La acción directa y el cobro de los honorarios profesionales

Autor: Romualdi, Emilio E.

Fecha: 16-ago-2019

Cita: MJ-DOC-15012-AR | MJD15012

Sumario:

I. Introducción. II. La acción directa. a) Concepto. b) Condiciones de ejercicio. b.1. Un crédito exigible del titular de la acción contra su deudor. b.2) Deuda del tercero demandado con el deudor. b.3) Homogeneidad entre ambas. b.4) Norma que la habilite. III. El cobro de honorarios y los efectos de la acción directa. IV. Requisitos del cobro de honorarios mediante el ejercicio de la acción directa. V. Epilogo.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo de manera breve intentaré vincular tres institutos tales como la acción directa su vinculación con el cobro de los honorarios profesionales y los límites impuestos por el artículo 730 última parte del Código Civil y Comercial que tiene una solución similar en el artículo 277 de la Ley 20.744 (to 1976).

Metodológicamente empezaremos por desarrollar brevemente el concepto de acción directa y las condiciones de su ejercicio en el caso de honorarios para luego abordar el tema del cobro compulsivo de los honorarios profesionales y los límites impuestos por el art. 730 del CCivCom. con las diferencias que, por aplicación del principio de gratuidad, operativamente tiene con el cobro de los honorarios en sede laboral donde rige lo dispuesto el artículo 277 de la LCT.

II. LA ACCIÓN DIRECTA

A) CONCEPTO

La acción directa definida en el artículo 736 del Código Civil (1) es la que el acreedor puede ejercer para percibir de un tercero lo que éste adeuda a su deudor. Si bien se ha sostenido que el fundamento de esta facultad del acreedor es evitar el enriquecimiento sin causa los fundamentos de la misma pueden razonablemente encontrar también su fuente en evitar el exceso de acciones judiciales.

El Código Civil y Comercial regula la acción directa -en los arts. 736 a 738 – de un modo general con sus caracteres, elementos, recaudos de procedencia y efectos, lo que marca una notoria diferencia con el régimen del Código Civil, que tenía un método casuista, previendo diversos supuestos particulares en los que aquella procedía -arts. 1591 , 1592 y 1601, inc.2 , 1926 y 1927 -, por lo que diseño de la estructura general del instituto fue el resultado de los trabajos de la doctrina y la jurisprudencia.

Así, mediante un proceso ejecutorio el acreedor obtiene lo que debe el tercero sin que el bien objeto de su obligación pase por el patrimonio del deudor de aquél. Esto marca la diferencia con la acción subrogatoria donde su ejercicio por el acreedor tiene como objetivo ejercer los derechos y acciones del deudor moroso inactivo para conseguir un incremento de su patrimonio y así poder cobrarse la deuda.

Es decir, no se ejerce un derecho propio sino el derecho de un tercero tendiente a obtener un beneficio personal por el incremento patrimonial del deudor de quien la ejerce.

Consecuentemente, su pertinencia se funda en evidentes razones de practicidad y economía, puesto que, a través de ella, cuando el tercero se libera personalmente, también redime al deudor frente al acreedor hasta el monto de lo abonado. De este modo, el pago que se sufraga comprende también la carga del deudor frente al acreedor principal, la extinción de ambas obligaciones.

Es decir, el titular de la acción obtiene un bien para sí (para su patrimonio) sin que pase por el patrimonio del deudor. Su reclamo tiene límites: no puede reclamar más de lo que el deudor le debe a él, ni más de lo que el tercero deba a su propio acreedor en cuyo caso en nuestro caso de análisis tiene implicancia indudable lo dispuesto por el art. 730 última parte del Código Civil y Comercial.En el caso de este trabajo el pago de los honorarios al abogado libera al cliente de este – en la medida del pago efectuado – de las obligaciones que su cliente tenía con él.

No debe perderse de vista que la acción directa es una vía excepcional solo existe acción directa en los casos cuando la ley concede expresamente y ello ocurre en casos excepcionales.

B) CONDICIONES DE EJERCICIO.

Conforme la normativa sancionada en el código Civil y Comercial para que proceda la acción directa deben concurrir estas circunstancias:

B.1. UN CRÉDITO EXIGIBLE DEL TITULAR DE LA ACCIÓN CONTRA SU DEUDOR.

En el caso que analizamos los honorarios profesionales al abogado son debidos en principio al mismo por quien contrató sus servicios. En la provincia de Buenos Aires las partes pueden pactar un honorario en un convenio que presentado ante el juez de trámite de la causa en la regulación de honorarios deberá efectuarla con sujeción al mismo. Ahora bien, tomando como base de este trabajo lo dispuesto por las leyes 27.423 y la ley provincial 14.967 en la Provincia de Buenos Aires la normativa habilita el reclamo al cliente del profesional si el impuesto en costas no efectiviza el pago y en las condiciones de ejecución que ambas normas imponen. Ello nos podría llevar a la conclusión que la acción posterior del no impuesto en costas al que resultó impuestas de la misma, es una subrogación de acciones.

