Mala praxis médica derivada de una intervención quirúrgica ginecológica -histeroscopía-resectoscopía-, ya que la actora sufrió prolapso de cúpula

Partes: F. M. S. B. c/ T. C. A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 25-abr-2019

Cita: MJ-JU-M-118814-AR | MJJ118814 | MJJ118814

Procedencia de la demanda por mala praxis médica derivada de una intervención quirúrgica ginecológica -histeroscopía resectoscopía-, ya que la actora sufrió prolapso de cúpula. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por los daños y perjuicios derivados de una mala praxis médica derivada de una intervención quirúrgica ginecológica -histeroscopía resectoscopía-, ya que si bien conforme surge del peritaje médico no correspondía la colocación de la malla Nazca, no puede soslayarse que el perito sostuvo que existen diferentes técnicas para la prevención del prolapso de cúpula y que una de las más utilizadas es la fijación de los ligamentos útero sacros a los ángulos de cúpula vaginal, máxime teniendo en cuenta que la actora presentaba importantes factores de riesgo (multiparidad, rectocele de grado III) que debieron ser tenidos en cuenta por el médico, quien debió haber realizado alguna técnica quirúrgica que previniera esta complicación.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina a los 25 días del mes de abril de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «F», para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. ZANNONI. POSSE SAGUIER.

A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.- La actora promovió demanda solicitando la reparación de los daños y perjuicios derivados de una supuesta mala praxis médica contra el Dr. C. A. T., Sanatorio Quintana SA (desistido a fs.301) y Obra Social del Personal de Edificios de Rentas y Horizontal).

Relató que mediante la obra social demandada fue atendida por el Dr. Damián Pesce, quien le practicó una intervención quirúrgica ginecológica -histeroscopía resetoscopia- con fecha 29 de julio de 2009.

Que luego fue derivada a otro profesional, el Dr. C. A. T., quien con fecha 17 de noviembre de 2009 le practicó una anexo histerectomía. Que a los pocos días de dicha intervención sintió una molestia y notó como «una pelota» asomándose por la apertura vaginal, por lo cual llamó al Dr. Pesce, quien le indicó que se comunicara con el Dr. T. Este último le informó que era la vejiga que se había caído y que la solución era quirúrgica, por lo que se planificó una operación, que debió suspenderse porque la actora presentaba presión alta.

Sostuvo la reclamante que de ahí en adelante no logró que el Dr. T.le realice los tratamientos adecuados para reparar el piso pélvico que había cedido luego de la cirugía llevada a cabo el día 17 de noviembre de 2009, agravándose el prolapso de la vejiga.

Continuó relatando que concurrió al Hospital de Clínicas «José de San Martín», donde le informaron que el prolapso que estaba padeciendo se debía a que el piso pélvico había cedido por la falta de colocación de una «malla Nazca» al momento de efectuarse la anexo histerectomía. Que solicitado que fue dicho elemento a la obra social, éste fue provisto en los primeros meses del año 2011.

Refirió que cuando le preguntó al Dr. T. por que no había colocado dicha malla al efectuar la intervención, le respondió que la obra social no se la había provisto por que no estaba incluida en los presupuestos.

Seguidamente manifestó que en el Hospital de Clínicas fue intervenida el día 3 de marzo de 2011 a fin de colocársele la malla antes referida, pero como -según se le informó- los tejidos habían cedido y trabajado en exceso, debió ser sometida a tres nuevas cirugías, el 27 de enero de 2012 para tensar el implante colocado, el 11 de julio de ese año para realizar una plástica de la cirugía anterior más una colposuspensión y el 17 de abril de 2013 por recidiva de prolapso.

Se solicitó la citación en garantía de «Seguros Médicos SA» y «Sancor Coop. de Seguros Limitada».

El Sr. juez de primera instancia admitió la demanda, condenando a los demandados a abonar a la actora la cantidad de $998.245 más sus intereses y las costas del proceso. Hizo extensiva la condena contra las aseguradoras citadas en garantía.

El pronunciamiento fue apelado por todas las partes. La actora desistió de su recurso a fs. 549 y el recurso interpuesto por la obra social demandada fue declarado desierto a fs. 566. La aseguradora «Sancor Coop. Limitada de Seguros» fundó su recurso a fs. 510/512.El codemandado T. expresó agravios a fs. 515/529 y Seguros Médicos SA lo hizo a fs. 531/543. Los memoriales fueron respondidos a fs. 545/547, 551/555 y 557/563.

II. Agravios relativos a la Responsabilidad:

El codemandado T. y su aseguradora se agravian de la responsabilidad que les atribuyó el juez de grado. Al efecto, cuestionan la valoración que efectuó el magistrado de las pruebas producidas en la causa sosteniendo que no se ha acreditado en autos la mala praxis alegada por la reclamante. Critica la valoración de los elementos de prueba efectuada por el magistrado e insiste en sostener que los actos quirúrgicos que realizó a la actora fueron ejecutados de conformidad con las reglas del arte de la medicina, no existiendo vínculo causal alguno entre dichos actos y los daños que refiere la actora.

Cuadra recordar que «para que quede comprometida la responsabilidad del médico por los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión, el paciente debe demostrar la culpa en la realización de la atención médica prestada, la existencia del daño que le hubiere sobrevenido a causa de ese hecho y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado, bastando que alguno de esos requisitos falle para que el profesional quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad (conf. CNCiv. Sala «E», junio 7/2006, «B., de L. A. N. c/ C., M. y otros», LL diario 05/09/2006, p. 5, citado en López Mesa, Marcelo «Tratado de responsabilidad médica», pág. 161, Legis- Ubijus, Bogotá, Colombia, junio de 2007).

He sostenido que el principio aún rector en materia de responsabilidad médica es el de que incumbe a quien ha sufrido un daño acreditar la relación causal entre la actuación del médico y ese daño, y que el profesional actuó con impericia, imprudencia o negligencia (CNCiv. Sala C, noviembre 11/1999, «Arnedo de Camera Marta c/ Heinsius Ricardo Juan y otros s/ daños y perjuicios» L.271.739; Sala F, septiembre 23/2004, «Amato Eleonora c/ Guerrieri Claudio Juan s/ daños y perjuicios», L. 393.530). En el antecedente de la Sala C he recordado que aun entre quienes propician el criterio de las cargas probatorias dinámicas, se ha advertido que en materia de responsabilidad civil de los profesionales del arte de curar no existen presunciones legales -generales- de culpa. Esto significa que no existe una inversión general de la carga de la prueba, de ahí se ha entendido que la regla es que al paciente le corresponde cumplir con el imperativo procesal. Frente a las dificultades que a veces se presentan para lograr esa prueba, en esta materia cobran valor las presunciones (Roberto Vázquez Ferreyra, «Prueba de la culpa medica», p. 112, ed. Hammurabi, Bs. As., 1991), pero, como pone de resalto este autor, esto no significa que el paciente puede adoptar una posición más cómoda en la contienda, pues a él le corresponde probar todos los hechos indiciarios que luego formarán en el juez la convicción que lo lleve a tener por probada -por presunción hominis- la culpa galénica (op. y loc. cit.).

Sentado ello, corresponde analizar las constancias obrantes en autos a fin de verificar la concurrencia en el caso de los presupuestos antes referidos.

El perito médico, luego de analizar la documentación obrante en autos, informó que según se desprende de la constancia obrante a fs. 32, el Dr. Pesce le realizó a la actora una histeroscopía-resectoscopía el 29 de julio de 2009, allí se dejó constancia de que la paciente presentaba rectocele de grado III.

Que según la epicrisis obrante a fs. 14 y fs. 25 surge que el día 17 de noviembre de 2009, el Dr. T. le practicó a la actora una «anxohisterectomía simple» en el Sanatorio Quintana (fs. 371 vta./372).

Que según consta a fs. 155, con fecha 20 de julio de 2010 el Dr. T. volvió a intervenir a la actora por el rectocele de grado III que padecía.Le practicó una «Colpotomía posteriordisección de rectocele- se dan puntos imbricantes-puntos en los elevadores del ano-resección mucosa vaginal excedente-colporrafía posterior-» (fs. 373).

Seguidamente sostuvo el profesional que el objetivo de la primera intervención realizada por el Dr. T. era «resolver con la histerectomía la patología sangrante producto de la hiperplasia con aumento de la vascularización de endometrio que presentaba la paciente» (fs. 374).

Que en primera instancia la Sra. F. Méndez resolvió con la histerectomía la patología sangrante que padecía (fs. 374).

Refirió que la «malla Nazca» TC es la que se utiliza para corrección del defecto anterior de piso pelviano cuando se realiza una histerectomía vaginal y que su colocación para corrección del defecto anterior del piso pelviano luego de una histerectomía total es una de las técnicas utilizadas para reducir el prolapso de vejiga (cistocele)(fs. 374).

Seguidamente explicó que «el prolapso genital femenino es el producto de la disfunción del piso pélvico. Los factores con que más frecuentemente se relaciona esta alteración son la multiparidad, el índice de masa corporal elevado, la fibromatosis uterina, el estreñimiento, el aumento de la presión intrabdominal (EPOC)y las intervenciones pélvicas anteriores» (fs. 374).

Señaló que al realizar una histerectomía existen diferentes técnicas para la prevención del prolapso de cúpula y que una de las más utilizadas es la fijación de los ligamentos útero sacros a los ángulos de cúpula vaginal (fs. 374 vta.).

Que «después de la cirugía del 17/11/2009 la actora presentó un prolapso de cúpula vaginal acompañado por un descenso de la vejiga (cistocele) y del recto (rectocele) para lo cual se le debieron practicar varias cirugías correctoras» (fs. 379). Que el prolapso de cúpula vaginal es una complicación mediata a la cirugía realizada el 17/11/09″ (fs.376).

Sostuvo el experto que en el caso de la actora existen algunos factores predisponentes para poder desarrollar el prolapso como son la multiparidad (4 embarazos /3 partos eutócicos -1 cesárea abdominal), a lo que se le suma la anexo histerectomía total (caída de los estrógenos y lesión del piso pélvico). Esta situación se ve agravada porque antes de la cirugía practicada por el Dr. T., la paciente ya era portadora de un rectocele de III grado (fs. 38 -parte operatorio fecha 29/07/09-cirujano: Dr. Pesce)» y afirmó que dicha situación predisponerte debió haber llamado la atención de los profesionales tratantes para realizarle alguna técnica quirúrgica que previniera esta complicación, que habitualmente se presenta en f orma tardía (fs. 376 vta.).

Al responder la impugnación formulada por la citada en garantía el perito sostuvo: «la Sra F. presentó un prolapso de cúpula acompañado de un cistocele (prolapso de vejiga), en forma casi inmediata a la cirugía de anexo histerectomía total practicada en el 2009, agravado por el hecho de que la paciente ya era portadora de un rectocele (prolapso de recto) que pasó inadvertido por el cirujano interviniente» (fs. 450 vta.).

En este tipo de procesos la prueba más importante es la pericial médica y aun cuando el dictamen pericial no tenga carácter vinculante para el juez, éste para apartarse de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, objetivamente demostradas o inferibles de las circunstancias del caso de acuerdo a los hechos comprobados de la causa reveladores de que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de la experiencia o contradice el restante material probatorio objetivamente considerado -arg. art. 477 del CPCCN- (conf., Palacio, «Derecho Procesal Civil», t. IV, p. 720; CNCiv. Sala F, mayo 11/1995, «Batan de Herrera María Sara c/ Aguirres Esteban Ramón s/ daños y perjuicios», L.164.398 y antecedentes allí citados).

Las conclusiones médicas expuestas por el perito médico, que además no fueron oportunamente impugnadas por el profesional demandado, permiten colegir que existió impericia en su actuación, al practicarle a la actora la cirugía de anexo histerectomía.

Es cierto que conforme surge del peritaje médico no correspondía la colocación de la malla Nazca durante la realización de la anexo histerectomía realizada por el Dr. T. (ver fs. 374), sin embargo no puede soslayarse que el perito sostuvo que al realizarse una histerectomía existen diferentes técnicas para la prevención del prolapso de cúpula y que una de las más utilizadas es la fijación de los ligamentos útero sacros a los ángulos de cúpula vaginal (fs. 374 vta.). Refirió que la actora presentaba importantes factores de riesgo (multiparidad, rectocele de grado III) que debieron ser tenidos en cuenta por el Dr. T., quien ante dichos precedentes debió haber realizado alguna técnica quirúrgica que previniera esta complicación de la anexo histerectomía practicada a la reclamante.

Es decir, el riesgo de que la actora desarrollase dicha complicación debía ser conocido por el cirujano demandado, quien no extremó los cuidados tendientes a prevenir el daño.

Por ello, juzgo que en el caso ha quedado acreditado que existió mala praxis con motivo de la operación de anexo histerectomía practicada a la actora, por el profesional Dr. T.

En mérito a lo expuesto propongo rechazar los agravios en estudio y confirmar la sentencia apelada en lo atinente a la responsabilidad.

III. Incapacidad sobreviniente física:

La citada en garantía «Seguros Médicos SA» se agravia del importe otorgado por el magistrado en concepto de incapacidad física sobreviniente ($400.000) por considerarlo improcedente, la aseguradora «Sancor Coop. de Seguros Limitada» y el codemandado T.solicitan su reducción.

En concepto de incapacidad sobreviniente se resarce únicamente aquella merma permanente en la aptitud vital del ser humano, sin perjuicio de la procedencia de otros ítems que las lesiones temporarias padecidas pudieran haber generado, como gastos originados en los tratamientos o lucro cesante o la afección íntima que configure daño moral (CNCiv. Sala C, diciembre 10/1996, «Miño, Teodoro c/ Pompiglio, Marta Mabel y otro s/ daños y perjuicios», L. 197.056). Esta partida abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual se ha resuelto que el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, L.L. T. 1994-B, p. 613, fallo nº 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L. 214.716; id. junio 6/2002, «Maidana, Javier Y. c/ Reina Carlos E. y otros s/ daños y perjuicios», L. 342.607).

Lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas, psíquicas o estéticas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, «Huaman, María de la Cruz c/ Micro Ómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios», L. 258.943; CNCiv. Sala F, febrero 17/2012 «Moreno, José Nicolás c/ Caniza, Julio Ramón s/ daños y perjuicios» L. 584.684; id.Sala F, mayo 27/2013, «Núñez Stela Maris c/ Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I.

(Línea 59) y otros s/ daños y perjuicios» L. 608.284).

El perito médico señaló que en la actualidad la actora, según su propia referencia presenta un nuevo prolapso de cúpula, infecciones urinarias a repetición, imposibilidad de mantener relaciones sexuales, una urgencia miccional lo que la obliga a usar pañales cuando tiene que viajar y según el certificado médico que obra en fs. 10 firmado por el Dr. Guinisky no puede levantar pesos que superen los 2 kg». Sostuvo que según el Baremo General para el Fuero Civil de Altube-Rinaldi, la actora presenta una incapacidad de 30% (fs. 379).

Al impugnar el peritaje la citada en garantía alega que el porcentaje de incapacidad asignado por el experto estaría fundado en meras manifestaciones de la actora respecto de patologías que no han sido constatadas por el profesional (fs. 384 bis/vta.).

El perito al responder manifestó que no realizó el examen ginecológico a la actora por considerar que no aportaría alguna descripción nueva, que ya no fuera expresada por otros profesionales tratantes en la documentación que obra en autos y hace referencia a la documentación aportada por la obra social demandada a fs. 96 donde consta que la actora fue atendida el 14 de mayo de 2014 y se consignó: «Se deriva a cx ginecológica por prolapso de cúpula vaginal post AHT por segunda vez. Pautas de alarma» (fs.450).

Sostuvo el experto que «el examen ginecológico se trata de una maniobra muy invasiva para la mujer que solo debe ser realizada cuando pueda marcar una diferencia para entender un diagnóstico» (fs 450 vta.).

Sin perjuicio de lo referido por el experto lo cierto es que algunas de las secuelas que refirió la actora no han podido ser comprobadas y que las meras manifestaciones de la paciente resultan insuficientes para tenerlas por acreditadas a los fines de valorar la indemnización en estudio.

El resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias específicas de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el magistrado goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

En definitiva, valorando la totalidad de las circunstancias apuntadas precedentemente, considerando la edad de la actora al momento de la intervención médica en cuestión -53 años-, juzgo que el importe fijado en concepto de «Incapacidad física sobreviniente» resulta algo excesivo, por lo que propongo su reducción a la cantidad de $200.000.

IV. Daño Moral

El codemandado Dr. T. y su aseguradora se agravian del importe fijado por este rubro por considerarlo excesivo ($480.000). La citada en garantía «Sancor Coop. de Seguros Limitada» solicita su rechazo o en subsidio su reducción.

El resarcimiento del daño moral exige tomar en consideración los dolores y padecimientos del damnificado, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que provocaron las lesiones inferidas y los tratamientos a los que fue sometido. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por la índole de las ofensas recibidas y la personalidad del ofendido (CNCiv. Sala F, octubre 29/2007, «Buceta, Inés Rosa c/ Casco, Cristian Adrián y otros», y jurisprudencia allí citada:CNCiv., sala A, 10/11/1997, La Ley, 1999-A-484 -fallo 41.189-S- y JA, 1998-III-334 ; sala D, 9/9/1999, La Ley, 2000-C-948 -jurisprudencia agrupada, caso n. 15.080-; sala G, 19/10/1980, JA, 1981-IV-329; sala E, 30/3/1984, JA., 1984-III-293; esta sala, 29/10/1999, La Ley, 2000-E-924).

En lo tocante a la fijación, sabido es, que resulta de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante (CNCiv. Sala F, junio 3/2005, voto del Dr. Posse Saguier en los autos «Pirozzi, Laura Vanesa y otro c/ Quiroga Carlos José y otros», L. 418.036).

La angustia que debió sufrir la actora como consecuencia de la mala praxis que motivó este proceso, las operaciones a las que debió someterse, el tiempo de convalecencia y las secuelas físicas y psíquicas verificadas por los peritos tornan indudable la procedencia de esta indemnización, sin embargo juzgo que el importe fijado por esta partida resulta algo excesivo por lo que propongo su reducción a la cantidad de $150.000.

V.- Tratamiento psicológico futuro:

El codemandado T. se agravia del monto fijado por este rubro por considerarlo excesivo ($110.000), mientras la citada en garantía «Seguros Médicos SA» solicita su rechazo.

La perito psicóloga informó que la actora deberá realizar un tratamiento psicológico con una frecuencia de do s sesiones semanales, sin poder precisar el tiempo de su duración, aunque aclarando que se trataría de un tratamiento muy largo (fs. 350).

Atento a ello, propongo reducir el importe fijado por esta partida a la cantidad de $48.000 VI.Tasa de Interés El magistrado dispuso que los intereses se devengarán desde el 17 de noviembre de 2009 (fecha de la intervención quirúrgica efectuada por el Dr. T. ), a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal, anual, vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina.

El codemandado T. y su aseguradora solicitan que hasta la fecha de la sentencia los intereses se computen a la tasa del 8% o 6%.

Respecto de los gastos futuros el codemandado T. solicita que los intereses se devenguen desde la fecha de la sentencia y que los relativos al rubro «gastos de cirugía en el Hospital de Clínicas» se computen desde que se efectuó dicha erogación.

A partir del precedente resuelto por esta Sala, con fecha 14 de febrero de 2014, en los autos «Zacañino, Loloir Z. c/ AYSA s/ daños y perjuicios» (expte. N° 162543/2010, L. 628.426), la Sala por unanimidad se ha pronunciado a favor de la solución según la cual la tasa activa prevista en el fallo plenario «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios» , del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, por entender que en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena.

En consecuencia, corresponde confirmar este aspecto de la sentencia salvo respecto de los intereses relativos a los «gastos de tratamiento psicológico» que por ser futuros deberán computarse recién desde la fecha de la sentencia y los relativos a «gastos de cirugía en el Hospital de Clínicas» que se devengarán desde la fecha en que fueron efectuados, ambos a la tasa activa antes señalada.

Atento a lo expuesto voto por que se confirme la sentencia apelada en lo sustancial que decide y por que se la modifique fijando por «incapacidad física» la cantidad de $200.000, por «daño moral» la cantidad de $150.000 y por «gastos de tratamiento psicológico» la cantidad de $48.000. Asimismo propongo que se modifique el pronunciamiento en lo atinente a los intereses de acuerdo a lo especificado en el apartado VI. Las costas de alzada derivadas de los recursos interpuestos por el codemandado T. y Seguros Médicos SA se imponen a estos últimos. Las derivadas de la apelación de la citada en garantía «Sancor Coop.

Limitada de Seguros» se imponen por su orden atento a la materia apelada y la forma en que se resuelve.

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante el Dr. POSSE SAGUIER votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. El Dr. Eduardo A. Zannoni no firma por hallarse en uso de licencia. Con lo que terminó el acto. JOSE LUIS GALMARINI. FERNANDO POSSE SAGUIER.

Es copia fiel de su original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala «F» de la Excma.Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 25 de abril de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo sustancial que decide y por que se la modifica fijando por «incapacidad física» la cantidad de $200.000, por «daño moral» la cantidad de $150.000 y por «gastos de tratamiento psicológico» la cantidad de $48.000.

Asimismo, se modifica el pronunciamiento en lo atinente a los intereses de acuerdo a lo especificado en el apartado VI. Las costas de alzada derivadas de los recursos interpuestos por el codemandado T. y Seguros Médicos SA se imponen a estos últimos. Las derivadas de la apelación de la citada en garantía «Sancor Coop. Limitada de Seguros» se imponen por su orden atento a la materia apelada y la forma en que se resuelve. El Dr. Eduardo A. Zannoni no firma por hallarse en uso de licencia.

Notifíquese y devuélvase.

José Luis Galmarini

Fernando Posse Saguier

A %d blogueros les gusta esto: