Reparación histórica: ¿Un pago a cuenta?

Autor: Roibón, María C.

Fecha: 17-abr-2019

Cita: MJ-DOC-14856-AR | MJD14856

Sumario:

I. El caso. II. El pronunciamiento cautelar. III. Pagos efectuados por el deudor en la etapa procesal de ejecución de sentencia. Orden jerárquico entre normas procesales y sustanciales.

Doctrina:

Por María C. Roibón (*)

I. EL CASO

Para captar el sentido de justicia de cualquier sentencia resulta forzoso el conocimiento de los principales hechos de la causa, los cuales se exponen, según una arraigada práctica judicial, en los considerandos del fallo, donde se enlazan precisamente los elementos fácticos con la motivación normativa a fin de justificar la decisión del litigio.

De la lectura de los mismos surge que el accionante solicitó en primera instancia el dictado de una medida cautelar de no innovar con relación al pago del importe que -en mérito del reajuste anticipado por «Reparación Histórica» en los términos del artículo 8° del Decreto 894/16 reglamentario de la Ley 27.260 – se le abona mensualmente junto con su haber jubilatorio desde el mes de septiembre de 2017, debiendo ser consideradas dichas sumas como pago a cuenta al momento de la liquidación de la sentencia dictada en la causa.

El juez de primera instancia de la ciudad de Santa Fe rechazó el pedimento cautelar por entender que (i) el derecho invocado por el actor en respaldo de su petición no resultaba verosímil y descansaba en una causa diferente a la del juicio principal iniciado y que (ii) no se encontraba satisfecho el requisito de peligro en la demora, toda vez que no se había demostrado en la causa circunstancias excepcionales que justificaran el apartamiento de los principios generales, especialmente cuando el expediente se encontraba en la etapa procesal de ejecución y con liquidación aprobada.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala «A» revocó el fallo de primera instancia y concedió la medida cautelar de no innovar con sustento en los fundamentos fácticos y jurídicos que seguidamente comentaré.

II. EL PRONUNCIAMIENTO CAUTELAR:

Para decidir como lo hizo, la Sala «A» de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró de manera determinante las circunstancias particulares y excepcionales del expediente principal relacionadas con:(i) la edad del actor (81 años); (ii) la etapa procesal del juicio (vencimiento de los plazos del art. 22 de la ley 24.463 y ejecución de sentencia), (iii) el carácter alimentario de las sumas percibidas y (iv) la correspondencia existente entre las acreencias determinadas en la sentencia definitiva y las establecidas por el Programa de Reparación Histórica.

Así pues, en cuanto a la verosimilitud del derecho, los magistrados entendieron que los pagos efectuados en virtud del Programa de Reparación Histórica representaron el reconocimiento de una deuda que se originó en idéntica causa a la que motivó el inicio del juicio principal. Destacaron que, por encontrarse los autos en la etapa de ejecución, las sumas abonadas por el ANSeS al actor debían reputarse como un desembolso en cumplimiento y a cuenta de la sentencia definitiva.

Respecto al peligro en la demora, ponderaron la avanzada edad del actor (81 años) y el hecho de haber cursado todas las instancias de un procedimiento ordinario de reajuste de haberes, obteniendo sentencia definitiva favorable a su petición, la cual, una vez vencido el plazo establecido en el artículo 22 de la Ley 24.463 para su cumplimiento, fue ejecutada y, pese a ello, no fue cumplida por la demandada.Y en orden a la oportunidad procesal del pedimento cautelar, aclararon que, si bien desde la teoría cautelar clásica la finalidad de dichas medidas consiste en asegurar el resultado práctico de las sentencias que deben recaer en los procesos a los que acceden, la excepcional y singular situación fáctica y jurídica planteada que involucra el derecho alimentario de una persona de 81 años de edad -que es vulnerable entre vulnerables-, y cuya expectativa de vida resulta incompatible con la dilación en el cobro de su acreencia, imponen efectuar un análisis de la procedencia del pedimento cautelar en la etapa de ejecución de sentencia con la mirada puesta en garantizar el principio de tutela judicial efectiva a dicho grupo, y que compatibilice con la urgencia supra referida.

Por último, expresaron que el despacho favorable de la medida cautelar solicitada por el actor no sólo se funda en el cumplimiento de los requisitos procesales, sino también entraña una respuesta lógica y adecuada de la justicia comprometida con la «ética de los vulnerables» -según la significativa expresión del ministro Ricardo Lorenzetti en la apertura del año judicial 2009-, que convierte en un ineludible imperativo de justicia asegurarle el goce y ejercicio del derecho disputado, admitido y ejecutado en la causa, y expresamente consentido por la demandada al implementar el reajuste anticipado conforme los parámetros establecidos en la Ley 27.260 y su decreto reglamentario.

En tal sentido, entendieron que proceder de modo adverso, supondría una restricción y retroceso del derecho alimentario reconocido al actor en la causa al resolverse el fondo de la cuestión planteada y en la etapa de ejecución de sentencia, por la mera circunstancia del vencimiento del plazo para aceptar el acuerdo de reparación histórica.

III. PAGOS EFECTUADOS POR EL DEUDOR EN LA ETAPA PROCESAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.ORDEN JERÁRQUICO ENTRE NORMAS PROCESALES Y SUSTANCIALES.

Una vez más, la Sala «A» de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en un antecedente jurisprudencial novedoso -no sólo por la índole de la medida cautelar despachada, sino por la etapa procedimental (ejecución de sentencia) de la causa en la cual se planteó- otorgó una adecuada, oportuna y eficaz tutela judicial a la pretensión previsional del actor, efectuando una interpretación de la situación fáctica a favor de los derechos subjetivos sociales en juego.

Bajo esa concepción, los jueces consideraron que las sumas abonadas por la ANSES en el marco del ajuste anticipado del Programa de Reparación Histórica «comportaron» -por la etapa procesal del juicio principal (ejecución de sentencia)- «el cumplimiento parcial de la sentencia definitiva y, por ende, un pago a cuenta de la liquidación final a practicarse en dichos autos».

Cabe destacar, por su vinculación al caso en comentario, que el instituto del pago en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación recibió una nueva ubicación, otorgándose un capítulo propio dentro del Título I de las Obligaciones en General, sin incluirlo en el Capítulo 5, dedicado a los otros modos extintivos de la obligación.

Ello obedece a la distinta concepción que le otorga al pago: si bien reconoce la importancia que tiene como modo extintivo de la obligación, desarrolla en su nueva ubicación su faceta más significativa, como cumplimiento espontáneo de la misma. El cumplimiento exacto de la obligación por el cual el acreedor ve satisfecho su interés, es definido como «cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación» (art. 865 CCyC). Esta ubicación otorga al pago su verdadera dimensión jurídica, dándole prevalencia a su característica más sobresaliente, «el cumplimiento de la prestación debida al acreedor», antes que al efecto cancelatorio de la obligación.(1)

Pues bien, los jueces al despachar el pedimento cautelar no sólo contemplaron la mentada urgencia de la medida por la edad del actor, al cual calificaron con atinado criterio de «vulnerable entre vulnerables», sino también reconocieron que «el pago efectuado por la demandada en el marco del reajuste anticipado del Programa de Reparación Histórica significó el cumplimiento parcial y a cuenta de la sentencia definitiva dictada en la causa», en etapa de ejecución, luego de verificarse el vencimiento del plazo de 120 días dispuesto por el artículo 22 de la Ley 24.463.

Valer decir, que los pagos materializados por la ANSeS en el marco del «Programa de Reparación Histórica», fueron considerados por los vocales de la Sala «A» de la Cámara Federal de Rosario, como pagos a cuenta de la liquidación de deuda aprobada judicialmente en dicha causa.

Por su parte, no es posible evitar reparar que la incontrastable realidad de la edad del actor (81 años) obligaban a adecuar el proceso al derecho efectivo de la seguridad social y, en definitiva, al derecho a la subsistencia del jubilado.

La prudencia jurídica del caso protege, en suma, a la parte más débil de la relación: el jubilado, que ha litigado durante varios años para el reconocimiento de su derecho previsional, pero que pese a ello y al «vencimiento de los plazos legales de cumplimiento de la sentencia definitiva», no puede acceder a su goce.

Este pronunciamiento no ignora los principios del derecho previsional que deben avenirse con las reglas procesales a fin de evitar que una interpretación exegética menoscabe derechos que cuentan con protección constitucional.

La naturaleza alimentaria que reviste la pretensión procesal previsional exige como «conditio sine quanon» un proceso en simetría con sus postulados fundamentales.

«Debe inclinarse la balanza de la justicia en resguardo de cualquier derecho subjetivo constitucional de la seguridad social que se halle en aparente pugna con una figura o regla procesal de inferior jerarquía.No debemos olvidar que todas las figuras, reglas y principios procesales fueron creados por el legislador para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos sociales en el proceso, y no al revés» (2).

El precedente jurisprudencial en comentario, que admitió la medida de no innovar en la etapa de ejecución de sentencia, no sólo considera en forma determinante las circunstancias extraordinarias del caso, sino que atiende de manera correcta al orden jerárquico entre normas sustanciales y normas procesales del derecho de la seguridad social.

Esta tensión que existe en el proceso entre principios y reglas procesales y los derechos humanos de la seguridad social, encontró respuesta en un significativo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (3) -aunque aislado y contradicho por posteriores- al señalar que «.la decisión del a quo merece serios reparos porque desati ende principios del derecho previsional que deben ser armonizados con las reglas procesales a fin de evitar que una comprensión amplia del referido instituto pueda redundar en menoscabo de derechos que cuentan con particular protección constitucional.teniendo en consideración las especiales particularidades del caso, no caben interpretaciones que importen prescindir de su contenido dada la índole de los derechos en juego que exige no llegar a su desconocimiento sino con extrema cautela.» y concluyó que «.dado el carácter alimentario, integral e irrenunciable que tienen los beneficios según el artículo 14 bis de la Ley Fundamental, no corresponde admitir una comprensión de normas que vuelva inoperante la protección allí establecida.»

En esta línea, se enrola la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el precedente «Ibañez» (4), al establecer que: «Las reglas procesales fueron instituidas para apuntalar las garantías constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio, y su principal cometido es procurar que el proceso en puridad de concepto constituya un instrumento de tutela del derecho sustancial y no su tumba, como enfatiza Eduardo J.Couture».

El auténtico juez de la seguridad social, fiel a su cometido constitucional de tercero imparcial e independiente (CN art. 18) jamás debe perder de vista que encarna en el proceso la jurisdicción proteccional de los derechos de un grupo social considerado vulnerable.

En conclusión, el fallo en análisis, al admitir la medida cautelar peticionada en el proceso de ejecución de sentencia, no sólo repara -término utilizado justamente en el nombre dado al referido «Programa»- en la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el actor, sino que atiende correctamente al orden jerárquico entre normas fondales -o sustanciales- y normas procesales o rituales del derecho de la seguridad social, reconociendo el pago efectuado por la ANSeS a cuenta de lo adeudado y aprobado judicialmente.

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(1) CARAMELO, Gustavo; Picasso, Sebastián y Herrero, Marisa: «Código Civil y Comercial de la Nación-comentado», – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, Sistema Argentino de Información Jurídica, 2015.

(2) René Herrero, Luis: Ápices procesales inconstitucionales del proceso previsional actual, http://www.rjyp.com.ar

(3) CSJN, «Bombelli, Roberto c/ ANSeS s/ reajuste por movilidad» del 6 de junio de 2006.

(4) Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, «Ibañez, Máximo c/ ANSeS» Sentencia del 08/09/05, Jurisprudencia Argentina del 08/03/06 pág.41.

(*) Abogada, UNR. Prosecretaria del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 2 de Rosario. Profesora del Curso de Capacitación de la Escuela Judicial de la AMJN en 2009. Profesora del Curso de Derecho Federal en la UCEL en 2017. Autora de publicaciones relacionadas con el derecho a la salud.