#Fallos Seguridad al electroducto: El municipio le permitió construir un comercio sobre una zona donde pasaba un electroducto que ella desconocía, por lo que le hicieron remover la construcción y ahora deberá indemnizarla

Partes: Corvalan Zidanelia Elizabeth En J° 251.280-53.842 Corvalan Zidanielia Elizabeth c/ Municipalidad de Las Heras y ots. s/ daños y perjuicios p/ recurso extraordinario provincial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: I

Fecha: 14-may-2020

Cita: MJ-JU-M-125942-AR | MJJ125942 | MJJ125942

Responsabilidad de la Municipalidad por haberle permitido a la actora construir invadiendo la zona de seguridad que el electroducto requiere y alcanza a su propiedad.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda deducida contra el municipio por los daños que ocasiona a la actora el haberle permitido construir invadiendo la zona de seguridad que el electroducto requiere y alcanza a su propiedad, pues la Comuna actuó en forma negligente al ejercer el contralor sobre su obra, lo que trajo como consecuencia que la empresa de electricidad la emplazara a remover la obra para respetar la zona de seguridad del transformador ubicado en la vereda de su propiedad.

2.-Es facultad del municipio adoptar las medidas necesarias para prevenir que el electroducto situado en un bien de su dominio público, como es la vereda del inmueble de la actora, ocasionase daños a las cosas o vecinos aledaños, por lo que debió controlar que no se realizasen obras cuya proximidad con la subestación pudiesen generar peligro de incendio o electrocución.

3.-Cabe revocar el fallo en cuanto acogió la excepción de prescripción opuesta, pues se trata de un daño que no apareció concomitantemente con el hecho dañoso, ya que la conducta de la demandada, contradictoria desde un comienzo -como también la de la empresa de electricidad-, no permitió a la actora conocer de manera cabal que la restricción alcanzaba a la obra construida y por lo tanto debía removerla.

Fallo:

En Mendoza, a catorce días del mes de mayo del año dos mil veinte, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-00767622-5/1, caratulada: “CORVALÁN, ZIDANELIA ELIZABETH EN J°251.280/53.842 “CORVALÁN, ZIDANELIA ELIZABETH C/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Y OTS. P/DAÑOS Y PERJUICIOS” S/REC. EXT. PROV.”

Conforme lo decretado a fs. 75 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JULIO R. GÓMEZ; segunda: DR. PEDRO J. LLORENTE y tercero: DR. DALMIRO F. GARAY CUELI.

ANTECEDENTES:

A fs. 6/23 vta. la actora, por intermedio de representante conforme ratificación, y con patrocinio letrado, promueve Recurso Extraordinario Provincial contra la sentencia dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, a fs. 475/480 de los autos n° 251.280/53.842, caratulados: “CORVALÁN, ZIDANELIA ELIZABETH C/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Y OTS. P/DAÑOS Y PERJUICIOS.”

A fs. 36 se admite formalmente el recurso y se dispone su traslado a la contraria.

A fs. 40/44 contesta la Municipalidad de Las Heras, a fs. 47/57 lo hace el Sr. Giménez, y a fs. 67/68 toma intervención Fiscalía de Estado.

A fs. 71/72 la Procuración General de esta Corte emite dictamen aconsejando rechazar los recursos interpuestos.

A fojas 74 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 75 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el Recurso Extraordinario Provincial interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN:Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

I. RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS DE LA CAUSA.

Los hechos que informan la presente causa son:

1) La señora Zidanelia Elizabeth Corvalán promovió demanda por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Las Heras y el Sr. Rolando Jorge Giménez, solicitando se los condene a abonar la suma de $ 223.384,54 o lo que en más o en menos resultase de la prueba a rendirse, más intereses legales y costas.

Relató que el 22 de diciembre de 2008, la actora compró el inmueble ubicado en calle Tacuarí 884, esquina Ortiz, B° Aeronáutico, Las Heras, Mendoza, cuya matrícula 73428/4 no registraba gravámenes ni restricciones al dominio. Que decidió construir en el inmueble un local comercial, para lo cual contrató al Maestro Mayor de Obras Sr. Giménez para realizar los planos y la obra. Los planos, que constataban la presencia de un transformador eléctrico en la vereda, fueron aprobados por la Municipalidad en febrero de 2009, la que habilitó la construcción y luego su funcionamiento comercial. Ninguno de los demandados le señaló la presencia de una supuesta servidumbre de electroducto que hubiese sido invadida por esa construcción.

Expuso que sin embargo, el 02-05-13 EDEMSA la intimó a remover la construcción realizada porque la nueva construcción no respetaba la distancia mínima de seguridad con relación al transformador. En consecuencia, la actora emplazó al Municipio y al constructor a responder por los daños originados a raíz del emplazamiento que EDEMSA le efectuara, ya que el local comercial era la única fuente de sustento familiar.También solicitó a Edemsa el 13-05-13 el traslado de la estación transformadora por los perjuicios que la demolición del local le acarrearía, a lo que la empresa no se negó, pero diciendo que los costos debían quedar a su cargo.

Agregó que el emplazamiento que le hizo Edemsa iba en contra de la teoría de los actos propios, ya que previamente habilitó el suministro eléctrico de su inmueble desde el transformador, generándole gastos de adaptación a la potencia de energía trifásica, sin alegar la invasión de la servidumbre, para luego emplazarla a demoler.

Atribuyó responsabilidad al Municipio por incumplimiento u omisión de su deber de control, por no haber exigido la observancia de todas las normas de seguridad para la habilitación del local comercial, sin respetarse la distancia de seguridad necesaria, con fundamento en el art. 1074 del CC.

Fundó la responsabilidad solidaria del profesional en no realizar los planos de acuerdo a la normativa vigente, al constatar la presencia de un transformador en la vereda del inmueble, por lo cual debió asesorarla adecuadamente y elaborar el proyecto y la obra, de conformidad con la reglamentación respectiva.

2) El Sr. Giménez negó su responsabilidad y planteó como defensa de fondo la prescripción de la acción con fundamento en el art. 1647 bis del C.C., ya que la actora había recibido la obra sin observaciones. En subsidio contestó demanda alegando que el Municipio le otorgó línea de construcción a seis metros del eje de calle y aprobó los planos presentados, y que ni el título de propiedad ni la mensura indicaban que la propiedad poseyera retiro obligatorio.

