Graffidelito: Pintar con aerosol un edificio de los tribunales federales es calificable como delito de daño agravado

Partes: Imputado: S. J. P. s/ daño agravado (art. 184 inc. 5)

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: II

Fecha: 1-jul-2019

Cita: MJ-JU-M-120464-AR | MJJ120464 | MJJ120464

La pintada con aerosol de un edificio de los tribunales federales es calificable como delito de daño agravado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que decretó el procesamiento del imputado como autor penalmente responsable del delito de daño agravado al estar acreditado que dañó el portón metálico de la sala de juicios de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal al efectuar una pintada con un aerosol de color blanco ya que la alteración de la cosa configura el delito de referido, a partir de la variación de su color mediante la pintada en cuestión, con independencia de la conducta previa de terceros, en la medida en que se trata de un bien jurídico -propiedad- cuya lesión admite graduación.

2.-La calificación del hecho como delito de daño agravado debe ser confirmada si el bien afectado en su exterior por una pintada con aerosol es un edificio de tribunales pertenecientes al fuero federal, pues se trata de uno de aquellos que, siendo del Estado Nacional, está destinado al uso y goce del público en general, categoría basada en el destino de la cosa, es decir, su afectación a funciones de interés comunitario.

Fallo:

San Martín, 1 de julio de 2019.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a estudio del Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto a Fs. 49/52Vta. por la defensa oficial de J. P. S. contra la resolución de Fs. 44/47Vta. que decretó el procesamiento del nombrado como autor penalmente responsable del delito de daño agravado y mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de treinta mil pesos -$30.000-(Art. 184 inc. 5° CP; Art. 306 y 518 CPPN).

En la instancia, el señor Fiscal General no adhirió a la impugnación deducida (Fs. 60), mientras que la defensa oficial del encausado la sostuvo (Fs. 61).

Los agravios del recurrente se circunscriben a la arbitrariedad del decisorio cuestionado, por carecer de la debida fundamentación; la atipicidad de la conducta atribuida por falta de perjuicio y, por último, en la incorrecta aplicación de la agravante del inc. 5 del Art. 184 del código de fondo.

Finalmente, apela por arbitraria la fijación del monto del embargo dispuesto. Liminarmente, respecto a la alegada arbitrariedad en el pronunciamiento, no puede dejar de puntualizarse lo reiteradamente sostenido por el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en cuanto a que tal doctrina reviste un carácter excepcional y, por ende, sólo atiende a supuestos de desaciertos u omisiones cuya gravedad acarrea la descalificación de las sentencias como actos jurisdiccionales válidos (Fallos: 305:361 y 1163; 306:94, 262, 391, 430 y 1111; 307:74, 257, 437, 444, 514, 629 y 777; 312:246, 608, 888, 1859, 2017 y 2315; 321:3415 ; y 329:1787 , entre muchos), por lo que para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional, se debe demostrar que el error es tan grosero que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia (Fallos:330:4797 ).

Pues bien, entiende esta Alzada que no es admisible su invocación respecto de la decisión impugnada, toda vez que el asunto en revisión fue resuelto con fundamentos suficientes que bastan para sustentar el pronunciamiento como acto judicial; y la mera discrepancia con tal interpretación no autoriza la apertura de la vía intentada.

Por lo demás, con la motivación que exhibe el recurso, la parte no logra rebatir los argumentos que llevaron al Tribunal a decidir en la forma en que lo hizo, exhibiendo una mera disconformidad subjetiva con el criterio expuesto, limitándose a reiterar algunos argumentos que -a su entender- podrían conducir a una distinta solución.

Ahora bien, en los límites de la jurisdicción conferida, analizado a la luz de las reglas de la sana crítica, el Tribunal considera que debe confirmarse el auto de mérito puesto en crisis (Art. 398 y 306 CPPN).

Ello, al sopesar todos los elementos de prueba glosados al sumario, que permiten tener por verificado el suceso y la intervención criminal del nocente.

En efecto, ha quedado demostrado, con el limitado alcance que esta etapa procesal requiere, que el día 20 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 17:05 horas, J. P. S. dañó el portón metálico de la sala de juicios del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, sita en la calle Pueyrredón N° 3728 de la misma localidad, al efectuar una pintada con un aerosol de color blanco. Sobre el punto, el agente Ricardo Suleyman -numerario de la Policía Federal Argentina- quien se encontraba afectado a colaborar con la Delegación San Martín de dicha fuerza para ofrecer seguridad en la audiencia que tendría lugar en la sala de juicios del Tribunal mencionado, observó a través del portón un masculino, de tez trigueña, de 1, 70 mts. de altura, vestido con una remera negra, bermudas y zapatillas de igual color, que se encontraba realizando maniobras de pintada sobre la superficie del portón descripto (Fs.1/Vta).

En función de ello, dio la voz de alto, haciendo el causante caso omiso a la orden impartida y dándose a la fuga. Posteriormente, fue detenido a la altura catastral 2153 de la calle Salguero y, en presencia de testigos, se procedió al secuestro de un esmalte sintético color blanco con inscripción “Kuwait”, de 155/240 gramos, que tenía en su poder.

