#Fallos Domiciliaria durante la pandemia: Con vigilancia electrónica, procede respecto del imputado por delito no violento que cumplió prisión preventiva por más de dos años e integra un grupo de riesgo

Partes: Querellante: Banco de la Nación Argentina Imputado: D. R. A. s/ incidente de cese de prisión preventiva

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-may-2020

Cita: MJ-JU-M-125682-AR | MJJ125682 | MJJ125682

La detención domiciliaria provisional con vigilancia electrónica procede respecto del imputado por un delito no violento que cumplió prisión preventiva por más de dos años y por su edad integra un grupo de riesgo frente al Covid-19.

Sumario:

1.-Corresponde conceder al imputado la detención domiciliaria provisional con vigilancia electrónica, siempre que se mantengan las circunstancias y condiciones relativas al riesgo de su salud en razón de la propagación del virus COVID-19-, considerando que ha cumplido los dos años de detención bajo prisión preventiva, que se le achacan delitos catalogables como no violentos, que por su edad integra la población de riesgo en relación a la pandemia y la singular circunstancia procesal por la que atraviesa el expediente principal, en el que se ha planteado una incidencia de incompetencia cuyo tiempo de resolución impide establecer una fecha inmediata para la realización del juicio oral.

2.-La situación del procesado con prisión preventiva que se encuentra en una edad próxima a los setenta años y, por ende, está incluido en un grupo de riesgo frente al Covid-19 es encuadrable en el art. 32, inc. d) , de la Ley 24.660 pues más allá que se ha sostenido que el límite legal de setenta años debe ser entendido en un sentido ‘indicativo’, amplio y no taxativo, las recomendaciones que desde la OMS, pasando por las Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional contra la Tortura, el Alto Comisionado de Derecho Humanos de la ONU, y la Cámara Federal de Casación Penal de que los jueces favorezcan su concesión a las personas mayores de sesenta años, en casos de prisiones preventivas prolongadas y por delitos no violentos.

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3.-En el actual contexto de pandemia puede concluirse que, así como no corresponde la concesión automática de la prisión domiciliaria por edad o estar incluido en factor de riesgo, tampoco corresponde la denegatoria automática fundada en la sola circunstancia de no haber superado el detenido los setenta años de edad, pues deberán atenderse las circunstancias particulares del caso en el contexto actual de pandemia del virus COVID-19, a la luz de los decs. de Necesidad y Urgencia 260 , 297 -y sus respectivas prórrogas-, y en la res. 627/2020 del Ministerio de Salud.

4.-El instituto de la prisión domiciliaria, entendida como una modalidad diversa y autónoma de cumplimiento de la pena -o medida cautelar-, alternativa a la institucionalización penitenciaria, se fundamenta, entre otras, en razones humanitarias, consagradas con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, y en virtud de las cuales resultan inadmisibles las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

5.-La modalidad domiciliaria de la prisión no debe ser concedida de manera automática y es por ello que corresponde fundar su procedencia en un análisis de la particular situación en la que se encuentra el procesado, que muestra la viabilidad y conveniencia de este modo morigerado de cumplimiento provisional de la prisión preventiva.

Fallo:

Rosario, 14 de mayo de 2020.

Y VISTOS: los autos caratulados Incidente Nº 8 – QUERELLANTE: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA IMPUTADO: D. R. A. s/INCIDENTE DE CESE DE PRISION PREVENTIVA, expediente número FRO 6050/2014/TO1/8, de trámite por ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario, de manera remota de conformidad con lo establecido en las Acordadas 6/20 y 8/20 de la C.S.J.N -siguientes y concordantes-. y Acordadas 6/20 y 7/20 de la C.F.C.P.

DE LOS QUE RESULTA:

I.- 1) Mediante Resolución nº 72 de fecha 20 de abril del corriente año se resolvió: «.I.- RECHAZAR el pedido efectuado por el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino en favor de D. R. A., en cuanto al cese de prisión preventiva e inmediata libertad de su asistido (cfrme. art. 210 inciso «A» al «I» inclusive del CPPF), disponiendo que el imputado continúe cumpliendo con la prisión preventiva oportunamente impuesta (cfrme. art. 210 inciso «K» del CPPF) hasta tanto se resuelva el pedido en lo concerniente al arresto domiciliario. II.- DIFERIR la resolución del arresto domiciliario respecto de D. R. A., hasta tanto se aporte un domicilio y persona referente a tal fin, se encomiende el respectivo informe ambiental en el mismo, y se corra nuevamente vista fiscal a tal efecto (Cfrme. art. 210 inciso ‘j’). .».

2) Asimismo, en los «resultas» de la misma resolución se pasó revista de las distintas posiciones de las partes, que en un breve racconto conviene reproducir aquí, a saber:

«.I.- 1) A fs. 1/3 del presente incidente, el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino, en ejercicio de la defensa de D. R. A., solicitó el inmediato cese de prisión y puesta en libertad de su asistido; ello de conformidad con lo establecido el art. 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, art. 1 de la ley 24.390 (modificada por la ley 25.430) arts. 18 de la Constitución Nacional, art.7.5 de la CADH, 9.3 del PIDCYP.

2) Fundó su petición en lo que llamó cuestiones principalmente humanitarias, relativas a que su asistido ante la pandemia del virus COVID-19 es vulnerable, por encontrarse privado de su libertad en un establecimiento carcelario en los que no sería posible contar con un adecuado servicio de salud; y también en la vigencia de la nueva normativa correspondiente al CPPF, la violación del artículo 1 de la Ley 24.390 y la falta de peligrosidad procesal de este. a) En primer lugar destacó que D. se encuentra detenido para la presente causa ininterrumpidamente desde el 17/11/2017, y este Tribunal Oral, mediante Resolución 188/19 (de fecha 11/11/2019) dispuso la prórroga de la prisión preventiva del nombrado por el término de 8 meses. Citó en relación a ello el artículo 1° de la ley 24.390 que establece que la prisión preventiva no puede ser superior a dos (2) años. b) Analizando las pautas previstas en los arts. 221 -«Peligro de fuga»- y 222 —»Peligro de entorpecimiento»- del CPPF, expuso que no concurren dichos supuestos en el presente caso, pues la presente se trata de una causa cuya instrucción se encuentra finalizada y elevada a juicio. c) A vez destacó que su petición debe «. analizarse en el marco de la reciente declaración de emergencia pública en materia sanitaria declarada en el DNU 260/2020, como consecuencia de la pandemia por la propagación de casos de coronavirus COVID-19.», debiendo garantizar el derecho a la vida y salud de las personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios.

Ante ello, hizo hincapié en la superpoblación carcelaria y la constante falta de recursos de los servicios penitenciarios, solicitando así el cese de prisión preventiva e inmediata libertad de su asistido bajo alguna de las pautas de morigeración de encierro previstas en el artículo 210 del CPPF.

d) Por último, citó jurisprudencia e hizo las reservas pertinentes.

II.- Corrida vista al Fiscal General, el Dr.Oscar Fernando Arrigo, dictaminó que se rechace el pedido de cese de prisión preventiva solicitada por la defensa de D. R. A. y la aplicación de medidas alternativas previstas en el artículo 210 del CPPF; manteniéndose así la prisión preventiva del encartado, por considerar que al momento no han variado las circunstancias de hecho y derecho tenidas en cuenta por este Tribunal Oral al momento de prorrogarle la prisión preventiva, como así también destacó que dicha prorroga fue elevada a la CFCP, «.Tribunal este que, en fecha 6 de Diciembre de 2019 tomó debida nota de la misma (Res. Reg. 2415/19) sin modificación u observación alguna.» .

.III.- Corrida vista a la parte querellante, esto es Banco de la Nación Argentina, no hizo alusión alguna al pedido en cuestión.

IV.- Previo a resolver, se solicitó al Juzgado Nacional de Ejecución Penal n°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que informe la situación procesal en que se encuentre el detenido D., y a la Unidad 26 de Olmos -entre otros- le realicen «.un exhaustivo examen médico al nombrado, a fin de que dictamine si éste presenta alguna patología, en su caso la identifique y, de ser así, si bajo el actual contexto de emergencia sanitaria provocado por el virus COVID19, el procesado se encuentra dentro de la denominada población de riesgo.»; a) el Juzgado en mención informó que «. respecto al interno D. R. A. no se encuentra en trámite ni fue resuelto ningún pedido de libertad condicional, libertad asistida y/o prisión domiciliaria- con o sin vinculación a la pandemia del virus COVID-19.- FDO. AXEL LOPEZ (JUEZ) ANTE MI: VALERIA IACOBUSIO (SECRETARIA).» (ver correo electrónico de fecha 3/4/2020). b) en tanto, de la Unidad 26 de Olmos informaron que D. R. A. tiene 68 años de edad, reviste buen estado general de salud, afebril y tiene antecedentes de pólipos vesicales -en plan quirúrgico- y hernioplastia inguinal derecha -de hace 3 años aproximadamente.Además, que «. Pertenece a Grupo de riesgo para COVID-19, por ser mayor a 60 años.».

Hicieron saber también que esa Unidad Penitenciaria tomó las medidas de prevención de contagio recomendadas por el Ministerio de Salud y del Servicio Penitenciario Bonaerense. A más de ello, que se encuentran a la espera de la remisión de los elementos de bioseguridad, y por último, que hasta el momento no cuentan con ningún caso sospechoso y se toman todas las medidas posibles para minimizar la transmisión del virus COVID-19.

V.- En fecha 14 de abril -de conformidad con lo recomendado por la CFCP mediante acordada 9/2020 de fecha 13/4/2020-, se solicitó a la Defensa del procesado que, a efectos de analizar la posible adopción de medidas alternativas al encierro -si correspondiese-, aporten un domicilio en el que, en su caso eventualmente, el imputado podría llegar a continuar su detención y una persona referente a tal fin.

Ante ello, la Defensa de D. solicitó a este Tribunal Oral se oficie a la Unidad 26 de Olmos a fines de que se recabe la información requerida (domicilio exacto y persona garante) directamente de D.

Mediante oficio 90/2020-MGB de fecha 15 de abril del corriente año, se solicitó al director de la Unidad penitenciaria 26 de Olmos se entreviste con D. R. A. a fines de que aporte los datos pertinentes a efectos de evaluar la posibilidad de morigeración de detención en arresto domiciliario, y hasta el día de la fecha no ha habido novedad al respecto.

No obstante, ello, ante el pedido realizado por la Dra. Graciela Yocca, Defensora Pública Coadyuvante, en ejercicio de la defensa de D. R.A., de fecha 17/4/2020, solicitando se resuelva sin mayores dilaciones y en forma favorable el pedido de Cese de Prisión y/o Morigeración de encierro efectuado oportunamente por esa defensa, es que pasan los autos a despacho.».

II.- 1) Como se dijo, el pedido de libertad se rechazó, y respecto del pedido cursado a la Unidad Penitenciaria de Olmos, en fecha 21 de abril del corriente año, sus autoridades informaron que de la entrevista realizada a D. R. A., este manifestó que en caso de obtener el beneficio de arresto domicilio residirá junto a su amigo C. E. L. (DNI .) en el domicilio sito en calle Larrazabal n°2720 de la Localidad de Rio Alegre Cascallares, Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

2) Seguidamente se encomendó a Gendarmería Nacional Argentina la realización de un informe socio económico ambiental en el domicilio en cuestión, el cuál luego de superados algunos inconvenientes finalmente se efectivizó, consignándose que: a) el núcleo familiar de C. E. L. se encuentra compuesto por su cónyuge (Natalia Verónica Olivera) y sus dos hijos, personas con quienes residiría el encausado; b) el llamado L. es Abogado hace 12 años y tiene un ingreso aproximado de $60.000 mensuales; c) la llamada Olivera es Gestora y su ingreso mensual aproximado es de $25.000; d) el llamado L. está de acuerdo en recibir y asumir en su domicilio la asistencia de D. R. A.

III.- Corrida nueva vista a la Fiscalía General, el Fiscal General, Dr.Oscar Fernando Arrigo, dictaminó que «.a la luz de las recomendaciones efectuadas por la Cámara Federal de Casación Penal, y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, la situación epidemiológica que atraviesa nuestro país, y en virtud de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus COVID-19, se me presenta -dado los casos de coronavirus que han empezado a registrarse en algunos centros carcelarios- como la solución más justa al problema que nos ocupa que se le conceda, mientras se mantenga la actual situación la prisión domiciliaria del encartado.».

1) Fundó su decisión en que, si bien se observa que la ausencia total de riesgo procesal no se encuentra acreditada, tampoco se advierte que el presente caso habilite el mantenimiento de la detención de D. R. A. (para la presente causa) en un establecimiento carcelario.

2) Sostuvo que la «.situación de emergencia sanitaria actual tiene una dinámica que obliga a los operadores, aún frente un mismo caso, a ir adoptando nuevos parámetros de actuación.»; refiriendo así a la Acordada 9/20 20 dictada por la CFCP.

3) Refirió a que conforme lo informado por la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, D. R. A. pese a encontrarse afebril y en buen estado de salud, se encuentra dentro del grupo de factores de riesgo ante el virus COVID-19 por su edad (esto es, 68 años).

4) Además, señaló que el delito reprochado al acusado (artículos 174 inciso 5to -en función del art. 172-, 296 -en función del art. 292- y 285 -en función del art.282- todos ellos del Código Penal, en concurso ideal) y su participación (coautor), «.frente a la situación actual de emergencia sanitaria y a la ya declarada emergencia carcelaria, no es de aquellos que tienen previsto una pena que sea de las más graves reconocidas por nuestro código penal.», sumándose que el delito atribuido no fue cometido con violencia.

5) Por último, y teniendo en cuenta que en el presente caso existen indicios de peligro de fuga que dieron origen al mantenimiento del estado de detención del encausado, solicitó -a efectos de poder asegurar la comparecencia de D. a la Audiencia de Debate- que dicha detención domiciliaria se efectivice previa colocación del dispositivo electrónico de rastreo correspondiente.

V.- Por otro lado, corrida vista a la parte querellante (Banco de la Nación Argentina), no hizo alusión alguna al pedido en cuestión.

VI.- Previo a resolver, este Tribunal Oral dispuso recabar tres informes actualizados.

1) En primer lugar se libró DEO al Registro Nacional de Reincidencia a efectos de que remitan informe actualizado de los antecedentes penales que registra el encausado.

De estos surgen:1) la condena impuesta en fecha 4/7/2017 por el Tribunal en lo Criminal n°1 de San Isidro (Causa n°4914), en la que se lo consideró coautor de los delitos previstos y penados en los artículos 172, 174 inciso 5°, 210 1° párrafo, 277 inciso 2°, 283 en función del 285, 293 y 296 del Código Penal -que concurren materialmente entre sí-, y se lo condenó a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso; 2) la condena impuesta en fecha 1/2/2019 por el Tribunal en lo Criminal y Correccional n°13 de CABA (Expediente CCC 36120/2011), en la que se lo consideró autor de los delitos previstos y penados en los artículos 172 y 292 1° párrafo segundo supuesto del Código Penal -en concurso ideal-, y se lo condenó a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión, condena que se unificó con la mencionada en el punto 1), y se le impuso la pena única de seis (6) años y cuatro (4) meses de prisión; y 3) la suspensión de juicio a prueba de fecha 12/4/2019 resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de San Martín (Expediente FSM 53021/2014), en la que se le suspendió a prueba el proceso durante el lapso de dos (2) años en orden al delito de fraude a la administración pública mediante el uso de documentos públicos falsos y expendio de cheque falso, todo ello en concurso ideal en calidad de coautor (conforme art.174 inciso 5, 292 primer párrafo, y art 285 en función del art 282 del CP), y se le impuso realizar trabajos no remunerados en la unidad penitenciaria 26 de ocho (8) horas mensuales por el término de un año.

2) En segundo lugar, se solicitó al Juzgado Nacional de Ejecución Penal n°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que informe nuevamente «.la situación procesal actual en que se encuentre el detenido R. A. D. (esto es, cómputo de pena en el que conste desde que fecha se encuentra detenido, si se encuentra en trámite y/o fue resuelto algún pedido de libertad condicional, libertad asistida y/o detención domiciliaria -sin o con vinculación a la pandemia del virus COVID-19).».

En fecha 6 de mayo del corriente año, dicho Juzgado remitió copia del cómputo de pena de R. A. D., confirmando la pena única de prisión informada por el RNR y que su vencimiento operará el 8/11/21; asimismo informó que «.respecto al interno D. R. A. no se encuentra en trámite ni fue resuelto ningún pedido de libertad condicional, libertad asistida y/o prisión domiciliaria- con o sin vinculación a la pandemia del virus COVID-19. Asimismo, hágase saber que se encuentra en trámite la posible aplicación de estímulo educativo conforme lo previsto en el art.140 LEP.» -el destacado me pertenece-.

3) En último lugar, se solicitó a la Unidad 26 Olmos, que informe «.si ha habido alguna modificación desde su último reporte acerca del estado de salud de D., y sus condiciones de proveer a su atención en el marco de la Pandemia Covid-19.».

Por tal motivo, dicha Unidad remitió el informe médico de fecha 11 de mayo del corriente año, en el que -de igual manera que los informes médicos anterioresmanifestaron que D. R. A. tiene 68 años, está en buen estado general, no tiene fiebre y mencionaron nuevamente los antecedentes de pólipos vesicales.Además, reiteraron que «. Pertenece a Grupo de riesgo para COVID-19, por ser mayor a 60 años.».

Hicieron saber también que esa Unidad Penitenciaria tomó las medidas de prevención de contagio recomendadas por el Ministerio de Salud y del Servicio Penitenciario Bonaerense y se encuentran a la espera de la remisión de los elementos de bioseguridad pertinentes. Por último, informaron que a la fecha no cuentan con ningún caso sospechoso y se toman todas las medidas posibles para minimizar la transmisión del virus COVID-19.

CONSIDERANDO QUE:

I.- Corresponde al Tribunal expedirse sobre el pedido de detención domiciliaria de D. R. A. que quedó planteado por la defensa del acusado y pendiente de resolver hasta contar con un domicilio debidamente ofrecido y chequeado al igual que la conformidad de su principal morador como persona de contacto o referente, todo lo cual se completó recientemente.

El marco normativo adecuado en el cual corresponde encuadrar el caso estaría delimitado por los artículos 10° inc. d) del CP y 32° inc. d) de la ley de 24660), el artículo 210 inciso «j» del CPPF, y la normativa propia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, que debe interpretarse y aplicarse en función de las circunstancias particulares del caso y de la acreditación o no de los extremos que se invocan en el pedido.

II.- Como ya se ha mencionado en la resolución n°72/2020, corresponde repasar las circunstancias personales y procesales del encausado. Así pues, «.D. R. A., DNI ., es argentino, soltero, nacido el 19 de julio de 1951 en Buenos Aires, como última ocupación: comerciante, hijo de Rodolfo Nicolás y de María Esther Dongarrá, con último domicilio en calle Del Lazo n°3778 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

2) a) El Fiscal Instructor -en el R.E.J.- le atribuyó las conductas previstas y penadas en los artículos 174 inciso 5to -en función del art. 172-, 296 -en función del art. 292- y 285 -en función del art.282- todos ellos del Código Penal, en concurso ideal, en carácter de coautor.

Asimismo, cabe destacar que la escala penal de los delitos atribuidos al nombrado prevén en abstracto una pena mínima de 3 años a una máxima de 15 años, de prisión. b) Los autos principales caratulados «D. R. A. y otros s/ Inf. Ley 23.737», Expte FRO 6050/2014/TO1 tuvieron ingreso en este Tribunal Oral en fecha 16/08/2019; se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes, y no se diligenciaron hasta el momento ninguna de las dispuestas como instrucción suplementaria por encontrarse pendiente de tramitación y resolución la cuestión planteada en orden a la competencia territorial de este Tribunal Oral.

De su compulsa se advierte que se trata de una causa compleja, pues consta de trece (13) cuerpos, se encuentran quince (15) personas imputadas y requeridas a juicio -de las cuales sólo D. se halla privado de su libertad y todos ellos se domicilian en otras provincias-, sumándose a ello también -estando a los términos de los requerimientos de elevación a juicio de los acusadores- la calidad y cantidad de las maniobras comisivas de los delitos enrostrados y la profusa documentación reservada en Secretaria.

3) En lo que a la libertad durante el proceso respecta, resulta necesario destacar que D. R. A. se encuentra detenido en prisión preventiva para los presentes autos en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos -dependiente del SPB-, ininterrumpidamente desde el día 17/11/2017.

Asimismo, aparte del presente incidente de cese de prisión / morigeración de detención (Cfrme. art. 210 CPPF), el encartado registra: a) Un Legajo de Control de Prorroga de Prisión Preventiva FRO 6050/2014/TO1/5, en el que mediante Resolución n° 188/19 de fecha 11/11/2019, este Tribunal Oral ordenó prorrogar la prisión preventiva de D. R. A. por el término de ocho (8) meses a contar desde su vencimiento, la cual vencería en fecha 17/7/2020.Asimismo, mediante Registro 2415/2019 de fecha 6/12/2019, la Sala II de la CFCP resolvió: «. TOMAR NOTA de la prórroga de prisión preventiva dispuesta respecto de D. R. A., por el término de ocho meses, a partir del 17 de noviembre del cte. año.». b) Un Legajo de Casación FRO 6050/2014/TO1/6/CFC2, el cual fue elevado a la CFCP en virtud de que el Defensor Público Oficial interpuso recurso de casación contra la Resolución de prórroga de prisión preventiva mencionada ut supra (Res. 188/19 de fecha 11/11/2019) y aún no ha sido resuelto.

4) Por otro lado, cabe hacer mención que D. se encuentra detenido a disposición conjunta con el Juzgado Nacional de Ejecución n°3 de CABA, tras haber sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n°13 de CABA en la causa CCC 36120/2011, a la pena única de seis años y cuatro meses de prisión (comprensiva de la impuesta por este TOCF de un año y seis meses de prisión, con la impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal n°1 del Departamento Judicial de San Isidro el 4 de julio de 2017, respecto de la causa n°4914/4944/4984, a cinco años y seis meses de prisión). Dicha pena única -conforme lo informado por el JN 3 de CABA mediante DEO 231088 de fecha 1/11/2019 en autos ppales-, quedará agotada en fecha 8/11/2021 a las 24 horas .». III.- Como ya se dijo reiteradamente, mediante Resolución nº72 de fecha 20 de abril del corriente año, este Tribunal Oral resolvió rechazar la primera parte del planteo, y diferir de resolución la detención domiciliaria del procesado, hasta tanto se reciban los informes pertinentes.

Adelanto desde ya que habré de conceder provisionalmente el arresto domiciliario de D. R. A. peticionado por su defensa.Varios factores, me llevan a resolver en tal sentido.

1) Básicamente, el dictamen que en ese sentido emitiera el Fiscal General en su carácter de titular del ejercicio de la acción penal; dictamen que luce razonable a la luz de los argumentos en que se funda (y fueran repasados sintéticamente en los «Resultas») que, al corroborarlos y hacerlos propios, se erigen en otros factores que se traducen en nuevas razones que se desarrollaran autónomamente luego, pero que, a modo de síntesis, cabe enumerar así: a) D. está detenido en esta causa cumpliendo, no una condena sino, prisión preventiva; b) ésta alcanzó los dos años de duración en noviembre de 2019 (y se prorrogó por ocho meses); c) los delitos que se le achacan conforme el Requerimiento de Elevación a Juicio, podrían catalogarse como no violentos; d) D. tiene 68 años de edad y por ello integra la llamada población de riesgo en relación a la Pandemia Covid-19 cuya declaración y consecuencias son de público y notorio conocimiento.

2) Aduno a ello, la singular circunstancia procesal por la que atraviesa el expediente principal, cuál es que está tramitando una incidencia en orden a la posible declaración de incompetencia territorial del Tribunal en función de un pedido que (a instancias de una vista que corriera el suscripto) formulara el Fiscal General, y con el que ya coincidió la defensa oficial.

Ello, más allá del sentido en que se resuelva, es dable esperar que lleve un tiempo; es decir, hasta que se emita una decisión y la misma quede consolidada, habrá de transcurrir un plazo (como el que también insumirá la producción de las medidas de prueba ofrecidas como instrucción suplementaria por las partes y a las que se hizo lugar), que impide establecer una fecha inmediata para la realización del juicio oral e incluso pronosticar alguna fecha próxima con cierto grado de certeza.

3) Tal circunstancia se enmarca a su vez, en la que se deriva de la referida Pandemia Covid-19 y el aislamientosocial preventivo obligatorio (ASPO) que el PEN ha dispuesto y viene prorrogando, todo lo cual refuerza no solo -y como se dijo ya- la idea de que D. integra la llamada población de riesgo debido a su edad, sino también la de la incertidumbre sobre la fecha de juicio apuntada.

4) Cabe agregar al contexto reseñado que D. con su detención ésta cumpliendo en simultáneo a la prisión preventiva para esta causa, una condena a una pena única a seis (6) años y cuatro (4) meses de prisión que le fuera impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n°13 de CABA en la causa CCC 36120/2011 (al encontrarlo culpable de la comisión de los delitos de estafa en concurso ideal con falsificación de documento privado -reiterado en cuatro oportunidades-, tres en grado de tentativa y uno consumado), la cual de acuerdo a los informes obrantes en la causa se estaría agotando en noviembre de 2021, de lo que podría inferirse (aunque esto es resorte exclusivo del Juez de Ejecución Penal interviniente) que no estaría lejos de la posibilidad de obtener en relación a ella su libertad condicional.

5) Ante todo este panorama, luce adecuado que D., continúe la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario.

IV. En torno al sustento legal de la decisión adelantada, conviene realizar algunas consideraciones:

1) En primer lugar, relativas al instituto de la prisión domiciliaria, entendida como una modalidad diversa y autónoma de cumplimiento de la pena -o medida cautelar-, alternativa a la institucionalización penitenciaria.

En ese sentido, cabe señalar que dicho instituto se fundamenta, entre otras, en razones humanitarias, consagradas con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, y en virtud de las cuales resultan inadmisibles las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, es dable destacar que la modalidad domiciliaria de la prisión no debe ser concedida de manera automática.Es por ello que corresponde fundar su procedencia en este caso en un análisis de la particular situación en la que se encuentra el procesado D. que muestra la viabilidad y conveniencia de este modo morigerado de cumplimiento provisional de la prisión preventiva.

2) Sin perjuicio de que el caso particular en que se encuentra el encausado D. no encuadra estrictamente dentro de los supuestos previstos en los incisos del artículo 10 del Código Penal de la Nación Argentina, al que mejor podría adaptarse es al contemplado en el inciso «d», en cuanto enuncia: «.Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: . .d) El interno mayor de setenta (70) años.». Por su parte, el artículo 32 inciso d) de la Ley 24.660 replica de modo idéntico dicha norma.

Sobre este particular es importante tener en cuenta que «.la letra y el espíritu de la ley no dejan lugar a dudas de que la concesión de la detención domiciliaria se trata de una potestad y no de un imperativo, debiendo el magistrado en todos los casos fundar razonablemente su decisión, basándose en las características personales del justiciable y demás circunstancias del caso.» (cfr. CFCP, Sala IV, «Diedrichs, Luis Gustavo s/recurso de casación», Causa n° 93000136, rta. el 24/10/2016, Registro nº: 1351/16), y siempre observando el deber jurisdiccional de velar por el derecho a la salud de cada interno en su establecimiento de detención como por la realización del derecho sustantivo, que en este caso implica cautelar la presencia del imputado en el proceso.

3) Cierto es que se encuentra acreditado en autos (tanto por lo informado por la Unidad 26 de Olmos como de los datos personales del procesado) que D.tiene 68 años de edad.

Así pues, más allá que se ha sostenido que el límite legal de setenta (70) años de edad del inciso «d» tanto del artículo 10 del CP y como del artículo 32 de la Ley 24.660, debe ser entendido en un sentido «indicativo», amplio y no taxativo (y en tal sentido D. se encuentra prácticamente a un año de la edad requerida para la concesión del beneficio de arresto domiciliario), cobran relevancia en este caso (vuelvo a repetir en el particular contexto procesal reseñado) las recomendaciones que desde la OMS, pasando por las CIDH (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos), la CNCT (Comisión Nacional contra la Tortura), la Alta Comisionado de Derecho Humanos de la ONU, y la propia CFCP de que los jueces favorezcan su concesión a las personas mayores de 60 años, en casos de prisiones preventivas prolongadas y en orden a delitos no violentos.

4) Es decir, en el actual contexto de pandemia, bien puede concluirse que, así como no corresponde la concesión automática de este beneficio por edad o estar incluido en factor de riesgo, tampoco corresponde la denegatoria automática fundada en la sola circunstancia de no haber superado el detenido dicha edad (70 años).

En suma, deben atenderse las circunstancias particulares del caso en el contexto actual de pandemia del Virus COVID-19, a la luz de las recomendaciones referenciadas y lo dispuesto en los DNU 260, 297 -y sus respectivas prórrogas-, y en la Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud (los que se analizarán a continuación) que no se aparecen confrontadas por aquellas sino por el contrario.

V.- En síntesis, la situación del encartado podría encuadrar en una amplia interpretación, en el marco de la actual Pandemia Covid-19, del supuesto previsto en los artículos 10 inciso «d» del Código Penal y 32 inciso «d» de la ley 24.660, texto según ley 26.472 y 210 inc.»j» del CPPF aplicable en función de la Res 2/19 de la Comisión Bicameral. Ello así, por cuanto:

1) Tal como se consignó, resulta influyente en este espacio de ponderación que se le abre al Juez llamado a decidir de acuerdo a lo que dispone el artículo 10 del CP («.Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria.»), la situación actual de pandemia declarada por la OMS del virus COVID-19 y, particularmente el decreto de fecha 2 de abril de corriente año de la Cámara Federal de Casación Penal en el que teniendo en miras la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dispone que: «.los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en orden a los puntos 1 y 2 de la Recomendación de la CIDH, que a continuación se transcriben: . 2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.» (la negrita nos pertenece).

2) Desde esta perspectiva, entiendo, que la vulnerabilidad del procesado se acrecienta además en el contexto de las circunstancias que la rodean, esto es, sin perjuicio de que D.no registra problemas de salud a la actualidad, su condición objetiva (68 años de edad) lo ubica dentro del grupo de personas con factores de riesgo ante la pandemia del Coronavirus (es decir, mayor fragilidad en caso de contagio y futura recuperación). A ello se suma la circunstancia de que el detenido se encuentra alojado en la Unidad 26 de Olmos, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, que informó que aún no contaban y estaban a la espera de elementos de bioseguridad y que como lo ha sostenido el Fiscal General, han empezado a registrarse algunos casos de coronavirus en algunos centros carcelarios de dicha provincia.

VI.- Co mo ya se mencionó reiteradamente a lo largo de esta resolución, ayuda a delinear los contornos de la excepcionalidad del presente caso, la situación anómala y extraordinaria que está viviendo el mundo entero actualmente, producto de la Pandemia y que generó toda una normativa sanitaria en función de la cual se derivan, tanto la varias veces consignada situación de riesgo en que se encuentra D., como la incertidumbre en orden a su inmediato o pronto enjuiciamiento en audiencia de debate oral y pública, que corresponde atender:

1) El DNU 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, entre otros declaró «.Amplíase la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.».

Dicha resolución otorgó facultades al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación, entre ellas, «Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario».

Asimismo, pese a no haberse establecido específicamente en el DNU 260/2020, el Poder Ejecutivo de la Nación ante la Pandemia del COVID 19 -en su página web oficial https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes# grupo-riesgo- estableció que los quepresentan más riesgos de salud si se contagian son «.Las personas mayores de 60, las que tienen enfermedades respiratorias y las que tienen afecciones como diabetes presentan mayores riesgos en caso de contagio.» (la negrita me pertenece).

2) Posteriormente, se dictó el DNU N°297/2020 (de fecha 19/3/2020), que en su art. 1 dispuso: «A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de ´aislamiento social, preventivo y obligatorio´» (ver también sus respectivas prórrogas DNU N° 325/2020, 355/2020 y 408/2020).

3) A más de ello, a raíz del comunicado del DNU 260/2020, fueron numerosos los organismos públicos y privados que tomaron medidas respecto de la propagación del virus COVID-19.

A modo ejemplificativo podemos citar al Sector Público Nacional al «.dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo, a partir de la publicación de la presente y por el plazo de CATORCE (14) días corridos, a las personas que estén comprendidas en alguno de los grupos de riesgo conforme la definición de la autoridad sanitaria nacional y que a la fecha de la presente medida son los que a continuación se indican, quienes deberán cumplir, además, con las recomendaciones e instrucciones de prevención dispuestas por la autoridad sanitaria:

1. Personas mayores de 60 años, .» (B.O.16/03/2020 – DECAD- 2020-390-APN-JGM.).

4) Además, analizando las circunstancias que rodean la «actualidad penitenciaria», el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en fecha 25 de marzo del corriente, dictó la Resolución 184/2019 en la cual resolvió: «. ARTÍCULO 1°.- Declárase la «emergencia en materia penitenciaria» por el término de TRES (3) años a partir de la publicación de la presente.» (la negrita me pertenece). Y no solo eso; cabría considerar que dicha emergencia se ha, sino profundizado al menos consolidado, ante la emergencia sanitaria nacional (a la cual la realidad penitenciaria no es ajena) producto de la Pandemia mundial, Covid-19.

5) Las Acordadas de la CSJN y de la CFCP se suman a esa normativa (ver Acordadas Nro 6/20 del Máximo Tribunal y especialmente las Nros 9/20 y 10/20 del superior tribunal casatorio).

VII.- En conclusión y a modo de síntesis, como se ha dicho, se encuentra acreditado en autos que Rodolfo.

A. D. tiene 68 años de edad (nació el 19/07/1951), por lo que su situación personal encuadra dentro del grupo de personas más vulnerables ante un eventual contagio del virus COVID-19 (Coronavirus) y -en su caso- de recuperación de la enfermedad.

Es por todo ello que, en este caso con semejantes singularidades ya consignadas, al valorarse la situación del procesado a la luz de la situación actual de emergencia sanitaria y de conformidad con lo Resuelto mediante Resolución n°72/20 de fecha 20/4/20 (en cuanto al análisis de los artículos 221 y 222 del CPPF), este Tribunal entiende que resulta procedente se le otorgue la detención domiciliaria.

A la misma convicción (y no resulta un dato menor, sino que por el contrario lo destaco como trascendente) llegaron las dos partes que dictaminaron previamente a instancias del Tribunal. En efecto, el Ministerio Público Fiscal se pronunció por la concesión del arresto domiciliario en concordancia así con el Defensor Público Oficial -Dr.Martín Gesino-; es decir no hay quien haya manifestado oposición, pues la querella teniendo su oportunidad para hacerlo no ha emitido opinión al respecto.

VIII.- En consecuencia, de conformidad con lo dictaminado con el Ministerio Público Fiscal se habrá de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria provisional a D. para que continúe el cumplimiento de la prisión preventiva que se le impusiera a través de esa modalidad, mientras se mantengan las actuales circunstancias y condiciones en el riesgo de la salud del encartado, no obstante lo cual el Ministerio Público Fiscal deberá fundar en su caso el pedido a que el nombrado regrese al ámbito penitenciario.

IX.- 1) Por lo demás, a fin de neutralizar todo riesgo procesal en virtud del otorgamiento de este modo morigerado de cumplimiento de la prisión preventiva y considerando que se encuentra vigente el «Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica», que depende de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación, en concordancia con lo también solicitado por el Ministerio Público Fiscal, se habrá de encomendar a dicho organismo la incorporación inmediata del imputado R. A. D. al citado Programa, supeditando la concreción del arresto domiciliario a la previa implementación del monitoreo electrónico. Ello, a su vez en función de que D.también se encuentra detenido a disposición de otra autoridad judicial, de lo que se hará una consideración luego.

Por tal motivo, deberá requerírsele también a dicho «Programa» la actuación coordinada con la respectiva unidad de detención-Unidad 26 de Olmos- a efectos de efectivizar la colocación del dispositivo electrónico en la misma Unidad, y tras ello se proceda de inmediato a la concreción del arresto domiciliario en el domicilio sito en el Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

2) A su vez, impondré al procesado el estricto cumplimiento de la detención domiciliaria, con la única excepción de autorizarlo a ausentarse exclusivamente para satisfacer una necesidad urgente en orden a su salud, que deberá comunicar y justificar debida e inmediatamente al Tribunal.

3) Fuera de dicha excepción, D. deberá solicitar otras autorizaciones con suficiente antelación a fin de que, en caso de serles concedidas, se de aviso al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.

4) La detención domiciliaria se llevará a cabo en el domicilio indicado por el imputado, sito en calle Larrazabal n°2720 de la Localidad de Rio Alegre Cascallares, Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

5) Asimismo, actuará como referente C. E. L. (DNI .), a quien deberá labrarse la correspondiente acta.

X.- Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta -como se dijo- que el nombrado R. A. D. se encuentra detenido también a disposición del Juez de Ejecución Penal del Juzgado Nacional de Ejecución Penal n°3 de CABA (Expte. CCC 36120/2011/TO1/EP1), se lo pondrá en conocimiento del presente, dejando sentado que solo se habrá de efectivizar lo que por la presente resolución se dispone si dicho magistrado adoptase una decisión que lo hiciere posible.

XI.- Esta última circunstancia consignada precedentemente se le hará saber obviamente al director de la Unidad Penitenciaria Nro. 26 de Olmos, por lo cual también se le encomendará que mientras no se efectivice el egreso de Rodolfo.

A.D., se mantengan las medidas de seguridad e higienes sanitarias informadas y se adopten las correspondientes que en su caso fueren necesarias, a fin de prevenir, y en su caso tratar adecuadamente cualquier contagio o sospecha de contagio del virus COVID-19 en la Unidad y/o el encartado.

Por todo ello, el Tribunal; RESUELVE:

I.- CONCEDER la detención domiciliaria provisional con vigilancia electrónica a R. A. D. D. (DNI .), siempre que se mantengan las actuales circunstancias y condiciones conforme lo expuesto en el considerando VIII, relativas al riesgo de la salud del encartado en razón de la propagación del virus COVID-19- para el cumplimiento de la prisión preventiva impuesta (Cfrme. art. 210 inciso «j» CPPF), en la siguiente modalidad:

1).- La detención domiciliaria se llevará a cabo en el domicilio sito en calle Larrazabal n°2720 de la Localidad de Rio Alegre Cascallares, Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

2).- La detención domiciliaria se hará efectiva de forma inmediata, una vez que se verifiquen las siguientes circunstancias: a) que el Juez de Ejecución Penal del Juzgado Nacional de Ejecución Penal n°3 de CABA -teniendo en cuenta la circunstancia de que R. A. D. se encuentra detenido también su disposición para los autos Expte. CCC 36120/2011/TO1/EP1, llegare a tomar una decisión compatible con ello; en tal sentido se le cursará puntualmente notificación de la presente vía DEO. – b) que se le coloque al nombrado previamente a su egreso de la Unidad donde se aloja el dispositivo electrónico; al efecto y oportunamente se requerirá al «Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica», que depende de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación, su imp lementación e incorporación de R. A. D. al citado Programa, en una actuación coordinada con la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, a tal fin.

II.- HACER SABER a R. A.D., mediante acta escrita que deberá suscribir ante la autoridad penitenciaria a cargo de su confección, la obligación de dar estricto cumplimiento a la prisión domiciliaria en las condiciones consignadas en el considerando IX., bajo apercibimiento de revocar su concesión en caso de inobservancia.

III.- LIBRAR, cuando corresponda, los despachos y las actas pertinentes detallando en forma pormenorizada las obligaciones que deberán asumir tanto D. como su garante C. E. L.; como así también ENCOMENDAR a Gendarmería Nacional Argentina el diligenciamiento y suscripción de las mismas.

IV.- ENCOMENDAR al Director de la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, el cumplimiento de lo dispuesto en el último considerando de la presente mientras no se efectivice el egreso de R. A. D.

V. PONER EN CONOCIMIENTO de la presente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de San Martín en función de su Expediente FSM 53021/2014.- VI.- TENER PRESENTE las reservas formuladas.

VII.- INSERTAR, hacer saber y publicar en el Centro de Información Judicial (C.I.J.).

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