#Fallos El abuso en los contratos de adhesión: El adquirente de un automotor pagó la mitad del precio, pero la operación quedó supeditada a la aprobación de la gerencia comercial

Partes: Eco Carne S.R.L. c/ Vertrauen Automotores S.A. s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes

Sala/Juzgado: I

Fecha: 2-abr-2020

Cita: MJ-JU-M-125202-AR | MJJ125202 | MJJ125202

Es abusivo el contrato de adhesión por el cual el adquirente de un automotor pagó la mitad del precio más la operación quedó sujeta a la aprobación de la gerencia comercial del vendedor.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la vendedora de automotores a entregar a la actora una unidad automotriz o una equivalente en calidad y equipamiento para el caso de que no se fabricare en ese momento, con la simultánea suscripción de un contrato de prenda con registro en garantía del pago en veinticuatro cuotas con más los intereses que correspondan a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires por operaciones de descuento de documentos (restantes operaciones), detallándose el monto de la cuota mensual, porque si bien no resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, se trata de un contrato de adhesión -nota de pedido- que hace depender el cumplimiento de la obligación del demandado de su exclusiva voluntad, pues habiendo percibido la mitad del precio, la operación quedó supeditada a la aprobación de la gerencia comercial.

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2.-La ‘nota de pedido’ que consta en un formulario preconfeccionado con membrete y redactado por la vendedora de automotores, con condiciones generales que figuran al dorso y no en el frente del documento (donde están los elementos concretos de la operación), y dejaron supeditada la operación a la discrecionalidad de la predisponente pese a que el comprador abonó la mitad del precio de venta, y sin que exista constancia de que la compradora las haya suscripto o conocido, permite tener por configurado un típico contrato de adhesión con cláusulas predispuestas casi ocultas a la parte predisponerte.

3.-La ‘nota de pedido’ emitida por la vendedora de automotores en un formulario preconfeccionado con membrete y redactado por aquella y que tiene todos los elementos de un contrato de compraventa -lugar y fecha, individualización del objeto, el precio, la forma de pago y hasta lo incluido y excluido en el mismo (observaciones), además de estar también firmada por el comprador, configura un contrato de adhesión.

Fallo:

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Abril de 2020, en Acuerdo Ordinario (Res. SCBA 386/20 y complementarias sobre COVID19) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la intervención de la Secretaría actuante, para dictar sentencia en el Expte. No SI-117793 , en los autos: «ECO CARNE S.R.L. C/ VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES».-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P .C.-

1a.) ¿Es justa la sentencia apelada?

2a.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

I.- La sentencia de fs. 197/201 es apelada por la parte actora, que expresa agravios en forma electrónica, los que son contestados por

igual medio.

II.- 1.- Eco Carne S.R.L. promovió demanda contra Vertrauen Automotores S.A. por cumplimiento de contrato y pidió, además, que

se la condenara a pagar una suma de dinero por daño punitivo.

Dijo que se relacionó con la firma demandada para la compra de un camión Mercedes Benz 0 km., y el 15/10/13 recibió un correo electrónico de la misma mediante el cual se le adjuntó la nota de pedido de la unidad a fin de que la firmaran y enviaran al correo para confirmar la operación, al tiempo que se adjuntó datos de la cuenta para el depósito de $ 228.500 al día siguiente. Siguiendo tales instrucciones el mismo día firmó la nota de pedido n° 7059 por la compra del vehículo, suscribiendo también la misma el sr.Javier Alvarez en nombre de Vertrauen.

Por el referido documento – añadió -, se estipuló el precio de la unidad en $ 457.000, con la entrega del 50 % ($ 228.500) y el resto financiado en 24 cuotas de $ 10.500 cada una aproximadamente, con la constitución de una prenda. Así, el 16/10/13 depositó los $ 228.500 en la cuenta informada y quedó a la espera de la entrega del vehículo, que se haría efectiva junto con la firma de la prenda.

Siguió narrando que, ante la falta de cumplimiento, el 13/11/13 remitió carta-documento intimando a que en el plazo de 15 días le entregara la unidad y se suscribiera el contrato de prenda bajo apercibimiento de accionar judicialmente. Al día siguiente la demandada le contestó diciendo que la operación de compraventa no se había concretada por razones ajenas a ella, toda vez que Mercedes Benz Financiera había rechazado la operación de crédito porque la requisitoria no había superado el «scorin» (sic) bancario. A su vez, le comunicó que el depósito efectuado estaba a su disposición para ser reintegrado, debiendo indicar número de cuenta y CBU para ser transferido. La actora contestó a su vez, el4/12/13, diciendoquelacompraventasehabíaconcretadoconlanotadepedido independientemente del otorgamiento del crédito referenciado y que la prenda era suficiente garantía. Agregó que rechazaba la pretensión de deshacer el negocio sin devolver la seña doblada, y reiteró la intimación formulada en la misiva anterior.

Vertrauen no volvió a contestar.

Sostuvo que con la nota de pedido n° 7059 se contrató la operación de compraventa (conf. arts. 475 del C.Com. y 1059 del C.C.C.) y que su parte había dado cabal cumplimiento a lo acordado. Pidió, en consecuencia, que

se condenara a la accionada a cumplir el contrato en la forma pactada.

Solicitó también que se la condenara a pagar una multa en concepto de daño punitivo (art. 51 bis de la LDC).

2.- Vertrauen Automotores S.A.contestó comenzando por negar pormenorizadamente los hechos relatados en la demanda.

Dijo que la operatoria de venta de vehículos que efectuaba consistía en que se debía presentar una nota de pedido junto con una solicitud de crédito a Mercedes Benz, y una vez ingresada quedaba a la espera de que tanto esta firma como Mercedes Benz Argentina aprobaran la operación, y cuando esto ocurría y se percibía la totalidad del precio, se perfeccionaba el contrato de compraventa.

Expresó que, en el caso, una vez recibida la nota de pedido, fue remitida a Mercedes Benz Argentina e ingresada el 22/10/13 por Mercedes Benz Financiera. El 24/10/13 la actora tomó conocimiento del rechazo de la solicitud de crédito por lo cual se comunicaron con José Ruiz Pérez para hacérselos saber, recibiendo como respuesta que no era posible porque se trataba de una empresa sólida. Ante ello, le ofrecieron que cancelara el saldo en efectivo para que no perdiera la oportunidad de adquirir el vehículo, como asimismo otras alternativas que no aceptó. Luego recibieron la carta documento del mes de noviembre que contestaron (en coincidencia con lo relatado por la actora).

Sostuvo que la operación de compraventa jamás fue perfeccionada, y que la actora, con la demanda, había acompañado un correo electrónico donde el socio gerente manifestaba su intención de «cerrar la operación» evidenciando que la operación no estaba concluida.

Finalmente pidió el rechazo del «daño punitivo» diciendo que no era aplicable cuando había una inculpabilidad del comercio y mucho menos cuando la culpa era del consumidor.

3.- La actora contestó el traslado de la documentación desconociendo la misma.

4.- Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda con costas.

Para sí decidir, el juez consideró que Vertrauen S.A. mediante la nota de pedido había formalizado una oferta de contrato de compraventa, que Eco Carne S.R.L. había aceptado y que había que atenerse a la totalidad de la misma.En tal sentido dijo que por la cláusula primera de las condiciones generales quedó sujeta la operación a la aprobación de la gerencia comercial de la vendedora, que podía rechazarla en el plazo de 60 días. Siendo ello así, por medio de la carta-documento enviada el 26/11/13 la demandada le comunicó a la actora que no era posible la concreción por no estar en condiciones de asumir el crédito y que el dinero depositado estaba a su disposición. En consecuencia – entendió – el contrato nunca se había perfeccionado, deviniendo abstracta la pretensión de aplicación del daño punitivo.

III.- 1.- Se agravia la actora diciendo que la sentencia no aplica la Ley de Defensa del Consumidor (nacional y provincial) en cuanto al incumplimiento del deber de información (art. 4), de la obligación de cumplir condiciones claras de contratación (art. 10), lo referido a la «letra chica» (art. 37) y los derechos del consumidor ante ello (art. 10 bis).

Sostiene que la cláusula primera de las condiciones generales es totalmente abusiva ya que por un lado exige el pago de un 50 por ciento del precio por adelantado y supuestamente condiciona el perfeccionamiento del contrato a la decisión de la gerencia de la propia vendedora. Nulidad que es más palmaria cuando la nota de pedido se cimenta en un contrato de adhesión (art. 38 LDC).

Expresa que la accionada nunca opuso como defensa dicha cláusula y que en la misiva que envió alegó otras circunstancias.

Dice que por imperio del art. 7 del C.C.C. deben aplicarse los arts. 1092, 1094, 1095, 1117, 988 y cctes., los cuales receptan el derecho a una información completa del contrato, la invalidez de las cláusulas

abusivas o que desnaturalicen las operaciones.

Argumenta que la sentencia malinterpreta el valor y eficacia de la nota de pedido, del depósito efectuado y del recibo, ya que evidencian que la operación ya estaba concretada.Los impedimentos y/o condicionamientos alegados nunca fueron informados al momento de la concertación del contrato ni tampoco la cláusula de condiciones generales citada por el magistrado.

Dice que el juez no ha evaluado todas las circunstancias que rodearon la contratación y tampoco que la accionada no contestó la intimación a acompañar documentación en los términos del art. 386 del C.P .C.

En segundo lugar se agravia de la omisión de la sentencia de expedirse respecto del dinero abonado con más los accesorios legales, lo cual ampara un enriquecimiento sin causa, siendo que la mera manifestación de la intención de devolverlo no justifica la demora toda vez que la demandada

conocía su cuenta bancaria o podía depositarlo judicialmente.

Finalmente se agravia de la imposición de costas. Argumenta que ello contraría el beneficio de gratuidad que tiene todo consumidor

conforme a las leyes nacional y provincial.

2.- En la contestación, la accionada expresa que no es de aplicación en autos la LDC porque el contrato no se concretó y porque la actora no reúne los requisitos del art. 1 toda vez que existía una sintonía total entre la

finalidad de la empresa y el destino que le daría al vehículo.

En relación a la devolución del dinero dice que no tenía obligación de depositarlo una vez judicializado el problema hasta que no hubiera

sentencia firme.

Finalmente pide que se confirme la imposición de costas por no ser aplicable la LDC al caso.

IV.- Asiste razón a la accionada en cuanto a que la operación de autos no es encuadrable en una relación de consumo dado que el art.1 de la LDC establece que el consumidor debe adquirir el bien como destinatario final, y la actora en la demanda dijo que había adquirido el vehículo exclusivamente para la actividad productiva (fs.61).

No obstante, ello no quiere decir que los contratos comerciales estén exentos del cumplimiento del principio de buena fe que debe presidir la celebración, interpretación y ejecución de los contratos (art. 1198 C.C., vigente al momento de los hechos de autos)) y de la proscripción de todo ejercicio abusivo de derechos (art. 1071 C.C.). Además, concordantemente los contratos no pueden contener cláusulas que hagan depender el cumplimiento de la obligación de una de ellas de su exclusiva voluntad (obligación potestativa q ue el art. 542 del C.C. fulmina de nulidad).

Las partes están contestes en que medió entre ellas la «nota de pedido» que obra a fs. 74 (coincidente con la acompañada en copia por la actora a fs. 14 salvo que esta no contiene el dorso) y que la actora depositó la suma de $ 228.500, otorgando la accionada el correspondiente recibo que obra a fs. 15.

Para la demandada ello no implicó el perfeccionamiento del contrato, tesis acogida por la sentencia. Discrepo con tal punto de vista.

La «nota de pedido» de fs. 74 está firmada por el representante de la vendedora pero la copia de fs. 76 (acompañada por la demandada) está también firmada por la compradora, lo cual se condice con lo afirmado por la actora en cuanto a que signó la nota. La accionada dijo que la «solicitud» fue remitida a Mercedes Benz y reconoció el depósito hecho por la actora del 50 por ciento del precio del vehículo, por el cual extendió el recibo correspondiente. Quedó así perfeccionado un contrato en los términos de los arts. 1137, 1144 1145 del C.Civil. Si se entiende que se trató de una oferta de contrato por parte de la compradora, hubo aceptación de la vendedora y su retractación llegó a su conocimiento cuando la aceptación ya se había concretado al otorgarse el recibo respectivo (art.1115 C.C.). No cambia tal conclusión que se considere que la oferta de contrato fue por parte de la vendedora – como dice el juez de grado -, dado que en tal caso fue aceptada inmediatamente por la compradora sin retractación alguna.

La «nota de pedido» tiene todos los elementos de un contrato de compraventa: lugar y fecha, individualización del objeto, el precio, la forma de pago y hasta lo incluido y excluido en el mismo (observaciones). La mitad del precio se pagó casi simultáneamente (al día siguiente) y en relación al resto se pactó que debía pagarse financiado en 24 cuotas de aproximadamente $ 10.500. Las partes son contestes en cuanto a que esto último debía instrumentarse por medio de una garantía prendaria sobre la unidad al entregarse el vehículo, momento en el cual se ajustaría el precio exacto de las cuotas. Por ello el término «aproximadamente» no cambia la naturaleza de contrato perfeccionado. Con respecto a lo dicho por la accionada al contestar la demanda en cuanto a que la actora había acompañado un escrito electrónico expresando su intención de «cerrar la operación», señalo que no lo veo en ningún lado ni que lo hubiera dicho en la demanda.

Ahora bien, en relación a la cláusula primera de las «condiciones generales» que figuran al dorso de la nota de pedido, más allá de que no fue invocada por la demandada al contestar la demanda, entiendo que no puede considerarse válida y por ende oponible a la actora por las razones que a continuación explico.

En primer lugar porque la «nota de pedido» de fs. 74 está hecha en un formulario preconfeccionado y redactado por Vertrauen Automotores S.A. como surge del membrete que lo encabeza y de la forma en que se arribó a la misma, tal como ha sido referido.Las «condiciones generales» figuran al dorso y no en el frente del documento (donde están los elementos concretos de la operación), y no hay constancia de que la actora las haya suscripto o conocido. Se trata de un típico contrato de adhesión con cláusulas predispuestas casi ocultas a la parte predisponerte.

Es aplicable, entonces, la doctrina y jurisprudencia elaborada en torno a los contratos de adhesión, que el Código Civil y Comercial receptara en los arts. 984 a 989. Estas normas no han hecho más que plasmar la jurisprudencia pacífica anterior en la materia (C.N.Com., Sala C. 13/04/07, E.D. 223-387; Sala C, 6/04/98 y 31/12/97, laleyonline; CC. S. 2 S.M, c. 31.351, 14/04/92; C.C.1 S.1 M.P., c. 118.235, 7/05/02,; S.C.B.A., Ac. 92.844, 9/08/06; CC.1 s. 2 L.P. c. 220.023, 23/05/95; C.C.1 S. 3 L.P., c. 225.648, 3/10/96; C.C. S. 2 S.M., c. 31.351, 14/04/92; C.C. S. 1 Az., c. 33.921, 19/08/92, JUBA; C.N.Com., Sala C, 16/11, L.L. 1996-E, 654; Sala B, 28/04/98, L.L. 1998-C, 624, .N.Com., sala C, 13/04/07, E.d. 223-387; entre otros; esta Sala, causas n° 111.759, «Lhospice, Juan José c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/acción de recupero», del 29/04/08, n° 111.844, «Colanino c. Nine S.A.C.I.F. s. Daños y perjuicios» , del 26/08/08, y n° 114.457, «Andrada, Marta Delia c/Provincia Seguros S.A. y otros s/cumplimiento de contratos civiles y comerciales», del 29/08/13), por lo que cabe – por su claridad y sistematicidad – confrontar las

mismas con el caso de autos.

El art. 987 establece en general que las cláusulas ambiguas deben interpretarse en sentido contrario al predisponerte. El art.988 contempla las cláusulas abusivas diciendo que se deben tener por no escritas: a) las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del predisponente; b) las que importen renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplíen derechos del predisponente que resulten de normas supletorias; c) las que por su contenido, redacción o previsión, no son razonablemente previsibles. Y para que no quepan dudas sobre su invalidez, el art. 989 establece que la aprobación administrativa de esas cláusulas no obsta al control judicial.

