El paradigma de la no capitalización de intereses y su conflicto con la realidad

Autor: Romualdi, Emilio E.

Fecha: 19-jun-2019

Cita: MJ-DOC-14943-AR | MJD14943
Sumario:

I. Introducción. II. El paradigma como obstáculo epistemológico. III. La respuesta normativa a la conducta observada por el legislador. IV. Clases de interés. V. Los intereses en el proceso. VI. Capitalización de los intereses. VII. Conclusiones.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

I. Introducción

En este trabajo abordaré el problema derivado de la imposibilidad de capitalizar intereses y su consecuencia sobre los créditos dinerarios. Soy consciente que la validación de la hipótesis de trabajo requiere de un trabajo de campo que excede mis posibilidades y que requeriría de un programa de investigación más amplio que los datos fácticos que voy a aportar para validarla.

El problema del interés en nuestro país tiene una relevancia central dado que su función en la práctica excede su función compensadora y/o moratoria que podría tener (que tiene) en países con estabilidad monetaria y consecuentemente baja inflación. Seguramente no merecerá el análisis ni tampoco un dilema la solución normativa en países donde la estabilidad monetaria no produce el efecto inflacionario. En este sentido, si bien depreciación monetaria (1) e inflación (2) son distintos y sus índices no coinciden ambos tienen una innegable interrelación.

En este sentido, no hay duda que existe una relación entre ambos dado que cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una «cesta de bienes» ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Como veremos la respuesta que se ha dado al problema de la pérdida de capacidad de compra de los créditos reconocidos judicialmente en el pasado y que se intenta retomar en parte de la doctrina y la jurisprudencia es aplicar estos índices -convirtiendo una deuda dineraria en una deuda de valor definida en el art. 772 del CCyC – y sobre ellos una tasa de interés pura.Es una respuesta, ciertamente, pero que en el pasado – década de los años 80 – finalmente produjo distorsiones dado que la sistemática aplicación de los índices terminaba potenciando inadecuadamente el capital. Por otro lado, los índices son generales en base a una serie de elementos tomados para fijarlos – no todos – que no siempre tienen relación con los que constituyeron el capital sujeto a ajuste. En los créditos laborales se podría utilizar el RIPTE como lo hace el nuevo art. 12 inc b de la ley 24.557 en el cálculo del VIBM con lo cual esta observación pierde algo de validez.

Ahora bien, todo el dilema está sustentado en el problema del interés que es básicamente una traba de mantenimiento del crédito frente a los efectos de la inflación.

En nuestro país el interés implica siempre -además de la presumida renta sobre el capital que en la práctica no es tal al no capitalizarse- una compensación por la depreciación monetaria. Tan es así que normalmente cuando los abogados se refieren a un capital más intereses suelen decir «actualizado». La expresión idiomática refleja la realidad por sobre la abstracción normativa. Esa es la primaria función del interés hoy en Argentina más allá que con la tasa que se elija pueda existir -no la hay- una renta sobre dicho capital.

Ahora bien, la solución normativa vigente en el Código Civil y Comercial -arts. 767 a 771- a partir del 1 de agosto de 2015 ha sostenido el principio nominalista que por otro lado ha sido que los tribunales superiores han avalado al sostener las previsiones de las leyes 23.928 y 25.561 (3) manteniendo en el art. 770 del CCyC el paradigma de la no capitalización de intereses que deriva del art. 623 del Código Civil vigente hasta la vigencia de la nueva norma.Frente a esta circunstancia es necesario encontrar una respuesta adecuada para que el crédito efectivamente, en el mundo del ser y no en la abstracción jurídica, llegue al acreedor en términos constantes -es decir «actualizado»- con un interés adecuado sobre dicho capital por la mora.

La respuesta es simple y es la hipótesis de este trabajo: «Aplicar los intereses bancarios -como establece el art. 768 inciso c del CCyC- y calcularlos – es decir capitalizarlos – tal como la hace el banco mantiene el valor de capital y genera un interés moratorio razonable».

El paradigma de la no capitalización, con 150 años de vigencia, se erige como un obstáculo frente a esta propuesta lo que nos lleva inicialmente a analizar brevemente como operan los paradigmas cuando uno pone en crisis una solución normativa determinada.

II. El paradigma como obstáculo epistemológico

En general cuando se pretende llevar adelante una investigación científica basada en una especialidad del campo jurídico, es necesario superar ciertas dificultades epistemológicas.

En ese sentido Bachelard (4) plantea un conjunto de obstáculos en el acto mismo de conocer íntimamente los fenómenos. Manifiesta que el primero es la opinión como antinomia de la ciencia (5), toda vez que aquella traduce necesidades y designa los objetos según su utilidad. No dudo que en igual sentido Herrera Figueroa manifiesta que «toda construcción teorética que no soporte la crítica y confrontación empírica está destinada a convertirse en un mero juego ideológico carente de vigor intelectual y científico» (6).

En definitiva, toda construcción teórica sin verificación empírica resulta una simple opinión en el campo de la ciencia. Puede tener valor filosófico, si se auto valida lógicamente. Puede que a partir de la lógica formal y nuestros valores se puedan aceptar verdades metafísicas. Pero ellas son ajenas a la ciencia.Ello, no significa limitarse a un mero plano conceptual con olvido de sus estratos ónticos y valorativos, ya que la razón humana ha sido tradicionalmente el mejor apoyo a lo largo del penoso trayecto de la edificación científica (7). Pero desde la verificación empírica de los hechos – en el derecho la conducta – la solución normativa es en definitiva una respuesta valorativa tendiente a obtener la mejor solución a la transacción contenida en la misma.

Un segundo obstáculo epistemológico para dicho autor lo constituyen las costumbres intelectuales. Citando en su obra a Bergson, manifiesta que «Nuestro espíritu tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. Con el uso, las ideas se valorizan indebidamente. Un valor en sí se opone a la circulación de los valores. Es un factor de inercia para el espíritu. llega un momento en el que el espíritu prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice, en el que prefiere las respuestas a las preguntas. Entonces el espíritu conservativo domina, y el crecimiento espiritual se detiene» (8). La no capitalización como tótem sagrado incuestionable es precisamente esto, una costumbre que se constituye en paradigma (9) científico.

La mayor parte de las veces un paradigma limita la investigación y no permite observar el objeto adecuadamente. Restringe el campo de percepción y las conclusiones que derivan de su observación. Más aún, condiciona o desvía la formulación del problema.En este sentido se ha sostenido que «Los paradigmas jurídicos, mientras funcionan en forma de un saber atemático de fondo, se apoderan de la conciencia de todos los actores, de la conciencia de los ciudadanos y de los clientes, no menos del legislador, la justicia y la administración» (10).

