Mejor a pie que arriba de una ambulancia: Paciente sufrió daños cuando se dirigía a efectuar su tratamiento en el asiento delantero de la ambulancia que colisionó con otro automóvil

Partes: P. L. c/ Obra Social de Seguros y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 3-jul-2019

Cita: MJ-JU-M-120065-AR | MJJ120065 | MJJ120065

La empresa contratada para el traslado de pacientes, la dueña del móvil, su seguro y la obra social resultan responsables por los daños que sufrió el actor cuando se dirigía para efectuar su tratamiento de rehabilitación, en el asiento delantero destinado al acompañante de la ambulancia y participó de una colisión con otro automóvil.

Sumario:

1.-Corresponde condenar en los términos del art. 1113 del CC. a la empresa contratada para el traslado de pacientes, a la dueña del móvil y a su seguro y a la obra social, por los daños que sufrió el actor cuando se dirigía para efectuar su tratamiento de rehabilitación, en el asiento delantero destinado al acompañante de la ambulancia y participó de una colisión con otro automóvil, padeciendo como consecuencia de ello diversas daños , pues en virtud de la prueba pericial la ambulancia circulaba manteniendo distancias tan reducidas respecto al auto que iba delante e hizo que no pudiera evitar la colisión, máxime cuando la ley de tránsito no autoriza la libre circulación con un enfermo en la parte delantera y no disponer de personal idóneo para asistirlo durante el trayecto.

2.-La cláusula de la que se pretende amparar la aseguradora para exonerarse de las consecuencias que sufrió el actor como consecuencia del accidente cuando era transportado en ambulancia para efectuar su tratamiento de rehabilitación resulta irrazonable, pues en el marco de una póliza contratada para amparar a un vehículo afectado a Ambulancia cuyo uso pautado era el de traslados de pacientes, qué era lo que se podía transportar sino pacientes.

3.- El vínculo que se genera entre la obra social y el paciente, con motivo de la atención médica del último, es de origen contractual, ya sea que se sustente en la estipulación a favor de terceros o en la obligación de garantía en beneficio de los afiliados, consistente en que las prestaciones médico asistenciales se brinden con eficacia.

4.- Aun cuando se afirme que la naturaleza de la relación entre los afiliados y las obras sociales consiste en un vínculo de seguridad social, ello no impide considerar que la eventual responsabilidad de la obra social frente a los daños que puedan sufrir sus afiliados derivados de una deficiente prestación de salud, deba enmarcarse en la esfera contractual.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de julio diecinueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la sala “G” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “P. L. C/ OBRA SOCIAL DE SEGUROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 698/703 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado oportunamente el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: CARLOS ALFREDO BELLUCCI- GASTON MATÍAS POLO OLIVERA- CARLOS A. CARRANZA CASARES.

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Bellucci dijo:

I.- En el mediodía del 22 de junio de 2009, el sr. L. P. se dirigía para efectuar su tratamiento de rehabilitación, en el asiento delantero destinado al acompañante de la ambulancia Fiat Fiorino, dominio ERV-904 perteneciente a María Alejandra Rubatto y contratada por Internacional Health Services Argentina S.A. para trasladar a pacientes de la Obra Social de Seguros. Lo hacían por la Autopista 25 de mayo, en dirección a esta Ciudad cuando al encontrarse próximo al peaje Perito Moreno, la camioneta participó de una colisión con el automóvil marca Chevrolet, modelo Meriva, dominio EYL-329, padeciendo como consecuencia de ello diversas daños que describe en el libelo introductorio.- Demandó a la propietaria del rodado en el que era transportado, a la empresa que lo alquiló y a su obra social, el resarcimiento de las yacturas que clasificó y liquidó a fs. 22/29, y citó en garantía de su pretenso crédito a la aseguradora de aquél.- Solicitó y obtuvo el beneficio de litigar sin gastos conferido a fs. 95 del acólito incidente n° 15187/2011, a mi vista.

En la acción penal n° 74039 caratulada: “Bermúdez Pablo Martín y Cattani Sergio Omar s/art.94 CP” (que tengo a la vista), el sr. Juez dispuso sobreseer a los encartados, fundándose en lo previsto por el artículo 336 del código procesal penal (v. fs. 74/75).

Trabada la litis, la Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda negó puntillosamente cada uno de los hechos aducidos en la demanda y detalló el vínculo que la une con Internacional Health Service Arg. SA en cuanto a la prestación de asistencia médica domiciliaria que debe procurar esta última ,y en quien deslinda su responsabilidad en el evento (v. fs. 63 y sgtes).- A su turno, Internacional Health Service Arg. SA sostuvo que el traslado del paciente estuvo a cargo de una prestadora subcontratada, la sra.

María Alejandra Rubatto. Reconoció la ocurrencia del accidente pero manifestó que éste sucedió por culpa de un tercero por el cual no debe responder (vgr. Chevrolet Meriva) y cuya citación al proceso requirió (v. fs. 88 y sgtes.).

Finalmente, la citada en garantía opuso falta de legitimación pasivo por no seguro. Expuso que quedaban excluidas de la cobertura las personas transportadas en ambulancia en calidad de pacientes. Negó los hechos e impugnó los rubros reclamados (v. fs. 118/126).

A su vez, la sra. María Alejandra Rubatto fue declarada rebelde (v. fs. 196).- Por otro lado, la aseguradora del tercero citado reconoció el siniestro de autos pero imputó exclusiva responsabilidad al conductor de la ambulancia (v. fs. 221 y sgtes.).

Su asegurado contestó en idéntico sentido (v. fs. 239/252).

II.- Finiquitadas sendas y arduas etapas de cognición y debate, a fs. 698/703, el sr.juez de grado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Paraná Seguros SA, y por considerar que ninguno de los demandados -en su rol de contratistas y subcontratistas- acreditó fehacientemente la eximente alegada, dictó condena contra los emplazados y su seguro e impuso las costas que allí fijó.

A la par, rechazó la demanda contra el tercero citado y su aseguradora.- Procrastinó la regulación de los honorarios a favor de los sres. profesionales que dieron asistencia en la lid.

III.- El fallo no conformó a ninguna de las partes.- Así, Internacional Health Services Argentina SA sostiene que corresponde eximirlo de responsabilidad o en subsidio, distribuirla con el tercero citado y su seguro, y critica la tasa de interés mandada a liquidar (v. fs. 745/749 con respuesta a fs. 770/773.- Paraná Seguros SA se queja por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, por los montos otorgados en concepto de incapacidad física y daño moral y por la rata del accesorio estipulada (v. fs. 751/756 con repulsa a fs. 765/768).- Obra Social de la Actividad de Seguros cuestiona la responsabilidad que se le endilga, y por haber liberado al tercero citado. Además, critica la suma concedida en concepto de daño físico (v. fs. 757/759 contestado a fs. 765/768 y a fs. 779/782).- Finalmente, el heredero del accionante ataca por exiguo el importe fijado por incapacidad física (v. fs. 760/763 con réplica a fs. 775/778 y a fs. 783/784).- IV.- Antes de entrar en el análisis de las quejas, diré que en atención a la fecha del hecho juzgado y en función de lo que explícitamente dispone el art. 3 del c.c. que en lo sustancial coincide con el art.7 del nuevo código unificado (ley 26.994), y en función del principio de irretroactividad legalmente consagrado, la revisión que emprenderé lo será a la luz de las normas del ilustrado código de Vélez en su T.O según ley 17.711/68.- Vamos al hueso de la controversia revisora que se da en esta instancia.- De la excepción opuesta y fundada en la exclusión de cobertura por no amparar el supuesto de personas transportadas en calidad de pacientes.- La aseguradora de la ambulancia en donde era transportado el hoy extinto actor se agravia del rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta al contestar su citación.- Sostiene que el magistrado dispuso que la cláusula de exclusión contenida en la póliza era irrazonable sin exponer otro fundamento.- Insiste que el riesgo denunciado por el actor se encontraba amparado por la póliza Nro. 2.334.645 y que de aquélla se desprende, dentro de las Condiciones Generales Capítulo “A”, Cláusula 2da., “Riesgo cubierto”, que quedan excluidas de esta cobertura, las personas transportadas en ambulancias en calidad de pacientes”.- Ahora bien, el contrato de seguro debe mencionar el riesgo asegurado; normalmente una cláusula prevé el riesgo genérico a cubrir (por ej. incendio), y luego señala diversas hipótesis que van acotando el ámbito dentro del cual regirá la cobertura otorgada (por ej., se excluyen incendios producidos por actos de terrorismo). O sea, normalmente la individualización del riesgo se hace con indicaciones positivas y luego, indicaciones negativas ayudan a su concreta conformación. La determinación del riesgo implica pues dos fases: a) la individualización del riesgo, consistente en la indicación de la naturaleza del hecho de cuyas consecuencias se busca amparo (por ej.incendio, robo, granizo, muerte, etc), y b) la delimitación del riesgo que resulta de la fijación de límites concretos a ese riesgo.

