La patología psicológica derivada de un accidente de tránsito seguido de robo con arma, debe ser cubierta por el seguro de accidentes personales

Partes: M. D. A. En J° 11855 / 13-00714367-7 (010305-53272) M. D. A. c/ Generali Corporate Cia. Argentina de Seguros S.A. s/ daños y perjuicios p/ recurso extraordinario provincial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: I

Fecha: 30-abr-2019

Cita: MJ-JU-M-118912-AR | MJJ118912 | MJJ118912

La patología psicológica derivada de un accidente de tránsito seguido de robo con arma debe ser cubierta por el contrato de seguro de accidentes personales. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda interpuesta a fin de que se abone la indemnización prevista en un contrato de seguro de accidentes personales, por entender que la incapacidad psicológica no se encontraba incluida dentro del riesgo cubierto por la póliza, que sólo incluiría lesiones corporales y psicopatías en el único caso de que ellas deriven de las lesiones físicas sufridas en el hecho dañoso; ello, pues la lectura de las cláusulas involucradas demuestra, sin lugar a duda alguna, la inclusión de la patología del actor dentro del riesgo cubierto, ya que el actor sufrió un accidente automovilístico, seguido de un robo violento en el cual fueron atacados con armas de fuego él y dos compañeros que se trasladaban en su mismo vehículo.

2.-La aseguradora demandada, necesariamente experta en la elaboración de las cláusulas contenidas en las pólizas que emite y que describen el siniestro cubierto, no puede desconocer el contenido conceptual del vocablo utilizado en el contrato; así, al hacer referencia a ‘accidente’ necesariamente expresa un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas y tratándose del seguro de accidentes, en su riesgo cubierto se está ante un suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas.

3.-Si la aseguradora (cooperativa en la que el accionante cumplía su labor como asociado) se desempeñaba en la prestación de servicios con automotores que trasladaban fondos, era necesariamente uno de los accidentes asegurados aquel que implicaba la colisión y posterior agresión de terceros, tal como sucedió en el caso que dio origen al reclamo del actor; desatender ese contenido necesario de la relación contractual del seguro implica la supresión jurídicamente inadmisible de los elementos configurativos del examen causal.

Fallo:

En Mendoza, a treinta días de Abril de dos mil diecinueve, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-00714367-7/1(010305-53272), caratulada: “M. D. A. EN J° 11855 / 13-00714367-7 (010305-53272) M., D. A. C/ GENERALI CORPORATE CIA., ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL”.

De conformidad con lo decretado a fojas 58 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. PEDRO JORGE LLORENTE; segundo: DR. DALMIRO FABIÁN GARAY CUELI; tercero: DR. JULIO RAMON GOMEZ.

ANTECEDENTES:

A fojas 12/26 D. A. M., interpone recurso extraordinario provincial en contra de la resolución dictada por la Quinta Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, de Paz y Tributario, a fojas 294/297 de los autos n° 53272 caratulados “M., D. A. C/ GENERALI CORPORATE CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.

A fojas 36 se admite formalmente el recurso deducido, se ordena correr traslado a la parte contraria, quien contesta, a fojas 45/47, solicitando su rechazo, con costas.

A fojas 50/51 obra el dictamen de Procuración General del Tribunal, que aconseja la admisión del recurso deducido.

A fojas 57 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 58 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso extraordinario provincial interpuesto? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. PEDRO JORGE LLORENTE DIJO:

I.- RELATO DE LA CAUSA.

Los hechos relevantes para la resolución de la presente causa son los siguientes:

1. A fs. 33/36 obra demanda de daños y perjuicios de D.A. M. en contra de Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros S.A. Reclama indemnización por la incapacidad psíquica sufrida por el actor en virtud del evento dañoso ocurrido el día 26/03/10, oportunidad en la cual, mientras realizaba trámites administrativos y pagos en una empresa contratante de Cooperativa de Trabajo de Instaladores Limitada, fueron impactados de frente por otro vehículo y asaltados a mano armada, quedando el actor y los otros dos ocupantes del vehículo en el que se transportaba, expuestos en el medio de una balacera. Como consecuencia de ella, fallecieron los dos acompañantes del actor y éste sufrió escoriaciones y traumatismos varios, además manifiesta haber sufrido un importante daño psíquico, que le ocasiona una incapacidad laboral total y permanente, cuya indemnización reclama en autos. Acompaña la siguiente documentación:

– Informe psicológico que refiere una incapacidad del 70%.

– Póliza de seguros (fs. 7/23).

1. A fs. 66 se declara la rebeldía del demandado.

2. A fs. 80 obra auto de admisión de pruebas.

3. A fs. 97/101 obra pericia médica psiquiátrica, de la cual se desprende que el Sr. M. presenta un trastorno por estrés postraumático. En virtud de ello fija el porcentaje de incapacidad para el Sr. M. en el 70% teniendo en cuenta los factores intervinientes y sabiendo que los porcentajes de los baremos son estimativos y que cada caso es único.

4. A fs. 194/195 la demandada impugna la pericia psiquiátrica.

5. A fs. 199/200 la perito contesta la impugnación expresando que el examen pericial se basa principalmente en la entrevista psiquiátrica, método de diagnóstico esencial de psiquiatría. Sostiene que el examen pericial está basado en las entrevistas clínico-psiquiátricas realizadas, en los elementos complementarios de diagnóstico, en el estudio minucioso del expediente y en su experiencia personal, por lo que ratifica su pericia.

6. A fs. 216/218 alega la parte actora y a fs. 220/221, lo hace la demandada.

7. A fs.237/241 obra sentencia de primera instancia, la cual considera que el hecho existió, que el actor pertenecía a la Cooperativa, que la cooperativa celebró un contrato de seguros con la demandada, que el siniestro fue oportunamente denunciado y que el único motivo de rechazo fue que la compañía considera que las secuelas que padece el actor no constituyen secuelas indemnizables. Analiza que al haber sido desglosada la contestación de demanda, debe entenderse que la prescripción invocada no ha sido planteada judicialmente, por lo que no corresponde su tratamiento. Tiene por probado que el actor sufrió una incapacidad psicológica del 70% y considera que esa incapacidad se encuentra dentro de las secuelas indemnizables previstas por la póliza. Interpreta que se encuentran cubiertas por el seguro las psicopatías transitorias o permanentes sólo en el caso de que las mismas sobrevengan como consecuencia de un accidente cubierto conforme con la cláusula segunda; esto es siniestros que ocurran durante la vigencia del seguro que sean causa de la invalidez permanente o temporaria, total o parcial. Dicha lesión debe ser determinada por los médicos y ser independiente de la voluntad del asegurado, por la acción repentina y violenta de o con un agente externo. Afirma que todos estos requisitos se verifican en autos, que el siniestro fue violento y repentino, ocasionado por agentes externos al actor y la lesión ha sido determinada por la médica psiquiatra. Hace lugar a la demanda por la suma de $ 716.526, indemniza por incapacidad del 70%, aplicando la fórmula Las Heras-Requena.

8. Apela la demandada.

9. A fs.294/297 la Cámara hace lugar al recurso de apelación planteado por la demandada y, en consecuencia, rechaza la demanda interpuesta, con los siguientes argumentos:

Si bien el actor demanda por daños y perjuicios, lo que en realidad reclama es el cumplimiento del contrato, ya que no se imputa a la accionada haber causado un daño o ser responsable del mismo, sino que lo que se pide es que se abone lo pactado ante la producción del siniestro previsto.

La incapacidad del actor no está prevista en la cláusula contractual que delimita el riesgo cubierto. Éste sólo prevé lesiones corporales, la cláusula 5 excluye expresamente psicopatías transitorias o permanentes, salvo que sobrevengan a consecuencia de un accidente cubierto conforme con la cláusula 2 o del tratamiento de las lesiones por él producidas.

El único caso en que se consideraría la incapacidad que aquí se reclama es que hubiese sido derivada de lesiones físicas sufridas en el hecho delictivo.Por el contrario, el actor luego de vivenciar el hecho delictivo en que murieron dos de sus compañeros de trabajo, presentó angustia, ansiedad, tristeza, temor, incluso con malestares fisiológicos asociados, por lo que se le diagnostica trastorno por estrés postraumático a partir de la exposición a un acontecimiento estresante con una incapacidad del 70%.

