Salidera a diez cuadras no es salidera: Se rechaza una demanda contra un banco por una salidera bancaria, porque ocurrió a diez cuadras del lugar

Partes: Logística SI S.A. c/ Banco de la Nación Argentina s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 13-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-120686-AR | MJJ120686 | MJJ120686

Se rechaza una demanda contra un banco por una salidera bancaria, porque ocurrió a diez cuadras del lugar.

Sumario:

1.-La demanda interpuesta por una empresa contra una entidad bancaria en razón del robo sufrido por una empleada luego de cobrar un cheque debe rechazarse, dado que, aun cuando el banco no tenía las barreras de protección visual, el delito sucedió a diez cuadras del lugar y tal circunstancia rompió el nexo de causalidad adecuado; máxime si no hay elementos que demuestren que los delincuentes ya contaban con información de la víctima.

2.-La empresa actora posee legitimación para reclamar una indemnización a raíz del robo que sufrió una de sus dependientes luego de cobrar un cheque en un banco, dado que la prueba documental adjuntada demuestra que el cobro del cheque por parte de la víctima respondía al cumplimiento de una tarea encomendada por la empresa, y que el dinero percibido por ella no le pertenecía en la medida en que estaba afectado al pago de proveedores.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Logística SI S.A. c/ Banco de la Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo:

I. La firma LOGÍSTICA S.I. Sociedad Anónima (“Logística” o “empresa”) demandó al Banco de la Nación Argentina (el “Banco”) por el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de un robo ocurrido en ocasión de un retiro de fondos efectuado por sus dependientes en la casa matriz del Banco. Detallo seguidamente el relato que dio al presentar el escrito introductorio de la instancia (fs, 48/55 y vta.).

El 2 de agosto de 2011, a eso de las 14:30 horas, dos empleados de Logística -Estela Iris Belmaña y Roberto Alejandro Nieva- concurrieron al establecimiento principal del Banco ubicado en Bartolomé Mitre 326 de esta Ciudad para cobrar el cheque N° 20259111 por la suma de $ 42.900, librado contra la cuenta corriente que la empresa tiene en esa casa. El dinero iba a ser afectado al pago de obligaciones de Logística. Después de hacer la cola correspondiente les fue pagado el cheque a la vista de todos porque la entidad bancaria no contaba con las mamparas de protección reglamentarias, las cuales ponen a cubierto a la persona que recibe el dinero del resto del público.La exigencia fue impuesta después del resonante caso “Carolina Píparo” (ley 267.637 y Comunicaciones A 3390 y A 5120 del B.C.R.A.).

La señora Belmaña guardó el dinero ensobrado en su cartera y salió del Banco acompañada de Nieva en dirección a las oficinas de Logística; pero al llegar a la puerta de acceso al edificio, fue asaltada por dos personas en moto uno de los cuales le arrebató la cartera con los fondos recién cobrados y sus efectos personales. La señora Belmaña radicó la denuncia del hecho ante la Seccional 4° de la Policía Federal y fue instruida la causa penal respectiva con la intervención de la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 40 (fs. 48 y vta.).

Con apoyo en el relato precedente, Logística responsabilizó al Banco de la Nación Argentina de la sustracción violenta de $ 42.900, del lucro cesante y del daño moral sufridos, que estimó en $ 10.000 para cada uno, lo que hace un total de $ 62.900 con más los intereses del caso (fs. 53 y vta.).

Sostuvo la actora que la Comunicación A 5120 del Banco Central de la República Argentina incorporaba los puntos 2.9.1. y 2.9.2. a las medidas mínimas de seguridad en entidades financieras obligando a éstas a contar con barreras visuales que ampararan la privacidad de las transacciones llevadas a cabo ante los cajeros de cada sucursal. Y como el Banco había omitido el cumplimiento de esa medida, era responsable de las consecuencias sufridas por la empresa.

Invocó jurisprudencia, ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y pidió el acogimiento del reclamo, con costas.

