Niña superdotada: La decisión de que rinda materias libres del secundario, cuando obtuvo dicho título a distancia en un colegio de los Estados Unidos, resulta irrazonable

Partes: Defensor Público Nº 1 en nombre y representación de B. R. C/ B. C. R. s/ medida cautelar autosatisfactiva

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná

Sala/Juzgado: III

Fecha: 1-oct-2019

Cita: MJ-JU-M-121385-AR | MJJ121385 | MJJ121385

Así como a la persona aminorada en sus aptitudes físicas o intelectuales se le deba adaptar la enseñanza, de igual forma debe acontecer con una niña con superdotación, por lo que carece de razonabilidad la decisión de que rinda libres materias del colegio secundario, cuando obtuvo su título a distancia en un establecimiento del exterior.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia en cuanto ordenó que la menor superdotada rinda libre materias del colegio secundario, pues deviene en una exigencia innecesaria ya que la propia menor se procuró por sí cumplimentarla a distancia en un colegio de los Estados Unidos, título que la habilitó para ingresar a la universidad; y si bien la solución educativa que adoptó la recurrente fue heterodoxa, ejerció por sí el derecho a educarse ante la ineficiencia del sistema educativo local para dar una respuesta acorde a su especial situación.

2.-Surge probado que la menor superdotada estuvo deambulando por diversos establecimientos escolares a los que no se adaptó, y que además sufrió situaciones de bullying por parte algunos de sus compañeros, por lo que cabe concluir que no se diseñó ni implementó un plan adaptado a su particular situación; así, el Estado pretende obligar a cumplir con los cartabones reglamentarios soslayando que la manda constitucional local contiene como contracara a la obligatoriedad la regla de la eficiencia educativa.

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3.-El alumnado con altas capacidades representa, por sus características y potencialidades, un colectivo que necesita una respuesta educativa integral, adecuada y adaptada a sus características particulares, y para regular una respuesta educativa acorde con estos planteamientos las administraciones educativas deben legislar aquellas medidas, procedimientos, ayudas y apoyos que cubran sus necesidades educativas y puedan garantizar el derecho a recibir una educación de calidad.

4.-La responsabilidad indelegable del estado comprende la obligación de generar la estructura que posibilite con una acción directa el ejercicio del derecho a la educación integral a todos los habitantes en igualdad real de oportunidades, sin discriminación alguna, adaptándose en la mayor medida de lo posible a cada niño en particular, y garantizando no sólo ciertos contenidos mínimos, sino el desarrollo hasta el máximo de sus posibilidades.

5.-La persona como nuevo eje central debe atravesar e inspirar todo el sistema educativo, siendo el desarrollo de su máximo potencial la medida de mayor realización y garantía de los alcances del derecho a la educación, debiendo necesariamente revisarse y adecuarse todas las normas para que se ajusten a las nuevas exigencias del hombre.

Fallo:

En la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los Un días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, reunidos los Sres. Vocales de la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dres. Andrés Manuel Marfil -Presidente-, Valentina Ramirez Amable y Virgilio Alejandro Galanti, para conocer del recurso de apelación interpuesto en los autos: «DEFENSOR PÚBLICO Nº 1 EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE B.R. C/ B. C. R. S/ MEDIDA CAUTELAR AUTOSATISFACTIVA» Nº 9740, respecto de la sentencia de fs. 280/291 vta. De conformidad con el sorteo de ley oportunamente realizado, -art. 260 del C.P.C. y C.- la votación deberá efectuarse en el siguiente orden, Dres. Marfil, Galanti y Ramirez Amable. Estudiados los autos, la Sala estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿ Es justa la sentencia apelada ?

A la cuestión planteada el Dr. Andrés Manuel Marfil dijo:

1.- El caso propuesto: El Defensor Público -interino- Nº 1 de Paraná promovió la presente medida autosatisfactiva persiguiendo se adopten las medidas de protección de los derechos de la menor B. R., y en concreto, interesó se declare la obligatoriedad de la educación secundaria presencial de la misma en una institución educativa estatal y su inclusión en un espacio terapéutico a los fines de promover su sociabilización. La nombrada menor es superdotada y ha tenido diversos problemas de integración en instituciones educativas. En calidad de terceros interesados fueron citados el Consejo General de Educación y el Copnaf, interviniendo sólo el primero de estos, quien lo hizo activamente.

2.- La resolución de grado: Sustanciada la causa con un trámite distante en lo que en esencia es una medida autosatisfactiva dado que éste prácticamente se ordinarizó, se dictó sentencia a fs. 280/291 vta.(29/11/2018) rechazándose lo peticionado, pero se ordenó al Consejo General de Educación arbitre los medios, procesos y turnos necesarios para que la joven pueda culminar sus estudios secundarios, sin asistencia obligatoria, rindiendo libres la totalidad de las materias de los años pendientes y se sugirió a la progenitora de la menor el acompañamiento y orientación de su hija, para la incursión y sostenimiento de un espacio terapéutico, lo que no era exactamente lo pretendido por el defensor originariamente, imponiendo las costas por su orden -por ser todas las intervenciones orientadas a custodiar el mejor interés de la menor-.

3.- La apelación Dicha sentencia fue apelada a fs. 293 y 295 por la parte demandada y por el Consejo General de Educación, respectivamente, con desistimiento de este último a fs. 299.

En oportunidad de expresar sus agravios, la demandada se centra básicamente en los siguientes: 1) desconocimiento de la finalización de los estudios secundarios acreditados, ordenándose a culminar los mismos sin requerirse asistencia obligatoria; 2) trato discriminatorio hacia su persona -por persistentes dudas que pesaron sobre los informes de superdotación y por la representación del Ministerio Pupilar sin haber tenido contacto previo con la menor representada-; y 3) arbitrariedad de la sentencia -por ignorar la supuesta escucha de la adolescente, el dictamen del defensor y la documental agregada a la causa-. Plantea que, a su entender, la cuestión debía declararse abstracta por cuanto se acompañó título secundario de los Estados Unidos de Norteamérica emitido por la Institución Educativa «West River Academy», legalizado y revalidado por el Ministerio de Educación de la Nación, encontrándose en la actualidad cursando como alumna universitaria de la Licenciatura en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional del Litoral.Agrega que el actuar del Ministerio Pupilar y del Poder Judicial, poniendo en duda los informes de superdotación y las expresiones de la menor, discriminando sus capacidades, necesidades, intereses y derechos, sin perjuicio de pretender resguardar su mejor interés no lo hicieron; pues todo lo contrario, su lenta intervención y carente inmediatez causaron un perjuicio a la menor que no sólo no contó con la adecuada asistencia en materia educativa por parte del Estado, sino que todo lo contrario, tuvo que proveérsela sola. Añade que también se agravia por tener que recurrir a la ayuda profesional de tipo particular en lo que respecta a lo académico -con un Estado que no sólo no garantizó la educación adecuada de la menor, sino que también la negó por desatender sus necesidades educativas especiales- y en lo jurídico -por la necesidad de contratar asistencia letrada para intervenir en las presentes actuaciones-. Finalmente, y en relación a las costas, se disconforma por la imposición por su orden en razón de haber sido el propio actuar del estado en sus diferentes órganos e instituciones el que le provocó la necesidad de concurrir a una abogada particular para defender sus derechos debiendo afrontar mayores gastos económicos, sumados a las omisiones antes referidas.

4.- Respuesta al recurso Resumidos los antecedentes del proceso, corresponde tratar los agravios proferidos en la apelación, debiendo recordar que el Tribunal de apelación se encuentra plenamente autorizado a hacer uso del principio iura novit curia, es decir, que el órgano ad quem no está limitado en su razonamiento ni por la argumentación del recurrente ni por la del Juez de Primera Instancia encontrando límite el poder jurisdiccional en la plataforma fáctica, los argumentos presentados en autos, y los agravios vertidos (STJER Sala Civil y Comercial in re «Villarreal Norma Ofelia y otra c/ Villareal Mónica Gabriela s/ Ordinario» del 5/6/14; «Delembert José María c/ Fedetour S.R.L. y otra s/ Ordinario»- Expte.Nº 7301 – 25/10/2016). Por cuanto «El órgano ad-quem no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tiene el a-quo. Inclusive, el juez de apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y por el juez de primera instancia» (Loutayf Ranea Roberto G., «El recurso ordinario de apelación en el proceso civil». Pág. 118 Nota 20, jurisprudencia allí citada, Astrea, Bs. As., 1989). Siendo limitado el Tribunal revisor en sus poderes por la ley procesal al impedirle fallar sobre cuestiones no propuestas al Juez de primera instancia (art. 315 LPF). Ingresando al tratamiento del presente recurso cabe aclarar que los jueces no se hallan conminados a dar tratamiento a todas y cada una de las cuestiones planteadas, motivo por el cual se analizará el recurso en aquellas que resulten relevantes, técnicamente aptas y conducentes para la solución del caso bajo examen (Conf. esta Sala in re «Techeira c/ Sotelo s/ Ordinario», Nº 9132, 26/04/18; «C., D. M. c/ V., R. s/ Medida de protección de persona», Nº 7585, 05/09/2013; CSJN, «Fallos»: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225; Palacio-Alvarado Velloso, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente», t. 4º, pág. 406; Fassi-Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado», Tº I, pág. 825; Fenocchieto-Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág.620). Luego de haber efectuado un pormenorizado análisis de los antecedentes del caso se puede advertir que se encuentran firmes y fuera del alcance del presente recurso el reconocimiento de condición de niña superdotada de la menor y la eximición de asistir a clases para aprobar las materias de la educación secundaria formal que no han sido reconocidas por el Consejo General de Educación de Entre Ríos. En consecuencia, la cuestión medular traída a resolver en esta instancia se reduce a determinar si esta niña debe o no rendir libre las materias faltantes de la educación secundaria oficial, tal como dispuso la resolución recurrida.

Para dar respuesta a ello corresponde analizar, cuál es el alcance del derecho a la educación secundaria formal y oficial; y en segundo lugar, quienes son los involucrados con el efectivo ejercicio de dicho derecho y en qué medida. Es sabido que en los orígenes de Argentina como país moderno, la educación fue uno de sus pilares fundacionales, diseñada para formar al ciudadano -con un contenido principalmente político-. Pero en la actualidad, luego de una ininterrumpida y constante evolución -nacional e internacional- se concibe y regula el derecho a la educación como un derecho humano fundamental, acarreando -esta nueva concepción de la educación- una significativa modificación en el contenido y alcance de todos los derechos y obligaciones vinculados a la misma. Y este derecho humano a la educación, expresa y enfáticamente se encuentra reconocido en numerosos textos internacionales, cuyas partes pertinentes son las siguientes: «Toda persona tiene derecho a la educación. . La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre); «Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas..» (artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); «Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. .» (artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); «Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación . Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.» Y «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.» (artículo 28 y 3, respectivamente, de la Convención sobre los Derechos del Niño); y dentro de uno de los objetivos de la educación del niño textualmente se enuncia: «. debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidad mental y física de los niños hasta el máximo de sus posibilidades». Sumado a esta normativa internacional, nuestro país establece lo siguiente a nivel supra legal que «Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: . de enseñar y aprender.» (artículo 14 de la Constitución Nacional); y en igual tónica nuestra constitución provincial:»Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio» (artículo 11 de la Constitución Provincial).

La educación tiene una sección particular en nuestra Constitución Provincial, en la que textualmente reconoce que: «La educación es el derecho humano fundamental de aprender durante toda la vida .». Se advierte de esta normativa precedentemente citada dos enfoques del derecho a la educación: el primero, como derecho humano fundamental; y el segundo, como deber del estado de desarrollar y mantener un sistema de instituciones educativas. En lo que respecta al primero de estos -derecho humano a la educación-, esta nueva jerarquización del derecho importa una reestructuración del sistema con centralidad en la persona. Pensar en el respeto del derecho humano a la educación, necesariamente conlleva la obligación de respetar los derechos humanos en la educación. Para ello, el ejercicio de este derecho debe ser: con pleno respeto de la dignidad y libertad, con igualdad de oportunidades, garantizando a los padres el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, debiendo aspirar el desarrollo en cada niño de su máximo potencial, encendiendo la llama de la curiosidad y el asombro que conducen al deseo de búsqueda y la posibilidad de experimentar y descubrir el mundo por sí mismos, orientado al mejoramiento de su nivel de vida y para utilidad de la sociedad toda. (cf. en este sentido «Un enfoque de la educación para todos basado en los derechos humanos» de la Unesco:https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Un_enfoque_de_la_EDUCACION_PARA _TODOS_basado_en_los_derechos_humanos.pdf).

La educación ideal, en y con libertad, debe aspirar a que cada niño no necesite aprender de manera coercitiva o por estímulos externos, sino que el aprendizaje constituya una elección propia, por el puro placer de descubrir el mundo y crear a partir de una interacción placentera con él, debiendo implementarse nuevas formas y objetos de conocimientos y vínculos de interacción con los objetos, fenómenos y seres que en él se presentan (Cfr.: Gerson, Karen S., Propuesta Arco Iris. Siete caminos para desarrollar los altos potenciales en el aula. Primera Edición, Página 18, Magisterio del Río de la Plata, Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires, 2009). En este sentido, el derecho a la educación como derecho fundamental invierte la óptica desde la cual se analizan las condiciones de prestación del servicio educativo por el Estado, no haciéndose énfasis en la figura de éste como agente que presta el servicio, sino en el sujeto que lo recibe y en qué condiciones. Es decir, el derecho a la educación como derecho fundamental acarrea mucho más que el establecimiento de meros mandatos objetivos y la subjetivación presente en la noción de derecho fundamental barre con el carácter discrecional de la prestación del servicio educativo, además ubica en el centro de la escena a la persona como sujeto activo y titular del derecho. La persona se encuentra más legitimada para participar en la determinación de las políticas públicas -y con ello la posibilidad de que las prestaciones sean más eficaces-, así como para exigir las prestaciones necesarias que le permita acceder y ejercer las posiciones jurídicas garantizadas en el derecho a la educación y en la educación. (cf.: Sebastián Scioscioli, La educación básica como derecho fundamental.Implicancias y alcances en el contexto de un estado federal, Ceudeba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005). Consecuencia directa de esta concepción -de centralidad en la persona- es la discriminación inversa que inspira la nueva forma de organización del sistema educativo en lo que respecta a la educación especial, en la cual se realizan las adaptaciones del sistema a las necesidades particulares del educando -y no a la inversa-, diseñándose una trayectoria educativa particular para cada niño de acuerdo a sus posibilidades.

Este es un claro ejemplo en el que este nuevo eje central -la persona- debe atravesar e inspirar todo el sistema educativo, siendo el desarrollo de su máximo potencial la medida de mayor realización y garantía de los alcances del derecho a la educación, debiendo necesariamente revisarse y adecuarse todas las normas para que se ajusten a las nuevas exigencias del hombre.

En lo que respecta a la segunda dimensión antes indicada, nuestra normativa constitucional local literalmente establece: «. El Estado asume la obligación primordial e indelegable de proveer a la educación común, como instrumento de movilidad social, con la participación de la familia y de las instituciones de gestión privada reconocidas. .» (artículo 257); «La obligatoriedad corresponde a los niveles inicial, primario y secundario o al período mayor que la legislación determine.» (artículo 258); y «La educación que el Estado se obliga a impartir y los habitantes están obligados a recibir deberá proveerse en escuelas públicas, de gestión estatal o privada, que ofrezcan garantías de estabilidad y eficiencia educativa, ajustándose a las normas que se dicten en la materia. La obligación escolar se considerará incumplida por el Estado siempre que no se acredite el mínimo de educación obligatoria establecido por esta Constitución.» (artículo 259). En efecto, la responsabilidad indelegable del estado comprende la obligación de generar la estructura que posibilite con una acción directa el ejercicio del derecho a la educación integral a todos los habitantes en igualdad real de oportunidades, sin discriminación alguna, adaptándose en la mayor medida de lo posible a cada niño en particular, y garantizando no sólo ciertos contenidos mínimos, sino el desarrollo hasta el máximo de sus posibilidades. El componente «estatal» es obligatorio en el sentido de que debe estar organizado por el estado para ser presentado a todo aquel que lo prefiera o que no pueda costear la educación privada, y es gratuito en los niveles primario, secundario y terciario (conforme surge de lo prescripto por el artículo 75, inciso 19, tercer párrafo de la Constitución Nacional). Asimismo, y sin perjuicio de ser el Estado el principal responsable del efectivo ejercicio del derecho humano a la educación, en interpretación integral de todo el ordenamiento jurídico vigente – internacional e interno- esta responsabilidad estatal es una obligación socialmente compartida con la familia -actor relevante en materia educativa, en tanto primer protagonista cronológico en la formación de la persona y, en ocasiones, el agente formativo más duradero o permanente- y con las instituciones particulares. En ese mismo sentido «B. R. R. E. y otra c/ Consejo General de Educacion y otro s/ Acción de amparo» , Nº 9560, sentencia del suscripto del 19/12/2018). Ahora bien, se puede advertir que aprender es un derecho, pero también, hasta el nivel que establezca la reglamentación, es un deber, conviviendo en simultáneo derechos en una doble dimensión:por un lado, el derecho de aprender del educando, y por el otro, el derecho de enseñar del educador, ambos íntimamente relacionados y articulados entre sí. Y, desde esta concepción de derecho humano, es el derecho a aprender el esencial y el derecho a enseñar el accesorio -que opera como medio para asegurar aquel-. Así lo expone Rey Leyes «Evidentemente se trata de dos derechos diferenciados, aunque articulados en una sola formulación. El uno se justifica en el otro. Así, el «Derecho a Aprender» es un derecho esencial, orientado a la satisfacción de una necesidad vital del hombre, como es la educación.

El «Derecho a Enseñar» es un derecho accesorio de aquél, operando como el medio para asegurarlo.» (Rey Leyes, Eduardo, La educación en la Constitución de Entre Ríos, página 61, Delta Editora, Paraná, 2012). En el primer caso, el alumno puede hacer valer su pretensión frente al Estado -responsable de garantizarla-; y en el segundo caso, la familia -mientras éste sea menor- es la responsable primaria por su cumplimiento. Es nuestra Constitución Nacional la que le asigna a la familia un rol participativo en las etapas de diseño, ejecución y control del proceso educativo (artículo 75, inciso 19). Asimismo y en sintonía con esta manda constitucional se reconoce lo siguiente: «. Los padres tiene derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos» (artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

La obligación de educar es de los padres -prioritariamente- y del Estado. Pero éste último, solamente en contenidos mínimos en razón de que la carencia educativa no suele ser elegida libremente por e l educando y generalmente éste sufre sus consecuencias, por lo que no podemos considerarlo el responsable de su falta de educación, sino más bien su propia víctima.Por lo cual la obligatoriedad de la enseñanza no debe ser percibida como una compulsión externa al educando, sino como un compromiso de autosuperación que, incentivado por el Estado, la sociedad y la familia, le permita iniciar o completar su formación, evitándose así una doble victimización del sujeto titular del derecho. Por último cabe tener presente que «Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño» (Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño). Dando una respuesta puntual al planteo formulado por la recurrente, considerándose la prueba aportada a estos autos, la circunstancia particular de que la menor superdotada no sólo se ha manifestado en relación a la cuestión que la involucra sosteniendo ininterrumpidamente su postura y que de las constancias de autos se observa, que estuvo deambulando por diversos establecimientos escolares a los que no se adaptó, y que además sufrió situaciones de bullyng por parte algunos de sus compañeros, de ello se puede concluir que no se diseñó ni implementó un plan adaptado a su particular situación.

Plan que por otra parte el CGE nunca manifestó poseer. Ello lleva inexorablemente a concluir que el Estado pretende obligar a cumplir con los cartabones reglamentarios soslayando que la manda constitucional en la Provincia de Entre Ríos, contiene como contracara a la obligatoriedad la regla de la eficiencia educativa. Así como a la persona aminorada en sus aptitudes físicas o intelectuales se le deba adaptar la enseñanza, de igual forma debió acontecer con este caso de una niña con superdotación.En efecto, en la doctrina comparada, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la que se usa como norma jurídica para sustentar el derecho a contar con planes especiales de estudio (Cnf.: Carmen Jiménez Fernández, Escuela inclusiva, alumnos superdotados y nuevo marco legal de la educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulosre329/re3290911165.pdf?documentId=0901e72b812593b2). Ello se entiende así pues, mutatis mutandi, el superdotado intelectual pasa a convertirse frente al sistema en un excluído, o lo que es lo mismo, en una persona con discapacidad sistémica; y en la ley N° 22.431, que crea el Sistema de protección integral de los discapacitados, se conceptualiza en su artículo 2°: «A los efectos de esta ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral». En este caso particular, la menor posee una alteración que se caracteriza por ponerla intelectualmente por encima de la media, y que en relación a su edad y el medio en el que va a actuar -que es el sistema educativo-, la pone en una situación de clara desventaja al quedar relegada por falta de incentivos del sistema. Ahora bien, cuál es el sentido de que rinda libre las materias para culminar la secundaria, como se dispuso en la resolución recurrida, cuando la propia menor se procuró por sí cumplimentarla a distancia en un colegio de los Estados Unidos. El hecho de que el título aportado -el cual está avalado por el Ministerio de Educación de la Nación- habilita para el ingreso a la Universidad, no significa que no haya concluido con la secundaria, como parece surgir de la resolución apelada.Sino que esa aclaración tiende a establecer que no equivale directamente a uno de los títulos secundarios que expiden nuestras escuelas secundarias -viejos títulos de Perito Mercantil, o actualmente de bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades; Cs. Naturales; Economía y Administración; Lenguas; Agro y Ambiente; Comunicación; Informática; Educación Física; Turismo; Arte; Literatura; Educación o Física y Matemática-. Pero que aquel título extranjero no sea equivalente a ninguno de los nacionales, no significa que no valga como certificado de culminación del grado, de hecho con éste efectivamente ha ingresado a la Universidad Nacional de Litoral.

5.- Concluyendo

5.1. Es por todo lo expuesto que la resolución venida en revisión, en cuanto ordena que la menor rinda libre adaptando los contenidos, deviene en una exigencia innecesaria dado que la culminación del grado secundario ya lo ha realizado. Si bien la solución educativa, que adoptó la recurrente, fue heterodoxa, a su modo si se quiere, lo cierto y concreto es que no puede entenderse de otro modo que no sea ejercer por sí el derecho a educarse ante la ineficiencia del sistema educativo local para dar una respuesta acorde a su especial situación. Por ello, corresponde hacer lugar al recurso en razón de que ello no sólo importa el reconocimiento de su derecho humano a la educación eficiente -con los alcances antes descriptos-, sino que asimismo implica el concreto, efectivo y actual ejercicio de sus derechos -a la educación y en la educación- para su desarrollo hasta su máximo potencial.

5.2. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el alumnado con altas capacidades representa, por sus características y potencialidades, un colectivo que necesita una respuesta educativa integral, adecuada y adaptada a sus características particulares. Para regular una respuesta educativa acorde con estos planteamientos las administraciones educativas deben legislar aquellas medidas, procedimientos, ayudas y apoyos, que cubran sus necesidades educativas y puedan garantizar el derecho a recibir una educación de calidad.Así en otros países que han dedicado mas atención al tema se sostiene que «Efectivamente, el alumnado con Altas Capacidades puede presentar dificultades de aprendizaje y de integración escolar y social: algunos estudios solventes estiman que el 70% de los alumnos superdotados tienen bajo rendimiento escolar, y entre un 35 y un 50% han fracasado escolarmente. La mayoría de ellos no están debidamente detectados ni evaluados» (Cfr. Martín y González (coord.) 2000).

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LA EDUCACIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES.

Gabriel Comes Nolla, Elena Mª Díaz Pareja, Antonio Luque de la Rosa y Juana Mª Ortega Tudela).

En autos no se señaló que existan siquiera mecanismos de detección, no se sabe qué porcentajes de la población estudiantil integra este colectivo, ni otros datos objetivos que permitan al menos empezar a encarar seriamente el tema y ello denota una ausencia de política en esta cuestión. Por lo que corresponde exhortar al CGE y al Ministerio de Educación de la Provincia, para que busquen la forma de dar solución en situaciones como el presente caso, donde niños con superdotación no encuentran un marco académico que los contenga adecuadamente; lo que debe tener alguna respuesta, como ocurre en otros sistemas educativos -y más allá del esfuerzo que pueden realizar los docentes y funcionarios- el sistema es deficitario y no está preparado para estos casos de alumnos con estas particularidades.

5.3. Corresponde asimismo exhortar al Ministerio Público de la Defensa el seguimiento de la problemática de este grupo de personas y de lo que eventualmente realice el CGE y Ministerio de Educación de la Provincia.

5.4.En relación a las costas, en consonancia con lo resuelto y considerando que el Consejo General de Educación es el organismo especializado en la materia de debate y su opinión técnica fue el motivo de la sustanciación de las presentes actuaciones, así lo expone el Defensor que inició la demanda, será este órgano a quien corresponda hacer cargar con las mismas en función de que fue quien en concreto dio motivo a todo todo el problema por no prestar un servicio educativo en condiciones adecuadas. Así voto A la cuestión planteada el Dr. Virgilio Alejandro Galanti dijo: Adhiero a la solución propuesta por el colega preopinante, en los puntos 4.-, 5.1.- y 5.4.-. No sólo por coincidir en términos generales con las apreciaciones allí vertidas, sino porque estimo que en este caso concreto ello es la mejor solución. Pues debemos decidir de conformidad al estado de situación el momento de hacerlo. Y entonces es relevante que la adolescente ya terminó su secundaria y se le han abierto las puertas al ingreso a la Universidad, con lo cual retrogradar sus posibilidades sería incongruente con el sentido protectorio perseguido hacia la misma (ISN).

La Dra. Valentina Ramirez Amable dijo:

Adhiero al pto. 5.2.- del primer voto, considerando que la exhortación del pto. 5.3- es abstracta, toda vez que los autos han sido iniciados por el propio Defensor Público y eventualmente, tales cuestiones se encuentran dentro de sus atribuciones funcionales. Con lo que no siendo para más, se da por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia: Andrés Manuel Marfil Virgilio Alejandro Galanti Valentina Ramirez Amable Ante mí: Sandra Ciarrocca Secretaria de Cámara SENTENCIA:

Paraná,01 de octubre de 2019.

Y VISTOS: Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, y en consecuencia revocar el pto. 2) de la sentencia de fs. 280/291vta. 2º) Imponer las costas en ambas instancias al Consejo General de Educación. 3º) Regular los honorarios de Alzada a la Dra. Lucrecia María Di Liscia, en la suma de Pesos .($.), arts. 3, 64 Ley 7046. 4º) Exhortar al CGE . de la Provincia, para que busquen la forma de dar solución en situaciones como el presente caso, donde niños con superdotación no encuentran un marco académico que los contenga adecuadamente. Regístrese, notifíquese, c onforme arts. 1 y 4 Acordada 15/18 SNE y, en estado, bajen

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