Un nuevo hito jurisprudencial para los electrodependientes

Autor: Suárez, Enrique L.

Fecha: 20-dic-2019

Cita: MJ-DOC-15156-AR | MJD15156

Sumario:

I. Contexto Fáctico de la cuestión. II. Contexto Normativo. II.1. Regulación Previa a la Ley 27.351. II.2. Breve descripción del plexo normativo actual de los Electrodependientes. II.2.1 LEY 27.351. II.2.2. Decreto 740/2017. II.2.3. La Resolución 1538-E/2017 (Ministerio de Salud) II.2.4. Resolución 544/2017-ENRE. II.2.5. Resolución 112/2018-ENRE. III. Los Principales Abordajes del Pronunciamiento. III.1. El rol y significado de la ley 27.351 III.2. El contrato de suministro como relación de consumo. III.3. El usuario electrodependiente como usuario hipervulnerable.III.4. Aplicación del artículo 7° del CCCN en el caso.III.5. El aporte crucial del pronunciamiento. III.6. El rol del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en la materia. IV. Idea Final.

Doctrina:

Por Enrique Luis Suárez (*)

Tenemos el placer y el honor de poder compartir con los lectores, las principales reflexiones que arroja el fallo anotado (1), el cual consolida un gran avance en la tutela de las personas electrodependientes por razones de salud, tal como analizaremos infra, a través de diversos aspectos derivados de los planteos que se originan a partir de la petición formulada en la litis, y su tratamiento y resolución posterior.

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Consideramos, por ende, de gran importancia, tanto la entidad de las cuestiones que han sido objeto de estudio en el pronunciamiento sub examine, como la decisión adoptada por los Magistrados intervinientes al respecto.

Hemos considerado al pronunciamiento jurisprudencial de marras como un hito, ya que, según el Diccionario de la Lengua Española, entre las numerosas acepciones del vocablo «hito», encontramos 4 (cuatro) de ellas que, sin tener en apariencia una relación común, expresan lo que significará en el futuro esta decisión judicial. (2)

Así, la segunda acepción del vocablo, nos habla de «algo firme o estable»; la tercera identifica a una persona mediante la adjetivación de la misma como «importuna o pesada en insistir o pedir»; la quinta acepción identifica como hito a un «mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar la dirección o la distancia en los caminos o para delimitar terrenos» y, por último, el sexto significado alude a la «persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto».

En este sentido, los significados aportados nos muestran, como se verá, que la jurisprudencia aludida es el fruto de la insistencia de todo el colectivo de los electrodependientes en hacer escuchar su voz y que se reconozcan sus derechos, siendo especialmente significativo en el caso el reclamo formulado por el actor en sede judicial.Cuando se insiste ante la necesidad lógica y vital de que sea reconocido un derecho, muchas veces seremos incómodos, inoportunos pero constantes en nuestra petición ante las autoridades por las vías respectivas.

Pero además, el logro aquí obtenido marca, junto con otros fallos en donde se viene haciendo efectiva la protección consagrada en el marco normativo tutelar de los electrodependientes, un mojón en la dirección correcta, a nuestro juicio, desde una visión de derechos, constituyéndose así en un elemento clave que será invocado a futuro en casos que requieran una similar asistencia, además de dejar en claro cuáles son las obligaciones en la materia por parte de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica y los Entes Reguladores competentes, acorde con la jurisdicción.

Pero, finalmente, para que pueda predicarse del fallo en cuestión todo lo dicho, el mismo constituirse en una verdadera tendencia jurisprudencial, que se afirme sobre determinados principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (3)

I. CONTEXTO FÁCTICO DE LA CUESTIÓN.

La acción que nos ocupa es incoada por el actor, en su carácter de usuario del servicio público domiciliario de provisión de energía eléctrica, contra la empresa concesionaria del suministro en cuestión (EDESUR S.A.) a fin de que se disponga en forma inmediata que el inmueble donde reside junto con su grupo familiar (edificio afectado al régimen de propiedad horizontal) se incorpore de modo inmediato como «edificio protegido, no susceptible de cortes del suministro de energía eléctrica».

En ese mismo orden de ideas, en el supuesto de que se produzca una interrupción del suministro energético, el actor peticiona, además, que la concesionaria EDESUR S.A. deba facilitar la provisión de un grupo electrógeno para el edificio e informar un número de teléfono de contacto.

Motiva la petición detallada, el cuadro discapacitante que presenta su hijo atento la enfermedad (cuadriparesia espástica (4)) que padece.Ello hace necesario que, para su desplazamiento, deba utilizar una silla de ruedas a propulsión mecánica mediante carga por batería eléctrica, mientras que para pernoctar o descansar, necesita la utilización de una cama con elevador eléctrico.

Cabe señalar por su importancia que, asimismo, precisa gozar de un ambiente climatizado a fin de evitar la formación de hematomas que deriven en escaras, dado el tiempo que transcurre mientras permanece acostado o sentado en la silla de ruedas.

Ello evidencia un compromiso de discapacidad motora del 99%, siendo por tanto un paciente electrodependiente, conforme lo indicado por la Sección de Neuroortopedia del FLENI, institución tratante del citado paciente.

En ese sentido, es fundamental aclarar dentro del esquema de los hechos del caso, que se accede y se egresa de la unidad funcional en cuestión, a través del ascensor del edificio de marras. La utilización de dicho ascensor, resulta imprescindible para el hijo del actor, a fin de poder concurrir a sus terapias de rehabilitación y volver a su domicilio, pues de otro modo se vería afectado el resultado del tratamiento y la salud del actor, independientemente de la condición de espacio común del consorcio que reviste aquel.

El litis consorcio pasivo demandado se completa con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en función de sus eventuales incumplimientos en la labor de fiscalización y contralor que le compete, atento la actitud asumida por el actor frente a las peticiones efectuadas y cuya falta de atención y satisfacción motivaron que acudiera a la instancia judicial a fin de obtener una cabal satisfacción de los derechos correspondientes a su hijo, en su condición de persona electrodependiente, tal como se ha detallado supra.

Cabe advertir que ambos codemandados solicitan el rechazo de la pretensión, argumentando la Distribuidora que el actor carece de legitimación activa para solicitar el equipo de grupo electrógeno respecto de una parte común del edificio, señalando que ello es atribución exclusiva del Consorcio de Copropietarios.Por su parte, el ENRE niega los hechos argüidos, ya que considera que el cumplimiento de lo solicitado en su oportunidad por el actor se vincula con aspectos fácticos que exceden las posibilidades regulatorias y las funciones propias del Ente Regulador.

Sustanciada la instancia, el a quo hace lugar a la demanda, en los términos de la ley 27.351 , de tal modo que dispone respecto de EDESUR S.A. la obligación de:

a) proveer al actor de un grupo electrógeno que permita brinda la energía eléctrica suficiente para cumplimentar las necesidades del hijo del actor:

b) avisar con anticipación la ejecución de un corte programado, cuando ello fuere necesario, y

c) denunciar la línea telefónica correspondiente para atender en forma personalizada cualquier duda o consulta por parte de usuarios electrodependientes, tal como lo prevé la ley 27.351.

A su vez, el magistrado condena al ENRE a realizar las gestione necesarias a fin de velar por el cumplimiento de lo reclamado en autos (a lo que se ha hecho lugar), en especial la provisión del objeto reclamado en estos obrados.

Interpuestos sendos recursos de apelación por los codemandados, lo que no fueron replicados por la contraria, la causa queda en condiciones de ser tratada en la instancia superior.

II.CONTEXTO NORMATIVO.

Es importante comprender, tanto como el sustento fáctico de la cuestión, la evolución normativa y el camino hacia la conformación de un verdadero marco regulatorio establecido en protección de los derechos esenciales que le asisten a las personas electrodependientes.

Dicho contexto, precisamente, evolucionó durante la tramitación del pleito, dictándose durante el desarrollo del mismo, y en forma previa a la sentencia de primera instancia, la ley marco del sistema tuitivo de los electrodependientes, esto es la ley 27.351.

Debido a ello, y para un mejor análisis del conflicto planteado, amén de poder apreciar en toda su magnitud el alcance del decisorio del Superior y sus implicancias a futuro, es necesario una breve revista a la regulación existente y su sentido, antes y después de la ley 27.351.

II.1. REGULACIÓN PREVIA A LA LEY 27.351.

En este estado de la cuestión, la normativa apuntaba esencialmente a cubrir dos aspectos: paliar la carga económica que implicaba el nivel de consumo de energía derivado de la condición de electrodependiente, y que acciones debían tomarse ante el corte (programado o no) del suministro del fluido eléctrico. (5)

A. En lo concerniente a la primera cuestión, se consideró la condición de electrodependiente a los efectos de implementar respecto de dicho colectivo una Tarifa Social.

Podemos determinar someramente aquí el concepto de «electrodependiente», entendiéndolo como una circunstancia o condición de la persona, vinculada con su salud, a raíz de la cual la misma se constituye en un usuario del servicio de suministro eléctrico que requiere un equipamiento y/o infraestructura especial.Entre otras causas probables, ello puede deberse principalmente a una enfermedad diagnosticada por un médico, o a un cuadro discapacitante debidamente acreditado, de lo que se desprende la consecuente necesidad de tener que contar con un servicio eléctrico estable y continuo para satisfacer las necesidades derivadas de la condición o de los tratamientos de salud que necesita el electrodependiente en su hogar.

Dichas circunstancias evidencian que lo señalado ocasiona un consumo de energía «permanente», y ese algo grado de consumo se ve reflejado luego en las facturas del servicio, circunstancia ésta que pone a muchísimas familias ante la imposibilidad de abonarlas, con el riesgo inminente de la suspensión, primero y del corte del servicio, después, estando en juego muchas veces la vida del paciente involucrado.