II. A fs.207/232 compareció la apoderada del Banco de la Nación Argentina, quien opuso la excepción de falta de legitimación activa y contestó el traslado de la demanda. Fundó la excepción en la inexistencia de perjuicio de parte de la actora, quien sólo había librado un cheque que fue cobrado por la damnificada directa del robo (fs.210, punto V y ss.). En cuanto al fondo del asunto, negó la relación de causalidad entre su actividad y el delito cometido fuera de su ámbito de control e invocó la culpa de la víctima (fs. 221, párrafos cuarto y quinto). Concordemente con la excepción que opuso, cuestionó la procedencia de los perjuicios reclamados y las estimaciones hechas por la demandante. Ofreció prueba, se opuso a la de su contraria, hizo reserva del caso federal y solicitó el rechazo de la demanda, con costas.

III. En la sentencia que consta a fs. 520/522 y vta. el juez de primera instancia hizo lugar a la falta de legitimación activa planteada por el Banco y rechazó la demanda, con costas.

Consideró el doctor Soto que Logística no había demostrado la relación laboral entre ella y la señora Belmaña, cobradora del cheque, ni la pertenencia efectiva de los fondos retirados. En ese sentido, tuvo en cuenta que el cheque había sido librado por la firma Solano S.A. -predecesora de Logística- a favor de la mentada Belmaña; y que esta última había sido la única beneficiaria del cobro en la medida en que no había elementos que desvirtuaran esa condición (fs, 522).

IV. Apeló la actora (fs. 527/527 y vta. y auto de fs. 528), quien fundó el recurso a fs. 537/544. El traslado conferido a fs. 545 fue contestado por el Banco a fs. 548/555. La impugnación central está orientada a contradecir la conclusión del juez sobre la falta de legitimación activa (recurso, fs. 537, II y ss.).

V. El sub lite se rige por el Código Civil debido a que el delito que invoca la actora como fuente de responsabilidad del Banco ocurrió antes de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y Sala III:causas n° 11095/03 del 21/10/2015, n°12504/07 del 27/10/2015, n° 8774/11 del 19/02/2016; Sala I, n°1822/11 del 13/07/2018, entre muchas otras).

Están fuera de discusión las siguientes circunstancias fácticas. El 4 de agosto de 2011, a eso de las 15: 00 horas aproximadamente, la señora Estela Iris Belmaña fue asaltada en la vía pública, a la altura de la calle Moreno al 800 de esta Ciudad, por dos personas que, bajo la modalidad delictiva conocida como “motochorros”, le robaron la cartera; poco menos de una hora antes, había cobrado un cheque por $ 42.900 en la casa matriz del Banco de la Nación Argentina, cheque este librado por Logística S.I. Sociedad Anónima -cuya denominación social anterior era Solano S.A.- contra la cuenta corriente N° 25720/78 que dicha firma tenía abierta en esa sucursal (versiones concordantes de la actora y demandada, fs. 48/48 y vta. y fs. 209 y vta., prueba documental actora reservada a fs. 233 y vta., documental demandada, fs. 71/202, informativa de fs. 343/354, y hechos consignados por el juez de grado en el considerando 1 del fallo apelado, fs. 521 y vta. y fs. 522). Dos días después, la señora Belmaña denunció el ilícito ante la Seccional 4° de la Policía Federal Argentina, oportunidad en la que declaró que dentro de la cartera que le habían robado había $ 42.900 “pertenecientes a la empresa Solano S.A.” (conf. acta de denuncia, documental en copia a fs. 27, el original está en mayúsculas). La continuidad entre Solano S.A. y Logística S.I. Sociedad Anónima quedó acreditada (conf. informativa de fs. 484/499).

En cuanto a la relación laboral entre la actora y Belmaña, observo que, al contestar la excepción, aquélla aportó copias certificadas de las actas de directorio de su predecesora (Solano S.A.) en las que figura Estela Iris Belmaña como directora de la firma (documental cit., fs.264/277). También en esa oportunidad adjuntó facturas emitidas por Belmaña a Logística por distintas cantidades correspondientes a servicios prestados entre junio de 2011 y julio de 2012 que se vincularon con gestiones y trámites administrativos, aduaneros y bancarios (documental, fs. 236/263). Las declaraciones testimoniales tomadas en la causa corrobora la existencia de ese vínculo jurídico entre la demandante y Belmaña durante el lapso en que ocurrió el robo, como así también la destinación del dinero al pago de proveedores de Logística (testigos, Nieva -fs. 376/376 y vta.- ,Terzibachian,, fs. 417/417 y vta. y Calonge Vaquero, fs.422/422 y vta.).

