Violencia de género: Prisión preventiva para quien no acató la prohibición de acercamiento ejerciendo además violencia física sobre las víctimas

Partes: B. M. s/ desobediencia a un mandato judicial

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera

Sala/Juzgado: cuarta circunscripción

Fecha: 2-sep-2019

Cita: MJ-JU-M-120960-AR | MJJ120960 | MJJ120960

Violencia de género: Prisión preventiva para quien no acató la prohibición de acercamiento a las víctimas ordenada tanto en sede civil como en penal, ejerciendo además violencia física sobre ellas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que dispuso la prisión preventiva del imputado, ya que el justiciable no sólo no acató, posterior al hecho, la prohibición de no acercarse a las víctimas sino que además no le importó la restricción ordenada tanto en sede civil como en sede penal -donde ya se le había dado la posibilidad de gozar de medidas cautelares de menor impacto que la prisión preventiva, mostrando su total desidia sobre lo ordenado judicialmente, y hasta llegó a ejercer violencia física siendo claro el caso de violencia de género ya que revela una concepción del género femenino al que, lejos de respetar reconociéndole autonomía y libertad para construir las relaciones interpersonales que desee, la objetiviza, la agrede y la reduce a un estado semejante al de una posesión.

2.-Corresponde aplicar una medida privativa de libertad, ya que la prueba a través de denuncias, videos, testigos revelan una personalidad violenta -llegando incluso a molestar a amigas de la víctima – y nulo arrepentimiento -siendo una muestra su conducta posterior a los hechos acaecidos-, existiendo otras investigaciones en trámite como se postuló en la audiencia de trámite de Abuso Sexual Simple en perjuicio de compañeras de trabajo, y si bien en ninguna ha recaído sentencia que altere su estado de inocencia, no es menos cierto que en este tópico lo que analizamos son los extremos normados por el art. 26, en relación a los arts. 40 y 41 , todos del CPen.

3.-Si bien nuestro Código Penal no define la violencia de género, salvo que la menciona en el caso de lesiones, si lo podemos hacer a través de normas internacionales como ser la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Para) y en igual sentido la CEDAW (Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer) y en nuestra normativa de derecho interno, a través de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres.

4.-Que el fundamento de la imposición de una medida asegurativa personal deba versar sobre riesgos de fuga y prueba, no significa que el ‘fumus bonis iuris’, que fuera considerado como presupuesto, no pueda regresar a la mesa de la discusión cautelar como ‘fundamento del fundamento’, vale decir, como razón por la cual la mejor evidencia puede, según las particularidades de cada caso, redundar en mayor riesgo para los fines del proceso, es decir, como fundamento de dicho riesgo verificando si la evidencia de cargo se encuentra presente en cantidad y magnitud siendo lo más relevante establecer su eventual vulnerabilidad y su incidencia como motivación de fuga, dado que a mayor riesgo, mayor será el tipo y la intensidad de la medida cautelar necesaria para conjurarlo.

Fallo:

Vera, 02 de septiembre de 2019.-

Y VISTOS: Esta causa judicial “B. M. s/ Desobediencia a un mandato judicial” – APELACIÓN – PRISION PREVENTIVA (CUIJ: 21-08157528-9), llegada al suscripto, Eduardo Alberto Bernacchia, Juez Penal del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe por interposición del recurso de apelación de la Defensa Técnica contra lo decidido en la audiencia de trámite por la Sra. Juez Penal de Primera Instancia, en la ciudad de Reconquista, Dra. Claudia Graciela Bressan, en fecha 28 de junio de 2019, en la cual resuelve ordenar la prisión preventiva sin plazo de N. B. M., D.N.I. N°.

RESULTA: Que queda habilitada esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Defensor Técnico del justiciable N. B. M., D.N.I. N°., Dr. Roberto Daniel Pagura, contra lo decidido en la audiencia de trámite por la Sra. Juez Penal de Primera Instancia, en la ciudad de Reconquista, Dra. Claudia Graciela Bressan, en fecha 28 de junio de 2019, en virtud de la cual se dispuso ordenar la prisión preventiva de N. B. M., D.N.I. N°.

Ya en segunda instancia y una vez. designado el suscripto como juez, se efectuó el estudio de admisibilidad del recurso, apérturándose el mismo, EN FECHA 07 DE-AGOSTO DE 2019, poniéndose las actuaciones a disposición de las partes y, firme el auto resolutivo se fijó la audiencia del art. 401 del CPPP la cual se llevó a cabo en fecha 30 de agosto de 2019, por ante los Tribunales de la ciudad de Reconquista, la que celebrada, con la asistencia de todas las partes, así como también del justiciable B., según lo previsto por el art. 401 del C.P.P., durante su alegato oral, la defensa apelante sostuvo los agravios formulados por escrito contra el pronunciamiento apelado, salvo lo puntualizado con relación a la violación del art. 224 del C.P.P.que no lo mencionó, ampliando alguno de sus fundamentos, e indicando diversas cuestiones principales:

Primeramente, el Dr. Pagura en su escrito impugnatorio se agravia que la sentencia -éste es el término que utiliza- de fecha 28 de junio de 2019 no cumple con los requisitos formales de la ley para ser un acto jurisdiccional válido, solicitando que se revoque la misma y se ordena la libertad de su defendido según las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

En ese camino precisa que la resolución impugnada carece de los fundamentos escritos de prisión preventiva que se ha resuelto contra su defendido, a pesar de su oposición a dicha medida, entendiendo el apelante que el Fiscal no había acreditado la existencia de los peligros procesales invocados, no obstante lo cual se resolvió a favor de lo postulado por el acusador, con previa fundamentación confusa y escueta.

Que en virtud de ello el Dr. Pagura expone que ha esperado ansiosamente la fundamentación por escrito que expresamente exige el art. 224 del C.P.P. (el cual transcribe) y que se encuentra vigente y aplicable al caso, salvo, puntualiza, que desconozca que existe otra norma legal vigente que ‘autorice a los magistrados a no cumplir con la ley escrita.

Prosigue que al concurrir a la Oficina de Gestión Judicial en procura de tal resolución escrita se encuentra que se ha protocolizado el acta de audiencia, supliendo la resolución fundada, y que justamente no ha presentado pronto despacho ya que esa protocolización del acta de audiencia oral da a entender que la A-quo entendió que esa resolución oral es la que tiene validez, no cumpliéndose en definitivo lo que entiendo el Defensor Técnica que no se ha cumplido con el elemento esencial de la escr.turalidad, lo cual surge de la propia Constitución Nacional, en su art. 18, cuando estable que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente; solicitando la invalidez del acto jurisdiccional puesto en crisis conforme la sanción establecida por el art.95 de la Constitución de la ProVincia de Santa Fe.

En forma subsidiaria, el Defensor Técnica plantea que le agravia que la resolución de la A-quo le impone prisión preventiva a su asistido sin que se encuentren reunidos los presupuestos previstos en el art. 220 del CPPSF.

En cuanto al inciso primero del artículo mencionado, en lo que respecta a su probable autoría y participación, transcribe lo resuelto por a A-quo: “se encuentra acreditado – con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso tanto la autoría y/o participación de/imputado segun lo exige el inciso I) y ello surge de la evidencias colectadas en el curso de la investigación, según lo informado en la audiencia por parte de la Fiscalía, que consisten en denuncias de la víctimas, resoluciones dictadas por el Juzgado Civil, Comercial 2 Nominación, declaración de testigos, impresiones de la redes sociales, además, de lo declarado por dos compañeras de trabajo que lo denuncian en el ario 2018, y otro incumplimiento de perimetral de fecha 16 de enero de 2019 Aclara el Dr. Pagura que el justiciable B. es detenido por violación de la perimetral de la Srta. Sofia Nardi ya que en la audiencia de trámite imputativa se sentaron con el Fiscal también la Sra. Rosana Yanina Corgniali y la Srta. Stella Maris Kern y se le atribuyen otros hechos que se tramitaban en estado de libertad y no se había fijado, con relación a éstos, fecha de audiencia =putativa y, de haber procedido se lo tendría que haber citado previamente.

En relación al hecho que motivó la detención de su defendido la única evidencia de cargo es la denuncia de la presunta víctima, en la cual en fecha 17 de mayo de 2019, el Sr. B. va a la casa de Sofia Nardi y toca timbre, supuestamente incumpliendo la medida procesal emitida por el Juez en lo Civil y Comercial, Dr.Fabián Lorenzini.

En cuanto al segundo y tercer hecho que se le imputa se trata de llamadas telefónicas entre el justiciable y la Sra. Nardi no estando claro quien llama a quien y entablan una conversación; como así tampoco en el cuarto hecho imputado puede precisas el Fiscal si existe llamada telefónica o si B. se acerca al domicilio de la Sra. Nardi, donde si bien está incumpliendo una medida procesal más que cometiendo un delito, siempre lo hizo, aunque intolerable, en un marco de respeto.

En cuanto al quinto hecho que se le imputa, que corresponde a un incumplimiento de perimetral de fecha 16 de enero de 2019, el Sr. B. -expone el Defensor- en ningún momento se cruza con la Sra. Rosana Corgniali, sino que va a la empresa a hacer el descargo que le estaba exigiendo, entrevistándose con el Sr. Martín Arrizaga, contestando el informe N° 577/18 en el Área de relaciones laborales, insistiendo que nunca se encontró con la Sra. Rosana Corgniali y que no conocen si esta persona realizó alguna denuncia pero además la fecha que aduce no se corresponde con la realidad ya que su asistido estuvo en la empresa un día antes del que aduce.

Le agravia además el decisorio en cuanto afirma:

“.Con relación a la pena en expectativa que le pudiera corresponder el análisis en este tipo de cuestiones debe realizarse teniendo en cuenta en concreto las imputaciones efectuadas, y en contexto realizado, ya que la misma podría resultar de efectivo cumplimiento a pesar de los mínimos legales establecidos para casa uno de los hechos, circunstancia que impide conforme a la normativa Internacional, Nacional y Provincial tendiente a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer.”.

Aclara el Defensor Técnico que estamos hablando de incumplimiento a distintas normas en las cuales la pena en expectativa no excede de un (1) año de prisión, pero que el Sr.Fiscal hace soluciones aritméticas poco claras que la llevan por lo menos a nueve años de prisión, que va a ser dificil de sostener el día que vayamos a juicio, pero que a la Meza, y atento a declaraciones de las víctimas, Mella Maris Kern, que ni siquiera debería haber estado en la audiencia, la Sra. Corgniali, que se enteró que el Sr. B. estuvo en la empresa, sin precisar que fue un día antes, y que la Srta. Sofía ha recibido llamadas, del Sr. B., y es demasiado para el imputado soportar una privación de la libertad sin plazo, y por delitos excarcelables.- Posteriormente se refiere a un imputado Ruiz Díaz que carece de antecedentes penales -que creo nada tiene que ver con el presente legajo y que ha confundido el apellido- y que la pena en expectativa, según las reglas del concurso -sostiene- es de seis meses de prisión; citando jurisprudencia convencional y doctrina en apoyo de sus dichos.

Agravia además al Dr. Pagura -advirtiendo que pasa del punto 3 al punto 5 su escrito- el decisorio en la medida que atribuye a los hechos el carácter de violencia de género y funda la imposición de la prisión preventiva en dicho presupuesto, definiendo la violencia de género como: “(.) implica cualquier acto de violencia, que inciden sobre la mujer por razón de su género, basado en la discriminación, en las relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer”. (Buompadre, Jorge Eduardo, Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal, Alveroni Ediciones, Córdoba 2013, pág.34); lo cual precisa que no se produce en el caso en examen pues no toda violencia contra la mujer configura violencia de género pues lo que hizo su defendido fue desobedecer una orden judicial de un Juez de Primera Instancia en lo Civil y aún cuando el delito pudiera configurar “violencia de género” tampoco justifica la aplicación de medidas cautelares en el ámbito penal al margen de las previsiones del Código Procesal Penal transcribiendo jurisprudencia de esta Cámara Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial) y puntualizando que la A.-quo incurre en una doble valen:ación al considerar los delitos de género en este apartado ya que los mismos ya estipulan una penalidad agravada en la ley de fondo.

Le agravia además, en lo que respecta a la condición prevista en el inciso 3 del artículo 219 lo que expresa la A-quo: ” .el titu lar de la acción también ha hecho mención a la peligrosidad procesal, haciendo hincapié en el peligro de entorpecimiento probatorio, ya que debe asegurarse la producción de prueba, entre ellas la declaración de las víctimas, siendo que ellas se encuentran en un contexto especial de vulnerabilidad, en atención de haber estado sometida a este tipo de violencia por varios años”; ya que la situación de vulnerabilidad y sometimiento se funda en la sola afirmación del Fiscal sin ser acreditadas, siendo que el dato objetivo es que el justiciable en una sola oportunidad se acercó al domicilio de la Sra. Nardi por cuanto no se ha cruzado con la Sra. Corgniali en la empresa en la cual ambos trabajan y que no se conoce lo que pasó con la Sra. Stella Maris Kern, agregando que el quinto hecho es de fecha 16 de enero de este año y que fue usado por el Sr.Fiscal para agrandar la situación como así también poner a llorar a las víctimas en la audiencia de trámite cuando las mismas hacían su vida normal como ser estudiar en la Facultad la Sra. Nardi y trabajando las restantes.

Le agravia además que la medida de la prisión preventiva de su asistido se funda en el supuesto fracaso de otras medidas y a los fines de proteger a las víctimas pero a sabiendas que es la Sra. Nardi la que se pone a conversar con el Sr. B., que no deja de ser un joven enamorado de alguien que no lo registra, y que no es cierto que sea el mismo “Barreda” como lo sindica el Sr. Fiscal ni que los padres de la Sra. Corgniali vivan a cien metros de distancia de la casa de B. ni que el Club Platense, donde asiste la Sra. Nardi, quede a dos cuadras de la casa del justiciable, citando declaraciones del Dr. Erbetta.

Expresa que las medidas cautelares dictadas en sede penal no pueden fundarse en la necesidad de protección a la víctima, pero que a su vez la norma del art. 239 del Código Penal, establece que el delito es la Desobediencia Judicial, de un Juez de Primera Instancia en lo Civil, y que el hecho número cinco, es cuando se entera la Sra. Corgniali que el Sr.B., estuvo un día antes en la sede de la empresa donde ambos trabajan.- No obstante, aún en el supuesto de sostenerse que nos encontramos ante un conflicto jurídico-penal, la legislación que lo nutre prevé mecanismos para garantizarle su seguridad -Artículo 80 in fine de CPPSF, la ley 13.494-, entre las cuales, no se encuentra la privación de libertad del imputado.

Además, se viola el Estado de Inocencia del imputado, pues basta la mera denuncia para sostener que estamos ante la presencia de una víctima, cuando aún no tenemos sentencia condenatoria que acredite con grado de certeza que los hechos imputados existieron.- No se puede privar de su libertad a todas las personas denunciadas, pues ni siquiera el delito tiene una pena en expectativa alta, y menos aún el Fiscal buscando que la pena sea de cumplimiento efectivo violando los derechos de su defendido; manteniendo las reservas del caso tan’ to federal como constitucional.- En la audiencia de trámite comienza el Defensor té’cnico manifestando que los delitos imputados a su defendido, esto es Desobediencia a una orden judicial que cuenta con sentencia firme en el Juzgado Civil de la Segunda Nominación, a cargo del Dr. Fabián Lorenzini y cuya víctima es la Sra. Nardi y a la audiencia cautelar concurren tres personas, además de la Sra. Nardi, también lo hacen la Sra. Corgniali y la Sra. Kern; según registro de audio y video.

En cuanto a la pena que es muy leve y que no tiene antecedentes penales.

En cuanto al hecho imputado en perjuicio de la Sra. Kern expresa que es un Abuso Sexual simple donde se investiga si trató o si le tocó la cola y, el hecho imputado en perjuicio de la Sra.Corgniali es si intentó darle un beso, en un anterior legajo y, por último, lo imputado a Sofia Nardi donde nunca trató de comunicarse directamente con ella pero que sí lo hizo por sus amigas y, además se le imputan lesiones pero que nunca la ha tocado.

Reconoce el Defensor que su defendido “se pasó de pesado”, según registro de audio y video, y que lo único que se hizo en los 63 días que hace que está detenido B. fue esta semana una audiencia multipropósito que arrojó como resultado que se solicitará una Junta Médica en la ciudad de Santa Fe para determinar sus características psicológicas y psiquiátricas.

Expone el Defensor que en definitiva se está persiguiendo a un enamorado, según registro de audio y video.

En cuanto a los requisitos previstos por el art. 220 del C.P.P. en su inciso primero alguno de los delitos imputados ni siquiera son delitos y que en relación a su inciso segundo aduce primero que se lo pinta como “Barreda”, relatando nuevamente los hechos, y que estos hechos tienen pena mínima como el Abuso Sexual con un pena mínima de seis meses y la Desobediencia con una pena máxima de un año y, por último en su inciso tercero -peligro de fuga- tampoco se aplica ya que vive con sus padres, trabaja en la E.RE, y menos se da el entorpecimiento probatorio por cuanto se ha secuestrado su computadora, su celular y hasta el celular de su hermana; según registro de audio y video.

En cuanto a las pruebas sólo hay denuncias y efectos secuestrados y nada más y además que los hechos imputados no se encuentran probados, solicitando desde ya la libertad de su defendido; según registro de audio y video.

Concedida la palabra al Sr. Representante del M.P.A.

(Ministerio Público de la Acusación), representado por el Fiscal, Dr.Aldo Héctor Gerosa, destaca que no existen elementos para la invalidación pretendida solicitando que debe rechazarse por ser improcedente lo planteado por el Defensor Técnico; según registro de audio y video Primeramente señala que este hecho se trata de víctimas mujeres, a la luz del cual habrá que analizar los hechos y pruebas y ton-lar las decisiones y que la Ley 26485 en su artículo segundo expone la eliminación de todas discriminación citando el abuso sexual investigado en una causa anterior contra dos compañeras de trabajo y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia en su contra y de políticas públicas y acceso a la justicia. Asímismo trata en su artículo tercero el derecho de las mujeres a la integridad fisica, psicológica y sexual y que hasta la Sra. Nardi pensó en irse dé la ciudad de Reconquista dado lo que estaba sufriendo y ratifica que este hecho es “violencia de género” y es un concepto jurídico como lo hace el artículo cuarto de dicha ley, como así también en su artículo decimosexto que obliga a los organismos del Estado y a los operadores judiciales a garantizar una respuesta efectiva a las víctimas.

Expresa que no se ha cuestionado el control de legalidad de la detención y que al imputado se le imputaron cinco hechos como son en los primeros tres hechos: Desobedeciendo a un Mandato Judicial en Conc Ideal con lesiones leves agravadas por violencia de género, el cuarto hecho que es Desobediencia a un Mandato Judicial en Conc. Ideal con Amenazas en un número indeterminado de veces y, el quinto hecho imputado es Desobediencia a un mandato judicial en un número indeterminado de ‘veces; todo en Concurso Real (arts. 239, 54,92 en relación al art. 80 inc.110 , 239, 149 bis primer párrafo, 45 y 55 del C.P.); según registro de audio y video.

Aclara que el imputado ya tenía no sólo una prohibición de acercamiento establecida en sede civil sino en un anterior proceso penal ya venía gozando de medidas alternativas a la detención, por un caso de abuso sexual simple y con relación a su trabajo lo cierto es que había sido traslado a otra localidad, donde fue a trabajar dos o tres días y luego no lo hizo más, por cual tiene conocimiento que se le inició el sumario administrativo respectivo, y que no tenía necesidad de ir al lugar de trabajo de la Sra. Corgniali sino que podría haber mandado su descargo por correo, con su abogado defensor o presentarlo en el lugar donde prestaba servicios; según registro de audio y video.

Aclara que los hechos ilícitos deben investigarse en conjunto según el Protocolo N° 197/16 del M.P.A. y que en cuanto a la 100 Reglas de Brasilia en su punto cuarto apartado setenta y cinco llama a proteger a las personas en carácter vulnerabilidad y que la prisión preventiva solicitada e imputada al justiciable es por el fracaso de las otras medidas cautelares anteriores que sobre el pesaran y que no acató ni respetó.

En cuanto al escrito recursivo presentado por la Defensa, en su primera parte se refiere a que el fallo carecería de fundamentos ya que no se ha cumplido con lo prescripto por el art. 224 del C.P.P., a pesar que el Dr.Pagura no hizo referencia a ello en la audiencia de trámite, pero luego, en una segunda parte de su escrito, si se refiere a los fundamentos dados por la Juez de baja instancia por lo que es una flagrante contradicción; según registro de audio y video.

Expone que la A-quo largamente dio los fundamentos en el mismo acto (minuto 39 al minuto 50 con 33 segundos) lo que habilita para ser revisado por un Tribunal superior, entre otras consideraciones; según registro de audio y video.

En consecuencia, los fundamentos están y son suficientes según lo prescripto por el art. 95 de la Constitución Provincia y los art ‘ s. 140 y 3 del C.P.P. y art. 8 de la Ley 13018; según registro de audio y video.

Es más, si quería los fundamentos el Defensor, expone, podría haberlos solicitado mediante una aclaratoria o un pronto despacho y nada de eso sucedió (arts. 247 y 249 del C.P.P.); todo lo cual es de interpretación restrictiva (art.11 del C.P.P.), según registro de audio y video.

Aclara además que las medidas alternativas a la prisión preventiva estaban dispuestas en una causa anterior a la presente y liiego surgió la audiencia de medida cautelar que determinó la prisión preventiva del imputado, según registro de audio y video.

En cuanto a las pruebas existentes no es cierto que sólo se cuente con la denuncia cuando hay un video donde se prueba que se acercó a la casa de Nardi a pesar de saber la prohibición que tenía y además que era innecesario ir al edificio de EPE como lo manifestara anteriormente ya que su alegato podría haberlo hecho llegar por otros medios y que nada de todo eso aclaró y que las evidencias en su contra son abundantes.

Menciona que se le han revocados las medidas cautelares anteriores, según registro de audio y video.

En cuanto a la peligrosidad procesal se verifica en los incisos primero a cuarto, los que desarrolla, según registro de audio y video.

Es claro que existe “violencia de género” y que las víctimas no tienen ninguna obligación de soportar todo esto.

En consecuencia, solicita no se haga lugar a lo solicitado por la Defensa Técnica y hace reservas de recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Provincial de Ley 7055 y ante la Corte Nacional de Ley 48, según registro de audio y video.

Concedida la palabra a la defensa en ejercicio del derecho de réplica, señala que lo de Barreda lo dijo el Sr. Fiscal y que está en el registro de audio y video y que la Constitución Nacional establece claramente que nadie puede ser condenado sin juicio previo y que esta prisión preventiva es un adelantamiento de pena, según registro de audio y video.

Expone el Defensor que B. presenta un daño psicológico por lo que está sufriendo en su detención y también fisico y que sólo hay evidencias pero no pruebas, según registro de audio y video.

Cita el art.26 del Código Penal y expresa que está violando el derecho de defensa en juicio, la imparcialidad del juzgador y que la pena que se habrá de aplicar es en suspenso y por este solo hecho ya la prisión preventiva no procede, dando lectura a doctrina acompañada en su escrito, según registro de audio y video.

Insiste en que no hay peligro procesal y que la única prul eba que se tiene es un allanamiento que ya se ha realizado, relatando nuevamente los hechos imputados a B., y manifiesta que la prisión preventiva es una excepción y que la regla es la libertad ambulatoria.

Concedida nuevamente la palabra al titular de la acción pública, expresa que nunca la Fiscalía ha actuado de manera que no sea conforme a derecho y que la prisión es perfectamente legítima y reconocida tanto a nivel convencional como constitucional.

En cuanto a las tareas que se realizaron en el interín en que estuvo detenido el justiciable son el pedido del Informe Psicológico y pericias sobre los mensajes de texto, según registro de audio y video.

Concluye que no asiste razón a la Defensa Técnica, según registro de audio y video.

Que en su derecho de dúplica el Defensor solicita la palabra y muestra cuatro hojas y dice que eso es lo único que se hizo.

Que en el Dr. Gerosa le muestra que se le ha dado constancia de todo, salvo que no se hayan sacados las copias respectivas, pero ello ya es dejado en una fotocopiadora privada y no es responsabilidad del M.P.A., según registro de audio y video.

Concedida la palabra al imputado, hizo uso de su derecho que le asiste manifestando que no tiene antecedentes penales, que todo esto empezó cuando ingresó a la EPE a trabajar y que estando detenido ha recibido agresiones y daños psicológicos y que sus padres están con problemas de salud, no queriendo agregar nada más.

Habiendo pasado este Tribunal a deliberar quedan las presentes actuaciones en estado de resolverse; y, CONSIDERANDO:Examinada la disconformidad expuesta por el recurrente, considero que corresponde dividirlo de la siguiente forma para dar respuesta a los agravios propuestos:

1. NULIDAD: El discurso defensivo – al fundamentar el recurso ya que no lo trató en la audiencia de trámite como acertadamente lo hace notar el Sr. Fiscal-, incluye un planteo relativo a la validez de la resolución en crisis ya que cuestiona la forma de la resolución -por incumplimiento del art. 224 del C.P.P.- en cuanto la A-quo no a da a conocer sus motivos por escrito dentro de las 24 horas de citada la resolución en audiencia de trámite.

En el agravio defensivo en este tópico, donde el Defensor Técnico plantea la nulidad de la resolución de primera instancia, puesta en crisis, dada su ausencia de fundamentación adecuada y suficiente que pueda ser válido con acto jurisdiccional ya que le agravia que la A-quo haya omitido dar cumplimiento de la última parte del art. 224 del C.P.P., en cuanto que obliga a la Magistrada que dentro del plazo de veinticuatro horas de ordenada la prisión preventiva disponga su resolución por escrito, lo cual no sucedió ya que él concurrió a la Oficina de Gestión con “ansiedad” -éste es el término que utiliza- para conocerla pero obtuvo como respuesta que se había protocolizado el acta de audiencia oral de trámite respectiva siendo esos los fundamentos.

Que en virtud de esta normativa legal es nula la resolución de primera instancia por ser un requisito indispensable en su redacción y forma salvo, aclara el Defensor Técnico, que no conozca otra norma en trámite.

Dando puntual respuesta a este primer agravio la doctrina es clara cuando puntualiza que: “.Dentro de las 24 horas fundará por escrito lo resuelto, sin perjuicio que al finalizar la misma audiencia “in voce” y dejándose debida constancia efectúe la motivación correspondiente, la que podrá ser impugnada por las partes afectadas.Si bien la posibilidad de fundar la resolución en la misma audiencia no se encuentra expresamente prevista, dicha alternativa surge implícitamente de lo dispuesto en el art. 3, respecto de la celeridad y concentración de actos, siempre respetando el requisito de debida fundamentación, conforme lo establecido en el art. 140.” “Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe – Comentado Ley 12.734” Erbetta – Orso – Franceschetti – Chiara Díaz – Editorial Zeus S.R.L. – Rosario, pág. 447).- Recordemos además el concepto de interpretación de la ley es desentreriar su verdadero alcance y contenido y que se completa con él próximo paso, necesario, de la integración de la normativa legal del ordenamiento jurídico como lo realiza el comentario del Código de Forma citado y que expresamente se aplica al presente caso.

En virtud de ello es claro que la fundamentación ha sido brindada por la A-quo dado que es lo que luego el Defensor Técnico impugna en sus agravios, en forma subsidiaria, ya que “a contrario sensu” nada podría haber impugnado el Dr. Pagura si no hubieran sido dado los fundamentos por parte de la A-quo; por lo que en consecuencia este agravio no debe ser atendido ni receptado y que como claramente lo ha determinado el Sr. Fiscal la A-quo destina más de once minutos para explicar al imputado los fundamentos de la medida cautela a imponer; todo lo cual hace claro que el presente agravio no debe prosperar ni ser atendido.

Además, en reconocimiento al más amplio derecho de defensa, si bien esta cuestión ya ha sido suficientemente tratada, en cuanto a la ausencia de fundamentación jurídica que lleva a sostener la nulidad de la sentencia primeramente deberemos fijar las pautas generales para luego introducirnos en el tratamiento particular según lo aducido por la Juez de baja instancia.

I. 2. a) Conviene recordar aquí que:”.la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus fallos . tiende a documentar que el fallo de la causa es derivación razonada del derecho vigente y no producto de la individual voluntad del juez”, y que “. la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios . reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación – Fallos: 236:27; confr. Genaro R. Carrió, “Recurso extraordinario por sentencia arbitraria” Ed. Abeledo-Perrot, pág. 232); pero también que: . la motivación suficiente que exige el artículo 95 de la Carta Magna Local -como lo sustentara la Excma. Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en diversas oportunidades- no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, la [sentencia se sostenga a sí misma como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caPrichosa y subjetiva de la voluntad judicial.” (Cfr. A. y S. T. 65, p. 424/428; T. 99, p. 195/197; T. 102, p. 236/241, entre muchos otros).

Siendo así, la mera disconformidad de la defensa con la valoración efectuada, no amerita una declaración de nulidad. Vale recordar qu le la nulidad por falta de motivación de una resolución judicial se corresponde exclusivamente con aquellos casos donde se advierta una “palpable ausencia de motivación”, pero no con otros donde la misma pueda considerarse “. breve, insuficiente o errónea: supuestos para los que están previstos los medios de impugnación ordinarios, pero no la nulidad.” (CNCRIM y CORREC – Sala VI Causa -Nro.33.399 – “Andenmatten, Sebastián s/ robo” – 05/11/2007; el Dial AA4305). Recordemos que luego el Defensor Técnico utiliza parte de estos argumentos para fundar en forma subsidiaria su recurso de apelación, con transcripción de los fundamentos brindados por la A-quo; por todo lo cual no alcanza, tal como lo postula claramente la jurisprudencia transcripta para validar una declaración de nulidad por falta de fundamentación.

II. APELACIÓN:

II. A. Como introducción es importante dejar aclarado, como ya lo realizado en anteriores resoluciones a fin de un preciso e inevitable enfoque metodológico, que: “.nuestro Código de Forma que trata el problema cautelar con un enfoque eminentemente procesalista constituyendo a la instrumentalidad, la proporcionalidad y la excepcionalidad como vías de acceso a todas las medidas precautorias o asegurativas La puerta de acceso metodológica de nuestro código de forma nos muestra un capítulo destinado a la mecánica común de las medidas cautelares, el cual contiene normas -fundamentalmente las de los arts. 205 y 208- que operan como llave maestra de todo el sistema, para luego dedicar un capítulo a la coerción personal, y otro a la real.

Quien pretenda desentrañar la problemática de la coerción personal, respetando la coherencia interna del nuevo C.P.P. de Santa Fe deberá, entonces, analizar primero la mecánica común de las cautelares, para recién después pasar al capítulo que le interese profundizar.” (Oliva, Juan Manuel – “La Autonomía de la Coerción Personal de Bajo Impacto – en el sistema cautelar del nuevo C.P.P. De Santa Fe”; Revista N° 4 del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Septiembre 2014; pág. 455).

En consecuencia, la normativa procesal penal santafesina permite agotar el estudio de todo lo que exige la jurisprudencia (leading case “Loyo Freire”), pues para llegar al análisis del art.220, inserto en la parte especial de nuestro código de forma, el juez debió atravesar antes la parte general, siendo que nada lleva a pensar que la juez de baja instancia haya incumplido con tal procedimiento en el presente legajo con relación al justiciable B.

Es menester recordar que el art. 220 del C.P.P. exige para el dictado de la prisión preventiva de un imputado, como se trata en este legajo, que necesariamente sea sometido al examen de convergencia de dos presupuestos y un fundamento y en esto deberemos centrarnos, ya que recordemos que estamos ante una audiencia de trámite donde se ha discutido si corresponde o no la imposición de la prisión preventiva al justiciable B.

Los presupuestos consisten en la “existencia de elementos convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado” (art. 220 inc. 1° del C.P.P.); y que “la pena privativa de libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución” (art. 220 inc. 20 del C.P.P.).

El fundamento, en que: “.Las circunstancias del caso autorizaran a presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.” (art. 220 inc 3° del C.P.P.).

El criterio interpretativo e integrativo es diáfano en este tópico cuando expresamente se postula: “. . . nos permitimos reiterar que asumimos una posición que justifica políticamente la prisión preventiva sólo en supuestos asimilables a la coacción directa, de naturaleza cuasiadministrativa, dirigidos a impedir que el imputado frustre el proceso o se fugue.Básicamente, sólo admitirían justificación constitucional las afectaciones a la libertad ambulatoria que se dirijan a neutralizar peligros concretos para la investigación o el cumplimiento de la pena, que no pueden ser presumidos de modo alguno (ni juris tantum ni mucho menos jure et de jure), por lo que devienen esencialmente temporales o fugaces (en relación directa con el peligro que la da base y no con el proceso o la pena en expectativa).- Ilustrativas son, en este punto, las Reglas de Mallora: 20.1.: La prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá ser acordada únicamente como última ratio. Sólo podrá ser decretada cuando se comprueba peligro concreto de fuga del imputado o de destrucción, desaparición o alteración de pruebas. . .” Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado Ley 12.734, pág. 429 -Erbetta, Orso, Franceschetti y Chiara Díaz-, Editorial Zeus S.R.L. Rosario. – Además queda claro que: “. . . El grado de conocimiento que exige la norma para imponer la prisión preventiva implica la realización de una ponderación razonada acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación, contraponiendo los elementos incriminantes a los desincriminantes de modo tal que se tengan por liminarmente demostradas la materialidad del hecho – con grado de certeza en cuanto a su existencia- y la participación del imputado en el mismo -con grado de probabilidad que supere la sospecha o la mera probabilidad o verosimilitud-. . . .” (Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado Ley 12.734, pág. 431 -Erbetta. Orso, Franceschetti y Chiara Díaz, Editorial Zeus S.R.L. Rosario).- II. B. Por todo ello, a fin de dar puntual y ordenada respuesta a los agravios defensivos, realizaré un análisis ordenado de la siguiente forma:

1°) Existencia de elementos de convicción suficientes sobre la responsabilidad penal del agente (art. 220 inc.I° del C.P.P.): el juicio de mérito que titula este capítulo, es una de las manifestaciones que adopta el requisito de proporcionalidad y exige que según la dosis probatoria requerida para cada momento del proceso, sea menester acreditar apariencia de responsabilidad en el titular del derecho a afectar por la medida cautelar (art. 205 inc. 1°), o la existencia de elementos reunidos en la Investigación Penal Preparatoria (I.P.P.) que autoricen a atribuir el hecho imputado (art. 214) ola existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría o participación punible del mismo en el hecho investigado (art. 220 inc. 10).

La evidencia que acredite la responsabilidad del imputado, y la existencia y tipicidad del delito atribuido, integra el concepto de “mérito sustantivo” -como también lo expone el Sr. Fiscal en la audiencia de trámite según registro de audio y video- o “fumus bonis iuris”, el cual debe analizarse como presupuesto y no como fundamento de la aplicación de una medida cautelar, sea para abrir el estudio de los riesgos de fuga y/o entorpecimiento probatorio, si se encuentra presente, o para cerrarlo, si no lo está. Existe sobre esto un singular consenso doctrinario (Cfr. BOVINO, Alberto “Aporías”, Ponencia General presentada en el XXIV Congreso Nacional de Derecho procesal, realizado del 8 al 10 de noviembre de 2007 – citado por Angela Ledesma en su voto del leading case DIAZ BESSONE).

Dando puntual respuesta observo que este primer inciso, de los cinco hechos imputados al justiciable B., el primero de ellos es reconocido expresamente por el Defensor Técnico, dejando este en duda las circunstancias en que los demás se produjeron y que concretamente no se lo podría responsabilizar aunque utiliza la frase: “un joven enamorado de alguien que no lo registra”, lo cual también reconoce que es intolerable; todo lo cual, dando respuesta al postulado defensivo, a esta altura del proceso están más que acreditados los hechos imputados como lo detalla el Sr.Fiscal en la audiencia de trámite, según registro de audio y video, y que exige este primer inciso como también lo postula la A-quo al momento de resolver en la audiencia de trámite y cuya transcripción realiza el Abogado Defensor en su escrito impugnativo.

Aún más, la A-quo enumera el plexo probatorio existente como ser las denuncias de las víctimas, resoluciones dictadas por el Juzgado Civil, Comercial de la Segunda Nominación, declaración de testigos, impresiones de redes sociales, de lo declarado por dos compañeras de trabajo que lo denuncian en el año 2018 y otro incumplimiento de perimetral de fecha 16 de enero de 2019.

En cuanto al planteo defensivo, que en la audiencia imputativa se le amplía con relación a otros hechos, con personas que “sentaron” junto al Fiscal, ello es perfectamente lícito en el transcurso de la investigación (art. 253 del C.P.P.) cuando precisa, fundamentalmente que el objeto de la etapa de la Investigación Penal Preparatoria es averiguar los hechos que con apariencia de delito fueran denunciados o conocidos, con la finalidad de preparar la eventual acusación que permita la apertura del juicio penal (inc. 1°), es decir, siempre y cuando se reúnan los elementos que permitan probar lo imputado (inc. 2°); todo ello en relación a los principios procesales previstos en el art.3ro del C.P.P., insisto en la interpretación e integración de la ley, ya que de lo contrario sería un verdadero dislate pretender que los hechos se tramiten por separado, siendo además, una garantía para el imputado en cuanto a la concentración, inmediatez, simplificación y celeridad del proceso penal y uno de los pilares del actual sistema procesal penal.- En definitiva, lo postulado por la A-quo en cuanto a primer inciso satisface clara y acabadamente los requerimientos de autoría para esta etapa del proceso, como ya lo expusiera anteriormente, y que abarcan tanto los hechos investigados (extremo objetivo) que la ley reporta delitos (extremo tipológico) y que el imputado pudo tener responsabilidad penal en los mismos (extremo subjetivo), de modo que la balanza de los elémentos de convicción (extremo probatorio), se incline por los de cargo, todo ello en los términos del art. 220 inc. 1° del C.P.P., de hecho, reitero, puntualizando la A-quo el plexo probatorio por el cual llega a esta conclusión y que creo es correcta.

Además, dando nueva respuesta a la postura este defensiva en este tópico, lo que solicita la defensa técnica es directamente la libertad de su defendido sin postular siquiera se pueda considerar medidas alternativas de menor impacto a la prisión preventiva, previstas en el art. 221 del C.P.P. y que, analizadas de oficio, como ya lo realizaremos al merituar el inc. 3° del art. 220, la mayoría de ellas, que autorizan a elaborar el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, como lo postula el mismo artículo, se verifican en estas actuaciones a raíz de la conducta asumida por el justiciable B.

2°) Pena que eventualmente pudiera corresponder y los riesgos procesales (art. 220, incs. 2° y 3°):

2.1. Pena que eventualmente pudiera corresponder y Proporcionalidad del encierro cautelar: Deberíamos analizar aquí el encaje típico de las conductas atribuidas al justiciable B.-en la medida de los agravios-, así como la relevancia de la pena en expectativa como nuevo factor de “proporcionalidad”, pues una medida de coerción personal de índole procesal, como la prisión preventiva, no puede ser más gravosa para el cautelado que la propia pena que le tocaría sufrir.

No puedo dejar de ponderar, como ya lo he realizado en anteriores pronunciamientos, que con la reforma de la Ley 13.746, en este tópico en particular, se le hace una agregado que c onsiste en la evaluación proyectiva que debe realizar el juzgador si para el caso de una futura condena se aplicará pena efectiva o una pena de ejecución condicional, lo cual es determinante en el presente legajo y se desvirtúa el planteo defensivo ya que asiste razón a la A-quo cuando puntualiza que la pena en expectativa que eventualmente le pudiera corresponder será de efectiva ejecución.

Agravia a la Defensa Técnica que el Fiscal hace soluciones aritméticas poco claras que lo llevan a elaborar una pena en expectativa de nueve años de prisión que va a ser dificil de sostener cuando el caso llegue a juicio oral, indica el Dr. Pagura, ya que los delitos imputados no exceden de un año de prisión en cuanto a la pena en expectativa, aun cuando creemos que existe una contradicción ya que primero habla de un ario y luego, confundiendo el apellido -que puntualiza como Ruiz Diaz en su escrito y que creemos es un simple error involuntario- habla de seis meses de prisión y que carece de antecedentes condenatorios.

Aún así, en respeto al más amplio derecho de defensa técnica, entendiendo lo planteado por la misma, dejando sentado el legislador que la escala penal no es el único criterio que debe tener en cuenta a la hora de pensar una posible libertad -la “cursiva y negrita” me pertenece para destacar su importancia- (Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe – Comentarios a la reforma – Gustavo Franceschetti – Mario Bufarini (Coordinadores) – Ed. Nova Tesis – págs.461/462).

El cálculo proyectivo que debe realizar el juez y que correctamente ha efectuado la Dra. Bressan aun contemplando los mínimos legales establecidos para cada uno de los hechos y teniendo en cuenta la normativa Internacional, Nacional y Provincial tendiente a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, fue que en caso de condena sería de efectivo cumplimiento Al imputado se le imputaron cinco hechos como son:

Desobediencia a un Mandato Judicial para el primero, Desobediencia a un Mandato Judicial en Conc. Ideal con lesiones leves agravadas por violencia de género para el segundo y tercer hecho; Desobediencia a un Mandato Judicial en Conc. Ideal con Amenazas en un número indeterminado de veces con relación al cuarto hecho y; Desobediencia a un mandato judicial en un número indeterminado de veces con respecto al quinto hecho; todo en Concurso Real (arts. 239, 54, 92 en relación al art. 80 inc. 11°, 239, 149 bis primer párrafo, 45 y 55 del C.P.); según registro de audio y video, deberemos fatalmente relacionarlo con lo que establece nuestro derecho de forma cuando expresa concretamente que: “.las decisiones relativas a eventuales condenaciones condicionales deberán proyectarse sobre todos los elementos del artículo 26 del Código Penal.” (art. 220 – inc. 2° “in fine” del C.P.P.).- En virtud de ello en cuanto a la naturaleza del artículo 26 del Código Penal, a diferencia de la libertad condicional, no constituye un derecho del condenado, sino que es una atribución judicial de carácter facultativo (C. Nac. Casac. Penal, sala 2°, 20/2/1997 – Marsana, José Luis citado en Código Penal de la Nación – Legislación Complementaria – anotados con jurisprudencia – Octava edición ampliada y actualizada – Editorial AbeledoPerrot, págs.60), que no debe ser aplicada arbitrariamente sino que debe basarse -bajo sanción de nulidad- no sólo en la personalidad moral del condenado sino en su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar una privación de libertad.

