Arbitrariedad policial: Procesan a dos policías por los maltratos con lesiones graves, por el uso desmedido de la fuerza

Partes: M. L. F. y otros s/ tortura

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe

Fecha: 5-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-122207-AR | MJJ122207 | MJJ122207

Se confirma el procesamiento de dos policías como responsables de los delitos de vejaciones agravado por violencia en concurso ideal con lesiones graves, ya que si bien los sospechosos intentaron resistirse ello no puede de ninguna forma justificar un uso desmedido de la fuerza susceptible de producir daños en su persona.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el procesamiento de los encartados como responsables de los delitos de vejaciones agravado por violencia en concurso ideal con lesiones graves, agravadas por ser cometidas abusando de sus funciones como integrantes de las fuerzas policiales (arts. 144 bis inc. 2 y último párr., 142 inc. 1 , 90 , 92 y 80 inc. 9 , 45 , 54 y 55 del CPen.), ya que el hecho -probado- de que los sospechosos hayan intentado resistirse y se hayan opuesto violentamente a su detención, no puede de ninguna forma justificar un uso desmedido de la fuerza susceptible de producir daños en su persona.

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2.- Si bien el accionar policial fue inicialmente justificado, ya que se trata de una detención producto de una investigación judicial en curso por tráfico de estupefacientes; aceptándose incluso el uso de la fuerza mínima e indispensable para aprehender a los sospechosos que se resistían, sin embargo, se transformó en desmedido una vez que lograron reducirlos, tornándose por ende absolutamente excesivo e injustificado; excesos que fueron determinantes para provocarles daños a ambos.

Fallo:

Santa Fe, 5 de noviembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Estos caratulados «»L. F. M. y otros s/ tortura» Expte. Nº FRO 13814/2014/TO1; de entrada ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe; de los que, RESULTA:

Que habiendo finalizado la deliberación prevista en el art. 396 del CPPN, corresponde al Tribunal pronunciarse, por orden de voto de sus integrantes, sobre todas las cuestiones que han quedado planteadas en el contradictorio, de conformidad a lo que prescriben los arts. 398 y 399 del Código Procesal Penal de la Nación.

El Dr. Luciano Homero Lauria dijo:

I.- Se inician las presentes actuaciones en fecha 3 de abril de 2013 en virtud de la denuncia efectuada por Gustavo Fabián Cernadas y Luis Ángel Ramírez ante el fiscal federal de Reconquista -pcia. de Santa Fe-, en contra de personal de la división drogas peligrosas de la policía provincial, identificados como Daniel Musante, Gustavo Senn, L. F. M. y G. D. A., en virtud de las lesiones que sufrieron cuando fueron detenidos por ellos el 25 de marzo del mismo año en un procedimiento efectuado en la vía pública de esa localidad.

Manifiestan en su exposición haber sido víctimas de violencia física y verbal, castigos, vejaciones y malos tratos durante su detención, continuando dicha actitud por parte de los efectivos en la comisaría 1ra. de Reconquista y en la celaduría de la UR IX. Asimismo denuncian al médico policial Dr.

Alejandro Daveau, por la deficiente atención y la falta de derivación para el tratamiento adecuado de las lesiones presentadas por los nombrados (fs. 1/4).

II.- Recibida la denuncia en el Juzgado Federal de Reconquista, se delega la investigación al Ministerio Público Fiscal conforme lo dispuesto por el art. 196 del CPPN (fs. 6).

En la continuidad del trámite se agregan declaraciones testimoniales de Ángel Luis Ramírez (fs. 17/20 vta.), Gustavo Fabián Cernadas (fs. 21/25), José Juan Picech (fs. 26/27), Juan Carlos Díaz (fs.28/29 vta.), Danilo Hernán Capeletti (fs. 30/31), Claudia Cristina Cedero (fs. 32/33), Leonardo Rolón (fs. 61/62), César Manuel Zampar (fs. 96/98), Oscar Alfredo Díaz (fs. 100/101), Flavia Danisa Altamirano (fs. 113/114 vta.), Carlos Eduardo Arce (fs. 118/120), Luis José Coronel (fs. 121/122 vta.), Gloria Cecilia Marchetti (fs. 500/502), Ariel Fernando Sena (fs. 503/504), Juan Ramón Vase (fs. 505/507), José Sebastián Gutiérrez (fs. 508/509 vta.), María Belén Buyatti (fs. 510/511), Ramón Sebastián Baru (fs. 512/514), Mariano Emilio Regonat (fs. 515/516 vta.), César Ariel Ibáñez (fs. 517/517 vta.), Gloria Ratti (fs. 833/833 vta.), Carlos Ricardo Escobar (fs. 853/854 vta.), Leonardo Damián Solari (fs. 871/874), Lelia Viviana Picech (fs. 905/905 vta.), Walter Daniel Onieva (fs. 909/912, Nidia Etelvina Nadalich (fs. 913/913 vta.), María Soledad Gómez (fs. 925/927), Angel Luis Ramírez (fs. 1117/1118), Gustavo Fabián Cernadas (fs. 1119/1120), Jorge Daniel Alonso (fs. 1244/1245 vta.) y Gregorio Sebastián Arriola (fs. 1246/1248); se incorporan fotografías (fs. 68/69 y 455/459), copias del libro de novedades de celaduría (fs.74/78) y legajos personales (fs. 176/237).

El 2 de mayo de 2013 se ordena la detención de los agentes policiales Musante, Senn, A. y M.; recibiendo las respectivas declaraciones indagatorias (fs. 286/344 vta.). Asimismo se recepciona indagatoria de Alejandro Oscar Daveau (fs. 533/541) y se constituyen como querellantes Cernadas y Ramírez (fs. 548).

En fecha 16 de mayo de 2013 se dicta el procesamiento de L. F. M. y G. D. A. como presuntos autores del delito previsto y reprimido por el art. 144 bis inc. 2 del C. Penal con la agravante del último párrafo; y la falta de mérito de Daniel Alberto Musante y Sergio Gustavo Senn; y el 24 de junio del mismo año se dicta el procesamiento de Alejandro Oscar Daveau como presunto responsable del delito previsto y reprimido por el art. 249 del C.Penal (fs. 944/954). Dichos decisorios fueron confirmados por sendas resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, de fecha 19 de noviembre y 12 de diciembre de 2013.

Posteriormente la parte querellante solicita requerimiento de elevación a juicio respecto de M. y A. como autores del delito de aplicación de tormentos (art. 144 ter del C. Penal) y de Daveau como autor del delito de omisión de denunciar tormentos (art. 144 quater C. Penal). A su vez, en fecha 23 de mayo de 2014 el fiscal federal requirió la elevación a juicio respecto a M. y A. como autores del delito de imposición de torturas (art. 144 ter del C. Penal) y a Daveau como autor del delito de omisión de denunciar torturas (art. 144 quater inc. 2 C. Penal).

III.- Radicada la causa en este tribunal y verificadas las prescripciones de la instrucción, se cita a las partes a juicio, se realizan los exámenes mentales obligatorios previstos por el art. 78 del C. Penal (fs. 1362/1364 vta. y 1540/1541 vta.) y se proveen las pruebas ofrecidas por la querella, el fiscal general y el defensor particular (fs. 1374/1375, 1388); agregándose luego el legajo personal de Daveau e informes del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 1549/1556).

El 15, 16, 24, 25 y 29 de octubre del corriente año se llevan a cabo las audiencias de debate con la intervención de los jueces firmantes, el abogado querellante Dr. Luis Tanino, el fiscal general Dr. Martín Suárez Faisal, y los imputados L. F. M., G. D. A. y Alejandro Oscar Daveau, asistidos por el defensor particular Dr.Néstor Oroño.

No existiendo planteos preliminares de las partes, se recepciona la prueba ofrecida consistente en los testimonios de Gustavo Cernadas, Ángel Ramírez, César Zampar, Gloria Marchetti, Leonardo Rolón, José Gutiérrez, Mariano Regonat, Ariel Sena, Ramón Barú, Juan Vase, Gregorio Arriola Petrapaolo, Jorge Alonso, Claudia Cedero, Eduardo González, Rodrigo Nardelli, Walter Onieva, José Escobar, Flavia Altamirano, Carlos Arce y Luis Coronel; introduciéndose por lectura las testimoniales de César Ibáñez, María Soledad Gómez, José Picech, Danilo Capeletti, Oscar Díaz, Carlos Escobar, Leonardo Solari, Nidia Ladilich, Juan Díaz y María Belén Buyatti, así como también los documentos que obran detallados en el acta respectiva.

Luego de deponer los imputados contestando preguntas de la defensa, el fiscal general formula su alegato manteniendo la postura acusatoria que sustenta el requerimiento de elevación a juicio, aunque propiciando una calificación jurídico penal distinta de la escogida en la etapa instructoria. Considera probado con grado de certeza, que el día 25 de marzo de 2013 los imputados M. y A., en el marco de un procedimiento policial en la vía pública, redujeron de manera violenta y propinando una fuerte golpiza a Ramírez y Cernadas, provocándoles por ello graves lesiones.

Relata que posteriormente fueron examinados en dependencias policiales por el imputado Daveau -en su carácter de médico policial-, quien solo se limitó a la confección de los informes de rutina, siendo derivados en ese estado a la celaduría de la UR IX sin el debido tratamiento de las lesiones presentadas.

Por todo ello solicita se condene a L. F. M. y G. D. A. como autores penalmente responsables de los delitos de vejaciones agravado por violencia en concurso ideal con lesiones graves, agravadas por ser cometidas abusando de sus funciones como integrantes de las fuerzas policiales (arts. 144 bis inc. 2 y último párrafo, 142 inc. 1, 90, 92 y 80 inc. 9, 45, 54 y 55 del C. Penal) y en el caso de M. en concurso real con el delito de abuso de autoridad (art.248 y 55 del CP) en perjuicio de Ángel Luis Ramírez y Gustavo Fabián Cernadas, a la pena de cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta y perpetua para el primero y tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta y perpetua para el segundo.

Asimismo propicia se condene a Alejandro Oscar Daveau como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de documento público (arts. 277 inc. 1.a, agravado por el inc. 3.d, 279 inc. 3, 293, 45 y 54 del C. Penal) en perjuicio de Ángel Luis Ramírez y Gustavo Fabián Cernadas, a la pena de dos (2) años de prisión, cuyo cumplimiento podrá ser dejado en suspenso, e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por cuatro (4) años.

A su turno, el representante de la parte querellante, luego de efectuar una descripción de los hechos que consideró probados y las pruebas que a su criterio lo avalan, adhiere a la acusación fiscal, solicitando se condene a L. F. M. y a G. D. A. a la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública por considerarlos autores del delito de vejaciones agravadas por violencia en su accionar, en concurso doblemente agravado por ser funcionarios públicos. Seguidamente solicita se condene a Alejandro Daveau a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión por considerarlo encubridor de los delitos realizados por M. y A. e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena solicitada.

Por su parte, el Dr. Oroño plantea la nulidad de la acusación formulada por la querella, debido a la falta de fundamentos, motivación y razonabilidad en la cuantía punitiva propiciada, citando jurisprudencia y doctrina que avalan su pedido.Luego de ello solicita la absolución de culpa y cargo de los imputados, haciendo referencia a un proceso plagado de mentiras y engaños, y describiendo los hechos y valora pormenorizadamente la prueba producida durante el transcurso del debate. En forma subsidiaria peticiona que, para el hipotético caso de una condena a sus defendidos, la misma sea dejada en suspenso; realizando finalmente reserva de recursos.

Contestado el traslado de la nulidad por parte del querellante y el fiscal general, habiéndose realizado réplica y contrarréplica y sin que los imputados hagan uso de su derecho a declarar en última instancia, se declara formalmente cerrado el debate.