Pues bien, veamos el dorso del instrumento de fs. 74. La cláusula primera – motivo principal del rechazo de la demanda en la sentencia apelada – establece que «la operación de compraventa descripta se encuentra sujeta, en cuanto a su validez, efectos y perfeccionamiento, a la aprobación de la Gerencia Comercial de la Vendedora, quien podrá rechazarla dentro de los 60 días posteriores a la última cuota-reserva.».

Surge de su texto literal que la operación – por la cual el comprador (adherente) ya ha abonado el 50 % del precio – queda supeditada a la total discrecionalidad de la vendedora (predisponente del contrato). Es evidentemente una cláusula abusiva; desnaturaliza las obligaciones del predisponente dejándolas libradas a su exclusiva voluntad, y restringe los derechos del adherente, quien nada puede hacer ante la decisión (en el caso, hasta sesenta días posteriores a haber desembolsado el 50 % del precio) unilateral del predisponente.

Se trata de una típica cláusula que impone una obligación a una de las partes sujeta a una condición suspensiva que depende de su exclusiva voluntad. Es lo que la doctrina denomina obligación potestativa, contemplada en el art. 542 del C.C. Decía esta norma: «La obligación contraída bajo la condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto.». Cierto es que el artículo a continuación decía:».pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no ejecutar la persona obligada, la obligación es válida». La primera parte hacía referencia la obligación puramente potestativa y la segunda a la obligación simplemente potestativa (por ejemplo: «te daré tal cosa si me recibo de médico»,

lo cual, además de la voluntad del obligado depende de circunstancias externas).

Como esta segunda variante no traía más que confusión y ha sido eliminada por el Código Civil y Comercial, que en el art. 344, que prescribe que es nulo el acto «que depende exclusivamente de la voluntad del deudor»; o sea, mantiene sólo la prohibición de la obligación puramente potestativa.

Es evidente que una decisión que depende de la gerencia comercial de la vendedora es precisamente una obligación que depende exclusivamente de la voluntad del deudor. Es que el empleado que firmó la nota de pedido de fs. 74 (poniendo además el sello) actuó en nombre de la empresa. El viejo Código de Comercio los denominaba factores o encargados y minuciosamente se ocupaba de dejar en claro que actuaban en nombre del establecimiento, prescribiendo que todas las obligaciones que contraían recaían sobre el comitente en todos los casos (arts. 134, 135, 136, 137, 138, 142 y cctes., disposiciones estas, obviamente trasladables a la representación de las sociedades comerciales, arts. 58 y 59 de la ley 19.550). Es que mal podría ser de otra manera, ya que quien concurre, por ejemplo, a un comercio y hacer una compra, no puede pretender – ni se le puede exigir – que lo atienda el dueño exhibiendo la habilitación municipal o el contrato social.

No cambia tal apreciación que la cláusula segunda rece:»Para acceder a la financiación propuesta, el comprador deberá cumplimentar los requisitos de estilo requeridos por la entidad financiera interviniente, caso contrario, debe cancelar dicho importe al contado.». Ello así porque en ningún lado se dice cuál es esa entidad financiera ni tampoco cuáles son los requisitos de estilo exigidos.

Dijo la accionada en la contestación de demanda que toda la operación quedó sujeta a la aprobación de Mercedes Benz Argentina y de Mercedes Benz Financiera. Ni una cosa ni la otra surge del contrato (ya dije que la nota de pedido, el depósito y el recibo configuraron un contrato). En ningún lado se dejó constancia de ello ni mucho menos de su puesta en conocimiento y aceptación por la compradora.

¿De qué entidad financiera hablaba la cláusula? No sólo no se dijo por escrito sino que ni siquiera se intentó probar que se le hubiera anoticiado a la compradora que había una entidad financiera distinta de la empresa vendedora de quien dependía la concreción de la operación (arts. 375 y 384 C.P .C.).

En tales condiciones está claro que la cláusula es inválida por depender exclusivamente de la voluntad de la parte que debía cumplir esa obligación (financiar el pago del saldo de precio). O sea, una obligación potestativa que nuestro ordenamiento jurídico no admite (art. 542 C.C., art. 344 C.C.C.).

Además, ¿cuáles eran los requisitos aludidos en la cláusula segunda? ¿Se le hicieron saber a la compradora antes de que desembolsara el 50 % del precio pactado? ¿Se le hizo saber a la compradora que la financiación del saldo de compra dependía del «scoring» bancario?Y en su caso, ¿se le dio la oportunidad a la compradora de averiguar cómo estaba su » scoring» antes de pagar la importante suma de dinero del 50 % del precio del camión?

Repito que nada de esto surge de los instrumentos acompañados, y ninguna otra prueba produjo la demandada (ni siquiera ofreció probar) acerca de que todo ello se le hubiera hecho saber con antelación a la compradora (art. 384 C.P.C.). Huelga recordar que cada parte tiene la carga de la prueba de su pretensión, defensa o excepción (art. 375 C.P.C.).

No hace falta – reitero – recurrir a la LDC. La invalidez de las cláusulas con obligaciones potestativas es suficiente para rechazar la defensa de la demandada. Y el motivo por el cual la ley las fulmina de nulidad es porque son netamente abusivas y vulneran el equilibrio contractual. No por casualidad en el caso las cláusulas en cuestión se han insertado en un contrato de adhesión.

La doctrina acerca de este tipo de contratos tenía pacífica aplicación en la jurisprudencia antes de la vigencia del C.C.C., además de que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe (art. 1198 C.C.). No pudo, entonces, la demandada incumplir un contrato ya celebrado, por el cual se acordó un precio con un 50 por ciento de pago al contado al momento de su celebración, y el saldo restante financiado en 24 cuotas.

Dijo la accionada en su contestación que cuando Mercedes Benz Financiera aprobara el crédito recién ahí iba a percibir la totalidad del precio, como si la contraparte de una operación de compraventa no pudiera vender el objeto de la misma en cuotas, garantizando su pago con garantía prendaria. Ningún impedimento legal existe para que Vertrauen Automotores S.A. asuma ella misma la condición de acreedor prendario. Está fácilmente comprendida entre las entidades que, según el art.5 del dec.ley 15.348/46 (texto actualizado), pueden constituir una prenda con registro a su favor y recurrir, en caso de no recibir los pagos, a los métodos compulsivos que dicha norma contempla. Tampoco está impedida, obviamente, de exigir la acreditación de requisitos al interesado antes de acordar un pago con garantía prendaria.

No puedo dejar de señalar lo manifiestamente abusivo (art. 1071 C.C.) que resulta exigir a un interesado en una compraventa el pago del 50 % del precio de un camión para después – en un plazo extenso de 60 días – tomarse tiempo para decidir discrecionalmente rechazar la modalidad de pago convenida del 50 % restante y pretender el pago al contado. Semejante facultad sólo puede aceptarse si surge bien claro del contrato escrito a cuáles requisitos queda sujeta la financiación (incluido, por supuesto, de qué entidad financiera se trata si fuera otra distinta a la vendedora) y se deja constancia del anoticiamiento previo a la parte compradora interesada. Destaco que los $ 228.500 que en su momento pagó la actora no fueron una cifra menor. Implicaron el equivalente a u$s 39.600 si se toma el dólar oficial, o a u$s 23.500 si se toma el dólar «paralelo».

Resta señalar que no cambia el análisis hasta ahora efectuado la circunstancia de que se llamara en el documento de fs. 74 «seña» al pago de los $ 228.500. Decía el art. 1202 del C.C. que si la seña era de la misma especie que la que por el contrato debía darse había que tenerla como parte de la prestación (igualmente el art. 1059 del C.C.C. establece que el pago de la seña implica confirmación del acto). En el caso, la compradora no se arrepintió de la operación; sí lo hizo (en la forma que estaba pactada) la parte vendedora pero no ofreció devolver la suma recibida como seña doblada.En tales condiciones, quedó como facultad de la compradora exigir el cumplimiento del contrato.

