#Fallos Tarde pero seguro: Se autoriza la inscripción tardía del nacimiento de la solicitante, ya mayor de edad, y se le otorga su DNI respectivo, tras acreditar los obstáculos que debió atravesar por no poder acreditar su identidad

Partes: D. N. E. s/ inscripción de nacimiento

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores

Fecha: 7-jul-2020

Cita: MJ-JU-M-126367-AR | MJJ126367 | MJJ126367

Autorización judicial para la inscripción tardía del nacimiento de la actora, entregándose además el correspondiente documento de identidad, no obstante haber alcanzado la mayoría de edad.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada, autorizándose la inscripción tardía del nacimiento de la actora -ya mayor de edad- de sexo femenino, sin filiación materna ni paterna, al haberse acreditado los avatares que han atravesado su vida y la de sus hijos por no poseer documentación que acredite su identidad a lo largo de toda su existencia, debiendo otorgársele el respectivo documento de identidad.

2.-Resulta cuestionable el fallo que rechazó el pedido de inscripción tardía del nacimiento efectuado por la reclamante mayor de edad, pues más allá de encontrarse fundada en normativa que no se encontraba vigente, resulta arbitraria por omitir brindar una respuesta esperable a la entidad de los derechos en juego, considerando las facultades y posibilidades que ostentan los jueces en el marco de un sistema judicial que se pretende tutor de los derechos humanos de las personas que acuden a él.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

3.-Aun trascurrido el plazo ideal y esperable para la inscripción en el Registro de la Personas del lugar del nacimiento, cabe estar al procedimiento previsto por la Ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, norma inalterada por la sanción del CCivCom..

4.-Como operadores de un sistema de justicia destinado a brindar una tutela judicial efectiva a todas las personas, más aún las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, resulta imprescindible no perder el norte de la tarea encomendada, que en el caso se traduce en el deber de trazar los lazos necesarios para que la peticionante ostente y goce los derechos fundamentales que se encuentran en juego, como a la identidad, al nombre y a la identificación ante las autoridades.

Fallo:

En la ciudad de Dolores, a los siete días del mes de julio del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.445, caratulada: “D., N. E. S/ INSCRIPCION DE NACIMIENTO”, votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie y Mauricio Janka. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?

VOTACIÓN

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:

I. Antecedentes.

N. E. D. se presentó el 15/12/15 ante el Juzgado Letrado de Paz de Pinamar con el fin de solicitar la inscripción tardía de su nacimiento, señaló que según pudo saber nació el 17/12/80 en la ciudad -y provincia- de San Juan, pero que nunca fue inscripta debidamente, si bien vivió con quien cree era su madre hasta los trece años debió alejarse por falta de cuidado y situaciones de violencia en el seno de su hogar, trasladándose sola a la provincia de Buenos Aires. Detalló los obstáculos que debió y debe atravesar por no poder acreditar su identidad; acompañó una solicitud de partida de nacimiento (v, fs. 3) ofreció prueba y en definitiva, peticionó se ordene la inscripción de su nacimiento y se le otorgue su Documento Nacional de Identidad. La jueza de grado a través de la sentencia que provoca su alzamiento ante este Tribunal, dictada el 10/10/17, rechazó su pedido por “no haberse acreditado” [sic] su nacimiento, con base a lo dispuesto por el 2 art. 62 del CCyCN (que recepta el derecho/deber que ostenta toda persona a usar el nombre que le corresponde), arts. de la ley 14.367 (derogada por la ley 23.264 B. O. 23-10-1985) y del dec. ley 8204/63 (derogado por la ley 26.413 B. O. 06-10-2008), y por -finalmente- el art.61 del CPCC (que recepta la facultad que ostenta el juez de recibir el pleito a prueba, o mandar a practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos). La peticionante apela (v, fs. 55 del 23/12/19) y funda (v, fs. 56/58 del 4/2/20) citando normativa internacional aplicable a su caso, replica los avatares que han atravesado su vida y la de sus hijos por no poseer documentación que acredite su identidad a lo largo de toda su existencia. Señala que con la sentencia dictada nunca podrá obtener su Documento Nacional de Identidad, con todos los perjuicios que ello le irroga, ni solucionar su situación; solicita la revocación del fallo. Ya en esta instancia fue ordenado, como medida para mejor proveer, el diligenciamiento de un oficio dirigido al Registro Nacional de las Personas, a fin de que informe si N. E. D., hija probable de Analía Mabel Díaz con fecha estimada de nacimiento en el mes de diciembre de 1980 en la provincia de San Juan, se encuentra matriculada determinando, en su caso, mediante qué instrumento se justificó su nacimiento; cuya respuesta fue agregada el 22/6/20 (v, fs. 63).

II. Marco normativo de la petición formulada por N. E. D.

a. Debemos recordar que a través de todo el siglo XX, pero principalmente luego de finalizada la segunda guerra mundial, a nivel internacional se ha consensuado que existen ciertos derechos indiscutidos e innegociables del ser humano que el Estado debe reconocer de modo inexorable, aún cuando se deba cumplir un procedimiento o ciertas formas 3 que la normativa específica establezca. En lo que atañe a este caso, nos referimos al reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona, el deber de inscripción en un registro en forma inmediata al nacimiento, el derecho a un nombre, a una nacionalidad, entre tantos otros.Como operadores de un sistema de justicia destinado a brindar una tutela judicial efectiva a todas las personas, más aún, las que se encuentran -por distintas razones- en una situación de vulnerabilidad, resulta imprescindible no perder el norte de la tarea encomendada, que en el caso se traduce, de apreciarse la verosimilitud del planteo formulado, en el deber de trazar los lazos necesarios para que la peticionante ostente y goce los derechos fundamentales que se encuentran en juego, en forma prioritaria -como adelanté-, el derecho humano a la identidad, al nombre y a la identificación ante las autoridades; los cuales, si bien resultan intrínsecos, propios e inalienables de todo ser humano, han sido consagrados por los distintos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país (arts. 6 y 15 de la DUDH; 17 y 19 DADDH; 3, 18, 20 de la CADH; 16, 17, 24.2 PIDCP; 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad; entre otros). A nivel interno el art. 75 inc. 23 de la CN prevé que el Estado argentino se encuentra obligado a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Además se ha reconocido que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad (art. 51 del CCyCN); a la par, que todos tenemos el derecho y 4 el deber de usar el prenombre y el apellido que nos corresponde. Finalmente se ha previsto que, en casos especiales, que la persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto pueda pedir la inscripción del que está usando (arts. 62 y 66 del CCyCN).

b.Sentado lo anterior se impone señalar que el punto cardinal aquí no se traduce solo en listar el decálogo de los derechos consagrados en cada instrumento, dando lugar a una sentencia de tinte dogmática y decimonónica, pues lo que, si interesa, es plasmar cómo ese blindaje jurídico que ostenta la persona humana como tal, viene a tender un puente hacia la efectivización de los derechos de la peticionante, destinataria de este proceso.

