El síndrome de la rana hervida y la judicialización del cambio climático

Autor: Aliciardi, M. Belén

Fecha: 11-jun-2019

Cita: MJ-DOC-14919-AR | MJD14919

Doctrina:

Por M. Belén Aliciardi (*)

El cambio climático, a pesar de sus detractores es una realidad que no se puede negar. Que más antes o más después suframos los efectos de la misma. Esperemos que no nos pase como la fábula de la rana hervida en la olla. La fábula, también llamado «Síndrome de la Rana Hervida» es fruto del escritor Peter Senge quien menciona la misma en su libro «La Quinta Disciplina» donde explica sobre el comportamiento de las empresas y organizaciones ante determinados eventos que se suscitan o pueden pasar. Pero, en el presente artículo, el enfoque irá concentrado al cambio climático.

Antes de iniciar el cuento apelo a un pensamiento muy importante: «El calentamiento global es una verdad incómoda que muy pocos se atreven a enfrentar y que para muchos pasa desapercibida». (1)

¿Qué ocurre si lanzas una rana en una olla de agua hirviendo? (Solo imagínalo, no lo hagas). Lo lógico es que de inmediato salte e intente escapar, si es que antes no muere. Pero, ¿qué pasa si pones la rana en agua a temperatura ambiente y muy, muy lentamente la vas calentando hasta que comience a hervir?

Una creencia popular dice que la rana se quedará tranquila, sin darse cuenta de que el agua se está calentando. El aumento de la temperatura será tan sutil que su cuerpo se irá adaptando al cambio, hasta que finalmente muere hervida, casi sin darse cuenta.

En esta fábula, imagínate que la humanidad es la «rana», el agua caliente es el calentamiento global y la olla es nuestra limitación como visión.

El tristemente famoso calentamiento del planeta conlleva al cambio climático y éste nos pasa la «factura» con más sequías e inundaciones donde antes no solían haber o intensifica la fuerza y la ocurrencia de fenómenos naturales extremos.Todo esto ante la mirada pasiva o insuficiente de nosotros y ante el actuar artero y calculado de las grandes potencias contaminadoras.

Pocos son los casos en donde esa inacción ha llegado a la justicia, y menos aún la cantidad de esos casos en donde la sentencia ha sido favorable como los que veremos a continuación.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2), a marzo de 2017, se habían presentado 654 litigios en los Estados Unidos y 230 casos más en el resto del mundo. Aunque la mayoría de estos casos se concentran en el Norte global, también se han emprendido litigios sobre cambio climático en países como India (3), Sudáfrica, Filipinas y Pakistán (4).

Vale destacar el caso de «Urgenda vs. Holanda». En el 2015, un grupo de vecinos holandeses demandó a su gobierno para que cumpla o aumenten su compromiso de reducir las emisiones de carbono. Allí el Juzgado de Primera Instancia de La Haya ordenó al Estado de su país reducir las emisiones de carbono un 25% antes de 2020 a raíz de una demanda ciudadana. Luego el Estado apeló argumentando que los tribunales no tienen derecho a tomar decisiones sobre este asunto. Y en el 2018, el Tribunal de Apelación de La Haya ratificó la sentencia del año 2015 desestimando todos los argumentos que habían presentado los abogados del Estado.Otro caso que corresponde destacar, por ser el primer fallo en América Latina es el de Colombia en el 2018, donde un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes de 17 ciudades del país -acompañados por la ONG Dejusticia- presento la demanda y la Corte Suprema de Justicia De Colombia reconoce a la Amazonía colombiana como una «entidad sujeto de derechos» y la deforestación causa perjuicio inminente y grave para todos los colombianos, para las generaciones presentes y futuras, y ordenó al Gobierno Colombiano a que en 4 meses presente plan de acción para hacerle frente a la deforestación en la Amazonia, principal causante del cambio climático en el país y ordenó a los municipios de la Amazonia actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial en un plazo de cinco meses, y contar con un plan de acción de reducción de la deforestación a cero con estrategias medibles.