En la presente investigación que nos ocupa vemos que el justiciable no sólo no acató, posterior al hecho, la prohibición de no acercarse a la Sra. Nardi y a la Sra. Corgniali sino que además no le importó la restricción ordenada tanto en sede civil como en sede penal -donde ya se le había dado la posibilidad de gozar de medidas cautelares de menor impacto que la prisión preventiva en la CUIJ 21-06893433-0 según lo normado por el art. 219 del C.P.P. vigente-, mostrando su total desidia sobre lo ordenado judicialmente, y hasta llegó a ejercer violencia física tomándola de un brazo y amenazándola a Nardi -es claro el caso de violencia de género ya que revela una concepción del género femenino al que, lejos de respetar reconociéndole autonomía y libertad para construir las relaciones interpersonales que desee, la objetiviza, la agrede y la reduce a un estado semejante al de una posesión, actitud que constituye claramente violencia de género la que ha sido especialmente tratada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Para)- según lo resolviera la Cámara Nacional de Casación Penal el 7 de junio de 2016 al confirmar una condena de un hombre que golpeó y amenazó a su pareja mientras gozaba de un régimen de salidas transitorias, extremo objetivo que no merece ninguna interpretación distinta.

Aún más, para que quede claro, su presencia en el presente hecho investigado, si bien nuestro Código Penal no define la violencia de género, salvo que la menciona en el caso de lesiones, si lo podemos hacer através de normas internacionales como ser la ya citada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Para), que en su art. 1° expresa que: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como privado”. En igual sentido la CEDAW (Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer) en su Recomendación General N° 19 definió a la violencia de género como “violencia dirigida contra la mujer porque es mujer” -como el caso que nos ocupa- o “que afecta a la mujer desproporcionadamente, como discriminación”. Como si fuera poco, en nuestra normativa de derecho interno, a través de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres -como acertadamente lo postula el Sr. Fiscal en la audiencia de trámite- en los ámbitos en que se desarrollan Relaciones Interpersonales define la violencia en su art.4° como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, dignidad, integridad física, psicológica sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Definida así la violencia de género entiendo que acabadamente se da en el presente hecho investigado con todos sus requisitos.

Todo esto me lleva a elaborar un pronóstico que más allá del cuantum de la pena, bajo pena de nulidad como lo establece el mismo Código Penal en su artículo 26, al tener en cuenta estos extremos, nos muestra -a contrario sensu- la conveniencia de aplicar una medida privativa de libertad y que la condena que correspondería al justiciable será de efectiva aplicación ya que en el andamiaje probatorio, además de abundante ya que no sólo contamos con denuncias sino con videos, testigos que revelan una personalidad violenta -llegando incluso a molestar a amigas de la víctima Nardi- y nulo arrepentimiento -siendo una muestra su conducta posterior a los hechos acaecidos-, existiendo otras investigaciones en trámite como se postuló en la audiencia de trámite de Abuso Sexual Simple en perjuicio de compañeras de trabajo, que si bien asiste razón a la defensa técnica en cuanto a que en ninguna ha recaído sentencia que altere su estado de inocencia no es menos cierto que en este tópico lo que analizamos son los extremos normados por el art. 26 -como ya lo puntualicé- en relación a los artículos 40 y 41, todos del Código Penal como ya los he desarrollado ut supra.

Ahondando más en la especie que nos ocupa, si tenemos en cuenta el precedente Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tampoco sería factible una “suspensión de juicio a prueba o probation” en las presentes actuaciones ya que nuestro máximo Tribunal ha receptado el art.7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Para – ratificada por la Ley 24.632) en virtud del cual el Estado Argentino se ha comprometido a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer que implica, entre otras, la obligación de realizar un juicio y de garantizar el acceso al mismo a la mujer víctima. Que estas obligaciones surgen, además, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresadas en el documento sobre Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de Violencia en las Américas (Doc. 68, 20/1/2007).

Por último, en cuanto al tiempo de aplicación de la medida aplicada por la A-quo creo que la misma es proporcional y adecuada ya que estamos ante hechos con penas máximas de un año -en cinco oportunidades- en caso del delito de desobediencia a una orden judicial y, de dos años, en relación al delito de amenazas y de lesiones agravadas por violencia de género, pero en concurso real, siendo que según el método seguido por nuestro código de fondo -art. 55 del Código Penal- la suma aritmética de las penas máximas superan en este caso los tres años de prisión y el mínimo más gravoso de las figuras ilícitas ya descriptas anteriormente es de seis meses, mínimo legal que en caso de pronóstico condenatorio -como nos exige este momento de proceso en cuanto a las medidas cautelares- no podría ser perforado según nuestra doctrina y jurisprudencia mayoritaria (computándose el tiempo sufrido en prisión preventiva a efectos del cómputo de la condena según lo normado por el primer párrafo del art.13 del Código Penal). Ello sin perjuicio de tener en cuenta las restantes causas por las cuales también podría recaer condena y/o invocarse elementos probatorios sobrevinientes o por el mero transcurso del t iempo, siendo interesante que pueda si lo considera conducente el Defensor Técnico proponer medidas alternativas de menor impacto o considerar unas nueva audiencia con el resultado de la pericia psiquiátrica y/o psicológica según lo expuesto en la audiencia de trámite que se ha solicitado en audiencia multipropósito anterior, según lo normando por el art. 225 del C.P.R.

Para mayor comprensión la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Para), que en su art. 1° expresa que:

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como privado”. En igual sentido la C.E.D.A.W (Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer) en su Recomendación General N° 19 definió a la violencia de género como “violencia dirigida contra la mujer porque es mujer” -corno el caso que nos ocupa- o “que afecta a la mujer desproporcionadamente, como discriminación”.

Como si fuera poco, en nuestras normativas de derecho interno, a través de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollan Relaciones Interpersonales define la violencia en su art. 4° como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, dignidad, integridad física, psicológica sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”, como lo puntualiza en Sr.Fiscal en la audiencia de trámite.

Que atento a estas definiciones del bloque de constitucionalidad y convencionalidad entiendo que acabadamente se da en el presente hecho investigado con todos sus requisitos y que tienden a proteger a estas personas de la violencia de género, reitero, de su estado de vulnerabilidad y no una “doble imposición” como postula el Defensor Técnico, que no es otorgarle más derechos que el imputado sino la posibilidad de cuidar a la víctima y, en especial, protegerla de la revictimización y; además, me permito corregir al distinguido curial cuando expone que no entiende por qué la agravante del art. 80 que postula que empieza “el que matare a otro” y la respuesta es que el mismo art. 92 del Código Penal prevé expresamente que se agrave la pena de las lesiones sufridas cuando se de alguna de las circunstancias previstas en el art. 80 del Código Penal, lo cual es claro y no merece otro análisis.

Todo esto, dando también puntual respuesta a lo planteado por el Defensor Técnico, me lleva a elaborar un pronóstico de conveniencia de aplicar una medida privativa de libertad y que la condena que correspondería al justiciable será de efectiva aplicación ya que, en el andamiaje probatorio ya postulado, esto no atenta contra el estado de inocencia del imputado.

2.2. Riesgos procesales: ya postulamos, como lo he realizado también en anteriores pronunciamientos, que, respecto a la prisión preventiva, los dos primeros incisos del art. 220 del C.P.P. prevén “presupuestos”, mientras que el tercero “fundamentos”.

Estos últimos deben ser puramente procesales, corito la preservación de la prueba y la vinculación del imputado (factor “instrumentalidad”), descartando de plano que la restricción a la libertad personal, de fuente cautelar, sea cual fuere su magnitud (art. 208), y hasta la de mayor impacto sobre el derecho a la libertad del imputado, como es la prisión preventiva (art. 220 inc.3°) puedan justificarse a través de los fines de la pena.