Ello motivó el planteo de incluir, en el orden jurídico nacional, a los electrodependientes dentro del régimen de «Tarifa Social» o de otorgarles la gratuidad del servicio, para quienes cumplimentasen las circunstancias exigidas reglamentariamente para acreditar la necesidad esgrimida de conta r en forma permanente con el servicio de suministro eléctrico.

Con anterioridad a la ley 27.351, primó el criterio de incluir al colectivo bajo trato dentro de un régimen de «Tarifa Social», lo que motivó (6) -entre otras medidas- el dictado de la resolución 6/2016-MEyM (7), en cuyo artículo 7° se determinó el precio denominado de Tarifa Social, para ser transferido a precio mínimo a quienes integrasen el universo de usuarios finales según los criterios de calificación y asignación que fueren oportunamente determinados, y la resolución 7/2016-MEyM , la que, al instituir un Régimen Tarifario de Transición (a cuenta de lo que en definitiva resultase de la Revisión Tarifaria Integral de los contratos de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica), instruye al ENRE a aplicar una Tarifa Social al universo de usuarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A.que en encuadren en el régimen creado, conforme a los criterios establecidos en el Anexo I de dicha resolución.

Dicho Anexo I (Criterios de Elegibilidad para ser Beneficiario de la «Tarifa Social»)(8) contempla -entre los criterios de inclusión en el beneficio-, la circunstancia de que el Titular del Servicio o uno de sus convivientes tenga una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia.

En consecuencia, son emitidas las resoluciones ENRE 63/2017 y 64/2017 , referidas a EDENOR S.A. y EDESUR S.A., las que aprueban los valores del Cuadro Tarifario de dichas concesionarias, aplicables al universo de usuarios electro dependientes alcanzado por los criterios definidos en el ANEXO I de la resolución MEyM 7/16, modificada por su similar 219/16-MEyM, conforme a los parámetros dispuestos en los artículos 11, 12 y 13 (a partir del 1° de febrero de 2017) y 21, 22 y 23 (a partir del 1° de marzo del mismo año) de ambas resoluciones.

Además, ambas distribuidoras habilitaron en ese momento Registros de Electrodependientes, para lo cual, además de llenar el formulario de registro, se debía acompañar un documento médico que avalase el pedido y una nota explicando la problemática. El plazo de inscripción era por un (1) año, luego de lo cual había que reinscribirse.

B.En lo que atañe a la segunda cuestión, debe tenerse en cuenta que el servicio domiciliario que nos ocupa es un servicio público que satisface necesidades esenciales e imprescindibles de la población, por lo que su prestación reviste los caracteres de continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad, obligatoriedad y calidad y eficiencia.

La distribución de electricidad se encuentra caracterizada como servicio público (9) por el artículo 1º de la ley 24.065, estableciendo el legislador como pautas de la política pública en la materia, en particular, la adecuada protección de los derechos de los usuarios (10) y la promoción de la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de la distribución de electricidad (art. 2º ).

Como puntualiza dicho artículo 2º, in fine, el Ente Regulador del Sector (11), deberá sujetar su accionar a los principios y disposiciones de dicha norma, y deberá controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los mismos.

A fin de proveer adecuadamente el servicio a todos los usuarios (12), el marco regulatorio específicamente contempla como obligación para las empresas distribuidoras (13) el deber de satisfacer toda demanda de servicios de electricidad que les sea requerida en los términos de su contrato de concesión (art. 21 y su reglamentación respectiva) (14); y efectuar el mantenimiento de sus instalaciones en forma de asegurar un servicio adecuado a los usuarios (art.27), entre otras.(15).

En relación con la continuidad y no interrupción del servicio, circunstancia fundamental para el tema en estudio, debemos analizar la temática desde las obligaciones de las Distribuidoras (16) de cumplir con dicha obligación y también el deber estatal del Ente Regulador de fiscalizar y sancionar los desvíos respecto del nivel de calidad vinculado con la permanente prestación del servicio en cuestión.

Desde el primer punto de vista, tenemos que, como consecuencia de lo establecido a lo largo de las disposiciones que integran el Marco Regulatorio, las empresas no pueden negarle el servicio a un nuevo usuario que lo requiera y deben brindarlo con el nivel de calidad establecido por dicho Marco, a cuyo fin deberán hacer las inversiones y el mantenimiento necesario a fin de cumplir con las obligaciones asumidas en ese plano.

Así, puntualmente, el artículo 25, inciso f) de cada contrato de concesión prevé la obligación de las prestatarias de «efectuar las inversiones, y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio» definidos en el «Subanexo 4» de dicho contrato.

Atendiendo al segundo punto de vista, relacionado con los deberes a cargo del Ente Regulador, es dable destacar, conforme a la reglamentación del inciso b) del artículo 56 de la ley 24.065, que el ENRE deberá concentrar su función de contralor del concesionario de distribución de energía eléctrica sobre la calidad de servicio prestado.

En caso de constatar incumplimientos vinculados a los niveles de calidad establecidos por la regulación específica en el marco regulatorio, deberá ejercer en debida forma sus facultades sancionatorias pertinentes.Se aplicará de esta manera el Régimen de Penalidades previsto, en función del perjuicio económico que le ocasione al usuario la prestación del servicio en condiciones no satisfactorias.

De esta forma, tanto las Concesionarias de Servicio como el Ente Regulador deben velar por el suministro permanente de energía a todos los usuarios, sin interrupciones en la medida de lo posible, a fin de poder brindarle a los mismos un nivel de calidad de vida digno. Ambas partes tienen obligaciones que deben asumir y cumplir cabalmente, a fin de no desvirtuar el sentido del contrato de prestación del servicio público de marras, y evitar ocasionarle al usuario en general daños de cualquier índole, en especial en lo referido a colectivos especialmente afectados, como lo son los electrodependientes.

El ejercicio de las facultades de contralor y sanción por parte del ENRE no obstan en modo alguno al ejercicio de la tutela en sede judicial por parte del usuario damnificado por el corte de suministro, a fin de reclamar el resarcimiento por todos los daños que le ha ocasionado el mismo, a fin de obtener una reparación plena.(17)

C. Continuando con el análisis de las implicancias de la continuidad del servicio, entre las causas que dan origen a la interrupción de mismo, y los cursos de acción a seguir y la regulación existente al respecto, puede distinguirse entre las emergencias (aquellas situaciones imprevistas que provocan interrupciones importantes del servicio) y los incumplimientos imputables a las empresas prestadoras, que encuentran su origen en omisiones o acciones insuficientes a los fines de garantizar la no interrupción y la prestación del servicio público en juego con la calidad exigida por la reglamentación.

Siempre con el ánimo de analizar la normativa existente antes de la sanción de la ley 27.351, debe mencionarse la resolución ENRE 905/1999 (B.O. 28/07/99), por la cual se aprobaron los Contenidos Básicos para la Elaboración de los Planes de Emergencias de las empresas EDENOR S.A., EDESUR S.A.y EDELAP S.A.(18)

Ello implica la adecuación de los Planes de Emergencias existentes en cada empresa y la obligación de confeccionar un Manual General y los Procedimientos correspondientes, debiendo ser presentados dichos documentos ante el ENRE, con constancias de su validación y auditoría por una autoridad técnica aprobada por el Ente Regulador, en materia de control de calidad.

En el Anexo a la resolución 905/99-ENRE (19) se estipula que el objeto del Plan de Emergencias es «prever la reacción oportuna y adecuada de la empresa ante incidentes imprevistos que provoquen interrupciones importantes del servicio. La importancia de la interrupción puede estar caracterizada por abarcar grandes áreas y/o cantidad de usuarios o por requerir tiempos elevados de restablecimiento del servicio».

Dicho Plan debe reducir al mínimo los efectos adversos producto de la emergencia y conducir a un «sistema efectivo y eficiente de restablecimiento y preservación del servicio, a la protección de la vida, la propiedad y el medio ambiente y a disminuir el riesgo del sistema».

Entre sus funciones se encuentran la consolidación de la seguridad del sistema, priorizando la salud y seguridad de los usuarios de la zona afectada y la identificación de los usuarios en peligro debido a la interrupción.

En tal sentido debe priorizarse la restauración del servicio a «hospitales, clínicas y a los usuarios que por razones de salud o edad no puedan abandonar sus domicilios». En caso de que la Distribuidora no pueda cumplir con estas necesidades, deberá recurrir al Gabinete de Emergencias del Gobierno Nacional.

¿Cuáles son los eventos que, en calidad de «emergencias», pueden dar lugar a importantes interrupciones del servicio?El propio Anexo de la resolución 905/99 alude a «Huracanes, Tornados, Terremotos, Inundaciones, Sudestadas, Tormentas, Accidentes, Incendios, Sabotajes, Conflictos laborales, Fallas graves del sistema eléctrico, Caída de torres de alta tensión, y Pérdida total o parcial del suministro de energía eléctrica desde el Sistema Argentino de Interconexión».

El «contenido» del Plan de Emergencias debe como mínimo contemplar la existencia de un Centro de Operaciones de Emergencias; Niveles de alerta y aprestos para la emergencia (20); Operaciones de restablecimiento de emergencia; Administración de los recursos humanos, medios, comunicación e información a usuarios; Evaluación e Informes posteriores a la Emergencia; la instrumentación de la Capacitación y Entrenamiento necesarios y la Actualización Anual del Plan y de todas las operaciones que comprende el mismo.

Existe una gran responsabilidad en cabeza de cada Distribuidora, en materia de Acciones Preventivas. Las mismas abarcan el Monitoreo y control de los puntos vulnerables de la red; la Protección de las instalaciones contra accidentes, acciones naturales, acciones internas y externas a las mismas; Programas de prevención de daños que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o detectarlo con suficiente antelación para evitar o disminuir sus consecuencias; Evaluación puntual de riesgos potenciales en aquellas obras y trabajos a efectuar en plantas, instalaciones, redes, etc., nuevas o existentes, que puedan originar un riesgo; las Providencias oportunas para evitar inconvenientes y los Planes de capacitación relacionados con el plan de prevención.

