Presunción de despido por causa de embarazo: El parto prematuro y fallecimiento del bebé antes del alumbramiento, no afectan la protección legal del art. 178 LCT

Partes: Jofre Celeste Alejandra c/ Hinck S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 12-abr-2019

Cita: MJ-JU-M-118188-AR | MJJ118188 | MJJ118188

La pérdida del embarazo por parto prematuro y/o fallecimiento de la criatura antes del alumbramiento no enervan ni afectan la protección legal del art. 178 LCT.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que tuvo por acreditado el vínculo laboral denunciado, pues son varias las personas que individualizan a la recurrente como explotadora de una taller de costura de prendas de vestir e, incluso, lo hace su litisconsorte al identificarla como proveedora de ropa interior que, según sus dichos, adquirió para su posterior comercialización, lo que permite atribuir a la apelante la condición de empresaria y aplicar en beneficio de la accionante la presunción del art. 55 de la LCT que sirve de fundamento al fallo condenatorio.

2.-Debe mantenerse la condena de la codemandada, porque subcontrató servicios de producción que hacen a su actividad normal, habitual y propia de su establecimiento en los términos del art. 30 de la LCT, y el hecho de que tenga un taller de confección propio no enerva la aplicación de dicha norma que hace referencia a la cesión, total o parcial, del establecimiento y a la contratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y especifica propia de su establecimiento, que está dedicado a la confección de ropa interior.

3.-La pérdida del embarazo por parto prematuro y/o fallecimiento de la criatura antes del alumbramiento no enervan ni afectan la protección legal del art. 178 LCT, tornando aplicable la reparación prevista en el art. 182 del mismo cuerpo legal, siendo que para desvirtuar la presunción legal se requiere acreditar fehacientemente en el proceso la justa causa del distracto y no basta la alegación de una causa diferente.

Fallo:

Buenos Aires, 12 de abril de 2019.-

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La codemandada Andrea Mabel Tomati cuestiona el fallo condenatorio porque entiende que no se encuentra acreditado que la actora fuera su dependiente (ver memorial de fs. 245/6), mientras que su litisconsorte Hinck SA impugna lo que entiende una aplicación irrazonable del art. 30 de la LCT con más la proyección amplia de dicho precepto imponiendo normas sancionatorias -arts. 8º y 15 de la ley empleo, 2º de la ley 25.323- lo decidido en materia de costas y honorarios. Por último, la trabajadora cuestiona el rechazo de sus pretensiones dinerarias esgrimidas con base en el art. 80 y 178 y 275 de la LCT.

El recurso presentado por la empleadora no satisface los requisitos del art. 116 de la LO: la expresión de agravios debe consistir en la crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, en la que se demuestre punto por punto la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador, con la indicación de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime que lo asisten y ello por cuanto disentir con la interpretación judicial, sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios (Pirolo (dir.), “Derecho del Trabajo Comentado”, t. IV, p. 660, Fenochietto y Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. I, p.837; CNTr., Sala I, 14/6/94, “Di Nella c/Cabin San Luis S.A.”, DT, 1995-A-225; Sala II, 20/12/16, “Brieva c/ Titaniumrex SA; Sala VI, 23/8/17, “Larrosa Rovitto c/De Martino”; Sala VII, 28/12/00, “Eneine c/Obra Social de Conductores, Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas”, DT, 2001-B-1433; Sala VIII, 12/2/92, “Lovato c/Equitel S.A.”, DT, 1993-A-200; Sala IX, 31/12/97, “Benítez c/Tubotec”, DT, 1999-A-82; 16/2/97, “Jara c/Mosso”), siendo que no cumple con dicho mandato el escrito de expresión de agravios que trasunta exclusivamente una mera disidencia con forma en que el sentenciante ha analizado las constancias probatorias de la causa (CNTr., Sala VIII, 11/7/96, “Alvarado c/Metrovías”, DT, 1997-A-317) o una simple manifestación de disconformidad con lo resuelto (CNTr., Sala I, 20/2/97, “Nodar c/Agrocom S.A.”, DT, 1997-B-1376; Sala V, 20/6/95, “Silveira c/Navenor S.A.”, DT, 1996-A-59, Sala VII, 4/10/96, “Aguyaro c/Amid S.A. y otro”, DT, 1997-A-314; Sala IX, 31/12/97, “Benítez c/Tubotec S.A.”, DT, 1999-A-82).

En el caso son varias las personas que individualizan a recurrente como explotadora de una taller de costura de prendas de vestir e, incluso, lo hace su litisconsorte al identificarla como proveedora de ropa interior que, según sus dichos, adquirió para su posterior comercialización (ver escrito de réplica, fs. 28) lo que permite atribuir a la apelante la condición de empresaria y, a la luz de los testimonios citados -ver declaraciones de Nieva, fs. 181/2; Loto, fs. 189/90; Molina, fs. 196/7y Aguirre, fs.200/1- y aplicar en beneficio de la accionante la presunción del art. 55 de la LCT que sirve de fundamento al fallo condenatorio.En cuanto a los agravios de Hinck SA también los entiendo improcedentes porque subcontrató servicios de producción que hacen a su actividad normal, habitual y propia de su establecimiento en los términos del art. 30 de la LCT ya que los dichos de sus testigos le son adversos.

Obsérvese, por ejemplo, que Navarro (fs. 198/9) admite que Hinck SA se dedica a la venta de ropa interior y lo que adquiría de Tomati eran corpiños, camisetas y “tops” que, señalan varios de los testigos, llevaban la marca “Aretha” que es propia de la apelante (ver precisiones de Loto, fs.189/90 y Molina, fs. 196 e instrumental de fs. 174/5) y, aunque Plaellorens (fs. 202/3) afirme que Hinck tiene un taller de confección propio, ello no enerva la aplicación del art. 30 de la LCT que hace referencia a la cesión, total o parcial, del establecimiento y a la contratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y especifica propia de su establecimiento que está dedicado, reitero, a la confección de ropa interior. Es posible que Tomati proveyese confeccionase prendas de mujeres para otras empresas y que sólo sea una de las proveedoras de Hinck SA pero los declarantes admiten que la vinculación inter-empresaria nació a principios de la década actual y, en consecuencia, no puede estimarse la relación como incidental o coyuntural, lo que explica la condena impuesta incluso en lo que hace a las multas laborales ya que las legislación es impone un deber de control -ver art. 30 de la LCT- no ejercitado ya que la accionante fue una trabajadora clandestina.

En cuanto a los agravios de la trabajadora, el primero es inatendible por no satisfacer los requisitos del art. 116 de la LO: la accionante no cumplió, en tiempo y forma, con lo estipulado por el art. 3º del decreto 146/2001 efectuando su intimación vencido el plazo de treinta días de roto el vínculo (conf. CNTr.Sala I, 20/10/04,”Notabile c/Demibell SA”, DT 2005-A-160; Sala II, 21/6/07, “Gadea c/Aérea Sur SRL”, DT 2007-B-1012; Sala III, 12/12/02, “Puga c/SB Mandataria SA”, LL 2003-C-660; Sala IV, 30/5/03, “Beronio c/Azofra”, DLSS 2003- 625; Sala V, 11/12/02, “Lépori c/Americam Express SA”, TSS 2003-240; 14/3/05, “Fan c/Dendol SA”, DT 2005-B-1776; Sala VI, 11/6/07, “Ferreyra González c/Carrefour Argentina SA, DLSS 2007-1645; “Sala VII, 27/5/05, “Bettinotti c/Fundación Universidad Católica Argentina”, DT 2005-B-1472; Sala VIII, 29/5/17, “José c/Comp. Argentina de Indumentaria SA”; Sala IX, 10/12/02, “Felgaer c/Productora Dodici SA”, DT 2003-B-1027; ìd. 17/12/04, “Quevedo c/Algefe SA”, DT 2005-A-824, 16/2/17, “Jara c/Mosso”; Sala X, 27/6/02, “Milessi c/Teb SRL”, DT 2002- B-1.979; íd. 24/2/05, “Palavecino c/Pinto”, DT 2005-B-978; íd. 26/11/08, “Zalazar c/Cía Metropolitana de Seguridad SA”, DT 2009-A-330; CTrab. Córdoba, Sala X, 5/11/02, “Geiblinger c/ Gastaldi”, JA 2004-IV-sínt.) y no discute objetivamente la conclusión de la juzgadora en la materia puesto que se limita a realizar una interpretación del citado decreto que no condice con su letra en disonancia con lo prescripto por el art. 2º del CCCN que preconiza, como fuente primara de interpretación, las palabras del legislador.

El segundo agravio por el contrario es viable porque el despido indirecto de la actora se dio durante el período de sospecha y tras la pérdida de su embarazo ectópico (ver instrumental de fs. 122/67) lo que justifica aplicar la presunción del art. 178 de la LCT y condenar a las vencidas al pago de $ 147.479,54 ($ 11.344,58 x 13) que se adiciona al monto de condena de primera instancia -$ 353.737,80- y lo elevan a $ 501.217,34.Cabe señalar, en tal sentido, que la pérdida del embarazo por parto prematuro y/o fallecimiento de la criatura antes del alumbramiento no enervan ni afectan la protección legal del art. 178, tornando aplicable la reparación prevista en el art. 182 del mismo cuerpo legal (CNTr. Sala I, 30/7/86, “Samar c/Sambucetti”; Sala V, 31/3/97, “Campione c/Miguel y Costas Argentina SA”, JA 1998-I-184; Sala VII, 20/3/00, “Romero c/Tecnografic SA”, DT 2000-B-1993; 9/8/17, “D., D c/Vañes SRL”; SCBA 31/8/84, “Flores c/Sil Ben SCA”) siendo que para desvirtuar la presunción legal se requiere acreditar fehacientemente en el proceso la justa causa del distracto y no basta la alegación de una causa diferente (CNTr. Sala IV, 15/12/86, “Palma c/Banco de la Prov. de Santa Cruz”, DT 1987-A-375; SCBA, 5/9/89, “Luise c/Celtia SA”, TSS 1990-213; CLab. Rosario, Sala III, 19/3/96, “Noval c/Cid”, JA 2000-I-sínt.). En cuanto al pedido de temeridad y malicia cabe su rechazo: la tipificación del art. 275 de la LCT debe hacerse con criterio penal (CNTr. Sala I, 29/12/11, “Vetanco SA c/Ramírez Navarro”, DT 2012-5-1170; Sala III, 21/5/10, “Aquino c/Bronco Mbarete SA”, DT 2010-8-2137) y con prudencia a fin de no cercenar el derecho constitucional de defensa en juicio (crit. Sardegna, “Ley de Contrato de trabajo comentada”, p. 916; Pirolo -dir.- “Derecho del Trabajo Comentado”, t. IV, p. 704; Fernández Madrid, “Ley de contrato de trabajo comentada”, t. III, p. 2.136; CNTr. Sala I, 20/7/01, “Victorio c/Medias Carolina”, DT 2001-B-2294; Sala IV, 30/4/15, “Otegui c/Fundación Educar”, BCNT.352; Sala VI, 15/8/18, “Balbuena c/ Expediente Nro.: CNT 82798/2016 Frávega SA”; Sala VII, 22/5/98, “D´Elía c/OSSIMRA”, DT 1998-B1852; Sala X, 30/9/11, “Ortellada c/Damiani”) ya que, en la materia, rige el principio según el cual la duda se resuelve a favor del imputado (CNTr. Sala III, 24/8/09, “Cancinos c/Atento Argentina” DT 2009-B-1140), sin que pueda calificarse como temerario el accionar de quien contesta defendiéndose, aunque sea conocedor de su responsabilidad pues es lícita la búsqueda de un resultado atenuado (CNTr. Sala I, 5/7/11, “Benítez c/Organización Tauro SRL”, DLSS 2011-2184). En cuanto al tema de las costas y honorarios cabe su confirmatoria por responder la imposición a la derrota sufrida por los codemandados sobre el punto principal del litigio (art. 68, primer párrafo, CPCC) y ser los segundos equitativos a la luz de lo preceptuado por el art. 38 de la LO.

En síntesis, entiendo corresponde: 1) Modificar el pronunciamiento de grado elevando el monto de condena a $501.217,34; 2) Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas de alzada a las condenadas y 4) Fijar los honorarios de representación y patrocinio de los litigantes, por las tareas de alzada, en el (%) de la suma que resulte a su favor por las tareas de la instancia anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO: Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acu erdo que antecede (art. 125 de la L.O.), el Tribunal RESUELVE:

I) Modificar el pronunciamiento de grado, elevando el monto de condena a la suma de $501.217,34 (pesos quinientos un mil doscientos diecisiete con treinta y cuatro centavos). II) Confirmar el pronunciamiento de grado en lo restante que decide como así también lo decidido en materia de costas y honorarios. III) Imponer las costas de alzada a las codemandadas. III) Regular los honorarios de representación y patrocinio letrado, por las tareas de alzada, en el (%) de la suma que resulte a su favor por las tareas de la instancia anterior. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

CARLOS POSE

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

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