Tiene en cuenta que la demandada fue declarada rebelde, pero ello no exime al juez de analizar los presupuestos de la pretensión.

No se desconoce que el actor no fue quien contrató con la aseguradora sino la cooperativa, aún así la claridad de la previsión contractual no podría ser flexibilizada en atención a esta circunstancia.

Asimismo, y como denunciara la accionante, la compañía rechazó el siniestro por no ser un riesgo asegurado, lo cual cierra la suerte del litigio.

II.- ACTUACION EN ESTA INSTANCIA.

A) AGRAVIOS DEL RECURRENTE.

El quejoso funda su recurso de la siguiente manera:

La sentencia considera que el único caso en el cual se encontraría cubierta la psicopatía es que hubiese derivado de las lesiones físicas sufridas en el hecho delictivo. Es decir que la sentencia impugnada entiende que lo cubierto por la póliza contratada sólo abarca la lesión física provocada por un accidente o acción repentina y violenta con un agente externo. Ese fundamento es erróneo.

La sentencia identifica al daño corporal con el daño físico exclusivamente, prescindiendo del concepto real utilizado en el ámbito legal y médico.Desde el punto de vista médico legal el daño corporal es cualquier alteración somática o psíquica que perturbe, amenace o inquiete la salud de quien lo sufre.

La doctrina de derecho de seguros, a la que debe acudirse por ser especializada y no haber definición en el contrato de seguros, califica a la lesión corporal como elemento fundamental del accidente que presupone la disminución de la integridad corporal, física o psíquica, definitiva o provisoria y que implique la ausencia de la razonable posibilidad de ejercer tareas remuneradas acorde con la habilidad del afectado.

El concepto de lesión corporal que utiliza la póliza debe ser entendido de forma amplia, como comprensiva de las lesiones físicas y psíquicas que el actor sufriera como consecuencia del accidente denunciado.

La cláusula de exclusión de cobertura menciona la exclusión de psicopatías transitorias o permanentes, pero reafirma su inclusión en la cobertura si tales psicopatías derivan de un accidente cubierto, como es el caso que nos ocupa. No se trata de una interpretación contractual, sino que la Cámara ha modificado el sentido de la cláusula pactada.

Aún si pensáramos que la redacción es dudosa, se impone la interpretación a favor del consumidor. La sentencia prescinde arbitraria e infundadamente de la normativa prevista en nuestra Constitución Nacional, en el C.C.y en la Ley 24.240.

La defensa sólo se amparó en no existir pérdida anatómica o funcional, lo que no surge de la póliza en cuestión que sólo se refiere a la existencia de una lesión corporal, sin exigir pérdida anatómica.

Aún si consideráramos válido el concepto restringido de lesión corporal que utilizó la Cámara, en el caso de autos, existieron lesiones físicas (traumatismos varios y escoriaciones), producto del accidente cubierto, razón por la cual, sus consecuencias, lesiones psíq uicas deben estar cubiertas, de conformidad con lo establecido en la cláusula de exclusión de cobertura (cláusula 5°). La omisión de tratamiento de esa prueba es arbitraria.

La imposición de costas al accionante ordenada por la sentencia de Cámara viola el art. 53 de la Ley 24240, en cuanto establece el beneficio de justicia gratuita, el cual comprende no sólo impuestos, tasas y contribuciones, sino también las costas del proceso.

B) CONTESTACIÓN DE LA RECURRIDA.

La demandada solicita el rechazo del recurso interpuesto. Argumenta de la siguiente manera:

La cláusula 2° individualiza y determina el riesgo cubierto. Prevé únicamente lesiones corporales sufridas por el asegurado, no incapacidades psíquicas como la que se reclama en autos.

La extensión del riesgo y los beneficios otorgados deben ser interpretados de manera literal y no analógica ni extensivamente, ya que lo contrario provocaría un grave desequilibrio en el conjunto de las operaciones de la compañía, en perjuicio de la comunidad de asegurados y corriendo el riesgo de romper la ecuación técnica del seguro con perjuicio general para los consumidores.

El concepto corporal delimita expresamente el riesgo cubierto, el ámbito corpóreo o físico del asegurado, se refiere solamente a los daños que recaen sobre la estructura física de la persona.Distinto sería si hablara de salud, concepto más amplio, que sí incluiría las lesiones psicológicas.

Del baremo de la póliza surgen las lesiones, por las cuales se tabula, y éstas son únicamente físicas.

La incapacidad psíquica no surge de lesión física alguna por lo que no es aplicable la excepción de la cláusula 5° b). La pretensión del actor engloba la de cubrir un riesgo no cubierto.

No ha sido siquiera sugerido por el actor que las cláusulas contractuales de la póliza sean oscuras, abusivas, nulas o inconstitucionales, además, ellas no presentan duda alguna acerca de los términos de la cobertura.

La legislación de defensa del consumidor será aplicable en subsidio, siempre y cuando la legislación específica en materia de seguros no pueda resolver el conflicto.

C) DICTAMEN DE PROCURACIÓN GENERAL DEL TRIBUNAL.

Procuración General del Tribunal sugiere la admisión del recurso interpuesto, entendiendo que resulta arbitraria la interpretación efectuada por la Quinta Cámara respecto de los riesgos cubiertos y excluidos por la póliza de seguro en cuestión. Sostiene que la incapacidad se encuentra cubierta por la póliza en razón de haberse acreditado que la patología que da origen a esa incapacidad tiene como génesis el hecho traumático sufrido por el Sr. M. y sus compañeros. Además debe hacerse una interpretación en el sentido más favorable para el consumidor de las cláusulas en cuestión.En virtud de ello sugiere que las costas sean impuestas a la parte demandada.

III.- LA CUESTIÓN A RESOLVER.

Esta Sala debe resolver si resulta arbitraria o normativamente incorrecta la sentencia que rechaza la demanda interpuesta a fin de que se abone la indemnización prevista en un contrato de seguro de accidentes personales, entendiendo que la incapacidad psicológica no se encuentra incluida dentro del riesgo cubierto por la póliza, que sólo incluiría lesiones corporales y psicopatías en el único caso de que ellas deriven de las lesiones físicas sufridas en el hecho dañoso.

IV.- ANÁLISIS DE LA CAUSA.

A) PRINCIPIOS QUE RIGEN EL RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL.

Conforme criterio inveterado de este Tribunal, “la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S. 188-446, 188-311, 102-206, 209-348, etc.) (L.S. 223-176)”.

Así, se ha sostenido que el recurso de inconstitucionalidad tiene carácter excepcional, por ello, las causales se interpretan restrictivamente, evitando que la Corte se convierta en una tercera instancia ordinaria, contraviniendo todo el sistema recursivo (L.S. 223-176).

El criterio expuesto resulta aplicable también hoy, luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, Comercial, Tributario de Mendoza, a partir de febrero de 2018, el cual contempla, expresamente, en su art.145, inc. III, que el recurso extraordinario provincial que el código autoriza, es de interpretación y aplicación restrictiva, en razón de la naturaleza especial de esta instancia.

B) SOLUCIÓN DEL CASO.

Bajo estas premisas debe considerarse la sentencia recurrida.Anticipo mi opinión, coincidente con lo expuesto por la Procuración General de este Tribunal, en el sentido de que el recurso extraordinario planteado debe ser admitido, por las razones que expondré a continuación.

En función de los criterios expuestos, y conforme surge de la prueba rendida en la causa, entiendo que la sentencia impugnada adolece de los vicios imputados por el recurrente, apartándose en sus conclusiones de las constancias objetivas de la causa y de las cláusulas contractuales pactadas en el contrato de seguro que vincula a las partes. De esta manera, la decisión a la cual ha arribado resulta dogmática, lo cual justifica la admisión del remedio extraordinario intentado.

En efecto, la lectura de las cláusulas involucradas en la resolución del presente caso demuestra, sin lugar a duda alguna, la inclusión de la patología del actor dentro del riesgo cubierto, por lo cual, la única solución posible es la admisión de la demanda interpuesta, en cuanto a la obligación de la compañía de asumir el siniestro y abonar la indemnización contractualmente pactada.

En este sentido, la cláusula 2° de la póliza establece que “El Asegurador se compromete al pago de las prestaciones estipuladas en la siguiente póliza, en el caso que la persona designada en la misma como Asegurado sufriera durante la vigencia del seguro algún accidente que fuera la causa originaria de su muerte o invalidez permanente o temporaria, total o parcial, (.) A los efectos de este seguro se entiende por accidente toda lesión corporal que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta, sufrida por el asegurado independientemente de su voluntad, por la acción repentina y violenta de o con un agente externo”.

Asimismo, la cláusula 5° excluye del seguro “b) Las lesiones causadas (.) de psicopatías transitorias o permanentes y de operaciones quirúrgicas o tratamientos; salvo que en cualquiera de tales hechos sobrevenga a consecuencia de un accidente cubierto conforme con la cláusula 2 o del tratamiento de las lesiones por él producidas”.

No se incluyenlas psicopatías en el riesgo cubierto, salvo que ellas sobrevengan a consecuencia de un accidente cubierto. El supuesto de marras se encuentra incluido dentro de la excepción mencionada, ya que el actor sufrió un accidente automovilístico, seguido de un robo violento en el cual fueron atacados con armas de fuego él y dos compañeros que se trasladaban en su mismo vehículo, en virtud de lo cual fallecieron sus acompañantes y el actor quedó con un estrés postraumático grave, que le ocasiona una incapacidad del 70%. La incapacidad psiquiátrica surge del siniestro cubierto y debe ser pagada por la compañía, ya que ha sido determinada por los médicos de manera cierta y fue sufrida por el asegurado de manera independiente de su voluntad, por la acción repentina y violenta de un agente externo.

El hecho de que la póliza considere que se entiende por accidente toda lesión corporal no puede variar la interpretación efectuada ya que, en la mejor hipótesis para la parte recurrida, es decir, si consideráramos que la lesión corporal no incluye la psicopatía, cuestión discutible, la cláusula 5° hace la salvedad específicamente para el supuesto de que ella sobrevenga a causa de un accidente cubierto. Es decir que, ya sea que se entienda 1) que la lesión corporal incluye la patología psiquiátrica o 2) que la psicopatía debe ser cubierta por haber sido consecuencia del accidente, en cualquiera de los dos casos, como regla general o como excepción, ese daño debió ser cubierto por la compañía.

La aseguradora demandada, necesariamente experta en la elaboración de las cláusulas contenidas en las pólizas que emite y que describen el siniestro cubierto, no puede desconocer el contenido conceptual del vocablo utilizado en el contrato.Así, al hacer referencia a “accidente” necesariamente expresa un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas y tratándose del seguro de accidentes, en su riesgo cubierto se está ante un suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas. Va de suyo que si la aseguradora (cooperativa en la que el accionante cumplía su labor como asociado) se desempeñaba en la prestación de servicios con automotores que trasladaban fondos, era necesariamente uno de los accidentes asegurados aquel que implicaba la colisión y posterior agresión de terceros, tal como sucedió en el caso que dio origen al reclamo del actor. Desatender ese contenido necesario de la relación contractual del seguro implica la supresión jurídicamente inadmisible de los elementos configurativos del examen causal.

En virtud de ello y, si mis distinguidos colegas de Sala comparten mi opinión, entiendo que el recurso interpuesto debe ser admitido, debiendo condenarse a la demandada a abonar la indemnización contractualmente pactada por la incapacidad que padece la parte actora.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el DR. JULIO RAMON GOMEZ adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. PEDRO JORGE LLORENTE DIJO:

Atento el modo como se resuelve la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia obrante a fs. 294/297 de los autos N° 53.272, caratulados: “M., D. A. C/ GENERALI CORPORATE CIA., ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/ DA ÑOS Y PERJUICIOS”, dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas, de Paz y Tributario.

Siendo ello así, corresponde situarse en posición de Cámara y analizar los agravios planteados en segunda instancia, en la cual el demandado desarrolló dos cuestiones:la primera es que no existirían secuelas indemnizables por la póliza, en tanto no hubo pérdida anatómica y/o funcional y la segunda es que no se habría respetado el límite de suma asegurada establecido en la póliza de accidentes personales, que es de $207.000, para el supuesto de 100% de incapacidad.

El primer agravio planteado por la demandada ha sido tratado en la primera cuestión, a la cual me remito para evitar reiteraciones innecesarias.

En relación al segundo agravio cabe mencionar que la demandada solicita se aplique el límite de cobertura de $207.000, que surgiría de las condiciones particulares de la póliza y habría sido reconocido por la parte actora, tanto en la demanda como en los alegatos.

En este sentido, advierto que, si bien la demanda interpuesta lo ha sido como una demanda de daños y perjuicios, en realidad se trata de un planteo de cumplimiento contractual, conforme el cual la parte actora reclama que se abone la indemnización pactada en el contrato de accidentes personales, tomado por la Cooperativa de Trabajo de Instaladores Ltda. en Generali Corporate Compañía de Argentina de Seguros, del cual el actor era beneficiario.

En la demanda se reclama la indemnización prevista en la póliza de seguros de accidentes personales, que establece que se pagará al asegurado una suma que surge del porcentaje establecido en las cláusulas predispuestas, sobre el monto indemnizatorio pactado en las condiciones particulares. Asimismo, solicita se gire oficio a fin de que la Cooperativa y la demandada presenten las condiciones particulares y la póliza en original.Sin perjuicio de ello, cuantifica su demanda en $207.000 o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos y de aplicar el porcentaje de incapacidad, conforme lo establecido en las condiciones particulares de la póliza.

Al momento de alegar, reitera la misma cuantificación, expresando que se reclama la suma de $207.000 según la cláusula 09 de Invalidez Permanente, determinada con prescindencia de la profesión u ocupación del asegurado. Refiere que la misma cláusula establece el porcentaje de indemnización estipulada y según las lesiones del actor -no obstante los informes médicos obrantes en autos- el Sr. D. M. se encuentra imposibilitado psíquica y mentalmente de por vida a realizar trabajo alguno u ocupación, solicitándose por ello el pago del 100% de la indemnización establecida en la cláusula 09 de la Póliza N° 15149. En esta oportunidad no lo sujeta a lo que más o en menos surja de la prueba rendida, sino que, cuantifica el monto concretamente en $207.000.

En este punto cabe considerar que, encontrándonos en el marco de una acción de cumplimiento contractual, el actor determinó el importe del reclamo sobre la base de lo establecido en la póliza y consideró el mismo porcentaje de incapacidad que el perito estimó, por lo cual, no corresponde la aplicación de la fórmula matemática, sin limitación alguna, ya que ese límite estaba contemplado en la póliza y fue reconocido por la parte actora al cuantificar su reclamo.

De esta manera, no resulta aplicable el criterio conforme el cual “En una acción de daños, derivados de una caída en la vía pública, no afecta el principio de congruencia la sentencia que, con sustento en las pruebas rendidas en la causa, concede en concepto de incapacidad física una suma mayor que la reclamada originalmente, desde que la cuestión de la cuantificación no es meramente matemática y el monto original que se reclama es sólo estimativo y sujeto a laspruebas a rendirse y a la discrecionalidad del Tribunal, ejercida dentro de los límites de la razonabilidad”. (Expte.: 13-00716127-6/1 – MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ EN J° 250.005/51.403 GONZALEZ, SILVIA ESTELA C/MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ P/D. Y P. S/INC.CAS – Fecha: 17/10/2016 – SENTENCIA Tribunal: SUPREMA CORTE – SALA N° 1Magistrado/s: PEREZ – HUALDE – NANCLARES). Ello atento que la presente acción no es de daños, sino de cumplimiento contractual y en ese marco, la parte actora no puede reclamar una indemnización mayor a la establecida en el contrato, máxime si no se demuestra que ese monto sea irrazonable o abusivo, dadas las circunstancias del caso concreto.

Tengo presente que “el principio de congruencia y de defensa en juicio se conculcan, cuando el pronunciamiento avanza sobre pretensiones, cuestiones y reclamos que integraron el contenido de la litis o tema decidendum, incurriéndose en arbitrariedad cuando el Juez por esos motivos, al fallar se aparta de las cuestiones motivo de la controversia, de manera que las partes no han podido ejercer plena y oportuna defensa. (Expte.: 74187 – MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS EN J: RAMíREZ, RAMóN Y OTS. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DAñOS Y PERJUICIOS – INCONSTITUCIONALIDAD – CASACIóN – Fecha: 11/07/2003 – SENTENCIA – Tribunal: SUPREMA CORTE – SALA N° 1 – Magistrado/s: Romano – Moyano – Kemelmajer de Carlucci – Ubicación: LS325-001).

Considero que la sentencia de primera instancia ha violado el principio de congruencia, ya que al demandar, el actor lo hizo por la suma de $207.000 calculados conforme la manera de cuantificar el daño establecida en el contrato, la cual no fue cuestionada por ninguna de las partes.

El juez inferior afirma que no se determina en la póliza la forma de cuantificar la indemnización y solo se establece como tope de cobertura un cúmulo máximo por evento de tres vidas.Sin embargo, la póliza disponía un modo de efectuar el cálculo sobre la base del importe contenido en las condiciones particulares, al cual debía aplicársele una reducción por el porcentaje de incapacidad, cálculo que efectuó la actora al demandar, considerando el mismo porcentaje de incapacidad que estableció la perito psiquiatra (70%) y que le arrojó como resultado la suma de $207.000. No encuentro justificación para apartarme de ese método de cuantificar contractualmente establecido y fijar la indemnización con la aplicación de una fórmula matemática, que no corresponde para el supuesto de marras por tratarse de una indemnización tarifada, pactada en un contrato.

A mayor abundamiento, resta considerar que, en ningún momento la actora afirmó desconocer la suma contenida en las condiciones particulares, simplemente cuantificó sujeto a lo que en más o en menos surgiera de la prueba a rendirse, porque, obviamente, la pericia podía arrojar un porcentaje de incapacidad mayor o menor, al cual debería ajustarse el cálculo, pero no expresó que desconociera el importe que debía tomarse como base para el cálculo, ni que su cuantificación fuera meramente estimativa por ignorar ese dato.

El hecho de que la demandada no haya afirmado en los alegatos la existencia de ese límite de cobertura no varía la solución que propongo, ya que, ello no era necesario porque el reclamo de la actora era por $207.000, por lo cual el planteo recién devino necesario en la apelación, luego de que el juez de primera instancia, sorpresivamente, variara el mecanismo de cálculo, adecuándolo a un reclamo por responsabilidad civil, el cual difiere sustancialmente de lo discutido en autos.

Siendo ello así, considero que la acción interpuesta debe ser admitida por la suma reclamada de $207.000.En este punto, no puede hacerse lugar a la reducción solicitada por la demandada en un 70%, dado que, si bien la actora menciona en los alegatos que solicita el pago del 100% de incapacidad, el cálculo que efectúa al demandar lo hace sobre la base del 70% de incapacidad que estimó su perito de parte, porcentaje que fue confirmado por el perito judicial y no resulta claro que los $207.000 fueran el 100% de la indemnización estipulada en las condiciones particulares.

Cobra relevancia que la demandada no ha cumplido en modo alguno con la carga de acreditar el límite de cobertura indicado, sino que se limita a afirmar que la póliza posee un límite de suma asegurada por beneficiario y un índice tarifado en relación a la lesión concreta y el porcentaje de incapacidad atribuido. Afirma que la condena será ejecutable contra su parte sólo en la medida del seguro, conforme lo establecido en el art. 118 de la Ley de Seguros, pero olvida que en ningún momento se acompañaron las condiciones particulares de la póliza, de las cuales surgiría el monto límite de cobertura que ella menciona. Siendo ello así, debo ajustarme al importe estimado por la actora, fundado en esas condiciones particulares no acreditadas en autos y el porcentaje de incapacidad probado mediante la pericia psiquiátrica.

De conformidad con lo expuesto, y si mis distinguidos colegas de Sala comparten mi opinión, entiendo que debe hacerse lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la compañía de seguros, haciéndose lugar a la demanda incoada por la suma de $207.000.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. JULIO RAMON GOMEZ adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. PEDRO JORGE LLORENTE, DIJO:

Las costas de la instancia extraordinaria deben imponerse a la recurrida vencida (art. 36 CPCCTM).

En relación a las costas de la apelación, entiendo que las mismas deben imponerse en el orden causado por existir vencimientos recíprocos (art. 36 inc.II CPCCTM) y no poder imponerse a la actora las costas por la diferencia entre lo que resulta vencedora en primera y segunda instancia, atento que ella no peticionó el importe por el cual se hizo lugar a su acción en primera instancia.

En este sentido, este Tribunal ha resuelto que “en materia de imposición de costas, resulta absurdo imponer las mismas al actor perdidoso en la apelación sobre la diferencia entre el montos de condena de primera y segunda instancia, siendo que el de primera supera ampliamente el monto peticionado en la demanda y el de segunda lo reduce a valores inferiores al pedido, ya que ello sería tanto como pretender que el propio actor recurriera la sentencia por haber demandado por un importe inferior al concedido en primera instancia, o defendiera la misma sólo hasta la suma por él reclamada, para evitar una imposición en costas sobre el exceso concedido en la primera sentencia”. (Expte.: 13003609914 – YPF SOCIEDAD ANONIMA EN J° 113585 / 51268 MASTROENI, JOSE C/ Y.P.F. S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ REC.EXT.DE INCONSTIT-CASACION – Fecha: 04/07/2016 – SENTENCIA – Tribunal: SUPREMA CORTE – SALA N° 1 – Magistrado/s: PEREZ HUALDE – NANCLARES – GOMEZ).

La base regulatoria en todas las instancias debe estar constituida por el monto por el que prospera la demanda, es decir, la suma de $207.000 Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. JULIO RAMON GOMEZ, adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 30 de Abril de 2019.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia obrante a fs. 294/297 de los autos N° 53.272, caratulados “M., D. A. C/ GENERALI CORPORATE CIA., ARGENTINA DE SEGUROS S.A.S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas, de Paz y Tributario y, en su lugar, disponer:

“1- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 244 y, en consecuencia, modificar la sentencia dictada en primera instancia, la que quedará redactada de la siguiente manera:” “”i.- Hacer lugar a la demanda incoada en autos por el Sr. D. A. M. en contra de Generali Argentina Compañía e Seguros S.A. y, en consecuencia, condenar a esta última a hacer efectivo al actor, en el término de quince días de ejecutoriada la presente, al pago de la suma de pesos.($.), con más los intereses establecidos en los considerandos precedentes.”” “”ii.- Imponer las costas a la demandada vencida.”” “”iii.- Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: a los Dres. Alejandro CIPPITELLI, en la suma de PESOS.($.); Juan Matías MONTOYA, en la suma de PESOS.($.) y Graciela M. F. de GHERZI, en la suma de PESOS.($.), a la fecha de la sentencia de primera instancia, conforme su efectiva participación en autos, con más el IVA y complementarios que pudieran corresponder. (Arts. 2, 3, 31 Ley 3641).”” “”iv.- Regular los honorarios de la perito médica psiquiatra Laura Patricia ALTAMIRA, en la suma de PESOS.($.), con más el IVA y aportes previsionales en caso de corresponder””.

“2- Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado (art. 36 CPCCTM).” “3.- Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: a los Dres. Alejandro CIPPITELLI, en la suma de PESOS.($.) y Graciela M. F. de GHERZI, en la suma de PESOS.($.) (Arts. 2, 3 y 15 Ley 3641)”.

II.- Imponer las costas de la instancia extraordinaria a la recurrida vencida (art. 36 CPCCTM).

III.- Regular honorarios profesionales de la siguiente manera: a los Dres. Raúl MARTINEZ APPIOLAZA, en la suma de PESOS.($.); Sergio Raul PARELLADA, en la suma de PESOS.($.); Alejandro CIPPITELLI, en la suma de PESOS.($.); Andrés BOULIN, en la suma de PESOS.($.) y María Laura GHERZI, en la suma de PESOS.($.) (Arts. 2, 15, 31 Ley 3641).

NOTIFIQUESE.

DR. PEDRO JORGE LLORENTE

Ministro

DR. JULIO RAMON GOMEZ

Ministro CONSTANCIA: la presente resolución no es suscripta por el Dr. GARAY CUELI, por encontrarse en uso de licencia (Art. 88 ap. III CPCCTM).

SECRETARIA, 30 de abril de 2019