#Fallos Parámetros en la cuota alimentaria: Para fijar la cuota alimentaria no existe tope máximo en relación al salario del alimentante, sólo deben considerarse sus posibilidades económicas y las necesidades del alimentado

Partes: A. G. A. c/ S. Z. A. s/

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Sala/Juzgado: I

Fecha: 12-feb-2020

Cita: MJ-JU-M-126094-AR | MJJ126094 | MJJ126094

Para fijar la cuota alimentaria no existe tope máximo alguno en relación al salario del alimentante, pues sólo deben considerarse sus posibilidades económicas y las necesidades del alimentado.

Sumario:

1.-Es improcedente el cuestionamiento realizado por el alimentante en relación a que la fijación de la cuota alimentaria en un porcentaje que asciende al 48% de sus ingresos resulta confiscatoria, pues se trata de una afirmación carente de sustento legal al no existir norma alguna que establezca un tope mínimo o límite legal a considerar al momento de determinar la cuota a favor de un hijo, siendo que sólo las pautas establecidas en el art. 659 in fine del CCivCom. (posibilidades económicas del obligado y necesidades del alimentado) son los factores a considerar para fijar el quántum.

2.-Las decisiones en materia de alimentos resultan netamente provisionales, pudiendo la cuota ser aumentada, disminuida o dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias tenidas en vista al concederla, pues los factores que brindan las pautas para la determinación de la cuota alimentaria del hijo, con el devenir del tiempo dan lugar al deber de apreciar las variaciones en las circunstancias fácticas que pueden ir produciéndose, tanto en lo relativo a la capacidad de aportar los alimentos por parte del obligado, como al incremento de las necesidades del beneficiario de acuerdo al cambio de contexto en situaciones de salud, educación y otras, que inciden en su vida diaria.

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3.-La sentencia que admitió la demanda por aumento de cuota alimentaria no constituye sentencia definitiva susceptible de ser revisada por vía del recurso de inconstitucionalidad, requisito establecido por el art. 8 de la Ley N° 4.346 de la Provincia de Jujuy, modificada por Ley N° 4.848 , en tanto se trata de una sentencia que no causa estado.

Fallo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, reunidos los Señores Jueces de la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia, doctores Beatriz Elizabeth Altamirano, Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-15.741/19 «Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº C-122.840/2018 (Tribunal de Familia -Sala I- Vocalía 2) Cesación de cuota alimentaria: A., G. A. c/ S., Z. A.»; del cual, La Dra. Altamirano dijo:

La Sala Primera del Tribunal de Familia, mediante sentencia de fecha 24/05/19, resolvió rechazar la excepción de falta de legitimación deducida por Z. A. S. Hizo lugar a la demanda promovida por G. A. A., en su contra, y dispuso la cesación de la cuota alimentaria acordada en el expediente N° C-035.734/2014 s/Alimentos: «S., Z. A. c/ A., G. A.», en la proporción de un tercio (1/3), quedando subsistente la equivalente al 28% de los haberes que percibe el actor, a favor de las menores E. J. A., y M. G. A. Hizo lugar a la reconvención por aumento de cuota alimentaria incoada por S. V. A., en contra de G. A. A., estableciéndola en un 20% de las sumas que por todo concepto el mismo percibe. Impuso las costas por el orden causado, y respecto a la reconvención, las impuso al alimentante. Reguló honorarios profesionales.

Para fallar de esa manera, expresó que la cuota alimentaria fijada en el expediente principal, fue acordada en la suma correspondiente al 42% de los haberes que el actor percibe como trabajador en relación de dependencia, por sus tres hijas S. V., E. J. y M. G. A.

Señaló que no se encuentra discutido el derecho alimentario de S. V.A.; que la controversia radica en el modo de cumplimiento de la prestación alimentaria, que el accionante pretende que sea percibida directamente por aquella.

El Tribunal admitió tal petición, al considerar que la alimentada es mayor de edad, y por lo tanto, plenamente capaz para ejercitar sus derechos, sin necesidad de la asistencia de su progenitora. Valoró su condición de estudiante universitaria, lo que -afirmó- amerita que pueda administrar libremente la cuota alimentaria de la que es beneficiaria, puesto que ello le reportaría ciertas ventajas a la hora de disponer de los fondos, máxime si se encuentra radicada fuera de esta provincia.

Aseveró que tal solución no acarrea perjuicio alguno al resto de las alimentadas, ya que la cuantía de la cuota que soporta el demandante permite su fraccionamiento en partes iguales, de modo que S. V. A., puede continuar gozando del derecho alimentario, percibiendo directamente el 14% del salario de su padre como trabajador en relación de dependencia; suma que, conforme lo prescripto por el artículo 659 del Código Civil y Comercial, permitirá atender razonablemente sus menesteres.

Asimismo, acogió la pretensión de aumento de cuota alimentaria incoada por S. V. A., al entender que la reconviniente acreditó su condición de estudiante universitaria, y está radicada en la provincia de La Rioja.

Entendió que tales circunstancias, conforme los términos del artículo 663 de la ley de fondo, ameritan el incremento perseguido en la proporción del 6% de los haberes que percibe el progenitor; con lo cual la prestación alimentaria quedó establecida en la suma equivalente al 20% de los haberes que percibe G. A. A.como trabajador en relación de dependencia, previas deducciones de ley, más SAC y asignaciones familiares que pudieren corresponder; aporte que -afirmópermitirá satisfacer razonablemente las necesidades de la joven.

Así concluyó luego de ponderar que el ordenamiento legal establece la obligación alimentaria de los progenitores hasta que sus hijos alcancen la edad de 25 años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, les impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.

En base a las manifestaciones de las partes y las pruebas aportadas, entendió acreditado tal extremo, ya que de la instrumental acompañada por la demandada a fs. 37 se desprende que la complejidad de la carrera elegida insume un considerable tiempo de cursado y de estudio, de lo que se deduce que la misma carece de tiempo suficiente para desarrollar alguna actividad remunerada que le permita proveerse su propio sustento y manutención requiriendo en consecuencia de la ayuda paterna. Y que por otra parte, el promotor de autos no demostró que la alimentada posea recursos económicos propios para su manutención.

Disconforme con lo resuelto, la Dra. Silvia Raquel Artero, actuando en representación de G. A. A., interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 5/8).

Expresa que el fallo impugnado es manifiestamente arbitrario, no constituye una derivación razonada del derecho vigente, afecta el derecho de los justiciables a acceder a una sentencia justa y conformada a derecho, vulnera la garantía de legítima defensa al desconocer prueba aportada por su parte y contradice los propios actos del Tribunal.

Afirma que no existe discusión respecto de la obligación alimentaria a cargo del accionado, sino en el porcentaje de la cuota fijada en la resolución.

Expresa que al admitir la demanda por aumento de la cuota alimentaria en un 6%, la resolución viola el tope máximo del 45% que exige la ley.Manifiesta que es imposible cumplir con el porcentaje del 48% de los haberes de su mandante, en el que quedó fijada, ya que el mismo resulta confiscatorio y afecta el patrimonio de su defendido.

Refiere que, de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 658 del Código Civil, los alimentos deben ser soportados por ambos padres conforme a su condición y fortuna.

Destaca que su defendido se hace cargo del 100% de los gastos de estudio de la alimentada, y Z. A. S., (progenitora) no paga ninguna suma de dinero.

Brinda mayores argumentaciones jurídicas, a las que hago remisión en honor a la brevedad, y finalmente peticiona.

Corrido el traslado, a fs. 20/21 vta. de autos compareció a contestarlo la Dra. Sara Ruth Cabezas en representación de Z. A. S., y de S. V. A. Se opone a la procedencia del recurso por los motivos que expresa, a los que remito en honor a la brevedad.

Cumplidos los demás trámites procesales, la Sra. Fiscal General Adjunto, Dra. Aída Elena Dajer, emitió dictamen aconsejando rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido (fs. 30/33 vta.) por lo que el mismo se encuentra en estado de resolver.

Analizado el caso bajo estudio, adelanto opinión adversa a la procedencia del mismo. Comparto la opinión emitida en el Dictamen Fiscal, cuyos fundamentos hago propios como integrantes del presente voto.

Atendiendo a la naturaleza alimentaria debatida, cabe señalar que el pronunciamiento motivo de embate no constituye sentencia definitiva susceptible de ser revisada ante esta instancia extraordinaria, requisito establecido por el Art. 8 de la Ley N° 4346 modificada por Ley N° 4848, dado que este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que «las sentencias que resuelven cuestiones relativas a alimentos en tanto no causan estado, resultan en principio irrecurribles por la vía del recurso de inconstitucionalidad» (L.A. Nº 39, Fº 1238/1241, Nº 474; L.A. Nº 39, Fº 627/629, Nº 242; L.A. Nº 45, Fº 195/197, Nº 86; L.A. Nº 47, Fº 1780/1781, Nº 768; L.A. Nº 49, Fº 74/75, Nº 25, L.A.Nº 49, Fº 2331/2332, Nº 761) de conformidad a lo establecido por el Art. 401 inciso 4 del Código Procesal Civil.

Recordemos que «El carácter estrictamente excepcional que posee la doctrina de la arbitrariedad debe ser subrayado en juicios de la naturaleza del presente – alimentos- cuya solución depende, eminentemente, de la valoración de complejas situaciones personales, pues esta particularidad torna prudente dejar librada dicha ponderación a los jueces de grado, en tanto no medie un evidente apartamiento de los hechos, del buen sentido o de las reglas de la sana crítica (C.S.J.N., 11/10/84, «R:R: c/ R. de C:B: s/ Alimentos, fallo citado por G. A. Bossert en «Régimen jurídico de los alimentos», Ed. Astrea, p. 402).

A mi juicio, no se observa en el caso esta situación excepcional, sino que, por el contrario, estimo que la sentencia cuestionada constituye una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias ponderadas. No advierto en la misma, error o desacierto de gravedad extrema que implique un menoscabo a derechos o garantías constitucionales del recurrente, de modo que permitan considerarla arbitraria, en los términos concebidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para justificar su descalificación constitucional.

Si bien el cuestionamiento del quantum de la cuota, que constituye el agravio central a dilucidar, remite al análisis de cuestiones que son de resorte exclusivo del Tribunal de la causa, y que por lo tanto resultan ajenos a la posibilidad de un nuevo tratamiento por este Alto Tribunal, cabe efectuar algunas consideraciones.

Conforme Art. 646 inc. a) del Código Civil y Comercial, el derecho alimentario de los hijos deriva de los deberes que impone la responsabilidad parental en cabeza de los padres.

Consecuentemente, la obligación de proveer alimentos implica satisfacer las múltiples necesidades de los hijos que comprenden la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, y aquellos imperiosos para adquirir una profesión u oficio.Y «En cuanto a la cuantificación de la prestación, los parámetros están dados por las necesidades del hijo y la capacidad económica de cada uno de los progenitores» (Jorge H. Alterini. «Código Civil y Comercial Comentado – Tratado Exegético», T. III, p. 780). Todo ello según lo preceptuado por el Art. 659 del mismo cuerpo normativo.

Estos factores que brindan las pautas para la determinación de la cuota alimentaria del hijo, con el devenir del tiempo dan lugar al deber de apreciar las variaciones en las circunstancias fácticas que pueden ir produciéndose, tanto en lo relativo a la capacidad de aportar los alimentos por parte del obligado, como al incremento de las necesidades del beneficiario de acuerdo al cambio de contexto en situaciones de salud, educación, y otras, que inciden en su vida diaria.

Es por ello que las decisiones en materia de alimentos resultan netamente provisionales, pudiendo la cuota ser aumentada, disminuida o dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias tenidas en vista al concederla.

Es que «Pretender que los valores alimentarios deban permanecer inmutables, implica desentenderse del derecho del niño a la integridad de su cuota alimentaria y propiciar la degradación de su calidad de vida, en razón de los aumentos que pudieren producirse en los bienes y servicios que requiere para la satisfacción de sus necesidades» (mi voto en L.A. Nº 2, Fº 922/931, Nº 256).

En esa concepción, estimulada la instancia de origen por el progenitor pretendiendo el cese de la cuota alimentaria respecto de su hija S. V.A., por haber alcanzado la mayoría de edad, y ante la reconvención de la misma en contra de aquél, reclamando el aumento de la cuota alimentaria en razón de encontrarse estudiando una carrera universitaria (medicina) en la Provincia de La Rioja, bien resolvió el Tribunal, luego de valorar el nuevo escenario fáctico que vino a modificar las circunstancias tenidas en consideración al momento de establecer la cuota alimentaria en un 42% por las tres hijas, en ese momento menores.

En efecto, han merecido especial consideración el incremento de las necesidades de la alimentada, dada su nueva calidad de estudiante universitaria, su radicación en la Provincia de La Rioja, la indisponibilidad de tiempo para desarrollar una actividad remunerada que le permita sostenerse independientemente, dado que la complejidad de la carrera de medicina, insume considerable tiempo de cursado y estudio; y que en virtud de ello requiere de la ayuda paterna. Y por otra parte, meritó que el progenitor no demostró que la alimentada posea recursos económicos propios para su propia manutención.

De acuerdo a ello, objetivamente se observa como razonable y prudencial la fijación de la cuota alimentaria a favor de S.V., de un 20% del sueldo del obligado.

Pero en lo que resulta sustancial para la resolución del recurso, el alimentante se agravia al considerar que el porcentaje del 48% de sus haberes en que quedó establecida la prestación alimentaria[1], resulta confiscatorio, ya que -a su decir- viola el tope del 45% exigido por la ley.

Sin embargo, su afirmación no contiene sustento legal alguno, lo que torna dogmático e infundado el planteo, y amerita sin más, su rechazo.

Ello por cuanto, conforme la regulación del instituto analizado (obligación de alimentos), no existe norma alguna que establezca un tope o límite legal a considerar al momento de determinar la cuota alimentaria a favor del hijo.

Así ha sido interpretado por la jurisprudencia antes de la reforma del Código Civil, al entender que para el embargo de los haberes salariales, no rige el límite dispuesto por la ley 14.443 y la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto al porcentaje embargable, pues la ley exceptúa el caso en que el embargo está destinado a asegurar el cobro de alimentos devengados y no percibidos. Sin embargo, consideró que la disponibilidad del embargo, no debe afectar un mínimo que permita la subsistencia del alimentante, a fin de no reducirlo paradójicamente al desamparo. En consecuencia, los salarios del alimentante son embargables por deudas de alimentos y no debe aplicarse ninguna disposición legal que establezca un límite o tope del embargo, razón por la cual será el magistrado interviniente quien, según las particularidades de cada caso concreto, se encuentra facultado para establecer el alcance del embargo decretado (cfr. Tipo de Fallo: R Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala: J, Expte. Nº: J587624 Fecha: 01-12-11 L., M.V. c/ G., H.F. s/ Ejecución de Alimentos. Cita: elDial.com – AE2665).

Así se desprende de lo establecido por el Art. 1° de la Ley N° 14.443 y por el art.120 de la Ley de Contrato de Trabajo, que exceptúan a las deudas alimentarias, del margen de inembargabilidad que ambas establecen. Tampoco el Código Civil y Comercial ha implementado tal limitación.

Como consecuencia de ello, sólo las pautas establecidas en el Art. 659 in fine (posibilidades económicas del obligado y necesidades del alimentando) que remiten a un concienzudo análisis del plexo probatorio aportado, son los factores a considerar a fin de fijar el quantum de la cuota alimentaria, pero sin que exista preestablecido un porcentaje (que la recurrente señala en el 45%) que opere como tope máximo que restrinja su determinación.

«Como lo sostiene reiteradamente la jurisprudencia sobre el tema, debe entenderse que el porcentaje de alimentos no puede resultar confiscatorio para el alimentante obligado a prestarlos por cuanto no es posible perder de vista que, por un lado, éste posee, a su vez, sus propias necesidades que no admiten ser desconocidas sin vulneración a sus propios derechos elementales, y por otro, se corre el riesgo de llegar a establecer una cuota de difícil cumplimiento; y es sabido que las demoras y las desobediencias siempre redundan en perjuicio de quienes deben recibirlos. Es por ello que para que tales circunstancias no se produzcan, puede y debe evitarse mediante la fijación de las cuotas alimentarias en forma prudencial y razonable por parte de los jueces. (.) Así se ha expresado, que para la cuantificación de la cuota alimentaría deben apreciarse las necesidades de los beneficiarios y los ingresos del alimentante y, en tal aspecto, debe formularse una ecuación que compatibilice unas y otras. Desde la óptica de las primeras, se requiere que la cuota satisfaga las necesidades vitales de los alimentados, comprendiendo lo necesario para su subsistencia, habitación, vestimenta, asistencia médica, educación y demás requerimientos morales y culturales. Desde el punto de vista de los segundos, hay que atender a sus posibilidades económicas (J.A. 1.997-III-42)» (L.A.Nº 54, Fº 1448/1450, Nº 406).

En definitiva, el agravio sostenido ante este Alto Tribunal, revela una mera disconformidad con el fallo atacado, en relación a lo cual este Superior Tribunal de Justicia tiene decidido que la tacha de arbitrariedad no cubre esas meras discrepancias entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes (cfr. L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534).

En virtud de las consideraciones precedentemente enunciadas que sostienen la razonabilidad de la sentencia y su motivación, y ante la falta de fundamentación adecuada del recurso impetrado, entiendo que no existe razón justa para apartarse de las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Familia al sentenciar, por lo que corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. Silvia Raquel Artero en representación de G. A. A.

En virtud del principio general de la derrota, las costas de imponen a la recurrente vencida (Art. 102 del Código Procesal Civil).

En cuanto a honorarios profesionales por la presente instancia, corresponde regular los mismos de conformidad a las previsiones de la Ley Nº 6.112.

Teniendo en cuenta las etapas procesales cumplidas, la complejidad de la cuestión planteada y el resultado obtenido (Arts. 16 y 17); y siendo que el mecanismo articulado por la ley arroja un resultado inferior al monto de honorarios mínimos; corresponde aplicar lo dispuesto por el Art. 20 referido a la cuantía actual de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA); con lo cual estimo que deben regularse los honorarios profesionales de la Dra. Silvia Raquel Artero, en la suma de $.que constituyen el .% de la suma regulada al letrado de la parte vencedora (Arts. 29); y los de la Dra. Sara Ruth Cabezas en la suma de $.en su carácter de apoderada de la parte vencedora; importe que equivale al .% del salario mínimo, vital y móvil a la fecha ($.) multiplicado por .UMA (piso mínimo de honorarios para recursos extraordinarios; Art.32 in fine). Dichas sumas devengarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; con más el I.V.A., en caso de corresponder.

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. Silvia Raquel Artero en representación de G. A. A., 2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Silvia Raquel Artero, en la suma de $., y los de la Dra. Sara Ruth Cabezas, en la suma de $.

Dichas sumas devengarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; con más el I.V.A., en caso de corresponder.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano

Dr. Sergio Marcelo Jenefes

Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone

Dr. Raúl Cantero

Secretario Relator.

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