Un tropezón no es caída: El peatón que tropezó en la vereda con objetos allí ubicados, es parcialmente responsable porque circulaba hablando por celular

Partes: Gomel Alberto Néstor c/ Forteza Fabián Alejandro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 3-sep-2019

Cita: MJ-JU-M-121128-AR | MJJ121128 | MJJ121128

El peatón que tropezó en una vereda con objetos ubicados en el frente de un comercio es parcialmente responsable del hecho porque circulaba hablando por su celular. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la admisión parcial de la demanda iniciada por un peatón que cayó en la vía pública al tropezar o enganchar un pie con telas ubicadas en el frente del local de propiedad del demandado, porque el hecho de que caminara hablando por su celular implicó la fractura del nexo causal de responsabilidad, por negligencia y falta de atención de su parte, siendo que desde el momento en que cualquier persona utiliza un dispositivo móvil, la atención a lo que está sucediendo alrededor comienza a tener un declive.

2.-El riesgo de las cosas al que se refiere el segundo párrafo del art. 1113 del CCiv. no alude necesariamente a las condiciones de la cosa misma que es inerte y normalmente no peligrosa como en el caso es una vereda, sino a una calidad accidental que podría derivarse por ejemplo de su deficiente construcción o mal estado de conservación.

3.-La reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas frustradas.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “GOMEL, Alberto Néstor c/ FORTEZA Fabián Alejandro s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri, Liliana E. Abreut de Begher y Víctor Fernando Liberman.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I) Apelaciones y Agravios.

1) La sentencia de fs. 146/63 admitió parcialmente la demanda interpuesta por Alberto Néstor Gomel contra Fabián Alejandro Forteza a abonarle al actor la suma de $227.000 con más los intereses y las costas del juicio. Hizo extensiva la condena a la compañía Allianz Argentina Cia. de Seguros S.A. en forma concurrente y en la medida del seguro. También se difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

Sostuvo el sentenciante que las pruebas colectadas lo llevan a tener por acreditada la existencia del hecho con intervención de la cosa (caída en la vía pública del actor a raíz de haber tropezado o enganchado su pie con telas ubicadas en frente del local de la demandada) en el día y a la hora denunciada en la demanda. Sustentó su decisión basado en que los rollos de tela obstruyeron parcialmente el paso en la vía pública generando así las circunstancias riesgosas que tuvieron incidencia causal en el resultado final (art.1113 CCiv).

Pero además, tuvo en cuenta el relato del propio actor, quien manifestó que iba hablando con su teléfono celular y refirió que “sintió resbalarse” -lo que implica que no miraba hacia el piso donde estaba el obstáculo- resultando éste un obrar culposo por negligencia, que interrumpe parcialmente el nexo causal. En definitiva endilgó el 70% de responsabilidad a la parte demandada, achacando el restante 30% al propio actor.

2) Apeló el pronunciamiento la actora a fs. 166 y la demandada a fs. 164, habiendo sido concedidos libremente los recursos a fs. 167 y 165 respectivamente.

3) Gomel expresó agravios a fs. 177/9 cuyo traslado no fue contestado. Cuestiona la atribución de responsabilidad a su parte. En breves líneas afirma que si hay un lugar por donde el peatón se puede mover confiadamente es la vereda, lugar reservado para la circulación exclusiva de los seres humanos. Por ello considera errónea la interpretación del “a quo” que realiza en torno a la comunicación que realizaba en ese momento con su hermano por el teléfono celular, evento que a su criterio no puede atribuir responsabilidad a la víctima.

Pide se modifique el fallo y se condene en su totalidad a la demandada. Seguido pide la elevación de la partida acordada en concepto de incapacidad sobreviniente, la que considera sumamente reducida.

A su turno la demandada presenta sus quejas a fs. 174/5 cuyo traslado fue rebatido a fs.181/2 solicitando la reducción de los montos fijados en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral.

II) Antecedentes.

1) Se trata de un accidente ocurrido el día 10 de octubre de 2013, aproximadamente a las 14:15 hs, en circunstancias en que el actor se hallaba caminando por la mano impar de la vereda de la calle Lavalle de esta Capital, hablando con su teléfono celular y al llegar a la altura del 2687, frente al local “Locos por las Telas” siente que se resbala, pierde la estabilidad y cae sobre rollos de telas, golpeándose el lado derecho de su cuerpo contra un elemento duro. Debió ser asistido en el momento por la policía y fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Allí finalmente fue atendido y le diagnosticaron las lesiones por las que inició la presente acción.

2) El demandado y su compañía aseguradora negaron los hechos y, asimismo, la responsabilidad que se les pretendiera asignar en razón del infortunio que el actor dijo haber protagonizado.

III) La Solución 1) Atribución de responsabilidad apelada por la parte actora: a) He se señalar que los agravios expuestos por el reclamante no constituyen una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas (conf. art. 265 CPCC); y por ende, insuficientes para descalificar los argumentos que lo sustentan.

Lo concreto se refiere a decir cuál es el agravio, en tanto que lo razonado se dirige a la exposición de porqué se configura el agravio.

Esto último consiste en precisar, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo, especificando con exactitud los fundamentos de esas objeciones. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales.”, t.III, p.351 y sus citas).

Y eso es precisamente lo que sucede en la especie. El apelante en su escrito de queja se limita a expresar una mera disconformidad con la conclusión arribada y una discrepancia subjetiva con la apreciación de las fundadas circunstancias reseñadas en el fallo, que se aprecian insuficientes para conmoverlo.

No obstante ello, y por el debido respeto que me merece el derecho de defensa de las partes, habré de avocarme al tratamiento de los agravios expresados por el Sr. Gomel, sin olvidar que conforme ha sido sostenido reiteradamente, no me encuentro obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).

b) En este orden de ideas, es sabido es que el art. 1.113, segunda parte in fine del Cód. Civil ha incorporado al ordenamiento normativo como fuente de responsabilidad, el riesgo creado. Cuando el daño se produce por el riesgo o vicio de la cosa, o sea cuando aquél se origina en virtud de que ha actuado una cosa que presenta riesgo o vicio, la responsabilidad está a cargo del dueño y el guardián de la cosa que generó el daño, que sólo pueden eximirse probando que no existió o que se interrumpió la relación causal entre el hecho de la cosa y el daño causado.

Cuando se acciona por el art. 1113, 2a. parte in fine del Código Civil, corresponde a la parte actora demostrar cuatro presupuestos básicos:1) La existencia del daño; 2) El carácter riesgoso o vicioso de la cosa individualizándola concretamente y objetivando su riesgo o vicio; 3) Que el perjuicio obedece al riesgo o vicio de la cosa y 4), Que el demandado es dueño guardián de la cosa. En este sentido, cada dueño y cada guardián deben afrontar los daños causados a otro, salvo que demuestren la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista.

Aceptada la teoría del riesgo, o de la llamada responsabilidad objetiva, cabe advertir que el dueño de la cosa sólo se exime de responsabilidad total o parcialmente acreditando la culpa de la víctima. Es decir, que no es a la actora, sino a la demandada a quien le incumbe alegar la responsabilidad total o parcial de la víctima como eximente de la suya. (CSJN – 16/06/1988 – Bonadero Alberdi de Inaudi, Martha A. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos – LA LEY 1988-E, 431).

Estimo oportuno señalar que por tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, es la parte demandada quien debe acercar a la causa toda la prueba conducente a los fines de exonerarse de su deber de reparar el perjuicio, acreditando que el daño acaeció por el hecho de la víctima, de un tercero por quien no deba responder o bien por el “casus” genérico previsto en los arts. 512 y 513 del CCiv., y que en el caso desde ya adelanto que no lo hizo.

A ello se suma que el riesgo de las cosas al que se refiere el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil no alude necesariamente a las condiciones de la cosa misma que es inerte y normalmente no peligrosa – en el caso, una vereda-, sino a una calidad accidental que podría derivarse por ejemplo de su deficiente construcción o mal estado de conservación (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E – 20/02/2008 – Gil de Tsalpakian, Nélida Sara c.Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro – DJ 20/08/2008, 1069 – JA 2008-II, 64).

c) Así las cosas, en el caso se encuentra acreditada la caída del actor en las condiciones mencionadas en su demanda, sobre lo cual incluso no hay agravios de parte de los accionados. Ello surge tanto de estas actuaciones como de la misma causa penal que tengo a la vista y sobre la cual el sentenciante se ha extendido ampliamente.

Por lo que solo resta analizar si, tal como lo señaló el magistrado de grado, el hecho de que el actor caminara hablando por su celular implicó la fractura del nexo causal de responsabilidad, por negligencia y falta de atención de su parte, única circunstancia cuestionada por el recurrente.

Y adelanto que coincido con lo resuelto en la sentencia en crisis.

Es que no hay dudas que desde el momento en que cualquier persona utiliza un dispositivo móvil, la atención a lo que está sucediendo alrededor comienza a tener un declive. No por nada se encuentra prohibido su uso al manejar.

El actor en sus propias palabras dice que en el momento de la caída se hallaba hablando por teléfono con su hermano. Esto significa que claramente no vio que un rollo de tela (con el tamaño que tiene) se había caído sobre la vereda.Y esta circunstancia a mi entender lo hace responsable en la proporción fijada en la sentencia, puesto que ya sea por la vereda -como en el caso- o cruz ando las arterias de la ciudad, los peatones deben estar atentos a las contingencias de la propia calle, para evitar entre muchas cosas, las bicicletas, los carritos con bebes, las zonas de carga y descarga de productos, e incluso como en el caso, que una cosa inerte se cayera lamentablemente sobre la vereda impidiendo el paso limpio de peatones.

Convengamos que con tan solo esquivar el mentado rollo, el actor se hubiera evitado la magnitud de las lesiones que menciona en su demanda, más ello fue imposible pues no estaba atento por donde transitaba.

Por lo expuesto, propongo el rechazo de los agravios formulados y la confirmación de la sentencia en crisis.

