El Covid y los servicios esenciales: Se autoriza a los médicos reclamantes la libre circulación entre Corrientes y Chaco para llegar a los establecimientos donde ellos se desempeñan

medicosPartes: Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la prov. de Corrientes s/ medida cautelar

Tribunal: Juzgado Federal de Resistencia

Sala/Juzgado: I

Fecha: 29-mar-2020

Cita: MJ-JU-M-124476-AR | MJJ124476 | MJJ124476

Se autoriza a los médicos reclamantes la libre circulación hacia la provincia del Chaco para la prestación de los servicios esenciales de salud en los establecimientos en que ellos se desempeñan, dejando sin efecto lo resuelto por el Comité de Crisis COVID-19 de la provincia de Corrientes.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes que arbitre las medidas necesarias para permitir a los profesionales médicos reclamantes la libre circulación hacia la provincia del Chaco para la prestación de los servicios esenciales de salud en los establecimientos en que ellos se desempeñan, y su regreso hacia Corrientes, en los términos y con las limitaciones establecidas en el Dec. de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presenten síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19).

2.-La normativa nacional dictada en el marco de la pandemia de COVID-19 tiene una finalidad específica de orden público e indelegable, que es la atención de la salud de toda la población, existiendo un amplísimo consenso en que la medida más importante para combatir la propagación del virus es el aislamiento social, y dentro de este, la determinación de la obligatoriedad del mismo ha sido una consecuencia de esa situación; sin embargo, existen servicios esenciales que el Estado Nacional ha determinado que quedan exceptuadas de esas disposiciones, y primero de ellos es el de atención de salud.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

3.-Si la medida adoptada tiende a resguardar la salud de la población, quienes deben cuidar de ella deben estar exceptuados de la cuarentena, porque mal podrían cumplir su función, en este caso esencial para aminorar los devastadores efectos que ellos provoca en la salud pública en general, sin poder desplazarse, tal como lo dispone el inc. 1 art. 6 del Dec. 297/2020.

4.-Siendo los reclamantes profesionales de la salud, por su formación profesional debe presumirse que cada uno de ellos adopta las medidas y/o recaudos necesarios para evitar el contagio, y para el caso que presentara síntomas daría cumplimiento con las directivas implementadas por las autoridades de aplicación.

5.-La Provincia de Corrientes no podría, en principio, dictar normas que impidan a las personas indicadas por las entidades amparistas la libre circulación hacia la ciudad de Resistencia, ello en base a nuevas ‘definiciones’ efectuadas por el Comité de Crisis COVID-19 en materia de prevención, y considerándolos personal sanitario de riesgo, dificultando la prestación de los servicios médicos a que están abocados, en los términos y con las limitaciones establecidas por el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, quedando a salvo sus facultades para disponer lo que resulte pertinente al respecto en el ámbito provincial que es de su competencia.

6.-Si bien se podría cuestionar que las entidades accionantes solo tendrían legitimación en cuanto a la protección de los derechos de las personas que resultan afiliadas a ellas, o que dependen de las entidades que la integran, según el caso de cada una, se advierte que la situación que se genera excede la determinación de si en el caso se ve o no afectado, prima facie, el derecho de trabajar de esas personas, extendiendo sus efectos aún más, esto es, que la decisión adoptada por la Circular 6/2020 trae aparejada consecuencias directas e inmediatas Sobre la salud pública de la región y porque no de la Nación.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Resistencia, 29 de marzo de 2020.

Y VISTOS:

Estos Autos caratulados «ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS Y FEDERACION MEDICA DEL CHACO c/ MINSTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Y/O PODER EJECUTIVO DE LA PROV. DE CORRIENTES s/MEDIDA CAUTELAR», Expte. N° 1331/2020.

Y CONSIDERANDO:

I. – Que la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco y la Federación Médica del Chaco, invocando su calidad de asociaciones civiles, interponen acción de amparo contra la Provincia de Corrientes, por intermedio del Ministerio de Salud, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Circular N° 6 del 24/03/2020, dictada por el COMITÉ DE CRISIS COVID 19 dependiente de ese ministerio, en cuanto dispone el aislamiento social y obligatorio de los profesionales médicos y personal de salud con asiento en la provincia de Corrientes y que presten servicios en la vecina provincia del Chaco, sea en instituciones públicas y/o privadas, por el término de catorce (14) días, por considerarlos de manera arbitraria e infundada, personal sanitario de riesgo, y en consecuencia se disponga la revocación judicial de la normativa atacada.

