Análisis jurisprudencial de las decisiones adoptadas en relación a la situación de las personas privadas de su libertad en la actual situación de pandemia (Covid-19)

Autor: Roust, Raúl A.

Fecha: 30-abr-2020

Cita: MJ-DOC-15312-AR | MJD15312

Sumario:

I. Introducción. II. Contexto normativo: acordadas y resoluciones. III. Análisis jurisprudencial. IV. Situación de los principales complejos penitenciarios federales de la provincia de Buenos Aires y las personas privadas de libertad. V. Situación de la población carcelaria en otros países. VI. Conclusión.

Doctrina:

Por Raúl A. Roust (*)

I. INTRODUCCIÓN

En la presente publicación se realizará un análisis de las decisiones jurisdiccionales tomadas por los tribunales federales de primera y segunda instancia y que fueran controladas, en virtud de los distintos recursos, por la Cámara Federal de Casación Penal en el contexto de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del brote del Coronavirus (Covid-19) y la emergencia carcelaria en la República Argentina.

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II. CONTEXTO NORMATIVO: ACORDADAS Y RESOLUCIONES

Tomando en consideración la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (Covid-19) y en razón de las particulares características de propagación y contagio -conforme las advertencias efectuadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud-, como así también el contexto de emergencia penitenciaria formalmente declarada, con fecha 13 de marzo del corriente año la Cámara Federal de Casación Penal emitió la Acordada Nro.3/2020 .

Dicha acordada dispuso, por un lado, encomendar el preferente despacho para la urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes y, por otro, solicitar a las autoridades competentes la adopción con carácter urgente y en forma conjunta de un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus -Covid-19- en contexto de encierro, resguardando el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún otro grupo de riesgo, y de las personas a ellos vinculadas.

Por otro lado, el Servicio Penitenciario Federal emitió un listado del cual surge que al menos 1.280 internos se encontrarían dentro de lo que se considera grupo de riesgo frente a la pandemia del Covid-19.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 31 de marzo del corriente año urgió a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

En ese sentido, recomendó a los Estados:

1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.

2.Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.

4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia.

Asimismo, el 10 de abril del corriente año, la Comisión dictó la resolución Nro.1/2020 «PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS», en la cual se realiza un breve análisis de la situación global y se reiteran los lineamientos y recomendaciones dirigidas a los Estados parte, a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

Asimismo, se agregaron lineamientos a seguir en relación a las mujeres, en cuanto instó a los Estados a incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada , la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.

Por otro lado, en cuanto a las personas con discapacidad, la Comisión recomendó ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y atención médica, tanto en instituciones públicas como en privadas, para que las personas con discapacidad puedan gozar de la mayor independencia posible y acceder a medidas como el aislamiento social y el lavado frecuente de manos, entre otras.

En el mismo orden de ideas, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la Acordada 9/2020 en la cual se expuso que resultaba necesario brindar una «solución integral de gestión judicial en materia de encierros» y «establecer una medida de salubridad general que constituya un piso de homogeneidad y seguridad, que -a la vez- controle el ingreso de causas, tal como lo han hecho otros países en este contexto de COVID19 como Italia, España, Estados Unidos, Chile, entre otros». Sin perjuicio de ello, se aclaró que los casos concretos deben ser resueltos jurisdiccionalmente, y que una vez superada la emergencia sanitaria, éstos deberán ser sometidos a un reexamen.

Así, la Cámara acordó el dictado de las siguientes reglas y recomendaciones:1) recomendar el estricto cumplimiento de las Acordadas 2 y 3 de ese órgano;

2) recomendar a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder, respecto de:

a) Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en la Ley 24390 , en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso;

b) Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta;

c) Personas condenadas a penas de hasta tres años de prisión;

d) Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos;

e) Mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;

f) Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH.Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados;

3) Meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso;

4) Recomendar a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vi-gentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con COVID19, debiendo procurarse de manera inmediata la atención correspondiente y, en su caso, un aislamiento provisorio dentro del penal; y

5) Hacer saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dispuesto, así como también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Salud de la Nación, a fin de que estos dos últimos instrumenten y articulen las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a lo que en definitiva resuelvan los órganos jurisdiccionales pertinentes.

Igualmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emitió un documento que contiene una numerosa serie de recomendaciones para la prevención y control del Covid-19 en lugares de detención, por ejemplo, en cuanto a disposición de elementos para los lugares de detención (delantales médicos, botas quirúrgicas, protectores faciales y/o gafas (sello con la piel), guantes de examinación, batas de uso único de mangas largas, gorros desechables, cobertores de zapatos, mascarillas médicas, respiradores N95 o FFP2, termómetros infrarrojos, entre muchos otros); designación y adecuación de espacios de cuarentena y aislamiento; medidas de control al ingreso de toda persona a los lugares de detención; prevención y manejo de contagios de COVID-19; atención a las personas privadas de libertad con riesgo de previa exposición al virus de la COVID-19 (cuarentena) y/o con síntomas (aislamiento), etc.

III.ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Ahora bien, me dispondré a analizar, aun en pleno auge de la emergencia sanitaria en nuestro país, las distintas resoluciones y decisiones tomadas por los órganos jurisdiccionales en relación a las personas privadas de su libertad, en el marco de la pandemia mundial por el virus Covid-19.

Habiendo analizado los fallos emitidos por la Cámara Fede ral de Casación Penal al momento de revisar las distintas decisiones adoptadas por los tribunales federales de primera y segunda instancia, se puede observar el criterio general en cuanto a la posibilidad de otorgamiento de excarcelaciones y/o arresto domiciliario a las personas que se encuentran privadas de su libertad en los complejos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal.

En relación a aquellos detenidos que se encuentran incluidos dentro del listado emitido por el Servicio Penitenciario Federal como grupos de riesgo, el tribunal sostuvo que «si bien las circunstancias personales del impugnante y su estado de salud lo sitúan en un hipotético peligro frente a los efectos que pudieran derivarse de la pandemia de COVID-19 en un ámbito intramuros, la mera pertenencia a uno de los grupos de riesgo no configura, per se, el supuesto de peligro concreto requerido para habilitar la concesión del beneficio. El referido peligro efectivo se presentaría en el supuesto en el que se advierta una proximidad concreta de lesión a la salud o a la integridad psicofísica del interno -en los términos y con los alcances asignados a la emergencia sanitaria-, circunstancia que debe ser aportada por quien la alega, extremos que no se han verificado y que, por el contrario, se han visto contrarrestados con los informes ponderados.»

A su vez, se expresó que la circunstancia de que el interno esté incluido -en virtud de las patologías que padece- dentro de los grupos de riesgo conforme el listado realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado «Población penal alojada.Informe en relación a (COVID-19)», «es una circunstancia que sólo da cuenta de un peligro presunto o hipotético frente a un eventual contagio de COVID-19, pero no alcanza para allegar certeza acerca del riesgo efectivo y concreto a su salud que amerita la imperiosa necesidad de disponer su detención en el ámbito de su domicilio».

De lo mencionado, se puede intuir claramente que recaerá en el imputado y su defensa la obligación de acreditar el peligro efectivo en el cual se encontraría en su situación personal frente a la pandemia, siendo que jurídicamente se considera un peligro presunto o hipotético.

Continuando con el análisis jurisprudencial, surge como postura de la Cámara Federal de Casación Penal que «la mera circunstancia de que un imputado detenido integre la población de riesgo no autorizaba a disponer en forma automática su excarcelación, mientras que el Estado se halle en condiciones suficientes y razonables de atender convenientemente su salud» (1).

A su vez, se observa que en la gran mayoría de los fallos emitidos por dicha Cámara, se encomienda al tribunal a quo «disponga a la Unidad Carcelaria donde el impugnante se encuentra detenido que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 de esta C.F.C.P.y la “Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F.”».

Asimismo, se analizaron casos con circunstancias específicas y particulares en los cuales la Cámara Federal de Casación Penal encontró procedente el otorgamiento del beneficio de la excarcelación, al tratarse de personas que padecen graves enfermedades consideradas de riesgo frente al coronavirus, o de mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, y que además tienen hijos menores de edad.

A modo ilustrativo se puede traer a colación el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal -Sala de Feria- CFP 14833/2018/TO1/6/CFC1 caratulado «R., S. s/recurso de casación» de fecha 27 de marzo del corriente año, del cual se desprende que el análisis del caso debía realizarse desde una perspectiva de género y teniendo en cuenta el interés superior del niño ya que R. S. -procesada por infracción al -art. 5º, inc. «c» de la ley 23.737- tenía una hija de 10 años de edad.

Posteriormente, en el antecedente mencionado, se valoró la emergencia sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, circunstancia que incidía directamente en la salud de la interna, quien había sido incorporada por el Servicio Penitenciario Federal a la nómina de internos que presentan patologías crónicas por ser insulinodependiente, motivo por el cual se encontraba dentro de la denominada «población de riesgo».

Además, se consideró que la situación de vulnerabilidad de la hija de R. S. se veía agudizada frente a la pandemia, al encontrarse su madre privada de la libertad.