2) Incapacidad sobreviniente El sentenciante admitió la cantidad de $130.000 en concepto de daño psicofísico teniendo en cuenta el grado de responsabilidad atribuido.

Se ha expedido esta Cámara Civil en el sentido que “la incapacidad sobreviniente comprende, salvo el daño moral y el lucro cesante, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada” (conf.CCiv, sala “M” – 13/09/2010 – Estévez, María Cristina c/ Amarilla, Jorge Roberto y otros, La Ley Online; AR/JUR/61637/2010).- La reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas frustradas.- En consecuencia, por incapacidad sobreviniente debe entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades tanto laborativas como de relación y que son consecuencia inmediata de la producción del accidente, prologando sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente.

Veamos las pruebas:

A fs. 86/7 de realizó pericia médica efectuada por la Dra. María Fernanda Oliva quien informó que el actor presenta a raíz del accidente traumatismo de columna lumbar por caída de su altura, limitación funcional y parestesias bilaterales. Informa el diagnóstico “lumbociatalgia bilateral” de origen crónico degenerativo el cual pudo haberse agravado o puesto de manifiesto como consecuencia del accidente. Concluye que es portador de una incapacidad del 12.50 % de la TO.

La pericia fu impugnada a fs. 89/90 respondiendo la médica las observaciones a fs. 92.Allí sostuvo que se tuvo cuenta al momento de informar el porcentaje de incapacidad que el diagnóstico es un cuadro crónico que se agravó o se puso de manifiesto con el accidente, descontándole el porcentaje por la cronicidad.

Es sabido que para poder apartarse el juzgador de las conclusiones allegadas por el técnico debe tener razones muy fundadas, pues si bien es verdad que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que en cuanto el informe comporta la necesidad de una apreciación especifica del campo del saber del perito, técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (esta Sala, JA, 1981- II 442; íd. CNCiv., Sala A, 1981- III- 227, esta Sala, Rosalez, Martina y ot. c/ GCBA s/ daños y perjuicios, L. 111.931/ 98, del 08-08-05; íd. Settembre Carlos Alberto c/ Ferreira Carlos A. s/daños y perjuicios, L. 101.278/97, del 15-09-05).

Las conclusiones arribadas por la perito de oficio a través de su dictamen pericial son admitidas por la Suscripta habida cuenta de su concordancia con las reglas de la sana crítica (conf. arts. 386 y 477 del Cód. Proc.) y del que no hallo motivos para apartarme, por lo que desestimo las impugnaciones efectuadas.

Igualmente vale recordar lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc.Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.

En consecuencia, en atención a las constancias objetivas de la causa reseñadas precedentemente, la edad del actor al momento del accidente (55 años), divorciado, de profesión contador y demás condiciones personales, considero que la cantidad fijada en primera instancia para resarcir la incapacidad psicofísica resulta reducida y propicio su elevación a ciento setenta y cinco mil pesos ($175.000), haciendo lugar a los agravios del recurrente y teniendo en cuenta ya el porcentaje de responsabilidad atribuido.

3) Daño moral.

El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.

Se ha decidido en distintos pronunciamientos de esta Cámara que, es tarea delicada la cuantificación de este concepto pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil.

El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a la equivalencia.La dificultad en calcular dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y malestares subsistentes.

En primera instancia, el sentenciante accedió a una partida de $50.000.

La demandada y la aseguradora la consideran exorbitante y piden su reducción.

Tomando en cuenta las pautas señaladas, y a la luz de las pruebas rendidas en autos, especialmente las secuelas permanentes físicas descriptas “ut supra”, el tiempo de recuperación y las repercusiones que la lesión provoca en la vida cotidiana del reclamante, además de dolor que este tipo de lesiones genera, su traslado en ambulancia y atención en guardia en el hospital Ramos Mejía y demás condiciones personales, opino que la suma establecida en concepto de compensación del daño moral resulta reducida, más teniendo en cuenta la ausencia de agravios por parte del interesado, propongo el rechazo de las quejas vertidas por las recurrentes.

IV) Conclusión Por todo ello y si mis distinguidos colegas compartieran mi opinión, solicito: 1) Se admitan parcialmente los agravios formulados por la parte actora elevando la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de ciento setenta y cinco mil pesos ($175.000); 2) Se confirme la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 3) Se impongan las costas de la Alzada a la demandada y aseguradora sustancialmente vencidas (art. 68 del CPCCN); 4) Se difiera la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sean fijados en la instancia anterior.- Así mi voto.- Los señores jueces de Cámara doctores Liliana E. Abreut de Begher y Víctor Fernando Liberman, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI- LILIANA E.ABREUT DE BEGHER -VÍCTOR FERNANDO LIBERMAN -.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de septiembre de 2019.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Admitir parcialmente los agravios formulados por la parte actora elevando la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de ciento setenta y cinco mil pesos ($175.000); 2) confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 3) imponer las costas de la Alzada a la demandada y aseguradora sustancialmente vencidas; 4) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto sean fijados en la instancia anterior.- Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese por Secretaría y devuélvase.-

Patricia Barbieri

Liliana E. Abreut de Begher

Víctor Fernando Liberman