Conjuntamente, solicitan el dictado de medida cautelar tendiente a que se garantice la libre circulación de los profesionales médicos y/o personal de salud afiliados a esas entidades, siempre y cuando no presenten los síntomas característicos del virus covid-19, debiendo ajustar y extremar las medidas de seguridad y de control a tales fines, evitando de ésta manera el inminente colapso del sistema de salud de la provincia del Chaco por falta de profesionales médicos para la atención de personas enfermas y junto con él, el inminente aumento de los decesos de los chaqueños.

Analizan la competencia del Tribunal para entender en la causa, y manifiestan que componen sendas asociaciones civiles debidamente inscriptas, que tienen por finalidad aglutinar a entidades médicas existentes en la provincia y de igual manera a los sanatorios del Chaco, con el fin de generar las herramientas imprescindibles que precisan los trabajadores dela salud para el desarrollo óptimo de su actividad. Que en esa calidad acuden con el objeto de atender no solo a la defensa y promoción de los intereses particulares de los médicos afectados por la medida encarada por el gobierno correntino, en tanto lesiona su derecho a trabajar, sino también un espectro mucho más grande que excede la individualidad de los profesionales médicos, es decir, que aquélla repercute en la salud pública del pueblo chaqueño.

Indica que los médicos afectados por la norma cuestionada,

Relata con posterioridad las normas dictadas por las autoridades nacionales, Ley 27.541, que dispuso la emergencia sanitaria; D.N.U. N° 260/2020, por el que se amplió la emergencia sanitaria por el lapso de un año, disposición que a través de distintas Resoluciones dictadas por los Ministerios de Salud y de Trabajo, fue acompañada de fuertes restricciones para los trabajadores tanto del sector público como privado en relación a su asistencia a sus puestos de trabajo como mejor medida para frenar la expansión del virus; D.N.U. N° 297/2020, por el cual el Presidente de la República Argentina dispuso lo que, en los días que corren, se conoce como Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, desde el día 20/03/20 hasta el día 31/03/2020. Que este, implica, que todos los habitantes de la Nación Argentina, salvo las excepciones previstas en el artículo 6, deben permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.Que entre las excepciones se encuentra el personal de salud, sin distinguir entre personal público o privado, tratando de lograr el acceso a la salud de todos los habitantes.

Expresa que el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, a través de la Circular N° 6 del COMITÉ DE CRISIS COVID 19 dependiente del mismo, se proclamó en autoridad sanitaria competente con facultades de modificar los términos de las normas nacionales estableciendo como caso sospechoso al personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuada, entre otros, y recomienda para ellos el aislamiento social obligatorio; luego específicamente refiere a personal de salud itinerante chaco-corrientes y concluye que las personas que cumplen funciones asistenciales sanitarias en la provincia del Chaco deben ser consideradas personal de riesgo. En consecuencia, ordena el aislamiento social obligatorio de los profesionales y personal de salud que teniendo domicilio en la Provincia de Corrientes, hayan prestado servicios en instituciones públicas o privadas de Salud de la Provincia del Chaco en los últimos catorce (14) días. Manifiesta que la autoridad de aplicación del Decreto 260/2020 es el Ministerio de Salud de la Nación, que es el único con facultades suficientes para la modificación en todo cuanto corresponda a la pandemia por coronavirus y los respectivos ministerios de las provincias deben actuar conforme sus directivas.

En cuanto a los requisitos propios de la cautela solicitada, señala que la verosímil existencia del derecho invocado radica indubitadamente en el texto literal de la Circular N° 06/2020, que rige plenamente en la vecina Ciudad de Corrientes, y los efectos de tal acto lesivo están plenamente comprobados por las urgencias del sistema sanitario la Provincia del Chaco.Que sus mandantes enfrentan hoy la acuciante necesidad de contar con un pronunciamiento judicial que les viabilice la posibilidad de seguir brindando una asistencia médica eficaz en las reparticiones públicas y/o privadas donde prestan servicios los médicos en cuestión, pues un deber moral los compele a ello, pues las dilaciones en esta situación puede implicar la muerte misma para un infectado de COVID-19.

