Colectivo L.G.B.T.+: Se deroga el protocolo de Actuación de Registros Personales y Detención

identidad de genero

Título: RESOLUCIÓN N° 37/2020 – Seguridad. ‘Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.’. Aprobación. Resolución N° 1149/2017. Derogación.

Tipo: RESOLUCIÓN

Número: 37

Emisor: Ministerio de Seguridad

Fecha B.O.: 9-mar-2020

Localización: NACIONAL

Cita: LEG105340

VISTO el Expediente N° EX – 2020-14310986 –APN-DVI #MSG, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN N° 1181 del 24 de noviembre de 2011 y N° RESOL-2017-1149-APN#MSG del 24 de octubre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución RESOL-2017-1149-APN#MSG, se dejó sin efecto el ANEXO II de la Resolución Ministerio de Seguridad 1181/2011 (art. 1º), aprobándose asimismo el “PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN DE REGISTROS PERSONALES Y DETENCIÓN PARA PERSONAS PERTENECIENTES AL COLECTIVO L.G.B.T” – ANEXO I (art. 2º), el modelo sugerido de “ACTA DE DETENCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DERECHOS” – ANEXO II (art. 5º) y las “PAUTAS MÍNIMAS DE ACTUACIÓN PARA REGISTROS PERSONALES Y DETENCIÓN EN LA VIA PÚBLICA DE PERSONAS PERTENECIENTES AL COLECTIVO L.G.T.B” ANEXO III (art. 6º).

Que, asimismo, aquella Resolución dispuso que el PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN, aprobado por artículo 2º, resulta de aplicación obligatoria para el personal perteneciente a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Que, en los fundamentos de la Resolución N° RESOL-2017-1149-APN#MSG se hace mención a una serie de principios generales que regulan el accionar de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, haciendo alusión al “Código de Conducta de Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” adoptados por la ONU, así como la mención general a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos con jerarquía constitucional, conforme el artículo 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la determinación de procedimientos de registro y detención específicos, aplicables a un grupo de personas, que se alejen de los criterios generales establecidos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los instrumentos internacionales de derechos humanos y del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que alcanzan a los/as habitantes de nuestro país, es contrario al principio de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 16 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, asimismo, es dable destacar que toda norma, reglamentación y procedimiento que regule el accionar del personal de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD debe respetar, entre otros, el derecho humano a la identidad de género de las personas, así como el libre desarrollo de su orientación sexual, no pudiendo limitar ni restringir el ejercicio de los mismos, y que su interpretación debe realizarse a favor de garantizar dichos derechos.

Que las acciones e intervenciones del personal de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, deben garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género y, en este contexto, el dictado de protocolos específicos en relación al colectivo LGBTI+, no hace más que reforzar su criminalización y otorgar un marco de simulada legalidad a prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos.

Que la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH- OEA) en su informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” (2015) ha dicho que “las personas LGBT que viven en la pobreza son vulnerables al acoso y al perfilamiento policial y, en consecuencia, a tasas mayores de criminalización”. (Punto 372, Capitulo 5).

Que el mencionado organismo instó a los Estados “a redoblar sus esfuerzos para capacitar a las fuerzas de seguridad del Estado con miras a erradicar los abusos y la violencia por prejuicio. Esta capacitación debe incluir información sobre cómo responder de manera adecuada y respetuosa a las víctimas de violencia, y cómo prevenir los maltratos y el perfilamiento policial discriminatorio”. (Punto 440, Capitulo 6)

Que varias de las disposiciones contenidas en los ANEXOS I y III, dejan en evidencia un desconocimiento de los derechos del colectivo LGBTI+ y de la diversidad sexual en general, por ejemplo, al establecer que solo podrá intervenir, en los procedimientos y requisas, personal femenino.

Que la Resolución N° RESOL-2017-1149-APN#MSG amplía las facultades policiales contenidas en el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN en relación a las causas que habilitan, excepcionalmente, la realización de la requisa sin orden judicial, alejándose de los principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la propia CONSTITUCIÓN NACIONAL, circunstancia que fundamenta sin más, su derogación.

Que mediante la Resolución RESOL-2017-1149-APN#MSG, fueron dejados sin efecto los principios contenidos en el ANEXO II de la Resolución Ministerial Nº 1181/2011, sancionados con anterioridad a la Ley Nacional Nº 26.743, que contenían los lineamientos generales que deben regir el trato de las personas que integran las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, como de aquellas ajenas a las mismas.

Que los criterios contenidos en ambos anexos de la resolución mencionada deben ser modificados, actualizando el alcance y la redacción de los mismos, en atención a los conceptos y derechos establecidos en la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género y, a los principios de igualdad y no discriminación por orientación sexual.

Que, en igual sentido, resulta oportuno establecer que cada una de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, en articulación con la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género y la Subsecretaría de Formación y Carrera del MINISTERIO DE SEGURIDAD, deberá incorporar la perspectiva de la diversidad sexual y de género a sus programas de formación y capacitación, con el objetivo de consolidar espacios libres de violencia y discriminación, basada en la identidad de género y/u orientación sexual y a fin de garantizar el trato digno hacia las personas que integran el colectivo LGBTI+.

Que la Resolución contenida en el visto fue publicada en el contexto de la realización de las Marchas del Orgullo, que se desarrollaron en el mes de noviembre en todo el país, situación que provocó una preocupación entre los/as organizadores/as y los/as concurrentes, toda vez que la misma les ubica como un grupo social peligroso y contiene criterios ambiguos en relación al uso de la fuerza.

Que esta situación continúa en el presente, ya que la medida continúa vigente, con todos sus anexos, habilitando la intervención de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD en supuestos que, como se señaló anteriormente, resultan discriminatorios y lejos de garantizar derechos, los vulnera.

Que por las razones expuestas, corresponde revocar la Resolución N° RESOL-2017-1149-APN#MSG.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico de la jurisdicción ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida, en virtud de los artículos 4°, inciso b), apartado 9°, y 22 bis, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones, y del artículo 18 de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Revócase la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° RESOL-2017-1149-APN#MSG del 24 de octubre de 2017.

ARTÍCULO 2°. – Instrúyese al Señor Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al Señor DIRECTOR NACIONAL de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, al Señor PREFECTO NACIONAL NAVAL de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Señor DIRECTOR NACIONAL de la POLÍCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, para que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que el personal policial y de las fuerzas de seguridad a su cargo, cumplan con lo establecido en la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género y los principios de igualdad y no discriminación por orientación sexual.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyase el ANEXO I de la Resolución 1181/2011 del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN por el texto contenido en el ANEXO I (IF-2020-14712265-APN-SSCYTI#MSG) de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyase el ANEXO II de la Resolución 1181/2011 del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN por el texto contenido en el ANEXO II (IF-2020-14712414-APN-SSCYTI#MSG) de la presente.

ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Sabina Andrea Frederic

ANEXO I
Directivas para la adecuación de trato del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad:
1. TRAMITACIÓN. A fin de garantizar la adecuación de trato a la identidad de género autopercibida y al nombre
de pila adoptado, el personal deberá tramitar la actualización de toda la documentación personal que obre en el
ámbito de las fuerzas, a través del Centro Integral de Género de la fuerza que integre.
El personal deberá expresar en su presentación:
a. el género y el nombre de pila con el que desea que se rectifique el trato que le dispensará la Fuerza.
b. si solicita que se le tome una nueva fotografía, para incorporar a los legajos y registros que lleva la
Fuerza.
c. si solicita un cambio de área o destino con posterioridad a la adecuación.
d. si prefiere que el Centro Integral de Género arbitre los medios para dar a conocer la adecuación en su
lugar de trabajo.
En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual, tratamiento hormonal ni psicológico para realizar
la adecuación.
El Centro Integral de Género tendrá a su cargo el desarrollo de instancias de sensibilización en el espacio
laboral en el que se desempeñe el personal que haya requerido la adecuación de trato.
2. RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. Utilización del nombre y género adoptados. El personal de las
fuerzas deberá dirigirse a quien haya tramitado la adecuación, utilizando el género y nombre de pila adoptados,
tanto en el trato personal, así como para cualquier tipo de trámite, comunicación y publicación al interior de las
Fuerzas Policiales y de Seguridad.
Este trato debe garantizarse tanto en las comunicaciones orales como escritas, independientemente de si se ha
realizado o no, el cambio de nombre y sexo registral en el Documento Nacional de Identidad (DNI). En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 26.743, en ningún caso se dará publicidad a la
rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila, salvo autorización de quien detente la titularidad de los
datos.
3. TRATO DIGNO. En aquellos casos en que la persona no haya modificado su documentación y la naturaleza de la
gestión haga necesario registrar aquellos datos, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el
apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento antecedido, por el nombre de pila elegido por
razones de identidad de género. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá
utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada.
4. VESTIMENTA Y UNIFORME. El personal utilizará la vestimenta y el uniforme adecuados a su identidad de
género.
5. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DIFERENCIADAS. Se garantizará al personal la utilización de las
instalaciones diferenciadas por género, que se correspondan con su identidad de género.
6. PASES. El personal podrá solicitar el otorgamiento de un cambio de destino o asignación de tareas por motivos
relacionados a su identidad de género u orientación sexual. En ningún caso se realizará de manera compulsiva
afectando su carrera o cualquier otra circunstancia que agrave su situación de servicio.
7. CENTROS INTEGRALES DE GÉNERO. El Centro Integral de Género de cada una de las Fuerzas Policiales y
de Seguridad tendrá a cargo la recepción, orientación y análisis de las consultas del personal, vinculadas al ejercicio
de sus derechos o relacionadas con situaciones de violencia en razón de su identidad de género, su expresión y/u
orientación sexual. Los Centros Integrales de Género contarán con una guía de recursos de derivación. Deberán,
asimismo, brindar asesoramiento y organizar charlas, jornadas y talleres, en articulación con la Subsecretaría de
Derechos, Bienestar y Género del MINISTERIO DE SEGURUDAD, quien a su vez articulará con las
organizaciones de la sociedad civil, a fin de capacitar al personal acerca de cuestiones de género y diversidad, con el
objetivo de consolidar espacios libres de violencia y discriminación basada en la identidad de género y/u orientación
sexual.

ANEXO II
Directivas para el trato de personas ajenas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad
1. RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL: Uso del nombre de pila y
género elegidos. Se garantizará el respeto a la identidad de género autopercibida y la orientación sexual, de acuerdo
con los principios generales de derechos humanos, en especial los de igualdad y no discriminación hacia las
personas LGBTI+ incluyendo infancias y adolescencias, siguiendo los protocolos generales de actuación, y lo
establecido en la Ley Nº 26.743, en toda actuación y contacto en la que intervenga el personal de las FUERZAS
POLICIALES Y DE SEGURIDAD, en particular en los procedimientos de aprehensión, detención, requisa
personal, revisación médica.
En aquellos registros y trámites de la Fuerza en que por razones legales sea imprescindible la inscripción del
nombre que figura en el Documento Nacional de Identidad o en el Pasaporte de la persona, se registrará la
información del siguiente modo:
«NOMBRE ADOPTADO (INICIALES DEL NOMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN), APELLIDO Y DNI».
Deberá garantizarse el respeto a la privacidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nº
26.743, en ningún caso se dará publicidad a la identidad de género autopercibida o a la rectificación registral de
sexo y cambio de nombre de pila, salvo autorización de quien detente la titularidad de los datos.
2. PERSONAS DETENIDAS: Las personas LGBTI+ que se encuentren detenidas en cualquier dependencia de las
FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, serán albergadas según el género autopercibido. A fin de asegurar
el debido respeto a la dignidad personal e integridad física y psicológica, la decisión sobre el lugar de alojamiento
será de la persona involucrada quien, podrá solicitar alojamiento individual.
En caso que la persona sea migrante, se deberá informar sobre el derecho a la asistencia consular que le asiste, en
cumplimiento de las CONVENCIONES INTERNACIONALES suscriptas por el ESTADO ARGENTINO.
3. TESTIGOS: En los procedimientos de detención, allanamientos o requisas, se procurará contar con testigos del
mismo género que aquel autopercibido por la persona en conflicto con la ley penal.
4. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Quienes concurran a dependencias de las Fuerzas Policiales y de
Seguridad podrán utilizar las instalaciones sanitarias adecuadas a su identidad de género autopercibida.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.identidad de genero

A %d blogueros les gusta esto: