¿Juez imparcial?: El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por quien alguna vez formó parte del Consejo de la Magistratura, destituye a un juez por acusación del mismo Consejo

recusacionPartes: F. P. A. s/ acusación

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 17-dic-2019

Cita: MJ-JU-M-122773-AR | MJJ122773 | MJJ122773

La Corte revoca la sentencia que destituyó al juez recurrente puesto que se vio afectada la garantía de juez imparcial, en ocasión de que quien presidió el Jurado de Enjuiciamiento había participado también -en calidad de presidente- del Consejo de la Magistratura que dispuso formular la acusación por mal desempeño.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y dejar sin efecto la sentencia apelada toda vez que la respuesta jurisdiccional adoptada por el superior tribunal local no satisface las exigencias contempladas en el art. 18 de la CN. así como en los instrumentos internacionales, pues no abordó mediante fundamentos razonados el serio y decisivo planteo atinente a si el Jurado que llevó adelante el enjuiciamiento estaba integrado por miembros que, en su totalidad, cumplieran con la exigencia constitucional de ser imparciales.

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2.-Cuando se deciden cuestiones relativas a la garantía de imparcialidad se encuentra en juego la profundización de uno de los pilares en que se asienta la forma republicana de gobierno, como es la confianza que los tribunales de justicia en una sociedad democrática deben inspirar en el pueblo y en el acusado. De ahí, pues, que ante este mandato imperativo en cabeza del órgano en cuyas manos la constitución provincial puso el control judicial sobre las formas estructurales del enjuiciamiento político, las expresiones del superior tribunal local acerca de que no se verificaba en el sub lite ninguna afectación a la garantía de imparcialidad no pasan de ser una respuesta formularia que -en tanto afirmación dogmática- deviene constitucionalmente insostenible.

3.-Es doctrina de la Corte que en materia de garantía de imparcialidad del tribunal juzgador no es suficiente alegar que cualquier intervención anterior genera de por sí una afectación a la garantía que se invoca como vulnerada; ni siquiera en las causas penales, pues como se subrayó en el precedente ‘Dieser’ (MJ-JU-M-8248-AR | MJJ8248 | MJJ8248) es relevante examinar en cada caso la calidad de la resolución o interlocutorio que dio lugar a la intervención anterior que se invoca como determinante del apartamiento pretendido.

3.-En materia de garantía de imparcialidad de los jueces, la mera circunstancia de que una persona haya intervenido previamente en el procedimiento no implica, automáticamente, un prejuzgamiento que exija apartarse en todos los casos del conocimiento ulterior del asunto. Eventualmente, será la naturaleza y amplitud de la intervención, o las expresiones utilizadas al dictar la resolución preliminar, las que podrían dar lugar a considerar que el tribunal ha comprometido irremediablemente su imparcialidad para juzgar el caso.

4.-En materia de garantía de imparcialidad es decisivo establecer si, desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse el juez, con prescindencia de qué es lo que pensaba en su fuero interno.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2019

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la defensa de P. A. F. en la causa F., P. A. s/ acusación», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, al rechazar el recurso de casación e inconstitucionalidad local, dejó firme la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Corrientes que, el 18 de febrero de 2010, había destituido al doctor P. A. F. del cargo de Juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes. Dicho Jurado había considerado encuadrada la conducta del magistrado en la causal de mal desempeño de sus funciones, con sustento en los arts. 197 de la constitución provincial, 15 de la ley 5848 y 43 del Reglamento Interno del Jurado de Enjuiciamiento. Además, había decidido inhabilitar al doctor F. por el término de cinco años para el ejercicio de la función pública, sobre la base de lo previsto en el art. 36 de la ley citada (fs. 366/398).

2°) Que contra dicho pronunciamiento el afectado interpuso recurso extraordinario federal, cuya desestimación dio lugar a la presentación directa que fue declarada procedente por esta Corte (causa CSJ 361/2011 (47-F)/CS1 «F., P. A. s/ acusación-causa n° 14/09», sentencia del 20 de noviembre de 2012).

En ese pronunciamiento el Tribunal afirmó que el fallo apelado no resultaba constitucionalmente sostenible, remitiendo tanto a los fundamentos y a la conclusión del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, como a lo decidido en los precedentes de Fallos:320:2326 y 325:1227 La sentencia hizo pie, pues, en que no obstante que los agravios del magistrado en sede provincial planteaban cuestiones prima facie de naturaleza federal -como las configuradas por la alegada violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y del juez imparcial- el recurso local fue denegado por una cuestión formal atinente al nomen juris apropiado de la vía intentada, incurriendo así el superior tribunal en un exceso ritual que constituía una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, incompatible con el adecuado servicio de justicia.

Sobre la base de estos graves defectos que afectaban de modo directo las garantías constitucionales del magistrado destituido, la Corte privó de validez al fallo recurrido y mandó dictar un nuevo pronunciamiento, a fin de que el superior tribunal local dé una respuesta fundada a las cuestiones de naturaleza federal planteadas por el recurrente.

3°) Que, ante el reenvío ordenado, el superior tribunal provincial rechazó nuevamente el recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por el ex magistrado.

Para desestimar el agravio atinente a la afectación constitucional que habría tenido lugar por desconocimiento de la garantía del juez imparcial [fundada en que el doctor Semhan presidió el Jurado de Enjuiciamiento que removió al recurrente a pesar de que había participado -también en calidad de presidente- del Consejo de la Magistratura que había dispuesto formular la acusación por mal desempeño que fue admitida y dio lugar a la destitución] el tribunal a quo se limitó a sostener que el magistrado destituido no había brindado fundamentos sólidos para evidenciar la violación señalada; sobre todo, cuando durante la tramitación del proceso había ejercido activamente su derecho de defensa; a la par que en la versión taquigráfica del enjuiciamiento no se observaba ningún prejuicio u opinión en contra de F.por parte del doctor Semhan.

En ese sentido, indicó que en ningún momento del proceso, ni siquiera durante el desarrollo del debate, la defensa se había opuesto a la participación de quien se había desempeñado como presidente del Jurado, pues la cuestión había sido introducida por esa parte recién al interponer el recurso de casación. Con particular referencia a ello, expresó que F. se había agraviado únicamente de los votos emitidos por dos de los jurados, sin mencionar al doctor Semhan, pues este no había votado ni exteriorizado opinión respecto del caso, sin que pudiera afirmarse que había formado parte en la toma de la decisión, en tanto se había abstenido de votar.

De otro lado, el superior tribunal aseveró que durante el procedimiento se habían observado todas las formas sustanciales del proceso atinentes a la acusación, defensa, prueba y sentencia (fs. 548/556).

4°) Que dicho pronunciamiento dio lugar a un nuevo recurso extraordinario federal del afectado [fs. 611/630], en el que sostiene que el tribunal a quo rechazó de manera igualmente arbitraria su planteo de raigambre constitucional, de que en el proceso en que se investigó y enjuició su conducta se ha incurrido en una flagrante violación de la garantía a ser juzgado por jueces imparciales.

Afirma que el agravio referido a la afectación de la garantía de imparcialidad puede ser planteado en cualquier oportunidad del proceso, incluso in extremis. En ese sentido, indica que en su recurso de casación había señalado que el vicio aludido no era controlable exclusivamente a solicitud de parte, sino también a petición de la acusación e, incluso, de oficio.

Funda su posición en el precedente «Frois» (Fallos:342:744) de esta Corte, en el que se expresó que la inobservancia de la oportuna introducción de la cuestión federal no puede impedir el ejercicio de jurisdicción del Tribunal cuando existe gravedad institucional; circunstancia que, según entiende, se verifica en el sub lite, pues existe la posibilidad de que -a raíz de la actuación cumplida por un tribunal local- se origine la responsabilidad del Estado Argentino por el incumplimiento del orden jurídico internacional.

Además, advierte que la corte local pretendió demostrar que el doctor Semhan había obrado con imparcialidad durante su labor en el Jurado de Enjuiciamiento, pero omitió considerar la decisiva circunstancia de que -antes de esa labor juzgadora- aquel había sentado inequívocamente su posición respecto del proceso de remoción en curso al formular la acusación en su contra, en su condición de presidente del Consejo de la Magistratura. En relación con ello, especifica que el doctor Semhan actuó como presidente del Consejo y en ese carácter intervino en el acuerdo en que dicho órgano decidió á formular la acusación en su contra. No obstante esa intervención, el doctor Semhan dirigió con posterioridad el plenario del Jurado de Enjuiciamiento y participó en la deliberación del órgano que decidió su destitución e inhabilitación.

Al respecto, señala que la garantía de imparcialidad funciona de manera objetiva y, en consecuencia, opera también cuando el miembro del Jurado no vota por la condena, ya sea en el supuesto en el que este se abstenga de hacerlo o cuando, incluso, participe de una decisión absolutoria.

En relación con ello, asevera que es evidente que el doctor Semhan pudo influir sobre los demás jurados, sobre todo si se tiene en cuenta que es abogado -cuando no todos los jurados ejercen esa profesión-, que se desempeña como juez del máximo tribunal provincial y que no puede haber ninguna clase de control sobre la deliberación del jurado, en la medida en que el art. 33 de la ley 5848 -junto con el art.41 del Reglamento Interno del Jurado de Enjuiciamiento- prevé la posibilidad de que dicho cuerpo delibere en sesión secreta.

50) Que, a su turno, el superior tribunal provincial declaró inoficioso el recurso extraordinario federal deducido por la defensa, sosteniendo, en cuanto aquí interesa, que el recurrente no había cumplido con los requisitos establecidos en el art. 30, incs. by d, del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, en tanto se había limitado a reeditar los agravios expuestos en su recurso local, a la par que había omitido relacionar las circunstancias relevantes del caso atinentes a las cuestiones invocadas como de índole federal, no resultando suficiente la simple enunciación de los distintos actos procesales cumplidos, sin relacionarlos y sin demostrar el perjuicio producido (fs. 643/644).

Frente a esa decisión, el magistrado destituido interpuso esta presentación directa (fs. 39/43).

6°) Que, en primer lugar, cabe precisar que el alcance de la revisión en la instancia del art. 14 de la ley 48 en asuntos de esta naturaleza, se encuentra delineado a partir del estándar fijado en el conocido precedente «Graffigna Latino» (Fallos: 308:961), según el cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, constituyen un ámbito en el que solo es posible la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado la violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Mas por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud.De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa «Nicosia» (Fallos: 316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia; lo reiteró con posterioridad a la reforma de frente al nuevo texto del art. 115 de la Ley Suprema en el caso «Brusa» (Fallos: 326:4816) con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes [causas «Paredes, Eduardo y Pessoa, Nelson» (Fallos: 329:3027); «Acuña, Ramón Porfirio» (Fallos: 328:3148); «De la Cruz, Eduardo Matías (Procurador General de la Suprema Corte de Justicia)» (Fallos: 331:810); «Rodríguez, Ademar Jorge» (Fallos: 331:2156); «Rojas, Ricardo Fabián» (Fallos: 331:2195); «Trova, Facundo Martín» (Fallos: 332:2504); «Parrilli, Rosa Elsa» (Fallos: 335:1779); causas CSJ 936/2009 (45-A)/CS1 «Agente Fiscal s/ solicita instrucción de sumario» y CSJ 1070/2012 (48-B)/CS1 «Bordón, Miguel Ángel s/ causa n° 69115/10», sentencias del 1° de junio de 2010 y 27 de agosto de 2013, respectivamente, y sus citas; «Fiscal de Estado Guillermo H. De Sanctis y otro» (Fallos: 339:1048); «Procurador General Corte Suprema de Justicia Dr. Jorge Alberto Barraguirre» (Fallos: 339:1463 y sus citas); y «Saladino, Antonio Cayetano» (Fallos: 340:1927)]; quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art.15 de la ley 48).

7°) Que, en este asunto, mediante el recurso extraordinario federal, el ex magistrado ha invocado -entre otros motivos- la afectación de la garantía que le asiste de ser juzgado por un tribunal imparcial, condición que, según su juicio, no ostenta el Jurado de Enjuiciamiento correntino en la medida en que el doctor Semhan, quien integró dicho cuerpo como presidente durante todo el trámite del juicio, había sentado ya su posición en términos inequívocos respecto del proceso de remoción al actuar también como presidente del Consejo de la Magistratura, que formuló la acusación.

8°) Que en autos existe cuestión federal suficiente en cuanto la defensa pone en discusión el alcance de la garantía de juez imparcial reconocida dentro de los derechos implícitos del art. 33 de la Constitución Nacional y arraigada en las garantías de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el art. 18 de dicha Ley Suprema, además de consagrada expresamente en los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional [causas «Llerena» (Fallos: 328:1491) y «Dieser» (Fallos: 329:3034)), y se extienden a las cuestiones sobre enjuiciamiento de magistrados (Fallos: 337:1081).

9°) Que con particular referencia a los defectos del recurso destacados por el tribunal a quo, más allá de que, con arreglo a un criterio arraigado en la trascendencia de los derechos comprometidos y de los intereses en juego, en esta clase de enjuiciamientos las exigencias en materia de fundamentación se atenúan y los demás defectos formales señalados son susceptibles de ser sorteados (conf.CSJ 1593/2008 (44-C)/CS1 «Castría, José Néstor -Agente Fiscal de San José de Feliciano- s/ denuncia promovida por el Superior Tribunal de Justicia» y CSJ 1070/2012 (48-B)/CS1 «Bordón, Miguel Angel s/ causa 69.115/10», sentencias del 27 de mayo de 2009 y 27 de agosto de 2013, respectivamente; y Fallos: 339:1048 y sus citas), concurren dos razones de peso para rechazar la inadmisibilidad decidida por el superior tribunal.

En efecto, por un lado, porque es regla clásica que la eventual inobservancia sobre el recaudo atinente a la oportuna introducción de la cuestión federal queda subsanado si, como sucede en el caso, en la sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa aquella ha sido examinada y resuelta (Fallos: 255:76; 258:322; 265:30; 298:175; 312:1484 y 325:3255 ). Así, el tribunal a quo -al rechazar el recurso de casación- se pronunció en sentido contrario a las pretensiones del recurrente, ingresando a la sustancia de la cuestión que, como federal, se había promovido.

Y, por el otro, porque con particular referencia a las presentes actuaciones esta Corte ya decidió, en su primera intervención, que los agravios promovidos en el recurso local exhibían cuestiones prima facie de naturaleza federal, que no escapaban a la revisión judicial y hacían indeclinable la intervención del superior tribunal provincial. De ahí, pues, que toda negativa a conocer del asunto por parte del tribunal a quo hubiese sido objetable, al constituir un apartamiento ostensible de lo decidido por esta Corte en este mismo asunto que, en todo caso, habría justificado la apertura de esta instancia extraordinaria en los términos del art. 14, inc. 3 0, de la ley 48, a fin de dejar sin efecto esa decisión a la luz de la conocida doctrina de Fallos:188:9; 308:1104 y 335:2600, entre otros.

10) Que en lo que concierne al alcance de la garantía de imparcialidad del órgano juzgador, resulta útil recordar las consideraciones y conclusión expresadas por esta Corte en el precedente de Fallos: 339:1463 con particular referencia a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, en el cual se examinaron cuestionamientos substancialmente análogos a los que se concretan en el sub examine.

En ese pronunciamiento, se dejó en claro que esta Corte nunca ha reconocido a la garantía de imparcialidad del tribunal juzgador el alcance propuesto por el recurrente, en el sentido de que cualquier-intervención anterior genere de por sí una afectación a la garantía que se invoca como vulnerada; ni siquiera en las causas penales, pues «.como se subrayó en el precedente ‘Dieser’ [Fallos: 329:3034] (.) es relevante examinar en cada caso la calidad de la resolución o interlocutorio que dio lugar a la intervención anterior que se invoca como determinante del apartamiento pretendido» (considerando 13).

En palabras de inmediata aplicación a este caso, se subrayó que la mera circunstancia de que una persona haya intervenido previamente en el procedimiento no implica, automáticamente, un prejuzgamiento que exija apartarse en todos los casos del conocimiento ulterior del asunto. Eventualmente, se agregó, será la naturaleza y amplitud de la intervención, o las expresiones utilizadas al dictar la resolución preliminar, las que podrían dar lugar a considerar que el tribunal ha comprometido irremediablemente su imparcialidad para juzgar el caso.

Y en este trance, también es de aplicación en situaciones como la considerada en el sub lite el estándar delineado por el Tribunal en materia de garantía de imparcialidad, según el cual, es decisivo establecer si, desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse el juez, con prescindencia de qué es lo que pensaba en su fuero interno (Fallos:328:1491; 329:3034; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros [«Corte Primera de lo Contencioso Administrativo»] VS. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 5 de agosto de 2008. Serie C N° 182, párr. 56; y Caso del Tribunal Constitucional [Camba Campos y otros] vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de agosto de 2011. Serie C N° 268, párr. 220).

11) Que una apropiada consideración de los hechos que estructuran y dan identidad a este caso, revelan que la respuesta jurisdiccional adoptada por el superior tribunal local no satisface las exigencias contempladas en el art. 18 de la Constitución Nacional así como en los instrumentos internacionales citados, pues no abordó mediante fundamentos razonados el serio y decisivo planteo atinente a si el Jurado que llevó adelante el enjuiciamiento estaba integrado por miembros que, en su totalidad, cumplieran con la exigencia constitucional de ser imparciales.

12) Que, en efecto, el superior tribunal debió considerar circunstanciadamente si, como sostiene el recurrente, al juzgarse la responsabilidad política del doctor F. y decidir su destitución, la intervención tomada en este asunto por un Jurado integrado y presidido por el doctor Semhan, quien -a su vez- formó parte -y también presidió- con anterioridad el Consejo de la Magistratura que promovió la acusación contra aquel, configuraba objetivamente una patente infracción a la garantía del tribunal imparcial.

Ello es así, pues la seriedad de este planteo constitucional encuentra sustento en que para dar lugar a la acusación contra el ex magistrado, el doctor Semhan conoció íntegramente del caso, dado que todos los miembros del Consejo de la Magistratura que presidía «tomaron en consideración los expedientes» en los que aquella se sustentó (fs.77); a la par que, con posterioridad -como presidente del órgano de juzgamiento- volvió a participar en el proceso como jurado para dirigir el debate, interrogar testigos, disponer la deliberación en sesión secreta de dicho cuerpo y participar en ella.

Por lo demás, no atenúa la relevancia de dicha actuación en orden al genuino contenido de esta garantía superior, que el doctor Semhan no hubiera votado en ninguna de las decisiones tomadas por el consejo -de disponer la acusacióny por el jurado -de destituir e inhabilitar-. Ello es así, pues lo decisivo fue que no se abstuvo de participar en las deliberaciones de ambos órganos a pesar de que su presencia no era necesaria en ninguna de las dos oportunidades, en la medida en que con arreglo a las disposiciones locales en vigencia, en ninguno de los dos cuerpos se exigía el quorum de todos sus integrantes para deliberar; y, sobremanera, porque según el resultado de ambas votaciones, las mayor ías respectivas se obtuvieron [de tres votos en la acusación y de cuatro en la remoción] sin la participación del doctor Semhan, circunstancia demostrativa de que por su intervención anterior en la acusación y su especial condición de miembro del Superior Tribunal de Justicia, debió abstenerse de participar en la deliberación que dio lugar al fallo del jurado (arts. 195, inc. 6°, y 200 de la Constitución de la Provincia de Corrientes; arts.2° y 18 de la ley 5848).

13) Que desde estos antecedentes que singularizan el caso y constituyen sus premisas elementales, no requiere ahondar en desarrollos el grave compromiso hacia la garantía de imparcialidad que objetivamente exhibe, en el caso, una situación configurada por quien -en su condición de juez del superior tribunal provincial- preside el Jurado de Enjuiciamiento para llevar a cabo su misión, respecto de un procedimiento y de una decisión sobre la responsabilidad política de un magistrado, en base a la acusación formulada con anterioridad por el Consejo de la Magistratura, que esa misma persona integró -en su condición de presidente del superior tribunal de justicia local- con plenitud de sus atribuciones y participando en la deliberación que precedió a la decisión de dicho órgano.

En el contexto descripto, el planteo constitucional promovido por el juez destituido remitía directamente a definir si las circunstancias del caso justificaban objetivamente, o no, un estado de duda razonable sobre la imparcialidad de quien, por ser miembro del superior tribunal, se desempeñó como presidente del jurado. Ello, desde la exacta comprensión de que cuando se deciden cuestiones de esta especie se encuentra en juego la profundización de uno de los pilares en que se asienta la forma republicana de gobierno, como es la confianza que los tribunales de justicia en una sociedad democrática deben inspirar en el pueblo y en el acusado. De ahí, pues, que ante este mandato imperativo en cabeza del órgano en cuyas manos la constitución provincial puso el control judicial sobre las formas estructurales del enjuiciamiento político, las expresiones del superior tribunal local acerca de que no se verificaba en el sub lite ninguna afectación a la garantía de imparcialidad no pasan de ser una respuesta formularia que -en tanto afirmación dogmática- deviene constitucionalmente insostenible (Fallos: 236:27; 267:283; 303:1295; 329:2532 y 339:1066).

Que en las condiciones expresadas, la garantía constitucional que se invoca como vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto (art.15 de la ley 48), por lo que corresponde privar de validez al fallo recurrido para que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dicte un pronunciamiento constitucionalmente válido en los términos que aquí se indica.

Que, finalmente, cabe destacar que el presente caso difiere sustancialmente del publicado en Fallos: 341:512 («Ramírez»), tal como lo ponen de manifiesto las circunstancias descriptas en el considerando 12. En efecto, en el sub examine el doctor Semhan presidió y participó de la deliberación del Consejo de la Magistratura que decidió formular la acusación del actor, a la par que -con posterioridad- también dirigió y participó del debate del Jurado que dispuso la destitución e inhabilitación del magistrado; mientras que en el antecedente mencionado la. actuación de Semhan desplegada con anterioridad al enjuiciamiento se limitó, únicamente, a disponer -en su condición dé juez de la corte local- la instrucción del sumario administrativo de quien luego fue enjuiciado y a remitir las copias para que se iniciara el procedimiento de remoción (ver Fallos: 341:512, considerando 10).

Las diferencias fácticas señaladas explican y determinan la suerte opuesta de cada uno de los recursos; pues esta Corte ha señalado, en reiteradas ocasiones, que «la mera circunstancia de que una persona haya intervenido previamente en el procedimiento no implica, automáticamente, un prejuzgamiento que exija apartarse en todos los casos del conocimiento ulterior del asunto. Eventualmente, se agregó, será la naturaleza y amplitud de la intervención, o las expresiones utilizadas al dictar la resolución preliminar, las que podrían dar lugar a considerar que el tribunal ha comprometido irremediablemente su imparcialidad para juzgar el caso (Fallos: 342:744 «Frois», considerando 90 y sus citas; en igual sentido Fallos: 341:512, considerando 12).

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto con el alcance indicado y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.Agréguese la queja al principal.

Notifíquese y devuélvase.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ (por su voto) – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – HORACIO ROSATTI – JUAN CARLOS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI (por su voto)

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Considerando:

Que los infrascriptos concuerdan con los considerandos 10 a 50 del voto que encabeza este pronunciamiento, que dan íntegramente por reproducidos por razones de brevedad.

6°) Que cabe precisar, en primer lugar, que el alcance de la revisión en la instancia del art. 14 de la ley 48 en asuntos de esta naturaleza, se encuentra delineado a partir del estándar fijado en el conocido precedente «Graffigna Latino» (Fallos: 308:961), según el cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, configura una cuestión justiciable en la que compete intervenir a este Tribunal por la vía del recurso extraordinario solo cuando se acredite la violación del debido proceso legal.

En efecto, por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa «Nicosia» (Fallos: 316:2940) -y lo ha mantenido con posterioridad a la reforma de 1994 en la causa «Brusa» (Fallos:326:4816) y aplicado de modo invariable hasta en sus decisiones más recientes-, quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio [art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la ley 48; causa «Saladino» (Fallos: 340:1927), voto de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz; causa «Samamé» (Fallos: 341:54), voto de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz].

Que los infrascriptos concuerdan, asimismo, con los considerandos 7° a 15 del voto que encabeza este pronunciamiento, que dan íntegramente por reproducidos por razones de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto con el alcance indicado y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento. Agréguese la queja al principal.

Notifíquese y devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

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