En ese tren debemos ponderar que, aún trascurrido el plazo ideal y esperable para la inscripción en el Registro de la Personas del lugar del nacimiento, tal como ha sido señalado, hemos de estar al procedimiento previsto por la ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (norma inalterada por la sanción del CCyCN; ley 26.994). Así tenemos que la ley 26.413 (ley 14.078 prov. Bs. As.) establece como principio general el deber de inscripción de los nacimientos con intervención de los progenitores en un plazo máximo de CUARENTA (40) días corridos contados desde el día del nacimiento; y vencido dicho plazo se prevé una inscripción de oficio dentro del plazo máximo de VEINTE (20) días corridos (art. 28 ley cit.). Ahora bien, vencidos los plazos mencionados, se establece allí que la inscripción sólo podrá efectuarse por resolución judicial, de ahí la petición de la N. E. D., previéndose la cumplimentación de los siguientes recaudos:a) certificado negativo de inscripción de 5 nacimiento emitido por el registro civil del lugar de nacimiento; b) certificado expedido por médico oficial en el que se determine la edad y la fecha presunta de nacimiento; c) informe del Registro Nacional de las Personas, en su caso, donde conste si la persona cuyo nacimiento se pretende inscribir está o no identificada, matriculada o enrolada; determinándose mediante qué instrumento se justificó su nacimiento; d) Declaración bajo juramento de DOS (2) testigos respecto del lugar y fecha de nacimiento y el nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente; e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir en cada caso (art. 29 ley cit. y 33 ley 14.078). Con esto lo que se expone era la necesidad de acatar un procedimiento legal previsto detalladamente, que no ha sido cumplido en la instancia anterior, obstáculo que atento la entidad de los derechos en juego, la oficiosidad que ostentan este tipo de trámites y el tiempo trascurrido desde su inicio, será superado a continuación por este Tribunal, meritando las constancias arrimadas.

III. Análisis probatorio y propuesta al Acuerdo.

Analizadas las actuaciones tenemos que, con la constancia de fs. 3 (solicitud de partida de nacimiento Nº 01600) se han aportados los únicos datos que la peticionante expresa conocer respecto de las circunstancias que rodearon su nacimiento, que habría ocurrido el 17/12/1980, en el Hospital de Rawson de la localidad de San Juan y que sería hija de Analía Mabel Díaz. A fs. 8 fue agregado un certificado expedido el 16/02/16 por la odontóloga Sandra R. Benítez, en el Hospital Comunitario de Pinamar, donde deja constancia luego de la revisación de sus piezas dentarias, que la accionante tendría la edad aproximada de entre 30 y 35 años (cumplimentándose con lo requerido por el inc. b del art. 29 ley 26.413 y 33 6 inc. b ley 14.078). El 28/10/16 fue agregado (a fs.22) informe remitido por el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, de donde surge que no se registran antecedentes de N. E. D., sugiriendo reiterar el pedido de informe al Registro Nacional de la Personas. A fs. 25 se encuentra el certificado negativo expedido por Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de San Juan, en relación a la Sra. Díaz, a efectos de iniciar su inscripción de nacimiento (inc. a del art. 29 de ley nacional). Por otra parte a fs. 36/37 luce agregado un informe remitido por la Dirección de Atención a la Víctima de la localidad de Pinamar, en el cual da cuenta de los recomendaciones brindadas ante las “reiteradas solicitudes” [sic] que la aquí accionante les habría realizado a fin de hacer efectivo su derecho a la identidad. Prestaron declaración testimonial tres personas en la causa, Juan Jaime Gerchman, Delia Isabel Tonelli y Nelson Augusto de Abajo (v, fs. 41/43), de cada audiencia, si bien con una disquisición del tercero respecto al lugar de nacimiento de la peticionante, lo que puede apreciarse es que efectivamente la conocen, como así también el flagelo que implicó para la misma no poder tener un DNI ni acreditar su identidad de otro modo; el primero y el tercero manifiestan conocerla desde por poco veinte años, mientras que la Sra. Tonelli lo hace desde aproximadamente “un año y medio o dos”, a través de una ONG, por tener en común el deseo de encontrar sus orígenes (inc. d art. 29 ley nacional y d ley provincial). A fs. 55 fue agregado el informe realizado por la asistente Social Clemencia de Urquiza, quien da cuenta de la entrevista llevada a cabo con la peticionante, quien narra su historia de vida, y las dificultades que ha atravesado y atraviesa en la actualidad, por no tener DNI.7 Finalmente, a través de la medida para mejor proveer dictada por el Tribunal, ha sido posible contar con el informe negativo remitido por el Registro Nacional de la Personal el 22/6/20 (inc. c art. 29 ley nac. y 33 inc. c de la prov.). Así las cosas se aprecia de la prueba recolectada que, efectivamente, la peticionante según el nombre que expresa usó toda su vida y por el cual se la conoce en la comunidad, tal como ha sido corroborado por las testimoniales producidas y documentación acompañada, no se encuentra inscripta ante las correspondientes oficinas del Estado argentino (arts. 375, 376, 384 del CPCC). Es por ello que con las constancias de autos y por la aplicación del art. 29 de la ley 26.413 de Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas y el 33 del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, entiendo que los recaudos exigidos se encuentran cumplidos y resultan suficientes para admitir la presente acción, lo que se traduce en la revocación de la sentencia apelada, que mas allá de encontrarse fundada en normativa que no se encontraba vigente, resulta a todas luces arbitraria, por omitir brindar una respuesta esperable a la entidad de los derechos en juego, considerando las facultades y posibilidades que ostentamos los jueces, en el marco de un sistema judicial que se pretende tutor de los derechos humanos de las personas que, en circunstancias como las que se presentan aquí, acuden a él.

En síntesis, se habrá de inscribir el nacimiento de N. E. D. ocurrido el día 17 de diciembre de 1980 en la ciudad y provincia de San Juan, República Argentina, sin identidad filiatoria, en el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación de su domicilio (Pinamar).

VOTO POR LA NEGATIVA.

EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:Por los fundamentos expuestos dejo propuesto al Acuerdo del Tribunal revocar la sentencia apelada, y en consecuencia, autorizar la inscripción tardía del nacimiento de N. E. D. de sexo femenino, nacida el 17 de diciembre de 1980 en la ciudad de San Juan, provincia homónima sin filiación materna ni paterna; en el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, delegación Pinamar. Emitiéndose por el Juzgado de Paz Letrado de Pinamar, sin dilación, los instrumentos de estilo para su cumplimiento. Sin costas atento la naturaleza de los derechos en juego y la ausencia de contradictor (arts. 75 inc. 22 y 23 de la CN; 6 y 15 de la DUDH; 17 y 19 DADDH; 3, 18, 20 de la CADH; 16, 17, 24.2 PIDCP; 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad; 51, 62 y 66 del CCyCN;1, 27, 29, 37, 78, 80, 81 y 82 ley 26.413; 33 y cctes. ley 14.078; arts. 242, 375, 376, 384 y cctes. del CPCC). ASI LO VOTO.

EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS. CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos se revoca la sentencia apelada y se autoriza la inscripción tardía del nacimiento de N. E. D. de sexo femenino, nacida el 17 de diciembre de 1980 en la ciudad de San 9 Juan, provincia homónima, sin filiación materna ni paterna en el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, delegación Pinamar. Emitiéndose por el Juzgado de Paz Letrado de Pinamar, sin dilación, los instrumentos de estilo para su cumplimiento. Sin costas atento la naturaleza de los derechos en juego y la ausencia de contradictor (arts. 75 inc. 22 y 23 de la CN; 6 y 15 de la DUDH; 17 y 19 DADDH; 3, 18, 20 de la CADH; 16, 17, 24.2 PIDCP; 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad; 51, 62 y 66 del CCyCN;1, 27, 29, 37, 78, 80, 81 y 82 ley 26.413; 33 y cctes. ley 14.078; arts. 242, 375, 376, 384 y cctes. del CPCC). Regístrese. Devuélvase -expediente formato mixto art. 18 Ac. 3975/20 SCBA-

REFERENCIAS: Funcionario Firmante: 07/07/2020 08:42:25 – DABADIE María Rosa

Funcionario Firmante: 07/07/2020 09:41:19 – JANKA Mauricio

Funcionario Firmante: 07/07/2020 09:53:41 – Gaston Cesar Fernandez

SECRETARIOS