La efectiva protección y garantía del derecho humano a la vejez en la CIDPA

ancianosAutor: Vidal, Elisabet A. – Barrios Collman, Noelia A. – Ramírez, Jesica M.M.

Fecha: 31-ene-2020

Cita: MJ-DOC-15187-AR | MJD15187

Sumario:

I. Resumen. II. Introducción. III. Perspectiva. IV. Bibliografía

Doctrina:

Por Elisabet A. Vidal (*), Noelia A. Barrios Collman (**) y Jesica M.M. Ramírez (***).

I. RESUMEN

Las personas adultas mayores cuentan con la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Mayores. El instrumento fue aprobado el 15 de junio de 2015 en la 45 Sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), coincidiendo con el día mundial de concientización sobre la violencia hacia las personas mayores.

II. INTRODUCCIÓN

Después de cinco años de trabajo, los Estados de América Latina empezaron a contar con un nuevo marco de derechos para las personas adultas mayores.

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Esta nueva convención es el primer instrumento jurídico específico, en materia de derechos humanos de personas adultas mayores para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en la región, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

1. El proceso de envejecer.

Entendiendo que envejecer es un proceso natural que -dadas las condiciones actuales- se extiende cada vez más en el tiempo a razón del aumento de la expectativa de vida. Así es como descubrimos a la «edad social» que asocia roles, responsabilidades, actividades e interacciones interpersonales y grupales de la sociedad. Somos mucho más que sujetos con edad cronológica, por eso debemos pensar los nuevos modelos de vejez con más recursos sociales, culturales, educaciones y financieros.

En un contexto donde se comprende que hay diferentes maneras de envejecer, dejamos atrás el «vejismo» que es quien carga de estereotipos negativos a la vejez que se traducen en actos discriminatorios hacia quienes envejecen, simplemente por su edad, como ser: dependencia, desmotivación, soledad, desvalorización, senilidad, inactividad sexual, marginación, fragilidad, etcétera (1).

2. Definiciones y alcances en CIDPA.

La Convención establece un serie de definiciones y alcance de los derechos de las personas mayores, también define principios convencionales entre ellos:la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros.

En sus términos se considera persona adulta mayor a las personas de 60 años o los que fije la reglamentación que no puede ser superior a 65 años.

3. Derechos reconocidos por la CIDPA.

La Convención da acabado reconocimiento a los derechos económicos sociales y culturales entre los que se encuentran:

1. El Derecho al trabajo, según el cual se considera que todas las personas adultas mayores, tienen potencialmente derecho a ser contratadas para desempeñar un trabajo remunerado, sin que sea impedimento la edad, siempre que la labor de que se trata, sea acorde con sus condiciones físicas y psíquicas.

Por razones de la edad, que es un estado psicológico, no puede negarse a adultos mayores la oportunidad de un empleo, que de concedérseles, será benéfico para su estado anímico, valorando de ese modo sus aptitudes y su utilidad, permitiéndoles obtener un ingreso que les dé independencia, cuando menos relativa, respecto de sus familiares si es que los tienen o que por carecer de apoyo familiar y de un trabajo, se vean forzados a recurrir a la dádiva pública y a la mendicidad en general.

Un ejemplo de esto son las disposiciones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo relacionadas al empleo del trabajador jubilado.

2. La seguridad social es un instrumento de protección de las personas contra las contingencias sociales, entendidas estas como eventualidades susceptibles de disminuir o suprimir la actividad o la capacidad de ganancia y/o de imponerle cargas económicas suplementarias.Se las califica como sociales porque respecto de ellas la sociedad asume su protección, es decir que son satisfechas mediante la contribución o colaboración conjunta y recíproca de todos los integrantes del cuerpo social.

En nuestro país se tutela a la vejez a través del otorgamiento de prestaciones dinerarias (jubilaciones y pensiones) y en especie (asistencia médico-sanitaria).

Las jubilaciones y pensiones, como parte del sistema de seguridad social, constituyen, junto con el trabajo, el ahorro y las redes de apoyo, principalmente familiares, una de las fuentes formales de seguridad económica de las personas mayores.

Contar con seguridad económica es imprescindible para disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad e independencia. La capacidad de disponer de una cantidad de recursos económicos, regulares y suficientes en la vejez, es fundamental para garantizar una buena calidad de vida.

El objetivo principal de los programas o sistemas de jubilaciones y pensiones consiste en proteger a la población del riesgo de pérdida de ingresos en la vejez. La protección puede brindarse en el marco de un esquema contributivo (financiado principalmente con los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores) o no contributivo (financiado con impuestos o rentas generales estatales).

3. El derecho a la salud física y psicológica, el cual se manifiesta en el derecho a dar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, a recibir cuidados a largo plazo, a los cuidados paliativos y a la atención especial en materia de discapacidad.

Las instituciones y los profesionales de la salud no pueden realizar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento de la persona mayor.

4. La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, el cual se encuentra íntimamente relacionado derecho a la cultura por el cual la persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a compartir sus conocimientos y experiencias.

5.El derecho a la recreación y al deporte a través de actividades físicas que contribuyan a promover el mejoramiento de estado de salud de los mismos.

6. El derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal el cual implica la adaptación de las estructuras sociales a sus necesidades.

7. El ejercicio de derechos políticos por los cuales la persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminada por motivo de edad.

8. El efectivo acceso a la justicia garantizado a través del igual reconocimiento como persona ante la ley con la misma capacidad también en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida; a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial y actuación de los jueces rápida en caso de que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

III. PERSPECTIVA.

El problema social y político que puede significar para una sociedad envejecida, no considerar a este sector etario como un importante recurso humano para el desarrollo de sus países, puede ocasionar consecuencias socioeconómicas desfavorables y de exclusión por lo que es deber de los Estados la implementación de políticas públicas a esos efectos (2).

IV. BIBLIOGRAFÍA:

1.Textual:

– OSORIO, Paulina (2017): «Construcción social del envejecimiento y la vejez», Material del Curso «Como envejecemos, una mirada transdisciplinaria», impartido en UAbierta, Universidad de Chile.

– THUMALA, Daniela (2017): «Imágenes sociales del envejecimiento», Material del Curso «Como envejecemos, una mirada transdisciplinaria», impartido en UAbierta, Universidad de Chile

2. Documental:

– Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Mayores.

– Guía de Trámites Ministerio de Trabajo, Salud e Interior para Personas Mayores (2016-2019), Presidencia de la Nación.

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(1) Cfr. Thumala, Daniela (2017), «Imágenes sociales del envejecimiento», Material del Curso «Como envejecemos, una mirada transdisciplinaria», impartido en UAbierta, Universidad de Chile.

(2) Cfr. Osorio, Paulina (2017), «Construcción social del envejecimiento y la vejez», Material del Curso «Como envejecemos, una mirada transdisciplinaria», impartido en UAbierta, Universidad de Chile.

(*) Doctora en Derecho UCA, Abogada, UCSF, Docente e Investigadora, UCSF.

(**) Abogada, UNL, Diplomada en Derechos Humanos (DESC), SDDHHN.

(***) Abogada, UNL, Maestrando en Desarrollo, FLACSO.

N. de la R.: El artículo se publica como conclusión del Conversatorio sobre DDHH a la Vejez y Políticas Públicas llevado a cabo el 20/11/2019 en el Colegio de Abogados de Santa Fe de la Primera Circunscripción organizado por la Comisión de DDHH de la Vejez dependiente del Instituto de DDHH del CASF.

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