Y en línea de ello, se requiere que el riesgo procesal sea inminente, de manera que la medida precautoria aparezca, no sólo necesaria, sino también como de urgente despacho (art. 205 inc. 2°).

No cabe duda que la correcta aplicación de estos conceptos juega como regla de garantía, en tanto impide que la coerción personal de fuente procesal se use como retribución o castigo, como prevención especial, como prevención general disuasiva, como prevención general integradora, etc., vale decir, se use como anticipo de pena, en contra de lo que establece el art. 18 de la Constitución Nacional.

No obstante ello, que el fundamento de la imposición de una medida asegurativa personal deba versar sobre riesgos de fuga y prueba, no significa que el “fumus bonis iuris”, que fuera considerado como presupuesto, no pueda regresar a la mesa de la discusión cautelar como “fundamento del fundamento”, vale decir, como razón por la cual la mejor evidencia puede, según las particularidades de cada caso, redundar en mayor riesgo para los fines del proceso, es decir, como fundamento de dicho riesgo verificando si la evidencia de cargo se encuentra presente en cantidad y magnitud siendo lo más relevante establecer su eventual vulnerabilidad y su incidencia como motivación de fuga, dado que a mayor riesgo, mayor será el tipo y la intensidad de la medida cautelar necesaria para conjurarlo.

Lo cierto, dando respuesta a otro de los agravios defensivos, es que en materia precautoria siempre es necesario efectuar pronósticos hacia el futuro -como lo postula la Sra.Juez de baja instancia-, porque si así no fuera, no podría resguardarse el derecho hasta que sea violado pues recién podríamos tener ahí la certeza exigida por la Defensa Técnica -lo que no se puede permitir de ninguna manera-, dando en este tópico puntual respuesta al agravio defensivo cuando postula el principio de inocencia de su defendido.

Lo que debe exigirse al juez, entonces, no es que deje de proceder en vista de escenarios futuros, sino que sea cuidadoso, restrictivo, estricto, razonable, garantizador y serio al pronunciarse sobre ellos como creo que lo ha sido en este caso la A-quo En cuanto a la reforma introducida por la Ley 13.746 al art. 221 del C.P.P., al igual que lo hacía el anterior art. 220, especifica sin ser taxativo en su enumeración, comienza diciendo que la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación debe darse a partir de “alguna” de las siguientes pautas -no exige la concurrencia de todas o de su mayoría- y particularmente en el presente suceso investigado observamos lo normado por los inc. 1°, 3 y 4° del art. 221 del C.P.P. en cuanto a que una de las pautas a tener en cuenta para elaborar una juicio sobre peligrosidad procesal, es justamente, “.1) la magnitud y modo de cumplimiento de la pena en expectativa. Se tendrán en cuenta a este respecto las reglas de los artículos 40, 41, 41b s, 41 ter, 41 quater y 41 quinquies del Código Penal.”; “.3) el comportamiento del imputado durante el desarrollo del procedimiento o de otro anterior, en la medida que perturbara o hubiere perturbado el proceso.Particularmente, se tendrá en cuenta si puso en peligro a denunciantes, víctimas y testigos o a sus familiares, ” y; “.4) la violación de medidas de coerción establecidas en el mismo proceso o en otros anteriores.”, todo lo cual se ha verificado en la presente causa a partir de la conducta del justiciable ya que considero a esta altura del proceso, como ya lo explicara, que la pena en expectativa será de ejecución efectiva ya que ha incumplido órdenes jurisdiccionales civiles y penal (CUIJ 21-06893433-0 en la cual se le habían impuestos medidas alternativas y de menor impacto a la prisión preventiva según lo normado por el art. 219 del C.P.P. vigente), que le prohibían el acercamiento poniendo en peligro a las víctimas y testigos, violando las medidas de coerción establecidas lo que es respaldado indubitablemente por un video que lo muestra en tal actitud y que no da ningún lugar a un análisis diverso.

El artículo ya mencionado ha mantenido las circunstancias ya comentadas aclarando ciertas oscuridades de su formulación y agregando nuevo criterios a tener en cuenta como el modo de cumplimiento de la pena (efectiva como en este caso o condicional) y además se le exige al juez que a la hora de valorar ese posible monto de pena y su modalidad tenga en cuenta los arts. 40 y 41 del Código Penal -pena adecuada a la culpabilidad del imputado-, lo que ha sido valorado en primera instancia; lo cual dada su instrucción universitaria, es innegable que debía conocer cuál debía ser su actitud y conducta más allá que la violación a lo impuesto haya sido “respetuosamente” como sostiene su Defensor Técnico, término que para nada hace que pueda disculparse su actitud.

Además, a pesar del valorable esfuerzo que realiza la Defensa Técnica en cuanto a mostrar a B. como una persona que estará siempre a disposición de la justicia no es menos cierto que la pena en expectativa ha sido valorada además con los incs.1°, 30 y 4° del art. 221 del C.P.P. que específicamente y concretamente se aplican a la presente causa dado el reconocimiento expresa que ha violado lo que oportunamente le había sido ordenado judicialmente en otros procesos, tanto en sede civil como penal con total desidia sobre lo ordenado.

Por todo lo expresado, va de suyo que he de bregar por la confirmación del auto resolutivo de baja instancia ya que no corresponde la libertad provisional del encartado ni la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas a su encierro ya que como el mismo art. 219 del C.P.P.: “.Siempre que el pehgro de fuga o de entorpecomento probatorio pudiera razonablemente evitarse c’-o; uña medida ‘cautela- r que no impliqUe privación de,libertad.”, lo cual ya se ha intentado con el imputado y han fracasado rotundamente.

Finalmente, considero que los argumentos hasta aquí expuestos resultan suficientes para resolver el conflicto, por lo que no he de abundar sobre otros, en la inteligencia de que: “.Los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos utilizados por las partes, sino sólo aquellos que estimen decisivos para la solución del caso.” (CSIN Fallos: 301:970; 303;275).

En consecuencia, el suscripto, Juez Penal del Colegio de Jueces de Segunda Instanc ia de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de Vera, en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en el presente Tribunal Uniprersonal (arts. 334 y 402 último párrafo del CPP); RESUELVO- 1. Confirmar el decisorio venido en apelación, dictado en audiencia de trámite de fecha 28 de junio de 2019 por la Sra Juez Penal de Primera Instancia, en la ciudad de Reconquista, Dra. Claudia Graciela Bressan, que dispone la prisión preventiva de N. M. B., sin plazo, sin perjuicio de lo normado por el art. 225 del C.P.P., con costas al recurrente.

2. Recomendar a la Oficina de Gestión Judicial que ordene a quién participe en carácter de escribiente en las audiencias orales de trámite que se transcriban por escrito los fundamentos brindados en forma oral por el Juez al momento de resolver la cuestión dirimida en la misma audiencia, a los fines de evitar dispendios jurisdiccionales y cumplir cabalmente lo dispuesto en el art. 224 del C.P.P. en relación al art. 49 del C.P.P. y art. 12 de la Ley 13018, en su función de asistencia y utilizando todos los medios disponibles que permitan optimizar la función de los Jueces.- 3. Tener presente los recursos interpuestos.-

Protocolícese, agréguese, notifíquese por la Oficina de Gestión Judicial.

Insértese el original en protocolo de O. G. J. agréguese duplicado al Legajo y notifiquese

Dr. EDUARDO BERNACCHIA

Juez de Cámara