3) El municipio también opuso como defensa de fondo la prescripción de la acción de conformidad con el art.4037 del C.C., aplicable a la responsabilidad extracontractual, tomando como fecha de inicio del cómputo la notificación notarial efectuada por EDEMSA a la actora del 17/11/09, mediante la cual le hacía saber que su inmueble invadía la zona de seguridad del transformador, y que hacía reserva de reclamar el despeje.

En subsidio contestó demanda y alegó que no había incurrido en responsabilidad por omisión, de conformidad con los deberes que le impone la L.O.M. y los datos que surgían de la matrícula del inmueble. Adujo que el plano presentado por el demandado no indicaba las medidas del transformador, ni su cercanía con la construcción. Que el control del Municipio se relacionaba con la solidez, seguridad y urbanismo de la obra, con relación a lo que no se le imputaba omisión alguna. Que la actora omitió denunciar el transformador existente. Que tampoco había daño cierto y actual, sino que era eventual e hipotético, ya que Edemsa la emplazó a despejar la zona de seguridad, y la actora reclamaba el costo del traslado de la estación transformadora, lo que era diferente.

4) La Juez de primera instancia rechazó las defensas de prescripción.También rechazó la demanda con los siguientes argumentos:

a-Correspondía aplicar las normas del Código Civil, atento a la fecha de los hechos y sus consecuencias dañosas.

b- De acuerdo a la traba de la litis, debían tenerse por ciertas las siguientes circunstancias:

*Que la matrícula no registraba gravámenes ni restricciones al dominio al momento en que la actora adquirió el inmueble en diciembre de 2008.

*Que decidió construir una ampliación consistente en un local comercial en el inmueble, para lo que contrató al Maestro Mayor de Obras Rolando Jorge Giménez para realizar los planos y la obra.

*Que los planos, que incluían la presencia de un transformador eléctrico en la vereda, fueron aprobados por la Municipalidad en febrero de 2009, quien habilitó la construcción y luego su funcionamiento comercial.

*Que Edemsa, el 02-05-13 intimó a la actora a remover la construcción por no respetar la distancia mínima de seguridad.

*Que la actora emplazó al Municipio y al constructor a responder por los daños originados por dicha remoción.

*Que el 13-05-13, la actora contestó el emplazamiento de Edemsa solicitando que en lugar de demoler se trasladase la estación transformadora, lo cual fue admitido y presupuestado por Edemsa en la suma de $ 180.884,54, informándole a la usuaria que era ella quien debía afrontarlo.

c- Con respecto a la defensa de prescripción, el momento a partir del cual debe comenzar a contarse el plazo es el del acaecimiento del hecho generador de los perjuicios; y más precisamente desde el efectivo y real conocimiento del daño por parte de la víctima.

d- La actora no ha negado la recepción de la notificación efectuada por Edemsa del 17 de noviembre de 2009 mediante acta notarial acompañada por el Municipio. Por lo tanto, conocía la irregularidad de los planos desde noviembre de 2009 y no desde mayo de 2013, como ha pretendido.La actora al adquirir la cosa sabía de la existencia de la subestación y Edemsa le notificó en noviembre de 2009 que debía despejar la zona de seguridad. Por lo tanto, la actora no puede alegar ignorancia ni pretender que el municipio o el constructor le informaran las consecuencias legales de la existencia de la servidumbre.

e- Con relación a la prescripción opuesta por el Sr. Giménez, la situación no podría abarcarse por el art. 1647 bis del CC, pues refiere a ruina total o parcial debida a vicios de construcción o del suelo o de la mala calidad de los materiales. En su lugar debe estarse al plazo decenal residual establecido en el art 4023 CC, y por lo tanto la acción a su respecto no ha prescripto.

f- La defensa de prescripción opuesta por la Municipalidad de Las Heras tiene base en su responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, contando que la intervención del Municipio ocurrió entre los años 2009- 2011, y que finalmente las inspecciones de obra no aprobadas por el Municipio datan de octubre de 2011, el plazo de prescripción de dos años no había trascurrido cuando se presentó la demanda en agosto de 2013.

g- El art. 2 bis de la Ley 5518 (introducido por la Ley 6498), en resguardo de la seguridad jurídica establece: “considérense afectados a la servidumbre administrativa de electroducto regida por esta ley, todos los inmuebles sobre los que existan electroductos construidos, instalados o administrados bajo jurisdicción provincial. Cuando resultare necesario, los trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad, de las servidumbres existentes a la fecha de inicio de las servidumbres establecidas por Ley 6498, estarán a cargo y costo de la Provincia.Asimismo, la Provincia responderá según el CC y la presente ley por las eventuales reclamaciones de los interesados por actos, hechos o consecuencias producidos hasta la fecha indicada.

h- Lo anterior permite adelantar, en función de la prueba producida que:

1) la servidumbre de electroducto existía al momento de adquirir el inmueble (porque la presencia del transformador data de antes de 1998, era notoria y la ley se presume conocida);

2) si la actora consideró que la servidumbre afectaba su derecho de propiedad porque no podía construir libremente en toda su extensión, su conflicto es con la concesionaria titular de la servidumbre, o con la Provincia que no dispuso su inscripción (aún cuando de la norma no surge que fuera obligatorio).

i-La actora no podía desconocer la existencia de la servidumbre, ya que la adquisición del inmueble data del 22-12-2008. Por su parte, la comunicación de Edemsa a la Municipalidad de Las Heras, obrante a fs. 23 del A.E.V., de fecha 06-07-2010 indica que la subestación SETA N° H0130 es preexistente a la concesión de Edemsa, que data del 01-08-98. Si las leyes se presumen conocidas (art 20 del CC), la propietaria al adquirir la cosa sabía de la existencia de la subestación, y Edemsa le notificó en noviembre de 2009 que debía despejar la zona de seguridad. Por lo tanto, la actora no puede alegar ignorancia ni pretender que el Municipio o el constructor le informaran las consecuencias legales de la existencia de la servidumbre. De las pruebas resulta claro que su construcción estaba en infracción por invadir la zona de seguridad, y la actora conociendo todo ello siguió con los trámites para aprobación de las reformas que estaba construyendo.

j- El poder de policía en materia de seguridad, higiene y salubridad es propiamente municipal. Existe omisión antijurídica cuando es razonable esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares.Se requiere el incumplimiento de una obligación legal, expresa o implícita. El deber genérico solo genera responsabilidad si la omisión es abusiva, atendiendo a los intereses en juego, y su prueba está a cargo de quien lo alega. Ello no ha ocurrido en autos, ya que la actora conocía desde el momento de la adquisición la existencia de la estación transformadora; en tanto el Municipio interviene en la construcción y refacción de edificios particulares al solo efecto de garantir su estética y solidez (art. 79 inc 2 LOM), y su función se cumple desde la línea de edificación hacia adentro del inmueble, según testimonial rendida en la causa.

k- El daño invocado, que es el costo de traslado de la estación, no tiene relación directa e inmediata con el hecho u omisión del Municipio, ni con el hecho u omisión del constructor. Por su parte, los costos de asesoramiento y el lucro cesante no han sido probados.

l- Con relación a la relación de causalidad, es indispensable determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por hechos atribuibles al demandado, cuya demostración incumbe en todos los casos al actor. La actora no ha mostrado daños que tengan una relación de causalidad adecuada con los hechos que imputa a los demandados. El titular de la servidumbre -Edemsa- le notificó que debía despejar la zona de seguridad, lo que significaba demoler parte de la construcción que ha realizado, pero la actora no ha probado qué debería demoler, ni el costo de ello, lo cual constituye la consecuencia directa e inmediata (art. 903 del CC). Por el contrario, la actora pretende que los demandados afronten otro gasto distinto que es el traslado de la estación, lo que sería una consecuencia imprevisible para los demandados, por la que no deben responder (art. 904 CC). Ese traslado según la prueba producida, es un daño hipotético y no cierto, ni actual.Además no sabemos si esa pretensión satisface los intereses públicos en juego. Advierto al respecto que Edemsa ha informado a fs. 257/60 que ha procedido en fecha 17-07-2017 a realizar mantenimiento completo en el transformador ubicado en Tacuarí 844, lo que indica que lejos de haberse trasladado, se ha gastado en su mantenimiento.

En conclusión, la demanda debe desestimarse.

5) Apeló la actora. Al contestar, la municipalidad adhirió al recurso de apelación, y se agravió del rechazo de la defensa de prescripción. La Cámara resolvió de la siguiente manera:

* La demandada Municipalidad de Las Heras, al contestar el recurso de la parte actora, apela en forma adhesiva el rechazo de la excepción de prescripción oportunamente opuesta el contestar la demanda.

* Fundamenta su agravio en el hecho de que la actora tomó conocimiento de que su construcción invadía la zona de seguridad del electroducto desde la notificación realizada por Edemsa del 17/11/2009. Asimismo, indica que la actora fue notificada por la empresa de servicio público que debía remover la construcción o afrontar los gastos del traslado del transformador en fecha 17/06/2010, y por ello entiende que a partir de esa fecha corre el plazo de prescripción.

* De la compulsa del expediente administrativo traído A.E.V.surge claramente que desde la notificación notarial de fecha 17/11/2009, o desde la contestación de fecha 16/06/2010 de EDEMSA en respuesta a su nota pidiendo el traslado del transformador; la actora tenía conocimiento del peligro que implicaba la invasión de la servidumbre, y que debía remover su obra o realizar el traslado del transformador, por lo que surge de manera indubitable que si desde cualquiera de las dos fechas se computa el inicio del plazo de dos años de la prescripción, al momento de interponer la demanda (23/08/2013) se encontraba cumplido.

* El emplazamiento remitido por EDEMSA a la actora en fecha 02/05/2013 que se menciona en la demanda reitera los términos de las notas oportunamente remitidas y que la actora ya conocía. Por ello corresponde hacer lugar a la apelación incoada por el municipio, y en consecuencia admitir la excepción de prescripción opuesta, declarando que al momento de interposición de la demanda, la acción se encontraba prescripta.

* Sin perjuicio de lo expuesto, no existen dudas de que, conforme lo expone EDEMSA, la invasión por parte de la nueva construcción de la zona de seguridad del electroducto, supone un peligro para la seguridad de las personas y los bienes.

* El mandato preventivo o de prevención constituye, junto con las medidas autosatisfactivas y la tutela anticipada, una de las herramientas procesales fundamentales para la prevención del daño. Se trata de una orden judicial, generalmente oficiosa y dictada en la sentencia definitiva en la que el juez, ante la comprobación del daño o su amenaza adopta medidas para evitar, hacer cesar o impedir el daño futuro o su agravamiento o extensión.Se dirige a las partes o a terceros, particularmente al poder administrador.

* Por ello se entiende pertinente disponer que la Municipalidad de Las Heras, a través de sus organismos técnicos, dando intervención a EDEMSA, presente en primera instancia en el plazo de quince días a partir de este decisorio, una propuesta o plan de trabajo indicando las medidas conducentes, razonables y pertinentes para suprimir el peligro que importa la invasión por parte de la nueva construcción de la zona de seguridad de las instalaciones eléctricas que determina la Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto N° 5518.

6) Contra esta sentencia acude en Recurso Extraordinario Provincial la parte actora.

II. ACTUACIÓN EN ESTA INSTANCIA.-

A) Los agravios:

La sentencia resulta arbitraria porque viola su derecho constitucional de defensa y debido proceso.

* No analiza el actuar negligente e irresponsable del municipio, que es lo reclamado en la demanda. Habla de la actuación de Edemsa, sin advertir que mientras la misma le enviaba circulares, el municipio seguía autorizándole a la actora modificaciones en obra ya construida, legalmente. Los planos de construcción fueron aprobados por el municipio sin la limitación de la servidumbre.Las pruebas rendidas en la causa demuestran en forma categórica, contundente e inequívoca el derecho a la pretensión de la demanda que ameritaba su admisión.

*La resolución ha tenido en cuenta un plazo de prescripción cuya causa es una notificación mediante actuación notarial, documentación que fue desconocida por su parte, y respecto de la cual nunca se aportaron los originales que acrediten que las copias agregadas en el proceso posean calidad de copia fiel.