También comprende un Programa educacional para los clientes y público en general sobre emergencias; un Plan de higiene y seguridad del trabajo, y la Prevención de incendios.

Estas acciones preventivas, dada su importancia, deben ser cabalmente cumplimentadas por las operadoras del servicio y controlado su cumplimiento por el ente regulador competente.

Todo lo dicho hasta aquí encuentra una íntima vinculación con la clasificación de la magnitud del evento que puede dar lugar a una situación de emergencia con corte del suministro, lo que requiere realizar un análisis de riesgos (el cual vincula analíticamente las condiciones deseguridad del servicio con las causas de interrupción del servicio y con las consecuencias de ello para la salud, el medio ambiente, la economía y los bienes materiales afectados eventualmente) que permita elaborar dicha clasificación.

A tal fin, el Plan prevé 3 Categorías:

a) Categoría 1 (eventos que produzcan un perjuicio reducido o nulo a los bienes materiales de la empresa, no afectan la salud y seguridad de las personas, ni a los bienes materiales de terceros ni al medio ambiente y no han llamado la atención de la opinión pública);

b) Categoría 2 (eventos que produzcan un perjuicio limitado a los bienes materiales de la empresa o de terceros, afectan levemente la salud y seguridad de las personas (pueden llegar a producir heridas leves), tienen escaso impacto sobre el medio ambiente y atraen la atención de la opinión pública local y

c) Categoría 3 (Eventos graves que puedan provocar daños a los bienes materiales de la Empresa y/o de terceros, a bienes de interés común (suministro de agua, transporte, etc.), afectan la salud, pudiendo llegar a poner en peligro la vida y la seguridad de las personas, impactan significativamente sobre el medio ambiente, provocan la atención de la opinión pública local y nacional e involucran al ENRE y a otros Organismos Nacionales).

También deben clasificarse los eventos por probabilidad de ocurrencia (poco probable, esporádico, probable, frecuente o muy probable) y por riesgo. El riesgo de un evento estará caracterizado por la magnitud de las consecuencias en relación con su probabilidad de ocurrencia. Sobre la base de esta consideración, el plan de emergencias deberá contener una escala de niveles de riesgo teniendo en cuenta probabilidades y magnitud de las consecuencias, o sea las Categorías y las probabilidades de ocurrencia del evento.

D. En lo que respecta a la interrupción del servicio por causas imputables al prestador, más allá de disposiciones del tenor del art.1730 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), entre otras, tanto el artículo 30 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC) como el art. 104 del Proyecto de Ley de Defensa del Consumidor son claros al respecto.(21)

Sabemos que la vinculación entre la Concesionaria y el usuario del servicio de distribución de energía eléctrica se genera y se presta en un marco de desigualdad, atento las condiciones de monopolio en que se desarrolla en general la prestación de servicios públicos.

La presunción contenida en dichos artículos, en el sentido de que «la interrupción o alteración del servicio público domiciliario se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora», busca alcanzar el equilibrio en la vinculación aludida, procurando morigerar los efectos y consecuencias que la relación proveedor-usuario sufre en ese contexto de asimetría.

Por ello, con un sentido tutelar y favoreciendo, ante situaciones dudosas, al usuario como la parte más débil (cfr. art.3° y 25 LDC), tanto la ley 24.240 como el Proyecto de Reforma establecen como principio el imponer la carga probatoria en contrario a quien se encuentra en mejores condiciones de producirla, aplicando la doctrina de las cargas probatorias dinámicas.

No debe perderse de vista que, como ya se ha enfatizado aquí, la continuidad es una característica esencial del servicio domiciliario en cuestión, por lo que existiendo estándares reglamentarios establecidos en el Marco Regulatorio Eléctrico (ley 24.065 y ccdtes)(22), que determinan cual es la prestación adecuada del servicio, el operador del servicio asume de manera indudable una obligación de resultado, pues se compromete a través del contrato de prestación al cumplimiento del suministro del servicio, asegurando al usuario el logro del resultado tenido en miras al contratar (usufructo del servicio de provisión de energía de manera continua).

Para el caso que no cumpla con su obligación, le será aplicado el régimen sancionatorio correspondiente, y deberá resarcir e indemnizar plenamente al usuario por los daños que le ocasione el incumplimiento de la obligación de resultado asumida.(23)

Desde este punto de vista, es insoslayable apuntar que varios factores (como la falta de inversión y mantenimiento de la infraestructura, la ausencia del control estatal sobre el control de la obligaciones en juego, la pesificación de las tarifas y el proceso de renegociación de los contratos, previa declaración de la emergencia pública por ley 25.561 (24)) han entronizado a la interrupción del servicio como uno de los problemas más frecuentes para el usuario y una de los motivos de reclamo más comunes, tanto en instancias administrativas como judiciales.

Por todo lo dicho, hasta aquí puede verse la insuficiencia para los electrodependientes de una consideración especial en el aspecto tarifario, así como de una supuesta prevención y actuación ante emergencias que ocasionen la interrupción del suministro, unido ello a limitantes estructurales que atañen a la propia actuación de la empresa, y que la hace directamente responsable de las disrupciones ocasionadas.

Este es, someramente descripto, el marco fáctico entonces vigente al momento de la petición formulada por el actor, en busca de tutela para la preservación de la salud, la vida y el pleno desarrollo de todas las capacidades de su hijo, todo lo cual se encuentra indisolublemente vinculado a la posibilidad de poder contar en todo momento con la provisión de energía eléctrica.

II.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PLEXO NORMATIVO ACTUAL DE LOS ELECTRODEPENDIENTES.

A posteriori, se estructuró un plexo normativo destinado a la atención y tutela específica de los electrodependientes, abarcando todo un espectro de necesidades de dicho colectivo, el cual describiremos muy someramente aquí. (25)

II.2.1 LEY 27.351.(26)

Es la norma fundamental del Marco en estudio, ya que establece los aspectos basales del régimen tuitivo de los pacientes electrodependientes por cuestiones de salud:

a) La provisión continua y permanente de energía eléctrica, sin interrupciones.

b) La gratuidad del servicio, y

c) La creación de un Registro Nacional, con sus respectivos controles.

Por ello, puede decirse que el objetivo de la norma es asegurar a este colectivo vulnerable la prestación de un servicio estable, continuo y gratuito de energía eléctrica. Respecto de este último aspecto, será el Estado quien deberá implementar un mecanismo que permita subsidiar el consumo que genera la funcionalidad de los equipos médicos en aquellos hogares que demandan un mayor consumo de energía por la especial situación de salud comentada.

En ese sentido, la ley 27.351 fija una serie de pautas para la conducta que deberán seguir las distribuidoras del servicio, sujetas a la jurisdicción del ENRE, siendo sus principales disposiciones:

a) la conceptualización de la categoría de «electrodependientes por cuestiones de salud», la cual abarca «a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud» (art. 1°), abarcando así tanto al titular contratante del servicio, como a su grupo familiar o social (cfe. arts. 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1° de la ley 24.240).

b) determina que el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente «tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente». A tal fin, «el medidor de dicho domicilio deberá estar debidamente identificado» (art. 2°).

c) Es necesario aludir en este punto el precepto contenido en el art.8° de la ley, relativo al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), el cual deberá ser creado por el Ministerio de Salud de la Nación a través de sus organismos pertinentes, estando a su cargo la gestión y desenvolvimiento del mismo.

Debe tenerse en cuenta que el mismo es una herramienta fundamental pues su dinámica permitirá la adquisición del estatus jurídico de electrodependiente, una vez que el involucrado cumplimente las condiciones legales y reglamentarias establecidas, y las acredite debidamente.

d) un aspecto importante es la determinación de que el usuario electrodependiente del servicio público de provisión de energía eléctrica, que se encuentr e bajo jurisdicción nacional, «gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito» (art. 3°).

El beneficio consistirá en «el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional» (art. 4°), lo que incluye tanto los conceptos tarifarios propios de la prestación del servicio (abono, cargo fijo o variable, cargos específicos, etc.) como los correspondientes a los tributos que se abonan en consecuencia, como carga impositiva asociada al suministro eléctrico, a nuestro juicio.

d) Previendo la posibilidad de cortes en el suministro, el art.6° dispone que «la empresa distribuidora entregará al titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades».

Lo dicho supone que, una vez registrado en calidad de electrodependiente conforme la vía reglamentaria pertinente, ante la mera solicitud del grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, la concesionaria del servicio debe proveer del mismo al solicitante, sin cargo alguno.

El estándar de idoneidad proporcionado por la parte final del artículo 6° (que brinde la energía eléctrica necesaria para satisfacer las necesidades del electrodependiente), implica tener en cuenta lo establecido en el artículo 1° de la normativa, esto es, que el equipo proporcionado pueda alimentar el equipamiento médico prescrito por un facultativo y que posibilite el «evitar riesgos en su vida o su salud» (cf. art. cit., in fine).

e) Es de suma importancia la disposición contenida en el artículo 7°, referida a la obligación por parte de la empresa distribuidora de «habilitar una línea telefónica especial gratuita de atención personalizada destinada exclusivamente a la atención de los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud disponible las 24 horas incluyendo días inhábiles».

Ello resulta fundamental a los fines del asesoramiento, orientación y toma de decisiones ante sucesos que pueden poner en grave riesgo la salud del electrodependiente.

II.2.2.Decreto 740/2017 (27). –

El decreto 740/17 dinamiza las disposiciones de la ley 27.351 y el marco de protección de los derechos para las personas que acrediten la condición de electrodependientes por razones de salud, a través del mismo.

El artículo 1° de dicha medida, establece como autoridad de aplicación de la ley 27.351 al Ministerio de Energía y Minería, quedando a su cargo entonces, todas las funciones correspondientes a dicha investidura.

A su vez, en cumplimiento de lo normado en el artículo 8° de dicha normativa legal, por el artículo 2° se dispone que el Ministerio de Salud deberá establecer las condiciones necesarias para la inscripción en el «Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud» (RECS), a crearse en su órbita, debiendo a tal efecto dictar las normas aclaratorias y complementarias para su aplicación.

II.2.3. LA RESOLUCIÓN 1538-E/2017 (MINISTERIO DE SALUD) (28)

Dicha resolución crea el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), el que como Anexo I forma parte integrante de la misma (art.1°).

Cabe señalar que a través de dicho Anexo se estructuran las mecánicas, conceptos y pautas de interpretación necesarias para la puesta en marcha, inscripción, toma de razón, procedimiento y todo otro aspecto atinente a la gestión de dicho Registro.

Además, se enfatiza que la supervivencia de la persona comprendida en dicha situación, depende del correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos necesarios, por lo que la eventual falta de suministro aumenta el riesgo para la vida o para la salud de dichos individuos.

También se procede a definir cuáles son los «equipos médicos» comprendidos, considerándose como tales a aquellos dispositivos cuya ausencia o mal funcionamiento implican un riesgo para la vida o para la salud, quedando comprendidos de este modo los «equipos de soporte de vida», entre los que se indican:

– Equipos relacionados al soporte de la ventilación invasiva y los de ventilación no invasiva (VNI).

– Diálisis peritoneal automatizada (DPA) domiciliaria.

– Bomba de infusión continúa, bomba de alimentación enteral o parenteral.

Desde el punto de vista estructural, se establece que el RECS depende funcionalmente, dentro del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales (29).

En lo que concierne al procedimiento para inscribirse en el Registro de marras, debe cumplimentarse el «Formulario de Solicitud de inscripción en el RECS», disponible a través del portal web del RECS. (30)

En dicho portal, se deberán ingresar:

a) los datos solicitados por el sistema.

b) el formulario como soporte de la solicitud.

c) la factura del servicio de suministro eléctrico.

d) la remisión del formulario dentro de los 60 días, a la Subsecretaria de Gestión de Servicios Asistenciales, siendo el incumplimiento de esta condición causal de baja automática del RECS.

Posteriormente, la medida descripta determina el procedimiento administrativo y los pasos que deben cumplimentarse para recibir el beneficio que otorga la Ley 27.351.

II.2.4.Resolución 544/2017-ENRE (31)

Por la resolución 544/17-ENRE se aprueba el Reglamento Técnico para la Provisión de una Fuente Alternativa de Energía (FAE) para los electrodependientes incorporados en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), creado por el entonces Ministerio de Salud de la Nación por medio de Resolución 1538-E/2017, el que como Anexo I forma parte integrante de la misma.

Dicho Reglamento se aplicará a las concesionarias EDENOR S.A. y EDESUR S.A. (art. 2°). Las mismas deberán entregar la FAE en forma inmediata a los usuarios electrodependientes que así lo requieran y que se encuentren inscriptos en el RECS, con el número de registro que el entonces MINISTERIO DE SALUD les otorgue (art. 3°).

Es importante enfatizar la importancia que reviste el poder contar en forma permanente, como ya lo dispone la ley 27.351 en su artículo 7°, con una línea telefónica especial gratuita de atención personalizada, destinada exclusivamente a la atención de los usuarios electrodependientes, ya que la norma prevé que las distribuidoras deberán informar al ENRE en el término de diez (10) días hábiles administrativos de notificadas de la resolución 544/17 sobre la implementación de dicha línea de atención telefónica (cf. art. 7° de la resolución bajo análisis).

En otro orden de ideas, cabe puntualizar que el Anexo I es el «Reglamento Técnico para la provisión de una Fuente Alternativa de Energía» (FAE), a través del cual se determinar las condiciones técnicas y de seguridad que deben cumplir las distribuidoras para la entrega al titular del servicio o a uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, previa solicitud, de una Fuente Alternativa de Energía (FAE).

II.2.5.RESOLUCIÓN 112/2018-ENRE (32)

A través de la resolución del epígrafe, se persiguen -en función del Marco Regulatorio establecido en función de los Electrodependientes- los siguientes objetivos:

a) a fin de asegurar la atención prioritaria y especial a los reclamos de los usuarios electrodependientes, se impone la necesidad de establecer protocolos de comunicación a los efectos de garantizar la permanente asistencia ante la falta de suministro por fuentes alternativas, encontrándose el ENRE facultado para reglar en la materia.

b) es necesario adecuar el procedimiento habitual de reclamos ante la falta de suministro para usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica a las especiales vicisitudes que atraviesan en tales circunstancias los Usuarios Electrodependientes por Cuestiones de Salud en los términos de la Ley N° 27.351.

c) en función de las facultades conferidas por la resolución 204-E/17-MEyM, deben establecerse las pautas de funcionalidad que deberán cumplir las Fuentes Alternativas de Energía (FAE), complementando las establecidas en la resolución 544/17-ENRE.

En función de dichos fines y necesidades, la norma sub examine:

1. aprueba el procedimiento de notificación y seguimiento de reclamos para cortes de suministro de los usuarios electrodependientes de las Empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A., que se encuentren incorporados en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) creado por resolución 1538-E/2017-MS, que forma parte de la norma como Anexo (art. 1°).

El mismo, referido al procedimiento para la gestión de los reclamos en cuestión, tiene por finalidad actualizar las condiciones que deben cumplir EDENOR S.A. y EDESUR S.A.para atender oportunamente los reclamos iniciados ante el ENRE y/o las empresas concesionarias, por los Usuarios Electrodependientes (UED) por cortes de suministro de energía eléctrica, de modo de simplificar y uniformar su tramitación y, en especial, controlar que las empresas restablezcan de inmediato las condiciones de suministro de energía eléctrica en el domicilio del reclamante que cumpla con esa condición de UED.

A los fines de cumplir con el procedimiento la distribuidora deberá tener actualizados y georreferenciados los suministros de los UED que se encuentren registrados por ante el mentado Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS).

2. También aprueba las pautas para la gestión de las Fuentes Alternativas de Energía (FAE) que como Anexo forman parte integrante de la susodicha resolución y será de aplicación inmediata y obligatoria para EDENOR S.A. y EDESUR S.A. (art. 3°).

A raíz de ello, en dichas Pautas se estipula la obligación de la distribuidora de entregar -en los casos que corresponda- la FAE al Usuario Electrodependiente con la tecnología implementada, ad ecuada a la prestación a cubrir, dependiendo la definición de dicha tecnología del equipamiento a conectar, de la ubicación geográfica, de las alternativas del suministro principal y de las características del inmueble.

En todos los casos la FAE, sus accesorios y suministros deberán cumplir con las normas ambientales y demás recaudos normativos que resulten de aplicación en la jurisdicción donde deban ser instalados.

3. Finalmente, del mismo modo se dispone que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deben determinar y mantener los números telefónicos especiales y directos para la atención de los usuarios electrodependientes y proveer la atención prioritaria, teniendo en mira el restablecimiento de los suministros, cuando los mismos se han interrumpido (art. 2°).

III.LOS PRINCIPALES ABORDAJES DEL PRONUNCIAMIENTO.

Hemos señalado ab initio que el fallo comentario constituye gran avance en la tutela de las personas electrodependientes por razones de salud, por los contenidos tratados y por las ideas que fundamentan la decisión adoptada por los Magistrados intervinientes en la causa.

Trataremos de ir compartiendo los aspectos que, para los intereses de los usuarios electrodependientes, son de capital importancia.

III.1. EL ROL Y SIGNIFICADO DE LA LEY 27.351 (33)

El fallo pone de resalto la importancia de la norma como «Ley Marco» del sistema, ya que la misma, con carácter fundacional, contempló con singular importancia la necesidad de tutelar a dicho colectivo, sino que también estableció (como ya hemos enumerado) determinados beneficios (34) para los electrodependientes como «categoría exclusiva de usuarios» que, si las distribuidoras dan acabado cumplimiento a los mismos y el Ente Regular ejerce sobre dichos operadores de modo eficiente las facultades de contralor y sancionatorias pertinentes, las necesidades de aquellos se verán razonablemente satisfechas.

De este modo, el Tribunal interviniente arriba a la conclusión que las peticiones formuladas por el actor en su demanda, reciben una adecuada respuesta con la transformación regulatoria que se ha operado en la materia durante el pleito, concluyendo que no caben dudas sobre el «derecho que le asiste al actor frente a la pretensión reclamada», derecho que, a su vez, encuentra satisfacción en las previsiones del marco regulatorio que se ha ido construyendo y que hemos someramente revisado en el punto II. del presente.(35)

Puede caracterizarse a los «electrodependientes por cuestiones de salud», como aquellas personas que, en su carácter de usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, presentan «consumos extraordinarios de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un médico» o que tienen «la necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para satisfacer necesidades médicas dentro de su hogar» (cf. art.2° de la ley 14.560 (2013) de la provincia de Buenos Aires).

También el artículo 1° de la ley nacional 27.351 identifica como electrodependientes a «aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud».

Indudablemente, las especiales implicancias del corte del suministro de energía eléctrica para este colectivo hipervulnerable de usuarios del servicio domiciliario de marras, pueden no sólo ocasionar daños de diversa índole y magnitud, sino que incluso, las interrupciones del servicio, de acuerdo a la falta de respuesta ante la emergencia, la duración de la interrupción, el hecho de no contar con una Fuente Alternativa de Energía o que ésta no funcione adecuadamente, entre otras circunstancias, pueden poner en peligro la vida misma del usuario.

Estas circunstancias y las gravísimas consecuencias que pueden derivarse de ello, así como el irreparable deterioro en la calidad de vida que puede generarse por no poder contar con un insumo que se vuelve imprescindible para desenvolverse y desarrollarse como persona, son tenidas en cuenta en todo momento por el Tribunal en el pronunciamiento bajo análisis.

El tema viene cobrando creciente importancia en la normativa (36) y la doctrina, así como también ha recibido un fuerte impulso desde la encomiable labor de la Sociedad Civil o Tercer Sector, a través, entre otras iniciativas institucionales, de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED)(37).

El compromiso de estos actores sociales, que comprende el asesoramiento, la constante difusión de los problemas y necesidades que los afectan, contribuye a la difusión, educación y concientización de la sociedad, con el fin de promover los derechos de los electrodependientes por cuestiones de salud en la comunidad toda.En ese sentido, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) vinculadas al sector, han realizado una gran labor de incidencia en las políticas públicas necesarias para plasmar soluciones no sólo en el plano normativo, sino en el reglamentario.

III.2. EL CONTRATO DE SUMINISTRO COMO RELACIÓN DE CONSUMO.

El contrato de prestación o provisión de servicios públicos domiciliarios es aquel donde una de las partes (el concesionario o licenciatario) facilita a la otra (el usuario) la prestación del servicio domiciliario de que se trate, a cambio de un precio en dinero (tarifa del servicio) en contraprestación por la posibilidad de poder usufructuar el mismo.

Las condiciones bajo las cuales se debe prestar el servicio, así como la propia tarifa a cobrar por brindar el mismo, junto con el resto del conjunto de condiciones que hacen al concreto desarrollo de la actividad de la prestación del mismo, se hallan prefijadas y reguladas con anterioridad, en la relación establecida previamente entre el operador del servicio y el Estado, a través de la suscripción de la Concesión o del otorgamiento de la Licencia respectiva, en su caso, las cuales contienen el detalle especificado de aquellas condiciones de prestación del servicio domiciliario, lo que constituye en sí mismo un plexo o conjunto de obligaciones que deben ser cumplidas por el operador y controladas en tal aspecto por el Estado concedente o licenciante, so pena de aplicar el régimen sancionatorio que se haya previsto en el particular.(38)

A esas condiciones cabe agregar en la actualidad, el marco normativo encabezado por la ley 27.351, respecto del Marco Regulatorio general existente respecto de la prestación del servicio domiciliario de distribución de energía eléctrica, en lo que hace al conjunto de derechos reconocidos para los usuarios electrodependientes y a las obligaciones que los mismos deben cumplimentar en pos de poder acceder al estatus jurídico de «electrodependiente» y gozar de todos los beneficios establecidos en el marco normativo citado.

Tal como destaca Cicero (39), es dable tener en cuenta para la precisión del término, lo estatuido actualmente por la ley 24.240, la cual, en su nueva redacción, define en su artículo 1º a los consumidores o usuarios como aquellas personas físicas o jurídicas que adquieren o utilizan bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Señala la autora (40) al respecto también que, en virtud del artículo 3º de la LDC, el nexo establecido entre usuario y el prestador de un servicio público califica como una relación de consumo, ya que el nuevo texto de dicho artículo consigna que «relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario», disponiendo que estas relaciones de consumo se regulan por el régimen establecido en la ley 24.240 y sus reglamentaciones, «sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica».

El objetivo que persigue la redacción normativa citada, a juicio de la autora, es el esfuerzo por acercar la relación jurídica usuario – prestador al derecho del consumo con el fin de mejorar el tratamiento que hasta el momento las instituciones y los organismos diseñados bajo los parámetros del derecho público le han asignado a esta temática.

Debe tenerse en cuenta de igual modo, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1092 (Relación de Consumo), también la define como el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, considerando a este último como «a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social».

En lo que respecta a la relación de consumo, dicho vínculo jurídico, cuya fuente es el artículo 42 de la Constitución Nacional, resulta de una definición normativa y su extensión surgirá de los límites que la legislación fije, debiendo establecerse “de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación del Derecho del Consumidor, debe comprender todas las situaciones posibles».

En lo que respecta al concepto de consumidor que adquiere bienes o servicios para satisfacer sus necesidades, englobando allí el concepto de usuario, el texto del CCCN viene a poner claridad al ámbito de aplicación del denominado Estatuto del Consumidor, al establecer una definición del sujeto protegido comprensible para cualquier intérprete, alejando ambigüedades que distraigan la finalidad perseguida por el régimen tuitivo. (41)

Ante el grosero desconocimiento de esta situación por parte de la concesionaria, consideramos un gran acierto del fallo (42), reafirmar enfáticamente la naturaleza entre prestador y usuario e n el marco de un contrato de suministro de un servicio domiciliario, contando con la protección constitucional (art. 41) y la contenida en el CCCN y en la ley 24.240, lo cual obviamente aplica a los usuarios electrodependientes, a los fines de su tutela.

III.3.EL USUARIO ELECTRODEPENDIENTE COMO USUARIO HIPERVULNERABLE.

1.En línea con lo expuesto en el punto anterior, afirmamos también, en apoyo a lo decidido por el Tribunal interviniente en autos, que los Electrodependientes por cuestiones de salud, en su condición de Personas con Discapacidad (PCD), son Usuarios Hipervulnerables.

Siguiendo a Barocelli, puede decirse que, en el marco de la estructura y dinámica de la sociedad actual, los consumidores y usuarios de bienes y servicios en el mercado se encuentran en una marcada situación de debilidad y vulnerabilidad estructural (43).

Dicha vulnerabilidad del usuario se encuentra presente en los planos jurídico, técnico, político, económico, de acceso a la justicia, psicológico y biológico, en opinión de Rusconi (44) . Es por ello que todos los usuarios son vulnerables en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios, reafirmando el carácter estructural y de presunción «iure et de iure» que presenta la vulnerabilidad a la que se encuentran sometidos.

Ella, siguiendo el esquema y argumentación desarrollados por el autor citado, se nutre de tres conceptos que la fundamentan:la «hiposuficiencia», la «subordinación estructural» y el «deficiente poder de negociación».

El primero obedece a un aspecto subjetivo del usuario, fundado en la carencia de suficiencia o aptitud que padece y que es generada por el propio mercado de consumo, como factor condicionante, que imposibilita al consumidor/usuario actuar en paridad de condiciones frente al proveedor.

El segundo, corresponde a una noción holística que refiere a la estructura socio-económica propia de la denominada «sociedad de consumo», que construye y articula un determinado orden, en su faz estática, de los factores de poder y de sus actores, que arrojan como resultado final la subordinación del consumidor/usuario frente al proveedor de bienes y servicios en su faz dinámica de interacción.

Por último, el tercero, constituye una noción acotada al ámbito negocial de la contratación (usuario – proveedor) y al de las prácticas comerciales planificadas estratégicamente por este último quien, a causa de su fuerte posición en el mercado de consumo (por las razones ya apuntadas: técnicas, materiales, económicas, etc.), es quien impone las condiciones de comercialización más convenientes y beneficiosas a sus intereses, estando el consumidor/usuario obligado a elegir, únicamente, entre contratar o no contratar, sin ninguna mínima posibilidad de negociar absolutamente nada (45).

2.Ya hemos explicado que todos los consumidores y usuarios se encuentran en una situación de debilidad estructural frente a los proveedores de bienes y servicios.Sin embargo, si bien todos los consumidores y usuarios gozan de la presunción iure et de iure de su fragilidad y debilidad, cierto es que, como menciona Barocelli, en cierta clase de consumidores esa vulnerabilidad se encuentra especialmente profundizada (46).

Estos consumidores que son más vulnerables que la media, son aquellos a los que a la vulnerabilidad estructural en que se encuentran situados en el mercado, por el hecho de encuadrar en esa categoría analítica y por las implicancias que ello conlleva, se les suma otro grado de vulnerabilidad, que puede estar ligado a su condición psicofísica, a su edad, a su género, a su situación socioeconómica o sociocultural o bien, a cualesquiera otras circunstancias transitorias o permanentes, inherentes a la persona concreta o bien a la situación particular en que se encuentra.

Este tipo de consumidor es el denominado, por la doctrina, como consumidor o usuario hipervulnerable, atento los diferentes niveles de vulnerabilidad identificables, que pueden llegar a padecer en cada situación concreta.

Particularmente, nos interesa en este caso la hipervulnerabilidad como usuarios de un servicio público domiciliario, a las PCD (47).

Las PCD, por tanto, en el marco de una relación de consumo (conf. art. 3° de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor), deben ser consideradas como consumidores hipervulnerables.

Ello es así por cuanto, además de la vulnerabilidad estructural que padecen por ser consumidores/usuarios (conf. art. 1° de la LDC), se ven afectados por uno o más grados de vulnerabilidad, principalmente, ligados a sus condiciones de salud, psicofísicas, etarias, económicas y socioculturales, que le dificultan y, en muchas ocasiones, le impiden el pleno y libre goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.En esta conceptualización encuadra la situación particular de los Electrodependientes.

Los consumidores y usuarios hipervulnerables ven especialmente acentuada su vulnerabilidad y, por lo tanto, requieren de mecanismos protectorios más reforzados por parte del ordenamiento jurídico (internacional, regional, nacional, provincial, municipal y de la CABA) maximizando la aplicación efectiva del principio protectorio y, específicamente de la regla «in dubio pro consumidor», y de políticas públicas específicas y activas por parte de las autoridades del sector público, que garanticen una mayor presencia del Estado en la promoción, fiscalización, regulación y control, garantizando de ese modo el pleno goce y ejercicio de los derechos de los consumidores/usuarios, reconocidos constitucionalmente.

La mayor protección que se reclama frente a los casos de hipervulnerabilidad se logra a través de la aplicación concreta y efectiva de las normas protectorias del Derecho del Consumidor en «diálogo» (48) con los diferentes estatutos protectorios de los grupos especialmente vulnerables e históricamente discriminados y desfavorecidos (en este caso, las PCD, pero también se encuentran contenidos dentro del concepto, los niños y adolescentes, las mujeres, los enfermos, los ancianos, entre otros).

Dicho diálogo, como señala el Tribunal en el considerando VI, segundo párrafo del fallo anotado, permite la consideración en particular y la aplicación no sólo de normas internas generales y específicas (como la ley 27.351 y su marco normativo concordante) sino también de normas de superior jerarquía, a saber:la Constitución Nacional (artículos 42 y 75 incisos 22 y 23), y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con especial énfasis en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) y su Protocolo Facultativo (49).

3.Celebramos, en ese sentido, la expresa mención del Tribunal a la aplicación de la CDPCD en lo referido a la salud de las Personas con Discapacidad que, en dicha condición, ostentan el estatus de personas electrodependientes, cuyo derecho a la salud (valor capital en juego en el pleito) se ve tutelado por el artículo 25 de la CDPCD.

A través del mismo, los Estados Parte reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, el cual ya estaba consagrado (entre otros Tratados) en el artículo 12, punto 1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por ley 23.313 (B.O. 13/05/1986).

Según expresa el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General n° 14, la referencia del párrafo 1 del artículo 12 del Pacto que se hace al “más alto nivel posible de salud física y mental” no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. (50)

Por ello, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.El propio Comité, en la Observación aludida, afirma claramente que «el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano» y que «el derecho a la salud entraña libertades y derechos». Entre los derechos figura «el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud».

Creemos que, desde una visión de derechos y de modo similar al que interpretan los magistrados intervinientes, resulta fundamental contar con la protección y con la consagración de los derechos humanos que se concreta en los Tratados Internacionales y en el orden constitucional, pero también, en el Estatuto del Consumidor, ya que nos encontramos ante una relación de consumo, y en el plexo normativo encabezado por la ley 27.351, ya que el acceso y disponibilidad permanente de energía eléctrica para que la persona con discapacidad pueda atender sus necesidades de igual índole, accediendo al más alto nivel posible de salud, lo que resulta fundamental para su desarrollo y dignidad de vida.

III.4.APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 7° DEL CCCN EN EL CASO.

Al efectuar la apelación pertinente, la Distribuidora recurrente critica la aplicación retroactiva de la ley 27.351, dado que la situación al momento de incoarse la acción judicial, se encontraba regulada por otras normas, tal como hemos reseñado supra.

Como recordará el lector, la resolución 905-/99-ENRE no establecía la provisión e instalación de grupos electrógenos, lesionando, desde el punto de vista de la empresa, sus derechos, incluso desde una perspectiva constitucional, ya que se le exigiría el cumplimiento de deberes que no estaban contem plados en la normativa entonces existente en forma exclusiva, dado la inexistencia en ese momento del marco regulatorio tuitivo de los pacientes electrodependientes.

No obstante, todo lo expuesto respecto de los derechos humanos esenciales en juego, la protección brindada por el Estatuto del Consumidor y los Tratados Internacionales involucrados en la cuestión, la demandada desconoce, además, el alcance de lo estatuido en el art. 7° CCCN.

En efecto, en el mismo, que trata la aplicación de las leyes en el tiempo, siguiendo el Código Civil derogado, se establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de la relaciones y situaciones jurídicas existentes. De manera que la primera regla es la aplicación inmediata.

Aquí la excepción son las leyes supletorias, las cuales no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. La excepción de esta excepción la constituyen las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo (cf. art. 1092 CCCN y art. 3° ley 24.240). (51)

Asimismo, cabe traer a colación las disposiciones del art.1094 CCCN sobre interpretación prelación normativa en el marco de la relación de consumo, en el sentido de que «las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso al consumo sustentable», y en caso de duda sobre la interpretación del Código o las leyes especiales, prevalecerá la más favorable al consumidor.

Entonces, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. La norma tiene clara raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del derecho del consumo.

La norma no dispone la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata. Lo expuesto no impide que la ley disponga expresamente su aplicación retroactiva, siempre que no se violen garantías constitucionales. (52)

Como bien se ilustra en el considerando VI, último párrafo del fallo en estudio, la aplicación de la ley 27.351 y su reglamentación subsiguiente, deviene aplicable de modo inmediato por la situación permanente de electrodependencia que atraviesa el amparista.

Finalmente, es dable acotar que la segunda regla general establecida en el art. 7° es que la ley no puede tener efectos retroactivos, siendo una excepción a la misma que la propia ley lo establezca expresamente, pero en ese caso no puede afectar derechos amparados por garantía constitucionales.

III.5.EL APORTE CRUCIAL DEL PRONUNCIAMIENTO.

A nuestro humilde modo de ver, sin dejar de apreciar la importancia de los puntos puestos de resalto por el Tribunal en el pronunciamiento que nos ocupa, creemos que resulta fundamental la determinación formulada por aquel, de lo que abarca el contenido de la situación jurídica de electrodependiente, cuando, de un somero análisis de la plataforma fáctica ya detallada supra, surgen todas y cada una de las necesidades que deben ser atendidas respecto del hijo del actor, en su carácer de persona electrodependiente por razones de salud.

Una interpretación armónica y coherente lleva a determinar cuáles son, como veremos, las instalaciones eléctricas que deben ser resguardas con la provisión de una Fuente Alternativa de Energía (FAE), por parte de la operadora del servicio domiciliario demandada.

La misma critica el rechazo de la defensa de falta de legitimación activa opuesta por su parte, arguyendo que el actor no puede solicitar la instalación del grupo electrógeno que provea de energía eléctrica alternativa a los espacios comunes del consorcio en el que vive, apuntando concretamente al ascensor del edificio.

Si bien el ascensor constituye una cosa o parte «necesariamente común» a todas o algunas unidades funcionales las que son «de uso común de ellas» o «indispensables para mantener su seguridad», siendo las mismas determinadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal (cf. arts. 2040 y 2041, inciso h) CCCN), ese no es el correcto punto de vista bajo el cual debe abordarse la cuestión.

El actor realiza peticiones en nombre propio ante EDESUR S.A.con el fin de acceder a los beneficios legales contemplados en la ley 27.351 y su reglamentación.

Si bien dicho plexo de normas no alude específicamente a exigencias adicionales vinculadas a la debida atención del paciente electrodependiente por razones de salud, en función de las regulaciones atinentes al régimen de propiedad horizontal, el eje de la cuestión aquí es que el beneficiario necesita, con riesgo de verse afectada seriamente su salud y hasta su vida, que se cumpla la garantía establecida en el art. 2° de la ley 27.351 respecto de contar «en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente», sin establecer distingo alguna respecto de si el domicilio donde habita se encuentra o no afectado al Régimen de Propiedad Horizontal.

El artículo 6° de la norma es bien claro acerca de que la empresa distribuidora deberá entregar al titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo, incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades, conforme lo estatuido en el art. 1°.

La mirada analítica debe centrarse, entonces, no en el carácter de cosa común del ascensor del edificio, sino en la satisfacción que brinda a las necesidades que brinda al hijo del actor.Por ello, sabiamente el Tribunal afirma que el mismo sigue siendo una persona electrodependiente (y, en consecuencia, con derecho a todos los beneficios que le otorga el marco regulatorio aplicable), al momento de tener que ascender o descender del edificio a través del ascensor, para concurrir a sus terapias de rehabilitación fuera de su domicilio, las que no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia, sin afectar seriamente su tratamiento.

Teniendo entonces el ascensor un rol tan vital en la preservación de la salud del electrodependiente, no solamente deben tomarse las medidas preventivas y de carácter alternativo que se busca superar con la entrega del grupo electrógeno a la familia legitimada a tal efecto, sino que la misma, enrolada bajo la misma legitimación, puede y debe solicitar las fuentes de energía necesarias que cubran la provisión de energía ante un corte de suministro, no solamente en lo referido a las necesidades de atención domiciliaria del hijo del actor, sino las que permitan que el mismo egrese e ingrese al edificio, cuando ello resulta necesario para el tratamiento.

Esta conclusión, a nuestro juicio, constituye un valioso avance en la interpretación que debe hacerse de los medios que son necesarios para cubrir las necesidades de un electrodependiente, sino también, en consecuencia, cual es la cobertura de fuentes alternativas que deben disponerse en cada caso, especialmente aquellos que se suscitan en inmuebles afectados a la Propiedad Horizontal, que tornan inevitable la salida y el ingreso a través de un ascensor, el cual debe contar con los medios y posibilidades para funcionar en forma permanente.(53)

III.6.EL ROL DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) EN LA MATERIA.

Sin perjuicio de lo decidido en particular sobre la responsabilidad del ENRE en el caso, consideramos de suma importancia recordar el cumplimiento de los deberes que le corresponden al ENRE en cuanto a la fiscalización y control, y estimamos fundamental recordar aquí cuales son las facultades que posee en tal sentido y la importancia de ponerlas en práctica.

1.En breve síntesis, queremos recordar que por el art. 54 de la ley 24.065 (Régimen de la Energía Eléctrica), se crea en el ámbito de la entonces Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el artículo 2º de la ley, entre los que se cuentan: proteger adecuadamente los derechos de los usuarios (inciso a); promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de distribución de electricidad (inciso c) y alentar la realización de inversiones (inciso f), todo ello con el fin de que los operados brinden el servicio de distribución de energía eléctrica con calidad y eficiencia (cf. art. 42 CN).

A tal fin, tiene la facultad de regular las condiciones a las que deberán ajustarse las Distribuidoras en lo concerniente a la calidad del servicio público brindado, lo que se acompaña concomitantemente con las facultades de control y sanción ante el apartamiento de los operadores de las pautas establecidas en tal sentido por el ente regulador (art. 56, incisos a), b) y o) , entre otros, además de lo establecido en la reglamentación aprobada por decreto 1398/92, art.56, inciso b).

En lo que estrictamente se refiere a la temática objeto aquí de nuestro específico interés, conforme a la normativa(54), se define como calidad de servicio al conjunto de normas que especifican la calidad de la energía eléctrica a suministrar (producto) y del servicio a prestar, desde el punto de vista técnico y comercial. En particular, la calidad del servicio técnico prestado tiene en cuenta la frecuencia y duración de las interrupciones en el suministro.

Ahora bien, el contrato de concesión de distribución debe establecer, claramente, las normas de calidad de servicio que regirán las condiciones de su prestación. Asimismo, fijará los límites de lo que se considera un servicio prestado satisfactoriamente, nivel a partir del cual se reglamentarán las penalidades por incumplimiento de tales normas.(55)

El concesionario determinará, a su criterio, los trabajos e inversiones que estime necesario llev ar a cabo a los efectos de dar cumplimiento al nivel de calidad preestablecido, al que además se ha obligado expresamente a brindarle a los usuarios en el marco contractual de la relación.

Precisamente, al tratar la calidad de servicio técnico específicamente en el Punto 3 del Subanexo 4 – Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones-, se establece que la misma, vinculada con la interrupción de la prestación del suministro, deberá ser evaluada en base a los siguientes indicadores:

a) Frecuencia de interrupciones (cantidad de veces en un período determinado que se interrumpe el suministro a un usuario) y

b) Duración total de la interrupción (tiempo total sin suministro en un período determinado).

Se determinará, para cada usuario, la cantidad de cortes y la duración de cada interrupción que ha sufrido en el semestre.

A los fines de posibilitar el control y el eventual ejercicio del poder sancionatorio por parte del ENRE, en relación con dicho nivel de calidad del servicio, se establecen en efecto parámetros cuantitativos determinados, vinculados a los valores máximos de frecuencia y tiempo máximo de interrupciones permitidos, así como también los créditos a acreditar al usuario en las facturaciones mensuales o bimestrales del semestre inmediatamente posterior al semestre controlado, proporcional a la energía no recibida en dicho semestre.(56)

En suma, de la debida información suministrada regularmente por la Distribuidora, los reclamos formulados por los usuarios y el ejercicio de las facultades de control y sanción a cargo del ENRE, se debe conformar un sistema eficiente que preserve un eficiente nivel de cumplimiento a todas las regulaciones vinculadas a la calidad de servicio técnico en juego.

Esto no obsta en absoluto que el usuario, por vía judicial, pueda reclamar las indemnizaciones correspondientes, vinculadas a los daños sufridos a causa de la interrupción del suministro. (57)

2.Además de lo expuesto, debemos recordar que la autoridad de aplicación de la ley 27.351 es el entonces Ministerio de Energía y Minería, el cual debe asumir en la materia las facultades de control y sanción antedichas, para el caso en que no se cumpla con lo ordenado en el marco regulatorio específico de las personas electrodependientes.

Esto abarca una gama de incumplimientos variada, como ser la no implementación en forma rápida y eficiente de las instancias procedimentales que habilitan el acceso al ejercicio de un derecho que está preservando la salud del paciente; la falta de suministro de una Fuente Alternativa de Energía (FAE), la incorrecta atención de un reclamo comprendido en el procedimiento de notificación y seguimiento de reclamos para cortes de suministro de energía eléctrica de los usuarios electrodependientes de EDESUR S.A. y EDENOR S.A.; o la no implementación de las Pautas para la Gestión de las Fuentes Alternativas de Energía (cf.resolución 112/18-ENRE).

Ello involucra, por el reparto de competencias y facultades determinado por el orden jurídico aplicable, que el ENRE deba llevar adelante en forma permanente auditorías de oficio, atender debidamente los reclamos en tal sentido, a fin de que no se susciten conflictos vinculados con el pleno acceso y usufructo de los derechos del paciente electrodependiente.

Esto en una función indelegable que debe ser cumplida con sumo ahínco por parte del ENRE, atento la naturaleza de la cuestión bajo trato.

Por eso consideramos, más allá de las particulares circunstancias que puedan haberse configurado en el caso y la resolución de tema en tal sentido, que el ejercicio de tareas tan importantes es indelegable y de ejercicio permanente para el ENRE.

IV. IDEA FINAL.

Celebramos el contenido del presente fallo que como señalamos ab initio, constituye un hito en la jurisprudencia relativa a los pacientes electrodependientes, especialmente en la labor interpretativa que desarrolla en el ámbito de sus derechos, desde su concepción como derechos humanos básicos y esenciales, amparados asimismo por el Estatuto del Consumidor, ya que estamos ante la ejecución de la prestación de un servicio domiciliario vital para ellos.

Pero, además, el fallo nutre de nuevo contenido a la jurisprudencia sobre esta temática en particular, ya que a la línea «indemnizatoria», por llamarla de alguna manera, en donde prima la reparación plena del perjuicio causado por el corte de suministro (58), se suma la línea que hemos denominado «reclamativa», en donde el objeto central de la litis es perseguir el cumplimiento de lo dispuesto en todo o parte del marco normativo encabezado por la ley 27.351.

Por incumplimiento de la distribuidora, falla en el control estatal, etc., ante el reclamo del usuario se le desconoce algún aspecto de la tutela que dicho conjunto de normas establece a favor del paciente electrodependiente.Ese incumplimiento, de carácter grave, ya que según los aspectos fácticos de la situación pueden poner en peligro la salud o la vida de la persona, es el que motiva la interposición de la acción judicial de que se trate.

Se está reclamando entonces, no ya las consecuencias de una mala calidad de servicio técnico, sino el no contar (a pesar de haber cumplimentado con todos los requisitos reglamentarios exigidos para ello) con los elementos adecuados para acceder a un nivel de calidad de vida digno.

Esperamos que, a través de este tipo de fallos, tanto las Concesionarias como el Estado Regulador tomen debida nota a fin de evitar en el futuro situaciones que denigren de cualquier modo la dignidad humana de los electrodependientes.

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(1) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 13-ago-2019, P. J. M. c/ Edesur y otro s/ sumarísimo, Cita: MJ-JU-M-120687-AR.

(2) Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario, Actualización 2019, voz Hito (https://dle.rae.es)

(3) Debe tenerse en cuenta que hablar de los derechos de los personas electrodependientes por razones de salud, implica referirse al respeto por su dignidad inherente a la condición de persona humana, a un nivel de calidad de vida digno en función del acceso en forma permanente al usufructo de un servicio domiciliario esencial como es el que nos ocupa en esta oportunidad y por sobre todo, al derecho a la salud y a la vida, que podría estar en riesgo ante el incumplimiento ante la tutela del colectivo, a través del plexo normativo actualmente encabezado por la ley 27.351 .(1)

Por ello, cobran suma importancia aquí los principios generales de:

a) progresividad (tendencia manifiesta hacia la extensión de los derechos humanos, de modo continuado e irreversible, tanto en el número como en el contenido de los derechos protegidos, así como en su eficacia y vigor);

b) provisión de un estándar mínimo de protección (pautas mínimas a las quelos estados se obligan, tanto en cuanto a la cantidad de derechos como al alcance que se le reconoce a cada uno, conformando así un piso mínimo de derechos a las personas sujetas a su jurisdicción, al margen de que el derecho interno reconozca más derechos o lo haga en mayor medida que en el Derecho Internacional de los DDHH), y

c) irreversibilidad (imposibilidad de desconocerla condición de un derecho como inherente a la persona humana una vez que el estado así lo ha hecho en un instrumento internacional).

Ver MANILI, Pablo L.: El bloque de Constitucionalidad, pp. 43-49, La Ley, Buenos Aires, 2003.

En función de lo expuesto someramente, adquiere un sentido vital la labor jurisprudencial, no sólo haciendo cumplir la protección consagrada en el derecho interno con base en el derecho supranacional (cf. art. 75, inc. 22 CN), sino a través de una interpretación acorde con la intención del legislador y los principios expuestos.

(4) A título meramente ilustrativo, señalamos que, siendo la Tetraparesia Espástica una parálisis que afecta a todo el cuerpo, es dable señalar que Tetraparesia significa disminución de la movilidad (paresia) en las cuatro (tetra) extremidades, es decir de brazos y piernas. Es debida a una lesión extensa de la corteza cerebral que provoca una alteración del tono muscular.

Espasticidad significa rigidez; las personas que tienen esta clase de parálisis encuentran dificultad para controlar algunos o todos sus músculos, que tienden a estirarse y debilitarse, y que a menudo son los que sostienen sus brazos, sus piernas o su cabeza. Por ello, la espasticidad causa mayor afectación en los músculos que se contraen para vencer la gravedad (antigravitatorios) por lo que la postura suele ser en flexión de los brazos y las piernas. Ampliar en https://neuropediatra.org.

(5) Ampliar en Suárez, Enrique Luis, Un desafío de nuestro tiempo: la temática de los electrodependientes, Revista «Enfoques sobre Salud, Bioética y Derecho», Volumen 1 (marzo 2017), pp.87-124, Buenos Aires, Editorial Visión Jurídica.

(6) Las medidas enumeradas se adoptaron en el marco del decreto 134 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017.

(7) Por dicha resolución se establece la estructura tarifaria y precios de referencia de potencia y energía para el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).

(8) El texto original de dicho Anexo I fue sustituido por la resolución 219-E/2016 del Ministerio de Energía y Minería.

(9) Es la caracterización que, por su condición de monopolio natural, reviste la prestación del servicio de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica a usuarios que se conecten a la red de distribución de electricidad de la distribuidora, pagando una tarifa por el suministro recibido (Ver Capítulo «Definiciones» en los Contratos de Concesión de las Distribuidoras, disponibles en http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/home?openframeset).

(10) Los Usuarios son los destinatarios finales de la prestación del Servicio Público (Ver referencia en nota anterior).

(11) Es el Nacional Regulador de la Electri cidad (ENRE), creado por el art. 54 de la ley 24.065.

(12) Todo ello es respecto del Área de prestación exclusiva del servicio correspondiente a cada Distribuidora, esto es, el «territorio dentro del cual se presta con exclusividad zonal la prestación del servicio público de distribución en los términos de las Leyes Nº 14.772 , Nº 15.336 , Nº 23.696 y Nº 24.065 », y es «el ámbito en el que el concesionario está obligado a prestar el servicio y a cubrir el incremento de demanda en los términos de su contrato de concesión» (Cfe. Capítulo «Definiciones» de cada contrato de concesión).

(13) Recuérdese que por el art.9º de la ley 24.065, se considera distribuidor a quien, dentro de su zona de concesión es responsable de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en forma independiente.

(14) A tal fin, serán responsables de atender el incremento de demanda en su zona de concesión, por lo que deberán asegurar su aprovisionamiento celebrando los contratos de compraventa de energía eléctrica en bloque que considere conveniente.

No podrán invocar el abastecimiento insuficiente de energía eléctrica como eximente de responsabilidad por el incumplimiento de las normas de calidad de servicio que se establezcan en su contrato de concesión, todo ello conforme el artículo 21 de la citada reglamentación de la ley 24.065.

(15) Dichas obligaciones se encuentran previstas también en el artículo 25, incisos a), b), f), g) y h) de cada contrato de concesión de las distribuidoras.

(16) La Distribuidora es el operador que, en virtud de celebrar con el Estado Nacional el contrato de concesión del servicio, dentro de su Área es responsable de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar suministro en forma independiente (Contratos de Concesión, Capítulo «Definiciones»).

(17) Cf. artículos 1716 , 1740 y cc de Código Civil y Comercial. Atento el alcance del presente, no abundamos en el tema, pudiendo ampliarse en Suárez, Enrique Luis, Daños derivados de la prestación de servicios públicos, en Ghersi, Carlos A. y Weingarten, Celia (directores), Tratado de Daños Reparables, Tomo II, pp.285-290, La Ley, 1ª Edición, Buenos Aires, 2008.

(18) En aquel entonces bajo la jurisdicción nacional del ENRE como autoridad regulatoria en materia de Distribución.

(19) Denominado «Contenidos Básicos de los Planes de Emergencias de las Empresas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica».

(20) Los mismos comprenden la recepción de la información; la identificación y clasificación del evento; el procesamiento de las llamadas de usuarios por la emergencia; instrucción previa del personal para recepcionar dichas llamadas; un procedimiento o secuencia de implementación de medidas; la disponibilidad de personal, equipos, y materiales necesarios; la capacidad de movilización y requerimientos de seguridad para la protección de las personas involucradas en la emergencia.

(21) Ver TAMBUSSI, Carlos E. (director): Ley de Defensa del Consumidor, pp. 208-215, Hammurabi, 2ª edición, Buenos Aires, 2019.

(22) BERSTEN, Horacio L.:, Derecho Procesal del Consumidor, p. 249 y ss., La Ley, Buenos Aires, 2003.

(23) GHERSI y WEINGARTEN, op. cit., Tomo II, p. 366 y ss.

(24) SUÁREZ, Enrique L.: La renegociación de los contratos de servicios públicos domiciliarios en el marco de la emergencia pública, en AA.VV., Obligaciones en pesos y en dólares, pp. 209-275, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2003.

(25) Seguimos en este punto nuestro trabajo «Marco normativo actual de los electrodependientes», Revista «Enfoques sobre Salud, Bioética y Derecho», Volumen 3 (noviembre 2017), pp. 139-162, Editorial Visión Jurídica, Buenos Aires, 2017.

(26) Sancionada el 26/04/2017, promulgada el 16/05/2017 (B.O. 17/05/2017).

(27) B.O. 22/09/2017.

(28) B.O.25/09/2017.

(29) El mencionado Registro, que depende funcionalmente de la Subsecretaria de Gestión de Servicios Asistenciales y es operativizado por la Dirección Nacional de Redes de Servicios de Salud que depende de la misma.

Posteriormente, por Disposición 32-E/2017 de la mencionada Subsecretaría, se delegó en la Dirección Nacional de Redes de Servicios de Salud la ejecución del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º la Ley Nº 27.351

Dicha Dirección resultará competente para emitir el Acto Administrativo pertinente a fin de conferir o denegar la inscripción en el RECS y dará cumplimiento de los procedimientos establecidos por el anexo I de la Resolución 1538-E /2017.

(30) Puede consultarse el Portal SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), del cual se puede descargar el Instructivo y el Formulario de Solicitud de Información correspondiente (https://sisa.msal.gov.ar/sisa).

(31) B.O. 13/11/2017. Modificada por resolución 67/2018-ENRE (B.O. 12/03/2018).

(32) B.O. 18/04/2018.

(33) Ampliar en SUÁREZ, Enrique L.:

La Jurisprudencia y los Electrodependientes: atisbos que asoman, artículo publicado en la Revista «Enfoques sobre Salud, Bioética y Derecho», Volumen 3 (noviembre 2018), pp. 71-9, Editorial Visión Jurídica, Buenos Aires, 2018.

(34) Ver arts. 1° , 6° y 7° de la ley 27.351, entre otros.

(35) Ver Considerando V, in fine de la sentencia que nos ocupa.

(36) La ley nacional 27.351 ha recibido por cierto la adhesión de varias jurisdicciones provinciales a través de las leyes provinciales 9023 (provincia de Tucumán), 5211 (Río Negro), XIX-66/2017 (Misiones), III-0972/2017 (San Luis), 5518 (Catamarca), 8997 (Mendoza), 3556 (Santa Cruz), Neuquén (3100), Salta (8050) y Buenos Aires (14.988), entre otras.

(38) https://www.aaded.org.

(38) SUÁREZ, Enrique L.: Contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, en GHERSI, Carlos A.y WEINGARTEN, Celia (directores): Tratado de los Contratos, Tomo III (Parte Especial), pp. 176-179, La Ley, Buenos Aires, 2010.

(39) CICERO, NIDIA K.: La Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y su impacto en el régimen de los servicios públicos, JA 2009-I, Suplemento de Derecho Administrativo del 11/03/2009, p.6.

(40) Ibidem.

(41) LORENZETTI, Ricardo L. (director): Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo VI, pp. 230-233, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015.

(42) Ver sexto considerando, segundo párrafo.

(43) BAROCELLI, Sergio S.: Incumplimiento del trato digno y equitativo a consumidores hipervulnerables y daños punitivos: la Suprema Corte de Buenos Aires confirma su procedencia, en DJ 29/05/2013, Cita online: AR/DOC/1191/2013.

(44) Ampliar las características de las diferentes manifestaciones de la debilidad del consumidor/usuario (debilidad material, debilidad psicológica, debilidad cognoscente y, dentro de esta última, el desconocimiento técnico y el desconocimiento «cívico») en Rusconi, Dante D., Esencia del derecho del consumidor, en Rusconi, Dante D. (director), Manual de Derecho del Consumidor, pp. 4-21, Abeledo Perrot, 2ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.

(45) Ibidem.

(46) BAROCELLI, Sergio S., art. cit., en DJ 29/05/2013, Cita online: AR/DOC/1191/2013.

(47) Ampliar en Pacevicius, Iván Vladimir y Suárez, Enrique Luis, Las Personas con Discapacidad como Usuarios Hipervulnerables: la situación de los Electrodependientes por cuestiones de salud, en Barocelli, Sergio Sebastián (director), Consumidores Hipervulnerables, p.81 y ss., El Derecho, Buenos Aires, 2018.

(48) El diálogo de fuentes le asegura al consumidor/usuario una tutela especial que actúa como garantía de la dignidad e igualdad humana, de conformidad con los valores y los principios constitucionales de protección especial, en el marco del denominado proceso de constitucionalización del derecho privado, poniendo especial énfasis en la prevalencia de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y, de esa manera, garantizando la plena aplicación del principio pro homine, en conjunción con el principio general del derecho favor debilis que, en el derecho del consumidor se traduce en el principio protectorio (en sus tres formas de expresión: a) regla «in dubio pro consumidor», b) regla de la norma más favorable y c) regla de la condición más beneficiosa).

Ver BAROCELLI, Sergio S.: Los principios del Derecho del Consumidor como orientadores de la interpretación y aplicación en el diálogo de fuentes, en Impactos del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho del Consumidor. Diálogos y perspectivas a la luz de sus principios, p. 15, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Secretaría de Investigación, Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016.

(49) Incorporada al orden jurídico interno por Ley 26.378 , habiendo adquirido jerarquía constitucional en función de la ley 27.044 .

(50) Ver párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

(51) LORENZETTI, Ricardo L.(director): Código Civil y Comercial comentado, Tomo I, pp. 45-49, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015.

(52) CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián; HERRERA, Marisa (directores): Código Civil y Comercial de la Nación comentado, p.31, Infojus, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.

(53) ¿De qué le sirve al paciente tener cubierta la alimentación del equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud, si para su cuidado y tratamiento debe egresar del edificio y el ascensor no funciona pues no cuenta con un grupo electrógeno que no cubre dicha necesidad alternativa?

(54) Ver reglamentación del inciso b) del artículo 56 de la ley 24.065, aprobada por decreto 1398/92 , en particular el punto b.1.1.

(55) Ídem, punt o b.1.2. Dichos límites se establecen en el referido Subanexo 4.

(56) Ver Subanexo 4 de los Contratos de Concesión, Punto 3 (Calidad del Servicio Técnico), Ítem 3.2.

(57) Ver Nota 23.

(58) Ver, por caso, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 4/09/2018, A. C. P. y otro c. Edenor S.A. s. daños y perjuicios, cita: MJ-JU-M-114104-AR y CNFed. Civ. y Com., sala II, 03/04/2019, Rizzi, Laura María c. Edesur SA s/ Sumarísimo, Revista Jurídica La Ley, Diario

(*) Abogado. Magíster en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca (Campus Madrid). Posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas, FLACSO (sede Argentina). Posgrado en Organizaciones de la Sociedad Civil, FLACSO (sede Argentina). Docente invitado de grado y posgrado, UBA y Universidad Maimónides. Autor de obras sobre temas de su especialidad.