Inconstitucionalidades: Invalidez del Decreto 669/2019 pues su dictado responde a una mera conveniencia

Partes: Pérez Norberto Victorio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente de trabajo – acción especial

Tribunal: Tribunal del Trabajo de San Miguel

Sala/Juzgado: 1

Fecha: 4-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-121673-AR | MJJ121673 | MJJ121673

Corresponde declarar la invalidez del Decreto 669/2019 pues el mero arbitrio o conveniencia, cuando la excepción resulta alegada, más no verificada, cede ante el valladar insalvable del pacto de pacificación que sanciona nuestra Constitución Nacional.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la invalidez del Decreto 669/2019 pues se advierte, por un lado, que el Poder Ejecutivo Nacional no ha invocado siquiera alguna imposibilidad cierta para que el Congreso se reuniera, máxime cuando el Decreto 669/2019 ha sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo (art. 63 CN); y a ello se suma que los reglamentos de las Cámaras que conforman el Poder Legislativo Nacional prevén un trámite sumarísimo para el tratamiento de cuestiones, y su votación directa en el recinto, sin necesidad de atravesar el trámite en las comisiones legislativas.

2.-Cabe concluir en la invalidez del Decreto 669/2019, por cuanto no han existido los presupuestos fácticos que el art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional, a fin de mantener incólume el régimen representativo, republicano y federal de gobierno y la primacía de la Constitución Nacional (arts. 1 y 31 CN).

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3.-No se advierte que el diagnóstico formulado respecto a la afectación de la sustentabilidad del Sistema de Prevención de Riesgos y Reparación de daños derivados del Trabajo regulado por la Ley 24.557 se sostenga en informes provenientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que resultan ser los entes autárquicos de fiscalización y contralor de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (arts. 35 y 36 de la Ley 24.557; 64 y sigs. incorporados a la Sección I del Capítulo II de la Ley 20.091 ).

4.-El mero arbitrio o conveniencia, cuando la excepción resulta alegada, más no verificada, cede ante el valladar insalvable del pacto de pacificación que sanciona nuestra Constitución Nacional.

5.-Corresponde hacer lugar a la demanda por accidente in itinere deducida, pues ha quedado probado que el actor es portador de incapacidad sobreviniente tanto física -rotura del tendón de Aquiles- como psíquica como consecuencia del siniestro que sufrió sobre su persona.

6.-La perito ha constatado una lesión sobre el miembro que resultó afectado al momento de accidentarse el actor, por lo que cabe restarle relevancia a la impugnación efectuada por la demandada, desde que no se ha verificado otro agente capaz de romper un equilibrio, sea la predisposición orgánica o un antecedente como una lesión anterior.

7.-Cabe tener por probada la incapacidad psíquica denunciada, pues del informe pericial surge que el accionante ha tenido una vivencia aguda que comprende el accidente sufrido y su posterior intervención quirúrgica, comprobándose que el estado de ansiedad, angustia y dependencia de su familia posteriores al accidente y el temor a sufrir una nueva lesión están ligados al siniestro.

Fallo:

VEREDICTO

En la Ciudad de San Miguel, a los 17 días del mes de octubre de 2019 se reunieron los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Nro. 1 de esta Ciudad, en la Sala de Acuerdos, Dres. Gonzalo Barciela, Miguel Ángel Méndez y Adrián Aníbal Ramírez, a fin de pronunciar Veredicto en la causa Nro. SG3294/2016, caratulada «PÉREZ, NORBERTO VICTORIO C/ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCIÓN ESPECIAL», en atención a lo resuelto a fs. 241, se procedió a practicar el sorteo de ley, resultando del mismo que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. BARCIELA-MÉNDEZ-RAMÍREZ. Estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

PRIMERA: ¿Cuáles son las afirmaciones relativas a los hechos objeto del proceso, que deben considerarse establecidas, por no hallarse controvertidas (arts. 26 inc. d), 28, 29 Ley 11.653; y 354 inc. 1° CPCC?

SEGUNDA: ¿Ha quedado probado que el actor es portador de incapacidad sobreviniente tanto física como psíquica como consecuencia del accidente in itinere que sufrió sobre su persona? En su caso, ¿a qué porcentaje sobre la Total Obrera asciende dicha incapacidad?

VOTACIÓN

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL JUEZ BARCIELA DIJO:

Con la lectura del escrito de demanda obrante a fs. 35/52, su contestación de fs. 84/103 y la contestación de segundo traslado efectuada a fs. 110/111, estimo que no recae controversia alguna y, por lo tanto, se encuentran establecidas las siguientes afirmaciones:

a. Que el actor prestó servicios para SPORT’S LIFE S.A, relación que reconoció su causa en un contrato de trabajo (arts. 21 y 22 LCT).

b. Que la demandada ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO y la empleadora del actor celebraron contrato de afiliación para cubrir las contingencias previstas por la Ley 24.557 (arts. 3, 20, 26 y 27 Ley 24.557; Resolución 463/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

c.Que el día 16 de octubre de 2015 el actor sufrió un accidente mientras regresaba a su domicilio desde su lugar de trabajo.

d. Que el accidente indicado ut-supra, se produjo en la intersección de las calles Muñoz y Las Delicias de San Miguel, cuando el actor, quien se desplazaba en su bicicleta sobre la calle Las Delicias, debió frenar ante el paso intempestivo de un automóvil, para lo cual, apoyó firmemente su pie izquierdo sobre el asfalto, lo cual, le provocó un fuerte tirón.

e. Que la denuncia del hecho individualizado precedentemente fue recepcionada por la demandada, asignándole el número de siniestro 0-394285.

f. Que el día 28 de octubre de 2015 la demandada envío al actor CD695965698 en los siguientes términos: «BUENOS AIRES, 28 de Octubre de 2015. Ref: N° de Siniestro : 0-394285 – Fecha de accidente: 16/10/2015 Empleador: SPORTS LIFE S A Cuit: 30707995722 Gestor de Casos: Giachetti, Santiago Adrián. Nos dirigimos a Ud. con relación al siniestro de referencia. Dado que existen circunstancias que impiden el conocimiento acabado de los hechos en que habría ocurrido el incidente denunciado, y haciendo uso del derecho conferido en el artículo 6 del Decreto 717/96, sustituido por el Art. 1 del Decreto 1475/2015, ASOCIART S.A. ART procede a suspender los plazos de Ley para pronunciarse respecto de la aceptación o el rechazo de la solicitud presentada. Si transcurridos 20 días hábiles de denunciado el hecho a ASOCIART S.A. ART no se le ha informado sobre la decisión de rechazar el caso, Ud. puede considerar que el mismo ha sido aceptado. Asimismo destacamos que esta suspensión de plazos no implica la interrupción de las prestaciones establecidas por ley (tratamiento médico asistencial y prestaciones dinerarias)».

