El derecho a participar en las ganancias: La Corte revocó la prescripción del reclamo de los estibadores de terminal portuaria por la privación de los Bonos de participación en las ganancias

Partes: Urquiza Juan José y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros s/ programas de propiedad participada

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 19-jun-2019

Cita: MJ-JU-M-119605-AR | MJJ119605 | MJJ119605

La Corte revocó la prescripción del reclamo de los estibadores que se desempeñaban en una terminal portuaria por la privación de los Bonos de participación en las ganancias.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que confirmó la prescripción opuesta y rechazó la demanda de los actores tendiente a obtener la reparación por daños y perjuicios derivados de la privación de percibir los bonos del programa de propiedad participación establecida por la Ley 23.696 , toda vez que se limitó a reiterar que el cómputo del plazo prescriptivo decenal debía comenzar con la sanción del Dec. 584/93 -reglamentario de la Ley de Reforma del Estado-, y no consideró que el daño por el que se demanda fue causado por el dictado de la Res. 566/01, por lo que el plazo debería computarse desde su publicación. (del dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte remite)

2.-Debe revocarse la sentencia que para confirmar la prescripción opuesta al reclamo de los estibadores que fueron privados de percibir los bonos que la Ley 23.696 otorgaba, aplicó un criterio jurisprudencial que fue dejado sin efecto por la Corte a partir del caso ‘Domínguez’ -sentencia del 10 de diciembre de 2013-, en el cual se puso énfasis por un lado, en que el hecho que creaba el título de la obligación dineraria a favor de los reclamantes y el correlativo daño por su insatisfacción, se fue produciendo, de manera periódica, en cada oportunidad en que se abonó el dividendo -art. 231 de la Ley de Sociedades Comerciales-, según las ganancias que, eventualmente, resultaran de cada balance. Y, por el otro, a que no podía válidamente ubicarse el dies a quem para todos los períodos litigiosos en la oportunidad en que fue publicado el decreto generador del daño, por lo que no luce razonable ubicar el comienzo del plazo de prescripción de todos los períodos litigiosos en la oportunidad fijada por la sentencia apelada. (del dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte remite)

3.-Corresponde desestimar la queja en tanto el recurso extraordinario cuya denegación la origina, es inadmisible -art. 280 del CPCCN.-. (de la disidencia de la Dra. HIGHTON de NOLASCO).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la decisión de primera instancia que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Estado Nacional y Terminales Portuarias Río de la Plata SAo En consecuencia, rechazó la demanda de los actores tendiente a obtener la reparación por daños y perjuicios derivados de la violación de normas que reglamentaron el otorgamiento de la concesión del servicio de la terminal portuaria en virtud de la Ley de Reforma del Estado 23.696, toda vez que se los privó de ser titulares de las acciones y los bonos previstos en el Programa de Propiedad Participada (fs. 1008/1009 del expediente principal, al que me referiré salvo aclaración en contrario) .

Sostuvo que al no existir una norma específica que fije el plazo de prescripción, corresponde aplicar lo dispuesto por el artículo 4023 del Código Civil (entonces vigente) que establecía el plazo de 10 años. A su vez, estimó que el cómputo de la prescripción debía contarse desde el dictado del decreto reglamentario 584/93, el 7 de abril de 1993, porque a partir de ese momento se frustró el objeto pretendido en las actuaciones. Señaló que la demanda fue interpuesta el día 21 de abril de 2008. En ese marco, consideró que el reclamo estaba prescripto.

-II-

Contra ese pronunciamiento los actores dedujeron recurso extraordinario federal (fs. 1011/1021), que, respondido por la parte contraria (fs. 1023/1034 y 1036/1041), fue desestimado (Es. 1043) y dio origen a la queja en examen (fs.88/92 del cuaderno respectivo).

La recurrente se agravia con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad pues afirma que la decisión incurrió en un apartamiento de las constancias de la causa y del derecho vigente.

Sostuvo que los actores tenían derecho a percibir los bonos de propiedad participada que prevé la ley 23.696 hasta que se dictó la resolución 566101, publicada en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2002, que privó a los trabajadores de ese derecho. Resalta que el objeto de la presente acción, no es obtener los bonos del programa, sino una reparación por la frustración de recibirlos.

Sobre esa base, afirma que el plazo de prescripción debió computarse desde la publicación de la resolución 566101, que generó el daño cuya reparación se reclama.

-III-

Cabe destacar que, si bien lo referido al término de prescripción aplicable y a su cómputo no constituye materia federal, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer de los casos cuyas particularidades hacen excepción a dicho principio con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 327:2631, “Barreyro” ; CNT 044367/2012/CS001, “Ortega, María del Carmen el Federación Patronal Seguros SA s/ accidente-ley especial” , sentencia del 19 de septiembre de 2017).

En el caso, cabe señalar que los reclamantes son estibadores que se desempeñan en la terminal portuaria, ahora privada, “Terminales River Plate SA”. Previamente, cumplian esas mismas tareas para ENDOGAR, en el ámbito de la Administración General de Puertos. La ley 23.696 estableció un Programa de Propiedad Participada para aquellos trabajadores que se desempeñaban en entidades públicas que fueron privatizadas.Con el dictado de la resolución 566101, estos trabajadores fueron privados de percibir los bonos que esa ley otorgaba.

En consecuencia, los actores demandaron la reparación de los daños y perjuicios que esa privación les causó, equivalentes al valor de los Bonos de Participación en la Ganancias, el valor de las acciones y los dividendos generados desde la sanción de la ley 23.696, y, además, el daño moral (ver fs. 63vtaJ64). Ello no fue considerado por la sentencia apelada que se limitó a reiterar que el cómputo del plazo prescriptivo debía comenzar con la sanción del decreto 584/93, reglamentario de la Ley de Reforma del Estado.

A su vez, la cámara no ponderó que la Corte dejó sin efecto el criterio adoptado en el sub lite a partir del caso “Domínguez” (Fallos: 336:2283), sentencia del 10 de diciembre de 2013. En ese precedente la Corte revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, pues consideró que ese órgano no había dado respuesta concreta a las alegaciones de los reclamantes relativas, por un lado, a que el hecho que creaba el título de la obligación dineraria a favor de aquellos y el correlativo daño por su insatisfacción, se fue produciendo, de manera periódica, en cada oportunidad en que se abonó el dividendo (art. 231 de la Ley de Sociedades Comerciales), según las ganancias que, eventualmente, resultaran de cada balance.Y, por el otro, a que, en las antedichas condiciones, no podía válidamente ubicarse el dies a quem para todos los períodos litigiosos en la oportunidad en que fue publicado el decreto 395/1992.

Considero pertinente señalar que en los casos CCF 007845/2007/1/RH001, “Spagnuolo Cesar Antonio y Otros c/ Telefónica de Argentina SA y Otro s/ Programa de Propiedad Participada”, sentencia del 10 de octubre 2017, y CSJ 36/2010 (46·S)/CS1, “Soustuyo, Juan Pablo y otros el Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 20 de octubre de 2015, la Corte Suprema reiteró ese temperamento. Para más, en el caso “Soustuyo” (cit.) también se debatieron privatizaciones de terminales portuarias.

En estas condiciones, no luce razonable ubicar el comienzo del plazo de prescripción de todos los períodos litigiosos en la oportunidad fijada por la sentencia apelada.

-IV-

Por todo ello, opino que corresponde admitir la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2018

VÍCTOR ABRAMÓVICH

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Urquiza, Juan José y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros s/ programas de propiedad participada”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que las cuestiones planteadas por los recurrentes encuentran adecuada respuesta en el dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad y sin que ello implique abrir juicio sobre el resultado final del pleito.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Hágase saber, agréguese la queja al principal y devuélvase el expediente al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

DISIDENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó está queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se desestima la queja. Hágase saber y, previa devolución de los autos principales, archívese.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO