La pandemia COVID-19 y los procesos concursales. Aproximación a las medidas concursales contenidas en el Real Decreto Nº 16/2020 de España

Autor: Gerbaudo, Germán E.

Fecha: 2-jun-2020

Cita: MJ-DOC-15360-AR | MJD15360

Sumario:

I. Introducción. II. El art. 43 del Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo. III. Real Decreto Ley Nº 16/2020. IV. Conclusiones.

Doctrina:

Por Germán E. Gerbaudo (*)

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19 nos coloca frente a una crisis extrema. Ha provocado la emergencia sanitaria a nivel global, ocasionando desbastadoras consecuencias en la humanidad y en la economía.

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La pandemia COVID-19 y las medidas que los distintos gobiernos dictaron para evitar la propagación del virus implicaron restricciones a la libertad ambulatoria y económica. La paralización de la economía es completa y global. Todo ello, lleva a una ruptura de la cadena de pagos y a un crecimiento del índice de morosidad y al incremento de los casos de insolvencia.

El mundo ha cambiado e impera la incertidumbre dado que no sabemos cuándo se superará la crisis. Atravesamos una crisis diferente a las anteriores porque esta se manifiesta de manera global y no solo es económica, sino también sanitaria.

En España rápidamente se tomaron medidas extraordinarias y excepcionales para mitigar los daños de la insolvencia. El gobierno de España declaró el estado de alarma el 14 de marzo por Real Decreto N° 463/2020 y el 17 de marzo se dictaron las medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia COVID-19. En tal sentido, se dictó el Real Decreto Nº 8/2020 que refiere a «las medidas urgentes, extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19» y que en el art. 43 contenía medidas de índole concursal (1).

Posteriormente, ante la prolongación del estado de alarma se emitió el Real Decreto Nº 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de justicia. Este último cuerpo normativo, se ocupa de diversas medidas concursales en el capítulo II designado bajo el acápite de «Medidas societarias y concursales» comprendiendo los arts. 8 a 18. Estas normas entraron en vigencia el 30 de abril.En este trabajo analizamos los aspectos concursales de la normativa referida, dando un panorama de las disposiciones más trascendentes y vinculando dichas soluciones con el derecho local, estudiando si algunas de esas respuestas pueden ser aplicables en nuestro país en una futura legislación de pandemia que indudablemente deberá dictarse en la Argentina.

II. EL ART. 43 DEL REAL DECRETO LEY 8/2020 DEL 17 DE MARZO

La primera respuesta ante la pandemia COVID-19 y el estado de alarma estuvo dada -como dijimos- tres días después de declarado el mismo. En tal sentido, el Real Decreto 8/2020 contiene diversas medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia COVID-19.

El art. 43 del Real Decreto 8/2020 bajo el acápite de «Plazo del deber de solicitud de concurso» dispone «1. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. 2. Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal».

En la legislación concursal española el presupuesto objetivo de los procesos concursales está dado por dos estados:insolvencia e insolvencia inminente -esta última entendida como una situación de pre-insolvencia-.

En cuanto a las vías de acceso a los procesos concursales, la legislación concursal de España sigue un sistema de entrada única, es decir, que cuando el deudor se encuentra en insolvencia o insolvencia inminente el mismo solicita el concurso -se denomina como voluntario- o los acreedores solicitan la formación del mismo -se designa como necesario- (2).

Es indudable que las consecuencias económicas provocadas por el COVID-19 resultan desbastadoras y que pueden constituir una legítima causa de insolvencia o de una insolvencia inminente.

La norma del art. 43 del Decreto Ley 8/2020 contempla diversas situaciones que tienen por objeto proteger a los deudores que pueden llegar a una situación de insolvencia o insolvencia inminente o agravarse su situación patrimonial como consecuencia del impacto económico que trae consigo la pandemia COVID-19.

A continuación nos referimos a los distintos supuestos contemplados en la norma.

– En caso de concurso voluntario el deudor no tendrá el deber de solicitar la formación del concurso, mientras esté vigente el estado de alarma (3).

En los Fundamentos del Real-Decreto se expresa que «se interrumpe el plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso».

– En el supuesto de que hubiera presentado la solicitud de concurso voluntario, se admitirá el trámite de éste con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.- Si se encuentran presentes las causas para un concurso necesario -a pedido del acreedor- los jueces no pueden dar trámite al mismo hasta pasado dos meses de finalizado el estado de alarma.