g. Que el 30 de marzo de 2016 la demandada le otorgó alta médica sin incapacidad, calificando a la contingencia como «accidente in-itinere», dejando expresa constancia el actor de su disconformidad.

h.Que al momento del sufrir el accidente mencionado en los apartados c) y d) de la presente Cuestión, el actor contaba con 40 años de edad.

i. Que el Ingreso Base Mensual del actor ascendió a la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-).

Respecto de las conclusiones arribadas en los apartados c) y d), cabe destacar que la negativa formulada por la demandada a fs. 85 párrafo 7°, carece de toda fuerza ilocucionaria (véase VERDAGUER, Alejandro C. «Las formalidades del proceso civil. Consideraciones lingüísticas y argumentativas». LA LEY 2014-D, 1161) desde que implica colocarse en contradicción con la conducta asumida por la misma con anterioridad al inicio del presente proceso, no obrando constancia alguna del rechazo oportuno del accidente ocurrido el día 16/10/2016 (arts. 4 inciso d) Decreto 491/97; 6 párrafo segundo del Decreto 717/96 -t.o Decreto 1475/2015-). Destaco que la inteligencia expuesta se corresponde con la doctrina legal establecida por la Suprema Corte de Justicia provincial a partir de causa L118.075, «Barragán», sentencia del 9-XII-2015. Asimismo, con posterioridad a dicho precedente, la casación provincial ha tenido oportunidad de afirmar:

Entonces, reconocida por La Segunda ART SA antes de la promoción del juicio la índole laboral del accidente invocado como sustento de la pretensión indemnizable, la conducta asumida luego en sede judicial, pretendiendo desconocer la naturaleza in itinere del hecho por el cual se reclama, implica una contradicción con sus actos anteriores al proceso (SCBA L118.438, «Del Negro», sentencia del 9-III-2016).

Lo expuesto es conclusión de la apreciación en conciencia de la prueba rendida e individualizada (art. 44 inc. d) Ley 11.653).

ASÍ LO VOTO

A la primera cuestión planteada, los Sres.Jueces Méndez y Ramírez, por compartir los fundamentos expuestos por el magistrado preopinante, votan en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL JUEZ BARCIELA DIJO:

En su presentación electrónica del día 25 de febrero de 2019, la perito médica, tras reseñar la serie de prestaciones médicas que el actor recibió como consecuencia del accidente sufrido el día 16 de octubre de 2015, señala:

De lo expuesto, el accionante sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo.

Si bien de los exámenes médicos practicados surge la existencia de tendinosis, un accidente como el descripto pudo ocasionar la ruptura del tendón que obligó a la intervención quirúrgica practicada.

Presenta por las secuelas descriptas un porcentual incapacitante correspondiente al seis por ciento (6%) de la total obrera. Esta comprende la limitación funcional y los factores de ponderación (dificultad moderada a alta, en la realización de tareas y edad).

Frente a dicha conclusión, la demandada formula su impugnación el día 11 de marzo de 2019, en los siguientes términos:

De la revisión efectuada al informe en traslado, es preciso aclarar que la tendinopatía del tendón de Aquiles es una lesión degenerativa en la cual se produce un deterioro de las fibras de colágeno del tendón, es decir que es una lesión crónica.

Los casos más graves pueden provocar desgarros en el tendón (roturas) que pueden requerir reparación quirúrgica.

En ese sentido, por tratarse de una patología degenerativa, no relacionada con el trabajo, es ajena a la cobertura de la actual LRT.

La referida impugnación fue contestada por la experta médica el día 13 de junio de 2019, manifestando:

Hubo ruptura del tendón de Aquiles izquierdo.

. La existencia de tendinosis.

. Un accidente como el descripto pudo ocasionar la ruptura del tendón que obligó a la intervención quirúrgica practicada.

– Conforme lo expuesto ratifico el informe presentado.

En cuanto a la impugnación dirigida a contestar la atribución de causalidad, resultaclaro que lo decisivo es que la perito ha constatado una lesión sobre el miembro que resultó afectado al momento de accidentarse el actor, cabe entonces restarle relevancia a la impugnación efectuada por la demandada, desde que no se ha verificado otro agente capaz de romper un equilibrio (para el caso la capacidad física del Sr. Pérez), sea la predisposición orgánica o un antecedente como una lesión anterior. Lo que la perito médica determinó es la existencia de una lesión en el miembro que resultó afectado al momento del accidente que padeció el actor, la cual se corresponde con la forma misma en que se produjo el siniestro, tal como se concluyó en el apartado d) de la Cuestión Primera. Si bien la impugnante no ha dado una versión distinta sobre el origen de la lesión, cabe tener presente que:

Para poder justificar la aceptación de una explicación por sobre la otra es necesario extenderse por fuera de las simples explicaciones dadas y analizar otros elementos tanto de la teoría como del contexto en el cual son presentadas las mismas.; por ejemplo, habría que analizar que a partir del siglo XVII no se admiten explicaciones teleológicas en física o que la información explicativa en el caso de la newtoniana es aplicable para explicar una multiplicidad de otros fenómenos cualitativamente diferentes. También hay que tener en cuenta que hay razones de economía conceptual para elegir descartar una y no aceptar ambas, pero esta es una condición que opera como un factor contextual histórico ya que no es necesaria tal economía, pero sí es deseable dadas nuestras creencias actuales (PARUELO, Jorge -2014-: «Explicación científica y elección de teorías». En Hernán Miguel (Coordinador) Causación, explicación y contrafácticos. Buenos Aires: Prometeo, pág.103).

En el caso de los jueces, esta necesidad de optar viene impuesta desde la afirmación del non liquet (artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-). A su vez, al tener que elegirse entre dos hipótesis causales, ha de preferirse la más favorable al trabajador (artículo 9 LCT) en condiciones de razonabilidad similar. La prueba de la causalidad, con las dificultades epistémicas que se advierten desde David Hume, consiste no en la selección de teorías (que se rige por el principio pro operario o pro damnato) sino en la demostra ción de los hechos que conforme a una teoría aceptable para los niveles de conocimiento de la época son capaces de causar un efecto. Por estos motivos, en la medida que se produjo un daño durante el trayecto por el cual el actor retornaba a su domicilio desde su lugar de trabajo, encuentro adecuada la atribución de la causalidad con absoluta independencia de la labilidad o resiliencia del sujeto. Por ello debe receptarse el porcentaje de incapacidad física asignado por la perito médica en las circunstancias por ella analizadas.

Sabido es que el dictamen pericial no resulta vinculante per se para el juzgador, desde que se trata de la opinión de un tercero calificado y técnicamente idóneo en la especialidad sobre la que es llamado a pronunciarse (véase MARTORELLI, Juan Pablo -2017-: «La prueba pericial. Consideraciones sobre la prueba pericial y su valoración en la decisión judicial». En: Derechos en acción. Año 2. Número 4. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, pág.131).

En esta inteligencia nuestra casación provincial ha sostenido que:

El perito no puede tener otra misión que la de asesorar al juez en punto a la apreciación de los hechos para los que se requiere el conocimiento especializado de una ciencia o industria (SCBA L67.909, «Martínez», sentencia del 11-V-1999).

Sentado ello, estimo que el dictamen pericial psicológico presentado el día 13 de junio de 2019, y su aclaración mediante presentación del día 25 de junio de 2019 se encuentra debidamente fundado en cuanto a la lesión constatada (Reacción Vivencial Anormal de Grado II. Trastorno adaptativo con estado depresivo), ya que la experta se ajustó a las reglas técnicas propias de la disciplina para arribar a su conclusión final:

Del informe pericial surge que el accionante ha tenido una vivencia aguda que comprende el accidente sufrido y su posterior intervención quirúrgica.

El estado de ansiedad, angustia y dependencia de su familia posteriores al accidente y el temor a sufrir una nueva lesión están ligados al accidente sufrido.

El estado descripto ha sido comprobado a través de la evaluación clínica y psicodiagnóstica, que evidenció la existencia de signos de abatimiento, preocupaciones somáticas, sentimientos de vulnerabilidad que no muestran el equilibrio psicoemocional argüido por el letrado.

En el informe se ha tenido en cuenta la existencia de multicausalidad en la génesis de la afección psíquica, considerando que la discapacidad laborativa de origen psíquico vinculada al accidente asciende al cuarenta por ciento de la discapacidad señalada, es decir el cuatro por ciento (4%) de la total obrera.

En la inteligencia expuesta, cabe desestimar las impugnaciones formuladas por la demandada en fechas 21 de junio y 5 de julio de 2019, desde que expresan una mera desavenencia con las conclusiones establecidas por la experta, sin exponer en forma concreta la circunstancia o conjunto de ellas, que actuarían como excepción a uno de los condicionales derrotables que formuló la Dra.Paludi, cual es, la existencia de signos de abatimiento y sentimientos de vulnerabilidad que rompieron el equilibrio psico-emocional del actor.

Por lo expuesto, de conformidad con el criterio de capacidad restante establecido por la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales de utilización de las tablas de incapacidad laboral (art. 9 Ley 26.773; Anexo I Decreto 659/1996 -sustituido por el art. 2 del Decreto 49/2014-), a mérito de los porcentajes de incapacidad física y psíquica sobrevinientes (6% y 4%, respectivamente), cabe concluir que el actor es portador de incapacidad física y psíquica sobreviniente que alcanza el 9.76% de la T.O como consecuencia del accidente sufrido el día 16 de octubre de 2015, cuando regresaba a su domicilio desde su lugar de trabajo.

Lo expuesto es conclusión de la apreciación en conciencia de la prueba rendida e individualizada (art. 44 inc. d) Ley 11.653).

ASÍ LO VOTO

A la segunda cuestión planteada, los Sres. Jueces Méndez y Ramírez, por compartir los fundamentos expuestos por el magistrado preopinante, votan en igual sentido.

CON LO QUE FINALIZÓ EL PRESENTE ACUERDO.-

SENTENCIA

En la Ciudad de San Miguel, a los 4 días del mes de noviembre de 2019 se reunieron los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Nro. 1 de esta Ciudad, en la Sala de Acuerdos, Dres. Gonzalo Barciela, Miguel Ángel Méndez y Adrián Aníbal Ramírez, a fin de dictar Sentencia en la causa Nro. SG3294/2016, caratulada «PÉREZ, NORBERTO VICTORIO C/ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ACCIDENTE DE TRABAJO – ACCIÓN ESPECIAL», y conforme el orden de votación que enuncia el Veredicto que antecede, se procedió a estudiar los autos resolviéndose plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

1) ¿Es procedente la acción instaurada?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACIÓN

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL JUEZ BARCIELA DIJO:

I. ANTECEDENTES

A fs. 35 se presenta el Dr. Leonardo Enrique Lobelle, T° XVI, F° 351 C.A.S.M., , en su carácter de letrado apoderado del Sr.Norberto Victorio Perez, iniciando formal demanda por accidente de trabajo contra ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Manifiesta que el día 01 de enero del 2011, su poderdante, ingresó a prestar servicios bajo relación de dependencia de SPORTS LIFE S.A., revistiendo la categoría de maestranza «b» conforme el CCT 130/75, llevando a cabo las tareas de: preparación de la mercadería (calzados), armado de cajas, carga y descarga de la misma y posterior reparto, en el horario de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 hs., tomando como I.B.M. a la hora de los cálculos de ley la suma de $16.000 mensuales.

Expone que, con fecha 16/10/15 a las 19.10 hs. aproximadamente, su poderdante sufrió un accidente «in-itinere» en el trayecto de su trabajo hacia su domicilio. Al llegar a la intersección de las calles Muñoz y Las Delicias (sobre Las Delicias), debió frenar su bicicleta ante el paso intempestivo de un automóvil apoyando firmemente el pie izquierdo sobre el asfalto, momento en el cual sintió un fuerte tirón que lo dejó inmovilizado.

Relata que el empleador, al enterarse del siniestro ocurrido, realiza en forma inmediata la denuncia ante la ART contratada (ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO), quien lo registra bajo el número 0-394285, tomando intervención en el mismo, hasta el día 30/03/16, fecha en la que se le otorgó el alta médica sin incapacidad y sin indicación alguna.

Practica liquidación, funda en derecho, ofrece prueba y solicita el acogimiento de la acción condenando a la parte demandada al pago íntegro del capital reclamado.

A fs. 84/103 la accionada Asociart S.A. A.R.T. contesta demanda efectuando negativa categórica de los hechos expuestos en el escrito de inicio, opone excepción de falta de legitimación pasiva, ofrece prueba, funda en derecho y solicita se rechace la demanda con costas.

II. LOS HECHOS

Con la prueba rendida e individualizada se pronunció el Veredicto que antecede, al que me remito brevitatis causae.

III.LAS PRETENSIONES

A. RESARCIMIENTO DE LA CONTINGENCIA SUFRIDA POR CONDUCTO DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Sabido es que en el caso particular de los accidentes in-itinere, el régimen de prestaciones y de la acción especial emergente del mismo «tiene por objeto resarcir en equidad las consecuencias del daño producido por el hecho u ocasión de trabajo. Es entonces, como la propia ley 24.557 lo dice, un sistema de la Seguridad Social y no de resarcimiento de daño» (ARIAS GIBERT, Enrique -2014-: «La solidaridad y las obligaciones concurrentes en las obligaciones emergentes del incumplimiento del contrato de trabajo». En: Revista de Derecho Laboral. 2014-2: «Trabajo no registrado». Santa Fe: Rubinzal-Culzoni editores, pág. 234).

Las proposiciones normativas emergentes del apartado 1 del art. 6 Ley 24.557 constituyen normas de la seguridad social ya que su función prioritaria resulta ser la reparación de las consecuencias lesivas del infortunio, tal como se desprende de la manda constitucional del art. 14 bis CN por la cual se debe responder ante la contingencia social disvaliosa.

En esta inteligencia, cabe recordar que la seguridad social:

«persigue la protección de individuo frente a sus necesidades, y deja de lado la idea de responsabilidad de quien hubiera provocado el daño, ya que estará a cargo de la propia seguridad social reparar todo daño que afecte la capacidad física o económica del individuo. El título jurídico del derecho a las prestaciones en el ámbito de la seguridad social, es la necesidad del acreedor» (GARCÍA RAPP, Jorge -2008-: «Responsabilidad individual o seguridad social». En: Jorge Rodríguez Mancini (dir.). Riesgos del Trabajo. Buenos Aires: La Ley, pág. 294).

Tratándose de una obligación que encuentra su causa en el subsistema de la Seguridad Social, resulta innecesaria la concurrencia de los elementos propios del régimen de responsabilidad civil del derecho de daños, a saber: autoría, antijuridicidad y daño calificado como injusto reprochable a título de un factor de atribución de responsabilidad.Por el contrario, el sistema previsto por la Ley 24.557 cobra operatividad cuando se configuran los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del art. 6 del citado cuerpo normativo -contingencias-, del cual se sigue, eventualmente, la obligación de reparar frente a la determinación de incapacidad sobreviniente en la persona del trabajador -situación cubierta-.

En orden a lo expuesto, entiendo que el accidente sufrido por el Sr. Norberto Victorio Pérez el día 16 de octubre de 2015, constituye, como presupuesto fáctico, un accidente in-itinere (arts. 6 apartado 1 Ley 24.557; 4 inc. d) Decreto 491/1997).

En vistas a ello, y conforme la conclusión arribada en la Cuestión Segunda del Veredicto, el actor resulta acreedor de la prestación dineraria prevista por el art. 14 apartado 2 inciso a) de la Ley 24.557. Así, tomando en cuenta el Ingreso Base Mensual tenido por establecido en el apartado i) del Veredicto, la edad del accionante al momento del infortunio -apartado h)- y el porcentaje de incapacidad física y psíquica sobreviniente del cual resulta portador el actor -Cuestión Segunda del Veredicto-, estimo que las sumas de dinero por dicho concepto ascienden a un total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 62/100 ($134.906,62.-).

La suma que resulta de la aplicación de la fórmula es superior a la multiplicación del porcentaje de incapacidad física y psíquica sobreviviniente (9.76%) por el piso mínimo establecido para la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inciso b) Ley 24.557 vigente a la fecha del accidente que sufrió al actor, conforme el ajuste por índice RIPTE dispuesto por el art.2° de la Resolución 28/15 de la Secretaría de Seguridad del, otrora, Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social de la Nación, el cual alcanzó la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($841.856.-), desde que arroja la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 15/100 -$82.165,15- (arts. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994- y 3° del Decreto 1694/2009; Fallos: 314:481, 315:885, 321:45 , 333:1435 y 339:781 ); SCBA L118.695, «Staroni», sentencia del 24-V-2016).

No corresponde incorporar al importe determinado precedentemente el adicional previsto por el art. 3 de la Ley 26.773, tal como se desprende de la ratio decidendi establecida por la Corte Federal en el precedente «Páez Alfonso» (Fallos: 341:1268 ):

La primera fuente de interpretación de las leyes es su letra y, cuando esta no exige esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella.

Con solo atenerse a la literalidad del art. 3° de la ley 26.773 y sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo intelectivo, es posible concluir que la intención del legislador plasmada en la norma ha sido la de circunscribir el beneficio a los infortunios laborales producidos u originados en el ámbito del establecimiento laboral y no a los accidentes in itinere.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte provincial ha adoptado idéntica inteligencia a la de la Corte Federal sobre el punto, la cual configura doctrina legal (arts. 279 CPCC; 55 y 63 Ley 11.653):

«En el caso de un accidente in itinere no corresponde la prestación adicional prevista por el art.3 de la ley 26.773, pues no se verifican los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación» (SCBA L119.002, «Carabajal», sentencia del 25-IV-2018).

Asimismo, no corresponde aplicar el índice RIPTE sobre el resultado de la fórmula prevista por el inciso a), apartado 2, del art. 14 de la Ley 24.557, tal como se desprende de la directriz hermenéutica establecida por la Corte Federal en los considerandos 8°) y 9°) de Fallos: 339:781 respecto del art. 8 de la Ley 26.773, la cual se corresponde con la proposición normativa emergente del decreto reglamentario 472/2014, respecto de cuya constitucionalidad la casación provincial tuvo oportunidad de pronunciarse en la causa «Carabajal» ya individualizada.

A mérito de las razones expuestas, corresponde rechazar sin más el planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte actora a fs. 39 in fine/42 respecto del art. 3 de la Ley 26.773, en cuanto excluye a los accidentes in itinere de la composición adicional del 20% en concepto de «cualquier otro daño» no previsto por las fórmulas de la Ley 24.557, la cual se desprende como proposición normativa de la norma ya indicada. A modo de obiter dictum, cabe poner de resalto que en fecha reciente, 8 de octubre de 2019, la Corte Federal revocó la sentencia del órgano jurisdiccional de grado que había decretado la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 26.773 en causa CNT 26080/2013/1/RH1, caratulada: «Rastelli, Jorge Pedro c/ Provincia ART S.A. s/accidente – ley especial», reiterando la inteligencia de causa CNT 67468/2013/1/RH1, caratulada: «Cisneros, Carlos Abel c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/accidente – ley especial», sentencia del 4 de diciembre de 2018.

Recapitulando, propicio hacer lugar a la demanda incoada por el Sr. Norberto Victorio Pérez contra ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 62/100 ($134.906,62.-), en concepto de prestación dineraria prevista por el art. 14 apartado 2 inc.a) de la Ley 24.557, debiendo rechazarse sin más la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por ésta última a fs. 86 vta./90 punto V, toda vez que el accidente in itinere sufrido por el actor el día 16 de octubre de 2015 resulta ser una contingencia cubierta por la Ley 24.557 (arts. 6 apartado 1 Ley 24.557; 4 inc. d) Decreto 491/1997; 345 inc. 3° CPCC y 63 Ley 11.653).

A. COSTAS

Las costas deberán ser soportadas por la demandada, por haber resultado vencida (art. 19 ley 11.653).

B. INTERÉS MORATORIO. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 14.399. ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN -LEY 26.994- Y LA LEY 27.348. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 669/2019.

En vista a la sanción de la Ley 14.399 (BO Nº 26969- 12/12/2012) y lo oportunamente resuelto por el Superior Tribunal de la Jurisdicción a partir del día 13-11-2013, en causas L.108164 «Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hnos. SRL y otros s/ Daños y perjuicios»; L. 110487 «Ojer, Horacio Alberto c/ Cooperativa de Trabajo Pesquera 9 de Julio y otra s/ Cobro de salarios; «Campana, Raúl Edgardo c/ Banco de la Pampa Sociedad de Economía Mixta s/ despido»; L. 90788 «Vitkauskas, Félix c/ Celulosa Argentina S.A. s/ despido»; L. 108142 «Díaz, Walter Javier c/ Provincia A.R.T. S.A.y otro s/ Daños y perjuicios», corresponde declarar, de oficio y para el caso concreto, la inconstitucionalidad de dicha norma, por los fundamentos vertidos en su oportunidad por la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los precedentes reseñados, a los que me remito en honor a la brevedad.

Sentado ello, los intereses moratorios deberán calcularse en base a la TASA PASIVA BIP (Tasa Digital opción plazo fijo a 30 días), resultando de público y notorio conocimiento la decisión de la SCBA donde expresa que la adopción de esta tasa de interés no quebranta su doctrina legal y está limitada a una ecuación estrictamente económica, derivada de la aplicación de una determinada alícuota en el marco de las variantes que puede ofrecer el tipo de tasa de interés pasiva («Zócaro» L118615, Sentencia del 11-III-2015), los mismos deberán liquidarse por Secretaría desde que se produjo la consecuencia dañosa el día 16 de octubre de 2015.

Destaco, asimismo, que en oportunidad de pronunciarse la casación provincial respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Leyes 26.994 y 27.077), el cual ha derogado el art. 622 del Código Civil velezano (Ley 340), la misma ha indicado:

«La aplicación inmediata de la ley a las relaciones y situaciones anteriores a su creación no significa su aplicación retroactiva, en tanto sólo alcanza los efectos que -por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto- no se encontraban al amparo de la garantía de la propiedad, ni al resguardo de un cambio de legislación. Por lo tanto, desde el 1° de agosto de 2015 rige el art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) a los fines de la determinación de los intereses moratorios (.) Ante el cambio normativo que importó el inc. c) del art.768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, por el período que inicia el 1 de agosto de 2015 deberá aplicarse la tasa pasiva de interés «plazo fijo digital a 30 días» a través del sistema «Banca Internet Provincia» (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; inc. c) del art. 768, Código Civil y Comercial, ley 26.994)» (SCBA B62.488, «Ubertalli», Sentencia del 18-V-2016).

De lo expuesto se concluye que el criterio insinuado en «Zócaro» ha tenido acogida definitiva a partir de «Ubertalli», por lo que la decisión propuesta se encuentra en correspondencia con la doctrina legal del Superior Tribunal de la Jurisdicción (arts. 279 CPCC y 63 ley 11.653). La inteligencia expuesta, ha tenido ratificación definitiva en Causa L118.587, «Trofe», Sentencia del 15 de junio de 2016.

Durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 5 de marzo de 2017, ha entrado en vigencia la Ley 27.348 (B.O 24-II-2017), la cual complementa la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557 y sus modificaciones). Por conducto del art. 11 de la referida Ley, se sustituyó el texto del art. 12 de la Ley 24.557, incorporándose una modificación en la forma de cálculo del ingreso base mensual a los fines de liquidar las prestaciones dinerarias previstas. El apartado 2° del art.12, en su actual redacción, dispone que:

«Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina».

La mentada proposición normativa, consagra un interés de naturaleza legal, en los términos del inciso b) del art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. Toda vez que el interés moratorio se devenga ipso jure, y que por imperio de la Ley 27.348 se establece el referido interés, corresponde su aplicación inmediata al caso de autos (art. 7 Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-), por cuanto subsiste la mora a la fecha del presente, respecto de las consecuencias no agotadas que se siguen del incumplimiento en la ejecución de la obligación de dar sumas de dinero en cabeza del deudor y a partir de la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley. Ello es así, por cuanto la mora constituye una consecuencia in fieri, la cual se ha producido por el retardo en el cumplimiento de la obligación imputable al deudor -elementos objetivo y subjetivo, respectivamente- la cual opera de pleno derecho y en forma automática (arts. 7 y 886 del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-; véase CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A. -2010-: Derecho de las Obligaciones. Tomo I. 4° edición aumentada y actualizada. Buenos Aires: La Ley, págs. 196-202).