También hay casos de administraciones locales que están dando la pelea por el cambio climático como lo es el Caso de Nueva York, que demandó a las petroleras Exxom Mobil, Conoco Philips, Chevron, Royal Dutch Shell y BP buscando una compensación por su contribución al cambio climático para exigirles pagar los costos de las murallas que las ciudades tendrán que construir para protegerse del alza del nivel del océano por el calentamiento global. Lo mismo hicieron Santa Cruz, Oakland y San Francisco en California en 2017.

El caso «A. Massachussetts et al.versus Environmental Protection Agency (EPA)et al» (5), donde el 20 de octubre de 1999, un grupo de organizaciones privadas (6), estados y administraciones locales de Estados Unidos solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos la regulación de las emisiones de gases con efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono de los nuevos vehículos motorizados, de acuerdo con el párrafo 202 de la Ley del Aire Limpio (Clean Air Act), que exige a la EPA el establecimiento de estándares «aplicables a la emisión de cualquier contaminante del aire de cualquier clase. de vehículos de motor nuevos. que a juicio de la Agencia causen, o contribuyan a causar, contaminación del aire. razonablemente. considerada perjudicial para la salud o el bienestar público

«Ned Comer, et al. versus Murphy Oil USA», et al, interpuesto por un grupo de víctimas del Huracán Katrina (7), que decidieron, semanas después de la tormenta (agosto de 2005), demandar colectivamente (20 de septiembre de 2005) a las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero (8), por su responsabilidad en la producción del ciclón tropical y reclamar la indemnización por daños y perjuicios de estas compañías multinacionales. Los demandantes alegan que el uso por los acusados de energía derivada de combustibles fósiles y de productos químicos en Estados Unidos provocó la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyeron al calentamiento global. Además, los demandantes alegaban que las empresas tienen la obligación de evitar poner en peligro injustificadamente el medio ambiente, salud pública, la propiedad pública y privada.

En «Connecticut et al. versus American Electric Power Company et al», en 2004, en Estados Unidos, dos grupos de demandantes, ocho estados federales (9) y tres organizaciones no gubernamentales, (10) separadamente, entablaron acciones judiciales en contra de las cinco compañías generadoras de electricidad más importantes de la nación.Amparados por el «Federal Common Law of Public Nuisance» y bajo el fundamento de estar ante los mayores contaminadores de gases con efecto invernadero del país, causantes de aproximadamente el 10% de la emisión nacional, los actores solicitaron la limitación y posterior reducción de sus niveles de CO2. (11)

En «Native Village of Kivalina and City of Kivalina v. Exxon Mobil Corporation et al», el pueblo esquimal de Kivalina se encuentra en el noroeste de Alaska, en Estados Unidos. Esta aldea habitada por unas 400 personas sufre los efectos del cambio climático y atribuye la responsabilidad de los daños sufridos sobre su población y territorio a la explotación petrolera. En efecto, este territorio está sufriendo la erosión de su territorio, puesto que al disminuir la cantidad de hielo, el viento y las fuertes tormentas afectan gravemente la tierra y las condiciones de vida de la aldea.

En el caso «Juliana v. US» (Juliana, por el apellido del primer demandante, contra Estados Unidos), la «Our Children’s Trust» (OCT), una organización liderada por veintiún niños y niñas, demanda a la administración federal por considerar que «a través de las acciones del gobierno de los Estados Unidos que causan el cambio climático, ha violado los derechos constitucionales de la generación más joven a la vida, la libertad y la propiedad y no ha protegido los recursos públicos esenciales». El Tribunal Supremo, dispuso que el caso puede seguir adelante, a pesar de que la administración Trump pidiese a este organismo que intercediese y lo desestimase. El tribunal ha desoído su petición.

Por ahora en Argentina no encontramos fallos de cambio climático.

Recordemos que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables de la Organización de Naciones Unidas, el N° 13 se refiere específicamente a la «Acción por el clima» también conocido como la «Lucha contra el cambio climático», por lo cual todos aquellos países que adhirieron a la misma deben actuar, entre ellos Argentina.Otra iniciativa que merece mención relaciona con el tema, es el Tribunal Internacional de Justicia Climática, impulsado por las organizaciones sociales, redes de activistas y los pueblos que en octubre de 2009 propuso una Primera Pre Sesión en la ciudad de Cochabamba. Fue una de los proyectos más importantes de la sociedad civil organizada para impulsar desde abajo una nueva institucionalidad destinada a la defensa del Planeta y los derechos humanos ante el crimen que representa el cambio climático. Bajo esta misma idea, en varias partes del mundo se organizaron diversas iniciativas para recoger testimonios e iniciar procesos simbólicos de juzgamiento a los responsables del cambio climático.

El objetivo del TJC es el de contribuir a un Tribunal de Justicia que permita juzgar a los Estados, empresas e instituciones financieras responsables del cambio climático, así como a quienes promueven falsas soluciones como los mercados de carbono, transgénicos, agrocombustibles y las grandes hidroeléctricas, ya que sus efectos atentan contra la vida y el equilibrio ecológico. En ese marco, se propuso coadyuvar a la tipificación internacional de los crímenes climáticos, elevar la sensibilización en el mundo sobre la justicia climática y la deuda ecológica, fortalecer la capacidad de vigilancia y la lucha de los pueblos por la justicia climática, incidir en la adopción de políticas adecuadas, estrategias y acciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y contrarr estar las falsas soluciones que profundizan la crisis.

Un Tribunal Ético de Justicia Climática de la sociedad civil, aunque no vinculante, tiene la suficiente fuerza moral como para visibilizar, juzgar y sancionar moralmente a los responsables de esta debacle, sobre todo para impulsar un gran movimiento de la sociedad civil sobre justicia climática. Pero cabe la pregunta planteada por el propio proceso: ¿Seremos capaces de lograr una verdadera justicia sin un marco vinculante como el de las Naciones Unidas?Si bien los instrumentos de referencia del Tribunal Ético son la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto, ¿Cómo podemos promover que éstos sean también la base para un Tribunal de Justicia Climática vinculante en el marco de la legislación internacional actualmente existente y por tanto aprovechar Hacia un Tribunal de Justicia Climática 285 las instancias hasta ahora desarrolladas, sabiendo que debemos, al mismo tiempo, construir efectivamente conceptos e instrumentos que nos permitan abordar una problemática compleja como es la del cambio climático, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, aún en proceso progresivo de construcción? (12)

Posteriormente, y dando seguimiento a las amenazas que representan el cambio climático y las falsas soluciones en la Cumbre de los Pueblos del Sur de 2008 en Bahía, Brasil, también se planteó la necesidad de un Tribunal de Justicia Climática. De igual forma, durante el Foro Social Mundial de 2009, se plantearon varios debates sobre la Deuda Ecológica y la Justicia Climática con distintas organizaciones y redes. Otra iniciativa, centrada en los crímenes ambientales, es la propuesta de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente para la Protección de la Salud del Hombre y de la Mujer, del Planeta Tierra y de sus Ecosistemas que busca el reconocimiento del desastre ambiental intencional como crimen contra la humanidad.

Otro espacio de discusión sobre el Tribunal Internacional de Justicia Climática fue la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas de Puno, en la que de manera colectiva se resolvió establecer un Tribunal de Justicia Climática que juzgara a las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices que depredan la naturaleza, saquean sus bienes naturales y vulneran sus derechos, como el primer paso hacia una Corte Internacional sobre Delitos Ambientales. De igual manera las decisiones del Foro Indígena de las Naciones Unidas se han pronunciado por promover un Tribunal de Justicia Climática y una movilización global por los derechos ambientales.Como vemos el movimiento climático está evolucionando y, a medida que aumenta la presión sobre los gobiernos para que combatan el cambio climático, se diversifica su conjunto de herramientas y estrategias para exigir el cambio social. Claramente, el litigio es una estrategia que vale la pena intentar. En todo caso, será necesario distinguir entre los casos contra empresas privadas y las demandas contra Estados según el derecho internacional público.

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(1) Frase de Marcelo MOSCOSO PANTOJA. MSc. Ingeniero Agrónomo especializado en Medio Ambiente. Consultor Ambiental de Bolivia.

(2) THE STATUS OF CLIMATE CHANGE LITIGATION A GLOBAL REVIEW. United Nations Environment Programme, May 2017

(3) Pandey v. India

(4) Ali v. Federation of Pakistan (Supreme Court of Pakistan 2016)

(5) Massachusetts, et al., Petitioners v. Environmental Protection Agency, et al. 549 U.S. 497; 127 S. Ct. 1438. Sobre esta cuestión consultar: Global Warming Panel, Part II, «The Role of State Attorneys General in National Environmental Policy», 30 COLUM.J. ENVTL. L. 351, 352 (2005).

(6) Las organizaciones fueron: Centro Internacional de Evaluación de Tecnologías, Alliance for Sustainable Communities; Applied Power Technologies, Inc.; Bio Fuels America; The California Solar Energy Industries Assn.; Clements Environmental Corp.; Environmental Advocates; Environmental and Energy Study Institute; Friends of the Earth; Full Circle Energy Project, Inc.; The Green Party of Rhode Island; Greenpeace USA; International Center for Technology Assessment; Network for Environmental and Economic Responsibility of the United Church of Christ; New Jersey Environmental Watch; New Mexico Solar Energy Assn.; Oregon Environmental Council; Public Citizen; Solar Energy Industries Assn.; y The SUN DAY Campaign.

(7) En concreto eran: Ned Comer, Brenda Comer, Eric Haygood, Brenda Haygood, Larry Hunter, Sandra L. Hunter, Mitchell Kisielweski, Johanna Kisielweski, Elliott Roumain, Rosemary Roumain, Judy Olson y David Lain.

(8) La demanda, interpuesta el 20 de septiembre de 2005, reclama la indemnización por daños y perjuicios de las compañías multinacionales, en concreto de las siguientes:Murphy Oil USA; Universal Oil Products (UOP); Honeywell International Inc.; Shell Oil Company; Exxon Mobil Corporation; AES Corp.; Alliance Resource Partners LP; Alpha Natural Resources Inc.; Arch Coal Inc.; Foundation Coal Holdings Inc.; Massey Energy Co.; Natural Resource Partners LP; Peabody Energy Corp.; Westmoreland Coal Co.; International Coal Group Inc.; Consol Energy Inc.; BP America Production Company; BP Products North America Inc.; Cinergy Corp.; Duke Energy Corp.; Reliant Energy Inc.; Allegheny Energy Inc.; ConocoPhillips Company; EON AG; The Dow Chemical Company; E.I. DuPont De Nemours & Co.; Entergy Corp.; FirstEnergy Corp.; FPL Group Inc.; Tennessee Valley Authority; Xcel Energy Inc.; Chevron USA Inc.; The American Petroleum Institute.

(9) Estos Estados eran: California, Connecticut, Iowa, New Jersey, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.

(10) En concreto: The Open Space Institute, the Open Space Conservancy and the Audubon Society of New Hampshire.

(11) Sobre esta cuestión consultar: Grossman, D. A., «Warming Up to a Not-So-Radical Idea: Tort-Based Climate Change Litigation», 28 Columbia Journal of Environmental Law 1 (2003); Merrill, T. W., «Global Warming as a Public Nuisance», 30 Columbia Journal of Environmental Law 293, 2005; Pawa, M. F. y Krass, B. A., «Global Warming As a Public Nuisance: Connecticut v. American Electric Power», 16 Fordham Environmental Law Review 407, 2005, y Harper, B. P., Note, «Climate Change Litigation: The Federal Common Law of Interstate Nuisance and Federalism Concerns», 40 GA. L. REV. 661, 2006.

(12) PEREDO, Elyzabeth: «Hacia un Tribunal de Justicia Climática» en Libro: Cambio climático y justicia ambiental : una introducción de Forero Torres, Lyda Fernanda ; Ibarra, Ángel; Fernández Durán, Ramón; Bello, Walden F.; Ecologistas en Acción; Gilbertson, Tamra; Reyes, Oscar; Valdomir, Sebastián; Elósegui, José; Carrere, Ricardo; Packer, Larissa Ambrosano; Peredo, Elizabeth; Buxton, Nick; Cullinan, Cormac; Solón, Pablo; Moreno, Camila.ILSA, Instituto para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Bogotá. 2012

(*) Abogada, notaria y mediadora; UNC. Especialista en Derecho Ambiental, UBA. Tesista en Gestión Ambiental, UMSAM. Exjueza de Faltas Municipales de Villa Ascasubi. Exasesora ACUMAR. Jefa Legal Ambiental y de Higiene y Seguridad. Coordinadora de la Diplomatura de Derecho y Políticas Públicas, CPACF y Universidad Austral.