En cuanto al peligro en la demora, indica que resulta de público conocimiento la velocidad de expansión del virus y la alta tasa de mortalidad que el mismo representa para los grupos que considerados riesgosos, más precisamente teniendo en cuenta el porcentaje de decesos que en relación con el país tiene la Provincia del Chaco y que la actuación de los médicos en esta pandemia resulta crucial para aminorar sus devastadores efectos en la salud de una población que cada vez presenta más y más infectados. Que paralizar el servicio de las prestaciones médicas que pudieran otorgar los profesionales oportunamente individualizados, implica un peligro de muerte sumamente alto para las personas mayores de edad, embarazadas o cualquiera que padezca alguna afección cardio- respiratoria, incluso, para aquéllos que no sean considerados pacientes riesgosos.

Respecto de la imposibilidad de reparación ulterior, manifiestan que se manifiesta en la posibilidad de que se pierdan vidas con causa en el COVID-19 y/o cualquier otra afección, por falta de atención médica apropiada y oportuna.

II. – Expuesto así lo peticionado, cabe precisar que las accionantes solicitan a los fines de la consideración y tramitación de la presente, HABILITACION DE FERIA JUDICIAL EXTRAORDINARIA. Que tal sentido, atento a la naturaleza de la cuestión planteada, esto es, que refiere a una cuestión de Orden Público suscitada en el marco de la declaración de la Emergencia Sanitaria declarada por el art. 1 de la Ley N°27541 ampliada por Dec.260/2020 en virtud de la Pandemia declarada por la OMS en relación al COVID-19, corresponde acceder a ambas habilitaciones.

Sentado lo cual, resulta del caso señalar que en el mes de diciembre de 2019 el Congreso de la Nación dictó la Ley 27.541, que declara la emergencia sanitaria en el país, en los términos tratados en su título X.

Con posterioridad a ello, se desata en la República Popular China la epidemia de enfermedad respiratoria producida por el virus identificado como COVID-19, de la que se toma conocimiento mundial hacia fines del mes de diciembre de 2019, y principios de 2020, publicándose por la Comisión Nacional de Salud de China el 20 de enero de 2020 que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que podría originarse una epidemia internacional, declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional, y el 11 de marzo de 2020 que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas.

Es decir que, con anterioridad al desarrollo y conocimiento mundial de la pandemia de Coronavirus, producida por el COVID-19, el sistema sanitario argentino ya se encontraba en emergencia, reconocida y declarada por las autoridades nacionales.

En esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional dicta, en primer término, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, por el cual se amplía la emergencia sanitaria por el plazo de un año, y se establecen definiciones y acciones preventivas para enfrentar la situación. Entre estas, surge como fundamental el aislamiento social previsto por el art.7, para los casos sospechosos, que la misma norma define por su sintomatología e historial de viajes o contactos; los casos confirmados; aquellos que tienen contacto estrecho con los dos anteriores; quienes arriben al país habiendo transitado por «zonas afectadas». Asimismo, frente a la situación de emergencia, dispone que todos los efectores de salud públicos o privados deberán adoptar medidas para suspender las licencias del personal de salud afectado a la emergencia (art. 5).

Posteriormente, en atención a la velocidad de agravamiento de la situación epidemiológica informada por la OMS, y siguiendo experiencias internacionales anteriores, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, complementario del N° 260/2020. Se establecen así una serie de medidas limitativas de derechos consagrados constitucionalmente (art. 14, C.N.) en función de las características de la emergencia que se enfrenta, y con fundamento en razones de orden público, seguridad y salubridad que se desprenden de las circunstancias descriptas, basándose para ello el Poder Ejecutivo en disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12.3), y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 22, inc 3). Así, se dispuso la medida de «AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO» para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria (art. 1), el cual consiste en que las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida así dispuesta, absteniéndose de concurrir a sus lugares de trabajo y de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.Estas personas sólo pueden realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos (art. 2).

No obstante, la misma norma establece las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia se encuentran exceptuadas de esta medida debiendo limitar sus desplazamientos al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. Entre ellas, exceptúa en primer término al Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. (art. 6, inc. 1 del Dcto. 297/2020) También el Decreto 297/2020 dispone en su art. 10 que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus competencias propias (art. 10).

El Gobierno de la Provincia del Chaco se adhirió a esta normativa por Decreto N° 430/2020, dictando los protocolos correspondientes por Decretos 432/2020, modificado por Decreto 433/2020. En este último se dispone, en consonancia con el DNU 697/2020 el aislamiento domiciliario obligatorio para todos los habitantes de la provincia, comprendidas las personas que por cualquier causa se encuentren en ella en forma temporaria o casual, y las restricciones a la circulación, las que no tendrán alcance para el personal de salud pública y personal de clínicas y sanatorios privados, Policía del Chaco y personal del Servicio Penitenciario Provincial (art. 3). Ambos Decretos fueron aprobados por Ley 3125-A.

Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Corrientes por Decreto 507/2020 declaró la emergencia sanitaria provincial por la situación epidemiológica producida por la enfermedad denominada «dengue», y ante la amenaza de la instalación de casos por coronavirus (COVID-19), por el plazo de 180 días.Luego, por Decreto 588/2020 se adhiere a las disposiciones del DNU 297/2020.

III. – En estas condiciones, corresponde abocarme a la resolución de la medida cautelar solicitada por las entidades actoras.

Para ello, debo adelantar que la alegada inconstitucionalidad de la norma cuestionada, será analizada en la acción principal pues ello excede el marco de la presente medida cautelar.

Sentado lo cual, e ingresando así al análisis de la medida cautelar solicitada por las aquí accionantes las mismas concretamente solicitan que se ordene a la demandada a permitir la libre circulación entre las provincias de Corrientes y chaco en beneficio de los profesionales médicos que son mencionados en el punto III de su escrito de inicio, ello a los fines de garantizar la asistencia sanitaria en la provincia del chaco en el marco allí descripto.

Con relación al requisito de verosimilitud del derecho invocado, las mismas sostienen que ello radica indubitadamente en el texto literal de la Circular 6/2020 de MSP de la Provincia de Corrientes quien ha dispuesto resignificar lo que por caso sospechoso de COVID -19 pueda entenderse, y ello le ha valido suficiente para generar la instrucción que en esta acto se reputa lesiva.

Alegan en este sentido que hoy, los profesionales de la salud a los que refiere, enfrentan hoy la acuciante necesidad de contar con un pronunciamiento judicial que les viabilice la posibilidad de seguir brindando una asistencia médica eficaz donde estas prestan servicios, pues un deber moral los compele a ellos.

Expresan que la actuación de los médicos ante esta pandemia resulta crucial para aminorar sus devastadores efectos en la salud de una población, no solo para las afecciones causadas por el COVID 19 y en su prevención sino de las restantes enfermedades que padece la población las cuales no entienden de pandemias ni de aislamientos.

Concretamente respecto de la Circular 6/2020 aquí cuestionada, sostienen que la misma rige para la vecina provincia de Corrientes, y los efectos del acto lesivo al que alude están comprobados por las urgencias del sistema sanitario de la Provincia del Chaco.Por su parte y con relación al peligro en la demora sostienen que está dado por una medida oportuna y eficaz que se vincula directamente con el interés público protegido, pues está en juego la asistencia de salud que debe garantizar a sus beneficiarios en mérito a las garantías constitucionales.

IV. Sentado lo cual e ingresando al análisis concreto e inminente de la cuestión, cabe señalar que la situación epidemiológica producida por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) se suma, en nuestra zona, a la delicada situación sanitaria en general, en el marco de la situación general del país.

En este sentido, la normativa nacional dictada en el marco de la pandemia de COVID-19 tiene una finalidad específica de orden público e indelegable, que es la atención de la salud de toda la población. En este sentido, existe un amplísimo consenso en que la medida más importante para combatir la propagación del virus es el aislamiento social, y dentro de este, la determinación de la obligatoriedad del mismo, denominado «cuarentena», ha sido una consecuencia de esa situación.