Sin embargo, aquí es donde lo dispuesto por el art. 730 última parte del Código Civil y Comercial cobra relevancia dado que si la suma regulada supera – en conjunto con las demás costas – el 25 % la acción de regreso sólo puede ejercerse proporcionalmente hasta dicho límite. En derecho laboral está regulado en art. 277 de la LCT que tiene una solución similar a la prevista en el art. 730 del CCivCom.Sin embargo, aquí el abogado del actor no puede ejecutar a su cliente y la acción directa la ejerce contra el impuesto en costas.

Esta circunstancia obliga a dejar planteada la duda sobre si el juez ajusta la regulación total al 25% y por tanto no deja margen de duda – lo que puede afectar mínimos dispuestos por las leyes arancelarias – o lo hace sin tomar en cuenta dicho límite y readecua la regulación al mismo en los procesos de ejecución de honorarios. Igual situación se plantea si el trabajador es vencido e impuesto en costas ya que las mismas no lo son ejecutables.

Por el contrario, si el actor no tiene reconocida la relación laboral y es impuestos en costas las mismas le son ejecutables planteándose los mismos dilemas que en cualquier proceso civil o comercial dado que en este caso cede la norma del art. 277 de la LCT y se aplica lo dispuesto por el art. 730 última parte del Código Civil y Comercial.

La consecuencia de ello es que lo que se exceda del 25% de la regulación el abogado se lo puede reclamar a su cliente que es el obligado principal de pagar los honorarios al profesional dado que es el que celebró el contrato que generó su actividad procesal y por tanto es la fuente originaria de la obligación en favor del abogado.

B.2) DEUDA DEL TERCERO DEMANDADO CON EL DEUDOR.

Este requisito no tiene dudas. El impuesto en costas debe las mismas a la parte vencedora del pleito y por tanto es deudora de los honorarios del abogado que la representó o patrocinó. Es entonces deudor del obligado principal al pago de los honorarios que es siempre quien contrató al profesional

B.3) HOMOGENEIDAD ENTRE AMBAS.

Claramente existe homogeneidad de las mismas ya que tienen una fuente común dado que son consecuencias del pleito.

B.4) NORMA QUE LA HABILITE

Como vimos los arts. 57 de la ley 27423 y 54 de la ley 14.967 en la prov.de Buenos Aires habilitan la acción directa al impuesto en costas. Sin gran precisión terminológica en la ley 12.851 de Santa Fe en sus artículos 24 y 31 parecería habilitar la acción directa y el eventual cobro al representado por el abogado ejecutante. Es más el observado artículo 18 de la ley 14.967 expresamente refiere a la acción directa al regular la situación de los honorarios del profesional vencedor en un proceso que cobra honorarios mediante una retribución periódica que exceda el que corresponde a trabajos ordinarios de asesoramiento.

III. EL COBRO DE HONORARIOS Y LOS EFECTOS DE LA ACCIÓN DIRECTA

En general en los códigos procesales en el caso de la acción directa por cobro de honorarios la vía procesal es el proceso de ejecución de sentencia. Algunas normas arancelarias como la de la provincia de Buenos Aires en su artículo 58 establece que la ejecución, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, en incidente separado, o a opción del letrado en el mismo juicio en el que se hubieran regulado honorarios. No es objeto de este trabajo el análisis de esta norma pero me parece que está regulando situaciones en estados procesales diferentes que no obsta la afirmación en cuanto a que el proceso de cobro de honorarios- como en principio – es el de ejecución de sentencia.

Conforme ello y en concordancia con las disposiciones de derecho sustantivo la notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante y, así, finalmente lo percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio (art. 738, inc. d, CCivCom.) Como ya dijera esto es una diferencia frente a lo que dispone el segundo párrafo del art. 739 CCivCom. para la acción subrogatoria. Es esta previsión la que constituye uno de los grandes incentivos a favor de la acción directa, junto con lo dispuesto en el art. 738, inc.d, CCivCom.

En segundo lugar, y como una necesaria derivación de la prohibición de enriquecerse sin causa (conf. arts. 1794, 1796, inc. b, CCivCom. y concs.), se establece que el reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones lo que implica que la ejecución de los honorarios por parte del profesional debe necesariamente ejecutarse en los límites dispuestos por los artículos 730 última parte del CCivCom. y 277 de la LCT. Concordantemente con ello, no parece que dichos límites sean una defensa que deberá ejercer el demandado en la ejecución sino que el límite de la acción se impone al juez normativamente y por tanto los debe aplicar de oficio.

Así, conforme lo dispuesto por el art. 738, inc. e, CCivCom. el deudor se libera frente a su acreedor, en la medida en que corresponda, en función del pago efectuado por el demandado.

En consecuencia el tercero demandado puede hacer valer todas las defensas que derivan de su obligación, aun las que tuviera contra su propio acreedor. Conforme ello, si el impu esto en costas hubiera abonado al obligado principal (representado o patrocinado por el profesional ejecutante) puede oponer dicha circunstancia al ejecutante conforme lo dispone el art. 738 inc. C del CCivCom.

Más aún puede en realidad oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante, como la prescripción, la pendencia de algún plazo o condición, la injerencia de un medio de extinción, entre muchas otras posibilidades.

En tal sentido ha sostenido la jurisprudencia que al art.505 del Código Civil -ahora artículo 730 CCivCom.- no modifica la imposición de costas sino que establece un tope a la extensión de la responsabilidad del vencido a quien se obliga a pagar hasta un veinticinco por ciento calculado sobre el monto de sentencia, ello significa que los jueces determinarán los honorarios profesionales de acuerdo a la ley local, debiendo responder por ellas el deudor, hasta el límite antes mencionado (2).

La jurisprudencia de grado en concordancia ha sostenido que a partir del 1º de agosto del año 2015 ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual contiene en el art. 730 la misma pauta normativa que establecía el art. 505 del Código Civil (ley 340). Por ello, las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales establecidas para su aplicación mantienen su actualidad en la temática abordada en el caso de autos (arts. 7 y 730 del C.C.C.N.). La norma no modifica la imposición de costas sino que establece un tope a la extensión de la responsabilidad del vencido. Ello significa que los jueces determinarán los honorarios profesionales de acuerdo a la ley arancelaria local, debiendo responder por ellas el deudor hasta el límite antes mencionado. A los efectos de la limitación, las costas comprenden únicamente los estipendios de los abogados -salvo los de la parte condenada-, peritos y auxiliares, con más sus respectivos aportes legales. La restricción solamente alcanza a los honorarios de primera o única instancia, mas no a las derivadas de los incidentes. Respecto al supuesto de aplicación de dicho canon a los casos de demanda rechazada (como el sub lite), hemos seguido el criterio sentado por la Corte Federal (in re «Talleres Metalúrgicos Barari SA c/ Agua y Energía S.E (Córdoba) s/ cobro de australes», fallo del 7/7/1998; «Exolgan S.A. c/ Distribuidora Química S.A.s/ daños y perjuicios» que ha sostenido que no resulta de aplicación la limitación en la responsabilidad del pago de las costas en este supuesto, ya que en estos casos no se cumple con la primera condición que dicta la norma, esto es: que exista el incumplimiento de una obligación, cualquiera sea su fuente (4).

En el caso de las causas laborales -aunque un poco erráticamente en su argumentación en precedentes anteriores dado que hay fallos donde aplica el criterio igual a los honorarios en el fuero civil y Comercial- la Corte de la Prov. De Buenos aires recientemente ha sostenido -por mayoría- «ya se ha expedido en distintos pronunciamientos en el sentido de que la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432), es aplicable en el ámbito provincial (causas L. 77.914, cit.; L. 81.838, “Macalusi”, sent. de 10-IX-2003; L. 77.859, “Acosta”, sent. de 27-VII-2005 y L. 93.064, “Vas da Silva”, sent. de 2-III-2011; e.o.)».

«Luego, tal como se desprende de los cálculos aportados por la recurrente, el tribunal de grado ha excedido el porcentual (25%) establecido como límite a la responsabilidad de la parte vencida por las costas procesales, ciñéndose a la legislación arancelaria local para fijar el monto de los honorarios profesionales, e inaplicando las citadas normas legales (v. sent., fs. 314 y vta. y rec., fs.328).»

«Corresponde entonces revocar el pronunciamiento de grado y devolver los autos al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte » (4).

En consecuencia, los excedentes de la regulación no alcanzados por el límite de ejecución son debidos al profesional por quien contrató sus servicios en el caso de los procesos civiles y comerciales. En el caso de los procesos judiciales de carácter laboral la interpretación es otra – o puede serlo conforme el criterio en cada competencia territorial – y los honorarios deben fijarse en dicho límite. La lógica se centra en que dado el principio de gratuidad, el excedente no podría ser ejecutado el trabajador en la medida que haya sido reconocido como tal en el proceso.

IV. REQUISITOS DEL COBRO DE HONORARIOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA

En primer lugar, ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa , lo que se justifica en que la presencia de un embargo involucraría cuestiones de preferencias (arts. 745 CCivCom., 218 CPCCN, 218 CPCCPBA, ).

Finalmente, la norma establece un novedoso requisito de suma trascendencia como es la de la necesaria citación del deudor a juicio la que aparece justificada en el hecho de que al tercero demandado se le permiten oponer todas las defensas que tendría contra su deudor -además de las que tuviera contra el acreedor demandante-, por lo que elementales razones que hacen al debido proceso y al derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) imponen que aquel deudor sea oído en dicho juicio.En el caso de honorarios podría el obligado principal abonado honorarios al profesional anticipadamente a la regulación y tendría derecho a oponer esa defensa dado que ese pago lo habilita a reclamarle al impuesto en costas la restitución del dinero dado que resulta una excepción de pago total o parcial del crédito del abogado. Es más, eventualmente se descuenta lo percibido y si ello no llega afectar el 25%, la ejecución queda limitada a ese monto y el excedente queda a cargo de quien contrató al profesional.

En derecho laboral – como ya dije -esta posibilidad en caso de imposición de costas al actor resulta inaplicable salvo que el juicio resultase negativo a quien ejerció la acción y no se hubiera reconocido la relación laboral en cuyo caso las costas le son ejecutables.

Consecuentemente con ello, cuando el impuesto en costas sea el demandado empleador, la citación del trabajador resulta de abstracto cumplimiento, pero no es así cuando no se haya reconocido la relación laboral y el impuesto en costas sea el actor.

También podría ocurrir que en caso de una legitimación pasiva plural la totalidad de las costas le hayan sido impuestas a una sola de las partes. En ese caso aparece como razonable citar al demandado no impuesto en costas dado que puede ejercer las defensas que considera necesario y ejecutar las sumas que hubiera abonado al impuesto efectivamente a pagar los costos y costes del proceso.

Ahora bien, razonablemente como regla, puede afirmarse que la citación al deudor es en carácter de tercero (arts. 90 CPCCN y 90 CPCCPBA ) dado que se cumple con el segundo inciso de dicha norma dado el análisis previo en cuanto las defensas que podría oponer para hacer valer sus derechos.

Es probable que pueda este aspecto analizarse más profundamente y definir si su intervención lo es como tercero litisconsorcial, como tercero adhesivo simple o coadyuvante, o bien, lisa y llanamente, como un litisconsorte necesario originario.No es el objeto del trabajo determinar esta cuestión dado que desde el punto de vista de orden práctica no tiene mayor relevancia.

V. EPILOGO

Las consideraciones finales no tienen un carácter conclusivo sino más bien reflexivo. Me parece muy claro que el trabajo, dado lo limitado de la jurisprudencia analizada y las normas tenidas en cuenta, es una aproximación al problema y que el operador jurídico, como suelo repetir hasta el cansancio, debe analizar conforme las normas locales y la jurisprudencia de su competencia territorial los términos de la extensión del juego de las normas analizadas.

Lo que está fuera de duda, me parece, es que los honorarios profesionales son debidos por el cliente que contrató los servicios del profesional y que lo que se encuentra alcanzado por los límites del 25% previsto en el CCivCom. es la acción directa y no la extensión de los mismos. La excepción podría ser, conforme lo analice cada competencia territorial, los honorarios en el proceso laboral.

———-

(1) ARTÍCULO 736. Acción directa Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos expresamente previstos por la ley.

(2) SCBA LP C 118302 S 01/07/2015 Martínez de Méndez, Eva contra Méndez, José Enrique y otro. Simulación; SCBA LP C 97539 S 13/05/2009 Poggi, Raúl Agustín y otro c/Burgois, Jorge Daniel y Compañía de Transportes Río de La Plata s/Daños y perjuicios; SCBA LP Ac 78984 S 30/06/ Gentile, Javier E. c/Grotewold, Silvia s/Daños y perjuicios

(3) CC0102 MP 162316 508-R I 03/11/2016 CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MANUEL GUERRERO C/ DURANTE, BERNARDO S/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO (ART. 250 DEL C.P.C.).

(4) SCBA LP L. 119599 S 11/04/2018 Silveira Ros María Ximena contra Comdisud S.A. y otros. Daños y perjuicios; SCBA LP L. 118380 S 11/04/2018 Arce, Domingo contra Cal, Edgardo Felix. Despido ;SCBA LP 119418 S 21/06/2017 Romero, Emilio R. contra Garderes, Héctor R. y otro. Despido; SCBA LP L 117701 S 20/05/2015 Titos, María Luciana contra Atento Argentina S.A. Cobro de salarios.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de la UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.