Con relación a los alcances que cabe acordarle a la proposición normativa que ciñe el ámbito de operatividad de la norma a «las contingencias cuya primera manifestación invalidante tenga lugar o resulte posterior a la entrada en vigencia de la Ley», nuestra casación ha elaborado una extensa jurisprudencia. A saber:L81.305, «Silva», Sentencia del 9-VIII-2006 -relativo al alcance temporal de la cláusula adicional quinta del art. 49 de la Ley 24.557-; L116.803, «V., J. M», Sentencia del 15-VII-2015; L108.699, «Kluppel Melo», Sentencia del 20-VIII-2014; L94.456, L107.414, «S., A. R», Sentencia del 26-IX-2012; «Vecchi», Sentencia del 2-VII-2010; L94.904, «Bertino», Sentencia del 22-X-2008 -respecto de la aplicación en el tiempo de las disposiciones del Decreto 1278/00-; SCBA L116.622, «Bracco», Sentencia del 15-IV-2015; L116.513, «Orellana», Sentencia del 26-III-2014 -sobre la aplicación del Decreto 1694/09-. Finalmente, L118.695, «Staroni», Sentencia del 24-V-2016 – sobre la aplicación en el tiempo de la Ley 26.773 en línea con el precedente «Espósito» de la CSJN (Fallos: 339:781)-. Ahora bien, en los precedentes ya individualizados, lo que se decidió era la aplicación en el tiempo de cláusulas normativas que gobernaban la constitución de la relación jurídica, relativas a determinar el quantum de las prestaciones dinerarias de la Ley 24.557. En el caso de autos, una vez más, se trata de consecuencias no agotadas -mora- de tales relaciones jurídicas habidas entre acreedor y deudor, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resulta inmediata.

Huelga destacar que la Suprema Corte Provincial, en Causa C120.103, «D., E.M.», Sentencia del 29-VIII-2017, se expresó por la aplicación inmediata de la Ley -en el caso, el art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por la Ley 26.994- a las consecuencias no agotadas de las relaciones existentes a la fecha de entrada en vigencia de la misma:

«en lo que concierne a las consecuencias de una situación jurídica existente al momento en que se produce el cambio legislativo -v.gr. el cálculo de intereses derivados del estado de mora-, corresponde distinguir si se trata de consecuencias anteriores o posteriores a la entrada en vigencia.En el primer caso, estas consecuencias no pueden ser alcanzadas por la nueva norma por aplicación del principio de irretroactividad. En el segundo -esto es los efectos que se produzcan con posterioridad- quedan atrapados por la novel legislación, por aplicación del principio del efecto inmediato, sin que ello importe retroactividad vedada (cfr. Moisset de Espanes, Luis, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 Código Civil. Derecho transitorio, Córdoba, 1976, p. 17/19)»

Sin perjuicio de la inteligencia expuesta, se advierte que tras la sanción de la Ley 27.348 el Poder Ejecutivo nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019 (B.O 30/09/2019), por el cual sustituye el art. 12 de la Ley 24.557 (t.o art. 11 Ley 27.348), respecto a la modificación efectuada al apartado 2 del mencionado artículo, su actual redacción establece:

2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado.

De los considerandos del Decreto ya individualizado, se desprende que su dictado responde a las siguientes razones:

Que dada la necesidad de continuar con esa misma línea de correcciones regulatorias que contribuyen a mejorar las condiciones de sostenibilidad del sistema, se advierte que en el inciso 2 del artículo 12 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, se establece que a los fines de la actualización de las indemnizaciones se aplique un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Que esa modalidad de ajuste, implementada por la Ley N° 27.348, complementaria de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualizaciónque evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del «Ingreso Base».

Que, no obstante el propósito tenido en vista por el legislador, la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores.

Que así se advierte que actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%) promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al NOVENTA POR CIENTO (90%).

Que además del referido desequilibrio sistémico, el ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma.

Que la situación descripta crea incentivos adversos para el propósito mismo del sistema ya que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiarios resultante de la actualización de sus pasivos, fomenta la litigiosidad (y los costos concomitantes) desalentando el logro de acuerdos conciliatorios que permitan acelerar los plazos de pago a los beneficiarios del sistema.

Que los efectos de aplicar tasas de interés que en determinados contextos macroeconómicos arrojan resultados desproporcionados que desnaturalizan el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo, conforme lo ha decidido la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en reiterados pronunciamientos.

Que la perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguros podría provocar un riesgo sistémico que la presente medida buscar evitar.

Que los incrementos desmedidos de laspotenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, tanto en los siniestros en instancia administrativa como en los pasivos judiciales, en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema.

Que esta situación se ve agravada por las discrepancias observadas en la aplicación de las tasas judiciales en las diferentes jurisdicciones, generando una distorsión y desigualdad de tratamiento entre los trabajadores damnificados.

Que por lo expuesto, procede la modificación urgente de la fórmula de actualización del «Ingreso Base» a los fines del cálculo de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva, fallecimiento del trabajador u homologación, ya que el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras y, en definitiva, en los trabajadores, beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social.

Que ante los recientes acontecimientos económico-financieros que son de público conocimiento, es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo, fortalecer su normal funcionamiento y contribuir a una administración prudente por parte de los diferentes actores que lo componen.

Que en ese sentido, resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable, mediante garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las Aseguradoras.

Que en mérito de las consideraciones precedentes, la aplicación de un método de actualización relacionado con la variación de las remuneraciones, incluyendo las de los trabajadores accidentados, permitirá encuadrar los montos indemnizatorios dentro de niveles correspondientes con la naturaleza de los daños resarcibles efectivamente sufridos por los trabajadores accidentados, respetando los objetivos de certidumbre, proporcionalidad y razonabilidad de las indemnizaciones, que hacen a los equilibrios financieros del sistema.

