#Fallos Abuelos en peligro: Un geriátrico debe responder tras la muerte de una paciente mientras era trasnsportada en un montacarga que se usaba como ascensor

Partes: Vaninetti Raúl Armando y otro/a c/ Godoy Carlos y otro/a s/ daños y perjuicios extracontractual

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín

Fecha: 2-jun-2020

Cita: MJ-JU-M-126199-AR | MJJ126199 | MJJ126199

Es responsable el titular de un establecimiento geriátrico por la muerte de una paciente a causa del accidente ocurrido cuando era transportada en un montacarga que se usaba como ascensor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó al titular de un establecimiento geriátrico a indemnizar el daño sufrido por los actores a causa del fallecimiento de su madre en un accidente ocurrido cuando era transportada en un montacargas que era utilizado como ascensor, pues se advierte sin mayor dificultad que no resulta adecuado para hacer las veces de ascensor para el desplazamiento de pacientes, a lo cual se agrega la existencia de advertencias de empleados acerca del mal estado en que se encontraba, lo cual descarta que el suceso fuese un hecho imprevisible e inevitable que configure un caso fortuito (arts. 513 y 514 , CC.) que desvíe causalmente fracturando siquiera en mínima medida (art. 901 ) la responsabilidad que le cabe al accionado conforme fuere determinada en sede penal en sentencia que tiene al respecto los efectos de cosa juzgada (art. 1102 ).

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2.-Cualquiera sea la visión que se sostenga con relación a la obligación de seguridad, resulta evidente que en los contratos de prestación de servicios geriátricos, de modo semejante a lo que ocurre en el ámbito de las clínicas y establecimientos sanitarios en general, pesa sobre el deudor la aludida obligación, compeliéndolo a adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar daños a los residentes.

Fallo:

En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº JU-5230-2015 caratulada: «VANINETTI RAUL ARMANDO Y OTRO/A C/ GODOY CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)», a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apeladá

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

I.- En la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2019, la Sra. Jueza de Primera Instancia Dra. Laura Morando 1) Rechazó con costas a los actores la demanda que por daños y perjuicios entablaron Raúl Armando y Carlos Alberto Vaninetti contra María Elena Cóceres, Delia A. Mendoza y la Unión Obrera Metalúrgica. 2) Impuso las costas por el rechazo de la excepción de defecto legal a la primera de las codemandadas mencionadas.3) Receptó la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía Seguros La Mercantil Andina SA, con costas a los actores.4) Hizo lugar a la demanda contra Carlos Rodolfo Godoy, fijando la indemnización en las sumas de $ 100.000 por valor vida y $200.000 para ambos hijos, con más intereses a la tasa pasiva desde la fecha del hecho (19/6/2015) hasta el efectivo pago y costas.

El pronunciamiento está referido a un accidente ocurrido en la Residencia Médica Geriátrica Betania al desplomarse el montacarga que hacía las veces de ascensor en el que iba, con una acompañante, en una silla de ruedas la madre de los actores Ofelia Centoz; caída que provocó su fallecimiento el día 22 de junio.

Consideró en relación a la falta de legitimación pasiva de la UOM que era únicamente la locadora del inmueble y que como propietaria no había instalado ni autorizado un montacarga; de la Sra. Mendoza ya que conforme la documentación de fs. 217 el único titular del geriátrico es el Sr. Godoy y de la Dra. Cóceres que no se probó su cargo como Directora responsable médica (documentación de fs. 210/227).

Teniendo en cuenta los términos de los escritos introductorios, las constancias de la causa penal, y valorando el testimonio de Carina Pedezoli quien manifestó la había advertido de las malas condiciones del cable del montacarga, entendió comprometida la responsabilidad de Godoy en forma exclusiva por el suceso en razón del deber objetivo de seguridad incumplido (arts. 512,902,1137,1198 y conc. CC).

Respecto a la declinación de cobertura que admite señala que «conforme la documentación allegada ( ver fs. 70 Anexo 1 Riesgos no asegurados inc.J) surge que no se encuentra cubierto por el seguro contratado los riesgos generados por ascensores o montacargas» y que no puede considerarse abusiva dicha cláusula de una póliza contratada con posterioridad a la instalación del montacarga, máxime que el asegurado había sido advertido por el asesoramiento para la habilitación del geriátrico que el montacarga estaba prohibido ,por los bomberos y que en la inspección municipal del año 2012 se lo había intimado a su retiro.

II.- Apelaron Godoy, Cóceres y los actores (ver fs. 298/300) Llegadas las actuaciones a este tribunal, expresa agravios el Dr. Meza en presentación ratificada por el codemandado Godoy el 25/10/2019, cuestionando la atribución de responsabilidad por inexistencia de culpabilidad al haber realizado el servicio técnico del elevador y por caso fortuito que fracturo el nexo causal y por el acogimiento de la defensa de inexistencia de seguro con el fundamento de que la exclusión del riesgo constituye una cláusula objetivamente abusiva con independencia de cualquier cuestión cronológica, al provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.

Los actores en su presentación del 28/10/2019 critican el rechazo de la demanda contra Mendoza, madre del Sr. Godoy quienes en conjunto estaban al frente de la explotación del geriátrico, establecimiento que carecía de habilitación para funcionar y que conforme testimonio de Pederzoli impartía tareas y dirigía el lugar; y también respecto a Cóceres al considerar el fallo que no era la responsable médica cuando no se exige ninguna formalidad para el reconocimiento de esa calidad en instituciones del tipo de autos. Postulan también se revean los montos por el rubro valor vida, sosteniendo que no solo debe tomarse en cuenta la pérdida de futuras chances o ayuda futura, sino que lo que se pretende reparar es la vida de una persona, y por daño moral, considerando que los $200.000 para ambos resulta insuficiente.

La codemandada Cóceres en su memoria de fs.303 reprocha la imposición de costas a su cargo por la excepción de defecto legal, cuando la misma no fue siquiera sustanciada, Contestan los agravios los actores a fs. 306/308 solicitando la deserción del recurso de la codemandada Cóceres por insuficiente fundamentación y eventualmente el rechazo de su impugnación y por la presentación electrónica del 13/11/2019 la del codemandado Godoy sobre la base de que la obligación de seguridad es de resultado y existen elementos que el montacarga no estaba habilitado y tampoco era de su naturaleza transportar personas; el codemandado Godoy a fs. 320 en relación al cuestionamiento de los actores a los montos indemnizatorios, sosteniendo que debe ser desestimado al traducir nada más que una disconformidad subjetiva sin argumentos en sentido opuesto a los del fallo y la Sra. Cóceres a fs. 321 y vta. los de los actores afirmando que no es responsabilidad de un profesional de la salud ocuparse de áreas edilicias o de mantenimiento ajenas a las cuestiones médicas. No ejerció en cambio su derecho a réplica la aseguradora.

Firme el llamado de autos de fs. 363, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)

III.- En esa tarea, en relación a los pedidos de deserción por insuficiente fundamentación no se advierten los defectos formales que se achacan que obsten al tratamiento de los recursos cuestionados, más allá de la suerte que en definitiva corran los mismos.

Comenzando entonces por un orden lógico con la responsabilidad atribuida, la misma en relación con las personas residentes en ellos por regla general será contractual atento al vínculo que liga al establecimiento con los ancianos destinatarios de sus servicios, sea que hayan contratado personalmente -o por representante- o bien que resulten beneficiarios de las prestaciones contratadas por un tercero en su favor.Por excepción la misma es extracontractual (con la importancia que esta distinción tenía – y actualmente no- en el código derogado que es el que rige la cuestión aquí debatida en razón de la fecha del hecho art. 7 CCyCN), como en el supuesto que nos ocupa ante la muerte del anciano, caso en el cual los familiares reclamarán iure propio, la indemnización del daño sufrido por el fallecimiento del ser querido.

Ello no impide que el deber de no dañar sea apreciado en función de las obligaciones que se hubieren asumido (arts. 1109 y 902 CC) y que el caso de geriátricos se trata de las correspondientes a un contrato atípico mixto al guardar el negocio puntos de conexión con otras figuras típicas, especialmente con el contrato de locación de servicios y con el contrato de hospedaje ( CNCiv Sala A 23/10/1986 «Aulesa, José D. y otro c. Instituto Geriátrico Constitución» La Ley 1987-A , 601 ), sin perjuicio de reconocer en el ordenamiento normativo vigente una fuerte protección de los derechos de los ancianos tanto en el derecho común como en el derecho de consumo.

A tal efecto, en el año 2011 se sancionó la ley provincial N° 14263, a fin de regular el funcionamiento de los establecimientos sean de gestión pública o privada, con o sin fines de lucro que tengan «por finalidad brindar alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, atención médica y en general toda acción que haga al bienestar físico y psíquico de las personas adultas mayores desde los sesenta y cinco (65) años de edad» Además de esa prestación principal compleja, rige respecto al prestador la obligación de seguridad que como expresan Pizarro y Vallespinos (Instituciones de Derecho Privado Obligaciones To. 3 Hammurabi p.130) puede definirse como «el deber secundario y autónomo que, expresa o tácitamente, asumen las partes en ciertos contratos relativo a preservar a las personas y bienes de sus cocontratantes, respecto de daños que puedan ocasionarse durante su ejecución». Esta obligación encuentra su fundamento en el principio de buena fe (art. 1198, Cód. Civil), según la opinión casi unánime de la doctrina, así como también en el orden público de protección que impera en el ámbito de las normas de tutela de los consumidores, de ahí que la misma adquiere carácter irrenunciable. «Por ello es que al lado de las obligaciones expresamente asumidas, los deberes de protección completan el plexo contractual; conductas necesarias en el tráfico comercial, para que el acreedor pueda alcanzar acabadamente las expectativas tenidas en miras al contratar» (Ubiría, Fernando A. «La prevención desde un doble ángulo: el deber legal de prevención y la tácita obligación de seguridad» La Ley 2018-B , 1017) «Según los criterios vertidos por la doctrina mayoritaria, tanto a nivel general cuanto con relación a los establecimientos asistenciales, la obligación de seguridad configura una obligación de resultado, cuyo incumplimiento origina responsabilidad contractual objetiva.

Resulta evidente, cualquiera sea la visión que se sostenga con relación a la obligación de seguridad, que en los contratos de prestación de servicios geriátricos, de modo semejante a lo que ocurre en el ámbito de las clínicas y establecimientos sanitarios en general, pesa sob re el deudor la aludida obligación, compeliéndolo a adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar daños a los residentes» (Frustagli, Sandra A.- Hernández, Carlos A. «Algunas cuestiones contractuales y de daños derivadas de la prestación de servicios geriátricos» RCyS 2005, 79; en el mismo sentido Kemelmajer de Carlucci, Aída, «Las personas ancianas en la jurisprudencia argentina. ¿Hacia un derecho de la ancianidad?», Revista Chilena de Derecho, versión online, vol. 33, nro. 1, 2006; CNCiv Sala C «Didone, María v.Blesar S.R.L». 15/06/2004 Cita Online: 20042821) Dinamizando esta obligación, el art. 6 inc. f de la ley mencionada prescribe que «Los titulares responsables de los establecimientos geriátricos tienen las siguientes obligaciones:.Mantener el estado del correcto funcionamiento de las instalaciones, conservación del edificio y equipamiento, así como también procurar que las instalaciones produzcan las características de un hogar confortable, limpio y agradable» Y el decreto reglamentario n°1.190/2012 en su art. 10 3 seguridad. «En todo edificio de más de una (1) planta que no cuente con medios mecánicos de elevación, todos los residentes que requieran para su movilidad sillas de ruedas, muletas, etc., no podrán ser alojados en los pisos altos.» De la causa penal en fotocopias agregadas – fs. 43- surge que desde el 28/5/2012 (fue autorizado provincialmente el 30/11/2010 informe de fs. 51 de expte. de diligencias preliminares) no contaba con habilitación municipal.

El testigo Oyhanarte declaró que el montacarga está prohibido por bomberos y de las fotografías de fs. 3 y 4 IPP se advierte sin mayor dificultad que el mismo no resulta adecuado para hacer las veces de ascensor para el desplazamiento de pacientes. A ello se suma que la testigo Pederzoli dijo haber anoticiado al Sr. Godoy y su madre Mendoza «que el ascensor tipo casero se hallaba en condiciones deplorables, no adoptando ninguna medida de prevención para solucionar el problema», agregando en su deposición que no lo quería usar nadie, que era un peligro, que el cable estaba despeluzado y fue reemplazado por uno que no era de la medida, más finito, que el montacarga hacía ruido y se quedaba trabado y que no le quedaba otra que usarlo para abuelos que no podían caminar.

Herrero por su parte manifestó que cuando ella trabajaba en el geriátrico la víctima Ofelia Centoz, que estaba en cama y prácticamente no tenía movilidad.Sin embargo pese a su gordura, esas dificultades ambulatorias y además esguince (manifestación de Pederzoli) que obligaban a utilizar una silla de ruedas estaba alojada en el piso superior.

Todo ello descarta que el suceso fuese un hecho imprevisible e inevitable que configure un caso fortuito (arts 513 y 514 CC) que desvíe causalmente fracturando siquiera en mínima medida (art. 901 CC) la responsabilidad que le cabe al Sr. Godoy conforme fuere determinada en sede penal en sentencia que según informe del día 21 de mayo que tiene al respecto los efectos de cosa juzgada (art. 1102 CC).

IV.- Respecto a la declinación de cobertura por riesgo excluido que viene atacada únicamente por Godoy cabe formular algunas precisiones sobre lo que considera una cláusula abusiva a tenor de las disposiciones de la ley del consumidor y los criterios que ha receptado el nuevo Código.

El art. 37 de la LDC dispone que «se tendrán por no convenidas. a) Las cláusulas que. limiten la responsabilidad por daños». Explica Carlos J.M. Facal, («¿Puede declararse abusiva una cláusula de un contrato de seguros que delimita el riesgo asumido por el asegurador? La Ley 2018-C, 486) que esta disposición no es aplicable al contrato de seguros. Quien es proveedor no puede limitar su responsabilidad por los daños que generen los productos o servicios que mercadee. «Pero el asegurador no «genera daños», sino que asume, contractualmente, la cobertura de algunos daños que puedan sufrir sus asegurados, hasta una suma determinada. Lo que llamamos «producto de seguros» es un contrato en el cual se deslinda en qué circunstancias (siniestros) el asegurador deberá efectuar el pago de una prestación, y la cuantía de esa prestación eventual. Obviamente que el alcance de la obligación de asistencia financiera del asegurador no es susceptible de generar daños.La obligación de «reparar» o «indemnizar» -lato sensu- del asegurador, no tiene por causa haber producido un daño, sino un contrato por el cual asumió, limitadamente, abonar una prestación si ocurría un evento dañoso, descripto en el mismo contrato. Ningún asegurador de la tierra acepta cubrir «todos los riesgos», ni tampoco acepta cubrirlos sin límite de prestación. La factibilidad técnica de la celebración de estos contratos radica en la individualización de los riesgos asumidos, en su delimitación y en el establecimiento de límites hasta los cuales se acepta dar cobertura.» Y agrega en relación a las previsiones del CCyCN: «Las cláusulas abusivas, conforme el inc. a) del art. 988 del CCyC, son las que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Evidentemente, si un riesgo no fue asumido por un asegurador, quedó fuera de la cobertura, del objeto del contrato. Por ende, no puede plantearse que una cláusula de exclusión es abusiva porque la cláusula abusiva es la que borra en la práctica o en su letra o en su interpretación -es decir desnaturaliza- la obligación asumida. Lo mismo debe decirse del inc. b) del mismo artículo. Si un riesgo no fue asumido quiere decir que no integra el objeto del contrato. Consecuentemente, es impensable que una cláusula «importe renuncia» a lo que no fue asumido o «restricción» de derechos que no se tienen. Finalmente, si un riesgo está claramente excluido de la garantía del asegurador, es evidente que no encuadra en el inc. c) de la norma y que no pueda decirse que no sea «razonablemente previsible».» En el mismo sentido Rubén S Stiglitz («Derecho de Seguros», Ed. La Ley, 2008, 5ª. ed., t. I, acápite 218, p. 306) explica la distinción entre la delimitación del riesgo y la cláusula abusiva, y porqué aquella no puede considerarse abusiva: «.la delimitación del riesgo es tema que integra el objeto del contrato. Las descripciones positivas o los supuestos de exclusión implícita o expresa de cobertura acotan el objeto del contrato.De ello se desprende que la delimitación del riesgo, por ser objeto del contrato, jamás puede ser considerada una cláusula abusiva ya que son las partes quienes acuerdan la materia sobre la que se contrata. Desde otra perspectiva, la limitación del riesgo presupone la carencia de cobertura o no seguro. En cambio, la cláusula abusiva integra el contenido negocial de un riesgo cubierto» Por tal razón siendo que en las condiciones de la póliza los riesgos generados por ascensores o montacargas no están asegurados, la admisión de la defensa es correcta.

