Pedido de quiebra en base a una sentencia condenatoria incumplida

Autor: Casadío Martínez, Claudio A.

Fecha: 24-abr-2019

Cita: MJ-DOC-14878-AR | MJD14878

Sumario:

I. Proemio. II. ¿Porque un acreedor quiere pedir la quiebra de su deudor?.. III. El trámite del pedido y los títulos hábiles para hacerlo.IV. Las sentencias como título hábil. V. El caso comentado.VI. La decisión de la mayoría. VII. Voto de la minoría. VIII. Nuestra opinión. IX. Colofón.

Doctrina:

Por Claudio A. Casadío Martínez (*)

I. PROEMIO

Una persona, sea humana o jurídica, puede llegar a la quiebra por fracaso de la solución preventiva, sea el concurso preventivo propiamente dicho, de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial -que ha sido homologado con lo que deja de ser extrajudicial-, por extensión, sea automáticamente o luego de un proceso de conocimiento, o bien en forma directa, a pedido del propio deudor o de un acreedor; en este último caso la LCQ regula el procedimiento que debe seguirse para ello, básicamente en sus arts. 83 y sig. en un proceso que ha sido caracterizado (1) como sumarísimo de restringida cognición y no contradictorio.

Así se prevé que quien solicite la quiebra de un deudor debe acreditar -sumariamente, como se dijo- los siguientes extremos:

a. la existencia de su crédito,

b. los hechos reveladores de la cesación de pagos,

c. que el deudor es un sujeto concursable.

Adicionalmente debe tenerse presente que el art. 80 LCQ añade como recaudo que el crédito debe ser exigible y siendo privilegiado también sumariamente demostrar que los bienes son insuficientes para cubrirlo.

II.¿PORQUE UN ACREEDOR QUIERE PEDIR LA QUIEBRA DE SU DEUDOR?.

Al respecto debe tenerse presente que quien peticiona la quiebra ejerce un derecho particular, empero hay un interés colectivo en lograrlo, de todos los acreedores ya que se verán afectados por el principio de universalidad (2). El aspecto esencial a evaluar en la petición finca en la documentación que acompañe con la misma, que deberá ser suficiente para acreditar «prima facie» los presupuestos o condiciones de admisibilidad, antes indicados (3), por cuanto la referencia a la sumariedad implica que la prueba debe ser clara e inequívoca (4).

En caso de duda el juez debe rechazar el pedido de quiebra por el daño que produce a fin de evitar que se convierta en una maniobra extorsiva (6), por cuanto es un hecho notorio la práctica de muchos acreedores que en lugar de procurar o continuar la ejecución individual de un crédito, considerando que su deudor tiene capacidad de pago o crédito de terceros, planean el pedido de quiebra para presionar el cumplimiento de la deuda, con una importante reducción de gastos, tiempos y riesgos jurídicos, ya que no pueden oponerse las excepciones básicas de los juicios ejecutivos, con la tranquilidad que un rechazo por depósito tampoco generará costas (7).

Claro está, ésta no es la regla, en ocasiones (muchas más de las deseables) ante la imposibilidad de percibir su crédito se solicita la quiebra del incumplidor. Piénsese el caso que el deudor tiene todos los bienes registrables hipotecados y prendados, con decenas de embargos trabados sobre ellos y remates inminentes ¿puede sostenerse válidamente que existe siquiera la mínima posibilidad de cobrar la acreencia? En estos supuestos la quiebra permitirá un mínimo recupero.

III.EL TRÁMITE DEL PEDIDO Y LOS TÍTULOS HÁBILES PARA HACERLO.

Acreditados los extremos ya referenciados por parte del peticionante, se procederá a la citación del deudor para que dentro del quinto día de notificado, invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho y vencido dicho plazo el juez resolverá admitiendo o rechazando el pedido de quiebra.

La LCQ añade en forma terminante que no existe juicio de antequiebra lo cual implica que el juez deberá efectuar un análisis preliminar profundo, ya que el citado no podrá pretender ventilar en ese momento los pormenores de relaciones complejas existentes entre las partes (8).

Este procedimiento que a simple vista es lógico y sencillo en la práctica arroja complicaciones al momento de determinar los títulos que habilitan la declaración de la quiebra.

En efecto, si bien la LCQ hace referencia en el art. 80 a «todo acreedor», con lo cual se está otorgando una amplia legitimación activa a los titulares de acreencias contra el deudor, cualquiera fuere su monto, naturaleza, título y rango o categoría, salvo que sea inexigible (9) o siendo privilegiado que cumpla con la mayor carga probatoria que le exige el estatuto falimentario referente a la insuficiencia del privilegio, excepto que fuera laboral. De este abanico de legitimados quedan excluidos los créditos eventuales y litigiosos (10), como también aquellos fundados en documentación de la que surgen obligaciones recíprocas pendientes cuyo grado de cumplimiento debe determinarse en un proceso de conocimiento (11).

Así el caso mas común verificado en la práctica es la petición de quiebra con factura (supuestamente) impagas; al respecto se ha resuelto (entre muchos otros precedentes concordantes sobre la cuestión) que las facturas constituyen simples instrumentos privados emanados de la misma peticionante de la quiebra que tienen eficacia simplemente probatoria, sin aptitud constitutiva de derecho alguno, y que no han sido revestidos por la ley de ninguna presunción de autenticidad, resultando imposible aislar intelectualmente la prestación denunciada como pendiente del ámbito contractual en el que se inserta (12).

IV.LAS SENTENCIAS COMO TÍTULO HÁBIL.

En doctrina (13) se ha explicado, como ya fue adelantado, que es común en la práctica judicial ver acreedores despechados solicitando la quiebra de su deudor utilizando dicho procedimiento como un medio para ejecutar la obligación, añandiéndose, lo atinente a la posibilidad de coexistir una ejecución individual y un pedido de quiebra, que la máxima «electa un vía non datar recursos ad alteram» no es aplicable al caso por la diferente naturaleza de las acciones ya que si bien ambas buscan la ejecución, el presupuesto y la finalidad son diferentes.

En igual sentido se expresó (14) que es un hecho notorio que muchos acreedores en lugar de procurar o continuar la ejecución individual de un crédito, considerando que su deudor tiene capacidad de pago o crédito de terceros, plantean el pedido de quiebra para presionar el cumplimiento de la deuda, con lo cual cobran la acreencia con un importante reducción de gastos, tiempos y riesgos jurídicos, y con la tranquilidad que un rechazo por depósito en pago tampoco generará costas (15), las que a todo evento no guardarán proporción con las sumas en juego (16).

También se ha indicado que quien opto por la realización particular de los bienes de su deudor a través de la ejecución individual no puede pretende simultáneamente -reiteramos y resaltamos SIMULTÁNEAMENTE- la declaración de su quiebra, asimilable, -a los efectos meramente comparativos- a una ejecución colectiva. No obstante la opción entre ambas no esta vedada, salvo que se las quiera acumular (17).

V. EL CASO COMENTADO.

El titular de un crédito reconocido por sentencia judicial dictada en un proceso de conocimiento, que se halla firme e incumplida, peticiona la quiebra del condenado.

El juez de grado desestimó su solicitud por no haberse acreditado la inexistencia de bienes para satisfacer su crédito reconocido en la sentencia.

El peticionante apela.

VI.LA DECISIÓN DE LA MAYORÍA.

Analizando la cuestión la Sala comienzan sosteniendo que como regla, la petición de quiebra sustentada en una acreencia reconocida en un pronunciamiento judicial constituye fundamento suficiente para promover un pedido de quiebra, sin embargo debe verificarse, en resguardo del principio «electa una via non datur recursus ad alteram», que en ese juicio antecedente no medien solicitudes pendientes orientadas al cumplimiento de la decisión para que no coexistan dos vías abiertas en forma simultánea, de manera que lo relevante en estas hipótesis es que quede en claro que el peticionario optó por una, enderezada mediante la presente acción y desechó la restante opción que es la ejecución de la sentencia. Como se ve, una interpretación que difiere de la expuesta en el punto IV.

En el caso, los magistrados no comparten que se rechace la petición de quiebra el no haber incoado y luego agotado la ejecución individual, o la necesidad de que el interesado demuestre o acredite la inexistencia de bienes suficientes para satisfacer la sentencia, pues esos recaudos carecen de toda base legal.

Certeramente puntualizan que de seguir esta corriente, no podría admitirse que una petición de quiebra fuera sustentada en un título ejecutivo como pacíficamente lo acoge la jurisprudencia; ya que debería exigirse al portador legitimado del título que inicie y concluya la acción de cobro para recién luego, y siempre que fueran agotadas todas las opciones procesales que brinda ese cauce, peticione la quiebra de su deudor contumaz.

Remarcan que si se admiten peticiones basadas en títulos ejecutivos que solo tienen una presunción legal de legitimidad con mayor razón deben serlo cuando se hacen contando como antecedente con una sentencia dictada en un proceso de conocimiento que se halla firme e incumplido.

VII. VOTO DE LA MINORÍA.

El Dr. Pablo D.Heredia en disidencia postula que si bien una sentencia de condena dictada contra el deudor prueba la condición de acreedor de quien la obtiene a los fines de demandar la quiebra, la LCQ también exige acreditar un hecho revelador del estado de cesación de pagos, lo que se cumple demostrando que ese pronunciamiento esta incumplido por haber fracasado los trámites de su ejecución, tales como embargos frustrados.

Expresa que la ejecución individual o el pedido de quiebra no pueden ser dos vías alternativas «ab initio», sino la segunda consecuencia del fracaso de la primera, caso contrario significaría legitimar el ejercicio paralelo de ambas vías, en el sentido de autorizarse la colectiva antes de quedar agotada o demostrarse la inutilidad de la vía individual, con el eventual agravante de convertir al pedido de quiebra en un método extorsivo de cobro, lo cual encierra una utilización de prerrogativas de modo antifuncional o abusivo.

VIII. NUESTRA OPINIÓN.

Estimamos que en un supuesto como el presente, el hecho revelador de la cesación de pagos se encuentra precisamente demostrado con la se ntencia condenatoria incumplida, como también lo es un pagaré incumplido o un cheque rechazado por el banco por falta de fondos sin abonar por el librador.

Pretender que se haya agotado la vía individual es adicionar un recaudo que la LCQ no exige, si bien tampoco se prevé que estemos ante vías alternativas, donde elegida una -por caso ejecución de sentencia- no puede luego ejercerse la segunda -pedido de quiebra-, resulta -en nuestra opinión- lo mas atinado que no coexistan ambas simultáneamente.

En definitiva, concordamos en lo principal con el voto de la mayoría, que más se ajusta al texto legal y al reconocimiento del derecho del acreedor, sin dejar de reconocer que «de lege ferenda» sería conveniente que se clarificara la cuestión referente a las vías alternativas o si la quiebra puede pedirse sólo como consecuencia de una ejecución frustrada.Hasta que ello ocurra, y ante esta diversidad de opiniones de los jueces comerciales se ha recomendado en doctrina procurar ejecutar la sentencia obtenida, pidiendo embargo secuestros, etc. y recién si esas medidas fracasan acudir al pedido de quiebra

IX. COLOFÓN.

La solicitud de quiebra, como también otros institutos concursales, puede y suele ser utilizado en forma abusiva, tanto por acreedores como por deudores, empero en lo que aquí respecta el texto legal es claro: demostrado un hecho revelador -incumplimiento de una obligación exigible, en el caso una sentencia condenatoria-, no desvirtuado por el deudor, se impone la declaración de quiebra.

Analizando en otra oportunidad (18) esta misma cuestión concluimos preguntándonos ¿Qué ocurriría si ante cada sentencia incumplida se peticionara una quiebra? Dejamos en esa oportunidad al lector la respuesta a esta hipótesis extrema y hoy reiteramos el interrogante.

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(1) GRAZIABILE, Dario: Ley de Concursos Comentada, Erreius, 2da edición, pag. 207

(2) TON WALTER: «El pedido de quiebra. Presupuesto objetivo» en Revista de las sociedades y concursos, 2013-2 pag. 11

(3) GEBHARDt, Marcelo: Ley de concursos y quiebras, Astrea, T. 2, pag. 27

(4) CHOMER Hector O. y SICOLE Jorge S.: Ley de concursos y quiebras, 2da edición, La Ley, Pag. 171

(5) TON WALTER: «El pedido de quiebra. Presupuesto objetivo» en Revista de las sociedades y concursos, 2013-2 pag. 12

(6) FAVIER DUBOIS, Eduardo (h): «El pedido de quiebra por acreedor, debates y estrategias» en El fraude concursal y otras cuestiones de derecho falimentario, Fund. Para la Inv. Y desarrollo de las cines jurídidcas, pag. 49.

(7) MARTONEL: Problemática concusal penal, LL 1998-B-1102 citado por Gebhardt, Marcelo, ley de concursos y quiebras, Astrea, T. 2, pag. 31

(8) ROUILLÓN, Adolfo: Régimen de Concursos y Quiebras, Astrea, 15 edición, pag. 191

(9) CHOMER Osvalo, SICOLI Jorge: Ley de concursos y quiebras, 2da edición, Ed. La Ley, pag. 174

(10) FERRARIO, Carlos: Ley de concursos y quiebras, Ed. Errerpar, 2da edición, pag. 247

(11) Partes: Indunor S.A. s/ pedido de quiebra por Comext Solutions S.R.L. Tribunal:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala/Juzgado: A, Fecha: 12-mar-2015, Cita: MJ-JU-M-94331-AR | MJJ94331

(12) GRAZIABILE, Dario: Declaración de quiebra, Abeledo Perrot, pag. 112

(13) FAVIER DUBOIS, Eduardo (h): «El pedido de quiebra por acreedor. Debates y estrategias» en el libro colectivo «El Fraude concursal y otras cuestiones de derecho falimentario» Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas pag. 50

(14) Conforme criterio sustentad por la CNCom. en pleno 29-6-82 in re «Pombo»

(15) Según un antiguo fallo en pleno de la CNCom. 31-8-56 in re «Flota Mercante»

(16) Pablo FRICK y Joaquin FERNDANDEZ CORTES: «Pedido de quiebra por un acreedor y por el deudor» en Manual de Concursos y quiebras, 2018, elDial.com Frick Pablo (dir) pag. 314

(17) CaSADÍO MARTÍNEZ, Claudio: «La sentencia condenatoria como instrumento hábil para peticionar la quiebra» DSC junio /14, «Acreditación sumaria del credito en el pedido de quiebra» DSC marzo/18

(*) Contador Público Nacional, Universidad Nacional de La Pampa. Abogado, Universidad Nacional de La Pampa. Docente, Universidad Nacional de La Pampa. Investigador del CECYT, FACPCE. Investigador del IADECO. Autor de libros y artículos en el área del derecho concursal.