Por consiguiente, considero que la sentencia debe ser revocada y hacerse lugar a la pretensión de cumplimiento de contrato deducida. La demandada fue constituida en mora con la carta-documento recepcionada el 14/11/13 (fs. 17/18) por la cual la actora le exigió que en un plazo de quince días entregara la unidad automotriz y se confeccionara el instrumento de la prenda (art. 509 2do. párr. C.C.). No habiendo cumplido la vendedora en el plazo señalado, quedó habilitada la compradora para exigir el cumplimiento del contrato (arts. 505 inc. 1° y 1204 último párr. del C.C.).

Ahora bien, las condiciones de financiación de los $ 228.500 del saldo de precio pueden haber cambiado en la actualidad y resultar abusivo el pago de las 24 cuotas pactadas con la tasa de interés de la que resultaba una cuota de $ 10.500. Por ende, al momento de suscribirse el contrato de prenda con registro deberá otorgarse una financiación a la tasa de interés que cobra el Banco de la Provincia por operaciones de descuento de documentos comerciales (restantes operaciones), detallándose claramente el monto de la cuota mensual.

Ello, claro está, a menos que la actora opte por pagar los $ 228.500 al contado.

Como surge del instrumento de fs. 74, el precio total pactado incluye gastos de flete y alistamiento, quedando los gastos de patentamiento a cargo de la actora.

En consecuencia, en el plazo de quince días de notificada de la presente sentencia, la demandada deberá entregar la unidad automotriz 0 km. indicada en el instrumento de fs. 74 (o una equivalente en calidad y equipamiento para el caso de que actualmente no se fabricare), y en el mismo acto se constituirá el instrumento de prenda con registro como garantía del pago

de los $ 228.500 pendientes en la forma establecida precedentemente. V.- Costas.

Si mi voto es compartido, las costas de ambas instancias deben ser a cargo de la demandada vencida dado que resulta sustancialmente vencida (arts.68 y 274 C.P.C.).

Con el alcance propuesto, VOTO POR LA NEGATIVA

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1°.- Revocar la sentencia apelada y en consecuencia condenar a Vertrauen Automotores S.A. a entregar a Eco Carne S.R.L. en el plazo de quince días de notificada de la presente una unidad automotriz marca Mercedes, modelo Atron 1720/48, 0 km. o una equivalente en calidad y equipamiento para el caso de que no se fabricare en ese momento, con la simultánea suscripción de un contrato de prenda con registro en garantía del pago de $ 228.500 en 24 cuotas con más los intereses que correspondan a la tasa que cobra el Banco de la Provincia por operaciones de descuento de documentos (restantes operaciones), detallándose claramente el monto de la cuota mensual, quedando establecido que los gastos de flete y alistamiento están incluidos en el precio, debiendo la actora abonar los gastos de patentamiento.

2°.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (arts. 68 y 274 C.P.C.).

ASI LO VOTO.-

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante,

emite su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose

la siguiente:

SENTENCIA Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia

apelada debe ser revocada.-

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:

1°.- REVOCAR la sentencia apelada y en consecuencia condenar a Vertrauen Automotores S.A. a entregar a Eco Carne S.R.L.en el plazo de quince días de notificada de la presente una unidad automotriz marca Mercedes, modelo Atron 1720/48, 0 km. o una equivalente en calidad y equipamiento para el caso de que no se fabricare en ese momento, con la simultánea suscripción de un contrato de prenda con registro en garantía del pago de $ 228.500 en 24 cuotas con más los intereses que correspondan a la tasa que cobra el Banco de la Provincia por operaciones de descuento de documentos (restantes operaciones), detallándose claramente el monto de la cuota mensual, quedando establecido que los gastos de flete y alistamiento están incluidos en el

precio, debiendo la actora abonar los gastos de patentamiento.

2°.- IMPONER las costas de ambas instancias a la demandada (arts. 68 y 274 C.P.C.). NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20 prorrogada por la nro. 14/20).

Se hace saber que los términos procesales se encuentran suspendidos (Res. S.C.B.A. nro. 386/20 prorrogada por Res. del Sr. Presidente de la S.C.B.A. nro. 14/20), por lo que el plazo de la presente notificación comenzará a correr una vez que finalice dicha suspensión. Y OPORTUNAMENTE DEVUELVASE.

BAGATTIN Roberto Angel

IBARLUCIA Emilio Armando

ROSSELLO Gabriela Andrea

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