Diálisis cubierta: Obra social debe autorizar a una afiliada el tratamiento de diálisis en algún centro de salud que cuente con la complejidad necesaria

dialisisPartes: F. A. D. de L. en rep de su hija L. A. D. T. F. c/ Pami s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-ene-2020

Cita: MJ-JU-M-123531-AR | MJJ123531 | MJJ123531

Se ordena cautelarmente a la obra social demandada que autorice a la afiliada el tratamiento de diálisis indicado en alguno de los centros de salud de la ciudad que cuente con la complejidad necesaria.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada, ordenando a la demandada autorice a la afiliada el tratamiento de diálisis indicado en alguno de los centros de salud de la ciudad que cuente con la complejidad necesaria, conforme lo solicitado por el médico especialista, al haberse probado que padece insuficiencia renal terminal con dependencia de diálisis renal conforme surge del certificado de discapacidad emitido por el gobierno de la provincia, y se encuentra internada en un hospital -lo que implica estar expuesta a infecciones intrahospitalarias- con diagnóstico de insuficiencia renal en hemodiálisis.

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2.-Poner a disposición una alternativa por la obra social supone una conducta activa que se inicia con la información adecuada, veraz, clara y completa de las opciones posibles y que se extiende al acercamiento y facilitación de los medios necesarios para poder valerse de aquéllas.

3.-La obligación del demandado con su afiliada de garantizar la prestación del tratamiento de diálisis renal en nada se modifica ni mucho menos se suspende con la posibilidad de una cirugía de remoción de catéter de hemodiálisis junto con la masa infectada, intervención quirúrgica ésta que habría sido recomendada por los especialistas del hospital y aparentemente rechazada por la actora, por lo que no estaría confirmada su práctica.

Fallo:

Salta, 17 de enero de 2020.

VISTO:

El recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 20/22 y vta.

CONSIDERANDO:

1. Que vienen las presentes actuaciones en virtud de la impugnación de referencia en contra de la resolución del 16/12/19, por la que el juez de la instancia anterior hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por A. D. De L. F. en representación de su hija L. A. D. T. F. y, en consecuencia, ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de notificado, autorice a la afiliada el tratamiento de diálisis indicado en alguno de los centros de salud de esta ciudad que cuente con la complejidad necesaria, conforme lo solicitado por el médico especialista (fs. 12/14).

Para así resolver, el magistrado estimó que en la causa se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de toda medida cautelar innovativa, pues respecto de la verosimilitud del derecho -cuyo examen no requiere certeza sino solo verosimilitud- se verifica que L. A. D. T. F. es afiliada al PAMI (fs. 4), padece insuficiencia renal terminal con dependencia de diálisis renal conforme surge del certificado de discapacidad emitido por el gobierno de la provincia de Salta (fs. 3), y se encuentra internada en el Hospital de Autogestión San Bernardo -lo que implica estar expuesta a infecciones intrahospitalarias- con diagnóstico de insuficiencia renal en hemodiálisis (fs. 5).

A ello añadió que también se tienen por verificados, en esa instancia incipiente del proceso, los recaudos de peligro en la demora y de irreparabilidad del perjuicio, ya que apreciando la enfermedad que padece la afiliada, el mantenimiento de la situación que se pretende innovar le ocasionaría un daño que comprometería gravemente su salud.

2. Que a fs. 20/22 y vta. la recurrente expresó su disconformidad con el decisorio en crisis. Sostuvo que el Instituto siempre garantizó la cobertura de salud y la prestación reclamada, en tanto que L. A. D. T. F.tiene asignado el prestador CADRA RENNIUS donde se encuentra inscripta para el módulo mensual de tratamiento sustitutivo de la función renal, lo que fue acreditado en el expediente n° 19.990/2019 de trámite ante el Juzgado Federal de Salta N° 2 y que en copia adjunta dijo acompañar.

Seguidamente remarcó que la actora omite informar en su escrito de demanda que la paciente L. A. D. T. F. fue internada en el Hospital San Bernardo como consecuencia de una imagen tumoral que se le detectó al llevarse a cabo ciertos estudios, lo que derivó a que los médicos especialistas de dicho nosocomio planificaran y recomendaran una cirugía de remoción de catéter de hemodiálisis junto con la masa infectada; lo que fue rechazado por la amparista, solicitando en su lugar la derivación a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Añadió que ello se encuentra acreditado en el citado expediente n° 19.990/19.

Asimismo, indicó que la afiliada solicitó el alta del hospital San Bernardo y la obra social autorizó el servicio de asistencia domiciliaria integral, continuando con el tratamiento de diálisis en dicho sanatorio. Añadió que, sin embargo, el Defensor Oficial requirió el servicio de diálisis ambulatorio, aduciendo que existía riesgo de infección intrahospitalaria, razón por la que, con fecha 12/12/19, se le hizo saber cuál es el centro de salud que L. A. D. T. F. tiene asignado para el tratamiento sustitutivo de la función renal, encontrándose, en consecuencia, garantizada la prestación objeto de autos.

Sentado ello, señaló que la medida precautoria resulta contraria a derecho, provocando un adelanto de jurisdicción en virtud de la coincidencia entre el objeto cautelar y el reclamo en la acción de amparo. Asimismo, al haberse dictado resolución sin la intervención del PAMI se vulneró la garantía del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio.

3. Que a fs. 26/27 y vta.el Defensor Oficial en representación de la actora contestó el traslado conferido propiciando la confirmación del fallo.

4. Que, ante todo, corresponde recordar que «las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces, y si bien para acogerlas no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sí requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario verosimilitud en el derecho invocado, siendo admisibles en tanto y cuanto si, como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable» (esta Cámara, antes de su división en Salas, en «Unión de Consumidores de Argentina c/ Cable Visión – Estado Nacional s/ medida cautelar» , sent. del 10/11/10, «Actuaciones relativas Telecom Argentina S.A – Telecom Personal S.A c/ Municipalidad de General Güemes s/ medida cautelar», sent. del 4/4/11).

En ese sentido, el instituto sub examine «se incardina en el derecho a la tutela judicial efectiva» (Carranza Torres, Luis R., «La incidencia del Programa Médico Obligatorio en las cautelares en materia de salud», ED, 246, 13/3/12, n° 12956), por lo cual se requiere que se demuestre el fumus bonis juris y el peligro de que se cause un daño grave e irreparable. Estos requisitos se hallan relacionados entre sí de tal modo que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparabilidad el rigor acerca del «fumus» se puede atenuar (esta Cámara, antes de su división en Salas, en «Troyano Armando c/ AFIP-Dirección General Impositiva s/ habeas data – amparo», sent. del 21/6/11; y esta Sala I en «Inc. Apelación en autos:Nallim, Maria Fabiola en rep. de su padre Reinaldo Nallim c/ PAMI s/ amparo ley 16.986», sent. del 10/1/17).

5. Que, bajo tal marco, se advierte que la patología que aqueja a la actora -insuficiencia renal terminal con dependencia de diálisis- se encuentra prima facie demostrada, y no fue cuestionada por el Instituto, habiéndose acreditado también, con el grado de presunción requerida en esta etapa preliminar, la necesidad y la urgencia en la provisión del tratamiento resultando indispensable para el correcto funcionamiento del organismo de aquella (confr. fs. 3 y 5).

Por otro lado, las objeciones formuladas por la demandada en su escrito recursivo de fs. 29/30 y vta. se limitaron a señalar que con fecha 12/12/19 se le hizo saber a la actora cual es el centro de salud que la afiliada tiene asignado para el tratamiento sustitutivo de la función renal y, asimismo, que ante la recomendación de los especialistas del hospital San Bernardo de una cirugía de remoción de catéter de hemodiálisis junto con la masa infectada, rechazó la indicación, solicitando en su lugar la derivación a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien, no surge de las constancias de este incidente ni tampoco de la causa principal que se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 en virtud de la feria judicial de enero 2020, que la obra social hubiera puesto a disposición de la amparista una alternativa respecto del centro de salud donde podría llevar a cabo el tratamiento de diálisis renal. Ello es así porque la actora inició este proceso como consecuencia de que en fecha 31/10/19 los directivos de la institución «Rennius» le informaron que no podría continuar realizando allí su tratamiento sustitutivo de la función renal debido al «riesgo de vida» que padece (fs.8/11 y vta.), por lo que resulta contradictorio, además de antifuncional, que la obra social demandada en fecha 12/12/19 haya ofrecido como alternativa el mismo prestador «Cadra-Rennius (cfr. contestación oficio extrajudicial, agregado a fs. 23 del expediente principal n° 21911/2019).

Resáltese a este respecto que el 16/12/19 la Dra. Nora Marchetta, directora médica del centro Rennius, informó que la paciente L. A. D. T. F. se encontraba en plan de hemodiálisis crónica en la institución desde el 8/5/18 hasta el 30/10/19, fecha esta última en la que se la derivó de urgencia a un sanatorio de mayor complejidad (Hospital San Bernardo) por una grave patología cardiológica infecciosa (endocarditis bacteriana sobre válvula cardíaca, ocasionada posiblemente por catéter yugular transitorio para hemodiálisis), donde se le brindaría el tratamiento hemodialítico correspondiente, a lo añadió que, en esa oportunidad, se le explicó a los familiares de L. A. D. T. F. que no podría continuar el tratamiento en Rennius pues es un centro ambulatorio de diálisis sin unidad coronaria por lo que no se puede tratar a una paciente con esas características sin riesgo para su salud y vida (confr. fs. 30 y 61/62 del expediente principal).