Cuando la delimitación de ese riesgo es de naturaleza convencional, aparecen las llamadas cláusulas de exclusión de cobertura o de no seguro o de no garantía. Estas cláusulas señalan hipótesis que, o bien resultan no asegurables, o bien son intensamente agravantes del riesgo y por ello son colocadas fuera de la cobertura. Otras veces constituyen simples menciones objetivas de lugares, personas o cosas, dirigidas a fijar ámbitos concretos en los que operará el seguro. En otros términos, la delimitación del riesgo consiste en excluir o restringir los deberes del asegurador por la no asunción de alguno o

algunos riesgos. Implica un no seguro; ausencia de tutela o garantía.

Estas cláusulas no atribuyen directamente derechos ni imponen obligaciones sino que su función consiste en describir el ámbito dentro del cual el seguro brindará su amparo. Son esencialmente descriptivas, marcando el área de aseguramiento mediante la mención de inclusiones y exclusiones.- Las cláusulas de exclusión de la cobertura (llamadas también de no seguro o no garantía) al igual que las denominadas cláusulas de caducidad, producen como resultado que el asegurado no percibe la prestación comprometida por el asegurador. Sin embargo, hay entre ellas diferencias significativas, entre otras, las que se enumeran a continuación: a) las cláusulas de caducidad son sancionatorias; imponen una pena; las de exclusión de cobertura son descriptivas, limitándose a indicar los riesgos que, “ab initio”, no están cubiertos; b) Las cláusulas de caducidad suponen una situación originariamente cubierta por el contrato, las de exclusión de la cobertura en cambio, colocan los supuestos que describen fuera del amparo del contrato.Se trata de una delimitación objetiva del riesgo que consiste en excluir o restringir la responsabilidad del asegurador por la no asunción de alguno o algunos riesgos o por la exclusión de algunos resultados o daños expresamente pactados en la póliza, e implica sobre éstos, ausencia de tutela o garantía. (conf. Soler Aleu, Amadeo “El nuevo contrato de seguro” Ed. Astrea pags. 65 y 66); c) El asegurador que alega la caducidad debe probarla; en cambio, es el asegurado quien tiene la carga de probar que el siniestro se ubica entre los riesgos tomados por la aseguradora; d) Cuando ocurre un supuesto previsto en alguna cláusula que establece una exclusión de cobertura, el asegurado nunca tuvo derecho a cobertura, pues era un supuesto no asegurado según el contrato; mientras que cuando se aplica una cláusula de caducidad, el asegurado tenía derecho a ser cubierto, pero lo perdió por haber incumplido una carga (conf. Font Ribas, Antonio, “Exclusiones de cobertura y cláusulas limitativas. La delimitación del objeto y la limitación de derechos en el contrato de seguros”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 20, Seg uros II, pág. 129 y sgtes.) e) La caducidad autoriza a la rescisión del contrato; el no seguro o no garantía ninguna relación tiene con la rescisión; se trata, simplemente, de una situación ajena al contrato; f) Las cláusulas de caducidad sólo son oponibles a terceros si se trata de defensas nacidas con anterioridad al siniestro. Las de exclusión a la cobertura, en cambio, resultan del contenido mismo del contrato, son siempre anteriores al siniestro y oponibles a los terceros, aun al trabajador en el seguro de accidente de trabajo; g) Las reglas de interpretación de unas y otras presentan algunas variantes. Hay consenso en que la extensión del riesgo asegurado y los beneficios otorgados deben ser interpretados literalmente, ya que lo contrario provocaría un grave desequilibrio en el conjunto de operaciones de la compañía (Halperín, Isaac, “Seguros”, 2a. ed., actualizada por JCF Morandi, Bs.As., Depalma, 1986, t. II, pag. 503 y sgtes.).- Como enseñaba Morandi en el fallo de la Sala B. publicado en La Ley 1980-B-160, cuando hay una exclusión del riesgo, el asegurador manifiesta explícitamente en la póliza su voluntad de “no” cubrirlo. Desde el principio del contrato, declara no tomarlo a su cargo y el asegurado no tiene derecho a indemnización alguna. En este supuesto se origina una falta de cobertura, un “no” seguro, porque el riesgo se haya formalmente fuera de la garantía de la póliza respectiva. Existe una diferencia cualitativa entre el riesgo asumido y el riesgo excluido. Lo significativo es que se trata de un riesgo “diverso” del previsto en la póliza es decir de aquel sobre cuya base se efectuó el contrato. Habrá pues riesgo excluido o evento no cubierto todas las veces que el siniestro tenga lugar en ocasiones que el contrato prevé expresamente como no idóneas para hacer funcionar la garantía del asegurador. El “riesgo asegurado” pues o, “riesgo asumido”, es la posibilidad de que el evento dañoso se concrete en las condiciones contempladas en la póliza- (en CNCIV, Sala E. “in re” “A.,M.A c. G., M.R. y otros” s/ daños y perjuicios” del 7 de julio de 2010 en El Derecho del 6 de julio de 2012, pág.1 y ss.).

Es que cuando se contrata un seguro se cubre un riesgo determinado (por ejemplo el incendio de una casa); por lo que si se incendia otra casa, no hay obligación alguna a cargo del asegurador.

El objeto del contrato es el previsto en sus términos, sean éstos escritos o verbales.- Las cláusulas, como sucede en el ámbito de toda negociación, deben ser razonables y responder a las necesidades técnicas del seguro. No se deben erigir en supuestos formales, en preceptos rituales, vacíos de contenido razonable.En otros términos, “si bien la enunciación de los riesgos y la extensión de la cobertura debe apreciarse en forma limitativa, sin que sea admisible una interpretación extensiva, ya que se produciría un desequilibrio de la pretensión asumida por el asegurador en beneficio de la parte asegurada, ello es así siempre y cuando la cláusula no sea confusa, que haya podido recibir de buena fe una interpretación más amplia, o cuando la limitación pretendida es contraria a la naturaleza del riesgo cubierto; es decir, que aún las cláusulas de enunciación de los riesgos y de extensión de la cobertura deben interpretarse conforme a la expectativa razonable y al propósito del hombre corriente de negocios (ver mis votos preopinantes “in re” L. 54.106 12/4/06 “M.,E.N. c/ P., D.C s/ daños y perjuicios” y en Libre n° 523.732 , con data del 14 de abril de 2009 y sus citas.).- Tal como ha sostenido un autor con el que concuerdo “es importante resarcir daños, pero es fundamental que, so pretexto de resarcirlos, no termine el juez plasmando enriquecimientos sin causa de los reclamantes o violando los derechos constitucionales de los demandados. Ambos extremos son igualmente importantes, y deben ser protegidos tanto los derechos de las víctimas como los de los demandados”, ya que “las anteojeras ideológicas son exactamente lo contrario al microscopio del científico: ellas esfuman y esconden lo que éste acerca y focaliza”. (Lopez Mesa, Marcelo J., “De nuevo sobre la antijuridicidad como presupuesto (inexcusable) de la responsabilidad civil” en J.A. fasc.N° 6, 2009, Abeledo Perrot, págs.

7 y 31).- Considero que la cláusula de la que se pretende amparar la aseguradora para exonerarse de las consecuencias de este pleito resulta irrazonable, como lo sostuvo el sentenciador de grado, en el marco de una póliza contratada para amparar a un vehículo Pick Up afectado a Ambulancia cuyo uso pautado era el de traslados de pacientes.- Me sorprende entonces que estando el locomóvil destinado a uso de ambulancia para traslado, hace que me pregunte¿ qué era lo que se podía transportar sino pacientes?; a caso, la compañía aseguradora pretendía que se trasladaran mercaderías?.- Tal postura resulta inatendible y, fácil resulta colegir la insensatez y ausencia de razonabilidad en aquélla.

Por lo demás, no hay que olvidar que el seguro de responsabilidad civil tiene una función altamente social, repara el perjuicio sufrido por la víctima (art. 118), que el legislador y el intérprete no pueden dejar de considerar, por su gran importancia económico- social (cf. Halperín Isaac, Seguros, ed. Depalma, 1976, p.349), y que de amparar la interpretación y valía de la cláusula invocada por la aseguradora, ello importaría lisa y llanamente un supuesto de “no seguro” para el damnificado, que en este caso concreto no puedo acompañar ni admitir.- Razón por la cual, las “cuitas” espetadas en este sentido serán desoídas.- De la responsabilidad .- International Health Service Argentina SA y Obra Social de Seguro se agravian por la responsabilidad que les fuera achacada.

Atacan la prueba pericial mecánica por no resultar idónea para establecer la cinemática del accidente y que en todo caso, no corresponde exonerar al tercero citado.- Además, la Obra social entiende que no puede achacársele responsabilidad pues no ha tenido participación en los hechos objeto de debate por haber delegado el traslado de los pacientes en Internacional Health Service Argentina SA a través del contrato que las vinculara.-

Liminarmente, recuerdo que en función de la revisión que se me propone, nuestro cimero Tribunal Federal ha señalado que en tal “metier”, no se está constreñido a seguir o evaluar todos y cada uno de los agravios expresados, sino sólo atender a aquéllos que estimo conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos, 325:1922; ídem 326:4495, entre tantos otros concordantes).- Coincido con el pronunciamiento en cuanto al encuadre del caso en el supuesto del art. 1113 del Código Civil (cf. doctrina del fallo “Valdez, Estanislao F. c/ El Puente S.A.T. y otro”, del 10/11/94 y C.S.J.N; Fallos: 310:2804).- No se encuentra controvertido en autos que el día 22 de junio de 2009 a las 13.30 aproximadamente, el hoy extinto actor viajaba en el asiento del acompañante, a bordo de la ambulancia marca Fiat Fiorino, dominio ERV-904, el cual era transportado por su Obra Social para la realización de la rehabilitación de un padecimiento físico previo.Lo hacían por la Autopista 25 de mayo, en dirección hacia esta Ciudad, cuando al encontrarse próximo al peaje Perito Moreno participa de una colisión con un rodado marca Chevrolet Meriva, patente EYL-329 que circulaba por la misma arteria y en idéntico sentido.- El juez “a quo” condenó a la empresa contratada para el traslado de pacientes del Fiat Fiorino, a la dueña del locomóvil y a su seguro y a la obra social pues entendió que no se logró probar la versión de los hechos que narró en su responde, pues no acreditó que el chofer del Chevrolet Meriva fuera el causante de la colisión.- En las condiciones expuestas, y encontrándose encuadrada la “questio” en la órbita de la responsabilidad extracontractual regulada por el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, parte referida al riesgo o vicio de la cosa (t.c. ley 17.711), entra a jugar un factor legal objetivo de atribución de responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, cuyo vicio (en el caso el Fiat Fiorino que embistió al Chevrolet Meriva) fue el generador del riesgo productor del daño; y aquél sólo puede eximirse probando la culpa de la víctima, la de un tercero por quién no deba responder o caso fortuito ajeno a la cosa que fracture total o parcialmente la relación causal.- En tal hipótesis, el que pretende la indemnización debe probar la existencia del vicio generador de riesgo y su relación de causalidad con el hecho del que resultó daño a su persona o bienes, e incumbe al accionado la carga de la alegación y prueba de la eximente (conf. art.377 del código de forma, subordinado a las reglas de fondo que rigen la responsabilidad por el hecho de las cosas), que debe demostrarse en forma categórica y convincente.

De ahí, si se repara que la emplazada empresa argumentó que el accidente se produjo cuando el Chevrolet Meriva colisionó a la ambulancia (culpa del tercero), no configura un extremo de “cuasi diabólica” prueba sino que tal requisito emana de un imperativo legal a espaldas de quien o quienes las esbozaran.- Por ende, resulta acertada la decisión de la “a quo” pues no sólo correspondía expresar la existencia de alguna de aquellas eximentes, sino también demostrarlas de manera categórica y contundente.- Desde ese aspecto, no pueden ahora en los agravios intentar valerse de la inidoneidad de la pericial mecánica, pues lo importante de esa experticia es que fue realizada sobre la base de los dichos de las partes en el expediente, y que refiere a la actitud de la ambulancia de circular manteniendo distancias tan reducidas respecto a la Meriva que iba delante e hizo que no pudiera evitar la colisión. Además destacó que la ley de tránsito no autoriza la libre circulación con un enfermo en la parte delantera y no disponer de personal idóneo para asistirlo durante el trayecto (v. fs. 567/569).

Y si bien es cierto que dichas conclusiones se fundamentan exclusivame nte en dogma y mera subjetividad del experto en tanto y en cuanto se basó exclusivamente en los dichos de la parte actora, lo cierto es que de la localización de los daños que ilustran las fotografías de la causa penal (v. fs. 55 y especialmente de fs.71/72), la ambulancia luce dañada en su lateral delantero derecho, lo que demuestra que infringió la distancia prudencial con el rodado que lo antecedía, como destacó el experto y que coincide con los hechos narrados por el tercero citado en su responde.- Además, las partes no pidieron en su oportunidad explicaciones al experto como para esclarecer los puntos que ahora introducen en los agravios, dado que las impugnaciones que efectuaron al tiempo de alegar sólo manifiestan una mera disconformidad subjetiva carente de sustento científico, con el dictamen pericial (arts. 163,477 y cc. de la ley del rito).- Tampoco los apelantes aportaron a la causa testigos presenciales del hecho a efectos de justificar sus dichos, como ser el conductor del servicio galénico, personal del peaje o de la autopista.- Ni menos aun han explicado la circunstancia por la cual un paciente era trasladado en el asiento del acompañante.- En suma, y toda vez que International Health Service Argentina SA no ha probado la eximente invocada de la que ahora quiere valerse la obra social, coincido con la conclusión del primer magistrado.- En lo que respecta a las cuitas de la obra social relacionadas con la extensión de la condenada a su cargo por no haber tenido participación en el evento, cabe señalar que el vínculo que se genera entre la obra social y el paciente, con motivo de la atención médica del último, es de origen contractual, ya sea que se sustente en la estipulación a favor de terceros o en la obligación de garantía en beneficio de los afiliados, consistente en que las prestaciones médico asistenciales se brinden con eficacia. (cf. CNCiv. Sala C, in re: Morra De Lujan, Sandra Mabel y otro c/ Inst. De Serv. Soc.Para El Personal Ferroviario y otros s/ Daños Y Perjuicios, del 24/4/97).

Aun cuando se afirme que la naturaleza de la relación entre los afiliados y las obras sociales consiste en un vínculo de seguridad social, ello no impide considerar que la eventual responsabilidad de la obra social frente a los daños que puedan sufrir sus afiliados derivados de una deficiente prestación de salud, deba enmarcarse en la esfera contractual. Basta con que el deber vulnerado constituya una verdadera obligación, cualquiera sea su fuente, para que estemos ante esa clase de responsabilidad. (cf. CNCiv, Sala A, in re: Melul, Andrea Natalia c/ Vassaro y otro s/ Daños y Perjuicios, del 19/12/12).

La Obra Social debe poner en marcha todo los recaudos necesarios para ofrecer al paciente una atención médica eficiente, y quedan dentro de la esfera de su responsabilidad las prestaciones médico asistenciales que son contratadas mediante terceros, con sujeción a lo dispuesto por el art. 33 de la ley 22.269.

(cf. CNCiv, Sala H, in re: Traczik, José Antonio c/ Obra Social Del Personal De La Construcción y otros s/ Daños, del 27/12/99).- La obra social responde por el hecho de los prestadores o cualquier intermediario, en función de una obligación legal de seguridad. La responsabilidad surge de su deber legal de brindar buena y oportuna asistencia a los beneficiarios del sistema.

Así las cosas , si una empresa gerenciadora se obliga hacia la obra social y sus beneficiarios, es absolutamente ajena a cualquier consideración de diligencia o culpa en la vigilancia o en la elección de aquéllos a través de los cuales cumple su finalidad. Por lo que si se subcontrata con una empresa de ambulancias, para los traslados ésta emplea un móvil defectuoso que causa los daños, hay una relación de dependencia civil. La responsabilidad objetiva se traslada como responsabilidad objetiva por el hecho de otro. (cf. CNCiv., Sala L, in re:Galván, Julio Enrique c/ Ospedyc S/ Daños Y Perjuicios, del 24/04/12).- En tales términos, siendo que en el momento del accidente el actor estaba siendo trasladado en la ambulancia a fin de realizarse una prestación médico asistencial que tenía pautada con su obra social, ésta debe responder por el daño causado por la empresa que contrató par efectivizar el traslado del paciente.- Por lo demás, el vínculo jurígeno establecido entre contratante (Obra Social) y sub contratada (empresa de la ambulancia) es “res inter alios” e inoponible al paciente que, como en este retazo de verdad ya histórico, sufrió lesión al ser transportado para cumplimentar una obligación de atención médico asistencial ya convenida de antemano.- (art. 1195, 1198 primer párrafo y cc. de la ley de fondo).- Propicio entonces rechazar la acidiosa queja espetada y consiguientemente, confirmar lo que sobre este axial aspecto vino decidido de la otra instancia.- De la incapacidad física.- La Obra Social demandada y la citada en garantía consideran improcedente la procedencia de esta partida en tanto consideran que no se ha acreditado la relación de causalidad del evento con los daños físicos que denuncia el perito médico en su experticia.- Por otra parte, el deudo de la víctima sostiene que lo concedido por este rubro es exiguo.- En lo tocante a este menoscabo, sabido es que la indemnización en estudio tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: sala “F” en causa libre n° 49.512 del 18-9-89; Llambías, J.J. “Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-” t. IV-A, pág. 120, n° 2373; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, “Código Civil y Leyes Complementarias, comentado, anotado y concordado” t.5, pág 219, n° 13; Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, t. III, pág.122; Borda, G.A. “Tratado de Derecho Civil Argentino- Obligaciones-“, t. I, pág. 150, n° 149; Mosset Iturraspe, J. “Responsabilidad por daños” t. II-B, pág. 191, n° 232; Alterini- Ameal-López Cabana “Curso de Obligaciones” t. I, pág. 292, n° 652).- En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (conf. CNCiv. Sala “A” en causa libre n° 59.662 del 22-3-90).-

Es que lo que se indemniza por este concepto no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, especialmente aunque no de modo excluyente, las que perduran de manera permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas psíquicas o estéticas que surgen descriptas por el experto, que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCIV, Sala C, septiembre 20/1999, “Huaman, María de la Cruz c/ Micro ómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios”, L. 258.943; id. Sala F, noviembre 16/2004, “Krauthamer Diego c/ Arriola Dalmiro Alberto y otros”, L.372.901; id, abril 14/2005, “Gómez, Jesús Eduardo y otro c/ Muiños, Eduardo Alejandro y otros s/ daños y perjuicios”, L. 403.962; id. Junio 29/2006, L. 441.762 “Torres Celia Cruz c/ Empresa de Transportes Plaza SACEI Línea 114 y otros s/ daños y perjuicios”; id. Septiembre 11/2006, L. 450.612 “Cabral Liliana Mabel c/ Rojas Miguel Ángel y otros s/ daños y perjuicios”).- Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el Sr. L.P. tenía 78 años de edad a la fecha del evento, era jubilado y de estado civil viudo. Vivía con su hijo en su inmueble en la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires.- (conf. fs. 1, 7, 8 y 11 del beneficio de litigar sin gastos).

El peritaje médico obra a fs. 595/607. El experto detalló que no pudo examinar al actor dado que este falleció (no a consecuencia del entuerto juzgado), y elaboró el informe sobre la base de la documentación obrante en el expediente.

Y si bien es cierto que el perito señaló que no puede asegurar que la lesión de la columna que presentó el actor que le ocasionó lumbalgia intensa se haya producido por el accidente de autos, la realidad es que luego informó que es verosímil que el accidente haya actuado como concausa en la invalidez que presentó.

En ese orden de ideas, expresó que el accionante presentó a consecuencia del accidente de autos lumbalgia invalidante. Concluyó que mostró una incapacidad física del 20% de la total vida, parcial y permanente como concausa del accidente (cf. arts. 386, 457 y 477 cc. del Código Procesal).- Dichas conclusiones fueron mantenidas por el experto al contestar el traslado de las explicaciones que se le formularon (v. fs.

629/631 y fs. 633/638).- Cabe recordar, al respecto, que el código de forma indica que la fuerza probatoria del informe pericial será estimada por el juez, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, en concordancia con su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o letrados conforme los artículos 473 y 477 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477 del rito).- El juez no debe apartarse porque sí de las conclusiones del perito en tanto y en cuanto éstas demuestren cumplir con ciertas condiciones.- Es por ello que corresponde aceptar las conclusiones del dictamen pericial al ponderarlo conforme los arts. 386, 477 y cc.del CPCyC.- En orden a la entidad de las lesiones peritadas que guardan relación de causalidad con el accidente de marras; y toda vez que el porcentual experimentado es uno y no único elemento a valorar, y que la extensión de esta yactura no se a tiene rigurosamente a baremos de aplicación a otro fuero, ni a fórmulas rígidas matemáticas, la suma admitida aparece acorde como para jugar a modo de indemnización en correlato con la disposición del artículo 1083 de la ley sustantiva, por lo que, dada la índole de la afectación sufrida, propongo confirmar el monto otorgado en la instancia de grado (arts. 163, 165, 386, 456, 477 y cc. de la ley de forma).- De la “noxa moral”.- A propósito de la “noxa” extrapatrimonial, es decir la presura derivada del evento lesivo, sabido es que se produce “in re ipsa loquitur”, y su admisión tiende a paliar, mediante sucedáneo, la aflicción que el ilícito provocó en el damnificado. Aun con la salvedad de lo harto difícil que resulta medirla en argento, debo recordar que nadie mejor que la víctima puede valorar su padecimiento, y he de meritar las condiciones personales del damnificado: que siendo trasladado en ambulancia a efectos de realizarse un tratamiento de rehabilitación sufrió el accidente. A ello le sumo la angustia y molestias de tener que concurrir a la Clínica San José y posteriormente, a la Clínica La Esperanza, en donde permaneció internado a raíz de los traumatismos que padeció y que impidieron que el actor continúe con aquel tratamiento que venía realizando por las secuelas que le habían quedado de su accidente cerebrovascular.- A la luz de la naturaleza de los perjuicios que he advertido, la suma estimada como sustitutivo de goce aparece un tanto escasa pero ante la falta de recurso del deudo del damnificado que dejó este mundo de vivos, la misma debe ser mantenida en los guarismos establecidos en el fallo que, de modo inane, se critica (arts. 165,271 y cc.de la ley adjetiva; 1078, 1083 y cc. de la sustantiva).- De la tasa de interés.

De acuerdo con lo decidido en el fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 11 de noviembre de 2008, corresponde fijar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, (artículo 303 del Código Procesal), pues en el caso tanto el sr. juez de grado como este vocal que propicia mantenerlos, al fijar los importes de la reparación, lo han hecho conforme el monto histórico reclamado en la demanda, y no se han efectuado actualizaciones que resultan vedadas por el aún vigente artículo 10 de la así llamada ley de convertibilidad, y en tal sentido, el curso de esos accesorios se inicia a partir del momento en que se irroga cada perjuicio objeto de reparación (doctrina plenaria recaída en los autos: “Gómez, Esteban c/ Empresa Nac. de Transportes” del 16/12/1958, publicado en L.L., t. 93, págs. 667/684).- Por ello no encuentro motivos para encuadrar el presente en el cuarto interrogante del citado plenario, y apartarme, en consecuencia, de su doctrina (arts. 622 y cc. del código civil; 303 y cc. del ritual).- Por tal motivo, habrá de confirmarse lo que vino decidido de la anterior instancia.- V.- Las costas de alzada se imponen por su orden, ya que los intentos revisores de ambas partes se frustraron (arts. 68, 71 y cc. cód. proc.).- En suma, sin mis estimados pares compartieran mi postura corresponderá confirmar la sentencia en todo lo que decidió y fue motivo de no atendibles quejas, con costas de alzada por su orden (arts. 68, y cc. de la ley de forma).- Así respondo con mi voto en forma afirmativa como respuesta al interrogante copete de este acuerdo.- Los Señores Jueces de Cámara Doctores Gastón M. Polo Olivera y Carlos A.Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por el Doctor Bellucci.- Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 3 de julio de 2019.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decidió y fue motivo de no atendibles quejas, con costas de alzada por su orden.

II.- Una vez regulados los emolumentos devengados a favor de los sres. profesionales por sus tareas desarrolladas en la instancia de grado, se fijarán los correspondientes a las aquí llevadas a cabo.

III.- Vueltos los autos a la instancia de grado el tribunal deberá arbitrar lo conducente al logro del ingreso del tributo de justicia y, se recuerda la personal responsabilidad que en ello trae e impone la ley 23.898.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal.- Regístrese, notifíquese por secretaría al domicilio electrónico denunciado o en su caso, en los términos del art. 133 del CPCC, conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN; y oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la CSJN y devuélvase.

CARLOS ALFREDO BELLUCCI

GASTÓN M. POLO OLIVERA

CARLOS A. CARRANZA