– El deudor no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras dure el estado de alarma, si hubiera comunicado al juez competente para la declaración del concurso la iniciación con los acreedores de la negociación de un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener las adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiere vencido el plazo a que refiere el apartado 5º del art. 5 bis de la ley concursal (4).

En definitiva, se trata de medidas extraordinarias que tienen por objeto auxiliar a los deudores afectados por el impacto económico y social provocado o agravado por el COVID-19, brindarles tiempo para poder restablecerse económicamente, inclusive evitando la declaración en concurso.

Hoy estas normas fueron dejadas de lado por el Real Decreto Nº 16/2020, de 28 de abril que es mucho más amplio y comprensivo de diversos temas concursales. Es decir, a la primera respuesta concursal frente a la pandemia -por el Decreto Ley N° 8/2020- le siguió una segunda respuesta mucho más específica y amplia -Real Decreto Nº 16/2020-.

III. REAL DECRETO LEY Nº 16/2020

1. La necesidad de su dictado.

Se trata de medidas excepcionales, extraordinarias, urgentes y de carácter transitorio.

La emergencia por coronavirus impone la necesidad de adoptar rápidamente medidas extremas que se apartan de las reglas ordinarias. Un estatuto de excepción de carácter temporal o transitorio. Se trata de soluciones extraordinarias que procuran evitar la propagación de las quiebras y, a su vez, evitar el colapso del sistema judicial.

El Real Decreto Nº 16/2020 es un texto excepcional por razones de urgencia para afrontar un situación coyuntural. Su dictado era necesario por dos razones. Por un lado, evitar las crisis, evitar la propagación de la insolvencia y la liquidación de activos. Por el otro, evitar un colapso judicial.Esto último dado que en un escenario de pospandemia se avizora una carga adicional de trabajo.

En tal sentido se expresa que «el objetivo último de estas medidas es «aplanar la curva» de concursos de empresas viables que sufren problemas temporales de liquidez. En una crisis sistémica y transitoria, como se supone que es ésta, los problemas de liquidez obedecerán generalmente a causas exógenas al negocio y es presumible que en los próximos meses, y con los ajustes operativos y financieros oportunos, el negocio vuelva a ser rentable. De lo que se trata es de evitar que antes de recuperar esta rentabilidad, el deudor se vea abocado al concurso, con la consiguiente pérdida de valor que ello conlleva» (5)

2. El problema de la coexistencia de normas concursales.

Recientemente en España se sancionó el texto refundido de la Ley concursal. En efecto, el Real Decreto legislativo Nº 1/2020, de 5 de mayo, aprueba el texto refundido de la ley concursal que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020 86).

De modo que hoy coexisten normas concursales ordinarias y extraordinarias.

Por ello en la actualidad se escuchan voces sobre la inconveniencia del dictado del Texto Refundido de la Ley Concursal en este momento de emergencia. Se critica que en este momento se haya aprobado el Texto Refundido de la Ley Concursal cuando a la brevedad deberá ser nuevamente modificado para adecuar la Ley Concursal de España a la Directiva de la UE 2019/1023 del 20 de junio.

3. Disposiciones del Decreto Ley Nº 16/2020.

a) Modificación del convenio concursal.

El Derecho Concursal español de emergencia admite la posibilidad de readecuar la propuesta del convenio aprobado. Esta alternativa tiende a evitar la liquidación de las empresas. Es una medida que ya tuvo antecedentes en el derecho concursal español.Este instituto fue previsto por primera vez mediante la Ley 9/2015 de 25 de mayo de medidas urgentes en materia concursal, procedente del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de Septiembre, para evitar la liquidación de aquellas empresas que tras la crisis de 2008 consiguieron un convenio que devino de imposible cumplimiento.

Hoy frente a la crisis extrema que nos coloca el COVID-19 es este uno de los grandes temas que se presenta en el ámbito de las medidas concursales. Es decir, la pregunta reside en determinar si puede el deudor concursado que se encuentra en la etapa de cumplimiento readecuar o modificar la propuesta ya homologada. La legislación española de pandemia lo admite expresamente. Es decir, es España se impone legislativamente la respuesta afirmativa. En efecto, el art. 8 se designa «modificación del convenio concursal» y expresa que «1. Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.

La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita, cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación.En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación».

Se trata de una medida de carácter extraordinario y transitorio que tiene por finalidad evitar la liquidación de las empresas. El legislador de emergencia utiliza referencias temporales y no objetivas. La utilización de diferentes referencias temporales es una nota característica del Decreto Ley que analizamos. Así, la readecuación del convenio se extiende hasta un año posterior a la declaración del estado de alarma.

Se expresa gráficamente que «la intención del legislador es claramente la de proteger a esta figura cual si animal en peligro de extinción se tratase» (7).

Trasladando la cuestión a nuestro país tenemos que señalar que la posibilidad de readecuar la propuesta es materia de un actual debate. Héctor Chomer en la disertación del día 7 de mayo de 2020, organizada por la Facultad de Derecho de la UBA sostuvo que para que sea posible la readecuación era necesaria una ley que así lo dispusiera, no teniendo ante el actual texto los jueces facultades para disponer tal readecuación (8). Por el contrario, Juan Anich en la conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la UNR, realizada el 18 de mayo sostuvo que la readecuación podía proponerla el deudor en los términos del art. 63 de la L.C., cuando se le corre traslado del pedido de quiebra indirecta por incumplimiento (9).

Pensamos que en nuestro país, en un futuro estatuto especial que deberá dictarse para enfrentar las consecuencias del COVID-19, necesariamente debe contemplarse la posibilidad de readecuar la propuesta de acuerdo preventivo homologada.El acuerdo preventivo homologado tuvo una base económica diferente a la del actual contexto de pandemia y, en consecuencia, es probable que pueda ser difícil su cumplimiento y coloque al concursado al borde de la quiebra. Los concursados no pueden pagar lo que prometieron antes de la homologación del acuerdo, dado que ello lo asumieron en otro contexto diferente. Consideramos que excepcionalmente debe admitirse por ley la posibilidad de readecuar las cuotas concursales. Se debe generar una instancia de negociación entre el deudor y los acreedores que permita readecuar el acuerdo y evitar así la declaración de la quiebra. La reforma a la L.C. -que debe dictarse en la Argentina- debe permitir ante el actual contexto de crisis extraordinaria renegociar los acuerdos concursales ya aprobados, aplicando el mismo régimen de mayorías -de personas y de capital- exigidos para la aprobación del acuerdo originario.

b) Renegociación ante la solicitud de incumplimiento.

El art. 8, en su apartado segundo expresa que «2. El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento».

Refiere al supuesto de que un acreedor le denuncie un incumplimiento del convenio en un plazo de seis meses contados desde la declaración del estado de alarma, es decir, hasta el 14 de septiembre. En ese caso no se le dará curso al pedido de incumplimiento sino hasta transcurrido tres meses a contar desde que finalice el estado de alarma. En ese período de tres meses el deudor concursado puede presentar una propuesta de modificación del convenio, cuyo trámite tiene prioridad a la declaración de incumplimiento.Se trata de una norma que trata de evitar la liquidación, abriendo la posibilidad de una etapa de renegociación del acuerdo. Se prioriza la conservación por sobre la liquidación.

c) Exoneración del deber de solicitar concurso.

El art. 11 del Real Decreto Ley exonera al deudor del deber de solicitar el concurso. Se establece que hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor en situación de insolvencia no tiene el deber de solicitar el concurso. Nuevamente se usa aquí un límite temporal: el 31 de diciembre de 2020.

La L.C. establece el deber legal de solicitar el concurso en los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debería haber conocido dicho estado (Art. 5). El incumplimiento de este deber conlleva una presunción, iuris tantum, de culpabilidad concursal (Arts. 165 (1º) LC).

Esta solución -como vimos- ya estaba prevista en el Real Decreto Ley N° 8/2020 que eximía al deudor de solicitar el concurso voluntario hasta pasado dos meses de cesado el estado de alarma. Ahora esa liberación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, la solución de emergencia se reafirma y se profundiza con el Real Decreto Ley N° 16/2020.

Frente a esta norma se presenta el interrogante de que sucede el día después de expirado el límite temporal del 31 de diciembre. Es decir, si el 1 de enero de 2021 los deudores en situación de insolvencia deben presentar la solicitud de concurso o bien cuentan con el plazo de dos meses para hacerlo. Parece que esta última hipótesis es la más adecuada porque de lo contrario podríamos generar un colapso del sistema judicial el 1 de enero y además el plazo de dos meses se suspendió con la norma de emergencia.En este sentido la doctrina expresa que «no tiene mucho sentido que se compute el plazo durante el tiempo en que no existe el deber legal de solicitar el concurso; es más, la segunda interpretación llevaría al absurdo de que, en muchos casos, el 1 de enero de 2021 ya habría transcurrido el plazo de los dos meses, por lo que el juego de la presunción de culpabilidad resultaría inevitable. Y por último, no parece sensato tampoco que esa obligación «cristalice» el mismo día para todos los deudores que estuviesen en situación de insolvencia antes del 1 de noviembre, con el consiguiente pico de concursos en los juzgados. Es probable que el sistema vaya a colapsar, pero no tiene sentido que el legislador incentive que se provoque un «pico de la curva» ese día» (10).

d) Suspensión de concursos necesarios.

Correlativamente, con la suspensión del deber de solicitar el concurso voluntario se suspende la solicitud de los concursos necesarios hasta el 31 de diciembre.

Es una solución excepcional ante una situación de crisis extrema. Se busca congelar o «invernar» la declaración de concurso. El antecedente de esta solución se encuentra en el Real Decreto N° 8/2020 que suspendió las solicitudes de concursos necesarios hasta pasado dos años de cesado el estado de alarma.

Idéntica herramienta ya fue empleada en nuestro país por el art. 11 de la ley 25.563 que suspendió por 180 días los trámites de los pedidos de quiebra, dejando a salvo la posibilidad de aplicar las medidas cautelares del art. 85 de la L.C. En aquella oportunidad, la redacción de la norma se presentada defectuosa y dejó margen a varias controversias.Así, se debatía si sólo alcanzaba las quiebras directas necesarias o incluía también a las quiebras voluntarias (11). De igual modo, se sostenía que la norma suspendía el trámite, pero no vedaba la iniciación o el pedido de quiebra propiamente dicho (12).

e) Preferencia de los procesos de personas naturales que no tengan condición de empresarios.

Una vez que se levante el estado de alarma y se reactive la actividad judicial se dará preferencia a los concursos de estos sujetos. Es decir, de aquellos sujetos que no realizan una actividad empresarial.

Si bien no se recepta un proceso concursal especial para atender al concurso del consumidor o a la insolvencia del hombre común se prioriza cuando se reactive la actividad judicial los procesos de estos sujetos.

La reactivación de la actividad judicial puede implicar un colapso del sistema ante la cantidad de procesos, y en ese contexto se priorizan los concursos voluntarios de esos sujetos.

f) Financiación posconcursal.

Se trata de una herramienta fundamental para la superación de la crisis, la conservación de la empresa y la reestructuración del pasivo. En tal sentido, el Decreto Ley N° 16/2020 toma nota de ello e incentiva la financiación por las personas especialmente vinculadas al deudor.

Fuera de la situación de pandemia los aportes crediticios que realizan los socios son calificados como créditos subordinados. Con esta subordinación crediticia dispuesta en una situación «normal» -fuera del contexto de pandemia- se desincentiva la realización de estos aportes.

Ahora bien, en el contexto de pandemia se suspende dicha subordinación. En efecto, en los concursos que se declaren en el término de dos años desde cesado el estado de alarma los aportes de los socios serán créditos ordinarios.

Es una medida que procura favorecer la liquidez de las empresas.

g) Tramitación preferente.

Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente: a) Los incidentes concursales en materia laboral.b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo. c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio. d) Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa. e) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente. f) La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

IV. CONCLUSIONES

España rápidamente reaccionó ante la crisis extrema con una legislación especial y transitoria para evitar la liquidación de empresas, el colapso del sistema judicial y mitigar las consecuencias dañosas de la insolvencia.

Algunas de las soluciones de España pueden tomarse en nuestro país para una futura legislación de emergencia de carácter extraordinaria y excepcional. Se trata de estatutos especiales, que implican muchas veces romper un equilibrio entre los intereses del deudor y de los acreedores, priorizando el primero de ellos con la finalidad de evitar males mayores -incremento de procesos de liquidación-.

Dejando de lado las críticas a la solución de España respecto del exceso normativo -Texto refundido de la ley concursal y legislación de emergencia- o el excesivo uso de límites temporales, se trata de soluciones excepcionales en un tiempo excepcional. Soluciones extremas para hacer frente a crisis extremas.

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(1) En un trabajo anterior analizamos este ordenamiento de emergencia, véase: GERBAUDO, Germán E., La pandemia COVID-19 y Derecho Concursal. Noticia del impacto concursal de las medidas de emergencia dictadas por el Real Decreto Nº 8/2020 de España, en Diario Comercial, Económico y Empresarial, DPI Cuántico, Derecho para Innovar, Nº 245, 14/04/2020.

(3) Véase: ALEGRÍA, Héctor:Objetivos y presupuestos concursales en el derecho actual (con especial referencia a la unidad conceptual del presupuesto objetivo), en L.L. 2009-C, p. 798. La Ley Concursal de España sigue un «sistema de entrada única, aunque con diversas salidas». Se establece un acceso único para todo tipo de concurso, con «una fase común la cual, una vez tramitada, derivará hacia varias soluciones comunes: por un lado, hacia una solución conservativa, o sea, la fase de convenio y, por el otro, hacia una vía liquidatoria» (GEBHARDT, Marcelo, Prevención de la insolvencia, Buenos Aires, Astrea, 2009, p. 87).

(3) El art. 5, de la ley de 2003, exige que el deudor se presente solicitando su concurso dentro de los dos meses siguientes desde el conocimiento de su estado de insolvencia.

(4) El art. 5 bis establece un plazo de tres meses desde la fecha de presentación de la comunicación para concluir las negociaciones, y, en caso de no lograrlo, la de un mes más para solicitar la declaración de concurso, no siendo por tanto exigible para el deudor el deber de solicitar el concurso voluntario hasta transcurrido ese plazo (Véase: LUCEÑO OLIVA, José Luis, El nuevo art. 5 bis de la Ley Concursal, en Legal Today, 13 de agosto de 2014, http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/concursal/el-nuevo-art-5-bis-de-la-ley-concursal).

(5) GARCIMARTÍN, Francisco: Nuevas medidas extraordinarias en materia (pre) concursal: el Real-Decreto ley 16/2020, en «Almacén de derecho», 18/05/2020, http://www.almacendederecho.org

(6) La Ley Concursal, Nº 22/2003 desde su aprobación en 2003 ha sufrido 28 modificaciones. La misma constaba de 242 artículos agrupados en 10 títulos. Con el Texto Refundido de la Ley Concursal serán un total de 752 artículos estructurados en 3 títulos: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado. El Texto Refundido sistematiza y elimina contradicciones en la Ley Concursal.

(7) MACÍAS CASTRO, Agustín:El fin del concurso de acreedores y el nuevo «concurso del concursado». Reflexiones de urgencia sobre las modificaciones en el procedimiento concursal tras el Real Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, en El Derecho, 5/05/2020, https://elderecho.com/reflexiones-urgencia-las-modificaciones-procedimiento-concursal-tras-real-decreto-ley-1
-2020-28-abril

(8) Véase: «Pandemia y crisis económica: el aporte del Derecho Concursal», Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Buenos Aires, 7 de mayo, http://www.derecho.uba.ar/noticias/2020/pandemia-y-crisis-economica-el-aporte-del-derecho-concursal

(9) Charla: «Insolpandemia. Alternativas legales frente a la crisis», disertante Juan Anich, 18 de mayo, actividad organiza por el Departamento de Derecho Privado Empresarial, la carrera de posgrado de Especialización en Derecho Empresario y el Área Académica y de Aprendizaje, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario.

(10) GARCIMARTÍN, Francisco: Nuevas medidas extraordinarias en materia (pre) concursal: el Real-Decreto ley 16/2020, en «Almacén de derecho», 18/05/2020, http://www.almacendederecho.org

(11) Sostenían que se refería a las quiebras directas necesarias: JUNYENT BAS, Francisco y MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Reformas concursales, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2002, p. 55; ALEGRÍA, Héctor, La emergencia, el derecho concursal y otros alcances, en L.L., 2002-C, p. 1340. Francisco Junyent Bas y Calos Molina Sandoval entienden que también quedaban comprendidos los supuestos de quiebra indirecta de los art. 54 y 63 dado que también abren un proceso previo a la declaración de quiebra que debe ser instado (Véase: JUNYENT BAS, F. y MOLINA SANDOVAL, C., Reformas., cit., p. 55). Por el contrario, también se entendía que al no hacer distinción quedaban comprendidas las quiebras directas necesarias y las voluntarias (MIGUEL, Luis Alberto, La reforma de la ley de concursos y su impacto en el derecho administrativo de defensa de la competencia, en L.L. 29/04/2002).

(12) ALEGRÍA, Héctor: La emergencia., cit. p. 1340. (*) Abogado (UNR). Doctor en Derecho (UNR). Magíster en Derecho Privado (UNR). Especialista en Derecho de Daños (UCA). Profesor Titular Ordinario -por concurso- de Derecho de la Insolvencia, Facultad de Derecho (UNR). Secretario del Área Académica y de Aprendizaje (Facultad de Derecho, UNR).