En virtud de estas tres circunstancias (salud de la interna, interés superior del niño, análisis desde una perspectiva de género), la Sala resolvió anular la resolución que rechazó la excarcelación de R. S. y concederle la detención domiciliaria de conformidad con lo previsto en el art. 210, inc.f) del C.P.P.F.

En ese mismo norte, en el fallo FSM 41231/2018/TO1/6/1 «M., S. M. s/recurso de casación», dictado por la misma Sala de la Cámara Federal de Casación Penal en oportunidad de revisar la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de San Martin que rechazara el pedido de excarcelación formulado por la defensa de la encausada M. S. M. -procesada y con requerimiento de elevación a juicio en orden al delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego (arts. 45 , 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo C.P. y arts. 5 inc «c» y 11 inc «c» de la ley 23.737) -.

La nombrada M. se encontraba privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal Nº IV de Ezeiza hace casi dos años, tiene un hijo -de 9 años de edad- que se encontraba al cuidado de su otra hija mayor de edad y que aludió haber padecido cáncer de mama, se sostuvo que «teniendo en consideración la especial situación de encierro y el estado de salud alegado por M. que la ubica en un particular estado de vulnerabilidad, desprotección y peligro frente a los efectos y derivaciones de la pandemia originada por la propagación del virus COVID-19, (.) corresponde en el caso la adopción de medidas que se complementen con principios humanitarios, sanitarios y que se tenga en cuenta el Interés Superior del Niño (.) luce prudente y necesario aplicar una medida alternativa al encierro, que garantice neutralizar del mejor modo los riesgos procesales evidenciados en autos permitiendo a su vez garantizar el Interés Superior del Niño y la salud debido resguardo de la salud de Miranda (art.210 C.P.P.F.).».

Así, el tribunal dispuso que «en la inteligencia de que en el contexto extraordinario actual de pandemia, esta es la solución que mejor se ajusta a la protección integral de los derechos en juego, a la salud, a una vida digna y libre de violencia, a la familia, a la igualdad y a un trato humanitario a la vez que resguarda las garantías del debido proceso, defensa en juicio y el principio pro homine y la primacía del Interés Superior de Niño; corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Defensa, REVOCAR la resolución recurrida y en consecuencia, CONCEDER la detención domiciliaria a S. M. M.».

En ese lineamiento, considero oportuno traer a estudio el fallo «FGR 10014/2014/TO1/11/2/1/CFC3, caratulado: «C., R. A. s/ recurso de casación» en el cual la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal valoró que Colman se encontraba dentro de la denominada «población de riesgo», en atención a las enfermedades preexistentes que padecía (hipertensión, diabetes grado 2, EPOC y asma), circunstancia que había motivado, incluso, a que el SPF la incluyera dentro del respectivo listado. Pero, además de ello, se tuvo en cuenta que la interna se encontraba próxima a acceder a la libertad condicional y que al otorgarse la detención domiciliaria por el resto de tiempo de condena que aún no había cumplido no se contrapone con los fines mismos de la pena. Por todo ello, se hizo lugar al recurso, se revocó el fallo recurrido y se le concedió a R. A. C. la detención domiciliaria.

IV.SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPLEJOS PENITENCIARIOS FEDERALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

En este punto, es importante destacar las consideraciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en oportunidad de declarar la emergencia en materia penitenciaria, en cuanto a que la población alojada en establecimientos del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL ha experimentado un incremento significativo en los últimos años. Según datos emanados del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de DIEZ MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO (10.274) personas, mientras que el Servicio Penitenciario Federal ha informado que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascienden a TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES (13.773).

Además, sostuvo el Ministerio que la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las DOCE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO (12.235) plazas, lo cual determina una sobrepoblación superior al DOCE POR CIENTO (12%) (2).

A modo ilustrativo en cuanto a la situación habitacional de las cárceles, citaré los informes realizados en el año 2018 por la Procuración Penitenciaria de la Nación (3) en los distintos establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, a saber: en relación al HPC del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «se pudo corroborar que la poca presión de agua generaba que por momentos se limite el suministro. Además, los baños y lavatorios se encontraban tapados y no podían ser utilizados. Asimismo, se observaron muchas cucarachas en el sector donde se encontraban ubicadas las mesas y el tacho de basura, dadas las deficiencias en la limpieza.Muchos de los entrevistados expresaron la falta de enfermeros, lo cual provocaba ineficiencias en la entrega de medicación y la pérdida de turnos extramuros (.) se volvió a evidenciar la insuficiencia de recursos humanos para tratar la problemática de las PPL con discapacidad».

Continuando con el informe, la Procuración indicó que «en todas las UR del CPF de la CABA se pudo constatar la existencia de espacios adaptados para oficiar de Sala de Atención Médica. Si bien no son estandarizadas, en general cuentan con una dimensión de 6 mts2, iluminación y ventilación adecuada (salvo algunos casos que no cuentan con ventanas) y camillas (.) ninguna sala disponía de balanza, tensiómetro, estetoscopio, ni termómetro (con excepción de un tensiómetro y una balanza en la UR 6) (.) se detectaron serias falencias en el mobiliario, la ventilación artificial, pérdidas de agua y faltantes de grifería. En relación a la higiene, se detectó presencia de basura en distintos espacios que generaban un olor nauseabundo. (.) el baño está compuesto de cuatro inodoros: dos están tapados y deben arrojarse baldes para conseguir la descarga y en los otros corre agua permanentemente. El sector duchas cuenta con espacio para cuatro personas, pero solo funcionan correctamente dos.Si bien proveen agua caliente, por momentos no cuentan con este servicio, dado que los flexibles de los termotanques se encontraban rotos».

En relación al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal, la Procuración resaltó que «además del estado deplorable ediliciamente, los detenidos cuentan con poco tiempo para asearse y tener acceso al teléfono (.) mal funcionamiento del termotanque que provoca que no se provea agua caliente en el sector de duchas; la falta de adaptaciones en estas últimas que facilite el aseo a personas con movilidad reducida; la inexistencia de sillas con respaldo que ponen en riesgo la integridad física, tanto de las personas con estas características como aquellas de edad avanzada; el mal estado de pintura tanto en sectores comunes como en las celdas; y la ausencia de acrílicos en muchas de las ventanas de las celdas (.) las cadenas de los inodoros de los baños de las celdas no funcionaban por lo que el agua de los lavatorios era utilizada como descarga del baño. Todos los colchones eran inadecuados y estaban en mal estado (.) existencia generalizada de conexiones eléctricas precarias que significan un importante riesgo para quienes las manipulan; la ausencia total de luz artificial en algunas celdas; falta de vidrios en las ventanas; mal funcionamiento de las duchas; acumulación de basura en diferentes espacios y la existencia de plagas de insectos y ratas».

Por su parte, en relación al Complejo Penitenciario Federal II -Marcos Paz- del S.P.F. la Procuración resaltó que «las instalaciones sanitarias no funcionaban correctamente, las duchas, piletas y baños de uso común se encontraban tapados y a oscuras. Cabe destacar que esta circunstancia reviste suma gravedad, dado que durante el día las celdas permanecen cerradas y los alojados sólo tienen acceso los baños comunes por un largo periodo de tiempo (.) muchas de las celdas no tenían agua ni luz, además de encontrarse en mal estado de pintura.En el sector común, no funcionaban correctamente ni los baños ni las duchas, solo se encontraban disponibles para un uso correcto dos (.) no contaban con fuelles ni freezer; la comida que recibían muchas veces estaba en mal estado; existían celdas que no contaban con pulsador de descarga del inodoro, ni agua en el lavabo, y tampoco tenían agua caliente las duchas. Por otro lado, no les entregaban elementos de higiene personal, ni limpieza y resultaban insuficientes la cantidad de mesas y sillas».

V. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CARCELARIA EN OTROS PAÍSES

Sin ir más lejos, podemos observar las consecuencias que trajo la pandemia del Covid-19 en centros carcelarios de otros países, como por ejemplo, en los Estados Unidos de América, donde se registraron, en la prisión del Condado de Cook, estado de Chicago, al menos 276 detenidos y 127 miembros del personal -en su mayoría guardiacárceles- que resultaron positivos para Coronavirus. A su vez, dos detenidos infectados fallecieron y más de 20 fueron hospitalizados; en el Complejo Correccional Monroe, en el estado de Washington, luego de que 6 detenidos dieran positivo para el virus, más de 100 internos se manifestaron violentamente y generaron destrucciones masivas y en una prisión del estado de Kansas, donde 26 internos dieron positivo, los detenidos vandalizaron las celdas de detención durante horas (4).

A su vez, en la cárcel de Riker’s Island, Nueva York, se liberaron 900 presos luego de que a 12 días del diagnóstico del primer contagiado en la prisión, se confirmaran cerca de 200 casos y se presume que se deberá hacer uso de hospitales fuera de la cárcel para contener la propagación (5).

VI.CONCLUSIÓN

De lo hasta aquí expuesto se observa que en la situación actual de las personas privadas de su libertad, en el contexto de la pandemia que afecta actualmente al país, al menos en lo que respecta a los tribunales y centros de detención federales, se sostiene un estricto criterio en cuanto al otorgamiento de medidas menos gravosas a la detención en un centro carcelario, con limitadas excepciones en casos de internos con un cuadro grave de salud o al evaluarse el caso en base a una perspectiva de género.

Dicha circunstancia me lleva a considerar que la situación carcelaria pende de un delicado hilo, y fácilmente podría tornarse gravosa en el contexto de emergencia penitenciaria que se encuentra nuestro país, previo a la pandemia del Covid-19.

Resultan claras las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también los lineamientos trazados por la Cámara Federal de Casación Penal en cuanto a que resulta imperativo prevenir la propagación del virus en las cárceles, tarea que se torna titánica en las circunstancias de hacinamiento existentes en las cárceles de nuestro país y la escasez de recursos y personal (médico y penitenciario).

En esa línea, debemos considerar que el porcentaje de sobrepoblación que registran los complejos carcelarios no resulta compatible con los protocolos de aislamiento social obligatorio y distanciamiento social que tienen por objeto combatir la propagación del virus Covid-19, motivo por el cual se configura más asertivo reducir la cantidad de detenidos en complejos penitenciarios, mediante el otorgamiento de la prisión domiciliaria, la cual podrá estar sujeta a reexamen una vez normalizada la situación general del país.

Es mi entender que, en primer lugar, resultaría acertado que el Estado arbitre los medios necesarios a fin de que las autoridades carcelarias cuenten con los insumos, materiales, personal y espacio físico para asegurar el cumplimiento del «distanciamiento social» y demás medidas tendientes a evitar la propagación del virus.

Considero oportuno adelantarnos a las circunstancias que ya se vieronen las cárceles de otros países y que en el nuestro apenas empiezan a vislumbrarse, y realizar una evaluación y consideración de los casos en los cuales podría otorgarse, al menos temporalmente, el beneficio de la prisión domiciliaria, hasta tanto se regularice la situación sanitaria del país.

No opino igual en relación al beneficio de la excarcelación, siendo que en ese caso quedaría en cabeza del detenido el cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio ordenado por el Poder Ejecutivo y sería contraproducente en cuanto al objetivo de extraerlo del ámbito penitenciario con motivos de prevención sanitaria, salvo que sus circunstancias personales y/o familiares requieran de una mayor libertad de movimiento.

Las circunstancias reseñadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación resultan un mero pantallazo de la situación de hacinamiento y falta de recursos que viene sufriendo el Sistema Penitenciario en los últimos años, ya sin la presencia de un virus con la capacidad de propagación que demostró poseer el Covid-19, circunstancia que a la fecha únicamente puede encontrarse agravada frente a la pandemia y podría llegar a resultar incontrolable para el caso de que se suscite un contagio masivo intracarcelario.La solución, en vista de las condiciones anteriormente relatadas, se tornaría procedente modificando, previa evaluación del caso concreto, la modalidad de detención en unidad carcelaria por arresto domiciliario, considerando en primer lugar a aquellas personas comprendidas en los grupos de riesgo para la enfermedad del Covid-19.

A su vez, con el objeto de descomprimir la sobrepoblación en los complejos, resultaría acertado realizar un análisis en relación a los internos, en el cual se considere el delito por el cual esa persona se encuentra privada de su libertad, si se encuentra detenido con prisión preventiva o condenado y, en tal caso, el avance de la condena, las calificaciones de conducta en el pabellón y su situación familiar con el fin de modificar, en relación a aquellos que resulte procedente en cuanto a las condiciones anteriormente indicadas, la modalidad de detención por prisión domiciliaria.

Ello, sujeto a la reevaluación de la decisión una vez normalizada la situación de emergencia sanitaria del país.

En ese caso, las distintas unidades del Servicio Penitenciario se encontrarían en mejores condiciones para cumplir con los protocolos sanitarios vigentes en relación al resto de la población carcelaria.

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(1) Sala de Feria CFCP Causa Nº CPE 1002/2016/TO1/27/CFC8 «Hwang, Sung Ku s/ recurso de casación», entre otros.

(2) https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/204115/20190326

(3) https://ppn.gov.ar/documentos/informes-sobre-carceles

(4) https://edition.cnn.com/2020/04/09/us/coronavirus-jails-prisons/index.html

(5) https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/01/coronavirus-900-reos-fueron-li berados-en-la-ciudad-de-nueva-york-debido-a-la-pandemia/

(*) Abogado. Secretario del Juzgado Federal de Campana.