Sonó la empresa: Responsabilidad de la proveedora de un sistema de alarmas para viviendas, ante el robo ocurrido en la casa de quien los contrató

Partes: Di Conza Ángel Miguel y otro c/ Prosegur Activa Argentina S.A. s/ cumplimiento de contrato

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 16-jul-2019

Cita: MJ-JU-M-120703-AR | MJJ120703 | MJJ120703

Responsabilidad de la empresa proveedora de un sistema de alarmas para viviendas, ante el robo ocurrido en el inmueble.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que responsabilizó a la empresa proveedora de un sistema de alarmas para viviendas, ante el daño sufrido por el actor con motivo de un robo, pues el hecho fue reconocido por dependientes de aquella y la pericia producida concluyó que de los datos almacenados en el panel de control situado en el inmueble no resulta que el sistema hubiere estado activado cuando se produjo el hecho, a lo cual se agrega que la empresa omitió informar los datos de la marca y el modelo de los equipos, no presentó las opciones de configuración del panel de control, no pudo localizar la grabación de una comunicación telefónica que habría tenido con el actor ni indicó cómo obtuvo los datos del panel, todo lo cual constituye una muy fuerte presunción en su contra.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de julio de 2019, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Di Conza, ángel Miguel y otro c/ Prosegur Activa Argentina S.A. s/ Cumplimiento de contrato”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia (fs. 380/391), en la que admitió parcialmente la demanda interpuesta por ángel Miguel Di Conza y Cinthia Estefanía Di Conza y condenó a Prosegur Activa Argentina S.A. a abonar una indemnización, apela la parte demandada, quien, por las razones expuestas en su presentación de fs. 428/433, intenta obtener la modificación de lo decidido. A fs. 435/439 luce la contestación de la expresión de agravios, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

II.- En el fallo se consideró fuera de toda discusión que ángel Miguel Di Conza había contratado con Prosegur Activa Argentina S.A. un sistema de alarma para su casa, ubicada en la calle Ercilla N° 6381 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igualmente se entendió reconocido que el 12 de enero del 2012 entraron los ladrones a dicha vivienda.

Prosegur Activa S.A. se queja de que se haya hecho lugar a la acción. Al fundar su apelación dice, entre otras cosas, que nunca admitió que hayan entrado los ladrones a la casa de los actores. También afirma que no hay pruebas de las que pueda inferirse que la alarma estuviera activada al momento del supuesto incidente y enumera las constancias de las que surgiría que el sistema funcionaba perfectamente.Por último, y con carácter subsidiario, cuestiona el monto de la indemnización y la forma en que se impusieron las costas procesales.

La parte actora, al contestar el traslado de la expresión de agravios, requiere que se declare la deserción del recurso. No obstante, me parece que la presentación de referencia cuenta con suficientes argumentos que justifican, en la mayoría de sus secciones, avanzar en su tratamiento.

III.- Lógicamente, comenzaré con lo atinente al fondo del asunto.

Con respecto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, destaco que en atención a la fecha de los hechos mencionados en la demanda, resulta de aplicación lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, obviamente, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal. Ello, claro está, más allá de que entienda que entre la parte actora y la prestataria del servicio de alarmas hubo una relación de consumo (conf. art. 1, 2, 37, 40 bis y concordantes de la ley 24.240).

Así las cosas, corresponde empezar por el estudio del agravio vinculado con la negativa del robo.

Aquí me pregunto, entonces, qué puedo decir al respecto. La respuesta no es nada difícil, justamente, porque fueron los propios empleados de la parte demandada quienes expresamente dijeron que el día 12 de enero del 2012 hubo un inconveniente en el domicilio de la parte actora. En efecto, Carlos Alberto Scida, en su declaración testimonial de fs. 263/265, cuando se le preguntó si sabía las razones por las que había sido citado al Tribunal, respondió textualmente:”Sí, por un siniestro en la propiedad de nuestro cliente, fue en enero del año 2012, yo no fui al lugar, manejo un grupo de analistas que hacen la visita”. Lo mismo comentó Claudio Alejandro Malerba, subgerente de instalaciones de alarmas de la demandada, quien, al menos sobre este punto, narró lo mismo que su compañero de trabajo (v. fs. 270/272).

Dicho ello, y ya sin dudas o cuestionamientos en torno a la producción del ilícito, debo enfocarme en las quejas vinculadas con la activación -o no- del sistema de alarmas, y su funcionamiento.

Es evidente que para resolver un caso como este es crucial contar con asesoramiento técnico, tarea que en esta oportunidad quedó a cargo del perito ingeniero en telecomunicaciones Julio césar Carosella, profesional que se constituyó en las oficinas de la demandada para cumplir con lo que le había sido encomendado.

Su informe de fs. 279/287, que es muy prolijo y detallado, cuenta con una completa explicación acerca de la forma en que operaba el sistema de seguridad contratado.

El experto manifestó que para que funcionare el sistema era necesario que el cliente activare el equipo mediante la utilización de una clave y que, una vez realizada dicha operatoria, empezarían a trabajar una serie de sensores de movimiento y magnéticos que están conectados con un panel que se encuentra en el domicilio. También señaló que dicho sistema, en caso de advertir una intrusión, emitiría una comunicación a Prosegur Activa S.A. a los efectos de que la empresa dé aviso a los servicios públicos de emergencia.

Es fundamental subrayar, igualmente, que los datos almacenados en el panel de control que estaba en la vivienda de los actores, que le entregó al experto la parte demandada, fueron estudiados por el perito. Según el experto, de la información en cuestión no resulta que el sistema hubiere estado activado cuando se produjo el robo.Hay que tener presente que el panel no le avisaba a la empresa cada vez que el sistema se activaba y se desactivaba, algo que, al menos según la accionada, no estaba contemplado en el servicio contratado.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, no puedo dejar de resaltar una serie de lamentables comportamientos imputables a Prosegur Activa S.A. descriptos por el experto. Ocurre que la empresa omitió informar los datos de la marca y el modelo de los equipos, no presentó las opciones de configuración del panel de control, no pudo localizar la grabación de una comunicación telefónica que habría tenido con el actor ni indicó cómo obtuvo los datos del panel de control. A su vez, y como si todo eso fuera poco, el ingeniero agregó que “la información presentada por la demandada, aun cuando podría lucir verosímil, es parcial, no ha sido obtenida utilizando procedimientos ajustados a las normas, recomendaciones y buenas prácticas forenses, no reúne los requisitos de identificación, autenticidad e integridad” y que “La demandada procedió a la manipulación de los datos (para corregir la fecha errónea del Panel) pero no ha tomado los recaudos de preservación del archivo original” (v. fs. 279/287).

Esto es muy grave y, sin dudas, constituye una muy fuerte presunción en contra de Prosegur Activa S.A. acerca de la veracidad de los hechos invocados en la demanda (art. 163 inc. 5° del Código Procesal).

Además, quiero resaltar que no me parece que echen luz sobre el asunto, en especial en lo atinente a la activación -o no- de la alarma, las manifestaciones efectuadas por los testigos: todos se encuentran comprendidos en las generales de la ley -y sus manifestaciones fueron contrarias-. Obsérvese, por ejemplo, que Carlos Alberto Scida y Claudio Alejandro Malerba, empleados de la demandada, refirieron que la alarma no habría sido activada, mientras que Oscar Alberto Junka, quien alegó conocer al actor desde hacía algunos años, dijo, justamente, lo contrario (v. fs.263/265, 270/272).

En suma, al realizar una correcta y armónica interpretación de los diversos elementos probatorios arrimados al proceso que analicé precedentemente, no puedo sino concluir en que Prosegur Activa S.A. ha incumplido con sus obligaciones contractuales y, entonces, corresponde confirmar este importante punto del fallo.

V.- Con relación a los agravios vinculados con el monto indemnizatorio, debo decir que este sector de la expresión de agravios no cumple con los recaudos mínimos exigidos por el art. 265 del Cód. Procesal y que debe declarárselo desierto. Recuerdo que se observan en los repertorios recursos declarados desiertos cuando el apelante se limita a afirmar que el monto de cierta indemnización es elevado, o que es bajo, pero sin aportar mayores fundamentos; transcribe citas de autores y de fallos sin vincularlos con la causa concreta, etc. (Colombo-Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, Tomo III., pág. 173). Ello, sin dudas, es lo que aquí sucede, ya que nada se dice de los parámetros que tuvo en cuenta el a-quo en esta parte de su sentencia.

VI.- Finalmente, resta expedirse sobre los cuestionamientos a la decisión de imponerle las costas procesales a la accionada.

Es sabido que las costas no constituyen un castigo para el perdedor sino que importan un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el reconocimiento de su derecho a efectos de que ellos no graviten en definitiva en desmedro de la integridad del derecho reconocido (conf. CNCiv. Sala M, 10/4/91, JA 1991-III, “Romero Ramón A. y Ot. c/ Comisión Municipal de la Vivienda”).

De ello se sigue que el sistema que rige nuestro ordenamiento en materia de costas es el del principio objetivo de la derrota atenuado (Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, 2006, tomo I, pág. 489; asimismo, ver Sala H de éste Tribunal del 21/8/2007 in re “V., S.A. c/ S.P., A.O.s/ régimen de visitas”, R. 479.219, entre otros).

Ahora bien, en el caso debe ponderarse que, a pesar de que la pretensión no progresó íntegramente, la parte demandada ha sido sustancialmente vencida y, en consecuencia, se ratifica lo aquí resuelto.

Por las razones antedichas, y si mi voto fuere compartido, propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia recurrida en todas las cuestiones que decide y que fueron materia de agravios. Con costas de la presente instancia a la parte demandada en virtud del principio objetivo de la derrota (conf. art. 68 y concordantes del Código Procesal).

El Dr. José Benito Fajre dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.

Buenos Aires, 16 de julio de 2019.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:

I.- Confirmar la sentencia recurrida en todas las cuestiones que decide y que fueron materia de agravios. Con costas de la presente instancia a la parte demandada (conf. art. 68 y concordantes del Código Procesal).

II.- A fin de conocer en los recursos de apelación contra las regulaciones de honorarios de fs.391, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido, resultante del capital de condena y los intereses reconocidos en la sentencia (conforme lo resuelto por este Tribunal en autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero”, del 27/09/2011), así como la naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los profesionales y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, por no resultar elevados se confirman los honorarios regulados al letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Roberto Rodrigo Duran, por su actuación en las tres etapas del proceso.

Por ser reducidos se elevan a la suma de pesos. ($.) los honorarios regulados a la letrada apoderada de la parte demandada Dra. María Valeria Brizuela, por su actuación en las tres etapas del proceso. Por ser altos se reducen a la suma de pesos.($.) los honorarios regulados al Dr. Joaquín Torcida letrado apoderado de la parte demandada, por su presentación de fs. 357.

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto, por resultar equitativos se confirman los honorarios regulados al perito ingeniero en telecomunicaciones Julio Cesar Carosella.Por no ser altos se confirman los honorarios regulados al perito consultor técnico ingeniero Emilio José Presta.

IV.- En relación a los honorarios de las mediadoras, este Tribunal entiende, que debe aplicarse la normativa vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

En el caso han intervenido las Dras. Karina Marcela Farfaglia y Mónica Roisentul. Resulta de aplicación lo previsto por el art. 3, inc. d) del decreto 2536/2015 que establece “La intervención de múltiples mediadores en un mismo procedimiento no incrementará los honorarios que serán liquidados como a uno solo, en proporción a la respectiva actuación a la labor desarrollada por cada uno”. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 2536/2015 Anexo I, art. 2°, inc. e) -según Dec. 266/2018-, por resultar elevados se reducen las retribuciones de las Dras. Karina Marcela Farfaglia y Mónica Roisentul a la suma de pesos.($ .), para cada una (art. 3, inc. d citado).

V.- Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularán bajo las disposiciones de la ley 27.423 por ser la vigente al momento que se desarrolló la tarea profesional.

Bajo tales parámetros se establecen los honorarios del Dr. Roberto Rodrigo Duran en la suma pesos.($ .), equivalente a la cantidad de.UMA. Los de la Dra. María Valeria Brizuela en la suma de pesos.($.), equivalente a la cantidad de .UMA, (art. 30 de la ley 27.423, y valor de UMA conforme Ac. 8/19 de la CSJN).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente, devuélvase.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.