Sin embargo, existen servicios esenciales que el Estado Nacional ha determinado que quedan exceptuadas de esas disposiciones, y primero de ellos es el de atención de salud. En efecto, si la medida adoptada tiende a resguardar la salud de la población, quienes deben cuidar de ella, deben estar exceptuados de la cuarentena, porque mal

podrían cumplir su función, en este caso esencial para aminorar los devastadores efectos que ellos provoca en la salud pública en general, sin poder desplazarse, tal como lo dispone el inc. 1 art.6 del Decreto 297/2020.

Y en este caso cobra mayor sentido, pues por la naturaleza de su labor esencial, es la atención de la salud en general, entiendo que no necesariamente en contacto estrecho con quienes padecen con la patología en cuestión.

Que siendo profesionales de la salud, debe entenderse que por su formación profesional debe presumirse que cada uno de ellos adopta las medidas y/o recaudos necesarios para evitar el contagio, y para el caso que presentara síntomas daría cumplimiento con las directivas implementadas por las autoridades de aplicación.

Dentro de las normas señaladas, los desplazamientos de todas las personas exceptuadas, por su parte, se encuentran limitados a los necesarios para el cumplimiento de esa actividad, tal como lo especifica el Decreto 297/2020, cuando concretamente dice que: «. sus desplazamiento deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades o servicios», debiendo en lo que exceda a ello, mantener el mismo comportamiento del resto de los ciudadanos.

En el desarrollo de las ciudades de Corrientes y Resistencia, y sus ciudades aledañas, estas han crecido en conjunto, íntimamente vinculadas por su actividad social, cultural, económica, etc. Resulta así que muchas personas que desarrollan una actividad, lo hacen en una o ambas provincias, residiendo en la otra.Las personas enumeradas por las entidades amparistas, cuya libre circulación a los fines de prestar sus servicios de asistencia sanitaria se requiere a través de la presente medida, entiendo se encontrarían en ese estado.

La Provincia de Corrientes, por intermedio del COMITÉ DE CRISIS COVID 19 dependiente del Ministerio de Salud, ha dictado la Circular N° 6/2020 hoy cuestionada en los términos expuestos, restringiendo «particularmente» la circulación de los profesionales y personal de salud que tienen domicilio en Corrientes y prestan sus servicios de salud en la Provincia del Chaco.

En esta situación, no puedo dejar de señalar que, si bien se podría cuestionar que las entidades accionantes solo tendrían legitimación en cuanto a la protección de los derechos de las personas que resultan afiliadas a ellas, o que dependen de las entidades que la integran, según el caso de cada una, lo cierto es que se advierte que la situación que se genera en la presente excede la determinación de si en el caso se ve o no afectado, prima facie, el derecho de trabajar de esas personas, extendiendo sus efectos aún más, esto es, que la decisión adoptada por la Circular 6/2020 trae aparejada consecuencias directas e inmediatas sobre la salud pública de la región y porque no de la Nación.

Limitar la circulación del común de la gente, y llevado a los límites más estrictos ante esta situación, no sería en principio reprochable, ya que tal como lo expresa la propia normativa aplicable a la situación concreta de Aislamiento social, preventivo y obligatorio estipulado por el Dcto. 297/2020, se establece la concreta prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y contagio del virus COVID-19. Allí se establece que si bien el art. 14 de la CN dispone que «. todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos.de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.» explica que el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública».

En ese mismo cuerpo normativo, se dispone que a dichas restricciones dispuestas para circular, están taxativamente exceptuados, aclarando que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios, en el inc. 1 del art. 6 del Dcto. 297/2020 al PERSONAL DE LA SALUD.

Entiendo así que, dichas medidas de excepción, es decir, exceptuar al personal de salud, no resulta ser una medida caprichosa ni mucho menos irrazonable, ello así porque entiendo que el Estado Nacional tiende a preservar por sobre todas las cosas, derechos constitucionales fundamentales, el derecho a la Salud y la atención sanitaria indispensable ante semejante Pandemia, y sumado ello, ante la Emergencia Sanitaria oportunamente declarada tal como fuera ya mencionado.

A partir de allí, y en lo atinente a la Circular 6/2020 dictada por el Comité de Crisis COVID-19 creada por la provincia de Corrientes, donde dispuso concretamente ordenar el Aislamiento social obligatorio de los profesionales y personal de la salud que teniendo domicilio en la provincia de Corrientes hayan prestado servicios en instituciones públicas o privadas de salud de la Provincia del Chaco en los últimos catorce (14) días, por ser considerados personal sanitario de riesgo, si bien aduce que se toma como medida preventiva, entiendo no puede analizarse aisladamente, esto es, teniendo en cuenta las consecuencias que ello traería aparejado en la atención sanitaria indispensable, apremiante y urgente que se requiere a nivel nacional.

Digo ello así por cuanto, tal como refiere toda la normativa aplicable a la Pandemia que nos sacude a niveles inesperados, entiendo desde un análisis liminar de la cuestión que, dicha medida no sería en principio acorde con el Estado de Emergencia Nacional en que nos encontramos inmersos, ni tampoco se habría tenido en cuenta la situación especial de estas personas, esto es, el rol fundamental e indispensable que en esto momentos cumplen en el sistema de salud de la provincia del Chaco quehacen en definitiva al Sistema de Salud Nacional.

Tal como nos han explicado los expertos en la materia, estamos frente a un enemigo externo e invisible, que ataca a la Nación en su totalidad, en un sistema federal, por lo que la medida adoptada por la Provincia de Corrientes no advierte la situación de salud de la Provincia del Chaco, como parte de la Salud Pública Nacional, en contraposición de las reglas básicas establecidas a nivel Nacional para «garantizar» la atención sanitaria y medica de la Pandemia que nos afecta como Nación.

Dentro de éstas medidas, estaría precisamente la de exceptuar al personal de la salud a su desplazamiento debiendo limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios, conforme lo dispone concretamente en el art.6 del Dcto. 297/2020.

Se advierte así que la Provincia de Corrientes no podría, en principio, dictar normas que impidan a las personas indicadas por las entidades amparistas, la libre circulación hacia esta ciudad, ello en base a nuevas «definiciones» efectuadas por el Comité de Crisis COVID-19 en materia de prevención, y considerándolos personal sanitario de riesgo, dificultando la prestación de los servicios médicos a que están abocados, en los términos y con las limitaciones establecidas por el D.N.U. N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, quedando a salvo sus facultades para disponer lo que resulte pertinente al respecto en el ámbito provincial que es de su competencia.

En función de todo lo cual, considero reunidos los requisitos propios de la cautelar solicitada, correspondiendo acceder a ella en los términos expuestos.

V. – Sin perjuicio de ello, atento que, como señalara, la cuestión excede el marco de los derechos individuales, encontrándose involucradas cuestiones de orden público relacionadas con la salud pública nacional, se pondrá en conocimiento lo dispuesto en la presente al Ministerio de Salud de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de la normativa referida, y a los efectos que resultaran pertinentes.

VI.- En cuanto a la contracautela, estimo suficiente establecer caución juratoria de las entidades accionantes. Para tal fin, en atención a las normas que regulan la emergencia sanitaria en relación al mayor aislamiento social, y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordadas 4/2020 la misma será prestada por el apoderado de las mismas, a través de un escrito subido al sistema en soporte digital, con la firma electrónica correspondiente.

Asimismo, y a los fines de la notificación de la medida dispuesta por la presente, se librarán oficios al Sr. Gobernador y al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes, debiendo presentarse los proyectos por la misma vía de escritos electrónicos, para ser retirados una vez que los mismos se encuentren rubricados. Por todo lo que; RESUELVO:

1°) HABILITAR FERIA JUDICIAL EXTRAORDINARIA y DÍAS Y HORAS INHÁBILES a los fines de la resolución y notificación de la presente.

2°) HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada, en los términos indicados en los considerandos que anteceden.

3°) ORDENAR, en consecuencia, al Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes, arbitre las medidas necesarias para permitir a los profesionales médicos consignados en la demanda: Por FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, Sres. MORALES Juan Domingo, D.N.I. N° 28.515.215, MP 5991; MONZON Sandra, D.N.I. N° 22.930.642, MP 6586; PORTILLO Facundo, D.N.I. N° 33.792.164, MP 7376; TROCOLI Norma, MP 70376; PARED Waldemar Roberto, D.N.I. N° 24.665.077, MP 5258; ROLDAN Itati, MP 7104; y por ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO, Sres. ROMERO Pamela Andrea Beatriz, D.N.I. N° 23.096.550; PERALTA Marcela, D.N.I. N° 24.908.111; DEL BALZO Alejandro, D.N.I. N° 26.225.337; ROMERO Silvia Andrea, D.N.I. N° 20.193.194; REGUERA José Francisco, D.N.I. N° 20.373.873; BIOLCHI Rodolfo Eduardo, D.N.I. N° 12.816.515; GONZÁLEZ Gabriel Alejandro, D.N.I.N° 24.144.684; MORALES Vanesa Rocío, D.N.I. N° 33.243.124; SILVA Gladys María, D.N.I. N° 35.701.282; RETEGUI Cristian Alfredo, D.N.I.24.854.079; GONZÁLEZ Karina Paola, D.N.I. N° 31.737.167; DARAGAO Cynthia Narciso, D.N.I. N° 26.432.603; CASSANO Ariel, D.N.I. N° 26.750.768, SÁNCHEZ Javier Esteban, D.N.I. N° 28.009.526; PERNA Nancy, D.N.I. N° 18.141.506; QUINTANA María Lucia, D.N.I. N° 23.423.210; MONZÓN Carolina Patricia, D.N.I. N° 24.676.930; RAMÍREZ Margarita Zunilda, D.N.I. N° 24.257.156; RAMÍREZ Nora Belen, D.N.I. N° 29.721.404; CÁCERES Susana Elizabet, D.N.I. N° 32.041.226; GOTUSSO Nurya, D.N.I. N° 32.708695; ECHAZARRETA Rodolfo, D.N.I. N° 25.053.055; LENCOVICH Roxana Gabriela, D.N.I. 21.939.730; FLORES Ricardo Alberto, D.N.I. N° 31.969.831; GÓMEZ GEBHARTD Gerardo Valentín, D.N.I. N° 30.018.992; PIRIS Adrián Rubén Nicolás, D.N.I. N° 34.207.415; PEZZARINI Graciela, D.N.I. N° 11.686.341; VIOLA Luciana, D.N.I. N° 34.804.561; RODRÍGUEZ Cecilia, D.N.I. N° 33.169.747; GROMENIDA, Paolo, D.N.I. N° 26.839.983; CANDIA, Oscar, D.N.I.22.320.374; SANSERRI, Patricio, D.N.I. N° 31.647.713; SOLER, Maximiliano, D.N.I. N° 37.183.205; TAYAR, Agostina, D.N.I. N° 36.674.834; OBREGON, Rodrigo, D.N.I.N° 31.294.833, la libre circulación hacia esta provincia para la prestación de los servicios esenciales de salud en los establecimientos en que ellos se desempeñan y su regreso hacia Corrientes, en los términos y con las limitaciones

establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presenten síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19).

4°) HACER SABER que la presente medida tendrá vigencia hasta tanto finalice el Aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero.

5°) DISPONER que los accionantes presten caución juratoria a través de un escrito digital, firmado electrónicamente por su apoderado (Punto 11°, Ac. 4/2020, C.S.J.N.).

6°) NOTIFICAR a la Provincia de Corrientes por Oficios que serán dirigidos al Sr. Gobernador y al Sr. Fiscal de Estado de esa Provincia. Los proyectos de dichos recaudos serán presentados por medio de escrito digital, firmado electrónicamente por el apoderado de los actores, y serán retirados del Tribunal una vez rubricados por la suscripta.

7°) COMUNICAR lo precedentemente dispuesto al Ministerio de Salud de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria declarada por Ley 27.541, ampliada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, a sus efectos. A tal fin, líbrese Oficio, que será presentado al Tribunal en la misma forma dispuesta precedentemente.

8°) NOTIFIQUESE a las accionantes por cédula electrónica.

PROTOCOLICESE Y NOTIFÍQUESE.

ZUNILDA NIREMPERGER

JUEZ FEDERAL

NOTA: En el día de la fecha se notificó al Dr. José Alejandro Sanchez de la Resolución Interlocutoria que antecede.

Secretaría, 29 de marzo de 2020.

Graciana M.L. PUGLIOTTI SECRETARIA

En Mesa de Entradas y Salidas del Tribunal

CONSTE.

A %d blogueros les gusta esto: