Sin cuota, no hay viaje: Medida de prohibición de salida del país a un progenitor que incurrió en reiterados incumplimientos de su obligación alimentaria a favor de sus hijos menores

Partes: U. D. c/ U. G. E. s/ alimentos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 3-may-2019

Cita: MJ-JU-M-118718-AR | MJJ118718 | MJJ118718

Dictado de una medida de prohibición de salida del país a un progenitor que incurrió en reiterados incumplimientos de las obligaciones alimentarias dictadas por juez a favor de sus hijos menores.

Sumario:

1.-Corresponde dictar una medida de prohibición de salir del país respecto del alimentante hasta tanto cumpla íntegramente con la deuda reclamada, ya que sus reiterados incumplimientos muestran un claro desinterés en asumir las obligaciones alimentarias dispuestas por el juez respecto de sus hijos menores de edad, pese a su alto poder adquisitivo, debiendo siempre primar el interés superior de los niños por sobre el eventual derecho del accionado a transitar fuera del país.

Fallo:

Buenos Aires, 3 de mayo de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

I. Contra el pronunciamiento dictado a fs. 323, apela la actora cuyos agravios obran a fs. 327/332, los que no fueron contestados. A fs. 353 la Sra. Defensora de Menores e Incapaces dictamina y adhiere a los fundamentos vertidos por la accionante.

Cuestiona que el Sr. Juez de grado haya desestimado su pedido para que se prohibiera al demandado salir del país, con el fin de constreñirlo al cumplimiento de la deuda alimentaria, con fundamento en que la medida restringe la libertad ambulatoria y en autos, se adoptaron otras medidas más adecuadas para el resguardo de los intereses en juego.

Sostiene la apelante, entre otros aspectos, que con mucho esfuerzo intenta suplir la cuota alimentaria que el padre no abona a favor de sus hijos B. y G.T.

Afirma que éste último padece una discapacidad por lo que necesita de ciertos cuidados que también conllevan gastos, debe ser atendido las 24 horas del día ya que no tiene independencia alguna, necesita ser asistido para comer, ir al baño, cambiarse, etc. Refiere que considerar como lo hace el Magistrado que no existe peligro que amerite el dictado de alguna medida para compeler al padre al cumplimento de sus obligaciones alimentarias resulta dejar de lado Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.

Considera que la resolución apelada no respeta el principio de tutela judicial efectiva, si como en el caso, los menores de edad no reciben la cuota alimentaria desde hace más de un año, tampoco se ha tenido en cuenta que el accionado es cirujano plástico exitoso con una clínica propia, que viaja por el mundo mientras sus hijos no tienen sus necesidades satisfechas ni el colegio pago. Señala que hace poco tiempo el accionado adquirió un automóvil Audi TT y una cochera.

Entiende que el ejercicio del poder de coerción para hacer cumplir una resolución judicial (en el caso, alimentos) no es sólo una potestad sino un deber del juez.Cita jurisprudencia que avala la adopción de distintas medidas para asegurar la eficacia de la sentencia de alimentos.

II. El art. 553 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el Juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

No se trata por esta vía de sancionar o castigar al incumplidor sino propender a efectivizar o facilitar, directa o indirectamente, el cumplimiento de la sentencia dictada (Conf. Guahnon, Silvia V., «Incidencias del Código Civil y Comercial de la Nación en el juicio de Alimentos», Doctrina, p. 402, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2015).

Es que la facultad otorgada por el legislador a los jueces tiene por objeto ordenar medidas para disuadir el incumplimiento reiterado, debiéndose para su ejercicio, ponderar la o las medidas más adecuadas para lograrlo teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la razonabilidad.

En procesos judiciales de familia, el nuevo ordenamiento civil y comercial consagra el principio de la tutela judicial efectiva que consiste en la posibilidad de acceder a la justicia y obtener una sentencia justa cuyos efectos sean concretos, rápidos y efectivos.

La ejecución de la sentencia que fija la prestación alimentaria forma parte del derecho a la tutela efectiva, pues de otro modo las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen o declaran serían meras declaraciones sin alcance práctico ni efectividad alguna.

III.Del juego armónico de los artículos 1 y 2 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación se desprende que los casos que el ordenamiento rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, y en materia de interpretación de la ley debe tenerse en cuenta además de las palabras, finalidades y leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos.

Los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino desde 1994, conforme al art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional y cuando se trata de tratados y convenciones sobre derechos humanos, integran el llamado bloque de constitucionalidad, por lo que someter la interpretación de la ley a las disposiciones que surgen de estas normas completa una doble función: así, el contenido del artículo primero del Código Civil y Comercial funciona como fuente de derecho, y como regla de interpretación, en este caso, cumpliendo una función hermenéutica de importancia para el sistema por el alto contenido valorativo (Conf. Alborhi Tellas, Débora R. en «Código Civil y Comercial de la Nación comentado, concordado y análisis jurisprudencial», Director Oscar J. Ameal, Tomo 2, com. art. 2, p. 47).

Desde esta perspectiva, corresponde destacar que el derecho a los alimentos se vincula directamente con el derecho a la vida y la dignidad de la persona y se encuentra consagrado en una pluralidad de instrumentos internacionales, que en el país tienen rango constitucional (conf. art. 75 inc. 22 Constitución Nacional), es decir, integran el «bloque de constitucionalidad federal» que obliga a todos los actores del sistema a someterse a sus mandatos (Conf. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25; Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del hombre, art.

30; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 2, 11 y Convención Americana de Derechos Humanos, arts.17 y 19).

Como se ve, la obligación alimentaria tiene fundamento no sólo en la normativa local sino también en disposiciones de los tratados internacionales mencionados, incluso en la Convención de los Derechos del niño.

En este sentido el art. 27 de la CIDN establece que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del menor de edad. El tercer apartado de la norma citada compromete al Estado a adoptar las medidas apropiadas para ayudar a los padres y otras personas responsables a dar efectividad al derecho. El art. 4 de la Convención impone adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de quienes tengan la obligación a su cargo.

Como puede advertirse, la directiva del art. 553 del CCyCN no es más que una expresión concreta de los principios de la Convención de los Derechos del Niño en materia asistencial (Conf. artículos 3, 4, 12 y 27) que se orientan a la eficacia de la sentencia de alimentos (Conf. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala I, del 11/9/2018).

Para su aplicación debe darse como requisito no sólo el incumplimiento del progenitor sino que éste sea reiterado y que las medidas para asegurar la eficacia de la sentencia sean razonables.

Lo reiterado es lo frecuente, asiduo, vale decir, lo que se hace o sucede repetidamente. Consideramos que el recaudo legal se encuentra acreditado en autos.

IV. En efecto, a fs. 41 se fijaron alimentos provisorios, los que no fueron apelados por el demandado, lo mismo ocurrió con la sentencia dictada a fs. 255/258, que fijó una cuota alimentaria a cargo del progenitor no conviviente en la suma de $ 12.000 mensuales más los gastos correspondientes a la escolaridad de los menores de edad B. y G. T. U.y la cuota mensual del crédito hipotecario del inmueble que habita la accionante con los menores de edad.

A lo largo del proceso, la actora ha denunciado numerosos incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria provisoria a fs. 128, 140/1, 177/8 (ver resolución que aprueba liquidación de fs. 207/8), fs. 216/7, 224, 225, 228, 231, 245 y 248.

Frente a ello, a fs. 252 y con fecha 18/12/2017, la ejecutante solicitó, con el fin de conminar al obligado al cumplimiento de la pensión alimentaria, que se le prohibiera salir del país, lo que fue desestimado por el Sr. Juez de grado con fundamento en que existen otras medidas al alcance de la actora, en el caso, la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, dispuesta a fs. 249 (ver fs. 253).

Luego de la sentencia de alimentos dictada a fs. 255/8, la reclamante denuncia un nuevo incumplimiento del demandado (fs. 258). A fs. 286/287 practica liquidación de la deuda que abarca desde el mes de marzo de 2016 hasta mayo de 2018 (aprobada a fs. 290), que asciende a $ 270.000 y de la que se desprende que los pagos del accionado se verificaron parcialmente entre el mes de agosto de 2016 y marzo de 2017.

A fs. 309 se decretó contra el demandado la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que fue inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad y Provincia de Buenos Aires como también en el Registro de la Propiedad Automotor.

Luego de ello, se denunciaron nuevos incumplimientos respecto de la pensión correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2018.

A fs.321/322 (el 18/10/2018), solicita la actora que se intime al accionado no sólo al cumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente al mes de octubre de 2018 sino a saldar la deuda acumulada ($ 270.000, conforme liquidación aprobada, hasta el mes de mayo de 2018). Describe la gravedad de la situación, requiere que se tomen medidas para compeler al accionado al cumplimiento de su obligación, refiere que no cuenta con recursos económicos para abonar la deuda acumulada de escolaridad y ello hace peligrar la vacante de sus hijos porque tiene que abonarse la matrícula, lo que no puede hacerse sin saldar antes la deuda. Indica que no se trata de un incumplimiento aislado sino sostenido y constante. En este sentido requiere que se disponga la prohibición de salida del país hasta tanto se cumpla con el pago íntegro la deuda acumulada. Como expusimos el Sr. Juez de gra do desestimó el pedido formulado y dicha providencia es la que es objeto de recurso de apelación en tratamiento.

Se pondera que existe, al menos de las constancias de autos, sobretodo a partir del incumplimiento denunciado en la presentación de fs. 177/178 (7/4/2017) un claro desinterés del progenitor no conviviente en asumir las obligaciones alimentarias dispuesta en autos respecto de sus hijos menores de edad.

No se pasa por alto que se trabó un embargo sobre un inmueble del demandado que garantiza el eventual cobro de la deuda acumulada pero ello podrá suceder una vez que pueda realizarse el bien, cumplidos los trámites de rigor para su eventual venta en subasta pública.Sin embargo, el futuro remate del bien inmueble embargado no garantiza el cumplimiento periódico de la prestación a cargo del obligado para cubrir las necesidades cotidianas de sus hijos menores de edad.

Es que, desde el mes de marzo de 2017 no ha existido en el marco de los actuados, ningún depósito efectuado por el demandado en cumplimiento del pago de la pensión alimentaria, más bien parece haberse desentendido de este proceso de alimentos y hay que considerar que B. y G. T. tienen 6 y 10 años de edad y que mes a mes se devenga la cuota alimentaria a cargo del progenitor no conviviente cuyo incumplimiento redunda en perjuicio de sus hijos. La circunstancia que la actora cubra las necesidades de aquéllos sin la colaboración que corresponde al demandado no lo exime de la obligación que tiene a cargo.

Por otro lado, el límite de las medidas que puede disponer el juez, para asegurar la eficacia de la sentencia en caso de reiterado incumplimiento de la obligación alimentaria, es el de la razonabilidad y lo razonable es lo justo conforme a la razón, lo opuesto a lo arbitrario.

La razonabilidad consiste en una valoración axiológica de justicia que nos muestra lo que se ajusta o es conforme a la justicia, lo que tiene razón suficiente (Conf. Bidart Campos, «Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino», Tomo I-A, p. 805, n° 167, Ed. Ediar, 2007).

Particularmente, la razonabilidad de una interpretación jurídica no puede juzgarse en abstracto sino en una situación concreta (Conf. Rosatti, Horacio, «El Código Civil y Comercial desde el Derecho Constitucional», p. 138, n° 3, Ed.Rubinzal Culzoni, 2016), de conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional y los valores que integran el ordenamiento constitucional, en función de las circunstancias de cada caso.

En este sentido, puede verse de lo actuado en el proceso que el demandado no ha recurrido los alimentos provisorios ni la pensión alimentaria fijada por sentencia, abonó parcialmente la cuota entre los meses de agosto de 2016 y marzo de 2017, siendo este el último mes que se ha registrado (al menos de lo que surge de las constancias de autos), habiendo transcurrido a la fecha de este pronunciamiento más de dos años.

Se suma a ello que el resultado de las distintas medidas cautelares trabadas en autos han resultado infructuosas. Se pondera especialmente que, frente a un pedido anterior para que se prohibiera la salida del país al demandado para constreñirlo al cumplimiento, el Sr. Juez lo desestimó hace casi un año y medio con fundamento en la traba de aquellas medidas, las que no provocaron el cumplimiento de la obligación a su cargo ni produjeron un cambio en su conducta renuente.

Siendo ello así, tratándose de los alimentos de los niños B. y G. T. U.y que la directiva legal dispone la posibilidad de aplicar medidas idóneas para constreñir al deudor al cumplimiento, o dicho en otros términos para hacer cesar la actitud renuente del obligado, consideramos que la medida solicitada por la accionante resulta razonable.

Se ha resuelto la prohibición de salida del país del progenitor renuente, tras verificar los sucesivos incumplimientos pese a su alto poder adquisitivito y recordando el compromiso asumido internacionalmente por nuestro Estado de garantizar al niño su supervivencia y desarrollo, «lo cual incluye un nivel de vida adecuado a la par de asegurar a la infancia el nivel más alto posible de salud (.) interés aquél, que debe prevalecer sobre cualquier otro interés legítimo o simple en virtud de la cláusula de preferencia que impone el ya citado artículo 3° de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. (Conf. Alborhi Tellas, Débora R. en «Código Civil y Comercial de la Nación comentado, concordado y análisis jurisprudencial», Director Oscar J. Ameal, Tomo 2, com. art. 553, p. 518 y jurisprudencia allí citada).

La prohibición de salida del país no importa vedar la prerrogativa constitucional de transitar y/o salir de la República Argentina sino que al no existir derechos absolutos (artículo 14 de la Constitución Nacional), se lo limita hasta tanto se cumpla con el deber asistencial de sus hijos quienes por ser menores de edad, revisten una tutela especial, de modo que debe primar el interés superior de aquellos por sobre el eventual derecho del accionado a transitar fuera del país, el que puede válidamente verse postergado en pos del interés superior del niño protegido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Por tales consideraciones, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Revocar el pronunciamiento de fs. 323 y admitir la medida solicitada por la actora a fs. 322.En consecuencia, se hace saber al demandado que hasta tanto se abone la suma resultante de la liquidación de fs. 286/287, aprobada a fs. 290, se restringe su salida del país, debiéndose, una vez firme la presente, comunicar la medida a los organismos correspondientes. Las costas de Alzada se distribuyen por su orden atento no haber mediado contradictorio (arts. 68, primer párrafo y 69 del Código Procesal).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1 de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013, y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN; a tal fin, notifíquese por Secretaría y a la Sra. Defensora de Menores de Cámara. Cumplido, devuélvase a la instancia de grado.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

SILVIA PATRICIA BERMEJO

OSVALDO ONOFRE ALVAREZ

OSCAR J. AMEAL.

JULIO M. A. RAMOS VARDÉ

(Secretario)

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