Así, si se parte en una investigación de un paradigma, se llega a conclusiones basadas en un juicio mediato (11) y la observación del objeto de estudio se ve condicionada por los fundamentos del juicio de verdad que se considera válido.

Toda investigación debe plantearse a partir de interrogantes que permitan obtener una respuesta. El interrogante nace de la duda, que como pensamiento filosófico podemos decir nace con Sócrates (12) -que derivó en la duda metódica (13)- y la necesidad de establecer verdades, las que deben estar fundadas en juicios inmediatos para lo cual es necesario retomar la fundamentación del paradigma.

En consecuencia, se debe abordar el análisis del objeto sin la limitación de ese juicio de verdad dado, a fin de obtener conclusiones que justifiquen o no una solución diversa a la existente desde los fundamentos mismos del paradigma cuestionado.

Como reconoce Husserl «la ciencia no logra de facto realizar un sistema de verdades absolutas, viéndose obligada a modificar sus verdades; pero de todos modos persigue la idea de verdad absoluta o la auténtica verdad científica, y en consecuencia vive un horizonte infinito de aproximaciones que tienden a esta» (14).

En ese sentido Herrera Figueroa manifiesta que «estimamos la ciencia en toda su magnitud frente a la verdad. el científico es un servidor de la verdad» (15). El concepto de verdad resulta uno de los más destacados problemas filosóficos. No es objeto de esta investigación desentrañarlo. No sin dejar de considerar que ciertamente, aún sin quererlo, todo juicio suele partir de verdades que se encuentran implícitos en él (16) y que en toda tesis existe implícitamente una afirmación de verdad.No se pretende afirmar una conclusión de verdad absoluta (17) en la hipótesis planteada. El objeto es plantear como verdad científica, la factiblidad y eficacia (18) de su implementación en el campo jurídico, basado en una conclusión lógica, a partir de una observación adecuada de los elementos elegidos para analizar el fenómeno apodícticamente, cumpliendo los requisitos mínimos del pensamiento científico (19).

De ninguna manera se considera que se arriba a una conclusión de verdad irrefutable que lleve al «profundo sueño de una opinión categórica» (20). Concluir ello, es cerrar la posibilidad de revisión o debate, extremo éste en el que muchas veces incurren algunas comunidades científicas. La norma jurídica es una obra circunstancial, donde el legislador establece medios que estima adecuados y eficaces para la realización de los fines que se propone (21).

Al fin de encontrar una respuesta a la duda que nos lleva a sostener la hipótesis es necesario formular el problema de manera adecuada. Una mala o limitada formulación, no puede producir otra cosa que una respuesta inadecuada. Si como propone Hempel (22), se plantea una hipótesis formulada en base a datos relevantes que fueron recogidos con anterioridad, el paradigma científico muchas veces limita esos datos considerados relevantes, porque su selección se realiza con los prejuicios valorativos derivados de él (23).

Si el método es camino, la respuesta es posada. A ella se llega desde la pregunta que solo puede ser correctamente formulada desde la libertad del espíritu científico, no limitado por prejuicios que anteponen el instinto conservativo al formativo.

No porque se ceda ante la ingenuidad de creer que se puede prescindir de los conocimientos usuales. Si no, porque se debe explorar el objeto de estudio con la fortaleza de enfrentar un camino lleno de dificultades, tempestuoso, que exige valor, pero que llevará inexorablemente hacia la posada del conocimiento donde se encontrará abrigo, alimento y descanso. Luego, en su placidez, nacerán nuevos interrogantes, nuevas dudas e inquietudes.Ello llevará al investigador – caminante del conocimiento – a alistarse en busca de nuevas respuestas afrontando un nuevo camino tempestuoso, exigente, hacia una nueva posada cálida y acogedora. Es, ese espíritu de investigación el que debe primar por sobre los prejuicios del pasado.

Como reconoce Husserl «la idea de ciencia y de la filosofía pertenece, según su inserción, un orden de conocimiento que va desde conocimientos en sí anteriores a conocimientos en sí posteriores» (24). En última instancia, pues, se trata de un comienzo y una marcha que no puede elegirse arbitrariamente, sino que están fundamentados en la naturaleza de las cosas mismas. Los paradigmas muchas veces detienen, son posada, dan todas las respuestas pero, inhiben de plantear nuevos interrogantes deteniendo inexorablemente el avance científico y una mejor y adecuada compresión de la realidad.

Para ello es necesario, ante todo, saber plantear los problemas. «Para todo espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo se construye. [.] La pregunta abstracta y franca se desgasta, la respuesta concreta queda» (25). Esta afirmación considero que claramente puede aplicarse a la norma jurídica. Ella se construye a partir de un conocimiento de la conducta humana y la apreciación y su valoración por el legislador. La norma jurídica forma parte de un conjunto de instrumentos fabricados por los hombres para producir determinados efectos en la realidad social (26).

La conducta y los valores sociales, muy por el contrario, están dados al legislador. Sin embargo su percepción y apreciación están condicionadas por el sujeto tanto en el campo filosófico como científico (27). El fenómeno que él observa, si bien tiene elementos objetivos, también tiene un componente subjetivo. La interrelación objeto-sujeto hace que los hechos sean comprendidos y proyectados a partir del yo.La realidad que se construye es en definitiva una construcción subjetiva contenida en los límites que le propone el objeto que se pretende conocer (28). Es así, que el investigador parte de propia filosofía de la que surgen prejuicios que, consciente o inconscientemente, vuelca en sus postulados y que condicionan su método de investigación. En estos términos, que el acreedor no perciba lo que le corresponde y, lo que es peor, que el deudor no abone lo que debe es en mi apreciación valorativa, negativo.

Así reconoce Zuleta Puceiro (29) que, en cada jurista la noción de cada materia y de la teoría general, están gobernadas por sus lealtades o su ideología, factores que se encuentran frecuentemente implícitos y no son abiertamente reconocidos. De allí que exista una construcción de la realidad, a partir de la cual se realiza la investigación.

Ahora bien, luego de estas reflexiones tendientes a justificar el cuestionamiento del paradigma de la no capitalización de intereses retomemos el análisis de la cuestión en sí misma.

III. La respuesta normativa a la conducta observada por el legislador

Ahora bien, es claro que en la cultura jurídica argentina las soluciones del Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, como culminación de una serie de intentos de codificación civil aprobado por el Congreso de la Nación a libro cerrado – el vicio parece que es viejo – sin modificaciones, el 25 de septiembre de 1869, mediante la Ley n.º 340, promulgada el 29 de septiembre del mismo año, entrando vigencia el 1 de enero de 1871, en relación a la capitalización de intereses parecen una especie de tótem inamovible, un paradigma, claramente inconsistente con la realidad que enfrentamos a diario.

No se puede dejar de observar que la primera regulación unificada de la moneda vigente en la Argentina desde 1881 a 1969 fue creada mediante la Ley 1.130, sancionada el 5 de noviembre de 1881.Hasta ese momento, es decir cuando se sancionó el código Civil, el sistema monetario en el país había sido bastante caótico debido a la variedad de tipos de moneda: pesos moneda corriente, pesos fuertes y la libre circulación de monedas extranjeras. Esta ley determinó la unidad monetaria de la Argentina a través del peso de oro y plata y dispuso que los bancos de emisión debían renovar toda su emisión de billetes a moneda nacional. No había Banco Central, que fue creado con una ley sancionada el 28 de marzo de 1935 – Ley de Bancos- comenzando a funcionar el 31 de mayo de 1935 en medio de una reforma monetaria y financiera que tuvo como objeto reunir distintas funciones en un único organismo rector del sistema financiero.

Es decir, cuando se sanciona el código civil la emisión de moneda dependía de los depósitos en los bancos de oro y plata – de ahí el nombre «peso» – y ésta convivía con circulante de origen extranjero. La posibilidad de expansión monetaria artificial era casi neutra y la posibilidad de la existencia de «depreciación monetaria era inexistente». En ese contexto la elección valorativa del autor del código de inclinarse por un interés simple y no compuesto en las deudas judiciales – dada la conducta existente que siempre es el presupuesto necesario de la norma – era razonable.

Este análisis no es menor porque siempre remarcamos en clase que en su origen la conducta observada por el legislador para establecer la transacción normativa es la misma a la que está dirigida.Pero la conducta con el tiempo cambia por diversas razones mayormente valorativas – no este el caso que tiene una etiología de política económica (la que no está exenta de valores) -. En ese contexto la nueva conducta encuentra en la norma una solución (transacción) distinta que la torna ineficiente aunque pueda ser válida (30) y eficaz (31).

Es decir si la transacción normativa (distribución de derechos y obligaciones entre las partes) resulta adecuada en el contexto fáctico en la que se aplica. Podemos graficarlo de este modo:


Agregando la dimensión valor, a partir de donde valoramos la solución más adecuada conforme Kant en «Teoría y Praxis»

Ahora bien, la historia argentina en los últimos 70 años ha sufrido procesos inflacionarios agudos que llevaron a la creación de diversas monedas y soluciones técnicas que no viene al caso desarrollar en este trabajo. Es decir, la inflación y la depreciación del signo monetario era una realidad que el legislador del año 2015 no debió omitir.

Es cierto que en el art. 770 del CPCC tiene un leve, casi imperceptible, avance sobre las soluciones del art. 623 del Código Civil pero que de ningún modo se adecua a la realidad entrando, incluso, en una contradicción entre los arts. 768 y 770 del CCyC

Lo cierto es que hoy la tasa de interés es la única manera de «compensar» el efecto inflacionario y el tiempo transcurrido desde la mora en la obligación y su efectivo pago.En relación a esta afirmación la excepción algún sector de la doctrina laboralista interpreta que sería una excepción el artículo 70 de la ley 26.844 al establecer «los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación». Ello así ya que se denomina al crédito como una deuda de valor y el título del capítulo es: «Actualización. Tasa aplicable». Si bien es cierto que la norma utiliza el término valor no la denomina deuda de valor, sino que establece que se debe establecer una tasa que mantenga su valor lo cual es bastante complejo conforme se mencionará más adelante.

Para analizar el problema no puede dejar de apreciarse que las tasas de interés se componen principalmente de tres factores: a) Retorno del Capital, b) Riesgo de Morosidad – este ítem de la ecuación puede discutirse en el caso de una deuda judicial porque ahí el riesgo es particular y no hay distribución del mismo con otros morosos judiciales – y c) Expectativa de inflación.

De este modo, tanto en las tasas activas como las pasivas la expectativa o corrección inflacionaria está comprendida dentro del monto de las tasas que se fijan en el sistema formal bancario contrariamente a lo que afirman muchos fallos de tribunales superiores que descalifican por eso la tasa activa.

Conforme lo dispuesto por el art. 768 inc c) del CCyC las tasas que deben fijar los jueces son las reguladas en el sistema financiero por el BCRA. Por tanto dejamos de analizar el sistema financiero extrabancario – ej.tarjetas de c rédito no bancarizadas -, las tasas del mercado bursátil o el denominado «call money» consistente en los préstamos interbancarios (generalmente desde la banca mayorista a la minorista) que se realizan por períodos generalmente breves, a efectos de evitar el «descalce» con respecto a los coeficientes (encajes) fijados por la autoridad monetaria. Tampoco es relevante denominado Spread financiero que es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo de esa naturaleza. Este así, es una especie de margen que se utiliza para medir la liquidez del mercado -«spread» significa margen- y, por tanto, el spread bancario sería el margen que existen entre los tipos de interés activos y pasivos.

Ahora bien, desde hace ya unos años en el sistema financiero se han puesto en marcha los créditos hipotecarios, prendarios o personales actualizados por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) cuyo capital se actualiza por el coeficiente de estabilización de referencia sobre el que se aplica un interés.

El capital del crédito se divide en UVA y lo que se adeuda ya no es una moneda sino cantidades de esta unidad que se actualiza de diversa manera conforme el tipo de crédito que se tome y sobre, como ya dije, se calcula el interés.

En este sentido los UVA trabajan no sobre expectativa inflacionaria sino sobre la tasa de inflación ya producida que se aplica al capital en UVA y sobre su resultado se aplica el interés pactado. La reforma de las normas laborales prevén la posibilidad de ajustar los créditos por UVA lo cual nos genera la obligación de definirlos. Ello sin perjuicio que claramente se está abandonando el principio nominalista del CCyC y se están estableciendo deudas de valor con un interés compensatorio que puede claramente ser utilizado como un interés moratorio conforme las disposiciones de la normativa general.

En este contexto es necesario analizar tanto lo dispuesto por los arts.622 y 623 del Código Civil vigente hasta el 31 de julio de 2015 y las disposiciones en particular de los arts. 768 y 770 del CCyC que modifican sustancialmente el régimen a partir del cual el magistrado fija la tasa moratoria en una sentencia.

El interés es la cantidad de dinero u otra cosa fungible que se obtiene como renta de una obligación de capital en proporción al importe o al valor del capital y el tiempo por el cual se está privado de la utilización del mismo.

Dicho de otra manera esta noción indica qué cantidad de dinero se obtiene (o hay que pagar) en un cierto periodo temporal por una deuda.

Luego, en relación a la tasa que se abona se puede afirmar que esa cantidad de dinero denominada interés es la renta o compensación medida porcentualmente sobre el capital adeudado.

Ahora bien, en función de la nueva normativa cobra relevancia la idea que las tasas de interés representan el valor que tiene el dinero en el mercado financiero. Esto significa que cuanto más dinero hay, la tasa baja y cuando éste escasea, sube – ley de oferta y demanda – más allá de la intervención o regulación que sobre la misma pueda hacer el BCRA de manera directa o indirecta.Claro que esa variación se refiere al componente «interés puro» y no a la expectativa inflacionaria o el nivel de morosidad que, si bien variables, dependen de otras contingencias del mercado

En el mercado financiero se verifican dos tipos de tasas de interés:

– La tasa pasiva o de captación (la que pagan los intermediarios financieros a los que confían en ellos sus recursos monetarios).

– La tasa activa o de colocación (la que reciben los bancos o intermediarios por los préstamos que otorgan).

En cuanto a su módulo de cálculo, como ya dije, se puede distinguir entre:

– El interés simple siendo este el que se calcula sobre el monto de capital y por el tiempo de utilización y donde la tasa y el plazo deben estar expresados en la misma unidad de tiempo (método que conforme se verá era el establecido en los arts. 622 y 623 del CC y hoy mantienen con variantes los arts. 768 y 770 del CCyC ).

– El interés compuesto siendo este el que se capitaliza después de un cierto periodo, es decir, que luego de un periodo fijado, se suma al capital, para generar nuevos intereses (lo que denominamos anatocismo). Una manera de comprender este interés es por ejemplo cuando los bancos publican sus tasas nominales anuales TNA (interés simple) y tasa efectiva anual TEA (tasa a interés compuesto por ese período).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 770 del CCyC es claro que el legislador optó por mantener un sistema de interés simple en base a un paradigma que la realidad no convalida. Una verdadera condena de un pasado inexistente sobre un presente dinámico muy distinto al presupuesto por la norma.

IV. Clases de interés

Siguiendo al nuevo Código Civil y Comercial en sus artículos 767 a 769 -antes arts.621 y 622 CC- se puede clasificar los intereses como compensatorios, moratorios (o legales) y punitorios ( en este punto es de destacar que si bien se expresa en un interés el supuesto del art. 275 de la LCT es una sanción por una conducta). Algunos autores mencionan también a los intereses sancionatorios (con fuente en los derogados art. 622, 2º párrafo del Código Civil y 565 del Código de Comercio ) pero no resulta relevante en este trabajo ahondar y me limito a los tres intereses mencionados en la normativa vigente

a) Interés compensatorio: Siendo que son los que pactan las partes por el precio por el uso del capital resulta de relativa relevancia para el análisis que estamos haciendo. En caso de abuso se aplica lo dispuesto por el art. 771 del CCyC.

b) Interés Moratorio: Estaban previstos en el art. 622 del CC y ahora están expresamente previstos en el art. 768 del CCyC. En este sentido operada la mora -en derecho laboral es automática dado que no se requiere en principio interpelación para constituirla salvo las excepciones como las indemnizaciones previstas en los arts. 80 de la LCT y 23 de la ley 25.323- se computan de manera inmediata los mismos. Siguiendo la nota al art. 622 que hizo Vélez Sarsfield «el interés del dinero del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso»-

c) Interés Punitorio: Se encuentra regulado en el art. 769 del CCyC. La denominación del art. 769 de «intereses punitorios se refiere a los intereses moratorios pactados por los contratantes y se encontraba prevista en el art. 622 del C. C.en cuanto sostenía que «El deudor moroso debe los intereses que estuvieses convenidos en la obligación , desde el vencimiento de ella». , por tanto es derivado también por el incumplimiento, pero dispuesto por una cláusula penal que lo prevé. Por el contrario el art. 769 remite a los art. 790 a 803 que regulan la cláusula penal. Los acuerdos judiciales suelen tener acordados intereses con esta naturaleza.

V. Los intereses en el proceso

El nuevo Código Civil y Comercial regula los intereses legales en el art. 768 en particular en sus incisos a), b) y c).

1. En relación al inciso a) se prevé la libertad de que las partes pacten los intereses moratorios. Esto podría ocurrir si en un acuerdo al capital reclamado o acordado históricamente las partes le asignaran una suma en concepto de intereses. Es bastante usual que se acuerde en el marco de un proceso el pago del capital histórico y se reconozca una suma de dinero en concepto de intereses. No hay ningún problema en el marco del derecho civil y comercial -dado el principio de disponibilidad- pero en derecho laboral un tema a observar es la eventual afectación del principio de irrenunciabilidad si se pacata una tasa menor que la que aplican los tribunales superiores o la Cámara en la ciudad de Buenos Aires. Esto es si el interés es disponible o no en particular dado que el mismo tiene un efecto de corrección del efecto inflacionario. Esto es, cual es el límite de la afectación del capital -licuación del activo- por el transcurso del tiempo y la tasa de interés.

2. El inciso b) se está refiriendo a los denominados «intereses moratorios legales» esto es los previstos en normas jurídicas. Un ejemplo de ello es el interés previsto a partir de la sanción de la ley 27.348 que modifica el art.12 de la LRT introduce en su inciso tercero el siguiente texto «A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación».

3. Finalmente el inciso c) establece que, en subsidio y no habiendo convenio de los intervinientes, el juez deberá aplicar la tasa bancaria que se «fije según reglamentaciones el Banco Central».

En primer lugar, una interpretación de la norma es que la misma se refiere a las tasas que fijen los bancos conforme las disposiciones del central. En general se fijan las de Banco de la Nación o de un banco provincial. Hoy esta particularidad no debería presentar dificultades salvo los casos de tasas que mantienen tribunales superiores anteriores a la vigencia del Código Civil donde adicionan un interés no bancario a la tasa bancaria (32).

Siempre, con la idea de ejemplificar lo que ocurre en el mercado por ejemplo la SALA 2 (33) y la SALA 3 (34) de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa -La Pampa- establecen un mix entre tasa activa y pasiva con diversos argumentos entre los cuales pueden destacarse que «tasa activa está conformada por los costos financieros, riesgos que asume la entidad financiera, gastos administrativos, IVA, etc., que habilita al Banco a percibirla, conceptos inaplicables a un trabajador, quien en modo alguno reviste el carácter de tal. Mediante el reconocimiento de la aplicación de la Tasa Mix a su crédito impago, se le ha otorgado un interés que contiene la tasa activa, y si el trabajador hubiese percibido su crédito a la fecha de operarse el distracto y lo hubiere colocado a plazo fijo, sólo le hubieran pagado la tasa pasiva.Con lo cual, surge que la citada Tasa Mix, cubriría el desfasaje -aleatorio- que pudiere producirse a través del tiempo». Ahora bien, claramente este dispositivo se aparta en su solución -no en su argumentación que es similar a la de la SCBA para establecer la pasiva más alta- de lo dispuesto por el art. 768 del CCyC dado que el mix no resulta ser ninguna tasa regulada por el Banco central aunque su resultado sea el promedio de tasas reguladas por dicha entidad bancaria dado, además, que no es el supuesto del art. 771 del CCyC de morigeración de las tasas fijadas contractualmente por las partes.

En Rosario la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Laboral en el precedente «Fernández», en el marco de una acción por accidente de trabajo y sosteniendo que el medio a emplear para mantener el valor del crédito adeudado depende de la existencia y de la magnitud del perjuicio a preparar, pero también de la calidad del acreedor, no pudiendo soslayarse que la integridad del crédito laboral se halla directamente garantizada por la Constitución, sin que pueda existir pretexto para privar a un habitante de la nación, más tratándose de un trabajador, sujeto especialmente tutelado por el texto constitucional- de parte de su propiedad, acordada por las leyes y declarada por los jueces, ni para promover el enriquecimiento sin causa del deudor moroso en razón de su propia mora estableció que la tasa que debía aplicarse era dos veces el promedio de la tasa de interés activa, sumada, que publica el BNA para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días. En este caso, como en el anterior, si bien se utilizan tasas del BCRA estas no son las que cobra el sistema crediticio y por tanto se apartan de lo dispuesto por el art. 768 inc. c) del CCyC.La Corte de Santa Fe en el precedente Olivera (35) revocó una sentencia que establecía que el capital adeudado se debía incrementar desde la mora según una tasa del 22% anual, y desde el 1 de agosto de 2014 hasta el efectivo pago se aplicaría la «tasa de interés máxima nominal anual» que fije el Banco Central de la República Argentina para «financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito» de «Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito», con un incremento del 15%, que abarca en forma estimativa el costo financiero total del monto adeudado y con capitalización efectiva cada cuatro meses consecutivos desde el 1 de agosto de 2015 problema de la capitalización que se verá luego. En relación a la tasa lo que está medianamente claro es que tanto el 22% sobre capital actualizado o el 15% sobre la tasa elegida – siendo regulada por el BCRA encuadra en las previsiones del art. 768 inc c) más allá de la exorbitancia o no de la misma- son tasas que le están vedadas la juzgador por no ser de práctica en el sistema financiero

En la provincia de Buenos Aires es doctrina legal de la Corte que las sumas de condena que fueron fijadas a valores actuales o en las que se decidió que cuando sea pertinente el ajuste por índices, o cuando se fije un quantum indemnizatorio a valores actuales en principio deben calcularse intereses moratorios a una tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso hasta la sentencia, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, la tasa de interés será la pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta, que surge de las causas del Máximo Tribunal Provincial (36) . La tasa fija sin referencia a las tasas de mercado se ajustan a un criterio que viene de la anterior normativa pero que entran en pugna con la nueva disposición del Código Civil y Comercial.Aquellas pudieron y pueden fijarse hasta el 31/7/2015 pero a partir de allí la referencia debe ser una tasa bancaria como las de los préstamos UVA. Es cierto que hasta la implementación de estos en el año 2016 no había en el mercado una tasa pura salvo aquellas que se refieren a los depósitos en dólares. En este caso podría hacerse la salvedad y fijar la tasa tradicional hasta la vigencia de los nuevos créditos pero a partir de la existencia de una tasa pura en el mercado bancario la referencia – conforme la norma vigente – debe referirse a ella.

Es decir, la nueva norma hace que los jueces no puedan fijar tasas ideales como del 6%, 8% o 15% anual que han sido una práctica usual normalmente en los últimos tiempos – antes eran muy usuales en general – cuando se aplicaban fórmulas de actualización monetaria u otra forma de corrección en el capital de sentencia.

Finalmente, si se utilizara como módulo de cálculo los UVA, el índice de corrección se fórmula sobre el capital (lo cual es una excepción a la ley 23.928 – arts. 7 y 10 – ratificada por el art. 4 de la ley 25.561 más allá del tecnicismo que se contratan unidades de valor y no moneda de curso legal forzoso ) y la tasa moratoria será la que apliquen las entidades bancarias en operaciones ajustadas por este medio crediticio lo cual no genera una excepción a la norma analizada. Esa misma tasa que se aplica al capital actualizado es la que se debe aplicar en caso de deuda de valor – art. 772 del CCyC – y no las tradicionales tasas puras ideales que tradicionalmente se usaron con la vigencia del anterior Código Civil. Si el módulo e corrección fuera el RIPTE el argumento sería exactamente el mismo.

VI. Capitalización de los intereses

Ahora bien luego de este extenso repaso vayamos al problema central del análisis de este trabajo.La capitalización de intereses del Código Civil y Comercial está regulada en el artículo 770 modificando en parte lo dispuesto por su antecedente el art. 623 del Código Civil. A tal fin analicemos primero que establece la norma.

El inciso a) prevé la posibilidad de capitalizar semestralmente los intereses. Es un avance pero ¿porque razón sólo semestralmente y no mensualmente? Es probable que aquí el paradigma de lo indebido de la capitalización haya jugado su rol.

En este sentido, el precedente «Fernández» antes citado de la Sala laboral II de Rosario establece una capitalización luego de la mora semestral que parecería de los argumentos de «Olivera» que podría no ser descalificado por el máximo Tribunal provincial conforme se infiere del fallo.

Si bien coincido en el aspecto axiológico me parece que el inciso a) de la norma remite a un acuerdo de partes que no puede ser suplido por la mera voluntad judicial.

Por el contrario, en vista de lo dispuesto por el inciso a) de dicha norma en un acuerdo conciliatorio las partes podrían eventualmente pactar la acumulación en el plazo semestral establecido normativamente dada la fuente contractual del acuerdo extintivo del litigio.

Una mejora mínima que introduce el art. 770 CCyC inciso b) al establecer que cuando la obligación se demande judicialmente la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. En términos prácticos la mora se produce en mayo, inicio la demanda en agosto de 2017 y logro finalmente trabar la litis en noviembre del mismo año se capitalizarán los intereses devengados desde la mora -mayo- y hasta la fecha de traba de la litis -día de recepción de la demanda -. Quedará por resolver que ocurre cuando hay varios demandados y se notifican en distintos días siendo una obligación solidaria. Parecería que cabría formular la capitalización cuando queda trabada totalmente la litis.Siguiendo el ejemplo anterior si tengo dos demandados y uno es notificado en noviembre y el otro en diciembre la capitalización debería formularse en esta última fecha. Sin embargo, esta solución perjudica al acreedor y el juez en la sentencia debería resolver cuando considera que opera esta capitalización.

Hay algunas dudas sobre si la norma se aplica a demandas iniciadas con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial – 1/8/2015 -. Conforme la interpretación que ha dado al art. 7 del CCyC en diversos precedentes ( vrg «Espósito» ) la Corte, no tengo dudas que no convalidaría que se capitalicen intereses si la demanda fue notificada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma. Por el contrario me parece razonable que si la demanda se ha iniciado antes del primero de agosto de 2015 y se notifica luego de dicha fecha se aplique eta norma (ej. demanda iniciada en junio de 2015 y notificada en septiembre de 2015). Excede este trabajo un análisis más profundo, pero dado lo amplio de la norma no es arriesgado sostener que se aplica esta disposición también cuando lo que se notifica es el requerimiento del proceso de ejecución que es autónomo del proceso de conocimiento.

Finalmente, el inciso c) del art. 770 repite la fórmula del art. 623 del Código Civil en cuanto establece que cuando la obligación que se liquide judicialmente la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Esto es, la mora en el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia.

En realidad lo que establece este artículo es que el capital del proceso de ejecución es la sumatoria del capital y los intereses devengados en el proceso de conocimiento son el capital del proceso de ejecución.

Cuál es la consecuencia práctica de esto. La licuación de los activos por el transcurso del tiempo.Lo demuestra un reciente trabajo de la Universidad Nacional de San Martín denominado «¿Quiénes pierden con la litigiosidad laboral? Un análisis sobre la actualización de las deudas laborales» (37) «se estableció que dado que los juicios laborales se extienden, en promedio, entre 3 y 6 años, aquí se analiza, como un ejercicio hipotético, el impacto en el poder adquisitivo de una demanda que inicia su proceso judicial en abril de 2013 y finaliza con una sentencia firme en marzo de 2019 (6 años) se comparó la evolución del Índice de Precios al Consumidor de la CABA (38) con el índice de actualización resultante de aplicar las tasas de interés definidas por la CNAT (promedio mensual) durante el período comprendido entre marzo de 2013 y el mismo mes de 2019. Lo que se observa es que, mientras la deuda judicial según el criterio establecido por la CNAT debería incrementarse un 234%, la inflación registrada por el IPC de CABA alcanza al 510%. La diferencia entre ambas variaciones refleja la pérdida de poder adquisitivo de una sentencia del fuero laboral que se prolonga durante el tiempo considerado en el ejercicio»

La reducción en la capacidad de compra de la compensación fijada en la sentencia judicial se presentó en el gráfico 2 del trabajo (39). La evolución del poder adquisitivo se cuantifica a través del cociente entre el índice que surge del método de actualización definido por la CNAT y el IPC CABA. En un hipotético juicio laboral iniciado en abril de 2013 y finalizado en marzo de 2019, el valor real de la indemnización u otro crédito laboral fijado en la sentencia sería un 45% inferior al registrado al momento de iniciar la demanda.Para compensar el efecto inflacionario, la suma dineraria prevista en la sentencia tendría que haber sido un 82% mayor que la establecida en la sentencia.

La pérdida del poder adquisitivo de la compensación no obedece tanto al valor nominal de las tasas de interés seleccionadas por la CNAT (si bien, obviamente, influye) sino al mecanismo empleado para actualizar las sentencias a través de la tasa de interés. De hecho, en el marco del ejemplo analizado, a pesar de verificarse una caída sensible en el valor real de las indemnizaciones, la tasa de interés promedio mensual a lo largo del período mar-13 / mar-19 fue más elevada que la variación mensual de la inflación (3,3% y 2,6%, respectivamente). Asimismo, en el 78% de los meses transcurridos en los 6 años incluidos en el período analizado, el valor de la tasa de interés seleccionada por la CNAT fue superior a la variación mensual del IPC CABA.

Ahora bien, a partir de estas conclusiones y verificaciones me permití con las tasas publicadas por la SCBA establecer una comparación entre calcular el interés a interés simple y con un interés compuesto a tasa Nominal Anual y Tasa Efectiva Anual. Hago la salvedad que el interés compuesto está tomado con una tasa promedio anual constante pero que de todos modos refleja con gran aproximación el cálculo a como si se hubiera efectuado con la tasa vigente en cada período.

Veamos los ejemplos:

Tasa activa descuento 30 días

Resultado Interés simple

Intereses devengados: $ 174,35

Tasa acumulada: 174,35 %

Días transcurridos 2191

Capital + Interés: $ 274,35 – claramente produce una merma similar a la detectada en el trabajo de UNSAM –

Resultado interés compuesto

Capital inicial: ($) 100.00

Años: 6

Tasa de interés: 29.05 %

Interés compuesto

1 vez por año (TNA) Valor futuro:($) 461.90 – no llega a compensar la inflación y claramente produce una merma similar a la detectada en el trabajo de UNSAM

1 vez por mes (TEA) 559.70 – compensa la inflación y genera un interés del 49,70% en seis años (8,28% anual)

Tasa activa promedio de descuentos 30 días. Cálculo con interés simple

Intereses devengados: $ 174,84

Tasa acumulada: 174,84 %

Días transcurridos: 2191

Capital + Interés: $ 274,84 -claramente produce una merma similar a la detectada en el trabajo de UNSAM-

Resultado interés compuesto:

Capital inicial: $ 100.00

Años: 6

Tasa de interés: 29.14 %

Interés compuesto:

1 vez por año (TNA) Valor futuro: ($) 463.84 -no llega a compensar la inflación aunque la merma no es tan sustancial-

12 veces por año (TEA) ($) 562.66 -compensa la inflación y genera un interés del 52,66% en seis años (8, 77% anual)-

Tasa activa financiamiento saldos de tarjetas:

Intereses devengados: $ 246,96

Tasa acumulada: 246,96 %

Días transcurridos: 2191

Capital + Interés: $ 346,96 -no compensa inflación con una merma igualmente sustancial –

Capital inicial: $100.00

Años: 6

Tasa de interés: 41,16%

Interés compuesto 1 vez por año (TNA) Valor futuro: ($) 791.17 -compensa la inflación y genera un interés del 281,17% en seis años (46, 86 % anual)- (interés exagerado que excede el concepto de moratorio).

12 veces por año (TEA) ($) 1,133.83 -compensa la inflación y genera un interés del 630,83 % en seis años (103,97% anual)- (interés exagerado que excede el concepto de moratorio).

Tasa pasiva digital:

Intereses devengados: $ 139,59

Tasa acumulada: 139,59 %

Días transcurridos: 2191

Capital + Interés: $ 239,59 -no compensa inflación merma sustancial del crédito-

Capital inicial: $ 100.00

Años: 6

Tasa de interés: 23,27%

Interés compuesto:

1 vez por año (TNA) Valor futuro:($) 350.87 -no compensa inflación con una merma igualmente sustancial-

12 veces por año (TEA) Valor futuro ($) 398.62 -no compensa inflación con una merma igualmente sustancial –

Bien, en esta primera aproximación al problema comprobamos que la tasa pasiva nunca compensa la inflación pero que la tasa activa cuando es razonable no sólo genera la debida compensación del crédito sino que además genera una tasa de interés «pura» que está en el orden del 8% que era la tasa pura ideal que se utilizaba hasta el 31/7/2015.

VII. Conclusiones

A modo conclusivo, sostengo que dentro de los márgenes o límites del art. 768 del CCyC cualquier tasa regulada por el BCRA puede ser utilizada por el juez y dependerá de su argumentación adecuada la validez o no de la misma. Lo que no es posible es utilizar una tasa diferente a las reguladas por el BCRA o incrementar dichas tasas en una vez más o en un 50% más o en cualquier otro porcentaje, ya que en ese contexto no se estaría aplicando por la normativa vigente.

En cuanto a la capitalización, es claro que el legislador debió reconocer que las deudas dinerarias deban aplicarse conforme las tasas bancarias y con el modo real de aplicación de las mismas en el mercado. Ello habría de permitir una adecuada cancelación de los créditos dinerarios sin necesidad de utilizar fórmulas conceptuales más complejas. Ello sin perjuicio de que es clara la flagrante contradicción conceptual entre las disposiciones del art. 768 y del art. 770 del CCy C.Soy consciente que este planteo requiere de un trabajo de campo mucho más complejo en el que se puede demostrar la distorsión de la aplicación de índices de actualización -en menor medida se daría si se aplicara el RIPTE a los procesos laborales no el índice UVA como se pretendía en la reforma -. Asimismo, se puede confirmar con más trabajos que la aplicación de las tasas bancarias -en particular las activas usuales de mercado salvo el descubierto bancario -.

El desafía está planteado. La norma nunca puede estar disociada de la conducta de la que proviene y a la que se dirige. Su solución debe ser siempre adecuada y conforme los valores sociales a fin de lograr una eficiencia en su solución de la que carecen las disposiciones vigentes.

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(1) La depreciación de la moneda es la pérdida de valor de la moneda de un país con respecto a una o más monedas de referencia extranjeras, que se produce, por lo general, en un sistema de tipo de cambio flotante.11 feb. 2013. Enciclopedia Financiera https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-depreciacion-de-la-moneda.html

(2) La inflación en general es el incremento excesivo de algo. En economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año.

(3) CSJN, S 20/12/2012. – Belatti, Luis Enrique c. F.A. s/cobro de australes CSJN, S 14/3/2017 Bedino Mónica Noemí c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/parto accionariado obrero SCBA, L 86189 S 29-8-2007, Correa, Oscar Jesús c/ Carboclor Industrias Químicas S.A.I.C. s/ Indemnización enfermedad» L 92958 S 3-6-2009, Da Silva, Miguel Angel y otro c/ Transportes La Perlita S.A.y otro s/Indemnización:; L 91575 S 7-10-2009, Carzoglio, Carlos Alberto c/ Banco de La Pampa s/Indemnización por antigüedad y otros.

(4) Bachelard, Gastón, «La Formación del Espíritu Científico (Contribución a un Psicoanálisis del Conocimiento Objetivo)», Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1999, pág. 16.

(5) Aristóteles, «Ética Nicomáquea», La Nave de los Locos, Buenos Aires, 2002, pág.132 «Primero establezcamos que son cinco las virtudes por las cuales afirmando o negando, el alma alcanza la verdad: arte ciencia, prudencia, sabiduría, intuición; en cambio por la conjetura y la opinión es posible equivocarse»

(6) Herrera Figueroa, Miguel, «Desde la Ciencia del Derecho y del Estado», Leuka, Buenos Aires, 1998, pág. 29/30.

(7) Herrera Figueroa, Miguel, ob. cit. pág. 109

(8) Bergson, «La Penseé et le Mouvant», París, 1934, p 231 citado por Bachelard, Gastón, ob. cit. pág. 17

(9) El concepto de paradigma es usado con distintos sentidos. Thomas S. Khun en su libro «La Estructura de las Revoluciones Científicas», Fondo de Cultura Económica, Bs. As., pág. 269 – en la posdata escrita 7 años luego de la publicación original del libro – reconoce que en su obra la ha utilizado con más de un sentido – lo que generó confusión – y aclara como se la ha utilizado en cada subsección del mismo. Por ello, me parece adecuado definir el sentido que se da en este trabajo a este concepto «Constelación de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad dada» – Kuhn, Tomas S., ob. cit., pág. 269.

(10) Habermas, Jürgen, «Factibilidad y Validez», Trotta, Madrid, 2001, p. 477.

(11) Husserl, Edmund, «Meditaciones Cartesianas», Tecnos, Madrid, 1997, pág. 14 «En los juicios mediatos yace una referencia de sentido a otros juicios, de ta l suerte que su creencia judicativa presupone la de estos otros».

(12) Sócrates duda de todo, incluso de aquellos a quienes se les consideraba sabios de la época.La diferencia entre los sabios de la época y Sócrates es que los sabios se creían sabios absolutos con un conocimiento absoluto mientras que Sócrates podía ver su sabiduría pero también su ignorancia. De allí su famosa frase «solo sé que no sé nada». Su amigo y sabio Querefonte, fue hasta el oráculo de Delfos y le preguntó a éste si había alguien más sabio que Sócrates. La pitonisa del oráculo le respondió que «no existía alguien más sabio en todo Atenas». No obstante, Sócrates dudó del oráculo. https://www.caracteristicas.co/socrates/#ixzz5pJy5JJXH

(13) DUDA METÓDICA. Método esencial de la filosofía cartesiana que tiene como objetivo la fundamentación radical del conocimiento y que consiste en rechazar como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales pueda plantearse alguna duda. DUDA METÓDICA – Descartes – Epistemología – https://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Duda-Metodica.htm

(14) Husserl, Edmund, ob cit., pág. 18

(15) Herrera Figueroa, Miguel, ob cit. pág. 19

(16) La justicia, el bien, el mal, que son y la forma de aproximarnos a ellos suelen ser juicios de verdad que consciente o inconscientemente están implícitos en toda obra humana y particularmente en el derecho.

(17) A riesgo de hacer una afirmación filosófica – sin un trabajo de constatación lógica -, las verdades absolutas son parte de la región óntica de la metafísica. Así lo considero porque todo aquello que es absoluto y por tanto perfecto e inmodificable solo puede ser concebido en dicha región.

(18) Ross, Alf, «El Concepto de Validez y Otros Ensayos», Colección Filosofía y Derecho, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1969, pág. 2/30. El análisis de este autor de este concepto y de sus diversas acepciones jurídicas me lleva a reemplazarlo por el de eficacia, que resulta más neutro y puede ser comprendido conforme la definición de la real academia española.

(19) Criterios mínimos del pensamiento científico:Racionalidad, coherencia, objetividad y verificabilidad

(20) Mill, John Stuart, «Sobre la libertad», Sarpe, Madrid, 1984, pág. 78.

(21) Recaséns Siches, Luis, «Filosofía del Derecho», Porrua, México, 1998, pág. 16/17

(22) Hempel, Carl, «Filosofía de la Ciencia Natural», Alianza Universidad. Madrid, 1995, pág. 36.

(23) Resulta interesante analizar la idea de Kuhn en la obra citada previamente, sobre la naturaleza intrínsecamente circular del paradigma y la comunidad científica y el concepto de esta última «Un paradigma es lo que comparten miembros de una comunidad científica y a la inversa una comunidad científica consiste en personas que comparten un paradigma» pág. 271. Desarrolla el concepto de comunidad científica en la página 272 y la consecuencia de su investigación y los límites derivados de ella.

(24) Husserl, Edmund, ob cit. pág. 18

(25) Bachelard, Gastón, ob. cit, pág. 16

(26) Recaséns Siches, Luis, ob. cit., pág. 16. El autor se refiere a derecho positivo que en el trabajo asimilo a conjunto de normas jurídicas.

(27) «La filosofía es una autorreflexión del espíritu sobre la conducta valorativa, teórica y práctica, y a su vez una aspiración al conocimiento de las últimas conexiones entre las cosas, a una concepción racional del universo. Pero todavía podemos establecer una conexión más profunda entre ambos elementos esenciales. Como prueban Platón y Kant, existe entre ellos la relación de medio a fin. La reflexión sobre sí mismo es el medio y el camino para llega a una imagen del mundo, a una visión metafísica del universo. Podemos decir, pues, en conclusión: la filosofía es un intento del espíritu humano para llegar a la concepción del universo mediante la autorreflexión sobre sus funciones valorativas teóricas y prácticas». Hessen, Juan «Teoría del Conocimiento», Losada, Buenos Aires, 1938, pág. 19 y 20.

(28) Sobre el problema del conocimiento ver Hessen, Juan, ob. cit.(29) Zuleta Puceiro, Enrique, Teoría del Derecho – Una introducción crítica -, Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 11

(30) Dado que ha sido sancionada por el órgano habilitado a dictarla

(31) Dado que la mayor parte de los sujetos integrantes de una sociedad la aplican.

(32) T.S.J.P.Cba., Sala Laboral, «Hernández, Juan Carlos c/Matricería Austral S.A. – Demanda – Recurso de casación» , sentencia 39, 25/06/02, Foro de Córdoba, Año XI, Nº 65, 2000, pág. 101; L.L.C. 2002, 820; D.T. 2002-B, 1796; IMP 2003-A, 1207; ED 199, 145. proponemos que a partir de la vigencia de la Ley 25.561 permanezca la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. como variable que regula las fluctuaciones del costo monetario con más un parámetro constante del dos por ciento (2%) nominal mensual. No obstante, cualquier solución que se adopte en materia de intereses moratorios ES ESENCIALMENTE PROVISIONAL, YA QUE RESPONDE A LAS FLUCTUANTES CONDICIONES DE LA ECONOMÍA DE UN PAÍS. Es un hecho notorio que los factores económicos no permanecen estáticos, sino que con el transcurso del tiempo y por el influjo de diferentes variables, son susceptibles de modificarse.

(33) C Civil, Comercial, Laboral y de Minería Sala 2 S 24/7/2017 «SEEBALT, Cristian Darío c/ MIYAR, Nora Trinidad s/Laboral» (Expte. Nº 19172/15 r.C.A.)

(32) C Civil, Comercial, Laboral y de Minería Sala 3 S 30/6/2017 «KLOSTER, Sergio Ariel c/COOPERATIVA AGROPECUARIA DE DOBLAS LTDA. y Otro S/ Laboral» (Expte. Nº 19489/16 r.C.A.)

(34) C laboral Rosario Sala II S 30 de septiembre de 2016 Fernández, Norberto Darío c/ La Segunda ART S. A. s/ Cobro de Pesos

(35) Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Olivera Miguel Ángel c/ Supermercado San Jorge S.R.L. y otros – C.P.L. – (EXPTE.91/16) s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida) S 31-oct-2017 MJ-JU-M-107717-AR | MJJ107717 | MJJ107717

(36) SCBA Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios», C. 120.536, del 18/04/18 y «Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios», C. 121.134, del 03/05/18

(37) http://noticias.unsam.edu.ar/2019/05/07/litigios-laborales-un-analisis-sobre-la-actualizacion-de-las-deudas-d
-trabajo/

(38) Dada la advertencia dispuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) respecto a la utilización de las series estadísticas publicadas por dicho organismo entre febrero de 2007 y hasta diciembre de 2015, se optó por utilizar el Índice de Precios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborado por Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Asimismo, la ley de contrato de trabajo (ley 20.744 ) en su artículo 276 planteaba que la actualización monetaria debería realizarse teniendo en cuenta la variación del IPC de la Capital Federal.

Para calcular la variación del IPC que se aplica a la deuda laboral original, se cuantifica la variación porcentual entre el valor del índice registrado en el mes anterior al inicio del juicio y el índice observado durante el mes en que se emite la sentencia.

(39) Gráfico 2. Evolución del poder adquisitivo de una sentencia judicial que se inicia en abril de 2013 y finaliza en marzo de 2019. Serie deflactada con el IPC CABA. Fuente: CETyD-IDAES-UNSAM, en base a actas CNAT e IPC CABA (GCBA).

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de la UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.