Que por ello, resulta razonable sustituir la tasa de interés prevista enel artículo 12 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, por la d e variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Finalmente, el Poder Ejecutivo concluye:

Que la naturaleza excepcional de las cuestiones planteadas hace imposible el seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.

Cabe recordar que la Corte Federal, a partir del precedente «Verrocchi» (Fallos: 322:1726 ), retomó la tradición jurisprudencial del precedente «Soria de Guerrero» (Fallos: 256:556), a partir de la cual se establece que no se encuentra exenta del contralor judicial la eventual violación de normas constitucionales que informan el proceso de formación y sanción de las normas, ciñendo el examen jurisdiccional a determinar la concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que resultan exigibles y condicionan su vigencia (Fallos: 268:352, 318:445, 319:1479 , 321:3487 ).

Los términos del más alto Tribunal de la Nación resultan contundentes sobre el punto ya señalado:

Corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional, que constituyen las actuales exigencias constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este Tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto» (Párrafo 2° del Considerando 9° de Fallos: 322:1726 ).

Sentado lo expuesto, es dable recordar que la Corte Federal ha resultado conteste en señalar que los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados a ingresar en el control de constitucionalidad de oficio de las normas, tal como se desprende de la ratio decidendi establecida en el precedente «Rodríguez Pereyra» (Fallos:335:2333 ), la cual fuera enfáticamente ratificada en causa «Mansilla» (Fallos: 337:179 ), en cuanto al escrutinio celoso por parte de los tribunales respecto a la concurrencia de los presupuestos que habilitan el ejercicio de la facultad de contralor ex officio de la constitucionalidad de las normas.

En orden a las razones expuestas, no cabe duda alguna que este Tribunal se encuentra facultado a proceder al examen de validez constitucional del Decreto 669/2019.

El referido examen se circunscribe a verificar si concurren las circunstancias establecidas por la Corte Federal en «Verrocchi», inteligencia que fuera ratificada en «Consumidores Argentinos» (Fallos: 333:633 ). A saber:

1. Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o

2. que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.

Se advierte, entonces, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido un criterio sumamente restrictivo a la hora de pronunciarse por la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia que, eventualmente, dicte el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de la facultad conferida por el art. 99 inc. 3° CN. Tal temperamento ha sido expuesto por la más reciente doctrina:

«(.) el tipo de situación que da lugar a un DNU -para la Corte- es sumamente acotado, pues aquella solo se verifica ante un «estado de necesidad» (donde es impostergable la adopción de una medida inmediata), conjugado con un supuesto de «fuerza mayor» consistente en el impedimento fáctico absoluto para que las cámaras del Congreso se reúnan y sancionen una ley en tiempo útil.De ello debe derivarse que quedan excluidas como causas justificantes las meras dificultades, o los impedimentos jurídicos (v.gr., que el Congreso se encuentre en receso) y mucho más que los políticos (v.gr., que no se logre el quórum para sesionar o que el presidente no cuente con apoyo en una o en las dos cámaras).

De modo que el presupuesto que la Constitución establece en el 99, inc. 3° -al menos de acuerdo con la interpretación actual de la Corte- no es meramente la genérica «emergencia» (como lo es en el caso de la delegación legislativa prevista y regulada en el art. 76, CN), la cual ciertamente supone una situación excepcional que requiere medidas rápidas, sino un estado particularísimo de urgencia donde concurren dos circunstancias: a) el Congreso no puede reunirse; b) hace falta arbitrar una solución (de contenido legislativo) inmediata a un problema grave» (SÁENZ, Juan Ignacio -2019-: «Comentario al Art. 99, inc. 3°». En: Roberto Gargarella y Sebastián Guidi (Directores). Constitución de la Nación Argentina comentada. Tomo II. Buenos Aires: La Ley-Thomson Reuters, pág. 697).

De esta forma, los Decretos de Necesidad y Urgencia se encuentran sujetos a un análisis solícito, en virtud a que suponen el ejercicio de una facultad de excepción respecto al trámite ordinario para la formación y sanción de leyes previsto por nuestra Constitución. De allí que, en opinión que comparto, se postule una presunción de constitucionalidad inferior de los mencionados decretos respecto a las leyes sancionadas por el Congreso Federal:

Una de las razones por las que le asignamos presunción de constitucionalidad a las leyes es que en ellas hay un proceso deliberativo que involucra dos poderes, dos cámaras, representación federal, etc. Un DNU no tiene nada de eso. Mi postulación es que un DNU tiene una presunción de constitucionalidad inferior a la de una ley formal.Sabido es que «es carga del que alega la inconstitucionalidad probarla», pero esa carga no es fija sino relativa y dependiente de la forma. Dinámica. (ARBALLO, Gustavo -2019-: «Cargas dinámicas en el control de constitucionalidad: DNUs y regresividad». Recuperado el día 31/10/2019 del: http://www.saberderecho.com/2019/09/cargas-dinamicas-en-el-control-de.html)

Dicho parecer se corresponde con un modelo deliberativista de democracia, el cual, si bien opera como ideal regulativo desde que las precondiciones para su constitución resultan por demás exigentes, otorga una decisiva gravitación a la práctica comunitaria de discusión de los asuntos públicos, donde necesariamente deben verse representadas las voces de todos los potencialmente afectados por la decisión a tomarse, los cuales deben contar con toda la información relevante sobre el tema sujeto a discusión y encontrarse en condiciones mínimas de igualdad -de orden geométrico- para formular sus argumentos. El valor epistémico de dicho modelo radica en que el procedimiento de toma de decisiones otorga una mayor probabilidad de que la decisión a adoptarse sea la correcta. No obstante lo cual, cabe señalar que el referido valor epistémico no se dirige a obtener una verdad moral, inteligencia preconizada por Carlos Santiago Nino- sino que se esfuerza en mejorar las potencialidades de los actores del sistema democrático, es decir, que le acuerda un valor epistémico a aquélla en vista a la participación de todos los potenciales afectados.

Pues bien, de conformidad con lo expuesto, se advierte, por un lado, que el Poder Ejecutivo Nacional no ha invocado siquiera alguna imposibilidad cierta para que el Congreso se reuniera, máxime cuando el Decreto 669/2019 ha sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo (art.63 CN). A ello, se suma que los reglamentos de las Cámaras que conforman el Poder Legislativo Nacional prevén un trámite sumarísimo («sobre tablas») para el tratamiento de cuestiones, y su votación directa en el recinto, sin necesidad de atravesar el trámite en las comisiones legislativas, el cual reconoce como antecedente la sanción de la Ley 25.561 (conf. arts. 30, 39 inc. 9, 134, 147, 168, 210 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; 147, 149, 164, 188 apartados 6 y 7 inc. b) del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación).

Por otro lado, no se advierte que el diagnóstico formulado respecto a la afectación de la sustentabilidad del Sistema de Prevención de Riesgos y Reparación de daños derivados del Trabajo regulado por la Ley 24.557 se sostenga en informes provenientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que resultan ser los entes autárquicos de fiscalización y contralor de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (arts. 35 y 36 de la Ley 24.557; 64 y sigs. incorporados a la Sección I del Capítulo II de la Ley 20.091). Es decir, que no se exponen elementos susceptibles de ser verificados y que permitan constatar «la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente». Muy por el contrario, en ausencia de los referidos elementos, la razón del dictado del Decreto 669/2019 responde a la mera conveniencia. Cabe evocar aquí las palabras del Ministro Enrique Santiago Petracchi:

«Ninguna norma cede ante «programas de gobierno», sino ante otras normas, y, en primer lugar, ante la Constitución, la cual -a su vez- no cede ante nada ni nadie» (su voto en Fallos:316:2624).

Parafraseando al Ministro Petracchi, el mero arbitrio o conveniencia, cuando la excepción resulta alegada, más no verificada, cede ante el valladar insalvable del pacto de pacificación que sanciona nuestra Constitución Nacional.

Por las razones ya expuestas, cabe concluir en la invalidez del Decreto 669/2019, por cuanto no han existido los presupuestos fácticos que el art. 99 inc. 3° de la Constitución Naciona l describe «con rigor de vocabulario» (Fallos: 322:1726, 333:633), a fin de mantener incólume el régimen representativo, republicano y federal de gobierno y la primacía de la Constitución Nacional (arts. 1 y 31 CN).

Conforme lo concluido, los intereses moratorios deberán liquidarse en base a la TASA PASIVA BIP -Tasa Digital opción plazo fijo a 30 días- desde el día 16 de octubre de 2015 hasta el día 4 de marzo de 2017; y desde el día 5 de marzo de 2017 y hasta la fecha de la presente, los referidos intereses se computaran conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (arts. 7 y 768 incs. b) y c) Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-, 12 apartado 2° Ley 24.557 -t.o Ley 27.348

ASÍ LO VOTO

A la primera cuestión planteada, los Sres. Jueces Méndez y Ramírez, por compartir los fundamentos expuestos por el magistrado preopinante, votan en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL JUEZ BARCIELA DIJO:

En atención al resultado de la votación que antecede, propongo:

1. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada (arts. 345 inc. 3° CPCC y 63 Ley 11.653).

2. Hacer lugar a la demandada incoada por el Sr.Norberto Victorio Pérez contra ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A condenando a esta última, a que abone, dentro de los 10 (diez) días de notificada la presente, mediante depósito en cuenta bancaria perteneciente a estos autos y a la orden de este Tribunal, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 62/100 ($134.906,62.-) , por concepto del rubro reseñado en la cuestión primera de la presente sentencia; con más los intereses moratorios cuya liquidación se practicara en base a la TASA PASIVA BIP -Tasa Digital opción plazo fijo a 30 días- desde el día 16 de octubre de 2015 hasta el día 4 de marzo de 2017, desde el día 5 de marzo de 2017 y hasta la fecha de la presente, los referidos intereses se computaran conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (arts. 7 y 768 incs. b) y c) Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-, 12 apartado 2° Ley 24.557 -t.o Ley 27.348-; SCBA L118.615, «Zócaro», Sentencia del 11-III-2015; B62.488, «Ubertalli», Sentencia del 18-V-2016; Causa L118.587, «Trofe», Sentencia del 15 de junio de 2016).

3. Imponer las costas a la demandada (art. 19 ley 11.653).

4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes una vez que se encuentre firme la liquidación a practicarse por Secretaría (art. 51 Ley 14.967).

5. Librar oficio electrónico al Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal San Miguel, a fin de que proceda a la apertura de una cuenta gratuita para depósitos judiciales a la orden de este Tribunal y perteneciente a estos autos.

ASÍ LO VOTO

A la segunda cuestión planteada, los Sres.Jueces Méndez y Ramírez, por compartir los fundamentos expuestos por el magistrado preopinante, votan en igual sentido.

CON LO QUE FINALIZÓ EL PRESENTE ACUERDO.-

FALLO

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

El resultado del Acuerdo que antecede,

EL TRIBUNAL RESUELVE:

1. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada (arts. 345 inc. 3° CPCC y 63 Ley 11.653).

2. Hacer lugar a la demandada incoada por el Sr. Norberto Victorio Pérez contra ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A condenando a esta última, a que abone, dentro de los 10 (diez) días de notificada la presente, mediante depósito en cuenta bancaria perteneciente a estos autos y a la orden de este Tribunal, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 62/100 ($134.906,62.-) , por concepto del rubro reseñado en la cuestión primera de la presente sentencia; con más los intereses moratorios cuya liquidación se practicara en base a la TASA PASIVA BIP -Tasa Digital opción plazo fijo a 30 días- desde el día 16 de octubre de 2015 hasta el día 4 de marzo de 2017, desde el día 5 de marzo de 2017 y hasta la fecha de la presente, los referidos intereses se computaran conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (arts. 622 Código Civil -Ley 340-, 7 y 768 inc. b) Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994-, 12 inciso 2° Ley 24.557 -t.o Ley 27.348-; SCBA L118.615, «Zócaro», Sentencia del 11-III-2015; B62.488, «Ubertalli», Sentencia del 18-V-2016; Causa L118.587, «Trofe», Sentencia del 15 de junio de 2016).

3. Imponer las costas a la demandada (art. 19 ley 11.653).

4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes una vez que se encuentre firme la liquidación a practicarse por Secretaría (art. 51 Ley 14.967).

5. Librar oficio electrónico al Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal San Miguel, a fin de que proceda a la apertura de una cuenta gratuita para depósitos judiciales a la orden de este Tribunal y perteneciente a estos autos.

6. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-

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