Cosa de ‘locos’: Restricción de la capacidad del joven en lo referente a las decisiones atinentes a los tratamientos vinculados a su salud mental

Partes: R. L. S. D. s/ proceso de restricción de la capacidad

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala/Juzgado: III

Fecha: 14-may-2019

Cita: MJ-JU-M-119120-AR | MJJ119120 | MJJ119120

Se dispone la restricción de la capacidad del joven en lo referente a las decisiones atinentes a los tratamientos vinculados a su salud mental, pero será él quien deba prestar el consentimiento para los mismos con el asentimiento de su padre, designado como apoyo conforme lo disponen los arts. 38 y 43 del CCivCom.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia en cuanto dispuso la restricción de la capacidad del joven en lo referente a las decisiones atinentes a los tratamientos vinculados a su salud mental, designando a su padre como apoyo del mismo para el ejercicio de los actos personales, pero debe modificarse la modalidad dispuesta en el fallo, de modo que el consentimiento informado en lo atinente a los tratamientos e indicaciones referentes a la salud mental del joven deberá ser prestado por éste, con el asentimiento de su padre designado como apoyo, el que deberá serle requerido por los profesionales de la salud en las mismas oportunidades en que requieran el consentimiento informado del paciente.

2.-Las personas que padecen alguna discapacidad gozan de todos los derechos que les corresponden por ser personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna con las demás, debiendo los estados -realizando los ajustes pertinentes- adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los mismos.

3.-El nuevo CCivCom. reconoce la vigencia del principio de capacidad jurídica como derecho humano, presume la capacidad de las personas, y dispone que las limitaciones a la misma sean de carácter excepcional y siempre en beneficio de la persona, para lo cual, establece una serie de principios, derechos y garantías.

4.-El CCivCom. en sus arts. 37 y 38 , prevé que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos siempre que estime que, de lo contrario, puede resultar un daño a la persona o a sus bienes; así, la sentencia de restricción de la capacidad se debe pronunciar, entre otros aspectos, sobre el régimen de protección, asistencia, y promoción de la mayor autonomía posible, determinar el alcance de la restricción, especificar las funciones y actos que se limitan y designar los apoyos.

5.-El objetivo del apoyo no es decidir por la persona, sino facilitarle la toma de sus propias decisiones, por ello no desplaza o sustituye a la persona, sino que se sitúa a su lado, procurando que sea ésta quien en última instancia decida.

Fallo:

Salta, 14 de mayo de 2019

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “R., L.S.D. – Proceso de restricción de la capacidad”, Expte. Nº 354.996/11 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 2ª Nominación; Expediente Nº 354.996/11 de esta Sala Tercera, y CONSIDERANDO

La doctora M. Inés Casey dijo:

I) Vienen estos autos a despacho en virtud del recurso de apelación interpuesto, a fs. 303, por la señora Curadora Oficial, doctora M. J. Miranda, en contra de la sentencia dictada a fs. 297/300, que hizo lugar a la demanda deducida, y en su mérito, declaró la restricción de capacidad del señor L.S.D.R., designando como apoyo para asistirlo, a su padre el señor S.D.R. Concedido el recurso de apelación interpuesto, a fs. 305/308 la doctora M. J. Miranda, presenta su memorial. Primeramente, se agravia por cuanto entiende que la resolución apelada resulta contradictoria.

Al respecto, señala que de la lectura de los considerandos se desprende que se autorizaba al señor L.S.D.R. a prestar el consentimiento informado para los tratamientos médicos, fisiológicos, psiquiátricos y su rehabilitación, mientras que luego, en la parte resolutiva, se restringió su capacidad para prestar consentimiento informado para los tratamientos médicos, fisiológicos y psiquiátricos. Por ello, solicita se deje sin lugar la restricción impuesta, autorizándose al señor R. a prestar el consentimiento informado para tales actos.

En segundo lugar, refiere que le agravia el encuadramiento efectuado en la Sentencia respecto a la situación de salud mental de su defendido. En tal entendimiento, señala que, de acuerdo a la prueba producida en autos, por unanimidad, los profesionales sostuvieron que el señor R. podía llevar una vida normal, dependiendo de una única circunstancia, el tratamiento médico ambulatorio y controles médicos frecuentes. Por lo expuesto, solicita que la sentencia se adecue al estado real de salud mental de su representado.En tercer lugar, se agravia por las limitaciones, en sus actos y funciones, impuestas en la sentencia al señor R. En relación a ello, entiende que el sentenciante no tuvo en cuenta las particulares circunstancias de su representado, juzgándose al señor R. por sus antecedentes y no por su situación actual. En tal lineamiento, solicita se revoque el punto I de la sentencia, respecto a los actos y funciones a limitar, ya que entiende que el señor R. se encuentra en condiciones de administrar y disponer de su patrimonio y bienes, así como, para realizar actos jurídicos de la vida civil, en tanto no posee deterioro cognitivo. Se agravia también, por cuanto interpreta que el magistrado incurrió en un error respecto a los actos y funciones a limitar que exigen los artículos 38 y 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, equivocándose, en consecuencia, sobre la función del apoyo. Aclara que en el caso de marras el rol de apoyo consiste en cumplir la función de tutor de tratamiento, es decir, controlar la asistencia mensual al médico psiquiatra, la colocación mensual de la medicación de depósito y la realización de tratamiento psicológico.

Manifiesta que si bien el señor R. permanece en el Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad y por lo tanto su tratamiento y medicación está controlado, el mismo se encuentra en condiciones de externación, por lo que requiere un aseguramiento de su tratamiento y medicación.

Por ello, solicita se revoque el punto II de la parte resolutiva de la sentencia, respecto a la asistencia en el manejo de dinero, bienes muebles e inmuebles y la realización de actos jurídicos, otorgándose al señor S.D.R. la función de apoyo con la modalidad de tutor de tratamiento, con las especificaciones señaladas en el agravio.Por último, refiere que le causa agravio que se haya dispuesto la solicitud de autorización judicial para los actos comprendidos en los artículos 121 y 692 del Código Civil y Comercial de la Nación. Al respecto, señala que resultando que el señor R. no posee deterioro cognitivo, que conoce el valor del dinero y que actualmente se encuentra compensado, la salvaguardia impuesta no resulta proporcional ni adecuada a las circunstancias de su persona. Señala que lo que resulta esencial es establecer una salvaguardia para asegurar el cumplimiento del tratamiento y medicación, requiriéndose la presentación mensual de la constancia del tratamiento médico, psicológico y la colocación de la medicación de depósito por parte del tutor de tratamiento.

En consecuencia, solicita se revoque el punto II de la parte resolutiva de la sentencia, respecto a la obligación impuesta al apoyo de requerir autorización judicial en los términos de los artículos citados, estableciéndose la salvaguardia solicitada. Corrido traslado del memorial a la Asesoría de Incapaces Nº 4, a fs. 310, el señor Asesor presenta su contestación manifestando que los agravios de la Curadora Oficial resultan procedentes, por lo que entiende corresponde hacer lugar al recurso interpuesto. Elevados los autos a este Tribunal, a fs. 314 se corre vista al señor Fiscal de Cámara, quien considera que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto. A fs. 351/360 obra informe de la visita efectuada al Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad por la Sra. Curadora Oficial y la Sra. Asesora de Incapaces N° 5, en el mes de julio de 2018. A fs. 368 se llama autos para sentencia mediante providencia firme.

II. El marco normativo en los procesos de restricción de capacidad e incapacidad.

El reconocimiento de derechos y el tratamiento de las personas con discapacidad en general, y con problemas de salud mental en particular, ha sufrido un cambio de paradigma absoluto a partir de la suscripción de diversos instrumentos de reconocimiento de derechos, incorporados al texto de la Constitución Nacional.En este sentido podemos mencionar la Ley 25.280 que aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” (2000), la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada por ley 26.378 (2006) y con jerarquía constitucional a partir de la sanción de la ley 27044, desde diciembre de 2014, que establece los derechos que se reconocen a las personas que padecen alguna discapacidad, con el fin de promoverlos y proteger sus derechos atendiendo a su mayor vulnerabilidad y desventaja social, promoviendo su participación con igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida (del Preámbulo de la Convención), la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, entre otras. Es así que, las personas que padecen alguna discapacidad, gozan de todos los derechos que les corresponden por ser personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna con las demás, debiendo los estados, realizando los ajustes pertinentes, adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los mismos (art. 4 CDPD), siendo necesario destacar lo previsto por los arts. 12 y 13 del CDPD, en cuanto reconocen que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (art. 12), y en la obligación de los Estados de asegurarles acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento (art. 13). Al respecto, la Corte de Justicia dijo: “A su vez, la Observación Nº 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 31 de marzo al 11 de abril de 2014 puso de manifiesto que “en el artículo 12 no se establecen derechos adicionales para las personas con discapacidad, simplemente se describen los elementos específicos que los Estados partes deben tener en cuenta para garantizarles el derecho a la igualdad ante la ley, en igualdad de condiciones con las demás” (CJS 38.217/16 Herrera, del voto del Dr.Díaz (213:917/942).

El nuevo Código Civil y Comercial adopta los principios antes referidos y reconoce la vigencia del principio de capacidad jurídica como derecho humano, presume la capacidad de las personas, y dispone que las limitaciones a la misma sean de carácter excepcional y siempre en beneficio de la persona, para lo cual, establece una serie de principios, derechos y garantías. En este nuevo paradigma, se insertan los procesos de restricción de capacidad de las personas, en cuyo caso, es necesario determinar con precisión cuáles son las capacidades y competencias de cada individuo, y en cada caso, determinar el apoyo necesario. En este esquema, a mayores aptitudes, autonomía y autovalimiento, menor será la intervención del apoyo; y a la inversa, las mayores dificultades de la persona requerirán, más intervención y si fuera necesario, el apoyo también cumpliría las funciones de representante para actos concretos. Ello se traduce en el proceso de restricción de capacidad, en una sentencia a medida de cada una de las personas que fue sometida al proceso, y este es un derecho que tienen las personas con discapacidad mental.

El Código Civil y Comercial de la Nación prevé que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos siempre que estime que, de lo contrario, puede resultar un daño a la persona o a sus bienes. Así, la sentencia de restricción de la capacidad se debe pronunciar, entre otros aspectos, sobre el régimen de protección, asistencia, y promoción de la mayor autonomía posible, determinar el alcance de la restricción, especificar las funciones y actos que se limitan y designar los apoyos (arts. 37 y 38 Código Civil y Comercial). En ese caso, debe designar los apoyos necesarios especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.Respecto de la función de los apoyos, se ha dicho que la misma es “promover y facilitar el ejercicio de la autonomía (se entiende que cuando es susceptible de ejercerse): ello puede materializarse a través de un sistema de asisten cia, de asesoramiento de los actos que se proyecta realizar o, aún de mero seguimiento o control del ejercicio de la autonomía personal; pueden versar exclusivamente -también concurrentemente con otras – sobre la situación de salud del declarado capaz restringido o incapaz (el llamado “tutor de tratamiento”). . De ese modo, le incumbe a los apoyos, entre otras funciones: instar y controlar los tratamientos médicos que se requieran (poner en movimiento el procedimiento de excepción de la internación cuando fuere indispensable, velar por el cumplimiento de las indicaciones médicas, etc.)” (TOBÍAS, J. W., en ALTERINI, Jorge H., “Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, t. I, ps. 354- 356).

III) La solución del caso: Bajo el paradigma antes expuesto, se analizarán los agravios de la apelante y se dará la solución al caso. III-a) En cuanto al primer agravio, la Sra. Curadora sostiene que habría una contradicción entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo, entendiendo que en los considerandos se autoriza a su representado “Luis Sergio R. a prestar el consentimiento informado”, y en la parte resolutiva se le restringe la capacidad para dichos actos. Solicita se deje sin efecto la restricción, y se lo autorice a prestar el consentimiento informado. Sin embargo, leyendo con detenimiento la resolución, se advierte que no hay tal contradicción, y que la confusión puede originarse en la similitud de nombres entre su asistido, y el padre del mismo, quien fuera designado como apoyo.En efecto, por el presente tramita la restricción de capacidad de “Luis S.D.R.”, DNI xx.xxx.xxx, y es designado como apoyo del mismo, su padre llamado S.D.R., DNI xx.xxx.xxx (sin perjuicio que en los considerandos se consigna erróneamente su nombre, como Luis Sergio en lugar de Sergio Daniel). La duda se disipa, al leer en forma completa el penúltimo párrafo de los considerandos, que expresamente dice: “Igualmente y respecto a los derechos personalísimos (art. 51 C.C.) el Sr.

Luis Sergio R. deberá prestar el consentimiento informado para los tratamientos médicos, fisiológicos, psiquiátricos y su rehabilitación en tanto se vea comprometida la salud, alteración o cese de los mismos con relación al protegido” (el resaltado me pertenece, fs. 299 vta/300). Es claro que al referirse la resolución al protegido, está hablando de L. S. D., y quien debe prestar el consentimiento respecto del protegido, es su padre, Sergio Daniel (aunque se lo haya nombrado como Luis Sergio en los considerandos). Es decir, que quien debe prestar el consentimiento informado conforme la resolución, es el padre designado como apoyo, ya que debe hacerlo respecto al protegido, y es a quien se identifica con dos nombres y no con tres, como es el caso de la persona cuya capacidad está siendo evaluada. Es decir, que no se presenta en autos la invocada contradicción, sino que efectivamente se dispuso la restricción de la capacidad del joven R. para prestar el consentimiento informado para los tratamientos médicos, fisiológicos, psiquiátricos y de rehabilitación, el cual, conforme dispone la sentencia debería ser prestado por su padre. III-b) La Sra.Curadora también se agravia por el encuadramiento efectuado a la situación de salud mental de su defendido en la sentencia.

Expresa que el joven padece psicosis crónica-ezquizofrenia paranoide, que desde que se encuentra en el centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad no consume alcohol ni sustancias tóxicas, que conforme la pericia psiquiátrica de fecha 18/2/15 se encuentra compensado, sin indicadores de peligrosidad para sí ni para terceros, y que con la medicación puede llevar una vida normal, condicionada a la realización de tratamiento médico ambulatorio y controles médicos frecuentes. Este cuestionamiento, se vincula con el cuarto agravio referido a la función del apoyo, que entiende debe consistir en cumplir la función de “tutor de tratamiento”, es decir “controlar la asistencia mensual al médico psiquiatra, la colocación mensual de la medicación de depósito y la realización de tratamiento psicológico”, lo que solicita así sea determinado por la sentencia, de conformidad al artículo 38 y 43 del Código Civil y Comercial. A fs. 369/370, la Sra. Curadora Oficial presenta un informe actualizado del Equipo Médico del Hospital Ragone del que surge que el joven R. se encuentra compensado en su cuadro psicopatológico de base F20.0 (Esquizofrenia Paranoide), con buena evolución sin sintomatología psicótica positiva, siendo necesario el sostenimiento adecuado del tratamiento psicofarmacológico. De la descripción efectuada por la Sra. Curadora respecto de la situación de salud mental de su defendido, quien inexcusablemente requiere del sostenimiento del tratamiento médico psiquiátrico y psicológico, colocación de la medicación de depósito y controles frecuentes, se desprende con claridad, que el joven R.contrariamente a lo solicitado por la Sra.

Curadora Oficial, no puede ser absolutamente autónomo al respecto, es decir no puede ser considerado plenamente capaz para prestar su consentimiento informado en lo referente a tratamiento médicos, fisiológicos, psicológicos y psiquiátricos, respecto a su salud mental, por cuanto la interrupción o falta de cumplimiento de los mismos puede redundar en un grave riesgo para su persona y la de terceros (se advierte al respecto que conforme expone la Sra.

Curadora Oficial, apuñaló a su madre porque se encontraba sin la medicación de depósito). No se puede desconocer, que si bien el joven se encuentra actualmente compensado, es porque el tratamiento indicado está siendo adecuadamente cumplido por encontrarse el joven alojado en el Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad, en donde recibe tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico (fs. 369). De lo expuesto se desprende la necesidad de mantener la restricción de la capacidad del joven R., en lo referente a las decisiones atinentes a los tratamientos vinculados a su salud mental, debiendo designarse a su padre como apoyo del mismo para el ejercicio de los actos personales antes detallados. Sin embargo, siendo necesario en la resolución “señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación” (cfr. artículo 38 y 43 Código Civil y Comercial), se modifica la modalidad dispuesta en la sentencia recurrida, y se dispone que el consentimiento informado en lo atinente a los tratamientos e indicaciones referentes a la salud mental del joven, deberá ser prestado por el joven R., con el asentimiento de su padre designado como apoyo, el que deberá serle requerido por los profesionales de la salud en las mismas oportunidades en que requieran el consentimiento informado del paciente, de conformidad a la normativa vigente.Ello, por cuanto “el objetivo principal del apoyo es el “facilitar” a la persona la “toma de decisiones”. Con lo cual resulta evidente que el objetivo del apoyo no es decidir “por” la persona, sino facilitarle la toma de sus propias decisiones. Y así surge una de sus características principales, esto es, el apoyo no desplaza o sustituye a la persona, sino que se sitúa a su lado, procurando que sea ésta quien en última instancia decida” (Kraut A. Jorge-Palacios Agustina en obra dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Tomo I, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 252), por lo que continúan diciendo los autores que “Dado que la persona, aunque restringida conserva su capacidad, los apoyos deberían designarse a fin de asegurar que cuente con el discernimiento necesario para dar validez a sus actos jurídicos (art. 259). (ob.cit. p. 253). Asimismo, el apoyo también ejercerá la función de “tutor de tratamiento”, a fin de promover el cumplimiento del tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico de su asistido, como así también respecto del suministro y toma de la medicación indicada que requiera el tratamiento. Como salvaguardias, se dispone que: a. el APOYO deberá presentar al Juzgado en forma mensual constancia del cumplimiento del tratamiento por parte de su asistido, e informar al Juzgado cualquier cambio respecto del equipo de salud interviniente, y b. el EQUIPO DE SALUD deberá informar al Juzgado, en forma mensual y siempre que lo considere oportuno y necesario, respecto del cumplimiento o no del tratamiento indicado, como toda información relevante al caso. La señora Curadora Oficial también cuestiona que se haya limitado la capacidad de su asistido para administrar y disponer de sus bienes y celebrar actos jurídicos, en tanto sostiene el mismo no ha sufrido deterioro cognitivo y conoce el valor del dinero. Si bien la pericia de fs.137 afirma que el joven no puede “valerse por si mismo ni administrar sus bienes”, en la audiencia de visu celebrada en julio de 2014, el joven refirió conocer el valor del dinero y administrar su pensión con la que adquirió diversos bienes, y el médico asistente manifestó que el joven no presenta deterioro cognitivo, por lo que con la medicación puede llevar una vida normal, y que “para estar bien solo necesita cumplir estrictamente con la medicación que se le suministra” . El informe actualizado obrante a fs. 369 también refiere que el joven R. “presenta sus funciones psíquicas conservadas (atención, memoria, lenguaje, pensamiento, voluntad), afectividad estable, motricidad sin alteraciones. .No se observa deterioro en sus funciones cognitivas. . Es autoválido, conoce el valor del dinero y puede hacer uso del mismo.” Atento lo planteado por la Sra. Curadora Oficial y constancias de autos, corresponde atender al agravio planteado, y en este aspecto revocar la restricción de capacidad dispuesta en orden a la administración y disposición de sus bienes, y celebración de actos jurídicos, para los cuales conserva su plena capacidad, por lo que tampoco corresponde librar oficio a la Dirección General de Inmuebles. El presente se resuelve sin costas, en tanto no hubo oposición al planteo de la apelante. El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo: Que adhiere al voto de la señora Jueza de Cámara preopinante.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,

I) HACE LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 303, por la señora Curadora Oficial Dra. M. J. Miranda, y MODIFICA:

a. El punto I de la resolución obrante a fs. 297/300, DECLARANDO LA RESTRICCION DE CAPACIDAD del joven L. S. D. R. DNI Nº xx.xxx.xxx, para el ejercicio de los actos personales referentes a las decisiones atinentes a los tratamientos médicos, fisiológicos, psiquiátricos y de rehabilitación vinculados a su salud mental.

b.El punto II de la resolución obrante a fs. 297/300, DESIGNANDO APOYO para el ejercicio de los actos personales antes detallados a su padre Sr. S.D.R. DNI Nº xx.xxx.xxx, quien deberá prestar su asentimiento en todas las oportunidades en que, de conformidad a la normativa vigente, se requiera el consentimiento informado del paciente; y DISPONIENDO que el apoyo designado también ejercerá la función de “TUTOR DE TRATAMIENTO”, conforme considerandos.

II) DISPONE como salvaguardias que: a. el APOYO deberá presentar al Juzgado en forma mensual constancia del cumplimiento del tratamiento por parte de su asistido, e informar al Juzgado cualquier cambio respecto del equipo de salud interviniente, y b. el EQUIPO DE SALUD interviniente deberá informar al juzgado, en forma mensual y siempre que lo considere oportuno y necesario, el cumplimiento o no del tratamiento indicado, como toda cuestión que se suscite en el tratamiento indicado e información relevante al caso.

III) MODIFICA el punto V de la resolución obrante a fs. 297/300, DISPONIENDO que se notifique al señor L.S.D.R. DNI Nº xx.xxx.xxx, al señor S.D.R. DNI Nº xx.xxx.xxx, a la señora Curadora Oficial Dra. M. J. Miranda, al sr. Asesor de Incapaces Nº 4 Dr. J. Manuel Pereira, al Ministerio Fiscal interviniente y al Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Ragone”, y por su intermedio al Equipo de Salud interviniente. Oportunamente se libren oficios a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

IV) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.