La Corte reiteró el rechazo de los planteos constitucionales de las mineras y de la provincia de San Juan contra la Ley de Glaciares por inexistencia de caso judicial

Partes: Pachón S.A. c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 11-jun-2019

Cita: MJ-JU-M-119444-AR | MJJ119444 | MJJ119444

La Corte reiteró el rechazo de los planteos constitucionales de las mineras y de la provincia de San Juan contra la Ley de Glaciares por inexistencia de caso judicial.

 

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda interpuesta por la concesionaria toda vez que no se acreditaron los requisitos de concreción del ‘acto en ciernes’ que habilitan la procedencia de la acción declarativa intentada, toda vez que no individualizó un acto administrativo que aplicara las alegadas restricciones de la Ley de Glaciares a la concesión del emprendimiento minero que explota, y ello se desprende de las propias palabras de la actora, quien afirmó no estar en presencia de un ‘acto en ciernes’ sino de la ‘habilitación’ legal para que -una vez cumplidas ciertas etapas que podrán concretarse o no- la autoridad de aplicación dicte el acto administrativo que pudiese corresponder de acuerdo a las alternativas que prevé la Ley de Glaciares, lo que podría abarcar y afectar amplias superficies de las concesiones mineras (de lo dicho en ‘Barrick Exploraciones Argentinas S.A.’ al que la Corte remite).

2.-Tampoco la provincia individualizó algún acto ‘en ciernes’ del Estado Nacional dictado al amparo de la Ley de Glaciares que hubiera afectado sus prerrogativas provinciales, carga que resultaba necesaria porque el requisito de causa o controversia ha sido también aplicado a acciones declarativas en las que el Estado Nacional y alguna provincia han sido contrapartes (de lo dicho en ‘Barrick Exploraciones Argentinas S.A.’ al que la Corte remite).

3.-Los múltiples objetivos que la Ley de Glaciares identifica para establecer la protección de las zonas de glaciares y periglaciares -entre las cuales se resalta su función de reserva estratégica de agua para el consumo humano y el respeto de la biodiversidad- dan cuenta del alcance de la novedosa problemática ambiental que sus previsiones procuran afrontar. Ante este tipo de mandas legislativas, y teniendo muy en cuenta los derechos colectivos ambientales, su operatividad abre novedosos ámbitos de deliberación política y responsabilidad jurídica insospechada pocas décadas atrás. De ahí la utilidad del diálogo constructivo, entre Nación y provincias, al que alude el concepto de federalismo concertado, acuñado en la cláusula ambiental de la CN. (de lo dicho en ‘Barrick Exploraciones Argentinas S.A.’ al que la Corte remite).

4.-El art. 41 -que establece las facultades federales de dictar los presupuestos mínimos ambientales- y el 124 -que afirma el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales- deben ser interpretados buscando la adaptación de la gestión de los recursos naturales para cumplir de la forma más fidedigna posible el proyecto ambiental de federalismo concertado que establece la Constitución Nacional, dicha tarea es primariamente de las autoridades federales y provinciales, que deben conjugar intereses en el plano del debate político para potenciar el cumplimiento del texto constitucional, sin vaciar de contenido el modelo federal del Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución (de lo dicho en ‘Barrick Exploraciones Argentinas S.A.’ al que la Corte remite).

5.-Cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente -que involucran en los términos de la Ley de Glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- la hipotética controversia no puede ser atendida como la mera colisión de derechos subjetivos, sino que debe ser abordada desde una perspectiva que integra de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad (de lo dicho en ‘Barrick Exploraciones Argentinas S.A.’ al que la Corte remite).

6.-La eliminación realizada por el Senado de uno de los artículos del proyecto de ley no resulta de entidad tal que implique la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley, toda vez que según el art. 177 del Reglamento del Senado, en el que se acordó el procedimiento frente a las modificaciones que pueden introducirse a un proyecto, se acordó que cuando un proyecto de ley volvía a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, aquella podía aprobar algunas adiciones y desechar otras, mas no podía introducir nuevas modificaciones, es decir se reconoció una facultad similar a la del Poder Ejecutivo de vetar parcialmente (de lo dicho en ‘Barrick Exploraciones Argentinas S.A.’ al que la Corte remite).

7.-Corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del trámite por el cual se aprobó la Ley 26.639 y del procedimiento establecido en el art. 177 del Reglamento de la Cámara de Senadores ante la falta de un agravio discernible respecto de una cuestión justiciable, pues no acreditaron interés jurídico suficiente respecto del perjuicio que podría acarrearles la eliminación de una cláusula que prohibía ‘nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger’, limitando su cuestionamiento a la defensa de la mera legalidad, hipótesis que excede el marco de actuación del Poder Judicial (de lo dicho en ‘Barrick Exploraciones Argentinas S.A.’ al que la Corte remite).

 

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 11 de junio de 2019

Autos y Vistos; Considerando:

Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas el 4 de junio del 2019, por este Tribunal, en la causa CSJ 140/2011 (47- B)/CS1, “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” , a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir -en lo pertinente- en razón de brevedad, con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, se resuelve:

  1. I) Rechazar la demanda interpuesta por Pachón S.A. Con costas.
  2. II) Rechazar la demanda interpuesta por la Provincia de San Juan. Con costas en el orden causado (artículo 1° del decreto 1204/01). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI – RICARDO LUIS LORENZETTI