La condición de monotributista de la señora Belmaña coincide con la actividad comercial que declaró (informativa contestada por la AFIP, fs. 310/314). A ello se le suma la circunstancia de que el delito se perpetró en la cuadra en que tiene sus oficinas Logística.

Resumiendo, de la prueba producida, analizada a la luz de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), surgen una cantidad de elementos concordantes que autorizan a tener por demostrado que el cobro del cheque por parte de Belmaña respondía al cumplimiento de una tarea encomendada por la empresa, y que el dinero percibido por ella no le pertenecía en la medida en que estaba afectado al pago de proveedores (art. 163, inciso 5, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Ello basta para acoger los primeros dos agravios de la apelante y revocar el fallo en cuanto admitió la falta de legitimación activa (recurso, 537/538 y vta.).

VI. Distinta suerte han de correr las restantes quejas de la actora que tienen que ver con la procedencia del reclamo indemnizatorio.

Ello es así porque, desde el inicio del conflicto, el demandado negó la relación de causalidad entre su conducta y el daño (responde, fs.221 cit.). Pues bien, cuando la señora Belmaña salió del Banco, que está ubicado en Bartolomé Mitre al 300, es decir en su intersección con la calle 25 de Mayo, caminó junto con Nieva hasta la sede de Logística, en Moreno al 800. Cubrió una distancia de más de diez cuadras caminando, lo que le llevó poco menos de media hora (estando a los dichos de la actora, el cobro del cheque fue a las 14:30 horas y el asalto, a las 15:00 horas). El espacio y el tiempo indicados operan como una ruptura del nexo causal entre la infracción reglamentaria en que habría incurrido el Banco por no tener las barreras de protección visual, y el delito del que fue víctima la empresa.

Es importante recordar que la mera antijuridicidad no determina, sin más, la responsabilidad del agente si el damnificado no acredita que ella es causa adecuada del perjuicio (arts. 901, 1067 y 1109 del Código Civil). Es cierto que la noción de antijuridicidad objetiva trasciende la idea clásica de ilicitud, por ser más amplia, y de culpabilidad por su carácter, precisamente objetivo (Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabildad civil, Buenos Aires, Atrea, 3ra. edición amp liada, págs. 6 a 17). Pero esa ampliación conceptual no implica prescindir de la causalidad, entendida como la conexión entre la conducta obrada por el demandado y el resultado dañoso. La existencia de esa conexión es constatada por un procedimiento lógico en el que se tienen en cuenta los datos de la experiencia y la probabilidad de que, “según el curso natural y ordinario de las cosas” a una acción antijurídica definida le siga un resultado determinado que pueda imputársele al infractor como consecuencia inmediata (art.901 del Código Civil cit.).

En los robos calificados de “salideras bancarias” la conexión entre el delito y la desaprensión de la entidad por las medidas de seguridad -cuando no la actividad ilícita de alguno de sus dependientes que puede consistir en “marcar” a la víctima- se da por cierta en un limitado contexto de espacio y tiempo, como ser, dentro de la espacio público anexo al banco, y poco tiempo después del cobro (le expresión “salidera” me exime de mayor desarrollo). A medida que ese contexto se amplia en cualquiera de las dos variables indicadas, la conexión se va desdibujando.

No cabe descartar que los delincuentes cuenten con la información completa de la víctima y lo sigan hasta su lugar de destino (hogar, oficina, escribanía, etc.), pero en ese caso es el que sufre el robo quien tiene que aportar los elementos que vuelvan a conectar la causa con el efecto. En tal situación interesa conocer el trayecto que cubrió y el modo en que lo hizo (a pie, en auto o en moto), dónde guardó el dinero y cómo le robaron; también son relevantes las grabaciones de las cámaras públicas, los antecedentes policiales sobre la técnica empleada por los ladrones, los testigos, etcétera. El examen de todos esos factores se ve influido por la tasa delictiva de la zona de que se trate pues es de conocimiento público el incremento gradual de la actividad criminal de los denominados “motochorros” en algunos de los barrios porteños (v.gr. Centro, Constitución, Monserrat, Tribunales, Plaza de Mayo, Obelisco, la zona bancaria y sus adyacencias). Muchos operan al azar y se basan en su intuición. Lo que le ocurrió a la señora Belmaña parece encuadrarse más dentro de esta última operatoria pues no hay en autos ninguna de las pruebas que acabo de enumerar, que oriente el razonamiento hacia una clásica “salidera” bancaria. De ahí, entonces, que la jurisprudencia que cita Logística no sea pertinente para decidir a su favor (recurso, fs.541).

Es deber del apelante plantearle a la Cámara todos los argumentos y cuestiones que puso a consideración del juez de la causa y que éste se abstuvo de tratar por el modo en que resolvió la controversia (art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y Hitters, J.C., Técnica de los recursos ordinarios, Librería Editora Platense, 1985, págs. 401 y ss.). Por ello, cuando el actor obtiene sentencia adversa por haber prosperado una excepción que hizo innecesario abordar la cuestión de fondo, debe refutar los argumentos del juez y proponerle a la Cámara la cuestión de fondo tal y como quedó delimitada (arts. 163, incisos 3 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Logística no ha cumplido con el deber indicado en el párrafo anterior porque se abstuvo de tratar la defensa del Banco concerniente a la falta de nexo causal. Prescindiendo de ese defecto, los argumentos desarrollados hasta aquí autorizan a tener por no configurado ese presupuesto sin el cual no existe responsabilidad (López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2006, págs. 197 a 206).

Por ello, se revoca el fallo apelado con el alcance prescripto en el considerando V y se rechaza la demanda por falta de nexo causal entre la conducta obrada por el Banco y los perjuicios reclamados (arts. 901, 1067 y 1109, a contrario sensu, del Código Civil). Costas de ambas instancias por su orden debido a que la actora pudo creerse con derecho a litigar con apoyo en las circunstancias complejas del caso (arts. 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así voto.

El doctor Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.

Buenos Aires, 13 de agosto de 2019.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:revocar el fallo apelado con el alcance prescripto en el considerando V y rechazar la demanda por falta de nexo causal entre la conducta obrada por el Banco y los perjuicios reclamados (arts. 901, 1067 y 1109, a contrario sensu, del Código Civil). Costas de ambas instancias por su orden debido a que la actora pudo creerse con derecho a litigar con apoyo en las circunstancias complejas del caso (arts. 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Primera instancia:

De conformidad con lo establecido por el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta el monto por el que hubiera prosperado la demanda, la naturaleza del proceso (fs. 67), el resultado obtenido, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas cumplidas; y con la finalidad de unificar criterios con la Sala I de esta Cámara respecto a los mínimos establecidos en el art. 8 de la ley 21.839, se fijan los honorarios de los letrados de la parte actora, doctores Gustavo Héctor García Solano y Gabriel Enrique Bonifacio en las sumas de $. y $., respectivamente (Sala I causa n° 6513/14 del 14/02/19; arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432).

Segunda instancia:

Teniendo en cuenta que los trabajos de Alzada fueron realizados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423, corresponde su aplicación. Atendiendo al resultado del recurso, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor del letrado de la parte actora, doctor Gabriel Enrique Bonifacio la suma de $. (. UMA) (art. 30 de la ley 27.423 y Acordada n° 20/2019).

En lo que concierne a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes por la demandada corresponde señalar que la relación de dependencia implicada en sus presentaciones conducen a tener por configurada, prima facie, la hipótesis prevista en el artículo 2 de la ley 21.839, lo que exime al Tribunal de expedirse sobre el particular, salvo prueba en contrario por parte del interesado.

La doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo