis por la pandemia que atravesamos por coronavirus, en acuerdo de Ministros se dispuso, entre otras medidas relevantes, la habilitación de cuentas de mail para recibir de los profesionales presentaciones judiciales, estableciendo que los peticionantes deberán consignar sus direcciones de correo electrónico y número de teléfono celular; Recibido el pedido vía mail, el juez actuante, le dará trámite y en su caso y de corresponder, designará audiencia a los fines de recibir a las partes y sus profesionales, notificándola en los domicilios electrónicos o celular consignados pudiendo realizar dicha audiencia por medios tecnológicos como la aplicación zoom o similar si lo considera viable (punto X del citado Acuerdo); Asimismo, habilitó la presentación de recursos de queja en el correo electrónico de la Secretaría Técnica de la Corte;

Otras jurisdicciones provinciales (vg.Mendoza, Chubut) están orientadas en el mismo rumbo que aquí reseñamos, con diverso grado de avance y soportes tecnológicos; Todo lo cual nos permite comprender que se trata de un camino en el cual, antes o después, toda la administración de justicia se encuentra involucrada intentando generar un salto tecnológico cualitativo sin retorno, en miras a lograr una justicia más efectiva que (paradójicamente) no prescinde de las personas humanas sino que las sitúa como los principales protagonistas del sistema, en un claro desafío restaurativo, al decir del profesor Raúl Calvo Soler;

Cabe mencionar también aquí, el reciente Real Decreto Ley español del 28/4/2020 que, entre otras muchas regulaciones de la crisis para el sistema judicial (Estableciendo incluso medidas concursales y societarias en su capitulo II), dispuso medidas organizativas y tecnológicas en materia de celebración de audiencias, jornadas laborales y teletrabajo.

Que, la jurisprudencia ha venido acompañando de cerca la situación, disponiendo múltiples medidas tendientes a evitar la paralización del servicio de justicia, con diverso grado de implementación de tecnologías, conforme a cada organización jurisdiccional y a la realidad particular de los distintos fueros.

III) REINTERPRETACIÓN DEL ART. 32 LCQ: Que, sobre las bases antedichas, corresponde propiciar aquí un nuevo análisis de la norma del art. 32 de nuestra ley de concursos.

Aquella norma procesal concursal, que impone la forma escrita para el pedido de verificación de créditos, fue tradicionalmente interpretada como escritura impuesta en papel. Sin embargo, dicha limitación con respecto al continente o soporte, no surge expresamente de dicho texto normativo en particular como así tampoco de la ley concursal en general; El art. 34 también habla de la forma escrita, pauta que además recorre implícitamente los art. 35, 36 y 39 LCQ; En los escritos judiciales stricto sensu y las resoluciones jurisdiccionales, se establece asimismo la escritura por ser un recaudo de las leyes adjetivas (Vg. Arts.32, 130, 142, 244 entre otros del CPCCSFe);

Pero ningunas de las normas citadas hace expresa alusión al soporte papel, de manera exclusiva y excluyente; Aquella limitación surge, naturalmente, de la propia dinámica social y forense en la cual el soporte papel fue históricamente, el único aceptado para la concreción de la forma escrita.

Que, desde hace un tiempo a esta parte, numerosos autores han venido señalando que aquella limitación no es tal, en tanto y en cuanto el soporte de otra naturaleza (no papel), ostente las mismas -o incluso mejores- cualidades reclamadas a los escritos y presentaciones, judiciales o extrajudiciales.11

Al analizar la forma y prueba de los actos jurídicos, Julio Cesar Rivera12 nos recuerda que el proyecto de Código Civil, ya receptaba formas flexibles no limitantes;

En dicha inteligencia, se trataba de brindar orientaciones básicas para los operadores jurídicos; De modo tal que no se acepta o rechaza enfáticamente ninguna tecnología, sino que se pretende sentar principios fundamentales a partir de los cuales se pueda establecer si existe, en cada caso concreto, la expresión escrita reclamada por la ley y la firma, en tanto elementos esenciales del acto.

Según este autor, dicho esquema sigue en líneas generales la ley modelo de comercio electrónico UNCITRAL, edificada sobre tres pilares fundamentales: LEGIBILIDAD, AUTORÍA e INALTERABILIDAD.

Estos mismos principios son examinados por otros autores ya citados, con cierta variación, en torno a la prueba judicial, mencionados como AUTORÍA, INTEGRIDAD Y LICITUD.

Esta evolución doctrinaria, nos ha llevado al texto de los actuales arts.284 al 288 y 319 del CCyC, que han venido a enriquecer el concepto tradicional de expresión escrita, firma y valor probatorio de un documento.

Que, por lo tanto, debemos diferenciar conceptualmente el SOPORTE del TEXTO y de la FORMA, impuesta (o no) por la ley o las partes a determinados INSTRUMENTOS.

La expresión escrita puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos; Este principio de libertad de las formas, se restringe para determinados actos en los cuales las partes, o el legislador, exigen un instrumento en particular (art. 285 CCC).

La expresión escrita, puede asimismo dar lugar a diversos instrumentos, públicos o privados y estos a su vez, firmados o no firmados;

De allí que los instrumentos particulares, firmados serán considerados instrumentos privados, en tanto que los no firmados servirán asimismo como manifestación de voluntad de las partes para cumplir con la formalidad expresamente impuesta.

Que, la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Que, el concepto de firma digital y electrónica empleado por el CCyC se encuentra preestablecido en la ley 25506, Arts.2 y 5 (no derogada por la ley N° 26994 de sanción del CCC);

Allí se establece que, se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital, un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control;

Y por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital.

Finalmente, el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen (Conf. art. 319 CCC).

Que, por lo antedicho, consideramos que la pauta procesal del Art. 32 LCQ, que reclama la existencia de un texto escrito, se reinterpreta y enriquece, admitiendo soportes de diversa índole (Papel, cuerpo de correo electrónico, escritura soportada en un archivo digital: PDF, JPG, TIFF, etc.), que permitan su incorporación en un proceso o expediente, su reproducción o lectura, aunque ello demande el uso de medios técnicos (dispositivos móviles, ordenadores, etc.) y su almacenamiento para consulta, en forma inalterable.

Vale decir que si la expresión escrita «Puede hacerse constar en cualquier soporte.» (Art.286 CCC), puede admitirse una verificación de créditos realizada en forma escrita, ya sea en soporte papel u otros que guarden la misma calidad (o mejor aún);

Que, por otro lado, debemos considerar que, en cuanto a sus efectos jurídicos se equipara a una demanda judicial, la verificación de créditos no es stricto sensu un escrito judicial dado que no s e presenta ni incorpora al expediente concursal propiamente dicho.

Por lo tanto, los órganos sindicales no pueden rechazan pedidos de verificación por incumplimiento de pautas formales argumentando la falta de soporte papel, en tanto se observen las reglas procesales y sustanciales de la ley concursal, contenidas principalmente en el art. 32 LCQ;

Todo ello sin perjuicio de que, a los fines de una mejor gestión judicial y orden del proceso, el juez concursal pudiera disponer recaudos mínimos, formatos seguros u otras medidas similares en el marco de sus facultades (art. 273 LCQ).

Que, entre otras bondades, la presentación de escritos en soporte digital, facilita enormemente su almacenamiento, búsqueda y reproducción, otorga mayor calidad, seguridad y eficiencia a los procesos de gestión judicial, acortando enormemente los períodos de trabajo;

Que, mediante los documentos digitales, se elimina la reproducción mecánica de datos, aportando esa cuota de tiempo para un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, a la vez que evita la impresión en papel de una incontable cantidad de documentos, con el consiguiente beneficio ecológico y también económico (abaratando muchísimo los costos de los procesos judiciales);

Todo ello, debe ser prudencialmente ponderado en un proceso con la magnitud y complejidad que tiene este concurso preventivo.

IV) PLATAFORMA VIRTUAL Y PROCESO DE VERIFICACION NO PRESENCIAL:Que, la Sindicatura Concursal ha venido avanzando desde su constitución, en la puesta en funcionamiento de un sitio web, destinado inicialmente a brindar información veraz, actualizada y efectiva a los acreedores, con relación al proceso concursal.

Que, desde los inicios del presente año y máxime en el contexto de la actual pandemia, se mantuvieron reuniones virtuales por medio de las diversas plataformas de comunicación disponibles, tanto entre los integrantes de la sindicatura plural, como con este Juzgado Concursal, con el afán de ofrecer además, un proceso de verificación de créditos bajo la modalidad no presencial;

Que, actualmente se encontrarían dadas las condiciones para implementar esta herramienta alternativa, no exclusiva ni excluyente de la verificación tradicional presencial;

Por lo tanto debemos abocarnos a definir las pautas rectoras que habrán de aplicarse a tal proceso, sin perjuicio de ulteriores modificaciones que fuera necesario establecer.

Que, dicho proceso de verificación de créditos no presencial (VNP) deberá permitir a los acreedores concretar sus presentaciones verificatorias, sin necesidad de constituirse físicamente en las sedes designadas por la sindicatura, ingresando en cambio en un portal o vínculo de acceso, habilitado especialmente a tales fines por la Sindicatura Concursal, mediante el uso de las tecnologías digitales disponibles.

En el marco de la verificación no presencial (que se desarrollará paralela y sucesivamente al tradicional en soporte papel), deberán ofrecerse a los acreedores, todas las herramientas, garantías y resguardos para la presentación y recepción tempestiva de sus verificaciones de créditos; Como así también para el seguimiento y observación de los demás acreedores;

Que, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, ha propiciado el registro de la firma digital de los 3 síndicos integrantes del órgano colegiado, en tanto funcionarios auxiliares del proceso, aportando de esta forma una poderosa herramienta para el trabajo de dicho órgano concursal;

Que, a la luz de las consideraciones realizadas en forma precedente, corresponde ahora establecer pautas rectoras que los acreedores y la sindicatura deberán observar a los fines de la presentación de pedidosde verificación de créditos y observaciones, bajo la modalidad no presencial (VNP);

V) VERIFICACIONES Y OBSERVACIONES DE CREDITOS, NO PRESENCIALES: Que, observando los recaudos previstos por el art. 32 LCQ, los acreedores deberán cumplir con las siguientes pautas esenciales, sin perjuicio de otras que a criterio de la Sindicatura o de este Juzgado, resulten necesarias para el normal desarrollo de su labor:

a) Justificar causa o título anterior,

b) Indicar monto, causa y privilegio para el caso de existir,

c) Formular su petición en forma escrita (no limitada al papel): Se deberá cumplir con la reglamentación que la Sindicatura deberá establecer en forma inmediata, sujeta a su aprobación por parte de este Juzgado, dándose a publicidad de manera masiva, por todos los medios que oportunamente se juzguen necesarios;

Estas peticiones tendrán el carácter de declaración jurada, tanto con respecto a su contenido como con relación a los archivos adjuntos y deberá además consignarse todos los datos para el contacto y la verificación de la identidad y del pedido (vg. teléfonos fijos, móviles, wathsapp, etc).

d) Acompañar los títulos justificativos: Los acreedores deben enumerar y poner a disposición de la sindicatura tales elementos, por cualquier medio electrónico (archivos adjuntos, discos virtuales, etc); La sindicatura debe tener acceso directo e inmediato, sin limitaciones, la totalidad de la documentación respaldatoria de cada uno de los pedidos. Asimismo se podrán adjuntar planillas de datos (Excell o similares), conforme lo reglamente la sindicatura;

Se mantendrán en plena vigencia las pautas del art. 33 LCQ; Por lo tanto, no se podrán rechazar los pedidos de verificación de créditos por razones meramente formales, dudas acerca de la personería o documentación incompleta que pueda suplirse en tiempo razonable, previo al informe individual, o por otras cuestiones que no perjudiquen la existencia y legitimidad del crédito;

e) Expresar domicilio: Cada acreedor deberá constituir el tradicional domicilio legal (Art. 37 y stes. CPCCSFe) y un domicilio electrónico que se validará mediante la intervención de la sindicatura.Allí se consideran válidas, todas las notificaciones y requerimientos que el órgano sindical realice con relación a los acreedores verificantes;

f) Devolución de los títulos originales: Se deberá generar un acuse de recibo provisorio, con detalle de la documentación remitida y puesta a disposición por cada acreedor, con fecha determinada y firma de al menos uno de los integrantes del órgano sindical. La sindicatura deberá resguardar la documentación complementaria de cada crédito, a los fines de mantenerla inalterable hasta el momento de elaborar y presentar los informes individuales; Esto se detallará y acompañará en el momento de su presentación judicial.

En dicha tarea se podrá acudir al uso de medios de resguardo de aquella información (Vg. terceros de confianza o «hasheo» de archivos).

La documentación original deberá ser resguardada por los acreedores verificantes en condición de depositarios judiciales, debiendo proporcionarla a la sindicatura o al juzgado, en cualquier momento y circunstancias, a simple requerimiento.

g) Observaciones: Asimismo, la totalidad las verificaciones de crédito presentadas (tanto en modo presencial como no presencial) y su documentación respaldatoria, deberá estar a disposición de los demás acreedores y de la propia concursada, en el sitio web de la sindicatura, en forma previa al computo del plazo establecido por el art. 34 LCQ, una vez que se reprogramen las fechas originalmente dispuestas en este proceso.

h) Pago del arancel: Se requiere que el pretenso verificante acompañe también copia de la transferencia bancaria de pago (PDF o cualquier constancia de depósito); La sindicatura verificará este extremo;

i) Recibo de VNP: La sindicatura revisará cada uno de los pedidos de verificación, relevará la existencia de la documental respaldatoria, cotejará la realización del pago del arancel y solamente luego de cumplidos tales recaudos, emitirá un recibo de todos estos extremos, con firma de al menos uno de los funcionarios integrantes del órgano;

Para ello contará con un plazo de 10 días desde que ingresó el pedido de verificación no presencial;

Ínterin, haciendo uso de las facultades del art.33 LCQ, deberá requerir cualquier elemento a los acreedores a los fines de considerar presentada la verificación, bajo expreso apercibimiento de desaconsejar su admisión (Arts. 254, 255 y 275 LCQ).

j) Art. 34 LCQ: El mismo proceso se deberá habilitar a los efectos de que los acreedores verificantes y la concursada, puedan efectuar la observación no

presencial los créditos insinuados, ya sea que aquellos se hubieran efectuado de manera presencial o no presencial.

VI) NUEVO PLAZO LÍMITE PARA LA VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS: Que, como lo hemos venido explicitando, en fecha 9/6/2020 vencerá el término originalmente establecido para la presentación tempestiva de los pedidos de verificación de los acreedores en este proceso concursal.

Que, conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, todos los términos judiciales se encuentran suspendidos, sin excepciones.

Esto ha sido inclusive clarificado en la Circular N° 53/20 de fecha 8/5/2020, donde expresamente se dijo que «.La suspensión de los plazos procesales que esta Corte dispuso mediante acta N° 8 de fecha 16.3.2020, conlleva la aplicación de los artículos 239 del Código Procesal Civil y Comercial y 2550 del Código Civil y Comercial.», dejando en claro la postura interpretativa de nuestro Tribunal Cimero, con respecto a este tema.

Que, en el actual contexto debemos por lo tanto aguardar que la Corte Provincial se expida formalmente con relación a la reanudación de los términos procesales suspendidos, a los efectos de ponderar una reprogramación de la fecha límite para presentar los pedidos de verificación de créditos y evaluar un posible ajuste de otras fechas del proceso concursal; Hacerlo en actual contexto de incertidumbre reinante sería, por cierto, poco acertado;

Que, lo antedicho no impide el pleno aprovechamiento del tiempo útil para la recepción de los pedidos de verificación de créditos;

Por lo tanto, la sindicatura deberá realizar dicha tarea, aún después del día 9/6/2020, debiendo considerarse tempestivas todas las verificaciones de créditos que se recibande modo presencial o no presencial, hasta una nueva fecha de vencimiento, que se determinará en el momento pertinente.

En consecuencia, los pedidos de verificación de créditos podrán realizarse: a) De manera presencial, en las sedes que se encuentren habilitadas para ello, conforme determinen las autoridades sanitarias de la Nación, provincia de Santa Fe y por parte de cada uno de los Intendentes Municipales de Reconquista, Santa Fe y Rosario respectivamente;

La sindicatura deberá observar y hacer cumplir atentamente tales pautas, preservando en todo momento la salud pública y cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes; Y

b) Asimismo se habilitará en forma inmediata, el mecanismo de Verificaciones No Presenciales (VNP), de manera virtual, el cual se desarrollará paralela y sucesivamente con el presencial.

Todo lo anteriormente resuelto, será materia de atenta revisión a los fines de realizar aquellas adecuaciones y ajustes que resulten necesarios a los fines de permitir a los acreedores, el pleno ejercicio de sus derechos.

Que, en mérito a lo expresado;

RESUELVO: 1) HABILITAR el proceso de VERIFICACIÓN NO PRESENCIAL (VNP) de créditos, en el marco del presente proceso concursal, en los términos y condiciones antes establecidos y conforme a la reglamentación que la Sindicatura Concursal deberá establecer en forma inmediata, sujeta a su aprobación judicial; 2) ESTABLECER que, la Sindicatura Concursal deberá continuar recibiendo los pedidos de verificación de créditos que sean presentados por los pretensos acreedores, aún con posterioridad al día 9/6/2020; La nueva fecha límite a tales fines, será establecida luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, disponga la reanudación de los términos procesales, actualmente

suspendidos.3) ENCOMENDAR a la Sindicatura que reciba los pedidos de verificación de créditos, en forma presencial, cumpliendo estrictamente las normas sanitarias establecidas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la regulación de cada autoridad municipal, en las ciudades de Reconquista, Santa Fe y Rosario, donde se encuentran los domicilios habilitados por dicho órgano para recibir las verificaciones; Será primordial el resguardo de la salud pública y el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en cada localidad. 4) SOLICITAR a la sindicatura la redacción de un reglamento del proceso verificatorio no presencial, debiendo informar los sitios web o vínculos virtuales de acceso a tales fines, en el término de SIETE DÍAS, habilitándose a tales fines los términos procesales que se encuentran suspendidos. 5) DESTACAR la preeminencia absoluta y estricta observancia del régimen de notificaciones establecido por la ley de concursos (art. 26 y 273 inc. 5º LCQ); Insértese el original, agréguese copias al sistema SISFE, reserve copia por Secretaría; Notificaciones por secretaría conforme Arts. 26, 273 inc. 5) y 278 LCQ.-

DR. JOSÉ BOAGLIO

Juez

DR. FABIAN LORENZINI

Secretario

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