Su parte acompañó originales de emplazamientos y notificaciones efectuados por EDEMSA y de su parte hacia el municipio y el codemandado que datan de mayo de 2013, momento en que efectivamente tomó conocimiento de la supuesta servidumbre eléctrica que invoca EDEMSA.

La construcción de ninguna manera fue hecha en forma clandestina sino que quien realizó el montaje del sistema eléctrico de manera clandestina fue EDEMSA, en tanto fue colocado después de la aprobación del loteo del Barrio Aeronáutico, el cual no registra restricción de servidumbre.

*Nada dice de la responsabilidad del codemandado maestro mayor de obras, cuya responsabilidad profesional es clara.

*La resolución es contraria a las pretensiones del recurrente, ya que se declara el derecho prescripto de manera no acorde con las leyes vigentes, se deja inconclusos reclamos de la actora, como el de la responsabilidad del Sr. Giménez, y resuelve extra petita emplazando a tomar medidas urgentes a la municipalidad a fin de despejar la zona de servidumbre, provocando un daño irreparable a su parte, la más vulnerable en la situación, quien actuó en forma acorde con la reglamentación vigente y dirigida por un profesional del arte y aprobado por el municipio.

b) La contestación de los recurridos:

*El municipio:

La recurrente no demuestra el vicio de arbitrariedad con que tacha la sentencia, pues ninguna de las falencias endilgadas ostenta el pronunciamiento.

La prueba documental no fue desconocida por la actora, pues en el auto de sustanciación, de conformidad a lo dispuesto por el art.183 del C.P.C., el tribunal rechazó expresamente la impugnación de la actora por considerarla genérica, y dicho auto fue consentido por la recurrente.

Se advierte que el recurso es una simple disconformidad con la apreciación de las pruebas realizada por el tribunal de alzada.

*El Sr. Giménez:

No se entiende que la actora procure responsabilizar al maestro mayor de obra por una omisión en la que claramente incurrió el Estado provincial o la empresa de energía al no declarar, notificar, ni inscribir la servidumbre de electroducto oportunamente. Asimismo, todos los planos fueron aprobados por el municipio.

En definitiva, la actora reconoce que la responsable de los daños que alega es la firma EDEMSA, pero deliberadamente decide demandar al maestro mayor de obras, quien al analizar la documentación respaldatoria, se encontró con una situación sin ninguna restricción al dominio para la realización de la obra y los planos respectivos.

c) Dictamen de la Procuración General de la Corte:

Los argumentos de la recurrente no logran evidenciar de manera suficiente, las falencias que denuncia respecto del pronunciamiento impugnado para declarar la procedencia del remedio extraordinario, pues surge claro del expediente administrativo acompañado que la actora había tomado conocimiento de la servidumbre desde la notificación de EDEMSA del 17-11-09 o bien desde la contestación de ésta del 16-06-10; expediente que, además, fue incorporado válidamente al proceso.

III. LA CUESTIÓN A RESOLVER:

a) Una cuestión previa:

Considero indispensable, previo a adentrarme al análisis del fondo de la cuestión planteada, determinar la naturaleza de los daños que la Sra.Corvalán reclama en la acción por daños y perjuicios que declaró prescripta la sentencia impugnada, en tanto la existencia de la servidumbre de electroducto que origina su reclamo no está discutida, y asimismo resulta de las previsiones de la Ley Nacional 19.552 y de la Ley Provincial 5518.

En la especie, la actora demanda al municipio por los daños que le ocasiona el haberle permitido construir invadiendo la zona de seguridad que el electroducto requiere y alcanza a su propiedad.

No está reclamando cuestiones derivadas de la constitución o regularización de la servidumbre que afecta a su propiedad, en cuyo caso debería dirigir su pretensión contra la Provincia de Mendoza por ser el electroducto anterior a la vigencia de las Leyes 5518 y 6498.

Hecha esta aclaración, pues, corresponde a esta Sala resolver si resulta arbitraria la sentencia del tribunal de alzada que, revocando la de primera instancia que había rechazado la prescripción liberatoria opuesta por el municipio; hizo lugar a la misma, omitiendo a su vez pronunciarse sobre la responsabilidad del codemandado Sr. Giménez; y disponiendo como medida preventiva la elaboración por parte del municipio de un plan de trabajo en conjunto con Edemsa, para erradicar el peligro que importa el electroducto para la seguridad de los vecinos del barrio.

a) Principios liminares que rigen el Recurso Extraordinario Provincial.

Este Tribunal ha dicho que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación; y que la presencia de cierta ambigüedad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configuran en principio falencias de entidad tal que impliquen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional (L.S.188-446; 188-311; 192-206; 209-348, 238-106; 271-201; 271-328; 272-35; 272-469, etc.).

Entiende esta Corte pues, por sentencia arbitraria, aquella que no encuentra otro fundamento que la voluntad de los jueces que la emitieron, ya sea porque ignora los términos de la litis, o porque prescinde de pruebas decisivas para el resultado del litigio o bien porque, de cualquier manera que sea, omite valorar hechos o circunstancias que necesariamente debieron ser tenidos en cuenta (LS 410-113).

Asimismo, es doctrina de este Tribunal que el vicio de incongruencia que abre la vía del recurso extraordinario es aquél que produce indefensión (L.S 187-172; 192-89; 201-289; 217-114). “La congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación entre los dos grandes elementos definidores de todo proceso: la pretensión y la decisión. La necesidad de correspondencia entre ambos extremos funciona como condición del proceso verdadero. Hay incongruencia cuando la desviación es de tal naturaleza que supone una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal, pues la sentencia ha de ser dictada tras la existencia de un debate y de una contradicción y sólo en esos términos dialécticos es justo el proceso y justa la decisión que en él recae (LS 254-187).

c) Aplicación de estos principios al sublite:

Anticipo que, a la luz de los parámetros apuntados, haré lugar al recurso impetrado, pues más allá de que resulta patente la omisión de pronunciamiento respecto del codemandado Sr.Giménez, entiendo que en los demás aspectos del fallo los razonamientos que dan fundamento al pronunciamiento no ajustados a las constancias objetivas de la causa.

Explicaré las razones de mi decisión, siguiendo en esa tarea el criterio de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa, en el sentido de que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”:258:304; 262:222; 265:301; 272:225; FASSI YAÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado anotado y concordado, T°I, p. 825). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (CSJN, Fallos: 274:113; 287:3201).

Tal análisis, ya sea en lo atinente a la prescripción liberatoria como en lo relativo a la responsabilidad atribuida, debe efectuarse a la luz de la legislación anterior ya derogada, en función de lo previsto por los arts. 7 y 2537 del C.C.C.N en tanto los daños reclamados en el presente se habrían producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa; y no existe ningún supuesto de plazo de prescripción que habilite la aplicación del nuevo código, conforme las previsiones del art. 2537C.C.C.N.

Por lo mismo, y en lo atinente específicamente a la responsabilidad del municipio, cabe recordar que tampoco son de aplicación la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado vigente en nuestra provincia desde mayo de 2017, ni la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional N° 26.944 de agosto del 2014.

Por razones metodológicas corresponde analizar la cuestión de la prescripción liberatoria declarada en la segunda instancia.

a) La prescripción liberatoria declarada en la causa.El cómputo de su plazo:

De conformidad con las aclaraciones que efectué al comienzo de estos considerandos, tratándose la presente de una acción civil por responsabilidad extracontractual, el plazo de prescripción que se le aplica es el de dos años previsto por el art. 4023C.C., normativa aplicable en el caso, en función de lo previsto por los arts. 7 y 2537 del C.C.C.N.

El hecho ilícito es el que, en principio, marca el momento a partir del cual debe computarse el plazo ya que, en general desde entonces se produce el perjuicio que habilita a la víctima a reclamar su reparación.

Sin embargo, muchas veces la producción del daño no es concomitante con la de su hecho generador, ya sea porque se produce después, o bien porque no ha podido ser conocido por el afectado (Corte Sup., 31/08/1999, “Tarnopolsky, Daniel c. Estado Nacional”, J.A. 2000-III-680).

Esto ha motivado que la Corte de la Nación, al respecto, haya decidido que lo que en definitiva debe atenderse para determinar si ha operado la prescripción liberatoria es el momento en que el acreedor de ese hecho y del daño proveniente de él haya tenido un conocimiento real y efectivo de los mismos (Fallos: 289:267; 293:347; 303:384; 308:2494), pues es entonces que el perjuicio asume carácter cierto y susceptible de apreciación para el reclamante (Fallos: 307:771 y 2048; Fallos: 319:1960; Fallos 322-1888. También ver, por ej. MOSSET ITURRASPE, Miguel; “Problemática liberatoria en derecho de daños”; RDPyC.; 2000-22; Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2000, p.27/39).

En la misma línea de pensamiento ha resuelto este Tribunal en numerosas oportunidades (autos n!13-00365790-0/2, “Millán de Puy”, 09/04/2018; autos n° 13-00865587-6/1, “Tévez”, 18/10/2018, entre los más recientes).

En función de estas directrices, la juez de primera instancia, considerando que las irregularidades atribuidas a los funcionarios municipales estaban relacionadas con la obligación de contralor que le cabía al ente municipal en toda construcción realizada dentro del ámbito de su competencia, entendió que la prescripción no había operado al momento de interposición de la demanda (23-08-13), en tanto la intervención del municipio en la obra ocurrió en los años 2009-2011, y las inspecciones de obra no aprobadas databan de octubre de 2011.

En la sentencia impugnada, en cambio, se consideró que la actora había tomado conocimiento efectivo del daño reclamado el 17-11-09, fecha en que Edemsa mediante actuación notarial emplazó a la actora a respetar la zona de seguridad del transformador, pues desde ese momento había quedado habilitada para reclamar el daño que pretendía.

No encuentro lógico este razonamiento a la luz de las pruebas ofrecidas en el principal.

En ef ecto, surge del plano de arquitectura obrante en caja de seguridad que éste fue aprobado el 17-02-09. De las copias de las actuaciones administrativas también resulta que la obra se llevó adelante sin objeciones; y con posterioridad a la notificación de Edemsa del 17-11-09, el Jefe de Inspección de Obras Privadas, al inspeccionar la obra, informó el 13-05-10 que existía un transformador que invadía la propiedad de la Sra. Corvalán.Ello motivó que el municipio solicitara a sus departamentos internos verificación de lo informado, y envió una nota a Edemsa el 23-06-10 que motivó que esta última le contestara el 06-07-10 solicitando al ente municipal que hiciera respetar la zona de seguridad en cumplimiento con las ordenanzas municipales vigentes, Resolución 90/90 y disposiciones de la Ley 5518.

Sin embargo, la municipalidad permitió la continuación de la construcción, tal como resulta de fs. 36 del A.E.V., donde el Departamento de Electrotécnica observa el 11-10-11 que el plano eléctrico está conforme a obra, y otorga finalmente el 13-10-11 el permiso para solicitar a Edemsa la conexión del suministro eléctrico.

También surge de esa prueba que la propia Edemsa había otorgado el visto bueno para la conexión el 31-05-10, como se desprende de la copia del plano de instalación eléctrica obrante a fs. 31 del A.E.V. Ello motivó que la actora solicitara a la empresa autorización para la conexión del suministro el 08-06-10 -fs. 91 del expediente principal-, como también el traslado del transformador. Edemsa le respondió mediante nota del 16-06-10 -y que fuera considerada también por la Cámara-, en la cual reiteraba su emplazamiento, y admitía la posibilidad de traslado del transformador pero a cargo de la accionante.

Por otro lado, agregada a las actuaciones ofrecidas ad effectum videndi obra a fs. 30 nota de fecha 10-05-10 del EPRE al Intendente municipal, solicitando la adopción de medidas para que se respetara la zona de seguridad de la unidad transformadora, que motivó nuevos pases internos en el municipio pero ninguna medida concreta, según las constancias analizadas.Tanto es así que, de acuerdo a estas últimas, Edemsa le envió una carta documento en fecha 02-03-13 que tampoco ameritó un cambio de situación fáctica.

Así las cosas, considerar que la actora tomó conocimiento efectivo del perjuicio, desde el 17-11-09 o desde el 16-06-10 resulta irrazonable, si se tiene en cuenta que con posterioridad, el municipio permitió la continuación del local comercial de la actora, tal como he analizado, a pesar de lo que le informara Edemsa.

Entiendo que en el caso estamos en presencia de un daño que no apareció concomitantemente con el hecho dañoso, ya que la conducta de la demandada, contradictoria desde un comienzo -como también la de Edemsa-, no permitió a la actora conocer de manera cabal que la restricción alcanzaba a la obra construida y por lo tanto debía removerla. Es por ello que en el caso no puede alegarse que el desconocimiento de la actora sobre la existencia de la zona de seguridad del transformador obedeció a una negligencia culpable, pues podía conocer la existencia de la servidumbre -que por otra parte no estaba debidamente inscripta-; pero no que afectaba su propiedad y mucho menos en qué medida.

A estas alturas, no pueden soslayarse las siguientes circunstancias comprobadas de la causa:

– Edemsa emplazó a la actora pero también al municipio a respetar la zona de seguridad del transformador de alta tensión situado en la vereda de su inmueble;

– Edemsa nunca especificó a la actora el alcance de la zona de seguridad; cuestión que sí informó cuando fue oficiada en el expediente judicial que motiva estas actuaciones;

-la servidumbre alegada no está inscripta en la matrícula del inmueble de la actora;

– el transformador está ubicado en la vereda del inmueble, y su ubicación fue señalada en el plano de arquitectura presentado por el Sr.Giménez ante la municipalidad, quien lo aprobó;

-la actora solicitó que el transformador se trasladara por el peligro potencial que implicaba su ubicación, y Edemsa admitió tal opción pero aclarando que no le correspondía asumir el costo del traslado;

-la municipalidad no adoptó una medida concreta para prevenir daños derivados de la ubicación del transformador pese al emplazamiento que le hizo la empresa.

En concordancia con este razonamiento, esta Sala ha resuelto que “(.) Nuestra opinión coincide (.) con la de la mayoría de la doctrina nacional: la prescripción de la acción de daños comienza a correr desde que el damnificado conoce el daño, salvo que el desconocimiento proviniere de una negligencia culpable. No puede ser de otra manera, porque quien no conoce ni ha podido conocer por ningún medio razonable a su alcance que ha sido dañado no puede actuar. Es el fundamento mismo de la prescripción el que justifica que sea así” (autos n° 110.221; “Villaruel”; 31/10/2014).

Si la servidumbre no estaba inscripta en la matrícula del inmueble; su propietaria realizó los trámites administrativos necesarios para la construcción del local; contrató a un profesional para la dirección técnica y ejecución de la obra; nunca recibió de la municipalidad advertencia ni emplazamiento alguno referido a la zona de seguridad que debía respetar; y la empresa nunca especificó el alcance de esa zona; no puede válidamente afirmarse que la actora conoció desde el 17-11-09 que su obra era antirreglamentaria y debía destruirla.

Al respecto comparto el criterio de la primera instancia, en tanto para el cómputo del plazo de prescripción de la acción intentada contra el municipio debe tomarse en cuenta que la actuación municipal se produjo en los años 2009-2011, y que las inspecciones de obra no aprobadas datan de octubre de 2011 (fs.43/44 A.E.V.) Desde esa fecha y hasta la interposición de la demanda (23-08-13) pues, el plazo de dos años no se encontraba cumplido.

A mayor abundamiento, frente a una duda sostenible como presenta el sublite, corresponde propiciar la interpretación restrictiva que impone el instituto. (conf. “Problemática de la prescripción liberatoria en derecho de daños”, MOSSET ITURRASPE Jorge, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, “Prescripción liberatoria”, T° 22- pág 37, Rubinzal Culzoni Editores, año 2.000).

Arribando a esta conclusión, es menester adentrarme en el tratamiento de la responsabilidad endilgada a la municipalidad y al maestro mayor de obras.

b) La responsabilidad de los demandados:

La responsabilidad del municipio:

Existe consenso en que la responsabilidad estatal por omisión procede cuando, además de la concurrencia de los presupuestos básicos, se incumple una obligación jurídica expresa o implícita de actuar positivamente. En la doctrina de la Corte Federal, esto significa que la obligación debe estar contenida en una norma, y no consistir en un deber “genérico o difuso”, y siempre que sea razonable y posible esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar daños en las personas o en los bienes de los particulares. Por consiguiente, cuando la falta de servicio está dada por una omisión, la “determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar” (“Mosca”, Fallos, 330:563 (2007)).

En seguimiento de tales directrices, esta Sala ha sostenido, a partir del caso “Torres” (L.S. 208-161), y en pronunciamientos posteriores (“Norton” L.S. 267-496; L.S. 299-475; L.S. 361-131; L.S. 363-234; L.S.390-218, autos nº 97533 “Moscoso” del 12/8/10, autos nº 98081 “Blanco” del 24/08/11, autos nº 97691 “González” del 3/11/11, autos nº 109289 “Fiscalía de Estado” del 18/12/13, entre otros) que:

(1) Hay un derecho de daños con reglas comunes, sin perjuicio de que la responsabilidad del Estado en algunos supuestos y, en especial, por sus actos lícitos tiene especiales particularidades.

(2) Estas reglas comunes requieren como presupuesto la existencia de daño y la relación de causalidad entre la omisión antijurídica y el hecho dañoso.

(3) Las reglas comunes también implican que, en principio, resulta aplicable al Estado el art. 1074 del C.C. O sea, para que el Estado responda por sus actos omisivos es menester que exista deber de actuar; existe omisión antijurídica cuando es razonable esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares; se requiere, entonces, que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal, expresa o implícita.

(4) Dado que la obligación puede ser implícita, basta la existencia de tres requisitos:

– Un interés normativamente relevante, sea en la relación cualitativa o cuantitativa.

– Necesidad material de actuar para tutelar ese interés.

– Proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigne en el accionar.

(5) El deber omitido debe ser una verdadera obligación, un deber concreto y no uno que opere en dirección genérica y difusa; en definitiva, es menester que se trate de una obligación a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la Administración, aún cuando para ello sea necesario cumplir determinadas cargas procesales (autos n° 13-02123522-3(012174-11272101); caratulados: “A.P. Y OTS. EN J° 109509/ 34973 A.,P; F.H.M.;G.F.M;C.A.M. Y M.J.M. C/ P.E.D.S.P. P/ D.Y P. (CON EXCEP. CONTR.ALQ.) P/ REC.EXT.DE INCONSTIT-CASACIÓN”; 12-08-15).

Tales directrices interpretativas lejos de hallarse en oposición al régimen local de responsabilidad de la provincia actualmente en vigencia, han sido incorporados a la normativa, por lo que nada aconseja desatenderlas.

La actora responsabilizó a la Municipalidad de Las Heras por haber actuado en forma negligente al ejercer el contralor sobre su obra, lo que a su criterio, trajo como consecuencia que Edemsa la emplazara a remover la obra para respetar la zona de seguridad d el transformador ubicado en la vereda de su propiedad.

La municipalidad ha alegado a lo largo de la causa, que su facultad de policía, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, se limita a controlar la seguridad, solidez, y urbanismo de la obra, respecto de lo cual no se le ha imputado omisión alguna.

Sin embargo, la policía en materia de seguridad, higiene y salubridad es facultad municipal que excede las atribuciones que pretende la municipalidad. Así, conforme de la Ley Orgánica de Municipalidades; a ellas corresponde fijar el ancho y eje de las vías públicas y las líneas de edificación (art. 75 inc. 1); proveer y reglamentar los servicios de aguas corrientes, sanitarios, usinas de electricidad, gas, tranvías, teléfonos, y demás servicios análogos, ya sea por cuenta de la municipalidad o por concesiones (art. 75 inc. 3); intervenir igualmente en la construcción y refacción de los edificios públicos y particulares, al solo objeto de garantir su estética y solidez, y ordenar la compostura o demolición de aquellos que, por su estado ruinoso, ofrezcan un peligro inminente (art. 79 inc. 2); adoptar las medidas precaucionales tendientes a evitar las inundaciones, incendios y derrumbes, en las plazas, vías y edificios (art. 79 inc. 3).

Claramente se advierte que, conforme la ley, es facultad del municipio adoptar las medidas necesarias para prevenir que el electroducto situado en un bien de su dominio público como es la vereda del inmueble de la actora, ocasionase daños a las cosas o vecinos aledaños.En función de ello, debió controlar que no se realizasen obras cuya proximidad con la subestación, pudiesen generar peligro de incendio o electrocución.

Por consiguiente, quien no podía desconocer que debía preservarse una zona de seguridad con relación al transformador, era sin duda el municipio. Tanto es así, que la propia Edemsa lo emplazó en reiteradas oportunidades a adoptar medidas para ello.

Más allá de que la presencia del transformador fue informada por la accionante a la municipalidad al iniciar el trámite de la obra -por figurar en el plano de arquitectura que fuera además aprobado-; aún cuando no hubiese sido así, conforme las inspecciones su existencia era indudable también para la demandada, de manera que mal puede afirmarse que la servidumbre invocada por Edemsa debía ser conocida por la propietaria aunque no estuviese inscripta registralmente, y por ende debió darla a conocer al municipio. Si la envergadura de la subestación fue considerada evidente par la actora, también debió considerarse así para la municipalidad.

Por lo tanto, sostener que no incumbe a sus atribuciones controlar la construcción de la obra con relación a la afectación que la misma tenga respecto del transformador es una afirmación que no encuentra sustento en las pruebas rendidas en la causa, ni en la normativa aplicable, máxime si se tiene en cuenta que, pese a que el expediente municipal fue ofrecido por la demandada y por la actora; al solicitarse su remisión al municipio, éste, a través de sus reparticiones, informó primero que no existía actuación administrativa con esa identificación, razón por la cual el Sr. Rodríguez ofreció las copias que tenía en su poder, y posteriormente el municipio remitió en fotocopia actuaciones sueltas del expediente en 61 fojas, según se desprende de lo informado a fs. 268 del principal.

Surge claro que en el ocurrente, la demandada omitió proteger no sólo la vida de la actora, sino la de su comunidad.La responsabilidad del municipio por su conducta omisiva no puede quedar en este caso liberada, al estar en juego derechos fundamentales.

En este sentido se ha expresado que: el deber de seguridad tiene fundamento constitucional (art. 42 Constitución Nacional) y es una decisión valorativa que obliga a la sociedad toda a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de los habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos (CSJN. “Beas Héctor y otro c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, sentencia del 21/8/2010, voto del Dr. Ricardo L Lorenzetti). Cuestión que se ha visto fuertemente influenciada por la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de nuevos derechos y garantías (arts. 41, 42 y 43 C.N) y por la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 incs. 22 y 23).

Siendo indiscutido en la causa que como consecuencia de la situación descripta la actora debe demoler la obra o trasladar a su cargo el transformador a otro lugar; aprecio que el deber omitido por el municipio guarda relación causal adecuada con la indemnización que la actora reclama en los presentes, que no es otra que el costo que irroga trasladar el transformador a un lugar seguro, por ser ésta la solución que acarrea el menor perjuicio para todos los involucrados.

En tales condiciones, la demanda contra el municipio es procedente.

La responsabilidad del Sr. Giménez:

Como apunté al comienzo de mi análisis, la sentencia impugnada omitió pronunciarse sobre la responsabilidad del Sr.Giménez, a quien se le demandó por haber incumplido con su lex artis al proyectar una construcción tan próxima a una cosa riesgosa como lo es el transformador.

No existe controversia sobre la existencia del contrato que unió a actora y demandado.

El contrato de locación de servicios, en el caso, importa para el constructor el riesgo técnico de la obra, según lo cual no tiene subordinación para con el comitente, quedando obligado a un resultado material. Por ende, no puede descargar en instrucciones de su comitente a incumplimientos suyos de las reglas del arte. En la especie, el Sr. Giménez confeccionó los planos, efectuó la dirección técnica de la obra y se hizo cargo de su construcción.

Conforme pericia rendida en la causa, la obra no presenta vicios constructivos. Sin embargo, señala el perito que el maestro mayor de obras debió prever que la misma no podía erigirse con la proximidad que tiene con el transformador.

Resulta indudable que la determinación del correcto emplazamiento de una obra forma parte de las obligaciones que las reglas de su arte hacen pesar sobre los constructores.

Señala la doctrina que “La responsabilidad del empresario puede darse por un hecho propio, por el hecho de sus dependientes, por el vicio de la cosa misma que está en ejecución si él aporta los materiales, por el riesgo creado ya que la actividad constructora es por sí misma riesgosa. La responsabilidad es extracontractual y objetiva” (MÜLLER, Enrique “Daños a Terceros” en Responsabilidad de los profesionales de la construcción, Revista de Derecho de Daños, 2004-2, pág. 152 vta.).

En consecuencia, resulta inviable la pretensión del Sr. Giménez en cuanto intenta eximirse de responsabilidad en esta causa, invocando haber respetado todas las reglamentaciones que el municipio le impuso.Llegado el caso, de corresponder, le asistirá la posibilidad de repetir contra el municipio lo que forme parte de esta condena, pero en modo alguno, liberarse frente a la víctima.

No obstante, tal como he analizado, el constructor contó con la aprobación municipal para ello.

En consecuencia, su responsabilidad no puede tener la misma proporción que la del municipio, el cual tiene la obligación específica de prevenir los posibles daños que implica no sólo para la actora sino para la todos los vecinos, habilitar construcciones en tales condiciones. Por lo tanto, entiendo que la relación causal entre su conducta imperita y los daños que resulten acreditados es de un 20%, en tanto su participación en el resultado dañoso ha sido menor, según las consideraciones efectuadas.

La solución final del caso debe ser acorde, conforme lo estableció el Tribunal de grado, con aquello que mejor satisfaga las exigencias de la seguridad pública, en función al deber preventivo a cargo de la jurisdicción. Entiendo que ello se realiza disponiendo la obligación de hacer el traslado del transformador a un lugar seguro como modo de evitar un perjuicio final aún no provocado e impedir que la actora vea destruida su propiedad o debe pagar para impedirlo. Ambos accionados deberán responder concurrentemente en las proporciones del 80% y 20%, respectivas, en un plazo razonable de tres meses desde que la sentencia quede firme.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. LLORENTE y GARAY CUELI, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de la cuestión anterior, corresponde admitir el Recurso Extraordinario Provincial interpuesto contra la sentencia dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, a fs. 475/480 de los autos n° 251.280/53.842, caratulados: “CORVALÁN, ZIDANELIA ELIZABETH C/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Y OTS.P/DAÑOS Y PERJUICIOS.”

En consecuencia, corresponde rechazar la defensa de prescripción opuesta por el municipio, y admitir la demanda incoada contra la Municipalidad de Las Heras y el Sr. Rolando Giménez, condenándolos en forma concurrente a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del transformador a un lugar seguro para la comuna en el plazo estimado por Edemsa contado a partir de quedar firme la presente, y en coordinación con personal calificado de dicha empresa, siendo el costo del traslado a cargo de los demandados en la proporción establecida al tratar la primera cuestión.

Con relación al rubro lucro cesante reclamado, su procedencia queda enervada por la obligación de hacer a que se condena a los demandados.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. LLORENTE y GARAY CUELI, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

De conformidad con lo resuelto en las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a cargo de los recurridos por resultar vencidos (arts. 35 y 36 del C.P.C .C.T.M.).

Como base para el cálculo de los honorarios se tomará el costo del traslado a la fecha en que fue informado según constancias de fs. 244, es decir la suma de $ 586.014 desde el 06-07-15, sin perjuicio de los complementarios correspondientes.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. LLORENTE y GARAY CUELI, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 14 de mayo de 2.020.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

RESUELVE:

1) Hacer lugar al Recurso Extraordinario Provincial interpuesto en autos, contra la sentencia dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, a fs. 475/480 de los autos n° 251.280/53.842, caratulados:”CORVALÁN, ZIDANELIA ELIZABETH C/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Y OTS. P/DAÑOS Y PERJUICIOS”, la que se revoca. En su lugar, se resuelve:

“1°-No hacer lugar a la adhesión del recurso de apelación formulado por la Municipalidad de Las Heras”.

“2°- Hacer lugar al recurso de apelación formulado por la actora, y en consecuencia modificar el resolutivo de la sentencia de s. 3947399, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“”I- Hacer lugar a la demanda promovida por Zidanelia Elizabeth Corvalán contra la Municipalidad de Las Heras y Rolando Jorge Giménez. En consecuencia, condenarlos en forma concurrente a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del transformador objeto de autos a un lugar seguro para la comuna, en el plazo estimado por Edemsa (60 días) contado a partir de quedar firme la presente, y en coordinación con personal calificado de dicha empresa, siendo el costo del traslado a cargo de los demandados, en la proporción establecida al tratar la primera cuestión.””

“”II- Imponer las costas a los demandados en forma concurrente en la proporción establecida.””

“”III- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, en las siguientes sumas: Dres. Gisela CASÁ, en la suma de PESOS.($ .); Carla FUGAZZOTTO, en la suma de PESOS.($ .); Ana Inés VINZIA, en la suma de PESOS. ($ .); Armando A. GIMÉNEZ, en la suma de PESOS . ($.), sin perjuicio de los complementarios e IVA de corresponder (arts. 2,3 31 L.9131)””.

“”IV- Regular los honorarios de los peritos Eduardo Raúl PARERA y Carlos Santiago BREBBIA, en la suma de PESOS. ($.), sin perjuicio de los complementarios e IVA de corresponder (Dec. Ley 3485/63)””

“3°- Costas en la alzada a los demandados vencidos.”

“4°- Regular los honorarios en la segunda instancia, a los Dres. Gisela CASÁ, en la suma de PESOS.($.); Carla FUGAZZOTTO, en la suma de PESOS.($.); María Inés VINZIA, en la suma de PESOS.($ .) (arts. 3,15, 31 Ley 9131) sin perjuicio de los complementarios e IVA de corresponder.”

2) Imponer las costas en esta instancia a los recurridos.

3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia extraordinaria, para los Dres. Gisela CASÁ, en la suma de PESOS.($ .); Carla FUGAZZOTTO, en la suma de PESOS .($ .); Ana Inés VINZIA, en la suma de PESOS.($ .) sin perjuicio de los complementarios e IVA de corresponder (arts. 16, 31 L.9131).

Notifíquese.

DR. JULIO RAMON GOMEZ

Ministro

DR. PEDRO JORGE LLORENTE

Ministro

DR. DALMIRO FABIÁN GARAY CUELI

Ministro