Así las cosas, cabe precisar que «poner a disposición una alternativa» por la obra social supone una conducta activa que se inicia con la información adecuada, veraz, clara y completa de las opciones posibles y que se extiende al acercamiento y facilitación de los medios necesarios para poder valerse de aquellas (esta Sala 1 en «Grueso, Roxana del Valle en repr. de su madre María Pedros c/PAMI s/amparo ley 16.986», sent. del 29/12/16; «Armas Hilda Socoro c/PAMI s/prestaciones quirúrgicas», sent. del 15/5/17, entre otros), circunstancia que, conforme lo detallado precedentemente no quedó acreditada en la causa.Es que el PAMI debió ofrecer a su afiliada, atento el critico estado de salud que atraviesa, un listado de los centros médicos de diálisis renal con unidad coronaria donde llevar a cabo el tratamiento.

Por otra parte, se advierte que la obligación del Instituto con su afiliada de garantizar la prestación del tratamiento de diálisis renal en nada se modifica ni mucho menos se suspende con la posibilidad de una cirugía de remoción de c atéter de hemodiálisis junto con la masa infectada, intervención quirúrgica ésta que habría sido recomendada por los especialistas del Hospital San Bernardo y aparentemente rechazada por la actora, por lo que no estaría confirmada su práctica.

Al respecto, cabe formular dos precisiones: por un lado, que esa prestación médica o su posible alternativa de derivación a una clínica de Buenos Aires es objeto de un proceso judicial independiente a este por lo que no corresponder pronunciase sobre el tema y, por otro, teniendo presente que el diagnóstico de la paciente L. A. D. T. F. es insuficiencia renal terminal con dependencia de diálisis, su tratamiento no puede ser interrumpido, sin perjuicio de someterse o no a la referida cirugía.

6. Que en cuanto al agravio de la demandada de que el objeto de la medida cautelar se confunde con el reclamo en la acción de amparo y, en consecuencia, se dictó sentencia anticipadamente sin habérsele permitido a su parte el derecho de defensa en juicio; corresponde precisar que no se puede descartar el acogimiento de la medida cautelar pedida so peligro de incurrir en prejuzgamiento, cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada (Fallos:320:1633), en tanto es de la esencia de estos institutos procesales enfocar sus proyecciones sobre el fondo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, pues se encuentran dirigidos a evitar los perjuicios que se pudieran producir en el caso de que no se dicte la medida, tornándose de dificultosa o de imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (esta Sala I, en «Inc. de Apelación en autos: Darvich, Miriam Lucrecia c/ PAMI s/ amparo ley 16.986», sent. del 15/3/18; «Inc. de Apelación en autos:

Cristofari, Alicia Adela en rep. de su esposo Manuel Enrique c/ PAMI s/ amparo ley 16.986″, sent. del 20/3/18; e «Inc. de Apelación en autos: «Caliva Mur, Mariela A. c/ PAMI y otro s/ prestaciones médicas», sent. del 19/11/19, entre muchos otros).

Esto es lo que sucede en el caso de autos en el que la cautelar solicitada está dirigida a obtener la inmediata autorización por parte del PAMI del tratamiento de diálisis renal en un centro médico con la complejidad necesaria en tanto la institución Rennius no cuenta con unidad coronaria encontrándose, en consecuencia, imposibilitada de brindar la prestación requerida por la grave situación de salud que aqueja a la afiliada L. A. D. T. F. (cfr. fs. 5 y 6 y fs. 30/32 y 61/62 del expediente principal n° 21911/2019 de trámite ante el Juzgado Federal de Salta N° 2 en virtud de la feria judicial de enero 2020).

Sobre tales bases, se está ante una cuestión que conforma un derecho verosímil susceptible de tutela cautelar hasta el dictado de la sentencia.

En suma, la índole de los derechos en juego; la patología que adolece la amparista; los certificados médicos y la prueba acompañada en el expediente principal (cfr. fs. 5 y 6 y fs.30/32 y 61/62 del expediente principal n° 21911/2019), avalan con criterio científico la necesidad del tratamiento de diálisis en un centro médico que cuente con la complejidad necesaria; correspondiendo asegurar su autorización y efectiva prestación hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

Por ello y encontrándose presente también el peligro en la demora, ya que el tratamiento prescripto responde a una necesidad efectiva y actual, y la denegatoria de la medida cautelar ocasionaría un perjuicio a la amparista que se tornaría irreparable, o al menos de difícil solución ulterior, toda vez que se padece insuficiencia renal terminar con dependencia de diálisis renal, corresponde desestimar el recurso.

7. Que en cuanto a las costas, por las particularidades del caso y la naturaleza de los derechos en juego, se imponen por el orden causado (art. 68, 2° párrafo del CPCCN).

Por ello, se RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 20/22 y vta. y, en consecuencia, CONFIRMAR la resolución de primera instancia del 16/12/19 (fs. 12/14).

II. CON COSTAS por el orden causado (art. 68, 2° párrafo del CPCCN)

III. REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese en los términos de las acordadas CSJN 15 y 24 del 2013 y oportunamente, devuélvase.

Firman la presente los jueces que integran el Tribunal de Feria.

LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS

JUEZ DE CAMARA

MARIA VICTORIA CARDENAS

SECRETARIA DE CAMARA

SANTIAGO FRENCH

JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE

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