V.- Pasando ahora a la responsabilidad que insisten los actores sea también asignada a la médica Cóceres, si bien el art. 16 de la ley 14263 atribuye la misma en forma solidaria al director de salud y al titular del establecimiento geriátrico, ello debe entenderse en relación al primero en función de los deberes específicos que determina el art. 40 del Decreto N° 6216/1967 reglamentario de la ley 17132 , es decir en cuestiones de índole médico- administrativas como son las de organizar, coordinar y distribuir las distintas actividades que allí se despliegan con las que hacen a la actividad médica, terapéutica, de rehabilitación, nutricional y diagnóstica, siendo el encargado de constituir los equipos – o como expresó la testigo Herrero contactarse y coordinar el abordaje con los médicos de cabecera de cada anciano- según determinadas patologías, o sea como organizador del establecimiento en el área de su incumbencia (C. Civ. y Com. La Matanza Sala I, 2/12/2014, «Pacheco, Gregorio y otra v. Clínica Modelo Los Cedros S.A y otros s/daños y perjuicios» -causa nro. 2985/1-, CNac Civ. Sala M «V., N. c. C., O. C. y otros s/ daños y perjuicios» 11/11/2013 Cita Online: AR/JUR/82972/2013) pero no en cuestiones edilicias, o en las formas de traslado.Sin perjuicio de ello, la suerte adversa de esta pretensión queda sellada como dijo la sentenciante de grado al no haberse siquiera demostrado que la mencionada ocupara ese cargo.

Y respecto a la imposición de costas por la excepción de defecto legal que se le impusiera , corresponde que la misma sea dejada sin efecto ya que al no haber sido la misma tratada como por su naturaleza se impone como de previo y especial pronunciamiento y por ende constituir un asunto precluido, se suma el hecho de que ni siquiera fue sustanciada (ni por ende rebatida como para generar emolumentos a favor de la contraria), por lo que no puede dar lugar a una regulación autónoma como incidencia; resultando únicamente procedente la propia de la acción en la que fue vencedora.

VI.- También debe ser confirmada la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada Mendoza. Aun cuando la misma cumpliera tareas de apoyo y organizativas en el establecimiento de su hijo (las circunstancias en que pasó a desempeñarlas fueron explicitadas por la testigo Pederzoli) supliendo en los hechos la falta de presencia del titular responsable del establecimiento ( lo que corrobora la actitud negligente del mismo en la prestación asistencial) no la convierte por esa colaboración en jurídicamente responsable del suceso dañoso, provocado por cuestiones de infraestructura edilicia.

VII.- Lo que se llama elípticamente «valor vida» no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue (conf. CSJN Fallos 316:912; 317:728; 317:1006 y 317:1921; 322:1393 ; 324:1253 ; 325:1277 . Ver asimismo, causas V.523.XXXVI, in re «Valle «, sent. de 10-IV-2003; F.286.XXXIII, in re «Ferrari de Gr and «, sent. de 24-VIII-2006; Fallos 329:4944, entre otras) El código derogado (arts. 1079, 1084 y 1085) aplicable al sub lite (art.7 CCyCN) y el nuevo ordenamiento (art. 1745) coinciden en lo sustancial sobre el alcance y legitimación activa (los que están alcanzados por una presunción ius tantum que los diferencia de aquellos damnificados indirectos que deben acreditar el perjuicio económico) para reclamar el resarcimiento por la supresión de la vida humana. En ambos, ésta no tiene valor material intrínseco en sí misma, sino que el daño consiste en las privaciones económicas configurativas de un lucro cesante en sentido amplio (ver Zavala de Gonzalez Matilde «Perjuicios económicos por muerte» Ed. Astrea To. 1 n° 45). Obviamente los montos resarcitorios serán diferentes para cada damnificado atendiendo a la índole de la vinculación con el fallecido y las situaciones vivenciales de cada uno de ellos en relación a las del propio occiso, debiéndose tener en cuenta que aquí no se computa la integral productividad de la víctima sino las contribuciones (de contenido económico aunque no necesariamente monetarias) de las que efectivamente pudieron verse privados, es decir de las prestaciones correspondientes a alimentos, colaboración o apoyo, que a raíz del deceso anticipado se han visto frustradas como beneficios de asistencia cesantes o como chance de recibir su ayuda.

Esa ayuda futura que los accionantes podían jurídica y/o lógicamente esperar de la madre, como dije no se ciñe exclusivamente a lo dinerario, sino que tal colaboración podría haberse configurado a través de la colaboración material mediante atenciones cotidianas, como ocupaciones domésticas, la atención en enfermedades, o la realización de compras o trámites por ellos (ver mi voto en Expte 34/2006 «Salgado» sent.del 4/6/2019 LS 60 n° 105) Sin embargo en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la edad de la occisa (85 años), sus condiciones de escasa movilidad y fundamentalmente el hecho de estar internada en un geriátrico, con la erogación que ello generaba a sus hijos conformen reconocen en la expresión de agravios, o sea imposibilitada de prestar cualquier ayuda monetaria o de otra índole, no puede decirse que desde el punto de vista económico su anticipado deceso hubiese provocado una merma patrimonial a sus hijos, independientemente claro está de la repercusión disvaliosa que la misma aparejó desde el ángulo afectivo emocional.

En consecuencia no habiendo agravios en sentido opuesto respecto a la procedencia o cuantificación del rubro, corresponde mantener lo resuelto.

VIII.- Resta ocuparnos del daño moral. El mismo tratándose del fallecimiento de una madre, es in re ipsa y no requiere de mayores explicaciones sobre su magnitud; máxime teniendo en cuenta las circunstancias en que el mismo se produjo. Aunque siempre es difícil traducir y justificar el monto que se asigne, aun bajo el criterio de «satisfacciones sustitutiva y compensatorias» a que se refiere el art. 1741 del CCyCN, ya que ninguna suma en estos casos cumple el cometido de repararlo, en una relación afectiva y parental del grado mencionado.

La Sra. Jueza aunque no lo precisa, entre las opciones de la fecha para su cuantificación, ha escogido la de establecerla al momento del hecho.Infiero ello de la tasa de interés dispuesta, sin hacer distinciones que según criterio jurisprudencial vigente correspondería formular si se tratase de una suma actualizada.

En razón de ello y para no dificultar la liquidación correspondiente con criterios diferenciales para los dos rubros admitidos he de atenerme a ese momento aún cuando en criterio que se comparte es más acertado – por las distorsiones monetarias de nuestra inflacionaria economía- haberlo hecho a valores actualizados.

Efectuada esta aclaración, según precedentes actuales del tribunal para casos similares y los correspondientes a reparaciones de este ítem para la época del hecho, con las correcciones correspondientes en función de los accesorios, entiendo adecuado elevar la suma fijada, estableciéndola en la de $ 210.000 al 19/6/2015 para cada uno de los hijos reclamantes.

IX.- Las costas de Alzada se fijan de la siguientes forma: a cargo del codemandado Godoy por la acción que prospera; sin costas por la declinación de cobertura al no haber mediado resistencia de la aseguradora y por el rechazo de la demanda contra las codemandadas Mendoza y Cóceres a los actores (art. 68 del CPCC).

ASI LO VOTO.-

Los Señores Jueces Dres. Volta Y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:

Mantener la sentencia apelada, con excepción de la cuantificación del daño moral que se eleva a la suma de $ 210.000 al 19/6/2015 para cada uno de los hijos reclamantes. Las costas de Alzada a cargo del codemandado Godoy por la acción que prospera; sin costas por la declinación de cobertura al no haber mediado resistencia de la aseguradora y por el rechazo de la demanda contra las codemandadas Mendoza y Cóceres a los actores (art.68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).

ASI LO VOTO.-

Los Señores Jueces Dres. Volta Y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:

Mantener la sentencia apelada, con excepción de la cuantificación del daño moral que se eleva a la suma de $ 210.000 al 19/6/2015 para cada uno de los hijos reclamantes. Las costas de Alzada a cargo del codemandado Godoy por la acción que prospera; sin costas por la declinación de cobertura al no haber mediado resistencia de la aseguradora y por el rechazo de la demanda contra las codemandadas Mendoza y Cóceres a los actores (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de origen.

Funcionario Firmante: 02/06/2020 09:38:15 – Ricardo Manuel Castro Duran (ricardo.castroduran@pjba.gov.ar) – JUEZ (Legajo:

Funcionario Firmante: 02/06/2020 09:45:48 – Gaston Mario Volta (gaston.volta@pjba.gov.ar) – JUEZ (Legajo: 721131) Funcionario Firmante: 02/06/2020 09:53:21 – Juan Jose Guardiola (juan.guardiola@pjba.gov.ar) – JUEZ (Legajo: 719295) Funcionario Firmante: 02/06/2020 10:19:17 – Cristina Lujan Santanna (cristina.santana@pjba.gov.ar) AUX. LETRADO

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL – JUNIN

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