Por un pedacito de tierra: Usucapión de una fracción de un terreno, al acompañarse los pagos de las obligaciones vinculadas al inmueble

Partes: Montenegro Edmundo Juan c/ Caro Ledesma Pastora y otros s/ prescripción adquisitiva

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta. circ.

Fecha: 13-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-120811-AR | MJJ120811 | MJJ120811

Procedencia de la demanda por prescripción adquisitiva de una fracción de un terreno, ya que la actora acompañó el pago de las obligaciones vinculadas al inmueble, poseía suministro de energía eléctrica y los comprobantes de pago del derecho de edificación expedidos por la Municipalidad.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la pretensión actora y declaró adquirido por usucapión la fracción de terreno descripta en la demanda conforme al plano de mensura, ya que si bien por la modificación introducida por el dec.-Ley 5.756/58 el pago de las obligaciones vinculadas al inmueble perdió el carácter de prueba decisiva, su cumplimiento de manera más o menos regular, lo cual está acreditado suficientemente en el proceso, evidenciaba la intención del actor de comportarse como dueño desde la época consignada en la demanda y además poseía suministro de energía eléctrica en el inmueble desde el año 1989; así como los comprobantes de pago del derecho de edificación expedidos por la Municipalidad.

2.-El art. 24, inc. c) , de la Ley 14.159 indica que se admiten toda clases de pruebas y el pago de impuestos y tasas por el poseedor será especialmente considerado, es decir, en otros términos, toda clase de prueba puede presentarse y valorarse, con la salvedad de que el fallo no podrá basarse exclusivamente en la prueba testimonial; sin perjuicio de que será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A. Román, Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno, para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 15 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Tostado, en los autos caratulados: “Expte. 383 – Año 2016 – CUIJ N° 21-24344554-7 MONTENEGRO, EDMUNDO JUAN C/ CARO LEDESMA, PASTORA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segunda, Dra. Beatriz A. Abele; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia recurrida?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión el Dr. Alejandro A. Román dijo:

La parte demandada, representada por la Defensora de Ausentes, recurre la sentencia dictada en la instancia anterior (fs. 200/205 vta.); lo hace a través del recurso de nulidad interpuesto en forma conjunta con el de apelación (fs. 208).

No obstante, si bien el primero de ellos no ha sido sostenido en la Alzada, debo decir que -examinados los autos- no verifico que existan vicios que hagan procedente -de oficio- una declaración de nulidad.

Por lo tanto, mi respuesta a esta cuestión es negativa.

Así voto.

A esta primera cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron:

Que hacían suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1. La sentencia dictada en el Juzgado de origen hizo lugar a la pretensión actora (fs.200/205 vta.); consecuentemente, declaró adquirido por usucapión la fracción de terreno descripta en la demanda conforme al plano de mensura acompañado aprobado, cuya copia obra a fs. 3; dominio Inscripto ante el Registro General de la Propiedad bajo el N° 37.602, Folio 381, Tomo 81, par, San Cristóbal; con partida para el pago de impuesto inmobiliario N° 07-01-000333230010-7.

Ordenó así que, luego de cumplidos ciertos trámites procesales -vgr. pago de aportes, informes previos-, se proceda a la inscripción del inmueble a favor del actor Edmundo Juan Montenegro, oficiándose a sus efectos al Registro General de la Propiedad de Santa Fe y de las reparticiones que correspondan.

Asimismo, impuso las costas a la demandada y, provisoriamente que las costas causadas por la actuación de la Defensora de Ausentes, sean soportadas por la parte actora, sin perjuicio de oportuna repetición.

2. Para decidir en el sentido que lo hizo, la Jueza actuante se refirió, en primer término, a los efectos de la relación jurídica analizada, los cuales se consumaron con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, razón por la cual consideró que dichas relaciones no estaban alcanzadas por el efecto inmediato de la nueva ley, debiendo ser juzgado el conflicto por la ley vigente en aquél entonces.

Luego, pasó a considerar que la litis quedó debidamente integrada, con la designación de una Defensora de Ausentes para tutelar los derechos de los herederos declarados de los fallecidos propietarios registrales del inmueble, rebeldes en su presentación al proceso; también que el pretenso usucapiente adjuntó plano de mensura del inmueble a usucapir, aprobado por al oficina técnica respectiva, (copia fs. 3), lo que permitía individualizar correctamente el inmueble objeto del litigio.

Ponderó también las declaraciones testimoniales producidas, las cuales -en opinión de la Juzgadora- describían los distintos y sucesivos actos posesorios realizados por el actor en el inmueble a usucapir con intención de tenerlo para sí (citó, por ejemplo a los testigos Karina V. Pucheta, fs. 147; Nora E. Carnielli, fs.147 vta.; Inocencio A. Aguirre, fs. 148); la constatación efectuada (fs. 152); refirió el recibo de pago de impuestos y tasas, como así también los convenios formalizados por el actor acompañados con la demanda, cuyas copias obran agregadas a la causa, en particular el suscripto con la Municipalidad de Ceres (fs. 9).

Aclaró también que, si bien por la modificación introducida por el Decreto-Ley 5.756/58 el pago de las obligaciones vinculadas al inmueble perdió el carácter de prueba decisiva, su cumplimiento de manera más o menos regular, lo cual está acreditado suficientemente en el proceso, evidenciaba la intención del actor de comportarse como dueño desde la época consignada en la demanda.

Además, tuvo presente lo informado por la Empresa Provincial de la Energía (fs. 140), de donde surgía que Montenegro poseía suministro de energía eléctrica en el inmueble desde el 15/08/1989; así como los comprobantes de pago del derecho de edificación expedidos por la Municipalidad de Ceres, acompañados por el actor -fs. 6- que si bien no fueron corroborados por el ente Municipal mediante prueba informativa, dicha documental -integrada con el resto del plexo probatorio analizado- le permitió a la “A-quo” concluir que el inmueble había sido poseído efectivamente por el actor, con animo de dueño de manera quieta, pública pacifica e ininterrumpida a partir del 14/02/1984 y durante el término de veinte años; lo cual era acorde a lo normado por el art. 4016 del Cód. Civil, habiéndose cumplido dicho plazo en fecha 14/02/2004.

3. Es contra esa decisión, que la parte demandada -como dije en la cuestión anterior- pide su revisión a través del recurso de apelación presentado oportunamente (fs. 208).

En esencia, al exponer los fundamentos del recurso (fs.247/248) se agravia cuando la Jueza realiza la valoración de la prueba producida en autos y concluye que la misma cubre los requisitos necesarios para acreditar la usucapión.

Alega que la sentencia contiene una valoración laxa de las pruebas, testimoniales, prueba informativa y pago de impuestos; y, puntualiza que el art. 24, inc. c) de la Ley 14.159 impide sustentar la acreditación de los requisitos para usucapir con exclusividad en la prueba testimonial; agregando que, el pago de impuestos, conforme el criterio del art. 2.384 del Cód. Civil no es un acto posesorio.

Además, endilga al fallo sustentarse únicamente en la prueba informativa, lo que a todas luces resulta insuficiente para el acogimiento favorable de la pretensión actora. Así como también que las testimoniales solo probarían que la actora lleva habitando el inmueble durante varios años pero ello no implica sin más que lo haya hecho a título de dueña.

Pide en definitiva se revoque la sentencia anterior y se impongan las costas de ambas instancias a la accionante.

4. El planteo fue posteriormente sustanciado (fs. 251/251 vta.; v. también fs. 252 y 253), por lo que quedan estas actuaciones en condiciones de que este Tribunal se expida (fs. 253; céds. fs. 254/255).

5. Paso, a continuación, a dar mi opinión respecto al tema que convoca a este Tribunal de Alzada.

Con ese cometido, señalo que luego de analizar detenidamente los elementos probatorios incorporados a la causa, y confrontarlos con los términos en que se dictó la sentencia impugnada y los aspectos que plantea la parte apelante, advierto que no encuentro error en la decisión adoptada en la instancia anterior, con la que concuerdo en cuanto a la solución adoptada.

En efecto, en ese sentido debo indicar que el art. 24, inc. c), de la Ley 14.159 -cuya aplicación invoca la recurrente- indica que se admiten toda clases de pruebas y el pago de impuestos y tasas por el poseedor será especialmente considerado.Es decir, en otros términos, toda clase de prueba puede presentarse y valorarse, con la salvedad de que el fallo no podrá basarse exclusivamente en la prueba testimonial; sin perjuicio de que será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión.

En el caso bajo examen, fácilmente se puede colegir que la colega, en la sentencia recurrida, ha basado su decisión en una serie de pruebas y no solo en declaraciones testimoniales, ni tampoco solo en prueba informativa, como argumenta la demandada.

Así entonces, debo indicar que la crítica de la recurrente solo se edifica en la impugnación que formula a la valoración de la prueba que se realiza en el grado para arribar a la conclusión de que el tiempo posesorio se encuentra cumplido, que el inmueble ha sido poseído efectivamente por Edmundo J. Montenegro con ánimo de dueño, de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida durante el término de veinte años que exige el art. 4016 del Cód. Civil aplicable; mas dicha argumentación de la quejosa, expone solo una mera discrepancia con el criterio valorativo de la juzgadora a partir de la propia postura en juicio, además de soslayar la integral motivación sentencial que relaciona la prueba aportada para probar los extremos legales exigidos para la procedencia de la acción, no demuestra la irrazonabilidad que atribuye al veredicto más allá del disenso apuntado.

La procedencia de la apelación intentada exige una puntual y concreta demostración del desacierto jurídico que se endilga al pronunciamiento, dando razones fundadas de cómo y por qué el veredicto debe modificarse teniendo en cuenta su estructura lógica y la prueba aportada al caso. Lo cual, desde luego, no se cumple con la mera discrepancia de criterios entre el que informa la valoración del Juzgador y el que articula la parte recurrente, desde que así no se supera el nivel de una mera confrontación de opiniones.

6.En definitiva, propongo al acuerdo, que el recurso se rechace y, consecuentemente, se confirme la sentencia en su totalidad. Con costas por el trámite en la segunda instancia, a la parte vencida.

Finalizo, contestando la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto: mi respuesta es afirmativa.

Dejo, así, formulado mi voto.

A la segunda cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

Como consecuencia del estudio realizado, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar la apelación presentada por la representación letrada de la demandada; y, consecuentemente, confirmar la sentencia impugnada en tanto fue materia de revisión. 2) Imponer las costas por el trámite ante la Alzada, a la parte vencida y con idéntica salvedad en relación a las causadas por la actuación de la Sra. Defensora de Ausentes, conforme lo dispuesto en la sentencia anterior y sin perjuicio de oportuna repetición. 3) Fijar los honorarios en el (%) de los que en definitiva se regulen en la instancia anterior.

Así voto.

A la tercera cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron:

Que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitieron su voto.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE RAFAELA, RESUELVE: 1) Rechazar la apelación presentada por la representación letrada de la demandada; y, consecuentemente, confirmar la sentencia impugnada en tanto fue materia de revisión. 2) Imponer las costas por el trámite ante la Alzada, a la parte vencida y con idéntica salvedad en relación a las causadas por la actuación de la Sra. Defensora de Ausentes, conforme lo dispuesto en la sentencia anterior y sin perjuicio de oportuna repetición. 3) Fijar los honorarios en el (%) de los que en definitiva se regulen en la instancia anterior.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Fdo.: Alejandro A. Román – Beatriz A. Abele – Lorenzo J. M. Macagno (Jueces de Cámara) – Héctor R. Albrecht (Secretario).