Pautas para evaluar el límite entre Libertad de Expresión y el Derecho a la Honra de los Funcionarios Públicos

Autor: Pulvirenti, Orlando D.
Fecha: 15-nov-2019

Cita: MJ-DOC-15127-AR | MJD15127

Sumario:

I. Breve descripción de los hechos. II. El voto mayoritario. III. La decisión de Maqueda. IV. La solicitud del juicio político como causa de agravio en Lorenzetti. V. Conclusiones y apreciaciones hacia el futuro.

Doctrina:

Por Orlando D. Pulvirenti (*)

Cuáles son los límites – si es que éstos deben existir – respecto de las palabras o manifestaciones que pueden ser utilizadas para calificar a otra persona en el marco de una disputa, debate o disidencia política, resulta un tema que de tiempo en tiempo se presenta ante la jurisprudencia como una tensión visible entre el ejercicio del derecho de libertad de expresión y el derecho al honor y dignidad, de quién se siente afectado por lo que se ha dicho sobre él. En ese sentido, el fallo en análisis (M. de S. V. J. c/ M. J. C. si bien asentado en precedentes y teorías elaboradas por la CSJN en anteriores decisiones, permite particularmente en el voto del Juez Rossatti contar con una delineación mayor de esos contornos, a la hora de evaluar si se genera o no, responsabilidad civil; y observar, en el voto de la disidencia un punto de vista, que si bien no dominante en la Corte, abre otras reflexiones sobre esta cuestión.

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Adicionalmente debe remarcarse, desde el punto de vista del análisis del juego de las posiciones, una diferencia respecto de recientes pronunciamientos en los que el voto de Lorenzetti y Maqueda suele acoplarse al del Juez Rosatti. Si bien, sustentados en distintas cuestiones de hecho planteadas en la demanda, quienes discrepan (Lorenzetti y Maqueda) sostienen el acogimiento de la pretensión actoral por vía de la confirmación del fallo fueguino recurrido. En el caso de Maqueda, es una postulación más clásica del derecho al honor, donde el tenor de las expresiones utilizadas por el agraviante es la causa para el apartamiento respeto de la decisión mayoritaria; mientras que Lorenzetti se centra en la solicitud de juicio político y en la calidad de quién lo peticiona, para sostener la existencia de una conducta antijurídica de la que surge la consecuente responsabilidad frente al agraviado. Dada la peculiaridad de esta última argumentación, es que pareciera razonable detenernos más adelante, en su desarrollo.

I.BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS.

No me habré de extender demasiado en el racconto de lo existente en el expediente, pero si nos alcanza con indicar que en el marco de una disputa entre las posiciones sostenidas por el traspaso de fondos del sistema de previsión social de la Provincia de Tierra del Fuego a Nación; uno de los directores del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS), acusó al Fiscal de Estado (funcionario encargado de la tutela de los intereses patrimoniales provinciales) de haber claudicado en esa función. A tales fines, por cierto, no ahorró en el uso de algunos calificativos, que bien podrían ser considerados como lindantes con la injuria o cuanto menos con susceptibilidad de ofender al receptor de los mismos.

Ahora bien, a la par de dirigirse públicamente ante la prensa de esa forma, respecto de quién aparece como un rival, al menos en término de posturas políticas sobre un tema, el mismo titular promueve un juicio político contra el Fiscal de Estado. Dicha petición, considerada por el órgano pertinente, es rechazada «in limine».

Respecto de la suerte judicial del reclamo, quién se consideró ofendido por los términos vertidos sobre su persona, acudió ante la Justicia Provincial, que en su máxima instancia condenó a reparar el daño moral causado en el honor del actor; alzándose la defensa por vía de Recurso Extraordinario Federal, el que es acogido por la CSJN.

II. EL VOTO MAYORITARIO.

Tal como indicáramos, el voto mayoritario rechaza la pretensión de responsabilidad, haciendo prevalecer el derecho de libertad de expresión por sobre el del honor, atendiendo a las circunstancias del caso. El voto de Lorenzetti y Highton de Nolasco, plantea una postura que sin demasiado ahondamiento en los antecedentes jurisprudenciales, se centra en considerar la entidad de las expresiones que fueran vertidas sobre el agraviado.Y en tal sentido, su conclusión es la defensa acérrima del uso de la libertad de expresión, aún cuando ella pudiera resultar en términos que pudieran ser consideradas agraviantes, en tanto y en cuanto, exista un interés público en el debate y el afectado, cumpliera funciones públicas.

Por ello no duda en sostener que aún ante críticas, opiniones y/o juicios de valor se refieran al desempeño y/o conducta que sean destinados contra un funcionario o figura pública por su actividad pública y adquieran relevancia o interés público, deben ser soportados por el destinatario. En tal sentido, sería la propia decisión de quién se dedica a la función pública, la que le exige soportar un mayor grado de crítica y exposición.

El lineamiento del voto de Rosatti que concurre en la mayoría, muestra sin embargo un mayor despliegue conceptual y orientador al operador jurídico, respecto de las pautas a considerar al momento de entender en una causa con estas características.

Entiende que el derrotero adecuado en la línea de pensar el problema, implica en primer término sopesar: 1) el grado de afectación de cada uno de los bienes tutelados en juego, 2) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y 3) si el hecho de cumplir con uno de ellos justifica razonablemente que se restrinja el otro.

Pero dicho análisis, se completa con la evaluación de aquellas peculiaridades que asumen los hechos en el expediente considerado, que sumariza en:«. i) las circunstancias concretas en las que las expresiones debatidas se exponen, ii) la mayor o menor virulencia de las locuciones y/o frases utilizadas y el contexto en el que fueron expuestas, iii) su tono humorístico o mordaz, iv) el hecho de afectar al agraviado solo en relación con su comportamiento y desempeño como titular de un cargo público y no en su faceta íntima y privada en la medida en que estos aspectos -donde la tutela constitucional alcanza su máxima intensidad- no resulten relevantes para el debate político, v) la finalidad de crítica política perseguida, vi) la relevancia pública del asunto, y vii) la contribución (o la ausencia de contribución) a la formación de la opinión pública libre».

La libertad de expresión manifestada como juicio crítico o de valor o como opinión goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor y a la reputación personal’ en la medida que: se inserte en una cuestión de relevancia o interés público; se refiera al desempeño o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública; se utilicen frases, términos, voces o locuciones que guarden relación con la cuestión principal sobre la que se emite la expresión; y no excedan el nivel de tolerancia que es dable exigir a quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por parte de toda la sociedad; cuente, en su caso, con una base fáctica suficiente que dé sustento a la opinión o juicio crítico o de valor al que se halle estrechamente vinculada; y contribuya a la formación de una opinión pública necesaria para la existencia de un pluralismo político en una sociedad democrática.

Como puede apreciarse, este voto alcanza una innegable guía para el profesional, al momento de evaluar la potencial procedencia de una acción judicial al hallarse frente a expresiones que puedan considerarse agraviantes.

III.LA DECISIÓN DE MAQUEDA.

Maqueda alza una línea contraria, al destacar el valor del honor y dignidad personal, al señalar – en argumento que comparto – que su construcción, es temporal y continua. Es decir lo que usualmente se llamó el «buen nombre», o el «prestigio social» no es algo que surja espontáneamente, implica una reiteración y evaluación de la conducta seguida por la persona en el tiempo, así como la valoración que sobre la misma tiene la comunidad o sociedad en la que se desempeña.

Esta circunstancia que resulta innegable, es la que razonablemente puede llevar a cuestionar el hecho de que mediante expresiones livianas, dolosas, injuriantes, se pueda afectar ese bien que es preciado en la esfera de dignidad de la persona y que como tal, constituye un derecho humano. Pero lo cierto es, que compartiendo estos principios, el voto exigía un despliegue conceptual que desplazara la mera apreciación subjetiva; de otra manera, la decisión en cada caso quedará enteramente sujeta a lo que le pareciera en cada caso a cada Juez interviniente en una causa de este tenor. De allí, que el voto de Rosatti, adquiera más valor a la hora de establecer pautas a futuro.

IV. LA SOLICITUD DEL JUICIO POLÍTICO COMO CAUSA DE AGRAVIO EN LORENZETTI.

Son dos breves párrafos vertidos en los considerandos 11) y 12), en los que el voto de Lorenzetti plantea temas que parecieran exceder la esfera de la protección individual del derecho al honor; para adentrarse en la manera en que debe proceder quién realiza una denuncia para motorizar un juicio político contra un magistrado.

Afirma: «11). cabe exigir una diligencia por encima de la media, en la conducta de quien peticiona un juicio político, pues, debe tenerse en cuenta que se trata de una imputación falsa a un juez o funcionario a quien la sociedad le exige un proceder irreprochable, para asegurar su imparcialidad y para que los justiciables confíen en aquel.En efecto, cuando se trata de una imputación falsa a un magistrado o funcionario, se genera un daño que debe ser reparado. 12) Que, tal como lo ha dicho este Tribunal, no es admisible que se cuestione la conducta de un magistrado y se ponga en marcha el procedimiento tendiente a su en]Uiciamiento sobre la base de alegaciones que no poseen el indispensable sustento, ya que la procedencia de la denuncia orientada a lograr la remoción de un magistrado provoca una gran perturbación en el servicio público, y solo se le debe dar curso cuando la imputación se funda en hechos graves e inequívocos o existen presunciones serias que autoricen razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta de un magistrado o su capacidad para el normal desempeño de la función. Únicamente c on ese alcance la’ procedencia de la denuncia se concilia con el respeto debido a los jueces y con la garantía constitucional de su inamovilidad (Fallos.: 303:741)».

El primer razonamiento posible, es que la eventual endeblez de la petición de juicio político quedó confirmada por el propio hecho de que la misma fuese, tal como señala el fallo, rechazada «in limine» por la Legislatura local, lo que implica que al funcionar las instituciones correctamente, no podría suponerse en ello daño alguno para el denunciado. Pero de ello, el voto deduce otra regla, la denuncia por sí sola realizada con ligereza aún cuando no se vislumbre intención o dolo de causar daño (supuesto de la falsa denuncia penal) genera una afectación ya no sólo al funcionario mentado, sino al sistema judicial, al afectar la integridad del mismo. Es decir, colige esta consideración que lo afectado no es simplemente el honor o dignidad de la persona, sino del sistema institucional al que pertenece.La trascendencia de lo expresado por el Magistrado, es entonces mayor, pareciera apuntar a desalentar por vía de la consecuencia civil, ya no que se puedan realizar manifestaciones inexactas respecto de quién ocupa una magistratura; sino que las mismas puedan canalizarse por medio de solicitudes de juicio político. Y aquí es posible realizar dos apreciaciones, una primera disvaliosa. Podría entenderse que en este voto media un advertencia respecto de quiénes acudan a una herramienta, prevista institucionalmente para dirimir la conducta de los Jueces, para el caso de no prosperar tal pedido. La segunda, más benévola con el decisorio, es acudir precisamente a una realidad en la que en muchas ocasiones, sin elementos y pruebas que así lo justifiquen, en forma superficial se recurre a un remedio extremo, simplemente para cuestionar la actividad de un magistrado y que en factor no mencionado por el voto, pero que aportamos, multiplicado por medios de comunicación y a veces, explotado por fuerzas de poder, puede generar injustificadas sospechas sobre el actuar institucional en su conjunto.

V. CONCLUSIONES Y APRECIACIONES HACIA EL FUTURO.

No es novedad por cierto, que los estándares de aplicación del Derecho al Honor se relajan cuando nos encontramos ante agravios dirigidos a personas que cumplen funciones políticas o estatales. Respecto de ellos, lo que puede o no decirse sobre sus actividades, desempeños o capacidades, sin que genere responsabilidades para el declarante, es mucho más que lo que se admite respecto de cualquier otra persona.

La razón, no es menor, radica en la existencia de un interés de parte del sistema democrático de que en ese debate, aún encarnizado – o como menciona Rosatti, hasta lindante con el mal gusto – se permitan todas las opiniones, las que eventualmente podrán ser rebatidas por la figura pública y en definitiva analizadas por el ciudadano en general.

Para el voto en minoría; sin embargo, los estándares no deben ser tan elevados como los propuestos por la mayoría. Maqueda resalta además, que en esa evaluación, también debe apreciarse la propia preparación, ubicación y conocimiento de quién vierte las consideraciones agraviantes, exigiéndose del mismo también una conducta acorde a esas circunstancias.

Más controversialmente, el voto de Lorenzetti, hace pesar ya no sólo el derecho a la dignidad del funcionario afectado, sino también la posibilidad de que cuando esas manifestaciones se viabilizan en forma de solicitud de juicio político, tengan la virtualidad de afectar el sistema institucional en su conjunto, generando una necesidad de reparación del daño causado.

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(*) Abogado y escribano, Universidad Nacional de La Plata; Maestría en Derecho Comparado, University of Miami; Especialización en Derecho Administrativo, UBA, y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Profesor Adjunto de Derechos Humanos y Garantías, UBA.

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