CONSIDERANDO:

I.- Por motivos de orden deberé avocarme en primer término a tratar la nulidad planteada por la defensa técnica de los imputados al comienzo de su exposición final. El Dr. Oroño impugna la acusación efectuada por el Dr. Tanino como representante de la parte querellante, debido a la falta de fundamentos, motivación y razonabilidad en el monto de la pena propiciada, no cumpliendo -a su entender- con la legislación de fondo en cuanto a las pautas valorativas de la acción y el sujeto, tornando la invalidez del pedido de pena.

Que si bien es cierto que el fundamento esgrimido por el representante de la parte querellante al propiciar la pena de los acusados ha sido acotado, no menos cierto es que al relatar los hechos, la calificación jurídica, la autoría y la sanción, se refirió y destacó los dichos y argumentos que utilizó el fiscal general en su alegato. En efecto, al intentar válidamente no ser reiterativo y fatigar con ello al auditorio, el Dr.Tanino en todo momento de su alocución se remitió a lo expuesto precedentemente por el titular de la acción pública.

Tal referencia, valedera en el contexto en que se aludía y eficaz a la hora de evaluar el mérito, oportunidad y conveniencia que debe primar en todo acto procesal, no hizo mas que justificar y sostener la postura que tuvo en miras su relato, absolutamente valedera y legítima para los fines propuestos. El petitorio efectuado tuvo sobrados argumentos, mediante los recursos discursivos aludidos, que hicieron al alegato ajustado a derecho.

En consecuencia, no encuentro motivo alguno nulificar la acusación de la querella o tornarla ineficaz, ya que la misma ha colmado los requisitos de razonabilidad exigidos en la construcción del relato y consecuente cuantía punitiva. Por todo ello, corresponde sin más rechazar la nulidad planteada por la defensa técnica de los imputados.

II.- Ha quedado comprobado en el debate que el 25 de marzo de 2013 siendo aproximadamente las 21 hs., personal de la Brigada Operativa Departamental IX y de la sección inteligencia zona norte -de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía provincial-, llevó a cabo un procedimiento en la vía pública de la ciudad de Reconquista, más precisamente en calle Amenábar entre Iriondo y General López, en el marco de la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Reconquista, caratulada «BOD IX s/ solicita intervención telefónica (pta. Inf. Ley 23737)- Expte 062/12»; lográndose la detención de los investigados Gustavo Fabián Cernadas y Ángel Luis Ramírez.

En dicho operativo participaron entre otros efectivos, los oficiales principales L. F. M. y G. D. A., encontrándose el primero a cargo del procedimiento. En tal circunstancia se produjo una refriega en la cual Cernadas y Ramírez opusieron con actitud decidida una fuerte resistencia para evitar ser detenidos, siendo necesario para neutralizarlos varios policías con cada uno de ellos.En momentos de la reyerta, se produjeron empujones y golpes que trajeron como consecuencia distintas lesiones en el cuerpo de Cernadas, Ramírez y otros efectivos intervinientes.

Una vez controlados, fueron esposados y ante la presencia de testigos continúa el procedimiento, siendo luego trasladados a la sede de la brigada, situada en el mismo edificio que la comisaría primera de la ciudad de Reconquista. Allí fueron revisados por el médico policial Dr. Alejandro Daveau, quien confeccionó los informes pertinentes, siendo trasladados luego -previo paso de Ramírez por el hospital central- a la celaduría de la Unidad Regional I de dicha ciudad.

Los hechos descriptos encuentran sustento probatorio en los testimonios prestados en el debate por los funcionarios policiales que participaron del procedimiento, así como en el acta incorporada a fs. 235/238 del Expte. FRO 86000022/14/TO1, reconocida en audiencia por todos ellos.

Gloria Marchetti hizo referencia al momento del arribo al lugar y en particular a la actitud de Cernadas que, al escuchar la voz de alto, intentó escapar -siendo interceptado a media cuadra- y opuso resistencia intentando mediante golpes de puños y patadas eludir el accionar policial. Destacó que fueron momentos de suma tensión hasta que lograron sujetarlo; que una vez reducido y esposado con dos juegos de grilletes, el nombrado denotaba un gran estado de excitación, golpeándose incluso reiteradas veces la cabeza contra el asfalto, por lo que en el lugar quedó una mancha de sangre.

José Sebastián Gutiérrez relató que estaba presente ayudando al imputado A. a reducir a C., cuya resistencia les obligó a realizar un gran esfuerzo.

Que advirtió las lesiones en el rostro de los detenidos, siendo él también afectado por un golpe en el abdomen y el codo.

Quienes oficiaron de testigos de actuación en el procedimiento también prestaron declaración en la audiencia, precisando las circunstancias en que fueron convocados por los agentes y la resistencia que los detenidos opusieron.Eduardo Gabriel González afirmó que una de las personas que los policías pretendían reducir era muy difícil de contener, ya que estaba muy nerviosa.

Rodrigo Javier Nardelli, por su parte, mencionó que uno de los detenidos golpeaba su cabeza contra el piso.

El oficial Ariel Fernando Sena manifestó que al llegar al lugar del procedimiento, vio forcejeando a M. con Ramírez, a quien finalmente pudo neutralizar y esposar; y que ya en dependencias policiales, los detenidos fueron revisados por el médico y posteriormente alojados en la Celaduría de la UR IX; expresiones reforzadas con las copias del libro de novedades obrantes fs. 74/78.

En forma concordante, el sub inspector Ramón Barú declaró que llegó al lugar junto al comisario Musante, cuando Ramírez y Cernadas ya estaban aprehendidos, refiriéndose a este último como una persona provocadora y con mucha fuerza; reconociendo haber participado del traslado de Ramírez a la comisaría y al hospital conforme el pedido del médico policial.

Por otro lado, Leonardo Rolón y Claudia Cedero, quienes fueron testigos presenciales de la detención de Ramírez y Cernadas, coincidieron en su relato con las circunstancias apuntadas. Asimismo se desprende de las declaraciones realizadas durante el trámite de la instrucción por Juan Carlos Díaz, María Belén Buyatti, Leonardo Solari y Nidia Ladalich -introducidas por lectura-, que en el lugar había mucha gente y que los detenidos se encontraban con las manos esposadas hacia atrás, uno en el piso y otro parado.

Voy a ponderar también las exposiciones de los efectivos César Zampar y Walter Onievas, quienes se desempeñaban en la Celaduría de la UR IX, y coincidieron que tanto Ramírez como Cernadas presentaban lesiones visibles a su ingreso, por lo que debieron ser revisados por el Dr. Daveau al día siguiente; situación corroborada a su vez con las copias del libro de novedades de la dependencia, incorporadas a fs.998/1004.

Todas las pruebas individualizadas, contestes y congruentes al merituarlas una por una y en su conjunto, me permiten sin ningún tipo de dudas reconstruir y tener por cierto los hechos precedentemente expuestos.

III.- Se ha acreditado también la existencia de múltiples lesiones en ambos querellantes. Gustavo Cernadas sufrió fractura en la base orbital derecha, fractura del tabique nasal, hematomas en el cuerpo y en el rostro. Por su parte Ramírez tuvo una fractura en la rama ascendente del maxilar derecho y hematomas en diferentes partes del cuerpo.

Prueba de ello ha sido el reconocimiento realizado en el debate por el Dr. Carlos Eduardo Arce, médico del hospital central que los atendiera en la guardia. Asimismo pondero la documental introducida por lectura que da cuenta del estado de salud de los nombrados; en particular los informes médicos de fs. 248/249 vta. y 383/384 vta., las historias clínicas elaboradas por el Hospital Central de Reconquista de fs. 400/401 vta. y el informe del director del hospital central de fs. 468/470 y 472/496 agregados en el Expte. FRO 86000022/2014/TO1, las fotografías de fs. 68/69 y informe médico de fs. 860 del Expte. FRO 13814/2014/TO1-, así como las historias clínicas que se encuentran reservadas en Secretaría.

IV.- Se vislumbraron en el debate, sin hesitación alguna, indicios graves y concordantes que establecen la directa participación de L. F. M. y G. D. A. en los hechos acaecidos; ellos participaron con un rol protagónico en el procedimiento para detener a Gustavo Cernadas y Ángel Ramírez, siendo individualizados en su accionar violento para lograr reducirlos y aprehenderlos.

En efecto, L. F. M. reconoció haberse arrojado sobre Ramírez y haberlo tumbado de la motocicleta sobre la que estaba montado, así como la necesidad de usar la fuerza para lograr esposarlo.Tales extremos también fueron plasmados por el imputado en el acta de procedimiento -por él redactada-, donde literalmente mencionó que «. luego de correr varios metros me avalancé (SIC) sobre el ciudadano Ramírez, el cual se hallaba sobre la mencionada motocicleta, por lo que caímos sobre la vereda (.) me vi en la obligación de hacer uso de la fuerza mínima e indispensable para hacer cesar dicha conducta .».

Es evidente que el uso de la fuerza que utilizó M. de ninguna manera ha sido mínima e indispensable, sino que lo fue en forma excesiva y causó de modo directo las lesiones sufridas por Ramírez. Al respecto, vale destacar que mientras el encausado solo presentaba un corte en su mano -tal como lo declaró en el debate-, el detenido padeció diversas lesiones de consideración que demuestran una evidente desigualdad en lo que el primero definió como «forcejeo».

Por su parte, A. aceptó en la audiencia haber logrado reducir a Cernadas, lo que fue confirmado por los agentes Marchetti, Sena, Vase y Gutiérrez, quienes colaboraron en esa faena. Este último hizo mención a haber llegado al lugar cuando ya sus compañeros estaban forcejeando y que intentó ayudar en la aprehensión, por lo que también resultó lesionado al caer -junto a Cernadas- contra el asfalto. La participación de A. en esta detención fue plasmada en el acta de procedimiento confeccionada por M., donde consta que «.el resto del personal detallado se hallaba forcejeando con el llamado Cernadas, quien en todo momento se resistió al accionar policial (.) debiendo utilizar la fuerza necesaria para reducirlo, quedando de cúbito ventral sobre la cinta asfáltica de calle Amenábar .».

Así, si bien han surgido de las declaraciones de los testigos coincidencias respecto a que intervinieron varios policías en la detención de Cernadas, lo cierto es que solo ha sido imputado por tal hecho y traído a juicio G. D.A.; y que -reitero- no arrojo duda alguna respecto a su participación directa en el uso de la fuerza, y en consecuencia en la producción de las lesiones del nombrado. Su versión de que no participó en las maniobras para reducirlo porque estaba imposibilitado para hacer fuerza por una cirugía en la zona inguinal, solo pueden enmarcarse como una versión para intentar desincriminarse.

Habida cuenta que, si bien el cirujano del hospital de Reconquista mencionó haberlo operado, no se ha probado de ninguna forma que esa intervención quirúrgica haya sido contemporánea al hecho imputado, o que hubiera estado en el período de recuperación física en ese momento. Máxime si se tiene en cuenta que se encontraba cumpliendo servicio normalmente y que de su legajo personal -agregado a fs. 571/578- no surge que se haya encontrado con licencia médica en los días previos.

Por otro lado, no puedo obviar que el hecho desencadenante que provocó el funcionamiento del andamiaje judicial, han sido las lesiones sufridas por Ramírez y Cernadas, cuya gravedad ha superado a todas luces la posibilidad de considerar que tuvieron su origen en un uso de la fuerza mínimo e indispensable.

Contrariamente, con solo aplicar las reglas de la lógica y la experiencia, puedo razonar fundadamente que se trató de un uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.

El hecho -probado- de que los sospechosos hayan intentado resistirse y se hayan opuesto violentamente a su detención, no puede de ninguna forma justificar un uso desmedido de la fuerza susceptible de producir tales daños en su persona.

En consecuencia, al analizar la totalidad de las pruebas mencionadas en su conjunto, no cabe duda alguna sobre la directa y activa participación de M. y A. en el hecho ilícito descripto en los apartados precedentes.

V.- Respecto a la calificación legal de los hechos atribuidos, entiendo que ha de encuadrarse dentro del tipo penal de vejaciones agravadas por haber causado un grave daño a la persona -arts. 144 bis inc.2 y último párrafo, y 142 inc. 3 del C. Penal-, en exceso de los límites impuestos por la ley -art. 35 del C. Penal-.

El artículo 144 bis inc. 2 del código de fondo establece pena de prisión e inhabilitación para «.el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales».

Al ingresar al análisis de los requisitos que el tipo penal escogido debe satisfacer, surge diáfano que M. y A. actuaron en calidad de funcionarios públicos y que se encontraban cumpliendo un acto de servicio; situación en la que agredieron a los hoy querellantes, causándoles lesiones de diferente consideración en su persona.

La doctrina ha definido a las vejaciones como todo tratamiento denigratorio o humillante, sea físico o verbal, practicado con el exclusivo propósito de mortificar al destinatario, atacando su sentimiento de dignidad o de respeto que merece como persona y con el que espera ser tratada (Creus, Estrella-Godoy Lemos), lo que se exterioriza mediante actos materiales como golpes, patadas, cachetadas, insultos o actos ridiculizantes.

Se configura el delito cuando un funcionario público, que tiene el poder que le otorga su cargo, maltrata a una persona -ya sea física o moralmente- de modo ilegítimo, dispensándole un trato injustificado y antirreglamentario, humillándolo o mortificándolo con el fin de denigrarlo. Es una acción que se agota en el atentado físico o psíquico ejercido sobre la persona; diferencia clave con la figura del apremio ilegal que tiene como finalidad conseguir algo de su receptor o lograr una determinada conducta, cuestión que ha quedado descartada en el transcurso del debate.

Cabe considerar que el injusto encuentra su base en el art.18 de la Constitución Nacional en cuanto a la protección de los detenidos contra cualquier tipo de castigo, siendo reforzada por las Convenciones, Pactos y Tratados internacionales incorporados en ella, que brindan un marco más amplio que plasma la obligación del Estado de articular los medios para garantizar el reconocimiento de los derechos y el trato digno y respetuoso de quienes se encuentran privados de la libertad; este respeto es el que constituye el límite a la actividad estatal, valiendo para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder frente al individuo.

En el presente ha quedado plenamente acreditada la existencia material del procedimiento y que en momentos de la detención tanto M. como A. realizaron un uso desmedido de la fuerza para aprehender a Ramírez y Cernadas, golpeándolos con un grado de violencia suficiente para causarles las lesiones ya referidas. La agresión se mantuvo aun cuando estos ya se encontraban en situación de sujeción, revistiendo las características del vejamen que contempla el Código Penal.

Cabe también merituar lo establecido en el último párrafo del art. 144 bis que eleva la pena en caso de concurrir alguna circunstancia de las enumeradas en los incs. 1, 2, 3 y 5 del art. 142 de ese cuerpo normativo. Teniendo en cuenta que se ha acreditado suficientemente en el debate la producción de un grave daño a la persona, no importando este hecho otro delito por el cual la ley impone pena mayor conforme al inciso 3, entiendo que ha de aplicarse este agravante.

Determinado el tipo penal con su agravante, voy a destacar que el daño sufrido por Ramírez y Cernadas fue ocasionado por los encartados sobrepasando los límites que les imponen la ley o la autoridad. En efecto, si bien se ha probado que los nombrados ofrecieron resistencia a su detención -incluso intentando agredir al personal policial-, el uso de la fuerza empleado ha sido a todas luces injustificado, sustituyéndose de tal forma la finalidad legítima por un fin ilegítimo.

El art.35 del C. Penal regula la cuestión examinada. En efecto, sostiene dicha disposición que «el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia».

Se trata de una atenuación de la pena cuando se excediera cualquier causa de justificación para utilizar el uso de la fuerza. La acción excesiva tiene comienzo al amparo de una causa justificada pero concluye de modo antijurídico El exceso fue definido por Soler como «la intensificación innecesaria de la acción judicialmente justificada», o también como la situación que concurre «cuando el sujeto en las condiciones en que concretamente se halló, pudo emplear un medio menos ofensivo e igualmente eficaz» (Derecho Penal Argentino, tomo I, Pág. 387).

Vale aclarar que el accionar policial fue inicialmente justificado, ya que se trata de una detención producto de una investigación judicial en curso por tráfico de estupefacientes; aceptándose incluso el uso de la fuerza mínima e indispensable para aprehender a los sospechosos que se resistían. Sin embargo, se transformó en desmedido una vez que lograron reducir a Cernadas y Ramírez, tornándose por ende absolutamente excesivo e injustificado; excesos que fueron determinantes para provocarles daños a ambos, lo que me permite afirmar que la conducta desplegada por los imputados encuadra dentro de la previsión del artículo en análisis.

Todo lo expuesto me posibilita concluir fundadamente que se encuentran verificados los elementos constitutivos del tipo penal, siendo adecuada la calificación legal escogida y por la que deberán responder L. M. y G. D. A., atento que constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

Finalmente, atento que el fiscal general al formular su acusación concibió configurado el delito de lesiones graves (art. 90 del C. Penal) en concurso real, considero que las mismas han sido valoradas para agravar el delito conforme lo establecido en el art. 142 inc. 3 del C.Penal, por lo que entiendo que existe un concurso aparente de leyes donde uno de los tipos penales desplaza al otro, debiendo aplicarse la figura penal antes analizada en virtud de su mayor penalidad represiva.

VI.- Solo resta establecer la medida de la sanción a la que se han hecho pasibles los encausados, a la luz de las pautas individualizadoras de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Para ello voy a considerar como atenuante la falta de antecedentes condenatorios -de acuerdo a los informes del Registro Nacional de Reincidencia obrantes a fs. 1549/1554-, lo que demuestra que no han tenido previamente conflictos con la ley penal, así como también la ausencia de sanciones en sus legajos personales.

Por otro lado y atento que debe aplicarse la reducción punitiva prevista Fecha de firma: 05/11/2019 en el art. 35 del C. Penal, voy a ponderar que los tipos penales con que se ha calificado la conducta de los procesados no admiten la culpa, por lo que voy a considerar el atenuante para reducir la pena al mínimo de la escala penal prevista en abstracto para el delito atribuido.

De tal forma se les impondrá a L. F. M. y G. D. A. la pena de dos (2) años de prisión en inhabilitación especial por cuatro (4) años.

Asimismo, cumpliéndose con las condiciones objetivas estipuladas en el art. 26 del C. Penal, teniendo en cuenta las condiciones personales de los imputados, que han cumplimentado con las obligaciones de estar a derech o cada vez que han sido requeridos y que continuaron prestando servicios en la policía provincial logrando ascensos en sus cargos, destacando la ausencia de elementos demostrativos de un desapego a las normas legales con posterioridad al hecho, entiendo que se torna innecesario el cumplimiento efectivo de la pena e inconveniente a los fines de la readaptación social que persigue el derecho penal, por lo que su cumplimiento será dejado en suspenso.

Consecuentemente, de acuerdo con lo previsto por el art. 27 bis del C.Penal se les impondrá durante el plazo de dos (2) años, contados a partir de que el presente decisorio cobre firmeza, las reglas que se detallan a continuación: a) fijar residencia dentro de la jurisdicción del tribunal; b) someterse al cuidado del Patronato del mismo, efectivizado a través del juez de Ejecución Penal; y c) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

VII.- Conforme lo previsto en el art. 530 del CPPN, se les impondrá a los condenados el pago de las costas procesales que ascienden a la suma de mil quinientos pesos ($1.500).

VIII.- A la hora de analizar la situación de Alejandro Daveau, quien ha sido acusado como responsable del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones, y falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal (arts. 277 incs. 1.a y 3.d, 293, 45 y 54 del C. Penal), he de ponderar detalladamente su accionar en la noche del 25 de marzo de 2013 y en las horas posteriores.

Así, puedo comprobar que en oportunidad de la detención de Ramírez y Cernadas, el imputado procedió a efectuar su revisación médica en las dependencias de la Brigada Operativa Departamental IX, ubicada en Bv. Hipólito Irigoyen N° 534 de la ciudad de Reconquista; cuyos resultados fueron plasmados en sendos formularios de informe médico legal, que se agregaron posteriormente al sumario policial y obran en el expte. N°FRO 86000022/2014 a fs. 248/248 vta.y 249/249 vta.

En el informe correspondiente a Cernadas, Daveau marcó como lugares donde observó las lesiones, la espalda, el rostro, y la cabeza; consignó que las lesiones eran varias y recientes, y que se ubicaban en la región parietal (parte media y derecha), en el periorbitario izquierdo, en la región nasal, lumbar derecha, dorsal e interescapular; que los posibles medios con que se produjeron son roce, fricción, golpe, caída y/o compresión; que afectaban partes blandas; que no presentaba peligro para su vida; que el tiempo de curación aproximado era de 15 días y la incapacidad laboral de 5 días; que no deberían quedar secuelas sobrevinientes, siempre y cuando no existan complicaciones; y que el informe estaba sujeto a modificaciones con posterioridad a exámenes complementarios; expresando finalmente que el paciente se presentaba a la revisación verborrágico y con excitación psicomotriz.

En el de Ramírez, el galeno indicó como lugares de lesiones visibles la espalda, el rostro del lado derecho y la cabeza del lado izquierdo; detalló que las lesiones eran varias y recientes; que se ubicaban en las regiones parietal izquierda, maxilar inferior derecha, dorsal inferior y escapular izquierda; que tenían como posible origen el roce, fricción, golpe o caída; que afectaban partes blandas; que no representaban un peligro para la vida; que el tiempo de curación aproximado era de 20 días y la incapacidad laboral de 10 días; que no deberían quedar secuelas si no existían complicaciones; y que el informe quedaba sujeto a modificaciones posteriores a la realización de exámenes complementarios.

Las lesiones descriptas fueron corroboradas por otro médico policial al día siguiente. En efecto, el Dr.

Julio Gallardo realizó otros informes donde dejó sentadas sus apreciaciones respecto al estado de salud exteriorizado por los detenidos (ver fs. 398/398 vta. y 399/399 vta.). En el de Ramírez se limitó a expresar que coincidía con el informe anterior, en alusión al que efectuara el Dr.Daveau, escribiendo en el formulario la frase «. Idem informe anterior.»; mientras que en el de Cernadas solo varió el tiempo de curación y de la incapacidad laboral, estimados en 17 y 2 días, respectivamente.

Como puede apreciarse, ambos profesionales efectuaron idénticos informes relativos a la constatación de lesiones en los nombrados, con una divergencia mínima en cuanto a los días de curación y la incapacidad laboral de Cernadas.

Por otro lado, el encausado Daveau realizó un nuevo informe el 27 de marzo de 2013 en horas del mediodía -obrante a fs. 383/384-, luego de contar con los resultados de los estudios médicos complementarios de ambos lesionados. En el caso de Cernadas expresó que se trataba de un paciente con múltiples lesiones de 48 hs. de evolución y que fue trasladado al Hospital Central de Reconquista para la realización de exámenes complementarios, constatándose a través de una tomografía de cráneo una fractura sin aparente desplazamiento sobre la región externa de la órbita derecha, así como fractura del tabique nasal; mientras que en el de Ramírez también mencionó que se trataba de un paciente con múltiples lesiones de 48 hs. de evolución que fue trasladado al mismo nosocomio para que se le hagan exámenes complementarios, y que se evidenció una fractura maxilar inferior a través de una radiografía. En ambos casos hizo mención a que el paciente sería internado a los fines de ser evaluado por especialistas y para un eventual tratamiento.

Estos informes son coincidentes con las historias clínicas del Hospital Central de Reconquista, reservadas en Secretaria e incorporadas por lectura al debate. La de Ramírez refiere que se constató hematoma maxilar inferior derecho con impotencia funcional severa, hematoma de parietal izquierdo con dolor, dándose intervención al odontólogo, quien recomendó tratamiento quirúrgico; describiéndose también la medicación suministrada, la ecografía ordenada, la opinión del odontólogo consultado, las indicaciones correspondientes y el alta hospitalaria a las 22 hs.del mismo día 27 de marzo de 2013, para el tratamiento diferido de su fractura maxilar.

La de Cernadas menciona hematoma periorbitario derecho con edema, hematomas múltiples en región dorsolumbar, hematomas diversos; dándose intervención al oftalmólogo, quien diagnosticó hematoma periorbital bilateral y hemorragias subconjuntivales temporales bilaterales; autorizándose el traslado a la Celaduría donde estaba alojado a las 22 hs. del mismo día.

De tal forma puedo corroborar que al realizar la primer revisación de los detenidos, Daveau advirtió las características de sus lesiones, lo que plasmó adecuadamente en el formulario del informe médico; sin que omitiera ninguna de ellas. En los dibujos del cuerpo humano que el formulario preimpreso cuenta para que se marquen los lugares donde se presentan las lesiones, marcó cada uno de los sectores donde se verificaron las heridas. No ocultó su cantidad ni la época probable de producción, ni tampoco la ubicación; dejando en claro al final que sus conclusiones podrían modificarse luego de que se realizaran exámenes complementarios.

Respecto al tiempo de curación y la incapacidad laboral que podrían producir, estableció las que a su criterio se condecían con las lesiones presentadas; criterio que también fue compartido -con mínimas divergencias respecto a Cernadas- por el otro médico policial que revisó al día siguiente a los detenidos.

En el debate prestó declaración el Dr. Gregorio Arriola, quien también se desempeñaba como médico policial en la jurisdicción de Reconquista desde el año 1990, explicando cada uno de los ítems que deben completarse en el formulario. Aclaró que todo se hace a través de la observación, del examen visual, que no se hace palpación alguna al revisado; que si tienen alguna duda pueden sugerir la realización de algún estudio complementario para constatar una lesión, afirmando que no tienen la obligación de prescribir ningún tratamiento.

El jefe de medicina legal de la UR IX, Dr.Jorge Daniel Alonso, relató en la audiencia que la función se limita a describir las lesiones, pudiendo sugerir una interconsulta con especialista en caso de ser necesario.

Sentando ello, debo destacar también que atento la contusión que presentaba Ramírez en la zona maxilar derecha, Daveau solicitó que sea trasladado al hospital para la realización de una placa radiográfica; situación probada a través de los testimonios de los policías que intervinieron en su traslado. Así lo afirmó el subinspector Barú, precisando que el comisario Musante les dijo que había que llevar a Ramírez al hospital por recomendación del médico, por lo que lo llevaron directamente a la sala de rayos, donde Daveau golpeó la puerta y fueron atendidos.

En forma coincidente declaró Ariel Sena, describiendo haber presenciado el momento en que el médico revisó a los detenidos y decidió el traslado de Ramírez al hospital. El subinspector Mariano Regonat, quien acompañó al detenido hasta el nosocomio, recordó haber visto ingresar al lugar a también Daveau.

Asimismo declaró en la audiencia la técnica radióloga que tomó la placa radiográfica. Flavia Altamirano recordó haber realizado el estudio y que en su planilla registró el servicio como de guardia porque no se trataba de una persona internada, aclarando que es indistinto si pasó o no antes por la guardia médica; despejando así cualquier suspicacia respecto a que se haya volcado en el documento -introducido al debateinformación falsa.

Vale aquí resaltar que el imputado había confeccionado los informes médicos con anterioridad a que se la tomé esa placa del maxilar a Ramírez, por lo que no advierto omisión alguna en cuanto a las lesiones descriptas en la oportunidad de la primer revisión. Es más, su tarea se enmarca adecuadamente dentro del ámbito reservado exclusivamente al criterio médico, ya que no contaba con mayores elementos para un diagnóstico más preciso.

Las herramientas con que un médico policial cuenta para llev ar a cabo su tarea fueron descriptas por el Dr.Alonso al referir que «.los exámenes se hacían en cualquier oficina. Llevaba mi sello, dos biromes, un cuadernillo (.) solo observábamos las lesiones .».

Tampoco se ha probado que hubiera constatado la fractura maxilar con esa radiografía. La versión de Daveau de que la primer placa no se veía la lesión, fue confirmada en el debate por el testigo Carlos Arce, cirujano del Hospital Central de Reconquista que atendió a Ramírez y Cernadas el 27 de marzo; que afirmó que suele ocurrir que en una primer radiografía no se distinga una lesión, y que solicitó otra placa porque el paciente refería dolor, destacando que «. en la primera no se veía la lesión.», lo que sí pudo observan en la segunda.

Respecto al hecho de que Daveau se haya dirigido directamente a la sala de rayos sin pasar por la guardia del hospital -considerado por el fiscal general como indicio de su intención de encubrir la gravedad de las lesiones de los querellantes-, no encuentro mayor disvalor en tal accionar; circunscribiéndolo a los usos y costumbres de los médicos de un nosocomio público en una localidad del interior de la provincia. Así lo consideró el testigo Arce, de vasta experiencia trabajando en hospital de Reconquista, expresando que si un profesional trabaja en el lugar, es normal que lleve al paciente directamente a la sala de radiología.

En sentido similar, la radióloga Altamirano recordó que Daveau llegó al hospital junto con un detenido y agentes policiales, y le solicitó la placa; detallando la situación de que el galeno lleve directamente al paciente como habitual, siempre y cuando sea conocido o trabaje en el mismo lugar.

Otro extremo que me lleva a descartar cualquier ánimo encubridor del encausado, lo constituye la circunstancia de que todo su accionar ocurrió con anterioridad a que Ramírez y Cernadas denunciaran haber sido agredidos. A fs. 381 se agregó informe actuarial del Secretario del Juzgado Federal de Reconquista, fechado el 27 de marzo de 2013, donde consta que ese mismo día se comunicó el Dr.Alejandro Daveau dando cuenta que había ordenado estudios y tratamientos médicos para los detenidos, por lo que se encontraban en el hospital; justificando de esta manera los motivos por los que no habían sido trasladados a la sede judicial para ser indagados. A raíz de ello, el juez federal actuante difirió las audiencias indagatorias hasta tanto se les otorgue el alta médica correspondiente.

Recién el 28 de marzo de 2013 el Fiscal Federal de Reconquista solicita medidas urgentes para investigar las lesiones de Ramírez y Cernadas, situación de la que había tomado conocimiento con la notificación de las actuaciones el día anterior. Nótese que si bien el 26 de marzo los detenidos concurrieron a la sede del Juzgado Federal de Reconquista para designar abogado defensor – tal como consta en sendas actas de fs. 269 y 270-, no existe constancia alguna de que hayan denunciado agresión alguna por parte del personal policial.

Por otro lado, no se ha acreditado que Daveau fuera convocado directamente por ninguno de los policías que participaron de la detención de Ramírez y Cernadas, ni por sus superiores jerárquicos en la brigada de drogas de la UR IX; por lo que debo dar por válida la versión de que fue convocado a examinar a los detenidos a través de la central de comunicaciones policiales de la UR IX; mecanismo que los imputados A. y M. describieron como ordinario para esta cuestión.

Finalmente, de ninguna forma se ha probado que el imputado haya tenido conocimiento del origen de las lesiones que exteriorizaban Ramírez y Cernadas. No está dentro de sus atribuciones interrogar a las personas detenidas ni indagar respecto a situación alguna que pudiera incriminarlos, ya que estaría violando su derecho de defensa protegido por la Constitución Nacional.

Consecuentemente, no puede denunciar ni encubrir lo que no ha visto ni conoce; limitándose a cumplir con su función específica que es realizar la actividad pericial médico legal en su unidad regional, conforme el art.26 del Reglamento Orgánico de la Dirección de Medicina Legal de la provincia de Santa Fe (aprobado por decreto N° 4130/89).

De acuerdo a las consideraciones precedentes puedo concluir fundadamente que la conducta del encausado Alejandro Daveau no puede ser considerada antijurídica, ya que no ha contrariado disposición o deber jurídico alguno. Vale recordar que la antijuridicidad es un atributo de determinado comportamiento humano, que contraría el ordenamiento jurídico, lo que no ha existido en el caso analizado.

Las mismas consideraciones valen respecto a la imputación de falsedad ideológica que realizara el fiscal general en su acusación. Si bien el imputado revestía el carácter de funcionario y el informe médico legal es un instrumento público, ya he analizado precedentemente que la información allí insertada no era falsa, lo que ha quedado acabadamente probado en la audiencia de debate.

Cualquier divergencia respecto a lo plasmado por Daveau en dicho informe y las lesiones que finalmente se constataron con los estudios complementarios, debe encuadrarse dentro del margen de discrecionalidad que rige en la ciencia médica, la que inexorablemente está expuesta a la inexactitud o equivocación en su juicio o valoración, al conllevar la tarea de percibir con los sentidos y con la mente un fenómeno, situación o problema.

En virtud de lo expuesto y habiéndose efectuado el examen detallado y razonado del plexo probatorio producido en el debate, deberá absolverse de culpa y cargo a Alejandro Oscar Daveau por los hechos por los que fuera sometido a juicio en la presente causa.

IX.-Al deponer en la audiencia, G. D. A. hizo referencia a una investigación por presunta infracción a la ley 23.737 llevada adelante por la dependencia policial en la que prestaba servicios.En su relato, referenciado con copias que tenía en su poder, destacó que al intervenir una línea telefónica en años anteriores al hecho de esta causa, surgió que personal de la Fiscalía Federal de primera instancia de la ciudad de Reconquista estaría vinculado a la compra de estupefacientes.

Que al advertir eso en las transcripciones, luego de elevadas oportunamente al titular de la acción pública en dicha localidad, todas las investigaciones al respecto cayeron en saco roto, siendo infructuosas las tareas de inteligencia que al respecto la policía de la provincia efectuaba. Por tal motivo, comenzaron a elevar las actuaciones directamente al juez Federal de primera instancia de Reconquista, momento a partir del cuál tuvieron éxito, incautando gran cantidad de estupefacientes y deteniendo a los presuntos responsables.

En ese contexto, tanto el imputado como su abogado defensor pretendieron incorporar como pruebas las copias de las actuaciones de referencia que aquél tenía consigo, postura acompañada por el Fiscal General argumentando que debía defender el buen nombre y honor del titular del Ministerio Público Fiscal de aquél momento en la ciudad de Reconquista. Advirtiendo que no se trataba de prueba nueva y que nada tenía que ver con el objeto procesal de las presentes, habiendo precluido el momento de ofrecerla, se rechazó su introducción.

No obstante ello, reparo que los dichos del agente policial, prestados en un juicio oral y público, ante Magistrados y funcionarios públicos, donde se encontrarían vulneradas normas penales que involucrarían funcionarios públicos, de ningún modo pueden pasarse por alto y, por el contrario, deben tener especial atención en orden a la responsabilidad, no solo personal, sino institucional de todo el Poder Judicial.

Por tal motivo estimo necesario enviar la totalidad de los antecedentes recabados en este juicio al juez Federal de primera instancia de la ciudad de Reconquista, a los fines de que investigue la presunta comisión de delitos que al respecto puedan surgir.

X.- Finalmente se diferirá la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. Luis Tanino y Néstor Oroño, hasta tanto se de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2° de la ley 17.250.

Así voto.

Los Dres. María Ivón Vella y José María Escobar Cello adhieren por idénticos argumentos al voto precedente.

Con lo que quedó formulado el Acuerdo que motivó la presente, y fundada la sentencia cuya parte resolutiva obra a fs. 1485/1486 vta. de autos.

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