Peso-Dólar: La cláusula contractual que prevé la conversión del precio pactado de pesos a dólares no viola la Ley de Defensa del Consumidor si el deudor fue debidamente informado

Partes: Nidera S.A. c/ Arguello Fernando Martín s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 5-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117008-AR | MJJ117008 | MJJ117008

La cláusula contractual que prevé la conversión del precio pactado de pesos a dólares no viola la Ley de Defensa del Consumidor si el deudor fue debidamente informado al respecto.

Sumario:

1.-Aún cuando se considerase que en el caso el accionado reviste el carácter de consumidor, la cláusula que prevé la conversión del precio pactado de pesos a dólares no transgrede los arts. 4 y 37 de la Ley 24.240 por haber la actora informado al accionado en forma clara y detallada que el precio total de la operación de compra venta cerrada y según sus valores unitarios expresados era de dólares y que ante una imposibilidad técnica de emitir facturas electrónicas en el sistema de la AFIP, se emitió el documento por el valor de la mercadería considerada en pesos al tipo de cambio vendedor Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la emisión del comprobante.

2.-Es procedente concluir que el precio de las mercaderías fue pactado en dólares estadounidenses, si la operación se materializó durante el lapso en que la AFIP no autorizaba la emisión de facturas electrónicas en moneda extranjera y que ante esa imposibilidad técnica, se emitió el documento por el valor de la mercadería considerada en pesos al tipo de cambio vendedor Banco de la Nación Argentina vigente a ese momento, por lo cual el accionado debe la suma comprometida en aquella moneda, sin perjuicio de que por aplicación del art. 765 del CCivCom. podrá liberarse de su obligación al momento efectivo del pago dando el equivalente en moneda de curso legal.

3.-Cabe rechazar el planteo de nulidad de la cláusula ubicada al pie de la factura que establece la conversión del precio pactado de pesos a dólares si conforme a los dichos por el propio apelante al contestar la demanda puede afirmarse que la mercadería no tiene como destino el consumo final que la Ley 24.240 prevé y, en razón de ello, no hay dudas que en la especie no se configuró una relación de consumo que justifica la aplicación de las disposiciones de legislación protectoria para dirimir la contienda.

Fallo:

En Buenos Aires a los cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “NIDERA SA C/ARGUELLO FERNANDO MARTIN S/ORDINARIO” (Expediente Nro. 8105/2017) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden de Vocalías: N°18, N°17 y N°16.

Intervienen sólo los doctores Rafael F. Barreiro y Alejandra N. Tevez por encontrarse vacante la vocalía N° 17.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 115/118?

El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:

I. Los antecedentes.

Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

a) NIDERA SA, por medio de apoderado, promovió demanda contra Fernando Martin Argüello por el cobro de U$S 12.094,13.-, más intereses y costas.

En primer lugar, explicó que es una empresa agroindustrial dedicada a la provisión y venta de insumos agropecuarios.

Tras ello, relató que se vinculó comercialmente con el demandado durante varios años hasta que el Sr. Argüello cesó con los pagos comprometidos.

Denunció que las sumas aquí reclamadas provienen de la venta de Maíz Nidera AX 887.

Alegó que la operación fue instrumentada en la factura N° 402800052024.

Arguyó que la mentada factura no ha sido impugnada por el accionante y se encuentra impaga.

Agregó que ambas partes pactaron que la obligación debía cancelarse en dólares estadounidenses.

Fundó en derecho su pretensión y ofreció prueba.

b) Fernando Martín Arguello, por medio de apoderado, contestó la acción incoada en su contra con la presentación de fs.68/81.

Por imperativo procesal negó todos y cada uno de los hechos relatados por la actora en el libelo inaugural y solicitó su rechazo con costas.

No obstante ello, reconoció que se vinculó comercialmente con la accionante, la existencia de la factura objeto del reclamo y la recepción de la mercadería.

A fin de repeler la acción articulada en su contra afirmó que la factura fue cancelada oportunamente.

Señaló, además, que ambas partes pactaron que el valor de las mercaderías sería cancelado en moneda nacional y no en dólares estadounidenses, tal como pretende aquí la demandante.

Alegó que el reclamo resulta improcedente y que debe desestimarse la demanda entablada en su contra.

Fundó en derecho su defensa.

c) A fs. 105 la Magistrada de grado declaró la cuestión de puro derecho.

II. La decisión recurrida.

En la sentencia de fs. 115/118, la Sra. Juez a quo hizo lugar a la demanda instaurada por Nidera SA contra Fernando Martín Arguello, a quien condenó a pagar a la primera la suma de u$s 12.094,13.-, más intereses. Impuso las costas del pleito al demandado vencido (conf. art.68 del Cpr.).

En primer lugar, señaló que no se encuentra controvertido en el sub lite el vínculo comercialmente habido entre las partes, la existencia de la factura objeto del reclamo y la recepción de la mercadería.

Tras ello, juzgó que el accionado no probó que canceló la deuda que en este pleito se le reclama.

A continuación, concluyó que la deuda debía cancelarse en dólares estadounidenses.

Para así decidir, dijo que ante un impedimento técnico de la AFIP las empresas debieron acudir a un sistema de facturaciones electrónicas en monedas de curso legal (pesos).

Asimismo, remarcó que en el sub lite, el demandante, a fin de mantener los valores económicos comprometidos en la operación que en este litigio se ventila (moneda extranjera), informó al pie de la factura el monto real que se le adeudaba era de u$s 12094, 13.

Concluyó que las circunstancias antes descriptas resultan suficientes para desestimar las defensas ensayadas por el defendido.

Por todo ello, condenó al Sr. Argüello a pagar a Nidera SA la suma de u$s 12094, 13. Estableció que el capital de condena devengue intereses desde la fecha de mora que juzgó acaecida el día 15.03.15 y sobre una tasa anual del 6%.

Impuso las costas del pleito al demandado vencido.

III. El Recurso.

1. A fs. 119 apeló la sentencia definitiva la parte demandada.

2. Expresó agravios mediante el escrito de fs. 178/193 que recibió respuesta a fs. 195/199.

3.Sus extensas quejas pueden sintetizarse de la siguiente manera:

(i) afirmó que la sentencia dictada es arbitraria;

(ii) agravia al recurrente que la anterior sentenciante la condenara a pagar en dólares estadounidenses cuando de la factura base del presente juicio surge que la deuda fue contraída en moneda nacional;

(iii) sostuvo que la magistrada de grado se apartó del derecho positivo vigente para decidir la contienda en su contra;

(iv) Pondera su carácter de pequeño consumidor y los principios y efectos que de ellos se desprenden;

(v) la decisión en crisis cercena el principio de congruencia;

(vi) cuestiona la imposición de las costas en su contra;

(vii) finalmente, solicita se modifique el decisorio en cuanto fue materia de agravio y se desestime la demanda con costas.

IV. La solución.

1. Adelanto que no atenderé todos los planteos recursivos del recurrente sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (Conf. CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12.02.1987; bis ídem, in re: “Pons, María y otro” del 06.10.1987; ter ídem, in re: “Stancato, Carmelo”, del 15.09.1989; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

2. Hecha esta aclaración, considero -a fin de brindar mayor claridad expositiva- analizar las quejas ensayadas por el apelante siguiendo un orden expositivo lógico.

3.En este marco, me abocaré -en primer lugar- a dilucidar si la sentencia es arbitraria, tal como afirma el recurrente.

Luego de analizar minuciosamente las constancias de autos, juzgo que la denuncia impetrada resulta inaudible, ya que una sentencia adolece de tal vicio cuando omite el examen o resolución sobre alguna cuestión oportunamente propuesta y cuya valoración resulta inexcusable para las circunstancias probadas en la causa y para la posterior aplicación del derecho vigente, o cuando se prescinde del claro e imperioso mandato de la ley; siempre que afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y, lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Conf. CSJN, “in re”, Villarruel, Jorge c/ CNA y S s/ Sumario, del 17.11.94); o cuando se falla sobre la base de una mera aserción dogmática, lo que no ocurre en la especie.

A mi criterio, el fallo es coherente y concreto; está adecuadamente fundado y expone suficientemente las razones que las circunstancias sustentan.

Carece de contradicciones y el criterio de análisis empleado se ajusta a las premisas que sirven de antecedente a sus conclusiones.

La tacha de arbitrariedad requiere la invocación y demostración de vicios graves en el pronunciamiento, razonamientos ilógicos, o contradictorios, o aparentes; apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, ya que lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la constitución y las leyes (Conf. CSJN, 07.04.92, “De Renzis, Enrique A c/ Aerolíneas Argentinas”, 1993-III, Síntesis, JA).

En virtud de lo expuesto, la arbitrariedad incoada debió fundarse en un hecho contrario o incompatible con el denunciado o bien, exponer su inverosimilitud. Nada hizo y ello resta razonabilidad y consistencia a su defensa (arts. 163 inc. 5° in fine y 386 CPr.).

4.1. Descartado el vicio denunciado, analizaré -a continuación- las quejas centrales del apelante referidas a la desestimación de las defensas ensayadas en oportunidad de contestar la demanda.

4.2.En este marco decisorio, resulta útil recordar que no fue materia de controversia la adquisición por parte del Sr. Arguello a Nidera SA de los productos agropecuarios detallados en la factura obrante a fs. 19.

Véase que ello fue expresamente reconocido por el accionado en su escrito de contestación de demanda (v. fs. 70 vta.).

4.3. Corresponde entonces dilucidar si la factura en cuestión fue efectivamente abonada, tal como afirma el demandado en su escrito de contestación de demanda (v. fs. 70, punto 4.2.).

Delimitado el tema sometido a estudio, juzgo que la defensa ensayada debe desestimarse sin más al no haber acompañado el defendido, documento alguno que acredite el pago alegado.

Ello pues, las simples alegaciones del demandado son inidóneas para producir convicción sobre los hechos que invoca, toda vez que la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes sino del riesgo de no hacerlo. En consecuencia, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (Quevedo Mendoza, Efraín, “Carga y Valoración de la prueba: Precisiones”, JA, 22/07/98).

En función de lo expuesto, concluyó que la factura que en este litigio se reclama se encuentra impaga.

4.4. Arribado a este punto, me abocaré a estudiar cual fue la moneda de pago pactada por los litigantes.

Afirmó el demandado que ambas partes pactaron que el valor de las mercaderías sería cancelado en moneda nacional.

A fin de sustentar sus dichos, remarcó que en la factura se consignó que el monto total adeudado era en pesos argentinos.

De su lado, la parte actora sostuvo que el defendido se obligó en dólares estadounidenses y que por una imposibilidad técnica imputada a la AFIP de emitir facturas electrónicas en dólares debió emitir la factura por el valor de la mercadería convertida en pesos.

La Sra.Juez a quo, como ya lo anticipara, le acordó razón a la demandante, lo que motiva la apelación que se examina.

Cuestiona el quejoso la interpretación que efectuó la primer sentenciante. Sostiene que es contraria al derecho positivo.

A fin de resolver la queja articulada, entiendo necesario recordar que es de público conocimiento que desde mediados del año 2012 y hasta principios del año 2016 la AFIP no autorizó la emisión de facturas electrónicas en moneda extranjera.

Ante dicho marco y a fin de resolver el conflicto, se debió recurrir a lo normado en el art. 110 de la Ley de Procedimiento Tributario que en su parte final establece que las operaciones y réditos en moneda extranjera serán convertidas al equivalente en moneda de curso legal resultante de la efectiva negociación o conversión de aquel.

En función de ello, quien pactaba durante el lapso temporal señalado una obligación en moneda extranjera debía registrarla impositivamente en pesos al tipo de cambio pactado entre las partes o el valor de tipo de cambio vendedor Banco Nación Argentina vigente al momento de la emisión de la factura. Asimismo, debía incluir en el cuerpo de la factura una leyenda que indique la moneda extranjera pactada (conf. Volman, Mario: “Facturación en dólares o pactada en moneda extranjera: diferencia de cambio, implicancia en el impuesto al valor agregado” Errepar. Marzo/2014 T. XXXV -Errepar Online; Favier Dubois, Eduardo M (h): “Panorama del derecho comercial en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” Errepar – DTE Nro. 425 -agosto/2015- T. XXXVI- p. 631).

Bajo tales lineamientos y de conformidad con los elementos aportados a la causa, juzgo que ambas partes pactaron que el valor de las mercaderías era en moneda extranjera (dólares estadounidenses).

Véase que del instrumento acompañado a fs.19 surge que:

i) la operación se materializó el 06.10.14, es decir durante el lapso en que la AFIP no autorizaba la emisión de facturas electrónicas en moneda extranjera;

ii) el precio total de la operación de compra venta cerrada entre las partes y según sus valores unitarios expresados era de u$s 12.094,13.-;

iii) ante una imposibilidad técnica de emitir facturas electrónicas en el sistema de la AFIP, se emitió el documento por el valor de la mercadería considerada en pesos al tipo de cambio vendedor Banco Nación vigente al momento de la emisión del comprobante (1 u$s = $ 8,45); y

iv) se le informó al comprador que la factura podía ser cancelada a su vencimiento mediante la entrega de los dólares estadounidenses billetes o en la cantidad de pesos necesarios para adquirir igual cantidad de dólares al tipo de cambio del dólar estadounidense divisa informada por el Banco de la Nación Argentina.

Refuerza la conclusión a la que arribo el hecho que Nidera SA obró en igual forma con otro cliente que contrató en moneda extranjera (v. factura acompañada por el propio demandado a fs. 59 ).

En razón de ello, la defensa esgrimida por el apelante en el sentido de que la conducta asumida por la actora resulta contraía con la teoría de los actos propios (art. 1067 del nuevo Código Civil y Comercial de la nación) resulta insostenible.

En función de todo lo expuesto, concluyo que ambas partes pactaron que el valor de las mercaderías era en moneda extranjera (dólares estadounidenses) y por lo tanto, al estar impaga la factura, el Sr. Argüello adeuda a Nidera SA la suma de u$s 12094, 13.-

No obstante ello, debo dejar aclarado que de conformidad con lo contemplado en el art. 765 del Código Civil y Comercial de la Nación el recurrente podrá liberarse de su obligación al momento efectivo del pago dando el equivalente en moneda de curso legal.

4.5.En relación al planteo del defendido tendiente a que se declare la nulidad de la cláusula ubicada al pie de la factura que establece la conversión de pesos a dólares por cercenar sus derechos como consumidor, diré que el mismo resulta improcedente.

Véase que conforme a los dichos por el propio apelante en su escrito de contestación de demanda (v.fs.68 vta.) puede afirmarse que la mercadería que fue adquirida y que se encuentra detallada en la factura obrante a fs. 19 no tiene como destino el consumo final que la ley 24.240 prevé.

En razón de ello, no hay dudas que en la especie no se configuró una relación de consumo que justifica la aplicación de las disposiciones de legislación protectoria para dirimir la contienda. Dicho esto atendiendo a los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la ley que rige la materia, normas que claramente aluden al vínculo que se establece con quien en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importe, distribuya o comercialice cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Ergo, la aplicación de la normativa consumeril, no resulta aplicable en la especie.

Pero aun cuando no se compartiera la solución que aquí propongo y se considerara al demandado como consumidor, diré que la cláusula atacada no transgrede las previsiones contempladas en los art. 4 y 37 de la ley 24.240 por haber la actora informado al Sr. Argüello en forma clara y detallada que: i) el precio total de la operación de compra venta cerrada entre las partes y según sus valores unitarios expresados era de u$s 12.094,13.- y ii) ante una imposibilidad técnica de emitir facturas electrónicas en el sistema de la AFIP, se emitió el documento por el valor de la mercadería considerada en pesos al tipo de cambio vendedor Banco Nación vigente al momento de la emisión del comprobante (1 u$s = $ 8,45);

4.6.La solución adoptada por la primer sentenciante y que propongo al acuerdo confirmar no resulta incongruente, tal como denuncia el apelante en su escrito de expresión de agravios.

Paso de seguido a fundar mi decisión.

La congruencia -ha dicho la Corte Federal- se erige en un límite para el juez que no puede fundar su decisorio en hechos que no han sido objeto de alegación ni prueba, y por esa razón, no han sido motivo de discusión (C.S.J.N., Fallos 310:1826; ídem.; 11.06.03, “Cebollero, Antonio Rafael y otros c. Córdoba, Provincia de”).

Se habrá incumplido entonces el recaudo de congruencia cuando, con prescindencia del acierto o desacierto intrínseco de lo resuelto, la decisión altere los términos de la relación procesal, pues dentro de esos límites la específica atribución jurisdiccional de declarar el derecho aplicable puede y debe ejercerse sin retaceos.

En función de lo anterior, quien se agravia por causa de incongruencia, con aspiraciones de habilitar la instancia extraordinaria, asume la carga inexcusable de describir específicamente el modo en que la mentada defección se patentiza, no bastando obviamente la sola mención de que se ha incurrido en la misma.

Siendo el principio de congruencia aquel “que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez en la sentencia y las pretensiones y defensas planteadas por las partes” (Guasp, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1961, p.533), para demostrar su inobservancia no alcanza con argumentar que los fundamentos de la defensa ensayada no han sido correctamente aprehendidos, y consecuentemente, debidamente tratados y resueltos, sino que es indispensable especificar cómo es que tales errores habrían posibilitado una decisión que exorbita, por defecto o por exceso, los limbos de la litis contestatio.

Tal cometido, a la luz de las precisiones anteriormente relacionadas, no se advierte en absoluto satisfecho en la especie.

Ello pues, el pronunciamiento de grado ha dado respuesta

-considerando las constancias obrantes en autos- a las defensas postuladas por el accionado en su escrito de contestación de demanda, rechazándolas.

En definitiva, el recurrente pretende que se anule la sentencia meramente por no haber seguido sus razonamientos, lo cual es inatendible. Sobre esta cuestión ha dicho la jurisprudencia: “No vulnera el principio de congruencia el hecho de que la sentencia no haya seguido la línea argumental asumida por la accionada en su escrito de contestación de demanda si -tal como sucede en el sub lite- de todas maneras la decisión se enmarca dentro de los límites fácticos establecidos por las partes en sus escritos postulatorios de demanda y contestación” (conf. CSJN “Franco, Blanca Teodora c. Provincia de Buenos Aires” , 12/11/2002, cita on line: AR/JUR/1289/2002; STJ Río Negro, “C.F.A. c. Energía de Río Negro Sociedad de Estado (ERSE) s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley”, 27/10/2000; SCJ Mendoza, sala I, 22/11/1996, “Fema S. R. L. c. Obras Sanitarias Mendoza”, Publicado en: LA LEY 1997D, 324 DJ, 19973, 140; cita on line: AR/JUR/169/1996; SCBA, “Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A.” Ac. 49923, 05/04/1994, publicado en: JA, 1994IV731).

4.7. En función de todo lo expuesto, la desestimación de las quejas en examen se impone como única solución posible con la consecuente confirmación del decisorio apelado.

5.Finalmente, respecto a la crítica articulada en relación a la forma en que fueron impuestas las costas del proceso, juzgo -al igual que la primer sentenciante- que las mismas deben ser soportadas por el demandando. Es que la condena en costas al vencido, constituye un resarcimiento que la ley, conforme la prescripción contenida en art. 68 del Cpr., reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.

Por ello, el vencimiento lleva consigo tal condena, principio éste resultante de la aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso se convierte en daño (CNCom., Sala B, 28.3.89, “San Sebastián c/ Lande, Aron”); es decir, es una institución d eterminada por el supremo interés que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume de la discusión judicial (CNCom., Sala B, 12.10.89, “De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/ Círculo de Inversores SA”; esta Sala, 11.10.2011, “Koldobsky Liliana Estela c/ Koldobsky Carlos David s/ ordinario”).

Así entonces, considero que los gastos causídicos del proceso deben ser soportados por el accionado pues, ha resistido enfáticamente y sin razón la pretensión de su contraria, solución que cabe hacer extensiva también a los gastos causídicos generados ante esta Alzada, por análogas razones (arts. 68 y 279 del Cpr.).

V. Conclusión.

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguida colega, propongo al Acuerdo: rechazar la apelación articulada por Fernando Martín Arguello y, consecuentemente, confirmar la sentencia dictada en 115/118. Imponer las costas de Alzada al demandado vencido (arg. cpr: 68).

Así voto.

Por los mismos fundamentos la Dra. Alejandra N. Tevez adhiere al voto del Dr. Rafael F.Barreiro.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

ALEJANDRA N. TEVEZ

siguen las firmas.

RAFAEL F. BARREIRO

MARIA FLORENCIA ESTEVARENA

SECRETARIA DE CAMARA

Buenos Aires, 5 de febrero de 2019.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: rechazar la apelación articulada por Fernando Martín Arguello y, consecuentemente, confirmar la sentencia dictada en 115/118. Imponer las costas de Alzada al demandado vencido (arg. cpr: 68).

II. HONORARIOS

1. Respecto a la aplicación temporal de la ley 27.423 y aun reconociendo la opinabilidad que ha suscitado particularmente esta temática (conf. Sosa, Toribio E., “Conflicto de leyes arancelarias en el tiempo” en diario La Ley del 1/2/2018; Quadri, Gabriel H. “La Nueva Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia nacional y Federal” en diario La Ley del 13/12/2017), esta Sala ya ha asumido criterio en el sentido de ponderar los trabajos al cobijo del ordenamiento legal vigente al tiempo de su realización (conf. 15/2/2018, “Predial Propiedades SRL c/Kandel Guy y otros s/ordinario”, Exp. COM 34838/2013, entre otros).

2. La ley 21.839 (T.O. 24.432) era el ordenamiento vigente cuando se cumplieron mayormente los trabajos objeto de remuneración. Ello determina, a juicio de los firmantes, que resulte aquel marco normativo el llamado a regir su fijación (conf. CSJN in re “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/Buenos Aires Provincia de s/daños y perjuicios” del 12/9/1996, en igual orientación, SCBA, “Morcillo Hugo H. c/Provincia de Bs. As. s/inconst. Dec.-ley 9020” del 8/11/2017).

No escapa de la consideración que se han efectuado tareas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423, (consistentes en las presentaciones de fs. 99: “Acredita diligenciamiento”, fs. 102: “acompaña pliego” y fs. 106 “se dicte sentencia”), las mismas son accesorias o instrumentales de sustanciales otras peticiones cumplidas al amparo del anterior plexo normativo, lo cual no justifica una ponderación independiente.Sentado ello, vista la labor profesional cumplida, su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto del proceso

-computándose los intereses como integrantes de la base regulatoria (conf. esta Sala “Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ ordinario”, del 01/04/14)-, se deja sin efecto la regulación de honorarios respecto del Dr. Adolfo Alejandro Verra y se fijan los mismos en la suma veintinueve mil ochocientos pesos ($ 29.800) (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 ley 21.839, mod. por ley 24.432).

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 26.589, la fecha en que recayó la sentencia conclusiva del proceso, la trascendencia económica de la materia y los establecido en el art. 2, inc. e) del Anexo I del decreto 2536/15 (conf. esta Sala “Ammaturo Francisco Horacio y otros c/Darex SA y otro s/ ordinario” ; “All Music S.R.L. c/ Supermercados Ekono S.A. s/ ordinario” ambos del 29.03.12), se elevan a (.) UHOM – equivalentes a $.-, los honorarios regulados a favor del mediador, doctor Fernando Malimovca.

III. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento de la Justicia Nacional).

ALEJANDRA N. TEVEZ

RAFAEL F. BARREIRO

MARIA FLORENCIA ESTEVARENA

SECRETARIA DE CAMARA