Ello conforme surge de la declaración testimonial rendida por el Suboficial de la Policía Federal Argentina, Ricardo Suleyman, el acta de detención y secuestro, las declaraciones de los testigos de actuación, el croquis ilustrativo y las placas fotográficas agregadas en autos (Fs. 1/Vta, 3/ 4, 6, 9/13).

De todo ello, se colige el evento dañoso acreditado en autos, conforme las reglas de la sana crítica.

Especial relevancia cargosa cobra el testimonio suministrado por el agente de la Policía Federal Argentina en orden a la intervención que, en el suceso, le cupo al encausado -cuya descripción física se condice con las fotografías agregadas a Fs. 9-, la cual no aparece de momento neutralizada por otra evidencia que le reste mérito probatorio.

A lo dicho, se suma el relato conteste de los testigos Manuel Jesús Ozacar y Emanuel Gastón Cabrera, quienes refirieron que a la persona detenida se le secuestro “un aerosol de color blanco” (Fs.5 y 6).

Lo explicitado se condice con el color de la pintada que se encuentra estampada en el portón de la sala de juicios dañada.

En orden a la queja vinculada a la atipicidad de la conducta enrostrada, por la falta de alteración de la cosa, derivada de una supuesta pintada negra preexistente, decimos que la alteración -tal como ha ocurrido en el “sub lite”- configura el delito de daño, a partir de la variación de su color mediante la pintada en cuestión, con independencia de la conducta previa de terceros, en la medida en que se trata de un bien jurídico -propiedad- cuya lesión admite graduación.

En punto al agravio de la parte recurrente, relativo a la calificación legal endilgada (Art. 184 inc. 5° del CP), el Tribunal comparte la adscripción típica seleccionada por la juez a quo.

En tal sentido, cabe recordar que el bien afectado es uno de aquellos que, siendo del Estado Nacional, está destinado al uso y goce del público en general; categoría basada en el destino de la cosa, es decir, su afectación a funciones de interés comunitario.

Por ello, se estima que la aplicación de la figura agravada en la decisión apelada resulta adecuada al caso y, por tanto, será homologada.

En el mismo orden, el agravio vinculado a que el imputado desconocía que el edificio pertenecía al Estado Nacional, frente a la alegada ausencia de carteles identificatorios, también habrá de ser descartado.

En efecto y, con independencia de la existencia o no de cartelería específica, no puede desconocerse la presencia de personal policial uniformado en la puerta del edificio, cumpliendo funciones de custodia, lo que indicaba el ineludible carácter público del mismo. Tal el caso del Suboficial de la Policía Federal Argentina, Ricardo Suleyman, quien en tal carácter, advirtió la presencia del nocente, y procedió a efectuar su detención.Así las cosas, frente a la prueba de cargo reseñada, no hay descargo plausible que atender por parte del imputado, ya que al momento de recibírsele declaración indagatoria hizo uso de su derecho a negarse a declarar (Fs. 40/41).

Entonces, encontrándose demostrada la unión de los elementos objetivos y subjetivos que el ilícito en trato requiere a su respecto, habrá de confirmarse su procesamiento.

Por último, en relación a la posible ausencia de motivación del embargo dispuesto y de su monto, fijado en la suma de treinta mil pesos ($30.000), el Tribunal estima que la decisión impugnada cumple con la manda de motivación que prescribe la norma invocada por la parte, pues contiene una explicación de la conclusión a la que arriba la señora juez a quo para disponerlo y la normativa aplicable al caso, respecto del cual pudo válidamente poner en ejercicio los mecanismos de impugnación a que se encontraba habilitado, de modo que la pretensión no ha de tener andamiento, ya que se aprecia que la decisión cumple con las formalidades prescriptas en el Art. 123 del ordenamiento adjetivo.

Al mismo tiempo, se aprecia que el monto dispuesto por la a quo en el marco del embargo que aquí se cuestiona, se considera adecuado en el caso para cubrir las exigencias del artículo 518 del ritual. En ese sentido, su imposición se erige como consecuencia del dictado del auto de procesamiento, siendo de especial consideración contemplar las costas y los gastos causídicos que pudieran corresponder. En razón de lo expuesto, se rechaza sobre el punto la impugnación y el recurso es improcedente (doct. Art. 455 CPPN).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la apelada resolución de Fs. 44/47Vta. en lo que decide y fuera materia de recurso y agravios.

A los fines del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de la Sala según Resolución 24/2019.

REGíSTRESE, NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE (LEY 26856 Y AC. 24/13 CSJN) Y DEVUéLVASE.

ALBERTO AGUSTIN LUGONES

JUEZ DE CáMARA

JUAN PABLO SALAS

JUEZ DE CAMARA

MARCOS MORAN

JUEZ DE CAMARA

PABLO JAVIER FLORES

PROSECRETARIO DE CAMARA